Amparo en revisióN 75/2009 quejosaS: Y



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AMPARO EN REVISIÓN 75/2009

QUEJOSaS: *********** Y ***********

PONENTE: MINISTRO JOSÉ RAMÓN COSSÍO DÍAZ

SECRETARIA: FRANCISCA MARÍA POU GIMéNEZ

SÍNTESIS

AUTORIDADES RESPONSABLES: 1) Congreso de la Unión, 2) Presidente Constitucional de los Estados Unidos Mexicanos, 3) Secretario de Gobernación, 4) Director del Diario Oficial de la Federación, y 5) Juez Noveno de Distrito en Materia Civil en el Distrito Federal.
ARTÍCULOS RECLAMADOS: 1) Los artículos 1, 2 y 14 de la Ley Federal de Responsabilidad Patrimonial del Estado y 2) La sentencia interlocutoria dictada el siete de marzo de dos mil ocho dentro del juicio civil ordinario 121/2005-A por el Juez Noveno en Materia Civil del Distrito Federal, por medio del cual se declaró parcialmente fundado el incidente de ejecución de sentencia, por lo que se requirió a la demandada, Compañía de Luz y Fuerza del Centro, a pagar a cada uno de los actores incidentistas una determinada cantidad por concepto de indemnización de daño moral.

SENTIDO DE LA SENTENCIA RECURRIDA: Niega el amparo en la otra.
RECURRENTE: La parte quejosa.
EL PROYECTO CONSULTA:
En las consideraciones:
Esta Sala estima que la materia de la presente revisión se constriñe a analizar la constitucionalidad del artículo 14, fracción II de la Ley Federal de Responsabilidad Patrimonial del Estado, ya que los argumentos de la recurrente se limitan principalmente para concluir que el límite máximo que establece los montos indemnizatorios a que puede ser condenado el Estado por daño moral viola el derecho subyacente a la figura sobre el cual se establece dicho límite: el derecho a una indemnización por el daño moral producido por la actividad administrativa irregular del Estado, contenido en el artículo 113 de la Constitución Federal.
Esta Sala ha determinado que los derechos constitucionales no son absolutos, sino que admiten restricciones. Sin embargo, la regulación de estas restricciones no debe ser desproporcionada ni arbitraria. Para analizar la justificación de una restricción a un derecho constitucional, esta Sala ha determinado que la medida legislativa debe superar tres pasos: 1) debe ser admisible constitucionalmente, esto es, debe introducirse para la consecución de un objetivo contemplado en la Constitución, 2) debe ser una medida idónea, lo que implica que la restricción debe ser necesaria para la consecución del fin inicialmente propuesto y 3) debe ser proporcional respecto a la afectación que hace en otros bienes o intereses constitucionales.
Esta Sala considera que el límite establecido en el artículo 14, fracción II, segundo párrafo de la Ley Federal de Responsabilidad Patrimonial del Estado satisface el primer requisito. El establecimiento de un límite a la responsabilidad patrimonial del Estado es un contenido permitido expresamente en la parte final del segundo párrafo del artículo 113 constitucional, cuya regulación se delega al legislador ordinario. Sin embargo, no sólo por esta razón se debe considerar que este primer requisito se satisface, pues es necesario constatar que el establecimiento de dicho límite no es arbitrario, sino que responde a la consecución de un fin ulterior justificado. Este fin se desprende de la exposición de motivos de la ley respectiva, el cual se hizo consistir en evitar que en la realidad los particulares interpongan reclamos injustificados y obtengan indemnizaciones excesivas. Este fin debe considerarse justificado, pues una medida que pretenda encauzar las indemnizaciones justas que debe pagar el Estado para atender aquellos reclamos justificados, es una medida que tiende a cumplir los fines mismos del artículo 113 constitucional.
Sin embargo, el segundo requisito del estándar constitucional utilizado no lo satisface la norma impugnada: el límite establecido en dicha norma no es instrumentalmente idóneo para lograr que se erradique de la realidad los reclamos injustificados de las personas, ni impide que se emitan indemnizaciones excesivas. El establecimiento de un límite tan sólo tiene como fin delimitar la cantidad de la indemnización máxima que las personas pueden obtener, pero no asegura que los reclamos de los particulares a los cuales se debe aplicar son o no justificados, ni tampoco asegura que las cantidades finalmente determinadas por los jueces no sean excesivas. Estos fines, sin embargo, se cumplen adecuadamente con otras dos medidas establecidas en la ley: 1) la estructura de procedencia de los reclamos de los particulares, los cuales delimitan el trámite jurídico de las peticiones de los particulares a aquellos considerados justos y 2) los criterios individualizadores de las indemnizaciones que vinculan a la autoridad aplicadora a determinar indemnizaciones que sean justas y proporcionales. Por tanto, si el límite de la norma impugnada es instrumentalmente inadecuado para logar el fin propuesto por el legislador e, incluso, el mismo resulta innecesario, debe concluirse su inconstitucionalidad.
En los puntos resolutivos:

PRIMERO. En la materia de la revisión, competencia de esta Primera Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, se revoca la sentencia recurrida.
SEGUNDO. La Justicia de la Unión ampara y protege a *********** y ***********contra el artículo 14, fracción segunda, segundo párrafo de la Ley Federal de Responsabilidad Patrimonial del Estado.
TERCERO. Se reserva jurisdicción al Décimo Tribunal Colegiado en Materia Civil del Primer Circuito para que conozca de las cuestiones de legalidad planteados en el presente recurso, en los términos del último considerando de esta sentencia.
“RESPONSABILIDAD PATRIMONIAL DEL ESTADO OBJETIVA Y DIRECTA. SU SIGNIFICADO EN TÉRMINOS DEL SEGUNDO PÁRRAFO DEL ARTÍCULO 113 DE LA CONSTITUCIÓN POLÍTICA DE LOS ESTADOS UNIDOS MEXICANOS.” (pág.31)
“RESTRICCIONES A LOS DERECHOS FUNDAMENTALES. ELEMENTOS QUE EL JUEZ CONSTITUCIONAL DEBE TOMAR EN CUENTA PARA CONSIDERARLAS VÁLIDAS.” (pág. 44)

AMPARO EN REVISIÓN 75/2009

QUEJOSaS: *********** Y ***********

PONENTE: MINISTRO JOSÉ RAMÓN COSSÍO DÍAZ

SECRETARIA: FRANCISCA MARÍA POu GIMéNEZ

México, Distrito Federal. Acuerdo de la Primera Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, correspondiente al día dieciocho de marzo de dos mil nueve.


V I S T O S; para resolver los autos del amparo en revisión número 75/2009; y
R E S U L T A N D O QUE:
PRIMERO. Presentación de la demanda. Por escrito presentado el nueve de abril de dos mil ocho ante la Oficina de Correspondencia Común de los Juzgados de Distrito en Materia Civil en el Distrito Federal, *********** y ***********, por su propio derecho, solicitaron el amparo y protección de la Justicia Federal, en contra de las autoridades y los actos que a continuación se indican:
AUTORIDADES RESPONSABLES:


  1. Congreso de la Unión.

  2. Presidente Constitucional de los Estados Unidos Mexicanos.

  3. Secretario de Gobernación.

  4. Director del Diario Oficial de la Federación.

  5. Juez Noveno de Distrito en Materia Civil en el Distrito Federal.


ACTOS RECLAMADOS:
1. Los artículos 1, 2 y 14 de la Ley Federal de Responsabilidad Patrimonial del Estado
2. La sentencia interlocutoria dictada el siete de marzo de dos mil ocho dentro del juicio civil ordinario 121/2005-A por el Juez Noveno de Distrito en Materia Civil del Distrito Federal, por medio del cual se declaró parcialmente fundado el incidente de ejecución de sentencia, por lo que se requirió a la demandada, Compañía de Luz y Fuerza del Centro, a pagar a cada uno de los actores incidentistas una determinada cantidad por concepto de indemnización de daño moral.
En su escrito de demanda, la parte quejosa señaló como tercero perjudicado al organismo descentralizado de la administración pública federal, la Compañía de Luz y Fuerza del Centro.
SEGUNDO. Preceptos constitucionales que se estiman violados. La parte quejosa señaló como garantías individuales violadas en su perjuicio las consagradas en los artículos 1 y 17 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos; narró los antecedentes de los actos reclamados y expuso los conceptos de violación que estimó pertinentes.
TERCERO. Trámite del juicio de amparo. Por auto de diez de abril de dos mil ocho, la Juez Tercero de Distrito en Materia Civil en el Distrito Federal, a quien correspondió conocer del asunto por razón de turno, admitió a trámite la demanda de garantías y ordenó su registro con el número 261/2008.
Previos los trámites de ley, la Juez de Distrito celebró la audiencia constitucional el dieciséis de junio de dos mil ocho y dictó sentencia que terminó de engrosar el once de septiembre de dos mil ocho, en la que determinó negar el amparo.
CUARTO. Trámite del recurso de revisión. Inconforme con la anterior resolución, por escrito presentado el tres de octubre de dos mil ocho ante el Juzgado Tercero de Distrito en Materia Civil en el Distrito Federal, la parte quejosa interpuso recurso de revisión. Por auto del nueve del mismo mes, la Juez de Distrito tuvo por interpuesto dicho recurso y ordenó remitir los autos al Tribunal Colegiado de Circuito en turno para su substanciación.
El catorce de octubre de dos mil ocho, el Presidente del Décimo Tribunal Colegiado en Materia Civil del Primer Circuito, al que por cuestión de turno correspondió conocer del asunto, admitió a trámite el recurso de revisión, ordenando su registro con el número 302/2008.
En sesión de catorce de enero de dos mil nueve, el Tribunal Colegiado dictó resolución en la que se declaró legalmente incompetente para conocer del recurso de revisión, por lo que remitió los autos a esta Suprema Corte de Justicia de la Nación para el trámite legal correspondiente.
QUINTO. Trámite ante la Suprema Corte de Justicia de la Nación. Por auto de veintiséis de enero de dos mil nueve, el Presidente de la Suprema Corte de Justicia de la Nación asumió la competencia originaria de este Alto Tribunal para conocer del recurso de revisión y ordenó dar vista a las partes y al Procurador General de la República para que formulara el pedimento correspondiente. En el mismo acuerdo se ordenó la remisión del asunto a esta Primera Sala, en virtud de que la materia del asunto corresponde a su especialidad. Posteriormente, el diez de febrero de dos mil nueve, el Presidente de esta Primera Sala determinó el avocamiento del asunto y turnó el expediente para la elaboración del proyecto respectivo al Ministro José Ramón Cossío Díaz.
Por el oficio V/17/2009 recibido en esta Suprema Corte el seis de febrero de dos mil nueve, el Agente del Ministerio Público de la Federación asignado para intervenir en el presente asunto formuló pedimento en el sentido de confirmar la sentencia recurrida y negar el amparo a la parte quejosa.
C O N S I D E R A N D O :
PRIMERO. Competencia. Esta Primera Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación es competente para conocer del presente recurso de revisión, en términos de lo dispuesto en los artículos 107, fracción VIII, inciso a), de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos; 84, fracción I, inciso a), de la Ley de Amparo; 21, fracción XI, de la Ley Orgánica del Poder Judicial de la Federación, y conforme a lo previsto en el punto cuarto, en relación con el tercero, fracción II, y cuarto del Acuerdo General Plenario 5/2001, publicado en el Diario Oficial de la Federación el veintinueve de junio de dos mil uno, en virtud de que el recurso de revisión se interpuso en contra de una sentencia dictada por un Juez de Distrito en la audiencia constitucional de un juicio de amparo, en el que se cuestiona la constitucionalidad del segundo párrafo de la fracción II del artículo 14 de la Ley Federal de Responsabilidad Patrimonial del Estado.
SEGUNDO. Oportunidad. Dado que el Tribunal Colegiado no estudio la oportunidad de la interposición del recurso de revisión, esta Sala procede analizar este punto.
El recurso de revisión fue interpuesto en tiempo, pues la sentencia se notificó por lista a la parte quejosa el jueves dieciocho de septiembre de dos mil ocho, surtiendo efectos el viernes diecinueve siguiente, por lo que el término de diez días, que el artículo 86 de la Ley de Amparo concede para interponer el recurso de revisión, corrió en el presente caso del lunes veintidós de septiembre al viernes tres de octubre de dos mil ocho, descontándose del cómputo anterior los días veinte, veintiuno, veintisiete y veintiocho de septiembre del dos mil ocho, por ser sábados y domingos, inhábiles en términos del artículo 23 de la Ley de Amparo. En consecuencia, si el presente recurso de revisión fue interpuesto el tres de octubre de dos mil ocho, se concluye que dicha interposición fue oportuna.
TERCERO. Cuestiones necesarias para resolver el asunto.
1. Antecedentes. El presente asunto deriva de un juicio ordinario civil, en el cual la parte quejosa demandó a la tercero perjudicada, Compañía de Luz y Fuerza del Centro, organismo descentralizado de la Administración Pública Federal, el pago de una indemnización por daño moral, así como la responsabilidad civil objetiva, basándose en la afirmación de que la muerte de su hija fue responsabilidad de dicha entidad pública.

