Acción de inconstitucionalidad 26/2008. Promovente: procurador general de la república. Ponente: ministro josé ramón cossío díAZ. Secretarios: laura patricia rojas zamudio s í ntesi s



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ACCIÓN DE INCONSTITUCIONALIDAD 26/2008.
PROMOVENTE:
PROCURADOR GENERAL DE LA REPÚBLICA.


PONENTE: MINISTRO JOSÉ RAMÓN COSSÍO DÍAZ.

SECRETARIOS: LAURA PATRICIA ROJAS ZAMUDIO

S Í N T E S I S
I. ANTECEDENTES:
Se solicita la invalidez del artículo 18 de la Ley de Protección y Fomento Apícola para el Estado de Nuevo León, publicada el siete de diciembre de dos mil siete en el Periódico Oficial del Estado de Monterrey, Nuevo León.
II. TEMA MEDULAR DEL PROYECTO:
Se sobresee en la acción, toda vez que el artículo impugnado ha sido derogado y por lo tanto han cesado en sus efectos, por consiguiente, se concluye que ha sobrevenido una causa de improcedencia en el presente asunto respecto de la norma que se impugnó, por lo que procede sobreseer de conformidad con los artículos 59 y 65, en relación con el 19, fracción V, 45 y 20, fracción II de la Ley Reglamentaria de la materia.
III. EN LA PONENCIA SE PROPONE:
ÚNICO.- Se sobresee en la presente acción de inconstitucionalidad.

TESIS CITADAS EN EL PROYECTO:
“ACCIÓN DE INCONSTITUCIONALIDAD. SI DURANTE EL PROCEDIMIENTO ES DEROGADA LA NORMA GENERAL IMPUGNADA, DEBE ESTIMARSE QUE CESARON SUS EFECTOS POR LO QUE PROCEDE SOBRESEER EN EL JUICIO”.
“ACCIÓN DE INCONSTITUCIONALIDAD. PARA ESTIMAR ACTUALIZADA LA CAUSA DE IMPROCEDENCIA POR CESACIÓN DE EFECTOS DE LA NORMA GENERAL IMPUGNADA CUANDO ÉSTA HA SIDO REFORMADA O SUSTITUIDA POR OTRA, DEBE ANALIZARSE EL DERECHO TRANSITORIO QUE RIGE LA REFORMA”.

ACCIÓN DE INCONSTITUCIONALIDAD 26/2008.

PROMOVENTE: PROCURADOR GENERAL DE LA REPÚBLICA.

MINISTRO PONENTE: JOSÉ RAMÓN COSSÍO DÍAZ.

SECRETARIOS: LAURA PATRICIA ROJAS ZAMUDIO.

México, Distrito Federal. Acuerdo de la Primera Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, correspondiente al día tres de marzo de dos mil diez.



V I S T O S para resolver los autos de la presente acción de inconstitucionalidad 26/2008, y;

R E S U L T A N D O Q U E:

PRIMERO.- Presentación de la demanda, norma impugnada y autoridades. Por oficio presentado el siete de enero de dos mil ocho en el domicilio particular del funcionario autorizado por el Secretario General de Acuerdos de esta Suprema Corte de Justicia de la Nación para recibir demandas y promociones de término, Eduardo Medina Mora Icaza en su carácter de Procurador General de la República, promovió acción de inconstitucionalidad en la que solicitó la invalidez del artículo 18 de la Ley de Protección y Fomento Apícola para el Estado de Nuevo León, publicada el siete de diciembre de dos mil siete en el Periódico Oficial de la Entidad.
Órganos legislativo y ejecutivo que emitieron y promulgaron la norma general que se impugna:
a) Poder Legislativo del Estado de Nuevo León.

b) Poder Ejecutivo del Estado de Nuevo León.


