Amparo en revisión 1462/2005. quejosA: ata airlines, inc ponente: ministro José Fernando Franco gonzález Salas. Secretarios: alberto miguel ruiz matíAS, gustavo ruiz padilla y rogelio alberto montoya rodríguez



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amparo en revisión 1462/2005.

quejosA: ATA AIRLINES, INC.

ponente: ministro José Fernando Franco gonzález

Salas.

SECRETARIOS: ALBERTO MIGUEL RUIZ MATÍAS, GUSTAVO RUIZ PADILLA Y ROGELIO ALBERTO MONTOYA RODRÍGUEZ.

vo.bo.

MINISTRO:

México, Distrito Federal. Acuerdo de la Segunda Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, correspondiente al día diez de octubre de dos mil siete.



V I S T O S ; Y

R E S U L T A N D O :

COMISIÓN.

COTEJADO:

PRIMERO. Mediante escrito presentado el tres de marzo de dos mil cinco, ante la Oficina de Correspondencia Común de los Juzgados de Distrito en Materia Administrativa en el Distrito Federal, **********, en representación de ATA AIRLINES, INC., demandó el amparo y protección de la Justicia Federal en contra de las autoridades y actos que a continuación se transcriben:
III. AUTORIDADES RESPONSABLES: A) Congreso de la Unión. --- B) Presidente Constitucional de los Estados Unidos Mexicanos. --- C) Secretario de Gobernación. --- D) Secretario de Hacienda y Crédito Público. --- E) Secretario de Comunicaciones y Transportes. --- F) Director General de Aeronáutica Civil de la Secretaría de Comunicaciones y Transportes. --- G) Servicios a la Navegación en el Espacio Aéreo, órgano desconcentrado de la Secretaría de Comunicaciones y Transportes. --- H) Jefe del Servicio de Administración Tributaria. --- I) Administrador Central de Recaudación de Grandes Contribuyentes. --- IV. ACTOS RECLAMADOS: --- a) Del Congreso General de los Estados Unidos Mexicanos, se reclama la aprobación y expedición del ‘Decreto por el que se reforman, adicionan y derogan diversas disposiciones de la Ley Federal de Derechos’, publicado en el Diario Oficial de la Federación el día primero de diciembre del año 2004 y con vigencia a partir del día primero de enero del presente año 2005. Dicho Decreto fue mandado para su debida publicación y observancia y se le diera debido cumplimiento por parte del Presidente de los Estados Unidos Mexicanos el día 29 de noviembre de 2004. --- Asimismo, se reclama la aplicación y ejecución de los distintos preceptos de dicho Decreto por parte de dicha autoridad y de todas las demás señaladas como autoridades responsables. --- b) Del Presidente de los Estados Unidos Mexicanos se reclama la publicación, circulación y observancia del ‘Decreto por el que se reforman, adicionan y derogan diversas disposiciones de la Ley Federal de Derechos’, publicado en el Diario Oficial de la Federación el día primero de diciembre del año 2004 y con vigencia a partir del día primero de enero del presente año 2005. Dicho Decreto fue mandado para su debida publicación y observancia y se le diera debido cumplimiento por parte del Presidente de los Estados Unidos Mexicanos el día 29 de noviembre de 2004. --- c) Del Secretario de Gobernación del Poder Ejecutivo Federal se reclama el refrendo de la orden de publicación, circulación, observancia posterior debido cumplimiento del ‘Decreto por el que se reforman, adicionan y derogan diversas disposiciones de la Ley Federal de Derechos’, publicado en el Diario Oficial de la Federación el día primero de diciembre del año 2004 y con vigencia a partir del día primero de enero del presente año 2005. Dicho Decreto fue mandado para su debida publicación y observancia y se le diera debido cumplimiento por parte del Presidente de los Estados Unidos Mexicanos el día 29 de noviembre de 2004. --- d) De las autoridades señaladas como ejecutoras se reclaman todos y cada uno de los actos que tiendan directa o indirectamente a cumplimientar el ‘Decreto por el que se reforman, adicionan y derogan diversas disposiciones de la Ley Federal de Derechos’, publicado en el Diario Oficial de la Federación el día primero de diciembre del año 2004 y con vigencia a partir del día primero de enero del presente año 2005. Dicho Decreto fue mandado para su debida publicación y observancia y se le diera debido cumplimiento por parte del Presidente de los Estados Unidos Mexicanos el día 29 de noviembre de 2004. --- e) Por lo que respecta al Servicio de Administración Tributaria –SAT–, órgano desconcentrado de la Secretaría de Hacienda y Crédito Público del Poder Ejecutivo Federal, se reclama especialmente el primer acto de aplicación, así como la totalidad de los que en el futuro se dieren en semejantes o parecidos términos, que efectuó en perjuicio de mi representada al cobrarle