A. Introducción: Propósito y contenido del informe



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106 No se puede considerar el derecho de reunión y manifestación como sinónimo de desorden público para restringirlo per se.107
93. La Relatoría entiende que, dentro de ciertos límites, los Estados pueden establecer regulaciones a la libertad de expresión y a la libertad de reunión para proteger los derechos de otros.108 No obstante, al momento de hacer un balance entre el derecho de tránsito, por ejemplo, y el derecho de reunión, corresponde tener en cuenta que el derecho a la libertad de expresión no es un derecho más sino, en todo caso, uno de los primeros y más importantes fundamentos de toda la estructura democrática: el socavamiento de la libertad de expresión afecta directamente el nervio principal del sistema democrático.109
94. Las regulaciones de las manifestaciones públicas pueden ser de distintos tipos. Por un lado, existe la regulación legislativa, es decir, aquellos actos legislativos que restringen ya sea la hora, el lugar o la manera en la que se puede llevar a cabo una manifestación, sobre la base de que el derecho a usar las calles, los parques o las plazas no es completamente ilimitado. La Relatoría considera que para que dichas limitaciones respeten los estándares de protección de la libertad de expresión y de la libertad de reunión, no deben depender del contenido de lo que se vaya a expresar a través de la manifestación, deben servir un interés público y dejar otras vías alternativas de comunicación.110
95. Por otro lado, existe la regulación administrativa. La Relatoría señala que la exigencia de una notificación previa a la manifestación no vulnera ni el derecho a la libertad de expresión ni el derecho a la libertad de reunión.111 En este sentido se ha manifestado el Comité de Derechos Humanos de la ONU al sostener que el requisito de que se notifique a la policía antes de realizar una manifestación no es incompatible con el artículo 21 del PIDCP (derecho de reunión).112 Sin embargo, la exigencia de una notificación previa no debe transformarse en la exigencia de un permiso previo otorgado por un agente con facultades ilimitadamente discrecionales. Es decir, un agente no puede denegar un permiso porque considera que es probable que la manifestación va a poner en peligro la paz, la seguridad o el orden públicos, sin tener en cuenta si se puede prevenir el peligro a la paz o el riesgo de desorden alterando las condiciones originales de la manifestación (hora, lugar, etc).113 Las limitaciones a las manifestaciones públicas sólo pueden tener por objeto evitar amenazas serias e inminentes, no bastando un peligro eventual.114
96. Asimismo, existen las interferencias por parte del poder judicial. La Relatoría entiende que resulta en principio inadmisible la penalización per se de las demostraciones en la vía pública cuando se realizan en el marco del derecho a la libertad de expresión y al derecho de reunión.115 En otras palabras: se debe analizar si la utilización de sanciones penales encuentra justificación bajo el estándar de la Corte Interamericana que establece la necesidad de comprobar que dicha limitación (la penalización) satisface un interés público imperativo necesario para el funcionamiento de una sociedad democrática.116 Además, es necesario valorar si la imposición de sanciones penales se constituye como el medio menos lesivo para restringir la libertad de expresión practicada a través del derecho de reunión manifestado en una demostración en la vía pública o en espacios públicos.
97. Es importante recordar que la penalización podría generar en estos casos un efecto amedrentador sobre una forma de expresión participativa de los sectores de la sociedad que no pueden acceder a otros canales de denuncia o petición como ser la prensa tradicional o el derecho de petición dentro de los órganos estatales donde el objeto del reclamo se origina.117 El amedrentamiento a la expresión a través de la imposición de penas privativas de la libertad para las personas que utilizan el medio de expresión antes mencionado, tiene un efecto disuasivo sobre aquellos sectores de la sociedad que expresan sus puntos de vista o sus críticas a la gestión de gobierno como forma de incidencia en los procesos de decisiones y políticas estatales que los afecta directamente.118
