A. Introducción: Propósito y contenido del informe



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INFORME ANUAL 2005
CAPITULO V
LAS MANIFESTACIONES PÚBLICAS COMO EJERCICIO DE LA LIBERTAD DE EXPRESIÓN
Y LA LIBERTAD DE REUNIÓN1


A. Introducción: Propósito y contenido del informe

1. Los sectores más empobrecidos de nuestro hemisferio confrontan políticas y acciones discriminatorias, su acceso a la información sobre la planificación y ejecución de medidas que afectan sus vidas diarias es incipiente y en general los canales tradicionales de participación para hacer públicas sus denuncias se ven muchas veces cercenados. Ante este escenario, en muchos países del hemisferio, la protesta y la movilización social se han constituido como herramienta de petición a la autoridad pública y también como canal de denuncias públicas sobre abusos o violaciones a los derechos humanos.2


2. La Relatoría señala que, a pesar de la importancia otorgada tanto a la libertad de expresión como a la libertad de reunión pacifica para el funcionamiento de una sociedad democrática,3 esto no las transforma en derechos absolutos.4 En efecto, los instrumentos de protección de los derechos humanos establecen limitaciones a ambos derechos. Dichas limitaciones deben estar expresamente fijadas por la ley y ser necesarias para asegurar el respeto a los derechos de los demás o la protección de la seguridad nacional, el orden público o la salud o la moral pública.
3. Hasta la fecha, la Corte Interamericana de Derechos Humanos (en adelante la “Corte Interamericana”) no ha dictado ninguna sentencia en un caso individual en la que se ha pronunciado acerca de si las limitaciones a las manifestaciones públicas respetan los estándares de protección de la libertad de expresión y de la libertad de reunión establecidos por el Sistema Interamericano. En virtud de esto, desde la Relatoría haremos una descripción de la jurisprudencia de otros sistemas relativa a las manifestaciones públicas y a sus posibles limitaciones de modo de hacer un aporte para la interpretación de las manifestaciones públicas como ejercicio de la libertad de expresión y de la libertad de reunión en el marco del Sistema Interamericano.
4. Asimismo, para este mismo propósito, la Relatoría ha incluido en este capítulo decisiones de tribunales locales que en forma expresa o implícita tienen en cuenta las normas internacionales de protección de la libertad de expresión y de la libertad de reunión al establecer regulaciones a las manifestaciones públicas.
B. Las manifestaciones públicas como ejercicio de la libertad de expresión y la libertad de reunión
5. El intercambio de ideas y reivindicaciones sociales como forma de expresión, supone el ejercicio de derechos conexos, tales como el derecho de los ciudadanos a reunirse y manifestar, y el derecho al libre flujo de opiniones e información.5 Ambos derechos, contemplados en los artículos 19 y 21 del Pacto Internacional de Derechos Civiles y Políticos (en adelante el “PIDCP”), en los artículos 10 y 11 de la Convención Europea para la Protección de los Derechos Humanos y las Libertades Fundamentales (en adelante la “Convención Europea”), en los artículos 9 y 11 de la Carta Africana de Derechos Humanos y de los Pueblos (en adelante la “Carta Africana”) y en los artículos 13 y 15 de la Convención Americana sobre Derechos Humanos (en adelante la “Convención Americana”), se constituyen como elementos vitales para el buen funcionamiento del sistema democrático inclusive de todos los sectores de la sociedad.
