Amparo en revisióN 75/2009 quejosaS: Y



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Artículo 12. Las indemnizaciones corresponderán a la reparación integral del daño y, en su caso, por el daño personal y moral.
Por tanto, al tratarse el daño moral de un supuesto generador del derecho a la indemnización de los particulares, cuando se provoque con motivo de la actividad administrativa irregular del Estado, es claro que su regulación se debe someter a las exigencias del segundo párrafo del artículo 113 constitucional.
Sin embargo, como también se señaló, los derechos constitucionales no son absolutos, sino que todos admiten restricciones, las cuales deben ser reguladas de manera justificada. En el caso concreto, la justificación del límite establecido en la norma impugnada al derecho de los particulares a recibir una indemnización con motivo del daño moral producido por la actividad administrativa irregular del Estado, debe analizarse con base en el escrutinio señalado.
2. En primer lugar, es necesario constatar si la distinción legislativa obedece a una finalidad objetiva y constitucionalmente válida. Este primer requisito lo satisface la norma impugnada.
Como se señaló más arriba, la distinción combatida consiste en establecer un límite a las indemnizaciones que el Estado debe pagar cuando genere daño moral.
Por su parte, el límite a los montos a los que puede ser condenado el Estado a compensar a los particulares es un contenido constitucionalmente permitido de manera expresa. El segundo párrafo del artículo 113 de la Constitución Federal establece que “[l]a responsabilidad del Estado por los daños que, con motivo de su actividad administrativa irregular, cause en los bienes o derechos de los particulares, será objetiva y directa. Los particulares tendrán derecho a una indemnización conforme a las bases, límites y procedimientos que establezcan las leyes.”
Por tanto, el establecimiento de límites a las indemnizaciones a las que tienen derecho los particulares con motivo de la responsabilidad patrimonial del Estado es un objetivo constitucionalmente explícito, cuya regulación se delega al legislador ordinario.

Sin embargo, los límites que establezca el legislador a las indemnizaciones deben de tener una finalidad ulterior, pues es claro que dichos límites pueden llegar a restringir el ámbito protector del derecho constitucional a la responsabilidad patrimonial del Estado, establecido en el segundo párrafo del artículo 113 constitucional, cuyo núcleo esencial no puede restringirse por el legislador ordinario, como lo determinó esta Sala al resolver el referido amparo en revisión 903/2008. En este asunto se determinó, se insiste, que el legislador ordinario no debe restringir injustificadamente la extensión del derecho de los particulares a recibir una indemnización con motivo de los daños producidos por la actividad administrativa irregular del Estado.


En consecuencia, dado que el derecho a la responsabilidad patrimonial del Estado es un contenido constitucional cuya extensión debe tutelarse en favor de los particulares, es claro que cuando el legislador establezca límites a dicha responsabilidad, restringiendo el alcance de dicha figura, debe basarse en una finalidad justificada.
La finalidad del legislador en establecer el límite de la indemnización a la que puede ser condenado el Estado en veinte mil veces el salario mínimo general vigente en el Distrito Federal, se manifestó de la siguiente manera en la exposición de motivos presentada por un grupo de senadores de la LVIII legislatura del Congreso de la Unión:
Como ya se adelantó en páginas anteriores en relación con el tope máximo de las indemnizaciones que debe pagar el Estado con motivo de los daños morales que cause, cabe agregar que dicha cifra se ha establecido en la presente iniciativa tomando en consideración que el artículo 1916 del Código Civil Federal prevé que el monto de la indemnización lo determinará el juez, tomando en cuenta diversos criterios dentro de los cuales menciona la situación económica del responsable.

Sin embargo, si el sujeto pasivo o responsable de la relación jurídica fuese el Estado, para el juzgador resultaría sumamente difícil determinar la situación económica de un ente complejo como es éste, por lo que cuando el Estado resultara responsable patrimonialmente por daño moral, sería inequitativo aplicarle el criterio señalado en el Código Civil Federal a efecto de fijar el monto de la indemnización que deba cubrir, ya que tomando en cuenta la dificultad que existe para determinar su capacidad económica y ante la circunstancia de que el Estado se presume siempre solvente, la víctima podría aprovechar esta situación para reclamar injustificadamente el pago de indemnizaciones excesivas a cargo del Estado.