derecho en cumplimiento del ‘Decreto por el que se reforman, adicionan y derogan diversas disposiciones de la Ley Federal de Derechos’, publicado en el Diario Oficial de la Federación el día primero de diciembre del año 2004 y con vigencia a partir del día primero de enero del presente año 2005. Dicho Decreto fue mandado para su debida publicación y observancia y se le diera debido cumplimiento por parte del Presidente de los Estados Unidos Mexicanos el día 29 de noviembre de 2004, al cobrarle a mi representada el día 14 de febrero del 2005, la cantidad de ********** como se acredita con la copia certificada ante notario público de la declaración general de pago de derechos, recaudado por el órgano Servicio de Admnistración Tributaria, por conducto del banco **********, pago realizado por Ata Airlines Inc. por concepto por el uso, goce o aprovechamiento del espacio aéreo mexicano (artículo 289 de la Ley Federal de Derechos), fundándose en el Decreto citado cuya inconstitucionalidad se impugna y que después de declarada por ese H. Juzgado con tal carácter se solicita, en vía de consecuencia, la devolución de dicha cantidad, más la entrega de los accesorios e intereses legales que conforme al Código Fiscal de la Federación correspondan al momento de su reintegro. Asimismo, también se solicita desde ahora las correspondientes devoluciones del conjunto de las cantidades que en lo futuro o posteriormente tenga que realizar mi representada por el mismo concepto, aunque por igual o en diferentes cantidades, y por tener la necesidad imperiosa de usar, gozar o aprovechar el espacio aéreo mexicano frecuentemente en razón del servicio público de transporte aéreo internacional, para el cual estoy autorizado como operador extranjero designado por el gobierno de los Estados Unidos Mexicanos y que se acreditará con los permisos expedidos por la autoridad Mexicana, la Dirección General de Aeronáutica Civil que más adelante se relacionan y que desde ahora impugna también mi representada su inconstitucionalidad y al tenor del contenido del presente ocurso. --- Esta protección que se solicita contra actos futuros de pagos y de devolución correspondientes tiene su fundamento en el criterio jurisprudencial emitido por el Pleno de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, Novena Época, Tomo X, noviembre de 1999, P./J.112/99, página 19 y con texto de denominación siguiente: ‘AMPARO CONTRA LEYES, SUS EFECTOS SON LOS DE PROTEGER AL QUEJOSO CONTRA SU APLICACIÓN PRESENTE Y FUTURA.’ --- Ello para no estar interponiendo amparos en relación a cada pago que realice mí representada en virtud de la necesidad que tiene de desarrollar su objeto social. --- f) De la Dirección General de Aeronáutica Civil, de la Secretaría de Comunicaciones y Transportes del Poder Ejecutivo Federal, se reclama también la emisión y publicación en el Diario Oficial de la Federación de fecha viernes 31 de diciembre del 2004 del ‘Acuerdo por el que se autorizan las distancias ortodrómicas y las envergaduras de las aeronaves, para el efecto de la aplicación de los artículos 289, 290 y 290 (sic) de la Ley Federal de Derechos’. --- Dicho Acuerdo consta de tres artículos. En el primero se señala que la Dirección General de Aeronáutica Civil, para los efectos de los artículos 289, 290 y 291 de la Ley Federal de Derechos, autoriza las distancias ortodrómicas entre los puntos coordinados dentro de la República Mexicana, que aparecen publicadas en el Diario Oficial de la Federación del 15 de febrero de 2002, así como las publicadas en el Diario Oficial de la Federación del 15 de febrero de 2002, así como las publicadas en el Diario Oficial de la Federación del 27 de febrero de 2004. En el Segundo se dice que la Dirección General de Aeronáutica Civil, para los efectos de los artículos 289, 290 y 291 de la Ley Federal de Derechos, autoriza las siguientes envergaduras y en un cuadro se señalan cuatro tipos de aeronaves grandes, cuatro tipos de aeronaves pequeñas tipo A y el artículo Tercero que ordena se publique dicho Acuerdo en el Diario Oficial de la Federación para los efectos de los artículos 289, 290 y 291 de la Ley Federal de Derechos. --- g) Reclamo a nombre de mi representada de las autoridades señaladas como responsables, todos los efectos o consecuencias que se deriven o puedan derivarse de los actos reclamados ya señalados. Asimismo, se impugna desde ahora cualquier procedimiento de ejecución que pretendan derivar de dichas liquidaciones las autoridades señaladas como ejecutoras por sí o a través de cualquiera de sus unidades administrativas, en cumplimiento de las resoluciones cuya constitucionalidad se impugna.”