98. Por último, existen las limitaciones impuestas por los agentes públicos en el ejercicio del poder de policía. La Relatoría considera que los agentes pueden imponer limitaciones razonables a los manifestantes para asegurar que sean pacíficos o para contener a los que son violentos, así como dispersar manifestaciones que se tornaron violentas u obstructivas.119 No obstante, el accionar de las fuerzas de seguridad no debe desincentivar el derecho de reunión sino protegerlo, por ello también la desconcentración de una manifestación debe justificarse en el deber de protección de las personas. El operativo de seguridad desplegado en estos contextos debe contemplar las medidas de desconcentración más seguras y rápidas y menos lesivas para los manifestantes.120 En este sentido, la Comisión Africana ha sostenido que “las autoridades públicas poseen medios adecuados para dispersar a las multitudes, y que aquellos responsables de mantener el orden público deben hacer un esfuerzo en este tipo de operaciones para causar sólo el mínimo posible de daños y violaciones a la integridad física y para respetar y preservar la vida humana”.121
99. La Relatoría señala que los agentes no pueden arrestar a los manifestantes cuando éstos se están manifestando en forma pacífica y legal. Sólo si la conducta de los manifestantes es legal pero es razonable pensar que va a causar violencia al interferir con los derechos o libertades de otros, entonces los agentes pueden tomar medidas para prevenirlas, siempre y cuando dicha conducta instigue o provoque violencia, no bastando un mero desorden.122
100. Además, como ha expresado la Corte Europea, “una manifestación puede causar molestias u ofender a aquellas personas que se oponen a las ideas o reclamos que la manifestación intenta promover. Sin embargo, los manifestantes deben poder manifestarse sin tener miedo de sufrir violencia física por parte de sus opositores; dicho miedo podría disuadir a asociaciones o grupos de personas que tienen ideas o intereses en común para que no expresen sus opiniones sobre cuestiones sumamente controvertidas que afectan a la comunidad. En una democracia el derecho de oponerse a una manifestación no puede extenderse hasta el punto de inhibir el ejercicio del derecho a manifestarse”123. No obstante, los Estados tienen un amplio margen de discreción al elegir las medidas razonables y apropiadas para asegurar que las manifestaciones legales procedan pacíficamente.124 En este sentido, la obligación de garantizar el derecho de reunión es una obligación de medios (medidas a ser tomadas) y no una obligación de resultados.125
101. En relación con los periodistas y camarógrafos que se encuentran realizando su labor en el marco de una manifestación pública, la Relatoría entiende que éstos no deben ser molestados, detenidos, trasladados o sufrir cualquier otra limitación a sus derechos por estar ejerciendo su profesión. Inclusive, sus herramientas de trabajo no deben ser secuestradas. Por el contrario, se debe impedir cualquier acción que intente obstruir su trabajo siempre que no se pongan en riesgo los derechos de terceros.126
102. La Relatoría recomienda a los Estados miembros de la OEA que desarrollen mecanismos efectivos para el pleno ejercicio de la libertad de expresión. La libertad de expresión no requiere, simplemente, que el Estado “quite sus manos”, por ejemplo, de la esfera de la comunicación pública – es decir, que no imponga censuras. La libertad de expresión requiere mucho más: requiere, por ejemplo, que el Estado se involucre en el mantenimiento de lugares públicos abiertos, y en la garantía a todos de un “derecho de acceso a los foros públicos”.127