Como se observa de su contenido, el legislador ordinario, con la norma impugnada pretendió establecer un límite a la aplicación de uno de los criterios individualizadores de las indemnizaciones correspondientes, establecidos en el artículo 1916 del Código Civil Federal: la situación económica del responsable. El fin buscado por el legislador es evitar que los particulares, ante la premisa de que el Estado siempre se presume solvente, aproveche la situación para reclamar injustificadamente el pago de indemnizaciones excesivas a cargo del Estado.
Con base en lo anterior, se concluye que el fin buscado por el segundo párrafo de la fracción II del artículo 14 de la Ley Federal de Responsabilidad Patrimonial del Estado reúne las características de ser objetivo y constitucionalmente válido. El establecimiento de un límite en las indemnizaciones a las que tienen derecho los particulares perjudicados por un daño moral es un fin expresamente establecido en la parte final del segundo párrafo del artículo 113 de la Constitución Federal. La determinación concreta de dicho límite para evitar el reclamo injustificado de indemnizaciones excesivas por parte de los particulares, por otra parte, es una motivación igualmente válida, pues pretende encauzar las medidas compensatorias exclusivamente en favor de los particulares que de manera justificada tienen derecho a una indemnización proporcionada por la generación de un daño moral, en los términos de la legislación correspondiente.
En segundo lugar, es necesario analizar la racionalidad o adecuación de la distinción hecha por el legislador. Para que la distinción normativa introducida por la norma impugnada supere este segundo paso, es necesario que constituya un medio necesario para conducir al fin u objetivo que el legislador quiere alcanzar, es decir, que se acredite una relación de instrumentalidad entre la medida clasificatoria y el fin pretendido. Esta Sala considera que la norma impugnada no satisface este segundo requisito, por las siguientes razones.
Como se señaló en el punto anterior, el fin de la norma impugnada es establecer un límite a las indemnizaciones a las cuales puede ser condenado el Estado. Este límite se estableció por el legislador ordinario para la consecución de un objetivo: evitar que los particulares, aprovechando la solvencia jurídica del Estado, reclamen injustificadamente el pago de indemnizaciones excesivas a cargo del Estado.
Por tanto, la conclusión a constatar es la siguiente: el límite máximo de veinte mil veces el salario mínimo general vigente en el Distrito Federal en las indemnizaciones que debe pagar el Estado con motivo del daño moral que ocasione efectivamente ¿es una medida eficaz para evitar la existencia de reclamos injustificados por los particulares y la emisión de indemnizaciones excesivas contra el Estado?
Como se desprende del contexto legal que regula la responsabilidad patrimonial del Estado, en el cual se regula el daño moral producido por el Estado, existen medidas que son suficientes por sí mismas para evitar la interposición de reclamos injustificados y la existencia de indemnizaciones excesivas, que se vinculan más con la estructura general del régimen de responsabilidad patrimonial del Estado, que con el límite máximo de las indemnizaciones a que se puede condenar a éste.
Previo a comprobar lo anterior, es necesario aclarar que las notas de “injustificados” y de “excesivos” con las que el legislador califica a los “reclamos” y a las “indemnizaciones”, respectivamente, que se quieren erradicar con el límite establecido en el precepto legal combatido deben entenderse como características referidas a la desviación u obstaculización de los objetivos de la figura de la responsabilidad patrimonial del Estado, en los términos en que se implementó en la ley respectiva. Lo anterior es así, pues en la referida exposición de motivos de la Ley Federal de Responsabilidad Patrimonial del Estado, el legislador identificó una serie de fines que pretendió satisfacer con la implementación de las normas de la ley, cuyo incumplimiento o vulneración, otorgan sentido a los adjetivos “injustificado” y “excesivo”.
Así, en la exposición de motivos, se señaló que el régimen de responsabilidad patrimonial del Estado respondía a dos principios generales: 1) el primero según el cual no puede haber daño sin reparación, a menos que haya obligación jurídica expresa de soportar ciertos daños y 2) el de solidaridad social, que aconseja que las cargas que conlleva la convivencia social se repartan entre sus integrantes:
La afirmación anterior, en gran medida, encuentra sustento en el principio de que no puede haber "daño sin reparación" a menos de que haya obligación jurídica expresa de soportar ciertos daños. Entre los principios fundamentales que inspiran esta institución se encuentra el de la "solidaridad social", por virtud del cual se acepta que las cargas que conlleva la convivencia social deben repartirse entre sus integrantes.