SEGUNDO. La parte quejosa consideró violadas en su perjuicio las garantías consagradas en los artículos 14, 16 y 31, fracción IV, de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, narró los antecedentes del caso y expresó los conceptos de violación que estimó pertinentes.
TERCERO. Por razón de turno tocó conocer de la demanda de garantías al Juzgado Décimo Tercero de Distrito en Materia Administrativa en esta capital, quien por auto de cuatro de marzo de dos mil cinco la registró con el número 316/2005. Tramitado el juicio, pronunció sentencia el cuatro de mayo de dicho año, la cual autorizó el quince de junio de dos mil cinco, cuyos puntos resolutivos son los siguientes:
PRIMERO. Se sobresee en el juicio en término (sic) de los considerandos tercero y quinto. --- SEGUNDO. La Justicia de la Unión ampara y protege a Ata Airlines inc., respecto de los actos atribuidos al Congreso de la Unión, integrado por la Cámara de Senadores y la Cámara de Diputados, al Presidente de los Estados Unidos Mexicanos, y Secretario de Gobernación, consistentes, en el ámbito de su respectiva competencia, en la aprobación, expedición, promulgación y refrendo del Decreto por el que se reforman, adicionan y derogan diversas disposiciones de la Ley Federal de Derechos, específicamente el artículo 289, fracción I, vigente para dos mil cinco, y su primer acto concreto de aplicación, la cual se hace extensiva a los arábigos, 290, 291, fracción I, 292 y el Acuerdo por el que se autorizan las distancias ortodrómicas y las envergaduras de las aeronaves, publicado en el Diario Oficial de la Federación el treinta y uno de diciembre de dos mil cuatro, en los términos expresados en el último considerando de este fallo.”
Las consideraciones en que se apoyó el Juez de Distrito para emitir dicho fallo, en la parte que interesan para sustentar el sentido de esta resolución, son del tenor siguiente:
SÉPTIMO. En ese sentido, del estudio integral de los dos motivos de agravio esgrimidos en el escrito de demanda, se advierte que la parte quejosa esencialmente se duele de lo siguiente: --- a) Que los artículos 289, 290, 291 y 292 de la Ley Federal de Derechos, transgreden en su perjuicio las garantías de proporcionalidad y equidad tributarias, consagradas en el artículo 31, fracción IV de nuestra Carta Magna, ya que para establecer la cuota o monto a pagar por el uso, goce o aprovechamiento del espacio aéreo, por cada una de las aeronaves, se debe considerar exclusivamente el servicio que presta el Estado a través del Servicio de la Navegación en el Espacio Aéreo Mexicano, la Secretaría de Comunicaciones y Transportes, la Dirección General de Aeronáutica Civil y el Servicio de Administración Tributaria, y no sustentarse en elementos ajenos a dicho servicio como son la envergadura de las aeronaves, las distancias ortodrómicas etcétera. --- b) Que los citados numerales, transgrede la garantía de legalidad tributaria prevista en el artículo 31, fracción IV de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, porque no se define uno el concepto de envergadura de la nave, que constituye uno de los elementos esenciales para la determinación del derecho. Asimismo, que el arábigo 289 de la Ley Federal de Derechos trastoca el citado principio al señalar que para el cálculo del derecho establecido en dicho numeral, se considerarán las distancias ortodrómicas que fije la Secretaría de Comunicaciones, con lo que se deja al arbitrio de una autoridad administrativa la fijación del tributo o uno de sus elementos, siendo que ello es una facultad exclusiva del Congreso de la Unión. --- Que el Acuerdo por el que se autorizan las distancias ortodrómicas y las envergaduras de las aeronaves para el efecto de la aplicación de los artículos 289, 290 y 291 de la Ley Federal de Derechos, fue emitido indebidamente por la Dirección General de Aeronáutica Civil siendo que, correspondía por disposición expresa del arábigo 289 emitirlo a la Secretaría de Comunicaciones y Transportes. --- Que se conculca el principio de supremacía previsto por el artículo 133 de nuestra Carta Magna, toda vez que el Decreto por el que se reforman, adicionan y derogan diversas disposiciones de la Ley Federal de Derechos, publicado en el Diario Oficial de la Federación el uno de diciembre de dos mil cuatro, transgrede una disposición de carácter superior dentro del jerarquía de normas de nuestro sistema legal, a saber, el convenio de Chicago de mil novecientos cuarenta y cuatro. --- Ahora bien, toda vez que en materia de amparo contra leyes tributarias, las violaciones al principio de legalidad son de estudio preferente, en primer término, se estudiará ésta. --- Es puntualmente aplicable a lo anterior, la jurisprudencia 77/99, del Pleno de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, visible en el Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, Novena Época, Tomo X, agosto de 1999, página 20, que establece: --- ‘LEGALIDAD TRIBUTARIA. EL EXAMEN DE ESTA GARANTÍA EN EL JUICIO DE AMPARO, ES PREVIO AL DE LAS DEMÁS DE JUSTICIA FISCAL.’ (Se transcribe). --- En ese tenor, esta juzgadora estima que, es fundado el concepto de violación a que se alude en el inciso b) anterior, en la parte que se relaciona con que el artículo 289, fracción I de la Ley Federal de Derechos, mismo que establece los elementos para la determinación del monto de los derechos a pagar por la prestación de servicios proporcionados por el Servicio a la Navegación en el Espacio Aéreo Mexicano, mediante la aplicación de una cuota progresiva en función a la envergadura de las aeronaves y de los kilómetros volados en distancia ortodrómica, transgrede la garantía de legalidad tributaria prevista en el artículo 31, fracción IV de nuestra Carta Magna, ya que debe aplicarse la distancia que la Dirección General de Aeronáutica Civil autorice o revise anualmente. --- Lo anterior, tomando en consideración que la distancia ortodrómica volada por una aeronave es la magnitud o base de los derechos por la prestación del servicio que otorga, constituyendo un elemento esencial de las contribuciones establecidas por los artículos señalados como violatorios de garantías, misma que al ser aplicada directamente en el monto del derecho a pagar, sin que dichas distancias o sus parámetros y procedimientos de cálculo para obtenerlas hayan emanado del Poder Legislativo, por lo que se deja a discreción de una autoridad administrativa la determinación de un factor que incide en la fijación del monto del derecho, lo que indudablemente es violatorio de garantías. --- Al respecto, debe recordarse que el principio de legalidad tributaria la legalidad tributaria significa que la carga impositiva esté prevista en una ley, con el objeto de que no se deje al arbitrio de las autoridades exactoras la fijación del tributo o uno de sus elementos esenciales. --- Esto es, tales autoridades tienen sólo la obligación de aplicar las disposiciones generales, lo que da lugar a conocer la forma cierta de contribuir al gasto público, al ser el legislador y no otro órgano quien precise los elementos esenciales del tributo. --- Es aplicable a lo anterior, la tesis 162 de Pleno de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, visible en el Apéndice de 1995, Tomo I, parte SCJN, página 165, del siguiente tenor literal: --- ‘IMPUESTOS, ELEMENTOS ESENCIALES DE LOS. DEBEN ESTAR CONSIGNADOS EXPRESAMENTE EN LA LEY.’ (Se transcribe). --- También cabe citar la jurisprudencia 168 del Pleno de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, de integración anterior, visible en el apéndice de 1995, página 169, que es del tenor literal siguiente: --- ‘IMPUESTOS, PRINCIPIO DE LEGALIDAD QUE EN MATERIA DE, CONSAGRA LA CONSTITUCIÓN FEDERAL.’ (Se transcribe). --- En otras palabras, el principio de legalidad tributaria se traduce en que la ley que crea el tributo defina expresamente y con toda precisión los elementos fundamentales que sirven para individualizarlo, tales como los sujetos activo y pasivo del tributo, el hecho imponible, la base gravable y la tasa o tarifa. --- El principio de legalidad o reserva de ley en materia tributaria tiene así el carácter de defensa de la propiedad de los ciudadanos, esto es, asegura a ésta por el hecho de que la ley formal presenta características que la hacen aparecer como el acto más idóneo para proteger los intereses de los particulares, pero sobre todo por el hecho de que la aprobación de los tributos por ley equivale a decir que dichas prestaciones coactivas vendrán impuestas por el órgano que constituye la representación política de aquellos que eventualmente deberán soportar la carga derivada de tales prestaciones. --- Asimismo, el principio de que nadie esté obligado a satisfacer tributos que no hayan sido establecidos y regulados por una ley cumple otra exigencia, que se hace consistir en la certeza o seguridad jurídica; es decir, el hecho de que la obligación de contribuir nazca únicamente como consecuencia de un hecho previsto en una norma objetiva y no en virtud de un acto discrecional de la administración de carácter