Seguidos los trámites legales correspondientes, el juez civil federal de la causa dictó sentencia en la que, por una parte, determinó que no era procedente entrar al fondo de la acción de responsabilidad civil objetiva intentada por la parte actora y, por la otra, declaró procedente y acreditada la acción autónoma de daño moral y condenó a la demandada al pago de la indemnización correspondiente, cuantificable en el periodo de ejecución de la sentencia, así como al pago de las costas procedentes.


Posteriormente, luego de confirmarse dicha resolución por el Primer Tribunal Unitario en Materias Civil y Administrativa del Primer Circuito —salvo lo referente a las costas, respecto de la cual se modificó para el efecto de no condenar a la demandada a su pago— y haberse negado el amparo contra dicha sentencia por el Décimo Tribunal Colegiado en Materia Civil del Primer Circuito, la parte actora promovió el incidente de ejecución de sentencia, el cual, se resolvió, luego del trámite legal correspondiente, en el sentido de condenar a la parte demandada al pago del monto máximo establecido en el artículo 14 de la Ley Federal de Responsabilidad Patrimonial del Estado, el cual establece en el segundo párrafo de su segunda fracción lo siguiente: “La indemnización por daño moral que el Estado esté obligado a cubrir no excederá del equivalente a 20,000 veces el salario mínimo general diario vigente en el Distrito Federal, por cada reclamante afectado”.
Previo a la emisión de la sentencia interlocutoria en el mencionado incidente, la parte actora solicitó la apertura de una etapa probatoria con el fin de aportar elementos para el cálculo de la indemnización a que tiene derecho. Esta solicitud fue negada por el juez civil de la causa, y apelada ante el tribunal de alzada, quien confirmó en sus términos la negativa de la juez.
Contra la forma en que la juez civil resolvió el incidente de ejecución de sentencia, la parte actora interpuso el juicio de amparo, del cual deriva el presente recurso.
2. Conceptos de violación. En sus conceptos de violación, la parte quejosa argumentó, en esencia, lo siguiente:
a) En su primer concepto de violación, la parte quejosa alegó que los artículos 1, 2 y 14 de la Ley Federal de Responsabilidad del Estado violan la garantía de igualdad y no discriminación, consagradas en los artículos 1° y 113 de la Constitución Federal.
La quejosa trajo a colación los criterios emitidos por esta Suprema Corte sobre el principio de igualdad y, posteriormente, señaló que el artículo 4 del Código Federal de Procedimientos Civiles establece que dentro del procedimiento judicial la Administración Pública Federal tendrá, en cualquier forma en que intervenga, la misma situación que las otras partes, disposición que, en su opinión, es congruente con la garantía de igualdad y no discriminación.
La quejosa argumentó que los preceptos impugnados violan el principio de igualdad, ya que rompen con el imperativo de que los gobernados y justiciables deben ser iguales ante la ley. En su opinión, cualquier persona, categoría que incluye personas físicas o morales, particulares u oficiales, es susceptible de causar un daño moral a otra. Sin embargo, el artículo 14, fracción II de la mencionada ley establece que la indemnización por daño moral que el Estado esté obligado a cubrir no excederá del equivalente a veinte mil veces el salario mínimo general diario vigente en el Distrito Federal, por cada reclamante, en contra del imperativo constitucional, según el cual los gobernados deben ser tratados en la misma forma que todos los demás, tanto en aspectos sustantivos como adjetivos, y violatorio, en consecuencia, del correlativo deber de la autoridad de garantizar un trato idéntico para todas las personas ubicadas en las mismas circunstancias.