1 La elaboración de este capítulo fue posible gracias a la investigación y redacción preliminar realizada por Mariela Aisenstein, abogada de la Universidad Torcuato Di Tella, Argentina. Ella fue pasante en la Relatoría durante el año 2005. La Oficina agradece su contribución.

2 CIDH, Capítulo IV, Informe Anual 2002, Vol. III “Informe de la Relatoría para la Libertad de Expresión”, OEA/Ser. L/V/II. 117, Doc. 5 rev. 1, párr. 29.

3 La importancia de la libertad de expresión para el funcionamiento de una sociedad democrática ha sido expresada en diversas ocasiones en el Sistema Universal (Naciones Unidas) de protección de los Derechos Humanos, el Sistema Europeo de protección de los Derechos Humanos, el Sistema Africano de protección de los Derechos Humanos y el Sistema Interamericano de protección de los Derechos Humanos.

La Corte Europea de Derechos Humanos ha manifestado: “… la libertad de expresión constituye uno de los pilares esenciales de una sociedad democrática y una condición fundamental para su progreso y para el desarrollo personal de cada individuo. Dicho derecho no solo debe garantizarse en lo que respecta a la difusión de información o ideas que son recibidas favorablemente o consideradas como inofensivas o indiferentes, sino también en lo que toca a las que ofenden, resultan ingratas o perturban al Estado o a cualquier sector de la población. Tales son las demandas del pluralismo, la tolerancia y el espíritu de apertura, sin las cuales no existe una sociedad democrática. […] Esto significa que […] toda formalidad, condición, restricción o sanción impuesta en la materia deber ser proporcionada al fin legitimo que se persigue”. Véase Corte EDH, Caso Scharsach y Noticias Verlagsgesellschaft c. Austria, Sentencia del 13 de noviembre de 2003, Informe de Sentencias y Decisiones 2003-XI, párr. 29; Corte EDH, Caso Perna c. Italia [GC], Sentencia del 6 de mayo de 2003, Informe de Sentencias y Decisiones 2003-V, párr. 39; Corte EDH, Caso Dichand y otros c. Austria, Sentencia del 26 de febrero de 2002, disponible en http://www.echr.coe.int, párr. 37; Corte EDH, Caso Lehideux e Isorni c. Francia, Sentencia del 23 de septiembre de 1998, Informes 1998-VII, párr. 55; Corte EDH, Caso Otto-Preminger-Institut c. Austria, Sentencia del 20 de septiembre de 1994, Serie A, No. 295-A, párr. 49; Corte EDH, Caso Castells c. España, Sentencia del 23 de abril de 1992, Serie A, No. 236, párr. 42; Corte EDH, Caso Oberschlick c. Austria, Sentencia del 23 de mayo de 1991, Serie A, No. 204, párr. 57; Corte EDH, Caso Müller y otros c. Suiza, Sentencia del 24 de mayo de 1988, Serie A, No. 133, párr. 33; Corte EDH, Caso Lingens c. Austria, Sentencia del 8 de julio de 1986, Serie A, No. 103, párr. 41; Corte EDH, Caso Barthold c. Alemania, Sentencia del 25 de marzo de 1985, Serie A, No. 90, párr. 58; Corte EDH, Caso El Sunday Times c. Estados Unidos, Sentencia del 29 de marzo de 1979, Serie A, No. 30, párr. 65; y Corte EDH., Caso Handyside c. Reino Unido, Sentencia del 7 de diciembre de 1976, Serie A, No. 24, párr. 49.

Por su lado, el Comité de Derechos Humanos de Naciones Unidas se ha pronunciado en igual sentido. Véase Comité DH, Caso Aduayom y otros c. Togo, dictamen de 12 de julio de 1996, Comunicación No. 422/1990: Togo 19/08/96. CCPR/C/57/D/422/1990 (jurisprudencia), párr. 7.4, disponible en http://www.unhchr.ch/tbs/doc.nsf/.

Asimismo, la Comisión Africana de Derechos Humanos y de los Pueblos se ha expresado de la misma manera. Véase CADHP, Caso Agenda de Derechos de los Medios de Comunicación y Proyecto de Derechos Constitucionales c. Nigeria, Comunicación No. 105/93, 128/94, 130/94 y 152/96, decisión del 31 de octubre de 1998, párr. 54.



4 CIDH, Capítulo IV, Informe Anual 2002, Vol. III “Informe de la Relatoría para la Libertad de Expresión”, OEA/Ser. L/V/II. 117, Doc. 5 rev. 1, párr. 31.