singular, lo que denota un principio de racionalidad del ordenamiento y, al mismo tiempo, una garantía de certeza. --- En consecuencia, el principio de reserva de ley delimita el campo de las prestaciones tributarias y, en segundo lugar, determina los elementos de las prestaciones que se consideran esenciales a los efectos de la reserva legislativa. --- Ahora bien, doctrinariamente, se habla de que existen dos tipos de reserva de ley, la absoluta y la relativa. --- La absoluta es aquella en la que la ley es la única fuente, puesto que no permite la regulación de una determinada materia a otro tipo de normas, esto es, la materia será regulada única y exclusivamente por la ley, formada mediante el proceso legislativo. --- Mientras que, la reserva de ley relativa, tiene lugar cuando la Constitución permite que otra parte de la materia la regulen normas secundarias; sin embargo, le impone al legislador la exigencia de que se determinen expresa y limitativamente las directrices a las que dichas normas deberán ajustarse, regulándose así los aspectos o elementos esenciales de esa materia. --- La reserva de la ley relativa, en consecuencia, no es un medio por el cual la autoridad exactora pueda actuar a su libre arbitrio, ya que no puede traspasar la frontera que le delimita la propia reserva. --- Esto es, para que la ley impositiva no sobrepase la reserva de ley, esa ley debe fijar clara y precisamente los parámetros o directrices en que habrá de actuar la autoridad exactora, para el efecto de que dicha autoridad sólo aplique las disposiciones generales de observancia obligatoria dictadas antes de cada caso concreto. --- Todo lo anterior, se puede resumir en que el particular pueda, en todo momento, conocer la forma cierta de contribuir al gasto público, al ser el legislador y no otro órgano quien precise los elementos esenciales del tributo. --- En el caso, cabe establecer, en primer lugar, que el artículo 2°, fracción IV del Código Fiscal de la Federación, define el concepto de ‘derechos’ en los siguientes términos: --- ‘Artículo 2°.’ (Se transcribe). --- Mientras que, el artículo 1° de la Ley Federal de Derechos en vigor, dispone: ‘Artículo 1°’. (Se transcribe). --- De lo antes transcrito puede advertirse que el legislador ha establecido dos clases de derechos: ‘derechos por servicios’, consistentes en las contribuciones cuyo presupuesto se actualiza cuando el particular recibe servicios que presta el Estado en sus funciones de derecho público; y ‘derechos por uso de bienes del dominio público’, que son aquellas contribuciones cuyo presupuesto se actualiza cuando el particular aprovecha bienes del dominio público de la Nación. --- En segundo término, como se dijo anteriormente los artículos 289, 290, 291 y 292 de la Ley Federal de Derechos, establecen que, por el uso, goce o aprovechamiento del espacio aéreo mexicano, mediante actividades aeronáuticas locales, nacionales o internacionales, las personas físicas o morales, nacionales o extranjeras están obligadas a pagar el derecho contenido en el artículo 289; que ese derecho se calculará por el desplazamiento que, de acuerdo a la envergadura de las aeronaves, realicen durante el vuelo en ruta, pagando por cada kilómetro volado; que el cálculo de los kilómetros volados se realizará de acuerdo a la distancia ortodrómica, tratándose de vuelos nacionales, se medirán por la distancia ortodrómica comprendida entre el aeropuerto de origen y el aeropuerto de destino, los vuelos internacionales se medirán por la distancia ortodrómica comprendida desde el punto de entrada o salida, de la región de información de vuelo (FIR) hasta el aeropuerto de destino u origen nacional y, los sobrevuelos internacionales, se medirán por la distancia ortodrómica comprendida desde el punto de entrada al FIR hasta la salida del mismo; que los contribuyentes deberán presentar ante las oficinas autorizadas por el Servicio de Administración Tributaria mediante reglas de carácter general, en un término de veinte días al inicio de cada año calendario, copia de la cédula de su registro federal de contribuyentes y una relación de las aeronaves por las que se pagará el derecho; que los contribuyentes podrán optar por pagar el derecho previsto en la fracción I del artículo 289, mediante una cuota única por cada vez que le sea suministrado el combustible a la aeronave de que se trate; que la Secretaría de Comunicaciones y Transportes a través de la Dirección General de Aeronáutica Civil, publicará en el Diario Oficial de la Federación la