Análisis y propuestas de la Coalición Derechos Humanos de las Niñas, Niños y Adolescentes en las Américas



Descargar 50.48 Kb.
Fecha de conversión17.10.2017
Tamaño50.48 Kb.
Análisis y propuestas de la Coalición

Derechos Humanos de las Niñas, Niños y Adolescentes en las Américas

Vocería: Juan Martín Pérez García, Secretario Ejecutivo de la Red Latinoamericana y Caribeña por la defensa de los derechos de los niños, niñas y adolescentes (REDLAMYC).

David Calderón Martín del Campo, Secretario General del Consejo de Gobernanza de la Red Latinoamericana por la Educación (REDUCA).

Gaby Fujimoto y Liz Sánchez, integrantes de la Red Hemisférica de Parlamentarios y Exparlamentarios por la Primera Infancia

Las organizaciones que conformamos la Coalición por los Derechos Humanos de las Niñas, Niños y Adolescentes en las Américas presentamos un análisis y propuestas a los Estados miembro de la Organización de los Estados Americanos OEA, con el objetivo de trabajar de manera conjunta a favor de los derechos la infancia y adolescencia en la región.

Contexto regional


Datos de la Comisión Económica para América Latina y el Caribe1 y del programa de Naciones Unidas para el Desarrollo2 dan cuenta que los países de Latinoamérica y el Caribe tienen los peores índices de distribución del ingreso a nivel mundial y que la seguimos siendo una región desigual e insegura.

La población infantil y adolescente representa el 34,5% de la población total de América Latina y el Caribe. Entre los mayores problemas que viven las niñas, niños y adolescentes latinoamericanos y caribeños podemos mencionar la violencia generalizada que se vive en la región donde la tasa de homicidios asciende a 21,6 por cada 100.000 personas3, otras violencias como la intrafamiliar y sexual, la migración forzada, las desapariciones forzadas, la trata de personas, la corrupción, la impunidad, que son problemáticas comunes que vive la niñez y adolescencia en la región.

La migración también es una expresión de los problemas estructurales que se han agudizado en las últimas décadas. Varios estudios4 coinciden en señalar que las causas de la migración de las niñas, niños y adolescentes están relacionadas con la violencia y pobreza en su país de origen; y de forma cada vez más frecuente el motivo de migración es la reunificación familiar. La condición migratoria coloca en una posición de vulnerabilidad a todas las personas, pero especialmente a niñas, niños y adolescentes que enfrentan múltiples riesgos como: robo, secuestro, abuso sexual, homicidio, tráfico de órganos, explotación sexual y laboral. Por estas razones las niñas, niños y adolescentes que viven procesos de movilidad humana, requieren de un reconocimiento de visibilidad y priorización que aún no se ha hecho explícito; los Estados tienen una gran responsabilidad y una especial oportunidad de mejorar sus acciones para ofrecer resguardo humanitario, certeza jurídica y los demás procesos de interés superior que se activan ante los flujos humanos.

Reconocemos a los Estados los avances en materia legislativa a partir de la firma de la Convención de los Derechos del Niño de Naciones Unidas, desafortunadamente vemos que hay múltiples deficiencias que impiden que las políticas públicas impacten de forma positiva en el cumplimiento de los derechos de las niñas, niños y adolescentes. Es necesario que los Estados destinen el presupuesto necesario para que los Sistemas Nacionales de Protección Integral, tengan los recursos que necesitan para lograr cambios significativos5 y contribuyan a su empoderamiento.

Se estima que en América Latina y El Caribe más de 2 millones de niñas, niños y adolescentes tienen a su padre o madre privado de libertad, como en otros temas, no contamos con cifras oficiales que nos permitan tener información tanto cuantitativa como cualitativa, relativa a niñas, niños y adolescentes con referentes adultos privados de libertad6. La realidad de esto población, es una problemática que viene creciendo cuantitativamente. Dada las características de las políticas de seguridad ciudadana que se vienen implementando en la región, el número de adultos privados de libertad en los últimos años ha aumentado. Esta situación determina que el número de niñas, niños y adolescentes con un referente adulto privado de libertad, sea una problemática en aumento. La realidad de estos niños, niñas y adolescentes implica una especial situación de vulnerabilidad. Son las víctimas invisibles del delito y del sistema penal. No han hecho nada malo y sin embargo, sufren el estigma de la criminalidad.