5 Ibid, párr. 30.

6 Véase por ejemplo Corte EDH, Caso Vogt c. Alemania, Sentencia del 26 de septiembre de 1995, Serie A, No. 323, párr. 64; Corte EDH, Caso Rekvényi c. Hungría, Sentencia del 20 de mayo de 1999, Informe de Sentencias y Decisiones 1999-III, párr. 58; Corte EDH, Caso Young, James y Webster c. Inglaterra, Sentencia del 13 de agosto de 1981, Serie A, No. 44, párr. 57; Corte EDH, Caso Refah Partisi (Partido de la Prosperidad) y otros c. Turquía, Sentencia del 31 de julio de 2001, párr. 44, disponible en http://www.echr.coe.int; Corte EDH, Caso Partido Unido Comunista Turco y otros c. Turquía, Sentencia del 30 de enero de 1998, Informe 1998-I, párr. 42. Véase también Corte Suprema de Zambia, Caso Christine Mulundika y otros 7 c. The People, Sentencia del 7 de febrero de 1996, 2 LCR 175 (en donde la Corte expresó que el derecho a organizarse y a participar en una reunión pública es inherente al derecho de expresar y recibir ideas e informaciones sin interferencias y a comunicar ideas e información sin interferencias).

7 Véase Corte IDH, Colegiación Obligatoria de Periodistas, Opinión Consultiva OC 5/85, Serie A, No. 5, del 13 de noviembre de 1985, párr. 69.

8 Comisión Africana de Derechos Humanos y de los Pueblos (CADHP), Caso International Pen, Constitutional Rights Project, Interights on behalf of Ken Saro-Wiwa Jr. and Civil Liberties Organization c. Nigeria, Decisión del 31 de octubre de 1998, disponible en http://www.achpr.org, Informe Anual No. 12, AHG/215 (XXXV), Comunicaciones No. 137/94, 139/94, 154/96 y 161/97.

9 Véase por ejemplo Corte EDH, Caso Vogt c. Alemania, Sentencia del 26 de septiembre de 1995, Serie A, No. 323, párr. 64; Corte EDH, Caso Rekvényi c. Hungría, Sentencia del 20 de mayo de 1999, Informe de Sentencias y Decisiones 1999-III, párr. 58; Corte EDH, Caso Young, James y Webster c. Inglaterra, Sentencia del 13 de agosto de 1981, Serie A, No. 44, párr. 57; Corte EDH, Caso Refah Partisi (Partido de la Prosperidad) y otros c. Turquía, Sentencia del 31 de julio de 2001, párr. 44, disponible en http://www.echr.coe.int; Corte EDH, Caso Partido Unido Comunista Turco y otros c. Turquía, Sentencia del 30 de enero de 1998, Informe 1998-I, párr. 42. En todos estos casos la Corte EDH estableció que la expresión de opiniones constituye uno de los objetivos del derecho de reunión.

10 Declaración Universal de los Derechos del Hombre, artículo 19, disponible en http://www.un.org

11 Pacto Internacional de los Derechos Civiles y Políticos, AG Res. 2200ª (XXI), 21 ONU GAOR/Sup. No. 16, ONU Doc. A/6316 (1966), 999 U. N. T. S. 171, artículo 19.

12 Declaración Universal de los Derechos del Hombre, disponible en http://www.un.org, artículo 20.

13 Pacto Internacional de los Derechos Civiles y Políticos, AG Res. 2200ª (XXI), 21 ONU GAOR/Sup. No. 16, ONU Doc. A/6316 (1966), 999 U. N. T. S. 171, artículo 21.

14 Comité DH, Caso Kivenmaa c. Finlandia, Decisión del 10 de junio de 1994, disponible en http://www.unhchr.ch/tbs/doc.nsf/. Comunicación No. 412/1990: Finlandia. 10/06/94. CCPR/C/50/D/412/1990 (jurisprudencia).