relación en la que se dé a conocer la envergadura de las aeronaves, de acuerdo con el modelo de que se trate; que para el caso de la fracción I del artículo 289 de la Ley Federal de Derechos, el usuario deberá calcular y enterar mensualmente el derecho, a través de cualquier medio de pago autorizado por el Servicio de Administración Tributaria mediante reglas de carácter general, incluyendo la presentación de declaración, a más tardar el día 17 del mes siguiente a aquél al que corresponda el pago, entregando a la Secretaría de Comunicaciones y Transportes a través de SENEAM, dentro de los cinco días siguientes a aquél en el que se efectuó el pago, copia de la Declaración General de Pago de Derechos con el sello legible de la oficina autorizada, así como el archivo electrónico que contenga los datos de las operaciones que dieron lugar al pago del derecho. --- Para los casos de las fracciones II y III, según sea el caso, los usuarios que ejerzan la opción prevista en esas fracciones y tengan celebrado un contrato de suministro de combustible con Aeropuertos y Servicios Auxiliares o, en su caso, con el concesionario autorizado, para los efectos de la determinación del derecho, deberán realizar el entero del derecho por todas las aeronaves por las que ejercieron la opción, mediante pagos mensuales, a más tardar el día 17 del mes siguiente a aquél en el que le sea suministrado el combustible, a través de cualquier medio de pago autorizado por el Servicio de Administración Tributaria mediante reglas de carácter general, incluyendo la presentación de declaración; y, finalmente, que no se pagarán los derechos a que se refiere el Capítulo, por los vuelos que realicen las aeronaves nacionales o extranjeras que presten servicios de búsqueda o salvamento, auxilio en zonas de desastre, combate de epidemias o fumigación, ayuda médica con fines no lucrativos, los de asistencia social, y los que atiendan situaciones de emergencia, tanto nacionales como internacionales, en misiones diplomáticas acreditadas por la Secretaría de Relaciones Exteriores, siempre y cuando existan convenios de reciprocidad, vuelos de enseñanza, que realicen las escuelas de aviación, las destinadas a la verificación y certificación de radares y radioayudas a la navegación aérea propiedad de la Secretaría de Comunicaciones y Transportes, las que participen en festivales aéreos organizados por la autoridad aeronáutica, ni las que pertenezcan a las fuerzas armadas, las destinadas a la seguridad pública y nacional, así como las que no utilicen motores o turborreactores para sustentar el vuelo. --- Por lo que es inconcuso que los preceptos impugnados se refieren a los denominados ‘derechos por uso de bienes del dominio público’, pues es claro que en esos numerales se establece un derecho, cuya actualización deriva del uso del dominio público de la Nación, como lo es el espacio aéreo; lo que se desprende del artículo 289, fracción I de la Ley en mención, que establece la obligación de pagar dicha contribución a las personas físicas o morales, nacionales o extranjeras que hagan uso, goce o aprovechamiento del espacio aéreo mexicano, mediante actividades aeronáuticas locales, nacionales o internacionales. --- En este sentido es pertinente establecer que la legalidad tributaria, en tratándose de derechos, se refiere - como en los impuestos - a que la carga impositiva esté prevista en una ley, con el objeto de que no se deje al arbitrio de las autoridades exactoras la fijación del tributo o uno de sus elementos, pero, además deben de normarse de tal modo que el gobernado tenga los elementos en ley para calcular su pago. --- Al respecto, es aplicable la tesis del Pleno de la Suprema Corte de Justicia de la Nación P.XXII/95, visible en la página 37 del Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, Tomo I, junio de 1995, del rubro: --- ‘DERECHOS. PARA QUE CUMPLAN CON EL PRINCIPIO DE LEGALIDAD TRIBUTARIA BASTA CON QUE SUS ELEMENTOS ESENCIALES SE CONSIGNEN EXPRESAMENTE EN UNA LEY, AUN CUANDO ESTA SEA LA DE INGRESOS.’ (Se transcribe). --- Ahora bien, es claro que el principio de legalidad tributaria se traduce en que la ley que crea la contribución defina los elementos fundamentales que sirven para individualizarlo, tales como el sujeto, la base gravable y la tasa o tarifa. --- En este contexto el artículo 289, fracción I, de la Ley Federal de Derechos prevé que por el uso, goce o aprovechamiento del espacio aéreo mexicano, mediante actividades aeronáuticas locales, nacionales o internacionales, las personas físicas o morales, nacionales o extranjeras están obligadas a pagar el derecho contenido en ese numeral, mismo que se calculará por el desplazamiento que, de acuerdo a la envergadura de las aeronaves, realicen durante el vuelo en ruta, por cada kilómetro volado, el que se deducirá de acuerdo a las distancia ortodrómicas que serán fijadas por la Secretaría de Comunicaciones y Transportes. --- Siendo optativa la elección del régimen de contribución, en el presente caso, la quejosa, Ata Airlines inc., optó por el previsto en la fracción I del numeral 289 indicado, que, como se indicó, prevé que por el uso, goce o aprovechamiento del espacio aéreo mexicano, mediante actividades aeronáuticas locales, nacionales o internacionales, las personas físicas o morales, nacionales o extranjeras están obligadas a pagar el derecho contenido en ese numeral, mismo que se calculará por el desplazamiento que, de acuerdo a la envergadura de las aeronaves, realicen durante el vuelo en ruta, por cada kilómetro volado, el que se deducirá de acuerdo a las distancia ortodrómicas, distancia que será determinada por la autoridad administrativa. --- Por lo que, resulta fundado el concepto de violación en estudio, pues el artículo 289, fracción I de la Ley Federal de Derechos transgrede el principio de legalidad tributaria, por lo que a continuación se expone: --- Del contenido de la fracción I del numeral 289 de la Ley Federal de Derechos se advierte que es la Secretaría de Comunicaciones y Transportes quien determina cuál es la distancia ortodrómica y, además, cuenta con la facultad de revisarla cada año, de lo que es notorio que se viola la garantía de legalidad tributaria, pues uno de los elementos del tributo se deja al arbitrio de una autoridad administrativa. --- La distancia ortodrómica es un elemento que incide de manera inmediata y directa en la determinación del derecho por la prestación del servicio de aeronavegación, elemento que es determinado por una autoridad administrativa como lo es la Secretaría de Comunicaciones y Transportes; por ende, se viola el artículo 31, fracción IV constitucional, ya que se deja al arbitrio de la autoridad administrativa un factor que incide en el cálculo del derecho a recaudar. --- Sin que sea obstáculo a lo anterior el hecho de que las distancias ortodrómicas que se apliquen para el cálculo de los derechos se publiquen en el Diario Oficial de la Federación, ya que tal circunstancia no altera de modo alguno el que la autoridad administrativa es quien determina tal factor, pues si el legislador delegó en la norma reclamada al ejecutivo, la facultad de determinar un elemento esencial para el cálculo del derecho por la prestación del servicio de aeronavegación, se transgrede el principio de legalidad tributaria, en virtud de que se delega en una autoridad administrativa la determinación de uno de los elementos esenciales del impuesto, como es la distancia ortodrómica, mismo que debe ser fijado por el legislador. --- Sobre esa hipótesis, es aplicable la tesis 1ª, LIX/2004 sustentada por la Primera Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, consultable en el Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, Novena Época, tomo XIX, mayo de 2004, página 511, del siguiente rubro y texto: --- ‘DERECHOS POR LA PRESTACIÓN DE SERVICIOS EN EL ESPACIO AÉREO MEXICANO. EL ARTÍCULO 150-A DE LA LEY FEDERAL RELATIVA VIGENTE EN 2003 QUE ESTABLECE SU PAGO, VIOLA LA GARANTÍA DE LEGALIDAD TRIBUTARIA AL PREVER QUE LA DIRECCIÓN GENERAL DE AERONÁUTICA CIVIL DETERMINARÁ UNO DE LOS ELEMENTOS DE LA BASE GRAVABLE DEL TRIBUTO.’ (Se transcribe). --- Se sostiene que el criterio anterior aplica en la especie, aun cuando se refiere al texto del artículo 150-A, de la Ley Federal de Derechos vigente en dos mil tres; ello en razón de que si bien ese precepto fue modificado para el presente año por el decreto que en esta vía se reclama, y que tal supuesto ahora se prevé en el artículo 289, fracción I de la ley en vigor, se estima que al prever la misma mecánica para la determinación de uno de los elementos de la contribución se reitera el vicio de inconstitucionalidad detectado, pues en la actualidad, se sigue dejando al arbitro de una autoridad administrativa como lo es la Dirección General de Aeronáutica Civil de la Secretaría de Comunicaciones y Transportes, la fijación de uno de los elementos esenciales del derecho por el uso, goce o aprovechamiento del espacio aéreo mexicano como son las distancias ortodrómicas. --- En estas condiciones, al resultar