A. Introducción: Propósito y contenido del informe



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http://ramajudicial.gov.co. En este caso el peticionario había solicitado que el juez invalidara la denegatoria que había expedido el Alcalde Municipal de Honda con relación a una autorización que se le había pedido por el actor y otros ciudadanos para sostener un desfile político y electoral el 29 de febrero de 1992 a las 2:00 p.m. por varias calles del mentado municipio, y que en su lugar ordenase conceder dicho permiso. La Corte Constitucional de Colombia sostuvo: “Es importante señalar, que la finalidad del aviso previo, a la luz de la Constitución de 1991, no puede ser la de crear una base para que la reunión o la manifestación sea prohibida. Tiene por objeto informar a las autoridades para que tomen las medidas conducentes a facilitar el ejercicio del derecho sin entorpecer de manera significativa el desarrollo normal de las actividades comunitarias”.

112 Comité DH, Caso Kivenmaa c. Finlandia, Decisión del 10 de junio de 1994, disponible en http://www.unhchr.ch/tbs/doc.nsf/. Comunicación No. 412/1990: Finlandia. 10/06/94. CCPR/C/50/D/412/1990 (jurisprudencia), párr. 9.2.

113 Véase Corte Suprema de Zambia, Caso Christine Mulundika y otros 7 c. The People, Sentencia del 7 de febrero de 1996, 2 LCR 175. Los peticionarios alegaron la inconstitucionalidad del artículo 5 de la Ley de Orden Público que requería que cualquier persona que deseaba realizar una reunión, procesión o manifestación pública debía solicitar un permiso a la policía. De acuerdo con el mencionado artículo la policía tenía la facultad de denegar la solicitud o de, en caso de otorgar el permiso, imponer condiciones. Entre esas condiciones se encontraban: las personas a las que se les permitiría o no se les permitiría participar en una manifestación o reunión pública, las cuestiones que no podrían ser discutidas en dicha manifestación o reunión pública. Asimismo alegaron la inconstitucionalidad del artículo 7, el cual establecía una pena de prisión de hasta seis meses o una multa, o ambas por contravenir el artículo 5. Los peticionarios habían sido condenados por un tribunal inferior con el delito de asamblea ilegal.

La Corte Suprema de Zambia declaró la inconstitucionalidad de los mencionados artículos por violar el derecho a la libertad de expresión y el derecho a la libertad de reunión consagrados en los artículos 20 y 21 de la Constitución de Zambia. Para así resolver, la Corte sostuvo que el artículo impugnado dejaba un amplio margen de discreción al oficial al que se le solicitaba el permiso. El requisito de un permiso previo representa un verdadero obstáculo a la libertad de expresión y a la libertad de reunión dado que el derecho a organizarse y a participar en una reunión pública es inherente al derecho de expresar y recibir ideas e información sin interferencias y a comunicar ideas e información sin interferencias. La posibilidad de que el permiso para reunirse y expresarse sea denegado con fundamentos arbitrarios o incluso sin fundamentos constituye una denegación conjunta de la libertad de expresión y la libertad de reunión.

La Corte reconoció que las manifestaciones públicas son generalmente reguladas en el derecho comparado. Por ejemplo, consideró que en muchos países es común que se requiera a los organizadores de una manifestación pública la notificación de que van a realizar una manifestación, de tal manera que las autoridades tengan la posibilidad de dar indicaciones o imponer condiciones que sean necesarias para preservar el orden público y la paz. Sin embargo, manifestó que en el caso en cuestión el requerimiento interfería con la libertad de expresión y la libertad de reunión en mucha mayor medida que una simple notificación dado que otorgaba a los oficiales el poder de otorgar o denegar permiso para reunirse y expresarse.

En conclusión, la Corte resolvió que la interferencia con la libertad de expresión y con la libertad de reunión no era necesaria en una sociedad democrática por varias razones: el ilimitado poder de discrecionalidad del oficial al que se le solicitaba el permiso; el hecho de que el oficial al que se le solicitaba el permiso no estaba obligado, al denegar el permiso, a tener en cuenta si se podía prevenir el riesgo de desorden o de poner en peligro la paz alterando las condiciones de la manifestación tales como la hora, la duración o la ruta; a pesar de que las libertades de expresión y de reunión son primarias y sus restricciones secundarias, el artículo 5 invertía el orden, denegando dichos derechos a menos que fuera improbable que la manifestación o reunión públicas fueran a causar o llevaran a poner en peligro la paz o el orden público; y la penalización de una reunión realizada sin un permiso sin tener en cuenta la probabilidad de una amenaza a la paz u orden públicos.



114 CIDH, Capítulo IV, Informe Anual 2002, Vol. III “Informe de la Relatoría para la Libertad de Expresión”, OEA/Ser. L/V/II. 117, Doc. 5 rev. 1, párr. 34.