6. De acuerdo con la Corte Europea de Derechos Humanos (en adelante la “Corte Europea”) la expresión de opiniones constituye uno de los objetivos del derecho de reunión pacífica. En este sentido, el derecho a manifestarse está protegido tanto por el derecho a la libertad de expresión como por el derecho a la libertad de reunión.6
Al respecto la Corte Interamericana ha manifestado: “[l]a libertad de expresión se inserta en el orden público primario y radical de la democracia, que no es concebible sin el debate libre y sin que la disidencia tenga pleno derecho de manifestarse”.7
7. Por su parte, la Comisión Africana de Derechos Humanos y de los Pueblos (en adelante la “Comisión Africana) ha señalado que existe una relación estrecha entre los derechos expresados en los artículos 9 (derecho de libertad de expresión), 10 (derecho de asociación) y 11 (derecho de reunión) y que implícitamente se viola el derecho de libertad de expresión cuando se ha violado el derecho de asociación y el derecho de reunión.8
C. Las manifestaciones públicas en el marco de las Naciones Unidas
1. Instrumentos de protección
8. El derecho a manifestarse públicamente está consagrado en diversos instrumentos internacionales. Como mencionamos anteriormente, el derecho a manifestarse está protegido tanto por el derecho a la libertad de expresión como por el derecho a la libertad de reunión.9
9. En cuanto al derecho a la libertad de expresión, éste goza de una amplia protección. La Declaración Universal de los Derechos del Hombre (en adelante la “DUDH”), aprobada el 10 de diciembre de 1948 por la Asamblea General de las Naciones Unidas, establece en su artículo 19: “Todo individuo tiene derecho a la libertad de opinión y de expresión; este derecho incluye el de no ser molestado a causa de sus opiniones, el de investigar y recibir informaciones y opiniones, y el de difundirlas, sin limitación de fronteras, por cualquier medio de expresión”.10
10. Por otro lado, el artículo 19 del PIDCP, que se abrió a la firma, ratificación y adhesión el 16 de diciembre de 1966 y entró en vigencia el 23 de marzo de 1976, reza:
1. Nadie podrá ser molestado a causa de sus opiniones.
2. Toda persona tiene derecho a la libertad de expresión; este derecho comprende la libertad de buscar, recibir y difundir informaciones e ideas de toda índole, sin consideración de fronteras, ya sea oralmente, por escrito o en forma impresa o artística, o por cualquier otro procedimiento de su elección.
3. El ejercicio del derecho previsto en el párrafo 2 de este artículo entraña deberes y responsabilidades especiales. Por consiguiente, puede estar sujeto a ciertas restricciones, que deberán, sin embargo, estar expresamente fijadas por la ley y ser necesarias para:
a) Asegurar el respeto a los derechos o a la reputación de los demás;

b) La protección de la seguridad nacional, el orden público o la salud o la moral públicas11.


11. En cuanto al derecho a la libertad de reunión, este derecho también goza de una amplia protección. El artículo 20 de la DUDH señala que “1. Toda persona tiene derecho a la libertad de reunión y de asociación pacíficas”12.
12. Por otro lado, el artículo 21 del PIDCP dispone: “Se reconoce el derecho de reunión pacífica. El ejercicio de tal derecho sólo podrá estar sujeto a las restricciones previstas por la ley que sean necesarias en una sociedad democrática, en interés de la seguridad nacional, de la seguridad pública o del orden público, o para proteger la salud o la moral públicas o los derechos y libertades de los demás”13.
2. Jurisprudencia
13. El Comité de Derechos Humanos ha sostenido que se pueden imponer restricciones a las manifestaciones públicas siempre que tengan como objetivo proteger alguno de los intereses enumerados en los artículos 19 (derecho a la libertad de expresión) y 21 (derecho a la libertad de reunión) del PIDCP.