esencialmente fundado el concepto de violación estudiado, es decir, al ser inconstitucional el artículo 289, fracción I de la Ley Federal de Derechos, por las consideraciones antes señaladas, procede otorgar el amparo y protección de la Justicia de la Unión a la quejosa Ata Airlines inc, en su carácter de concesionaria para prestar el servicio público de transporte aéreo internacional, respecto de los actos atribuidos al Congreso de la Unión, integrado por la Cámara de Senadores y la Cámara de Diputados, al Presidente de los Estados Unidos Mexicanos, y Secretario de Gobernación, consistentes, en el ámbito de su respectiva competencia, en la aprobación, expedición, promulgación y refrendo del Decreto por el que se reforman, adicionan y derogan diversas disposiciones de la Ley Federal de Derechos, específicamente el artículo 289, fracción I, vigente para dos mil cinco. --- Ahora bien, tomando en consideración que el citado numeral, respecto del cual se ha otorgado la protección constitucional, forma un sistema para el cálculo del derecho por el uso, goce o aprovechamiento del espacio aéreo mexicano, con relación a los arábigos 290, 291, fracción I, 292 y el Acuerdo por el que se autorizan las distancias ortodrómicas y las envergaduras de las aeronaves, publicado en el Diario Oficial de la Federación el treinta y uno de diciembre de dos mil cuatro, la concesión se hace extensiva a tales disposiciones de carácter general, lo anterior si se toma en consideración que uno de los elementos para la determinación del impuesto, ha sido declarado violatorio al principio de legalidad tributaria, por lo que se tiene que todas las operaciones que se sustenten incluyendo dicho valor, también devienen inconstitucionales. --- En tal virtud, en términos del artículo 80 de la Ley de Amparo, las consecuencias jurídicas del otorgamiento del amparo se traducen en la devolución, a través de la unidad administrativa del Servicio de Administración Tributaria que corresponda, del importe que la empresa quejosa haya pagado con motivo de lo dispuesto por los artículos 289, fracción I, 290, 291, fracción I, y 292 de la Ley Federal de Derechos, así como el Acuerdo por el que se autorizan las distancias ortodrómicas y las envergaduras de las aeronaves, publicado en el Diario Oficial de la Federación el treinta y uno de diciembre de dos mil cuatro, a partir del catorce de febrero de dos mil cinco, fecha en que aconteció el primer acto de aplicación de los dispositivos legales antes aludidos, así como que, le devuelva las cantidades que se hubiesen enterado por dicho concepto durante la sustanciación del presente juicio, y en lo futuro, se abstenga de enterar el aludido tributo, mientras los citados arábigos se encuentren vigentes. --- En sustento a lo anterior se invoca la tesis ejecutoria emitida por la Segunda Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, visible en la página 347, tomo V, febrero de 1997, de la Novena Época, del Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, con el rubro y texto siguientes: --- ‘LEYES FISCALES, AMPARO CONTRA. LA SENTENCIA QUE OTORGA LA PROTECCIÓN CONSTITUCIONAL OBLIGA A LAS AUTORIDADES RESPONSABLES EJECUTORAS A DEVOLVER LAS CANTIDADES ENTERADAS COMO ACTOS DE APLICACIÓN DE LAS MISMAS.’ (Se transcribe). --- También sirve de apoyo la jurisprudencia emitida por el Pleno de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, publicada en la página 19, tomo X, noviembre de 1999, de la Novena Época del Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, con el texto siguiente: --- ‘LEYES, AMPARO CONTRA. EFECTOS DE UNA SENTENCIA QUE LO OTORGA, SON LOS DE QUE PROTEGEN AL QUEJOSO CONTRA SU APLICACION PRESENTE Y FUTURA.’ (Se transcribe). --- Siendo suficiente el motivo de inconstitucionalidad examinado en el presente considerando para conceder el amparo, no es el caso analizar los restantes conceptos de violación expresados en relación con los diversos numerales de la Ley Federal de Derechos, ya que su examen no variaría el sentido de la presente resolución y el quejoso no podría obtener mayores beneficios que la concesión del amparo por lo que respecta al artículo 298, fracción I del mismo ordenamiento legal, que se ha conferido. --- En este sentido es aplicable la tesis jurisprudencial consultable en la página 86, tomo VII-abril del Semanario Judicial de la Federación, Octava Época, con el rubro y texto siguientes: --- ‘CONCEPTOS DE VIOLACIÓN. CUANDO SU ESTUDIO ES INNECESARIO.’ (Se transcribe).”
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