115 “La selección estatal de un acto de protesta como ilícito penal, cuando esta selección se realiza en infracción a aquellos principios del poder penal del Estado –por ejemplo, porque el acto de protesta está amparado en el ejercicio legítimo de un derecho- constituye un supuesto de criminalización ilegítima…”. CELS, “El Estado frente a la protesta social- 1996-20002” (Buenos Aires: Siglo XXI Editores Argentina 2003) p. 48.

116 “En caso contrario, el poder penal del Estado, lejos de conformar un recurso de última ratio para el aseguramiento de la paz social, se utiliza como un mecanismo espurio de control social”. Véase ibid, p. 49.

117 “En modo alguno la existencia de otras vías para canalizar un reclamo puede pretender fundar la ilicitud de un acto expresivo en la medida en que, precisamente, la elección acerca de la oportunidad o del modo en que se manifiesta algo es consustancial al carácter voluntario de esa actividad. Sobre todo cuando, ex ante, la idoneidad de las vías alternativas resulta, cuanto menos, cuestionable”. Véase ibid, p. 70.

118 CIDH, Capítulo IV, Informe Anual 2002, Vol. III “Informe de la Relatoría para la Libertad de Expresión”, OEA/Ser. L/V/II. 117, Doc. 5 rev. 1, párr. 35.

119 Véase Corte de Apelaciones de Estados Unidos, Caso Comité de Movilización de Washington c. Cullinane, Sentencia del 12 de abril de 1977, 566 F.2d 107, 184 U.S.App.D.C. 215, pág. 119.

120 CELS, “El Estado frente a la protesta social- 1996-20002”, Siglo XXI Editores Argentina, Buenos Aires, 2003,
p. 175.

121 CADHP, Caso Movimiento Burkinabé por los Derechos Humanos y de los Pueblos c. Burkina Faso, Decisión tomada en la Sesión Ordinaria No. 29 en Libia, disponible en http://www.achpr.org, Informe Anual No. 14, AHG/229 (XXXVII), Comunicación No. 204/97, párr. 43.

122 Véase Divisional Court de Inglaterra y Gales, Queens Bench Division, Caso Redmond-Bate c. Director de Persecuciones Públicas, Sentencia del 23 de julio de 1999, 163 JP 789, [1999] Crim LR 998, 7 BHRC 375. En este caso, la peticionaria, junto con otras dos personas, estaban expresando sus creencias religiosas en las escaleras de una catedral. Un transeúnte se quejó de su presencia ante un oficial de policía. El oficial les advirtió de que no pararan a los transeúntes. Cuando se habían juntado alrededor de unas 100 personas hostiles, el oficial temió que la prédica de la peticionaria y las otras dos personas causara violencia entre los espectadores y les pidió que dejaran de hacerlo. Éstas se negaron y fueron arrestadas, siendo la peticionaria acusada de obstruir a un policía en el cumplimiento de su deber, al no hacer caso al pedido del policía de desistir de una conducta que el policía creía razonablemente que iba a causar un quebrantamiento de la paz.

La Corte consideró que no se había probado que la peticionaria y las otras dos personas estaban obstruyendo el paso en la vía pública o que estuvieran actuando de manera ilegal. La Corte sostuvo que un oficial de policía no tiene derecho a decirle a un ciudadano que desista de una conducta legal. Sólo si una conducta legal sugiere razonablemente que, al interferir con los derechos o libertades de otros, causará violencia, puede un oficial de policía tomar medidas para prevenirla. Para que la provocación cause un disturbio a la paz debe instigar a la violencia, el desorden no basta. Suponer que la conducta de la peticionaria y las otras dos personas causaría violencia era ilógico (estaban predicando acerca de la moral, Dios y la Biblia). De esta manera, el oficial de policía no estaba justificado para detener a la peticionaria por un supuesto disturbio a la paz. Por lo dicho, la Corte concluyó que se había violado el derecho a la libertad de expresión de la peticionaria.



123 Corte EDH, Caso Plattform “Arzte fur das Leben” c. Austria, Sentencia del 21 de junio de 1988, Serie A, No. 139, párr. 32.

124 Ibid, párr. 34. Véase también Corte EDH, Caso Chorherr c. Austria, Sentencia del 25 de agosto de 1993, Serie A, No. 266-B, párr. 31.

125 Corte EDH, Caso Plattform “Arzte fur das Leben” c. Austria, Sentencia del 21 de junio de 1988, Serie A, No. 139, párr. 34.

126 Véase CELS, “El Estado frente a la protesta social- 1996-20002”, Siglo XXI Editores Argentina, Buenos Aires, 2003, p. 182-183.

127 Holmes, S. Y Sunstein, C., The Cost of Rights (New York: Norton and Company 1999), p. 111, citado en Gargarella, Roberto, Cómo argumentar (y sobre todo cómo no hacerlo) frente a situaciones de conflicto social. La doctrina argentina frente a la protesta, “El derecho a la protesta: el primer derecho” (Buenos Aires: Editorial Ad-Hoc 2005).
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