La quejosa subrayó que el artículo 1916 del Código Civil Federal establece el criterio para determinar la indemnización generada por daño moral, el cual obliga a tomar en consideración los valores lesionados, el grado de responsabilidad, la situación económica del responsable y de la víctima y las demás circunstancias del caso. Recordó que su caso se deriva de una condena al Estado a compensar el daño moral causado por la muerte de su hija y señaló que de haberse tratado de cualquier persona distinta al Estado, muy probablemente el juez civil hubiera condenado a una indemnización mucho mayor al límite que establece el precepto legal impugnado, valorando cada uno de los criterios establecidos en el citado precepto del Código Civil Federal.
Para la quejosa, el límite al que se puede condenar al Estado por daño moral se constituye en una discriminación que atenta contra su dignidad, —dado que el daño provocado consistió en la pérdida de su hija por la acción negligente de una de sus dependencias—.
Señaló que, según lo establece la exposición de motivos del legislador ordinario, el fin de establecer un límite al monto a que puede ser condenado el Estado por daño moral es evitar los abusos por parte de los administrados, que repercutirían negativamente en las finanzas públicas y desvirtuaría la finalidad de la institución de la responsabilidad patrimonial del Estado. Sin embargo, en su opinión, esta justificación del límite señalado no se encuentra contemplada en los artículos 1 y 17 de la Constitución Federal. Afirmó que este tipo de medidas pueden hacer nugatoria cualquier reclamación efectuada contra el Estado, en contra de su derecho al acceso a la justicia completa e imparcial y su dignidad. En otras palabras, concluyó que con el pretexto de proteger las finanzas del Estado, se justifican los atropellos estatales en contra de los gobernados “lo cual se encuentra lejos de las disposiciones y el espíritu del segundo párrafo del artículo 113 de la Constitución”.
b) En su segundo concepto de violación, la quejosa argumentó que los artículos impugnados de la Ley Federal de Responsabilidad Patrimonial del Estado violan el derecho de acceso a la justicia completa e imparcial, establecido en el artículo 17 de la Constitución Federal.
La quejosa señaló que la Segunda Sala de esta Suprema Corte ha determinado que la mencionada garantía constitucional incluye los siguientes dos elementos: i) justicia completa, consistente en que la autoridad que conoce del asunto emita un pronunciamiento respecto de todos y cada uno de los puntos debatidos, y ii) la justicia imparcial, consistente en la emisión de una resolución apegada a derecho y sin favoritismo respecto de alguna de las partes o arbitrariedad en su sentido. Citó en apoyo de su argumentación la tesis de jurisprudencia de la Segunda Sala, de rubro: “ACCESO A LA IMPARTICIÓN. EL ARTÍCULO 17 DE LA CONSTITUCIÓN POLÍTICA DE LOS ESTADOS UNIDOS MEXICANOS ESTABLECE DIVERSOS PRINCIPIOS QUE INTEGRAN LA GARANTÍA INDIVIDUAL RELATIVA, A CUYA OBSERVANCIA ESTÁN OBLIGADAS LAS AUTORIDADES QUE REALIZAN ACTOS MATERIALMENTE JURISDICCIONALES”.

