5 de enero de 2006 diario oficial



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5 de enero de 2006 DIARIO OFICIAL

RESOLUCION al recurso administrativo de revocación interpuesto por Distribuidora Ybarra, S.A. de C.V., en contra de la resolución final de la investigación por subvención de precios sobre las importaciones de aceite de oliva virgen, el cual comprende los tipos virgen extra, virgen fino y virgen corriente, refinado, el cual comprende el refinado de primera y refinado de segunda, y el preparado a base de mezclas, el cual comprende las mezclas de primera y mezclas de segunda, mercancías clasificadas actualmente en las fracciones arancelarias 1509.10.01, 1509.10.99, 1509.90.01, 1509.90.02 y 1509.90.99 de la Tarifa de la Ley de los Impuestos Generales de Importación y de Exportación, originarias de la Unión Europea (Comunidad Europea), principalmente del Reino de España y la República Italiana, independientemente del país de procedencia.


Al margen un sello con el Escudo Nacional, que dice: Estados Unidos Mexicanos.- Secretaría de Economía.

RESOLUCION AL RECURSO ADMINISTRATIVO DE REVOCACION INTERPUESTO POR DISTRIBUIDORA YBARRA, S.A. DE C.V., EN CONTRA DE LA RESOLUCION FINAL DE LA INVESTIGACION POR SUBVENCION DE PRECIOS SOBRE LAS IMPORTACIONES DE ACEITE DE OLIVA VIRGEN, EL CUAL COMPRENDE LOS TIPOS VIRGEN EXTRA, VIRGEN FINO Y VIRGEN CORRIENTE, REFINADO, EL CUAL COMPRENDE EL REFINADO DE PRIMERA Y REFINADO DE SEGUNDA, Y EL PREPARADO A BASE DE MEZCLAS, EL CUAL COMPRENDE LAS MEZCLAS DE PRIMERA Y MEZCLAS DE SEGUNDA, MERCANCIAS CLASIFICADAS ACTUALMENTE EN LAS FRACCIONES ARANCELARIAS 1509.10.01, 1509.10.99, 1509.90.01, 1509.90.02 Y 1509.90.99 DE LA TARIFA DE LA LEY DE LOS IMPUESTOS GENERALES DE IMPORTACION Y DE EXPORTACION, ORIGINARIAS DE LA UNION EUROPEA (COMUNIDAD EUROPEA), PRINCIPALMENTE DEL REINO DE ESPAÑA Y LA REPUBLICA ITALIANA, INDEPENDIENTEMENTE DEL PAIS DE PROCEDENCIA.


Visto para resolver el expediente administrativo R.08/03-B radicado en la Unidad de Prácticas Comerciales Internacionales de la Secretaría de Economía, en adelante la Secretaría, se emite la presente Resolución de conformidad con los siguientes:
RESULTANDOS

Resolución definitiva

1. El 1 de agosto de 2005, se publicó en el Diario Oficial de la Federación, en lo sucesivo DOF, la resolución final de la investigación por subvención de precios sobre las importaciones de aceite de oliva virgen, el cual comprende los tipos virgen extra, virgen fino y virgen corriente, refinado, el cual comprende el refinado de primera y refinado de segunda, y el preparado a base de mezclas, el cual comprende las mezclas de primera y mezclas de segunda, mercancías clasificadas actualmente en las fracciones arancelarias 1509.10.01, 1509.10.99, 1509.90.01, 1509.90.02 y 1509.90.99 de la Tarifa de la Ley de los Impuestos Generales de Importación y de Exportación, en adelante TIGIE, originarias de la Unión Europea (Comunidad Europea), principalmente del Reino de España y la República Italiana, independientemente del país de procedencia.
Monto de las cuotas compensatorias
2. En la resolución a que se refiere el punto anterior, la Secretaría determinó que las importaciones de aceite de oliva originarias de la Unión Europea, cuyo valor en aduana por kilogramo fuera inferior a un precio de referencia de $4.05 dólares de los Estados Unidos de América por kilogramo, estarán sujetas a cuotas compensatorias de conformidad con los márgenes de subvención de precios expresados en términos absolutos y determinados en forma específica en la presente investigación por empresa exportadora, que corresponderán a las cuotas compensatorias máximas por aplicar en los siguientes términos:

A. De $0.40 dólares estadounidenses por kilogramo para las importaciones del producto investigado procedentes de la empresa Aceites Borges Pont, S.A.