La atención y servicios a la primera infancia, además de ser insuficientes, son de dudosa calidad, desigualmente distribuidos y poco apoyados con el financiamiento y la profesionalización de los agentes que le es propia por su crucial importancia. La mayoría se enfocan en el cuidado de las y los más pequeños, para facilitar las oportunidades laborales de las madres y descuidan los procesos de desarrollo infantil temprano fundamentales para el desempeño escolar futuro, que son un derecho universal. Es necesario promover un debate amplio sobre lo que representa esta etapa y la importancia para un desarrollo integral de las niñas y niños. Temas como la protección, el cuidado, educación y atención especial deben ser incorporados por los Estados como asuntos prioritarios, para promover el intercambio de buenas prácticas legislativas, el enriquecimiento o actualización de políticas públicas y/o leyes que hagan realidad el logro de presupuestos adecuados que patrocinen su cumplimiento en favor de las niñas y los niños de las Américas en su primera infancia, con prioridad los más excluidos.

Aunque la cobertura en la educación primaria se reporta cercana al 100% por la mayoría de los gobiernos de los países de la región, en la secundaria las tasas de abandono escolar siguen en aumento, llegando a un punto crítico en la media superior donde más de la mitad de los jóvenes de 17 años están fuera de la escuela. Un sistema educativo incluyente implica que todas y todos estén y permanezcan, aprendan lo previsto y participen en la escuela, los modelos educativos deben colocar en el centro la participación protagónica de las niñas, niños y adolescentes en sus procesos educativos, esto coadyuvara a formar a las y los ciudadanos democráticos que requieren nuestros países. Por ello, más que tasas de cobertura inicial, se requiere de actualizar la garantía de trayectorias completas y exitosas, culturalmente sensibles y respetuosas de la diversidad originaria, con las compensaciones en financiamiento y agentes especializados que permitan los aprendizajes académicos y socioemocionales óptimos mediante una participación permanente y real en todas y cada escuela de la región.

Las nuevas tecnologías de información y comunicación, con una presencia explosivamente creciente en la vida cotidiana y la experiencia de millones de niñas, niños y adolescentes en la región no son un fenómeno marginal sino definitorio para sus derechos. Son una oportunidad inédita de acortar brechas en el disfrute de las garantías de sus derechos, desde la identidad jurídica hasta las oportunidades de aprendizaje y libre juego. Es una responsabilidad de los Estados brindar a las niñas, niños y adolescentes las herramientas necesarias para que conozcan las ventajas de la internet y particularmente para que a través de la alfabetización digital identifiquen situaciones de riesgo.


Retrocesos


El contexto de violencia que permea a la región, ha justificado que los gobiernos de los países implemente políticas de seguridad tomando como indicadores de éxito el número de personas privadas de libertad, legislaciones más duras, que de manera particular han sido enfocadas a las y los adolescentes. Estos procesos de reforma a los sistemas de justicia, se encuentran los encaminados a reducir la edad de imputabilidad penal e incrementar las penas de privación de la libertad para las y los adolescentes en conflicto con la ley. A finales de 2010, en Panamá se aprobó una reforma al sistema de justicia juvenil que disminuyó la edad de imputabilidad penal de 14 a 12 años de edad, y en Costa Rica otra que permite la aplicación del derecho penal de adultos, a partir de los 15 años de edad. Brasil presentó en el año 2015 el proyecto de ley PEC nº 171/1993 sobre "imputabilidad penal do menor". Los gobiernos de Honduras y Argentina también han colocado el tema de bajar la edad penal.