En este apartado, la quejosa también señaló que el artículo 4 del Código Federal de Procedimientos Civiles establece la igualdad procesal de los particulares con la Administración Pública Federal, lo cual es congruente, en su opinión, con el derecho constitucional de acceso a la justicia. Para la quejosa, siendo susceptible la Administración Pública de causar daño moral a los gobernados y encontrándose ambos en un plano de igualdad ante la autoridad jurisdiccional, ésta debe responder, sin limitación alguna, sin favoritismo y sin protecciones injustificadas, de las consecuencias de los actos causados por sus servidores públicos, en la forma en que lo haría cualquier justiciable. Así, el artículo 14 de la Ley Federal de Responsabilidad Patrimonial del Estado, al establecer un trato parcial y favoritista en beneficio de la Administración Pública Federal, es claro que viola la Constitución Federal.


c) En su tercer concepto de violación, la quejosa alegó que la sentencia interlocutoria emitida por la Juez Noveno en Materia Civil en el Distrito Federal el siete de marzo de dos mil ocho viola las garantías de legalidad y seguridad jurídica, establecidas en los artículos 14 y 16 de la Constitución Federal. Lo anterior, toda vez que la misma se emitió sin haberse abierto un periodo probatorio en el que se pudiera acreditar lo referente a la individualización de la indemnización correspondiente.
En este concepto de violación, la quejosa alegó violaciones a los artículos 58, 219, 222, 358 y 360 del Código Federal de Procedimientos Civiles, argumentando esencialmente deficiencias de fundamentación y motivación de la autoridad judicial.
d) En su cuarto concepto de violación, la parte quejosa argumentó que la autoridad jurisdiccional violó en su perjuicio los artículos 14 y 16 de la Constitución Federal. Lo anterior, pues, en su opinión, la juez civil no individualizó correctamente la indemnización generada por daño moral, insistiendo, en la omisión ilegal de no abrir un periodo probatorio.
3. Sentencia del Juez de Distrito. El Juez de Distrito contestó los argumentos de la parte quejosa, determinado, en esencia, lo siguiente:
a) En primer lugar, el Juez de Distrito señaló que los artículos 1, 2 y 14 de la Ley Federal de Responsabilidad Patrimonial del Estado no violan la garantía de igualdad y no discriminación, establecidos en los artículos 1 y 13 de la Constitución Federal.
Para fundamentar lo anterior, el juez trajo a colación la definición de daño moral, establecida en el artículo 1916 del Código Civil Federal, que establece que es la afectación que una persona sufre en sus sentimientos, afectos, creencias, decoro, honor, reputación, vida privada, configuración y aspectos físicos, o bien, en la consideración que de sí misma tienen los demás. Con base en lo anterior, señaló que la indemnización del daño moral busca reparar las lesiones sufridas en los derechos extrapatrimoniales.
El Juez determinó que a diferencia de la indemnización en el caso de daño material, la indemnización por daño moral no busca el resarcimiento o reparación, sino más correctamente la compensación o satisfacción del daño producido.
En este contexto, el juez determinó que es necesario reconocer que en la individualización de la indemnización por daño moral el juez de la causa goza con un amplio arbitrio, esto es, de una libre apreciación para fijar el monto correspondiente, porque su forma de cualificación varía significativamente respecto de la forma de cuantificar la indemnización por daño material, en la que, a diferencia de la primera, existen parámetros objetivos.
Así, para determinar una indemnización por daño moral, el artículo 1916 del Código Civil Federal requiere del juez la utilización de las reglas de la lógica y la experiencia, en la apreciación de los derechos lesionados, el grado de responsabilidad, la situación económica del responsable y de la víctima, así como las demás circunstancias del caso.