a. Kivenmaa c. Finlandia14
14. De acuerdo con la peticionaria, el 3 de septiembre de 1987, con ocasión de la visita de un Jefe de Estado extranjero y de su reunión con el Presidente de Finlandia, la peticionaria participó en un incidente en el que unos 25 miembros de su organización (Organización Juvenil Democrática Social), entre una multitud mayor, se agruparon frente al palacio presidencial en que estaban reunidos los dirigentes políticos mencionados, distribuyeron volantes y alzaron una pancarta en la que se criticaba la actuación del Jefe de Estado visitante en el terreno de los derechos humanos. La policía retiró inmediatamente la pancarta y preguntó quién se hacía responsable de ella. La peticionaria se identificó y posteriormente fue acusada de haber violado la Ley de Reuniones Públicas por haber celebrado una "reunión pública" sin notificarlo previamente a las autoridades.15
15. El Estado, por su parte, afirmó ante el Comité que toda manifestación supone necesariamente la expresión de una opinión pero que, dado su carácter específico, debe considerarse como el ejercicio del derecho de reunión pacífica. En este sentido, el artículo 21 del Pacto debe considerarse como lex specialis en relación con el artículo 19 y por ello la expresión de una opinión en el contexto de una manifestación debe considerarse de conformidad con el artículo 21 y no con el 19 del Pacto.16 En este entendimiento, el Estado sostuvo que el requisito de notificación previa no restringe el derecho de reunión pacífica (artículo 21 del Pacto), en cuanto la notificación es necesaria para garantizar que la reunión sea pacífica.17
16. El Comité de Derechos Humanos (en adelante el “Comité”) sostuvo que el Estado de Finlandia había violado el derecho a la libertad de expresión de la peticionaria en cuanto el Estado no había invocado una ley que le permitiera restringir la libertad de expresión de la peticionaria y tampoco había probado que la restricción era necesaria para salvaguardar alguno de los intereses protegidos por el párrafo 2 del artículo 19 del Pacto. Es decir, el requisito de notificación previa de una manifestación se podría establecer por motivos de seguridad nacional o seguridad pública, orden público, protección de la salud y la moral públicas o los derechos y libertades de los demás,18 pero en el caso la restricción no se había impuesto por ninguno de esos motivos.
17. Para así resolver el Comité observó que el requisito de que se notifique a la policía antes de realizar una manifestación pública no es incompatible con el artículo 21 del Pacto.19
18. En cuanto a lo que constituye una manifestación pública, el Comité manifestó que no puede calificarse de manifestación la reunión de varias personas en el lugar donde transcurren las ceremonias de bienvenida de un Jefe de Estado extranjero en visita oficial que las autoridades del Estado parte han anunciado públicamente con antelación.20
b. Tae-Hoon Park c. República de Corea21
19. El 22 de diciembre de 1989 el peticionario fue declarado culpable de violación de la Ley de Seguridad Nacional. La condena se basó en que había formado parte de Jóvenes Coreanos Unidos (JKU), una organización cuyo propósito era cometer los delitos de respaldar y fomentar las actividades del Gobierno de Corea del Norte y que, por lo tanto, favorecía al enemigo. La participación del autor en las manifestaciones pacíficas en Estados Unidos a favor de la cesación de la intervención de ese país había equivalido a ponerse del lado de Corea del Norte en violación de la mencionada ley.22
20. De acuerdo con el peticionario, si bien fue condenado por afiliarse a una organización, el verdadero motivo de su condena fue que las opiniones manifestadas por él y por otros miembros de JKU criticaban la política oficial del Gobierno de Corea del Sur, lo que constituye una violación de su libertad de expresión.23 La condena y la sentencia misma se basaron en el hecho de que el autor, al haber participado en determinadas manifestaciones pacíficas y otras reuniones, había manifestado su apoyo a ciertas posiciones y eslóganes políticos.24
21. El Estado alegó que las actividades que el peticionario realizó como miembro de JKU constituían una amenaza para el mantenimiento del sistema democrático y que, por lo tanto, la interferencia con la libertad de expresión del peticionario era una medida de protección necesaria.25
22. El Comité sostuvo que el derecho a la libertad de expresión es de suma importancia en una sociedad democrática y que toda restricción impuesta al ejercicio de ese derecho debe responder a una rigurosa justificación.26
23. En cuanto a si las medidas tomadas contra el peticionario habían sido necesarias para proteger la seguridad nacional (propósito invocado por el Estado para justificar la restricción), el Comité consideró que el Estado no había especificado el carácter de la amenaza que sostenía que planteaba el ejercicio de la libertad de expresión del peticionario y comprobó que ninguno de los argumentos que el Estado había expuesto bastaba para que la restricción del derecho a la libertad de expresión del peticionario fuera compatible con el párrafo 3 del artículo 19.27
24. Por lo dicho, el Comité resolvió que el Estado había violado el derecho a la libertad de expresión del peticionario.28
D. Las manifestaciones públicas en el marco de la Convención Europea para la Protección de los Derechos Humanos y las Libertades Fundamentales
1. Instrumento de protección
25. La Convención Europea, firmada el 4 de noviembre de 1950, prevé el derecho a la libertad de expresión y el derecho a la libertad de reunión y establece restricciones a los mismos. En relación con la libertad de expresión, el artículo 10 de la Convención Europea dispone:
1. Toda persona tiene derecho a la libertad de expresión. Este derecho comprende la libertad de opinión y la libertad de recibir o de comunicar informaciones o ideas, sin que pueda haber injerencia de autoridades públicas y sin consideración de fronteras. El presente artículo no impide que los Estados sometan a las empresas de radiodifusión, de cinematografía o de televisión, a un régimen de autorización previa.