B. De $0.41 dólares estadounidenses por kilogramo para las importaciones del producto investigado procedentes de la empresa Aceites Ybarra, S.A.

C. De $0.42 dólares estadounidenses por kilogramo para las importaciones del producto investigado procedentes de la empresa SOS Cuétara, S.A.

D. De $0.45 dólares estadounidenses por kilogramo para las importaciones del producto investigado procedentes de la empresa Oleícola Hojiblanca, S.A.

E. De $0.45 dólares estadounidenses por kilogramo para las importaciones del producto investigado procedentes de la empresa Aceites Monterreal, S.A.

F. De $0.54 dólares estadounidenses por kilogramo para las importaciones del producto investigado procedentes de la empresa Aceites del Sur, S.A.

G. De $0.70 dólares estadounidenses por kilogramo para las importaciones del producto investigado procedentes de la empresa Salov, S.P.A.

H. De $0.73 dólares estadounidenses por kilogramo para las importaciones del producto investigado procedentes de la empresa Carapelli Firenze, S.P.A.

I. De $0.73 dólares estadounidenses por kilogramo para las importaciones del producto investigado procedentes de todas las demás empresas exportadoras de los Estados Miembros de la Unión Europea.
3. Para determinar el monto de la cuota compensatoria a pagar, al precio de importación, que corresponde al valor en aduana de la mercancía en términos unitarios, se le sumará la cuota máxima por aplicar señalada en el punto anterior para cada empresa exportadora. Sin embargo, el resultado de dicha suma no podrá exceder el precio de referencia de $4.05 dólares de los Estados Unidos de América por kilogramo.
4. Las importaciones del aceite de oliva originarias de la Unión Europea cuyo precio de importación, que corresponde al valor en aduana de la mercancía en términos unitarios, sea igual o superior al precio de referencia de $4.05 dólares de los Estados Unidos de América por kilogramo, no estarán sujetas al pago de cuotas compensatorias definitivas.
Notificación de la resolución definitiva

5. Con fundamento en los artículos 59 último párrafo de la Ley de Comercio Exterior, 142 del Reglamento de la Ley de Comercio Exterior, 22.3 y 22.5 del Acuerdo sobre Subvenciones y Medidas Compensatorias de la Organización Mundial del Comercio, 16 fracción I y último párrafo del Reglamento Interior de la Secretaría de Economía; 19 fracción I del Acuerdo Delegatorio de Facultades de la Secretaría de Comercio y Fomento Industrial, en adelante LCE, RLCE, ASMC, Reglamento Interior y Acuerdo Delegatorio, respectivamente; y quinto transitorio del Decreto por el que se reforman, adicionan y derogan diversas disposiciones de la Ley Orgánica de la Administración Pública Federal, de la Ley Federal de Radio y Televisión, de la Ley General que establece las Bases de Coordinación del Sistema Nacional de Seguridad Pública, de la Ley de la Policía Federal Preventiva y de la Ley de Pesca, publicado en el DOF del 30 de noviembre de 2000; el pasado 2 de agosto de 2005, se notificó a la empresa importadora Distribuidora Ybarra, S.A. de C.V., en lo sucesivo Distribuidora Ybarra, por conducto de su representante legal, la resolución a que se refiere el punto 1, mediante oficio UPCI.310.05.2795/3 del 1 de agosto de 2005, según consta en el expediente administrativo del caso.