Con base en lo anterior, el juez concluyó que los artículos impugnados no violan los artículos 1 y 17 de la Constitución Federal, pues de su contenido se desprende que se limitan a establecer el objeto de la ley, la definición del concepto de “actividad administrativa irregular”, la responsabilidad patrimonial del Estado por los daños que ocasione y el listado de los entes públicos federales sujetos a este tipo de responsabilidad. Es decir “regulan la responsabilidad del Estado cuando causen un daño a los gobernados; por lo que en nada se contraponen con las garantías de igualdad y justicia referidas en la Constitución y su finalidad es tratar en un plano de igualdad al Estado respecto a los gobernantes”.
El juez determinó que el artículo 14 de la Ley Federal de Responsabilidad Patrimonial del Estado no viola la garantía de no discriminación establecida en el artículo 1° de la Constitución Federal, ya que no establece ningún trato diferenciado motivado por la raza, la religión, el sexo o el origen social. Lo anterior también en los términos de la Ley de Derechos y Cultura Indígenas.
El juez concluyó que el artículo 14 de la Ley Federal de Responsabilidad Patrimonial del Estado tampoco viola el principio de igualdad. Para fundamentar esta conclusión, el juez trajo a colación la exposición de motivos de la ley, en la que, respecto del precepto impugnado, se dijo “por lo que cuando el Estado resultara responsable patrimonialmente por daño moral, sería inequitativo aplicarle el criterio señalado en el Código Civil Federal a efecto de fijar el monto de la indemnización que deba cubrir, ya que tomando en cuenta la dificultad que existe para determinar su capacidad económica y ante la circunstancia de que el Estado se presume siempre solvente, la víctima podría aprovechar esta situación para reclamar injustificadamente el pago de indemnizaciones excesivas a cargo del Estado”.
Con base en lo anterior, el juez determinó que el legislador en cumplimiento del principio de igualdad estableció una norma desigual, apoyada en criterios razonables y objetivos, de acuerdo con juicios de valor generalmente aceptados. Esta desigualdad resulta necesaria por el hecho de que el Estado siempre es solvente, por lo que es necesario limitar el exceso en los reclamos de los particulares.
b) Por otra parte, el juez resolvió que el artículo 14, fracción II de la Ley Federal de Responsabilidad Patrimonial del Estado no vulnera el artículo 17 de la Constitución Federal. Ello, pues la norma impugnada no introduce tratos parciales ni ningún favoritismo, que beneficien a la Administración Pública Federal.
Señaló que la imparcialidad está dirigida a los jueces y se refiere a la emisión de sus sentencias, lo que implica que el juzgador debe conducirse exactamente de la misma manera frente a todas las situaciones iguales, es decir, no debe conceder ninguna ventaja o privilegio a nadie. Con base en lo anterior, concluyó que la norma impugnada no viola el artículo 17 constitucional, pues no regula ningún aspecto de la administración de justicia, sino que establece la cantidad máxima que por concepto de indemnización debe cubrir el Estado por concepto de daño moral. En apoyo de su criterio, citó la tesis aislada de esta Primera Sala, de rubro: “IMPARCIALIDAD. CONTENIDO DEL PRINCIPIO PREVISTO EN EL ARTÍCULO 17 CONSTITUCIONAL”.
c) Finalmente, el juez determinó que también eran infundados e ineficaces los argumentos de legalidad de la quejosa, por los que impugnó la resolución interlocutoria emitida por la juez civil ordinario de la causa.
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