2. El ejercicio de estas libertades, que entrañan deberes y responsabilidades, podrá ser sometido a ciertas formalidades, condiciones, restricciones o sanciones previstas por la ley, que constituyan medidas necesarias, en una sociedad democrática, para la seguridad nacional, la integridad territorial o la seguridad pública, la defensa del orden y la prevención del delito, la protección de la saludo de la moral, la protección de la reputación o de los derechos ajenos, para impedir la divulgación de informaciones confidenciales o para garantizar la autoridad y la imparcialidad del poder judicial29.
26. La Convención Europea es similar al PIDCP en el sentido de que ambos instrumentos no prohíben la censura previa.30
27. En relación con la libertad de reunión, el artículo 11 de la Convención Europea establece:
1. Toda persona tiene derecho a la libertad de reunión pacífica y a la libertad de asociación, incluido el derecho de fundar, con otras, sindicatos y de afiliarse a los mismos para la defensa de sus intereses.
2. El ejercicio de estos derechos no podrá ser objeto de otras restricciones que aquellas que, previstas por la ley, constituyan medidas necesarias, en una sociedad democrática, para la seguridad nacional, la seguridad pública, la defensa del orden y la prevención del delito, la protección de la salud o de la moral, o la protección de los derechos y libertades ajenos. El presente artículo no prohíbe que se impongan restricciones legítimas al ejercicio de estos derechos para los miembros de las fuerzas armadas, de la policía o de la Administración del Estado.31
2. Jurisprudencia
28. En sus decisiones la Corte Europea ha determinado que las restricciones a la libertad de expresión, así como las restricciones a la libertad de reunión, están justificadas siempre que estén “prescriptas por ley”, tengan como objetivo proteger alguno de los intereses establecidos en el inciso 2 y sean “necesarias en una sociedad democrática”.
29. Con respecto a que las restricciones deben ser “necesarias”, la Corte Europea ha observado que aunque el adjetivo “necesario” no es sinónimo de “indispensable”, no tiene la flexibilidad de aquellas expresiones tales como “admisible”, “ordinario”, “útil”, “razonable” o “deseable” e implica la existencia de una “necesidad social imperiosa”.32 Para que las restricciones obedezcan a una necesidad social imperiosa deben ser proporcionadas al interés legítimo perseguido.33
30. Cabe mencionar que la Corte Europea ha sostenido que el derecho a la libertad de expresión debe ser considerado como la ley general y el derecho a la libertad de reunión como la ley especial,34 en cuanto la expresión de opiniones constituye uno de los objetivos del derecho de reunión pacífica.35 Por otro lado, ha considerado que el artículo 11 (derecho a la libertad de reunión) no contempla cuestiones diferentes a las contempladas por el artículo 10 (derecho a la libertad de expresión).36
a. Ezelin c. Francia37
31. El 12 de febrero de 1983 un número de organizaciones por la independencia de Guadalupe y de sindicatos hicieron una manifestación pública en protesta a un par de decisiones judiciales que habían condenado a tres militantes por haber causado daños en edificios públicos. El peticionario, vicepresidente del sindicato de abogados, participó en la manifestación exhibiendo una pancarta.38
32. El Poder Judicial comenzó una investigación por daños a edificios públicos e insultos a la judicatura acaecidos durante la manifestación. En el curso de dicha investigación el peticionario fue condenado por “breach of discretion39 al haber exhibido una pancarta proclamando su profesión y no haberse disasociado de los actos ofensivos de los manifestantes o no haber abandonado la manifestación40.