SEGUNDO.- Conceptos de invalidez. El Procurador General de la República en sus conceptos de invalidez, manifestó en síntesis que:
1. El artículo 9º constitucional consagra el derecho de asociación y el derecho de reunión, sin embargo, en el presente asunto, sólo se tratará la violación al primero de ellos.
El derecho de asociación implica la potestad que tienen los individuos de unirse para constituir una entidad o persona moral, con personalidad propia y distinta de los asociantes y que tiende a la consecución de objetivos plenamente identificados, cuya realización es constante y permanente.
Así, la libertad de asociación tiene dos implicaciones: a) la creación de un ente con personalidad y sustantividad jurídicas propias y distintas de las de cada uno de sus miembros y b) la existencia de fines u objetivos permanentes y constantes alrededor de los cuales gira la actividad de la asociación.
De esta manera surgen agrupaciones y partidos políticos, sindicatos obreros, asociaciones y colegios profesionales, sociedades civiles y mercantiles, fundaciones culturales, de beneficiarios y de ayuda mutua, comités de lucha y de defensa, centros y clubes deportivos, etcétera.

En el plano del derecho internacional de los derechos humanos, la libertad de asociación, en su doble dimensión —individual y colectiva—, figura en el artículo 22 del Pacto Internacional de Derechos Civiles y Políticos y en el artículo 8º del Pacto Internacional de Derechos Económicos, Sociales y Culturales, ambos aprobados por la Asamblea General de las Naciones Unidas el dieciséis de diciembre de mil novecientos sesenta y seis, vigentes desde mil novecientos setenta y seis y ratificados por México el veinticuatro de marzo de mil novecientos ochenta y uno.
El derecho fundamental de asociación no es absoluto e ilimitado ya que lo afectan diversas condiciones y restricciones que supeditan su ejercicio a la preservación del interés y orden públicos.
Para que la facultad de asociación sea tal, es menester que: a) su ejercicio se lleve a cabo pacíficamente, esto es, exento de violencia y, b) su actualización persiga un objeto lícito, constituido por aquellos actos que no pugnen contra las buenas costumbres o contra normas de orden público.
La obligación que tienen a su cargo todas las autoridades del país, en el sentido de no coartar el derecho de asociación, así como de no disolver ninguna asamblea o reunión conforme a lo dispuesto por el segundo párrafo del artículo 9º constitucional, emana directamente de este precepto. En consecuencia, el ejercicio del derecho público subjetivo correspondiente, no debe estar condicionado a ningún requisito cuya satisfacción quede al arbitrio o criterio de la autoridad.
La libertad de asociación es objeto de diversas limitaciones que se establecen en la Constitución Federal:

1. La primera consiste en que ‘solamente los ciudadanos de la República podrán ejercerla para tomar parte en los asuntos políticos del país’. Esta limitación se justifica plenamente, puesto que las asociaciones políticas tienden a integrar el gobierno nacional con personas que sean miembros de ellas, que sustenten determinada ideología y que propugnen la realización de un cierto programa. Por ello, los derechos políticos en sus aspectos pasivo y activo se reservan a los ciudadanos de la República, calidad que presupone la nacionalidad mexicana, en términos del artículo 34 de la Carta Magna.
2. La segunda es la que prevé el artículo 130, inciso e), que establece: ‘Los ministros no podrán asociarse con fines políticos ni realizar proselitismo a favor o en contra de candidato, partido o asociación política alguna. Tampoco podrán en reunión pública en actos de culto o de propaganda religiosa, ni en publicaciones de carácter religioso oponerse a las leyes del país o a sus instituciones, ni agraviar, de cualquier forma, los símbolos patrios…’.
Esta limitación al clero, lo imposibilita para efectuar asambleas, juntas o reuniones en las que se critique al Estado y a los componentes de su gobierno.
3. Una tercera se encuentra en el segundo párrafo del inciso e) del artículo 130, en el sentido de prohibirse ‘la formación de toda clase de agrupaciones políticas, cuyo título tenga alguna palabra o indicación que la relacione con alguna confesión religiosa’.
Esta limitación se contrae, a la constitución de asociaciones y sociedades que tengan fines políticos, cuando su denominación esté relacionada con alguna cuestión religiosa, esta medida tiende principalmente a quebrantar la perniciosa influencia que el clero pudiera ejercer en la vida social y política del país. Esta prohibición no afecta a las asociaciones o sociedades que ostenten algún nombre que las relacione con alguna confesión religiosa y que se formen para realizar fines culturales de diversa índole.
La Ley que contiene el artículo impugnado tiene como principales objetivos la protección de las explotaciones apícolas del estado, la organización de los productores, la investigación de la actividad apícola, así como el fomento, mejoramiento y el estímulo a la comercialización e industrialización de la miel y otros productos de la apicultura.
El precepto impugnado es contrario al artículo 9º de la Constitución Federal porque de manera absoluta prohíbe a las personas a las que les haya recaído sentencia firme, ya sea como autores o copartícipes en delitos patrimoniales (robo, abuso de confianza, fraude, usura, chantaje, administración fraudulenta, despojo de cosas inmuebles o de aguas, daño en propiedad ajena, delito de invasión de inmuebles) a formar parte de las asociaciones de apicultura dedicadas a la cría, sanidad y explotación de las abejas en el Estado de Nuevo León, pues el mandato constitucional establece como únicas limitaciones a la libertad de asociación, dejando de lado las que se refieren a las asociaciones políticas y las prohibiciones a los ministros de cultos religiosos, que la asociación no sea pacífica y que su objeto sea ilícito, circunstancias que no se actualizan en la especie.
Ello es así, en virtud de que el hecho de que a las personas les haya recaído sentencia ejecutoria por la comisión de delitos relacionados con el patrimonio, independientemente del grado de participación, no puede ser obstáculo para formar parte de una asociación apícola, pues el texto constitucional no establece prohibiciones en razón de la calidad de los posibles asociados, ni señala que deban estar exentos de alguna circunstancia civil o penal, pues la Constitución Federal sólo instituye que la asociación debe ser pacífica y que su objeto debe ser lícito.
Asimismo, la asociación tiene como fin la creación de un ente con personalidad y sustantividad jurídica propias y distintas de las de cada uno de sus miembros, esto es, la calidad o características de los asociados en nada afecta su integración o sus fines, es decir, las cualidades de los agremiados no son condición para el registro o funcionamiento de la asociación; además, la existencia de los fines u objetivos giran alrededor de la actividad de la agrupación y no de las características de los que la integran.
En ese tenor, el haberle recaído una sentencia ejecutoria por la comisión de delitos patrimoniales a una persona que se dedique a la apicultura, no es impedimento para formar parte de las asociaciones de la materia, pues el fin de la asociación es el desarrollo, fomento, mejoramiento y el estímulo a la comercialización e industrialización de la miel y otros productos de la apicultura, siendo irrelevantes las características de los miembros de las agrupaciones.
En caso de que los asociados infrinjan los ordenamientos que regulan las actividades de las asociaciones, se pueden tomar las medidas necesarias para sancionarlos o en su defecto, hacerlo del conocimiento de las autoridades correspondientes, pero no puede calificarse la situación jurídica de las personas que pretendan pertenecer a las agrupaciones.