En un plano posterior, el legislador señaló que las finalidades del régimen de responsabilidad patrimonial del Estado se pueden subdividir en tres: 1) cumplir con un imperativo de justicia y fortalecer el Estado de Derecho mexicano, 2) elevar la calidad de los servicios públicos y 3) profundizar o restablecer la confianza de los gobernados frente al Estado, así como en la respetabilidad del Derecho como el mejor instrumento de solución de los problemas de la convivencia social:
Por tanto, la adopción de un régimen de responsabilidad de naturaleza objetiva y directa como se propone en la presente iniciativa de Ley Federal de Responsabilidad Patrimonial del Estado, tiene como principales finalidades:

- Cumplir con un imperativo de justicia y fortalecer el Estado de Derecho mexicano;


- Elevar la calidad de los servicios públicos, y


- Profundizar o restablecer la confianza de los gobernados frente al Estado, así como en la respetabilidad del Derecho como el mejor instrumento de solución de los problemas de la convivencia social.


Finalmente, en su exposición de motivos, el legislador señaló que el sistema de responsabilidad patrimonial del Estado busca traducirse en la realidad en la reparación de la inevitable secuela incidental de daños residuales y la creación constante de riesgos, así como en hacer más eficientes los servicios públicos:
El sistema que se propone en la presente iniciativa busca menos identificar culpable que reparar la inevitable secuela incidental de daños residuales y la creación constante de riesgos; no consiste, tampoco, en pagar cualquier daño con cargo al erario público, sino hacer más eficientes los servicios públicos que proporciona el Estado y, en forma específica, la Administración Pública, como se ha dicho y establecido con éxito en otros países.

Por tanto, por “reclamo injustificado de los particulares” debe entenderse aquel reclamo que no se puede justificar en los fines de la figura de la responsabilidad patrimonial del Estado —cumplir con un imperativo de justicia, elevar la calidad de los servidores públicos y profundizar o restablecer la confianza de los gobernados frente al Estado—; mientras que por “indemnización excesiva” debe entenderse aquella cuya individualización no se realice de conformidad con el principio según el cual debe existir reparación cuando exista un daño que no se debe soportar jurídicamente y, en términos generales, aquellas que no respondan al principio de solidaridad social.


Aclarado lo anterior, se procede a analizar la instrumentalidad de la medida legislativa impugnada.
Esta Sala estima que el establecimiento de un límite máximo al monto de indemnizaciones a que puede ser condenado el Estado por la ocasión de un daño moral no tiene una incidencia directa en la depuración cualitativa de los reclamos de los particulares que acceden a su trámite jurídico ni tampoco una influencia, al menos directa y determinante, en la individualización especifica de las indemnizaciones que, en su caso, proceda.
La depuración de los reclamos de los particulares —para lograr que sólo se admitan a trámite los justificados— se puede lograr a través del establecimiento de requisitos de fondo y forma a las modalidades de formulación de los reclamos de los particulares, así como a través de facultades de control de la autoridad sobre la veracidad y autenticidad de los elementos sobre los que se basan dichos reclamos; por su parte, las indemnizaciones excesivas se evitan con el establecimiento de criterios individualizadores que vinculen a la autoridad aplicadora en su determinación, para buscar la proporcionalidad de la reparación o compensación correspondiente.
Lo anterior es así, ya que los “reclamos injustificados” como las “indemnizaciones excesivas” son dos aspectos, cuya supresión, se logra a través de la regulación de los rasgos estructurantes del régimen de responsabilidad patrimonial del Estado, cuyos resultados dependen de las facultades de las autoridades encargadas de su aplicación y no de la conducta espontánea de los particulares. En otras palabras, si llegaran a existir reclamos injustificados de los particulares no es porque no exista un límite en las indemnizaciones a que pueden tener derecho, sino porque existe una estructura de procedencia que permite esta situación; si llegaran a existir indemnizaciones excesivas no es por una falta de un límite máximo, sino porque no existe un esquema de criterios individualizadores que vinculen a la autoridad a decretar una indemnización proporcional y justa.