15 Ibid, párrafo 2.1.

16 Ibid, párrafo 7.4.

17 Ibid, párrafo 7.8.

18 El Artículo 21 del Pacto Internacional de Derechos Civiles y Políticos expresa: “Se reconoce el derecho de reunión pacífica. El ejercicio de tal derecho sólo podrá estar sujeto a las restricciones previstas por la ley que sean necesarias en una sociedad democrática, en interés de la seguridad nacional, de la seguridad pública o del orden público, o para proteger la salud o la moral públicas o los derechos y libertades de los demás”.

19 Comité DH, Caso Kivenmaa c. Finlandia, Decisión del 10 de junio de 1994, disponible en http://www.unhchr.ch/tbs/doc.nsf/. Comunicación No. 412/1990: Finlandia. 10/06/94. CCPR/C/50/D/412/1990 (jurisprudencia), párrafo 9.2.

20 Ibid, párrafo 9.2.

21 Comité DH, Caso Tae-Hoon Park c. República de Corea, Decisión del 3 de noviembre de 1998, disponible en http://www.unhchr.ch/tbs/doc.nsf/. Comunicación No. 628/1995: República de Corea. 03/11/98. CCPR/C/64/D/628/1995 (jurisprudencia).

22 Ibid, párr. 2.1, 2.2 y 2.3.

23 Ibid, párr. 3.2.

24 Ibid, párr. 2.4.

25 Ibid, párr. 8.1 y 8.2.

26 Ibid, párr. 10.3.

27 Ibid, párr. 10.3.

28 Ibid, párr. 11.

29 Convención Europea para la Protección de los Derechos Humanos y las Libertades Fundamentales, 4 de noviembre de 1950 (ETS No. 5), 213 U.N.T.S. 222, artículo 10.

30 A diferencia de la Convención Americana, que expresamente la prohíbe en el inciso 2. Al respecto, la Corte Interamericana ha sostenido que “[l]a comparación hecha entre el artículo 13 y las disposiciones relevantes de la Convención Europea (artículo 10) y del Pacto (artículo 19) demuestra claramente que las garantías de la libertad de expresión contenidas en la Convención Americana fueron diseñadas para ser las más generosas y para reducir al mínimum las restricciones a la libre circulación de las ideas”. Véase Corte IDH, La Colegiación Obligatoria de Periodistas, Opinión Consultiva OC-5/85, Serie A, No. 5, del 13 de noviembre de 1985, párr. 50.

31 Convención Europea para la Protección de los Derechos Humanos y las Libertades Fundamentales, 4 de noviembre de 1950 (ETS No. 5), 213 U.N.T.S. 222, artículo 11.

32 Véase Corte EDH, Caso Sunday Times c. Gran Bretaña, Sentencia del 26 de abril de 1979, Serie A, No. 30,
párr. 59.

33 Véase Ibid, párr. 62. Véase también Corte EDH, Caso Barthold c. Alemania, Sentencia del 25 de marzo de 1985, Serie A, No. 90, párr. 59.

34 Corte EDH, Caso Ezelin c. Francia, Sentencia del 26 de abril de 1991, Serie A, No. 202, párr. 35 y 37.

35 Véase por ejemplo Corte EDH, Caso Vogt c. Alemania, Sentencia del 26 de septiembre de 1995, Serie A, No. 323, párr. 64; Corte EDH, Caso Rekvényi c. Hungría, Sentencia del 20 de mayo de 1999, Informe de Sentencias y Decisiones 1999-III, párr. 58; Corte EDH, Caso Young, James y Webster c. Inglaterra, Sentencia del 13 de agosto de 1981, Serie A, No. 44, párr. 57; Corte EDH, Caso Refah Partisi (Partido de la Prosperidad) y otros c. Turquía, Sentencia del 31 de julio de 2001, párr. 44, disponible en http://www.echr.coe.int; Corte EDH, Caso Partido Unido Comunista Turco y otros c. Turquía, Sentencia del 30 de enero de 1998, Informe 1998-I, párr. 42.