En efecto, las sentencias que se dicten en los juicios del orden penal, tienen por objeto sancionar y castigar las conductas antisociales, mediante la privación o restricción de bienes jurídicos, pero nunca podrán traducirse en la pérdida del derecho de asociación del sentenciado o que tal circunstancia sea obstáculo para pertenecer a un gremio; pues se coartaría, a todas las personas que fueron sujetas a procesos criminales, el derecho de pertenecer a asociaciones, violando con ello el derecho de asociación consagrado en el artículo 9º constitucional.
Además, el artículo 18 impugnado sólo establece que no podrán formar parte de las asociaciones de apicultura, las personas sobre las cuales haya recaído sentencia ejecutoria, como autor o coparticipe de delitos patrimoniales; esto es, no precisa si la sentencia fue condenatoria o absolutoria y sólo refiere a que haya recaído ésta, violando con ello el derecho constitucional de asociación.
Por tanto, debe declararse la invalidez del artículo 18 de la Ley de Protección y Fomento Apícola para el Estado de Nuevo León.
2. El artículo 1º de la Constitución Federal señala que el artículo 18 impugnado viola lo dispuesto en la citada disposición constitucional, porque ésta prohíbe toda discriminación que atente contra la dignidad humana y en el artículo controvertido se discrimina a las personas que les haya recaído sentencia ejecutoria como autor o coparticipe de delitos patrimoniales, para que no puedan formar parte de las asociaciones de apicultura, lo anterior, sin que exista motivación o justificación alguna para ello, pues en este caso, dichas personas estarían condenadas a doble sanción, es decir, a compurgar la pena que se les haya impuesto por la comisión de un delito patrimonial y la prohibición a formar parte de una asociación apícola, lo cual atenta contra la dignidad humana.
3. El Alto Tribunal ha considerado que tratándose de actos legislativos la garantía de legalidad estatuida en el artículo 16, primer párrafo constitucional, se cumple cuando el órgano legislativo que expide el ordenamiento constitucionalmente está facultado para ello, ya que tal requisito se satisface cuando el órgano legislativo actúa dentro de los límites de las atribuciones que la Constitución correspondiente le confiere y, respecto a la motivación, ésta se colma cuando las leyes que emite se refieren a relaciones sociales que reclaman ser jurídicamente reguladas. Cita en apoyo a lo señalado la tesis de rubro: “FUNDAMENTACIÓN Y MOTIVACIÓN DE LOS ACTOS DE AUTORIDAD LEGISLATIVA”.
Así, en el caso concreto, el poder legislativo local sólo puede emitir normas cuyo ámbito espacial, material y personal de validez corresponda a su esfera de atribuciones, de acuerdo con la Ley Fundamental.
Conforme a lo anterior, el Congreso del Estado de Nuevo León al prever que no formarán parte de las asociaciones de apicultura las personas sobre las cuales haya recaído sentencia ejecutoria, como autor o coparticipe de delitos patrimoniales, contraviene lo dispuesto por los artículos 1º y 9º de la Constitución Federal, pues discrimina a ese tipo de personas y coarta su derecho de asociación, vulnerando con ello lo dispuesto por el artículo 16 de la Constitución Federal.
En este sentido y toda vez que el artículo impugnado contradice lo dispuesto por los artículos 1º, 9º y 16, primer párrafo de la Constitución Federal, es incuestionable que rompe con la supremacía constitucional establecida, puesto que pretende ubicarse por encima de la Constitución Federal.
Por lo expuesto, solicita se declare la inconstitucionalidad del artículo 18 de la Ley de Protección y Fomento Apícola para el Estado de Nuevo León, toda vez que es contrario a lo dispuesto por los numerales 1º, 9º, 16, primer párrafo y 133 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos.
TERCERO.- Artículos constitucionales que el promovente señala como violados. Los artículos 1º, 9º, 16, primer párrafo y 133 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos.
CUARTO.- Admisión y trámite. Mediante proveído de ocho de enero de dos mil ocho, el Presidente en funciones de esta Suprema Corte de Justicia de la Nación ordenó formar y registrar el expediente relativo a la presente acción de inconstitucionalidad bajo el número 26/2008 y, por razón de turno, designó como instructor al Ministro José Ramón Cossío Díaz.
En proveído de nueve de enero de dos mil ocho, el Ministro instructor admitió la presente acción de inconstitucionalidad y ordenó dar vista al órgano legislativo que emitió la norma impugnada y al órgano ejecutivo que la promulgó, para que rindieran sus respectivos informes.
QUINTO.- Informes de las autoridades emisora y promulgadora de la norma impugnada. En atención al sentido del fallo, resulta innecesario aludir a los argumentos que esgrimieron los Poderes Legislativo y Ejecutivo, ambos del Estado de Nuevo León.
SEXTO.- Cierre de instrucción. Una vez cerrada la instrucción en este asunto, se envió el expediente al Ministro instructor, para la elaboración del proyecto de resolución correspondiente.