Esta conclusión se corrobora si se toma en consideración que la existencia de un límite máximo no suprime en la práctica que los particulares interpongan reclamos injustificados, ni que los jueces decreten indemnizaciones excesivas, porque estas situaciones dependen de los requisitos y condiciones que deben reunirse para formular un reclamo justificado, así como del establecimiento de criterios individualizadores que deba aplicar la autoridad para determinar una indemnización concreta.
Habiendo aclarado que el establecimiento de un límite máximo de los montos de las indemnizaciones a que se puede condenar al Estado no incide ni en la calidad de los reclamos de los particulares ni en la objetividad o arbitrariedad de su individualización, ahora se procede a demostrar que el fin de la norma impugnada se satisface con la existencia de otras medidas ya existentes en la ley, con lo cual se acredita que la medida legislativa impugnada es innecesaria.
a) Medidas establecidas contra los reclamos injustificados de los particulares. Como se señaló con anterioridad, la depuración cualitativa de los reclamos de los particulares al Estado por su responsabilidad patrimonial se logra regulando la estructura general del régimen de responsabilidad patrimonial del Estado. Específicamente, la consecución de este objetivo se logra estableciendo requisitos de procedencia (tanto de fondo como de forma) en dichos reclamos.
Como se constató al exponer el contexto legal al inicio del estudio de fondo del presente asunto, la procedencia de los reclamos de los particulares se estructura íntegramente para que estos acrediten a la autoridad aplicadora los elementos constitutivos del tipo jurídico de “daño” generador de la responsabilidad patrimonial del Estado: se debe acreditar que se reclama un daño ocasionado por la actividad administrativa irregular del Estado, el cual debe ser evaluable en dinero, individualizado en una o varias personas y desigual al que pudiera afectar al común de la población y que sea imputable al Estado. Todos aquellos reclamos que no acrediten estos elementos no podrán tener un trámite jurídico. Por otra parte, se establecen otras categorías de casos que tampoco se consideran generadores de la responsabilidad patrimonial del Estado: casos fortuitos, casos de fuerza mayor, aquellos que se deriven de hechos o circunstancias que no se hubieran podido prever o evitar según el estado de los conocimientos de la ciencia o de la técnica existentes en el momento de su acaecimiento y aquellos casos en los que el solicitante de la indemnización sea el único causante del daño.
Con base en lo anterior, se debe concluir que el legislador ha abordado el problema de los reclamos injustificados de los particulares a través de la estructuración de un esquema de procedencia, cuyos elementos se deben acreditar ante la autoridad, que aseguran que las indemnizaciones efectivamente decretadas sean consecuencia de un daño que se ajusta a los parámetros constitucional y legal, dentro de los cuales los reclamos de los particulares se consideran justificados. En este sentido, si llegaran a existir en la realidad reclamos injustificados de los particulares, será por un problema de aplicación de las normas ya existentes y no por una falta de regulación.
Finalmente, el legislador estableció una medida adicional para asegurar que los particulares no formulen reclamos injustificados contra el Estado, además de la estructura de procedencia señalada, consistente en la obligación de la autoridad aplicadora de denunciar ante el Ministerio Público a toda persona que directa o indirectamente participe, coadyuve, asista o simule la producción de daños con el propósito de acreditar indebidamente la responsabilidad patrimonial del Estado o de obtener alguna de las indemnizaciones contempladas en ese cuerpo normativo.
b) Medidas establecidas contra las indemnizaciones excesivas. La principal medida establecida por el legislador para evitar el establecimiento de las multas excesivas son los criterios a que se vinculó a la autoridad aplicadora para individualizar las indemnizaciones que deba pagar el Estado. En este sentido, la autoridad aplicadora tiene a su cargo la responsabilidad de que las multas no sean excesivas. Lo anterior lo debe garantizar determinándolas con base en un principio: las indemnizaciones deben corresponder a la reparación integral del daño. En el caso del daño moral, la indemnización debe determinarse por la autoridad como un elemento de compensación, que la autoridad debe individualizar con base en los criterios establecidos en el artículo 1916 del Código Civil Federal.