36 Corte EDH, Caso Steel y otros c. Reino Unido, Sentencia del 23 de septiembre de 1998, Informes 1998-VII,
párr. 113.

37 Corte EDH, Caso Ezelin c. Francia, Sentencia del 26 de abril de 1991, Serie A, No. 202.

38 Ibid, párr. 10.

39 La Relatoría no ha encontrado una traducción correcta para esta expresión. Por eso ha decidido dejar la palabra en su idioma original. La Relatoría que significa que fue condenado por realizar conductas inconsistentes con las obligaciones de su profesión.

40 Corte EDH, Caso Ezelin c. Francia, Sentencia del 26 de abril de 1991, Serie A, No. 202, párr. 12 y 20.

41 Ibid, párr. 38.

42 Ibid, párr. 53.

43 Corte EDH, Caso Chorherr c. Austria, Sentencia del 25 de agosto de 1993, Serie A, No. 266-B.

44 Ibid, párr. 7.

45 Ibid, párr. 8.

46 Ibid, párr. 30.

47 Ibid, párr. 31.

48 Ibid, párr. 32.

49 Ibid, párr. 33.

50 Corte EDH, Caso Steel y otros c. Reino Unido, Sentencia del 23 de septiembre de 1998, Informes 1998-VII.

51 Ibid, párr. 7.

52 Ibid, párr. 15 y 16.

53 Ibid, párr. 21.

54 Ibid, párr. 51.

55 Ibid, párr. 64 y 94.

56 Ibid, párr. 96.

57 Ibid, párr. 103 y 104.

58 Ibid, párr. 109.

59 Ibid, párr. 110.

60 Corte EDH, Caso Piermont c. Francia, Sentencia del 27 de abril de 1995, Serie A, No. 314.

61 Ibid, párr. 8 y 10.

62 Ibid, párr. 11.

63 Ibid, párr. 12.

64 Ibid, párr. 18, 19 y 20.

65 Ibid, párr. 70, 74 y 83.

66 Ibid, párr. 77 y 78.

67 Ibid, párr. 85.

68 Corte EDH, Caso Plattform “Arzte fur das Leben” c. Austria, Sentencia del 21 de junio de 1988, Serie A, No. 139.

69 Ibid, párr. 8-11.

70 Ibid, párr. 12 y 13.

71 Ibid, párr. 19

72 Ibid, párr. 28.

73 Ibid, párr. 29.

74 Ibid, párr. 32.

75 Ibid, párr. 34.

76 Ibid, párr. 39.

77 Carta Africana de Derechos Humanos y de los Pueblos, artículo 9, disponible en http://www.achpr.org.

78 Ibid, artículo 11.

79 Comisión Africana de Derechos Humanos y de los Pueblos (CADHP), Caso Señor Dawda K Jawara c. Gambia, Decisión del 11 de mayo de 2000, disponible en http://www.achpr.org, Informe Anual No. 13, AGH/222 (XXXVI), Comunicaciones No. 147/95 y 149/96.

80 Ibid, párr. 1 y 3.

81 Ibid, párr. 66.

82 CADHP, Caso Movimiento Burkinabé por los Derechos Humanos y de los Pueblos c. Burkina Faso, Decisión tomada en la Sesión Ordinaria No. 29 en Libia, disponible en http://www.achpr.org, Informe Anual No. 14, AHG/229 (XXXVII), Comunicación No. 204/97.

83 Ibid, párr. 1.

84 Ibid, párr. 11.

85 Ibid, párr. 43.

86 Ibid, párr. 43.

87 Ibid, párr. 45.

88 CADHP, Caso International Pen, Constitucional Rights Project, Interights on behalf of Ken Saro-Wiwa Jr. and Civil Liberties Organization c. Nigeria, Decisión del 31 de octubre de 1998, disponible en http://www.achpr.org, Informe Anual No. 12, AHG/215 (XXXV), Comunicaciones No. 137/94, 139/94, 154/96 y 161/97.