Interposición del recurso de revocación

6. El 4 de octubre de 2005, la empresa importadora Distribuidora Ybarra interpuso ante la Unidad de Prácticas Comerciales Internacionales de la Secretaría de Economía, en adelante UPCI, el recurso administrativo de revocación en contra de la resolución final de la investigación por subvención de precios a que se refiere el punto 1 de esta Resolución, en el cual la recurrente manifestó los siguientes:
AGRAVIOS
PRIMERO. La resolución final referida en el punto 1, viola en perjuicio de la recurrente lo dispuesto en los artículos 13.1 del ASMC y 13 inciso b) fracción I del Acuerdo sobre la Agricultura, en adelante ASA, en relación con lo dispuesto en los artículos 16 constitucional y 38 fracción III del Código Fiscal de la Federación, en lo sucesivo CFF, por lo que la misma deberá dejarse sin efectos en términos del artículo 133 fracción IV del CFF, toda vez que:

A. Es fruto de un procedimiento ilegal al no haberse mostrado la debida moderación en el inicio del mismo, ya que a juicio de la recurrente no se invitó a la Comunidad Europea a la celebración
de consultas.

B. Entre el plazo en que una rama de producción nacional solicita el inicio de una investigación por subvención de precios y el momento en que se publica la resolución de inicio de la misma, la autoridad encargada de llevar a cabo la citada investigación deberá invitar a los Estados miembros cuyos productos son investigados a celebrar consultas que permitan tratar las cuestiones relativas a la existencia de la supuesta subvención, el daño causado a la rama de producción nacional y la relación causal entre las importaciones subvencionadas y el daño. No hacerlo se traduce en una falta de la debida moderación y en una violación al ASMC, lo que conlleva que el procedimiento se encuentre viciado de origen al no cumplir con los requisitos de debida fundamentación y motivación que todo acto administrativo debe observar, en términos de los artículos 16 constitucional y 38 fracción III del CFF.

C. De conformidad con lo señalado en las resoluciones de inicio, preliminar, así como en la recurrida,
la autoridad investigadora celebró consultas con la Comunidad Europea con posterioridad a la publicación de la resolución de inicio del procedimiento que originó la resolución combatida.

D. Contrario a lo ocurrido en la especie, a fin de dar cabal cumplimiento al principio de debida moderación en el inicio de la investigación por subvención de precios era imperante, a juicio de la recurrente, que se celebraran las consultas antes de la publicación en el DOF de la resolución de inicio y no que únicamente se “invitara” a los Estados a celebrarlas. Por tanto, al no haberlo hecho así se violó lo dispuesto en los artículos 13.1 del ASMC y 13 inciso b) fracción I del ASA, lo que deriva en una indebida fundamentación y motivación, en perjuicio de lo establecido en los artículos 16 constitucional y 38 fracción III del CFF.
SEGUNDO. La resolución final referida en el punto 1 es ilegal y deberá dejarse sin efectos, en virtud de que la autoridad impuso una cuota compensatoria respecto de una subvención que no es recurrible o compensable, violando con ello lo dispuesto en los artículos 2, 3, 5 y 8 del ASMC, en virtud de lo siguiente:

A. Distribuidora Ybarra señala que la subvención otorgada al aceite de oliva no es específica y afirma que en los términos del artículo 1.2 del ASMC para que una subvención sea sancionable o recurrible, debe ser específica y que en el mismo artículo se establecen los criterios para la determinación de la especificidad de las subvenciones y que en los casos en que se demuestre que la subvención no es específica, no debe considerarse a ésta como recurrible o sancionable y, por tanto, no pueden
ser objeto de la imposición de cuotas compensatorias al estar excluidas conforme al artículo 8.1
del ASMC.

B. La recurrente alega que la conclusión a la que llegó la autoridad investigadora en el sentido de considerar como específica la subvención otorgada por la Unión Europea al aceite de oliva es ilegal. En particular, señala que la determinación de la autoridad investigadora únicamente tomó en cuenta que dicha subvención se otorga a los productores de aceite de oliva según lo dispuesto en el Reglamento 136/66/CEE.