El artículo 1916 del Código Civil Federal establece que las indemnizaciones de los particulares deberán determinarse con base en la valoración de los siguientes criterios: los derechos lesionados, el grado de responsabilidad, la situación económica del responsable y la de la víctima, así como las demás circunstancias del caso.
Si bien es cierto que la situación económica del Estado siempre se presume solvente, esta Sala estima necesario aclarar que ello no implica que los jueces estén facultados para condenar a indemnizaciones excesivas, pues este criterio de solvencia económica, no es el que determina la cantidad de la indemnización, sino tan sólo indica que la indemnización se podrá pagar por el sujeto responsable. La cantidad de la indemnización, en cumplimiento del artículo 12 de la Ley Federal de Responsabilidad Patrimonial del Estado, que establece que la indemnización debe corresponder a la reparación integral del daño, se debe determinar no en función de la capacidad económica del sujeto actor, sino en función de la naturaleza del daño ocasionado: el resultado de la valoración de los derechos lesionados y el grado de responsabilidad del sujeto responsable.
Adicionalmente, existe una medida que garantiza que las indemnizaciones que deba pagar el Estado se ajusten proporcionalmente al grado de causalidad de su actividad administrativa irregular en la generación del daño, previamente delimitado a través de los requisitos de procedencia: cuando exista una participación del particular en la generación de dicho daño, la proporción que corresponda a éste se deducirá del monto de la indemnización total.
La aplicación e interpretación de estos criterios individualizadores están asignados en la órbita de competencias de la autoridad aplicadora y, en este sentido, se considerara que las indemnizaciones que establezca no son excesivas si, por una parte, atiende a la compensación del daño creado y, por el otro, atiende al grado de causalidad real de la actividad administrativa irregular del Estado.
Por otra parte, cabe señalar que el legislador dispuso mecanismos de pago de las indemnizaciones que aseguran que las mismas no resulten excesivas, no respecto a su monto en relación con el daño real ocasionado, sino en relación con las posibilidades presupuestales del Estado. Lo anterior, pues se establece que los pagos de las indemnizaciones son susceptibles de planeación presupuestaria, basada en dos principios: 1) el pago se sujeta a las posibilidades presupuestarias del año fiscal correspondiente, por lo que las indemnizaciones que no se hayan podido pagar en un año, deberán pagarse en el siguiente y 2) no se debe afectar el cumplimiento de los objetivos de los programas aprobados en el correspondiente Presupuesto de Egresos de la Federación.
Con base en lo hasta ahora expuesto, se comprueba que el límite máximo de las indemnizaciones a que puede ser condenado el Estado, establecido en la fracción II del artículo 14 de la Ley Federal de Responsabilidad Patrimonial del Estado, no es instrumentalmente necesario para la consecución del fin legítimamente establecido por el legislador, pues no ayuda a evitar que los particulares no presenten reclamaciones injustificadas ni a que los jueces no establezcan indemnizaciones excesivas. Estos fines, sin embargo, se realizan eficazmente con dos medidas generales establecidas en la ley: 1) la estructura de procedencia de los reclamos que deben acreditar los particulares y 2) los criterios individualizadores de las indemnizaciones que deben aplicar la autoridad previamente para determinar su monto final.
En este plano de instrumentalidad, esta Sala considera, a mayor abundamiento, que la medida legislativa impugnada puede inclusive chocar con la consecución de los fines de la Ley Federal de Responsabilidad Patrimonial del Estado. Como se retomó de la exposición de motivos, el legislador ordinario identifico tres finalidades de este cuerpo normativo: cumplir con un imperativo de justicia y fortalecer el Estado de Derecho mexicano, elevar la calidad de los servicios públicos y profundizar o restablecer la confianza de los gobernados frente al Estado, así como en la respetabilidad del Derecho como el mejor instrumento de solución de los problemas de la convivencia social. A su vez, estas finalidades se pueden reconducir, según se señaló en la misma exposición de motivos, a dos principios derivados del segundo párrafo del artículo 113 de la Constitución Federal: 1) el principio de que quien ocasione un daño, respecto del cual no existe obligación de soportar, debe repararlo y 2) el de solidaridad social, que prescribe que las cargas de la convivencia social deben repartirse entre los integrantes de la sociedad.