89 Ibid, párr. 2.

90 Ibid, párr. 11.

91 Ibid, párr. 106.

92 Ibid, párr. 14.

93 Ibid, párr. 110.

94 Declaración Americana de los Derechos y Deberes del Hombre, en Documentos Básicos en Materia de Derechos Humanos en el Sistema Interamericano, OEA/Ser.L/V/1.4.rev.11 (31 de enero de 2005), artículo IV.

95 Ibid, artículo XXI.

96 Véase Corte IDH, Interpretación de la Declaración Americana de los Derechos y Deberes del Hombre dentro del marco del artículo 64 de la Convención Americana sobre Derechos Humanos, Opinión Consultiva OC-10/89, Serie A, No. 10, del 14 de julio de 1989, párrs. 35-45; CIDH, Caso James Terry Roach y Jay Pinkerton c. Estados Unidos, Caso 9647, Res. 3/87, 22 de septiembre de 1987, Informe Anual 1986-1987, párrs. 46-49, Caso Rafael Ferrer-Mazorra y Otros c Estados Unidos, Informe N° 51/01, caso 9903, 4 de abril de 2001. Véase también el artículo 20 del Estatuto de la Comisión Interamericana de Derechos Humanos.

97 Convención Americana sobre Derechos Humanos, en Documentos Básicos en Materia de Derechos Humanos en el Sistema Interamericano, OEA/Ser.L/V/1.4.rev.11 (31 de enero de 2005), artículo 13.

98 Ibid, artículo 15.

99 Declaración de Principios sobre Libertad de Expresión, en Documentos Básicos en Materia de Derechos Humanos en el Sistema Interamericano, OEA/Ser.L/V/1.4.rev.11 (31 de enero de 2005), principio 1º.

100 Ibid, principio 2º.

101 Ibid, principio 5º.

102 CIDH, Capítulo II, Informe Anual 2000, Vol. III “Informe de la Relatoría para la Libertad de Expresión”, OEA/Ser. L/V/II/111, Doc. 20 rev., párr. 3.

103 CIDH, Capítulo II, Informe Anual 2004, Vol. III “Informe de la Relatoría para la Libertad de Expresión”, OEA/Ser. L/V/II. 122, Doc. 8 rev. 1, párr. 2.

104 En este sentido, el Tribunal Constitucional Español ha sostenido: “… en el supuesto de que la autoridad gubernativa decida prohibir la concentración debe” a) motivar la Resolución correspondiente (STCE 36/1982); b) fundarla, esto es, aportar razones que le han llevado a la conclusión que de celebrarse producirá la alteración del orden público proscrita, y c) justificar la imposibilidad de adoptar las medidas preventivas necesarias para conjurar esos peligros y permitir el ejercicio del derecho fundamental. En todo caso, como también advertimos en la STCE 66/1995, la autoridad competente, antes de prohibir el ejercicio de este derecho fundamental, deberá proponer, aplicando criterios de proporcionalidad, las modificaciones de fecha, lugar o duración al objeto de que la reunión pueda celebrarse, pues sólo podrá prohibirse la concentración en el supuesto de que, por las circunstancias del caso, estas facultades de introducir modificaciones no puedan ejercitarse. Véase Tribunal Constitucional Español (TCE), 42/2000, Sentencia del 14 de febrero de 2000, FJ 2.

En este caso la Unión Provincial de Sevilla de Comisiones Obreras había convocado una manifestación por la situación de conflictividad en la que se encontraban los trabajadores de la empresa Abengoa. El peticionario participó en dicha manifestación sin haber sido requerido ni amonestado ni por los servicios de orden ni por los agentes de la autoridad. Unos días después se le impuso una sanción por haber sido uno de los integrantes del grupo que, en el curso de la manifestación de trabajadores, interrumpió el tráfico rodado durante 45 minutos no haciendo caso de las advertencias formuladas por los agentes de la Autoridad.