C. La recurrente alega que esta determinación es ilegal ya que no estuvo debidamente fundada ni motivada y que se debió realizar una explicación clara sobre la especificidad de la subvención, según lo dispuesto en el artículo 2 del ASMC, así como exponer en qué supuestos de dicho artículo basó su determinación. Al respecto, la recurrente señala que la autoridad investigadora no observó lo dispuesto en el artículo 2.4 del ASMC en el que se establece que la determinación de especificidad debe encontrase debidamente fundada en pruebas positivas, y menciona que la autoridad investigadora no presentó otros medios de prueba para sustentar su conclusión.

D. Distribuidora Ybarra alega que el apoyo que otorga la Comunidad Europea a los productores de aceite de oliva no cumple con los requisitos de especificidad, ya que la legislación que regula la subvención “no limita explícitamente el acceso a ésta a determinadas empresas, sino que es extensiva para todas las empresas o personas que sean o que lleguen a ser productores que cumplan con los requisitos y disposiciones de los Reglamentos que regulan dicha subvención”. Asimismo, señala que el hecho de que en la legislación o reglamentos que regulan la subvención se establezcan ciertos requisitos de control para el otorgamiento de dicha ayuda, esto no se traduce en condiciones que generen un trato inequitativo o que limite a ciertos productores de aceituna para recibir la ayuda.

E. Adicionalmente, la recurrente alega que la subvención no puede ser considerada como específica, toda vez que la legislación, por virtud de la cual actúa la autoridad otorgante, establece los criterios o condiciones objetivas que rigen el derecho a obtener la subvención y su cuantía y que estos criterios son generales y que no favorecen a un determinado número o sector de productores de aceite
de oliva.

F. Distribuidora Ybarra sostiene que la ayuda que la Comunidad Europea otorga a sus oleicultores no puede ser considerada como una subvención específica en razón a que no se observan ninguno de los factores a los que se refiere el inciso c) del artículo 2.1 del ASMC.

G. Finalmente, la recurrente afirma que la subvención otorgada por la Comunidad Europea no es específica ya que no se trata de una subvención prohibida en los términos del artículo 3 del ASMC.
TERCERO. La resolución recurrida es ilegal al violar lo dispuesto en los artículos 11.4 y 16.1 del ASMC, 40 y 50 de la LCE y 60 del RLCE, así como 16 constitucional y 38 fracción III del CFF, toda vez que la autoridad investigadora basó su determinación en premisas falsas, en virtud de lo siguiente:

A. La recurrente argumenta que para que una persona se encuentre legitimada para solicitar el inicio de una investigación por subvención de precios, deberá en primer lugar contar con por lo menos el 25 por ciento de la producción total del producto similar efectivamente fabricado o producido. Esta obligación legal se refiere a bienes efectivamente producidos y no a la capacidad de producir dicha cantidad. A juicio de Distribuidora Ybarra, y a efecto de cumplir con esto, la autoridad investigadora debió cerciorarse de: que el productor nacional sea fabricante efectivo de al menos el 25 por ciento de la producción nacional; que aportó los elementos necesarios para probar que efectivamente fabrica al menos el 25 por ciento de la producción nacional; y que no exista otra empresa que pudiera ser más representativa.

B. Las cartas de 8 de octubre de 2002 y 27 y 28 de enero de 2003, expedidas por la Secretaría de Fomento Agropecuario del Gobierno del Estado Libre y Soberano de Baja California, así como el ejemplar correspondiente a junio de 2001, número 94, de la revista denominada “Claridades Agropecuarias”, publicada por el Organismo de la Secretaría de Agricultura, Ganadería, Desarrollo Rural, Pesca y Alimentación (SAGARPA) denominado “Apoyos y Servicios a la Comercialización Agropecuaria” (ASERCA), titulado “El olivo, eco del mediterráneo”, no pueden servir de sustento para acreditar la supuesta representatividad del 100 por ciento de la empresa Fortuny de México, S.A. de C.V., en lo sucesivo Fortuny de México.