Por su parte, el daño moral que produzca el Estado, como parte de su responsabilidad patrimonial, genera el derecho de los particulares a una indemnización determinada. Como es obvio, los fines de la ley se logran si la indemnización se determina para lograr la reparación integral del daño, en los términos del artículo 12 de la ley de la materia, pues con ello se logran dos cosas: 1) que el particular tenga una compensación que sea proporcional al daño que resintió y 2) que el Estado interiorice un costo sobre su actuación irregular, que lo haga planear dicho costo en casos futuros. Ambos resultados redundan en la satisfacción del fin de justicia y del mejoramiento del servicio público que motivaron la emisión de la ley.
La cuantía de la indemnización, como se señaló, se determina principalmente en función del grado de responsabilidad del sujeto responsable y la naturaleza de los derechos lesionados (en los términos del artículo 1916 del Código Civil Federal). La cuantificación de la indemnización con base en estos requisitos permite lograr la compensación integral del daño. Sin embargo, con el límite establecido en la fracción II del artículo 14 de la Ley Federal de Responsabilidad Patrimonial del Estado, los daños cuyas indemnizaciones merezcan determinarse con una cuantía mayor, por las especificidades de los daños ocasionados, estarán tasados de una idéntica manera, es decir, sin importar las diferencias que existan en el grado de responsabilidad del sujeto responsable y la naturaleza de los derechos lesionados, todos los daños que merecerían una indemnización mayor generarán el derecho a una misma cantidad: veinte mil veces el salario mínimo general vigente en el Distrito Federal.
Al ser ello así, es claro que en esta categoría de casos, al tener el Estado siempre que responder por una misma cantidad, produce dos consecuencias contrarias a los fines de la Ley Federal de Responsabilidad Patrimonial del Estado: 1) los particulares, ante el caso de un daño moral muy grave, deberán interiorizar el costo restante al límite establecido en la norma impugnada, lo cual implica que parte del daño ocasionado (aquel cuya compensación no se pudo determinar en relación con la entidad del daño y el grado de responsabilidad) deberá interiorizarse por el particular afectado. Ello implica que existirán parte de daños que no serán reparados por el sujeto responsable y 2) al quedar exento el restante del daño de una compensación proporcional a su gravedad y afectación, es decir, al no interiorizar el Estado los costos de sus acciones, ello produce que no tenga el incentivo de mejorar la calidad de sus servicios públicos.
Bajo estas premisas, se concluye que el límite establecido en el segundo párrafo de la fracción II del artículo 14 de la Ley Federal de Responsabilidad Patrimonial del Estado, al no contribuir a la consecución del fin constitucional de establecer una limitación que busque evitar la interposición de reclamos injustificados y la determinación de multas excesivas, esto es, no tener una utilidad en la consecución de un contenido constitucional, se constituye en una disposición que sólo limita negativamente los alcances del derecho constitucional de los particulares a recibir una indemnización por el daño moral generado por el Estado, lo cual es contrario, al segundo párrafo del artículo 113 constitucional.
A mayor abundamiento, se debe señalar que la norma impugnada resulta contraria a las obligaciones internacionales que el Estado mexicano ha adquirido, en razón de que el establecer un limite a la reparación moral podría generar que con esa disposición de derecho interno se cumpliera parcialmente con lo ordenado por algún órgano internacional de protección de derechos humanos como reparación del daño.
Esto es así, porque de conformidad con el segundo párrafo del artículo 2 de la Ley Federal de Responsabilidad Patrimonial del Estado15, las sentencias de la Corte Interamericana y recomendaciones de la Comisión Interamericana de Derechos Humanos, en lo referente al cumplimiento de indemnizaciones que se ordenen por estos órganos, se rigen por lo establecido en el Capítulo II de la referida Ley, en donde se encuentra el artículo 14 impugnado.
Se debe tener en cuenta que el artículo 63.1 de la Convención Americana sobre Derechos Humanos establece lo siguiente:
“Cuando decida que hubo violación de un derecho o libertad protegidos en esta Convención, la Corte dispondrá que se garantice al lesionado en el goce de su derecho o libertad conculcados. Dispondrá asimismo, si ello fuera procedente, que se reparen las consecuencias de la medida o situación que ha configurado la vulneración de esos derechos y el pago de una justa indemnización a la parte lesionada”.