33. De acuerdo con el Estado, no se violó el derecho a la libertad de reunión pacífica y el derecho a la libertad de expresión porque el peticionario había tenido la posibilidad de participar en la manifestación y de expresar sus opiniones públicamente.41
34. La Corte Europea sostuvo que el Estado había violado el derecho a la libertad de reunión pacífica (decidiendo que era innecesario hacer un análisis por separado de la posible violación a la libertad de expresión). En este sentido, manifestó que la libertad de participar en una asamblea pacífica tiene tanta importancia que no puede ser restringida de ninguna manera, incluso para un abogado, siempre y cuando la persona involucrada no comete él mismo un acto reprochable en dicha ocasión. Por lo dicho, resolvió que la restricción no era necesaria en una sociedad democrática.42
b. Chorherr c. Austria43
35. Durante una ceremonia militar en la que habían aproximadamente 50.000 personas, el peticionario y un amigo distribuyeron panfletos llamando a un referéndum relativo a la compra de un avión de combate por parte de las fuerzas armadas. Asimismo, cargaban unas mochilas de las que se desprendían unas pancartas de gran tamaño.44
36. La conducta de los dos hombres causó conmoción entre los espectadores, quienes tenían tapada la visión por las pancartas. La policía les informó que estaban obstruyendo el orden público y les ordenó que cesaran lo que consideró una manifestación. Como los manifestantes no obedecieron la orden de los policías, fueron arrestados y procesados judicialmente.45
37. De acuerdo con el Estado, la policía tuvo que intervenir dada la conmoción que la conducta del peticionario y su amigo había causado entre los espectadores de la ceremonia, quienes incluso amenazaron al peticionario. Los policías temían que la situación se les fuera de control.46
38. La Corte Europea sostuvo que el Estado no había violado el derecho a la libertad de expresión del peticionario. Manifestó que el margen de apreciación de los Estados incluye la elección de los medios (razonables y apropiados) para asegurar que las manifestaciones públicas se realicen pacíficamente.47 En este caso, la Corte observó que la naturaleza, importancia y escala de la ceremonia justificaban que hubiera un número tan considerable de policías para asegurarse que se desarrollara pacíficamente. Además, las medidas tuvieron por objetivo prevenir atentados a la paz, y no frustrar la expresión de una opinión.48 Por lo tanto, la restricción había sido necesaria en una sociedad democrática.49
c. Steel y otros c. Reino Unido50
39. Primer peticionario. El 22 de agosto de 1992, el peticionario y alrededor de otras 60 personas participaron en una protesta en contra de la caza de urogallos. Los manifestantes trataron de obstruir y distraer a aquellos que participaban de la caza. Cuando la policía llegó, comenzó a advertir a los manifestantes que cesaran su conducta y como no obedecieron, varios de los manifestantes fueron arrestados.51
40. Segundo peticionario. El 15 de septiembre de 1993 la peticionaria participó en una protesta en contra de la ampliación de una autopista en Londres. Entre 20 y 25 manifestantes irrumpieron en el sitio de construcción, sin causar incidentes de violencia o dañar la construcción. La peticionaria fue arrestada por conducta “posible de provocar disturbios a la paz”.52
41. Tercer, cuarto y quinto peticionarios. El 20 de enero de 1994, los peticionarios asistieron a un centro de conferencias en Londres, donde se llevaba a cabo la “Conferencia de Helicópteros de Combate II”, para protestar en contra de la venta de helicópteros de combate. Entregaron panfletos y llevaban pancartas que decían “Trabaja por la paz y no por la guerra”.53
42. El Estado alegó que las detenciones de los peticionarios se adecuaban al poder del Estado de detener a sus ciudadanos por conductas que causen un actual o razonable (para justificar la detención) riesgo a la paz.54
43. La Corte Europea analizó, con respecto a cada uno de los peticionarios, si las restricciones a la libertad de expresión estaban “prescriptas por ley”, perseguían un objetivo legítimo (alguno de los establecidos en el inciso 2 del artículo 10) y eran “necesarias en una sociedad democrática”.
44. Con respecto a si las restricciones estaban prescriptas por ley, la Corte Europea sostuvo que en el caso del primer y el segundo peticionario las restricciones estaban prescriptas por ley, mientras que en el caso del tercer, cuarto y quinto peticionario no lo estaban en cuanto las manifestaciones habían sido completamente pacíficas, sin poner el riesgo la paz.
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