El veintitrés de junio de dos mil ocho, el Ministro Ponente entregó a la Secretaría General de Acuerdos de la Suprema Corte de Justicia de la Nación el proyecto de resolución.


El Ministro Ponente solicitó el dieciséis de febrero de dos mil diez a la Secretaría General de Acuerdos de esta Suprema Corte, el expediente para su radicación en la Primera Sala.
SÉPTIMO. Radicación en Sala. En atención a la solicitud formulada por el Ministro Ponente al Presidente de esta Suprema Corte de Justicia de la Nación, se acordó remitir el expediente a la Primera Sala de este Alto Tribunal, para su radicación y resolución.
C O N S I D E R A N D O Q U E:
PRIMERO.- Competencia. Esta Primera Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación es competente para resolver la presente acción de inconstitucionalidad, de conformidad con lo dispuesto por los artículos 105, fracción II, inciso g) de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos y 10, fracción I y 11, fracción V, de la Ley Orgánica del Poder Judicial de la Federación, en relación con el Punto Tercero, fracción II, del Acuerdo General número 5/2001, reformado por diverso Acuerdo General número 3/2008, de diez de marzo de dos mil ocho, por tratarse de una acción de inconstitucionalidad en la que resulta innecesaria la intervención del Tribunal Pleno.
SEGUNDO.- Sobreseimiento. Dado el sentido del presente fallo es innecesario el estudio relativo a la oportunidad y legitimación del promovente de la presente acción.
En el caso se actualiza la causa de improcedencia prevista en la fracción V del artículo 19 de la Ley Reglamentaria de las fracciones I y II del artículo 105 constitucional1.
El aludido artículo 19, fracción V, prevé que este tipo de asuntos son improcedentes cuando hayan cesado los efectos de la norma o del acto impugnado en estos procedimientos, lo cual implica que éstos dejen de surtir sus efectos jurídicos. Así, tratándose de acciones de inconstitucionalidad, dicha causa de improcedencia se actualiza cuando simplemente dejen de producirse los efectos de la norma general que la motivaron, en tanto que ésta constituye el único objeto de análisis en ese medio de control constitucional.
Así lo ha sustentado el Tribunal Pleno, en la tesis de jurisprudencia número P./J. 8/20042, cuyo rubro y texto es el siguiente:
“ACCIÓN DE INCONSTITUCIONALIDAD. SUPUESTO EN EL QUE SE ACTUALIZA LA CAUSAL DE IMPROCEDENCIA POR CESACIÓN DE EFECTOS DE LA NORMA GENERAL IMPUGNADA. Los artículos 59 y 65, primer párrafo, de la Ley Reglamentaria de las Fracciones I y II del Artículo 105 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos establecen, respectivamente, que en las acciones de inconstitucionalidad se aplicarán, en lo conducente y en todo aquello que no se encuentre previsto en el título III de dicho ordenamiento que regula el procedimiento de esas acciones, las disposiciones relativas a las controversias constitucionales contenidas en el título II de la ley citada, y que en las mencionadas acciones se aplicarán las causales de improcedencia consignadas en el artículo 19 de la indicada ley reglamentaria, con excepción de la señalada en su fracción II. Por tanto, la causal de improcedencia establecida en la fracción V del mencionado artículo 19, en materia de acciones de inconstitucionalidad, se actualiza cuando simplemente dejen de producirse los efectos de la norma general que la motivaron, en tanto que ésta constituye el único objeto de análisis en ellas, además de que la declaración de invalidez de las sentencias que en dichos juicios se pronuncie no tiene efectos retroactivos, salvo en materia penal, según lo dispuesto por los artículos 105, penúltimo párrafo, de la Constitución Federal y 45 de su ley reglamentaria”.
En el caso, de la lectura integral de la acción, se advierte que el promovente impugnó el artículo 18 de la “Ley de Protección y Fomento Apícola para el Estado de Nuevo León”, que establecía:
Artículo 18.- No podrán formar parte de las asociaciones de apicultura, las personas sobre las cuales haya recaído sentencia ejecutoria, como autor o copartícipe de delitos patrimoniales”.
Ahora bien, es trascendente para el caso precisar que esta norma originariamente impugnada ya no está vigente dado que en el Periódico Oficial del Estado de Monterrey, Nuevo León de catorce de noviembre de dos mil ocho, se publicó el Decreto número “293” del Congreso local, por el que se derogó, el artículo 18 de la Ley de Protección y Fomento Apícola para el Estado de Nuevo León. Este Decreto es del tenor siguiente:
“DECRETO Núm 293.
Artículo Único.- Se deroga el Artículo 18 de la Ley de Protección y Fomento Apícola para el Estado de Nuevo León, para quedar como sigue:
Artículo 18.- Derogado”.
De lo anterior se advierte que la norma originariamente impugnada ya no existe más en el mundo jurídico, por haber sido derogada.

En estas condiciones, no cabe duda que al haber sido derogada la norma general impugnada, han cesado en sus efectos y, por consiguiente, se concluye que ha sobrevenido una causa de improcedencia en el presente asunto respecto de la norma que se impugnó, por lo que procede sobreseer de conformidad con los artículos 59 y 65, en relación con el 19, fracción V, 45 y 20, fracción II de la Ley Reglamentaria de la materia.