C. Es ilegal la apreciación de la autoridad en el sentido de que las pruebas referidas en el párrafo precedente constituyen documentos públicos de eficacia probatoria plena, de conformidad con los artículos 129 y 202 del Código Federal de Procedimientos Civiles, en lo sucesivo CFPC, ya que dichos documentos no pueden considerarse como documentos públicos.

D. La resolución recurrida es ilegal debido a que conforme a la revista “Claridades Agropecuarias” existe otra empresa en el país productora de aceite de oliva denominada “Llanos de San Francisco”, circunstancia reconocida expresamente por la autoridad investigadora en el punto 241 de al resolución combatida. Por tanto, debió haber requerido a dicha empresa, a efecto de determinar de manera fundada y motivada, si ésta cumplía con el requisito de representatividad o no, por lo que al no haberlo hecho así, es claro que se violaron los artículos 11.4 y 16.1 del ASMC, 40 y 50 de la LCE y 60 del RLCE, así como 16 constitucional y 38 fracción III del CFF.
CUARTO. La resolución referida en el punto 1 es ilegal pues vulnera en perjuicio de la recurrente lo establecido en los artículos 1.1 inciso b) y 10 del ASMC, 37 de la LCE y 176 del RLCE, en relación con los diversos 16 constitucional y 38 fracción III del CFF, en virtud de que:

A. La autoridad investigadora concluyó que el beneficio que representa la subvención otorgada a los productores de aceite de oliva sí se pasa a las empresas que exportan y comercializan dicho producto, al considerar que la ayuda es otorgada precisamente al productor de aceite de oliva
y no al agricultor de la aceituna, sin llevar a cabo los análisis o estudios económicos necesarios para llegar a dicha determinación por lo que dicha resolución carece de la debida fundamentación y motivación legales.

B. La recurrente menciona que uno de los elementos indispensables para que una aportación financiera otorgada por un gobierno a una entidad o persona sea considerada como subvención es que dicha aportación le otorgue un beneficio a su receptor, pues de lo contrario no se puede hablar de que exista una subvención.

C. Distribuidora Ybarra alega que en el Reglamento 136/66/CEE se establece la ayuda a productores de aceituna destinadas a fabricar aceite de oliva, la cual se concederá en función de la cantidad de aceite de oliva efectivamente producida, por lo que el agricultor o granjero es la persona que se ve beneficiada de la ayuda que da la Comunidad Europea. Asimismo, la recurrente señala que existen almazaras autorizadas que compran a los oleicultores que cultivan los olivos las aceitunas que son empleadas para la fabricación del aceite de oliva, quedando claro, según la recurrente, que el productor del aceite de oliva es una persona distinta al oleicultor o persona que cultiva los olivos.

D. Distribuidora Ybarra manifiesta que una vez que es extraído el aceite de oliva en las almazaras, dicho aceite se sujeta a diversos procesos adicionales como la refinación, envasado, transporte, etcétera, actividades que no las realiza el agricultor y que resultan necesarias para que dicho bien se encuentre a disposición de las empresas que exportan y comercializan el producto, por lo que la recurrente afirma que resulta claro que la ayuda es otorgada a los oleicultores, esto es, a las personas que cultivan los olivos y enajenan las aceitunas a las almazaras y no a las empresas que exportan y comercializan el producto.