Ni en el artículo antes transcrito, ni en la jurisprudencia constante de la Comisión y Corte Interamericana de Derechos Humanos se ha establecido un límite a la reparación moral o “reparación inmaterial” como actualmente es llamada en el ámbito del sistema interamericano de derechos humanos.
La Corte Interamericana de Derechos Humanos ha desarrollado en su jurisprudencia los criterios relativos a la naturaleza y alcances de la obligación de reparar16, y dentro de éstos el concepto de daño inmaterial y los supuestos en que corresponde indemnizarlo17, pero en ningún caso ha fijado un límite mínimo ni máximo para su otorgamiento, pues lo relevante cuando se ha causado un daño o el incumplimiento de una obligación internacional del Estado con motivo de la violación a los derechos humanos es volver las cosas al estado en que se encontraban, el restablecimiento de la situación anterior y de no ser esto posible, determinar una serie de medidas para, además de garantizar los derechos conculcados, reparar las consecuencias que las infracciones produjeron, así como establecer el pago de una indemnización como compensación por los daños ocasionados18 al surgir el deber de reparar19. Esto es, ante la existencia del daño nace el deber de repararlo adecuadamente20 sin pensar en límites presupuestarios o monetarios, sino en el daño causado y la falta de diligencia o negligencia del Estado para evitar la generación de ese daño.
La reparación debe, en la medida de lo posible, anular todas las consecuencias del acto ilegal y restablecer la situación que debió haber existido con toda probabilidad, si el acto no se hubiera cometido. El daño causado es el que determina la reparación, nunca un monto prefijado puede establecer de manera previa la afectación máxima que se puede sufrir.
Las reparaciones, como el término lo indica, consisten en las medidas que tienden a hacer desaparecer los efectos de las violaciones cometidas. Su naturaleza y su monto dependen del daño ocasionado en los planos tanto material como moral21. Las reparaciones no pueden implicar ni enriquecimiento ni empobrecimiento para la víctima o sus sucesores22.
Los sufrimientos que las violaciones cometidas causaron a la víctima y a sus familiares, así como el cambio en las condiciones de vida y las restantes consecuencias de orden no pecuniario que éstos últimos sufrieron, no pueden ser establecidos por ley, pues en cada caso serán diferentes, y por ello la Corte Interamericana de Derechos Humanos en múltiples casos ha estimado pertinente fijar una cantidad, en equidad, como compensación por concepto de daños inmateriales23, pero nunca pensando en un límite, sino justamente evaluando el sufrimiento generado por las violaciones.
En este orden de ideas, si la Ley Federal de Responsabilidad Patrimonial del Estado será el medio por el cual se dará cumplimiento a las recomendaciones y sentencias que emitan los órganos interamericanos de derechos humanos, resulta evidente que el establecimiento de un tope máximo para la reparación moral o inmaterial, es contraria a la obligación que el Estado mexicano ha adquirido al ser parte de la Convención Americana sobre Derechos Humanos y de manera específica por el contenido del artículo 63.1 de ésta; y con ello, la norma impugnada resulta contraria al artículo 133 de la Constitución Federal.
En este sentido, el párrafo segundo, de la fracción II, del artículo 14 de la Ley Federal de Responsabilidad Patrimonial del Estado, es tanto contraria al derecho de origen nacional (artículo 113 constitucional), como al derecho de origen internacional (artículo 63.1 de la Convención Americana sobre Derechos Humanos).
En consecuencia, procede otorgar el amparo a la parte quejosa para que no se le aplique la regla establecida en el segundo párrafo de la fracción II del artículo 14 de la Ley Federal de Responsabilidad Patrimonial del Estado. El efecto de que no se le aplique esta norma, en el caso concreto, consistirá en que el Juez Noveno de Distrito en Materia Civil del Distrito Federal reponga el incidente de ejecución de sentencia, en los autos del juicio civil ordinario 121/2005-A, para que determine la indemnización que corresponde pagar a la Compañía de Luz y Fuerza del Centro, sin considerar el límite de veinte mil veces el salario mínimo general vigente en el Distrito Federal, establecido en la norma impugnada, y calcule su cuantía basándose únicamente en los criterios establecidos en el artículo 1916 del Código Civil Federal y en consideración de los dictámenes periciales ofrecidos por el reclamante.
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