Sirve de apoyo a lo anterior, la tesis de jurisprudencia P./J. 45/20053 cuyo rubro y texto es el siguiente:
“ACCIÓN DE INCONSTITUCIONALIDAD. SI DURANTE EL PROCEDIMIENTO ES DEROGADA LA NORMA GENERAL IMPUGNADA, DEBE ESTIMARSE QUE CESARON SUS EFECTOS POR LO QUE PROCEDE SOBRESEER EN EL JUICIO. Si con motivo de la reforma realizada a una ley se derogaron los preceptos impugnados en la acción de inconstitucionalidad, debe declararse el sobreseimiento en el juicio con fundamento en el artículo 65 de la Ley Reglamentaria de las Fracciones I y II del Artículo 105 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, al sobrevenir la causal de improcedencia prevista en el artículo 19, fracción V, de dicha ley reglamentaria, por haber cesado los efectos de la norma general impugnada”.
Finalmente, cabe precisar que el artículo único transitorio del Decreto número “293” por el que se derogó el artículo 18 de la “Ley de Protección y Fomento Apícola para el Estado de Nuevo León”, indica que dicho Decreto entraría en vigor al día siguiente de su publicación4 en el Periódico Oficial del Gobierno del Estado; por lo tanto, no queda duda alguna de que han cesado los efectos de las normas originalmente impugnadas.
Sirve de apoyo a lo anterior la tesis aislada XLVIII/20065 de rubro y texto:
“ACCIÓN DE INCONSTITUCIONALIDAD. PARA ESTIMAR ACTUALIZADA LA CAUSA DE IMPROCEDENCIA POR CESACIÓN DE EFECTOS DE LA NORMA GENERAL IMPUGNADA CUANDO ÉSTA HA SIDO REFORMADA O SUSTITUIDA POR OTRA, DEBE ANALIZARSE EL DERECHO TRANSITORIO QUE RIGE LA REFORMA. La acción de inconstitucionalidad resulta improcedente y, por ende, debe sobreseerse por actualización de la causa de improcedencia prevista en los artículos 19, fracción V, y 65 de la Ley Reglamentaria de las Fracciones I y II del Artículo 105 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, por cesación de efectos de las normas generales impugnadas, cuando éstas hayan sido reformadas o sustituidas por otras. Ahora bien, para estimar actualizada esta causa de improcedencia, debe analizarse el derecho transitorio que rige la reforma, a efecto de establecer, indubitablemente, que la norma anterior fue plenamente sustituida por la nueva”.
Por lo expuesto y fundado
S E R E S U E L V E:
ÚNICO.- Se sobresee en la presente acción de inconstitucionalidad.
Notifíquese; haciéndolo por medio de oficio a las partes y, en su oportunidad, archívese el expediente como asunto concluido.
Así lo resolvió la Primera Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, por unanimidad de cinco votos de los señores Ministros: Arturo Zaldívar Lelo de Larrea, José Ramón Cossío Díaz (ponente), Juan N. Silva Meza, Olga Sánchez Cordero de García Villegas y Presidente José de Jesús Gudiño Pelayo.

Firman el Ministro Presidente de la Sala y el Ministro Ponente, con el Secretario de Acuerdos, quien autoriza y da fe.


PRESIDENTE DE LA PRIMERA SALA


MINISTRO JOSÉ DE JESÚS GUDIÑO PELAYO

PONENTE


MINISTRO JOSÉ RAMÓN COSSÍO DÍAZ

SECRETARIO DE ACUERDOS DE LA PRIMERA SALA


LIC. HERIBERTO PÉREZ REYES.

1 "ARTÍCULO 19.- Las controversias constitucionales son improcedentes:

(...). V.- Cuando hayan cesado los efectos de la norma general o acto materia de la controversia”.




2 Novena Época. Pleno. Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta. Tomo: XIX. Marzo de 2004. Página: 958.


3 Novena Época. Pleno. Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta. Tomo: XXI, Mayo de 2005.página: 783.


4 La publicación de este Decreto se llevó a cabo el 14 de noviembre de 2008, en el Periódico Oficial del Estado de Monterrey, Nuevo León. El artículo único transitorio indica: “Único: El presente Decreto entrará en vigor al día siguiente de su publicación en el Periódico Oficial del Estado”.

5 Novena Época. Primera Sala. Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta. Tomo: XXIII, Marzo de 2006. Página: 1412.



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