El peticionario sostuvo que al haber sido sancionado durante el ejercicio de su derecho de manifestación se le había vulnerado este derecho fundamental. El Estado consideró que la interrupción del tráfico rodado en la que el peticionario había participado no podía considerarse que formara parte del derecho de reunión. El Tribunal Constitucional Español sostuvo que la interrupción del tráfico en una parte del recorrido por el que discurre una manifestación no puede considerarse, sin más, como una conducta contraria al límite que específicamente establece el art. 21.2 CE (alteración del orden público), pues, tal y como se ha indicado, los cortes de tráfico sólo pueden considerarse comprendidos en dicho límite cuando como consecuencia de los mismos puedan ponerse en peligro personas o bienes. Por lo dicho, el Tribunal resolvió que la sanción impuesta al peticionario había vulnerado su derecho de reunión en cuanto su conducta se encontraba amparada en el ejercicio de este derecho fundamental.

105 Corte Constitucional de Colombia, T-456-92, Sentencia del 14 de julio de 1992, disponible en http://ramajudicial.gov.co.

106 CIDH, Capítulo V, Informe Anual 1994, “Informe sobre la compatibilidad entre las leyes de desacato y la Convención Americana sobre Derechos Humanos”, OEA/Ser. L/V/II.88, Doc. 9 rev.

107 Corte Constitucional de Colombia, T-456-92, Sentencia del 14 de julio de 1992, disponible en http://ramajudicial.gov.co.

108 El artículo 13, inciso 2º y el artículo 15 sólo permiten limitaciones a la libertad de expresión y a la libertad de reunión, respectivamente, que sean necesarias, entre otras limitaciones permitidas, para proteger los derechos de los demás.

109 En virtud de esto, a pesar de que la mayoría de las expresiones públicas de la ciudadanía acarrean costos y molestias para terceros, éstas deben tolerarse en honor de la libertad de expresión. Gargarella, Roberto, Expresión cívica y “cortes de ruta”, “El derecho a la protesta: el primer derecho”, (Buenos Aires: Editorial Ad-Hoc 2005).

110 Véase Corte Suprema de Estados Unidos (CSEU), Caso Ward c. Rock en contra del Racismo, Sentencia del 30 de agosto de 1989, 492 U.S. 937, 110 S.Ct. 23, 106 L.Ed.2d 636, pág. 791; CSEU, Caso Clark c. Comunidad por la No-Violencia Creativa, Sentencia del 29 de junio de 1984, 468 U.S. 288, 104 S.Ct. 3065, 82 L.Ed.2d 221, pág. 293; CSEU, Caso Estados Unidos c. Grace, Sentencia del 20 de abril de 1983, 461 U.S. 171, 103 S.Ct. 1702, 75 L.Ed.2d 736, pág. 177;CSEU, Caso Miembros del Municipio de la Ciudad de Los Angeles c. Contribuyentes por Vicente, Sentencia del 15 de mayo de 1984, 466 U.S. 789, 104 S.Ct. 2118, 80 L.Ed.2d 772, pág. 2128, CSEU, Caso Asociación de Educación Perry c. Asociación de Educadores Perry, Sentencia del 23 de febrero de 1983, 460 U.S. 37, 103 S.Ct. 948, 74 L.Ed.2d 794, 112 L.R.R.M. (BNA) 2766, 9 Ed. Law Rep. 23, pág. 45; CSEU, Caso Heffron c. Sociedad Internacional por la Conciencia Krishna, Sentencia del 22 de junio de 1981, 452 U.S. 640, 101 S.Ct. 2559, 69 L.Ed.2d 298, 7 Media L. Rep. 1489, pág. 648; entre otros.

111 Corte Constitucional de Colombia, T-456-92, Sentencia del 14 de julio de 1992, disponible en
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