E. Distribuidora Ybarra argumenta que toda vez que existían indicios para determinar que el beneficio otorgado por la subvención no se pasa al productor, comercializador o exportador de aceite de oliva, resultaba indispensable que la autoridad investigadora “efectuara un estudio económico pertinente a efecto de desentrañar dicha duda”. Asimismo, la recurrente, a fin de soportar su alegato, presentó en sus respectivas promociones la decisión del Panel Estados Unidos – Madera Blanda (derechos compensatorios provisionales – WT/DS236/R y derechos compensatorios definitivos –WT/DS257R). Adicionalmente, la recurrente presentó la determinación del Servicio de Aduanas del Gobierno de Australia de la terminación de la investigación de dumping y subsidios de aceite de oliva originario de Grecia, Italia y España, cuya fecha de publicación fue el 24 de mayo de 2004, en la que la autoridad investigadora australiana concluyó que la “… subrogación de beneficio no ha sido demostrada …” y que “… Aduanas no está satisfecha que la ayuda a la producción confiere un beneficio sobre el exportador y por esta razón, considera que la ayuda a la producción no es un derecho compensatorio …”.
QUINTO. La resolución recurrida viola lo dispuesto en los artículos 14 constitucional y 80 del RLCE, pues vulnera las garantías de debido proceso, audiencia y seguridad jurídica, al haber incluido en la resolución preliminar de la investigación por subvención de precios al aceite de oliva a granel, clasificado en las fracciones arancelarias 1509.10.01, 1509.90.01 y 1509.90.99 de la TIGIE, y al haber impuesto cuota compensatoria a estos productos sin otorgar a Distribuidora Ybarra la oportunidad de presentar pruebas o argumentos para su defensa. Asimismo, señalan que la autoridad investigadora no se apoyó en ninguna disposición legal para hacer esta inclusión.
SEXTO. La resolución a que se refiere el punto 1 es ilegal debido a que carece de una debida fundamentación y motivación legales en términos de los artículos 16 constitucional y 38 fracción III del CFF, ya que en la misma no se señalaron los preceptos legales ni las razones o motivos que llevaron a incluir al aceite de oliva a granel, mercancía clasificada en las fracciones arancelarias 1509.10.01, 1509.90.01 y 1509.90.99 de la TIGIE, lo que dejó a la recurrente en estado de indefensión.
SEPTIMO. La resolución combatida es ilegal al carecer de una debida fundamentación y motivación legales, violando en perjuicio de la recurrente lo dispuesto en los artículos 16 constitucional y 38 fracción III del CFF, en relación con el artículo 87 de la LCE, en virtud de que la autoridad investigadora determinó imponer una cuota compensatoria cuya forma de determinación no se encuentra prevista en la LCE o el RLCE, ya que no se trata de una cuota compensatoria específica o ad valorem pues establece un precio de referencia de $4.05 dólares de los Estados Unidos de América. Asimismo, la recurrente argumenta que la autoridad investigadora no señala los “procedimientos o ecuaciones aritméticas y la forma en que determinó el precio de referencia de $4.05 dólares de los Estados Unidos de América que es utilizado para determinar el cálculo y la aplicación de dicha cuota compensatoria”.
OCTAVO. La resolución recurrida es ilegal al ser violatoria de los artículos 16 constitucional y 38 fracción III del CFF, toda vez que la autoridad investigadora arriba a diversas conclusiones sin señalar los fundamentos legales y tampoco las razones o motivos que tomaron en consideración para arribar a dichas conclusiones. Concretamente, la recurrente manifiesta:

A. Que hicieron valer diversos argumentos tendientes a desvirtuar la viabilidad del plan de reapertura de Fortuny de México, cuestionando su capacidad para allegarse del insumo necesario para fabricar el aceite de oliva, es decir, para allegarse de aceitunas suficientes. Su afirmación se basa en el hecho de que los huertos propiedad de Fortuny de México están embargados, lo que significaría que, legalmente, no se puede disponer de la propiedad y de los frutos que produzca.

B. Que la propia Fortuny de México indicó que la producción de dichos huertos sólo representaba el 20 por ciento del insumo necesario y que la autoridad investigadora pasó por alto este elemento.

C. Que la autoridad investigadora no señaló las razones o motivos que la llevaron a concluir que, entre menos plazo se maneje en el plan de negocios de Fortuny de México, mayor certidumbre existirá en las proyecciones contenidas en el mismo e indicaron que la autoridad investigadora pasó por alto que Distribuidora Ybarra no es perito en materia o teoría económica, por lo que resulta necesario que la autoridad investigadora exponga una explicación clara y precisa de las razones y fuentes de información que tomó para arribar a las conclusiones señaladas.
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