En relación con las penas máximas, en El Salvador se incrementó de 7 a 15 años la medida de internamiento. En la República Dominicana, las y los adolescentes entre los 13 y 15 años de edad puede ser sancionados con 3 y 10 años de prisión, y en edades de 16 a 17 años, entre 5 y 15 años de reclusión. Asimismo, en la actualidad hay proyectos similares en los órganos legislativos de Brasil, Colombia y Venezuela.

Es necesario frenar la criminalización de las y los adolescentes y de manera particular aquellos que son más pobres. Los sistemas de justicia para las y los adolescentes deben ser preponderantemente socio–educativos, resocializadores y promotores de una cultura de respeto a los derechos

Otro tema de preocupación es la situación de violencia machista que viven las mujeres en la región, en particular las niñas y las adolescentes quienes experimentan una doble discriminación por edad y género. De manera muy lamentable vemos un incremento en los feminicidios, según datos de agencias internacionales revelan que el 98% de los casos de feminicidio en Latinoamérica y el Caribe quedan impunes, lo cual revela que detrás de la violencia feminicida existe un sistema de justicia cómplice del machismo en la región. Esto permite que miles de asesinatos de mujeres sigan ocurriendo cada día y que los culpables queden sin castigo, colocando en riesgo a mujeres, niñas y adolescentes.

En temas de educación, el crecimiento del abandono escolar, que ya no está, como muestran las investigaciones empíricas, sólo ligada a las barreras de costo de oportunidad que impacta el poder de compra de las familias, desalineando la garantía universal de acceso a servicios educativos de calidad, sino que también se liga profundamente a la presión de expulsión que viene del abuso adulto, la violencia escolar, la convivencia áspera y la irrelevancia de cómo se presentan contenidos y actividades en el marco de la escuela, negando voz y agencia a las niñas, niños y adolescentes para hacerse protagonistas de su propio proceso educativo.

Propuestas de la Coalición de los Derechos Humanos de Niñas, Niños y Adolescentes en las Américas.

En el marco del 47 Período Ordinario de Sesiones de la Asamblea General de la OEA – 2017, hacemos un llamado a los Estados y las autoridades de esta instancia a considerar dentro de su rol y agenda de trabajo las siguientes propuestas de trabajo:



  1. Contribuir para que los sistemas de protección integral estén articulados y estratégicamente establecidos, que implementen mecanismos efectivos de protección especial y que permitan avanzar hacia la desinstitucionalización.

  2. Para avanzar en la garantía de los derechos de las niñas, los niños y los adolescentes en las Américas, resulta indispensable la comprensión adecuada del cambio de paradigma de los derechos de la infancia y la adolescencia, es necesario transversalizar los enfoques desde la perspectiva de los derechos humanos, establecer mecanismos que permitan una interrelación estratégica donde participen todos los actores sociales, de todos los niveles, enfatizando la articulación municipal, estatal, nacional y regional, impulsar que la participación sea más protagónica, tanto de las niñas, los niños y las y los adolescentes como de las organizaciones de la sociedad civil.

  3. Ampliar la capacidad instalada y financiera de la Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH), y sus relatorías; lo que permitirá un mayor acompañamiento a las acciones de los Estados para garantizar el cumplimiento de las recomendaciones realizadas por esta instancia.

  4. Acotar las voces que promueven un retroceso en la garantía de los derechos de las niñas, niños y adolescentes, en temas como la reducción de la edad penal, aumento de años de privación de la libertad.

  5. Acompañar a los Estados en la articulación de sus políticas de reducción de la desigualdad y exclusión social, acceso a la educación de calidad y a la salud integral con los Sistemas Nacionales de Protección Integral de Derechos de la Niñez, garantizando que incorporen el enfoque de derechos humanos de la infancia y la perspectiva de género, y colocando la participación de niñas, niños y adolescentes como sujetos de derechos.

  6. Superar el enfoque tradicional del derecho a la educación visto como derecho al acceso a la escuela para que se adopte una visión encaminada a garantizar el derecho a aprender y a participar de niñas, niños y adolescentes.

  7. Que la OEA, y con ello la CIDH, promuevan, faciliten e institucionalicen la participación de niñas, niños y adolescentes de la región como peticionarios activos en las denuncias de violación a sus derechos. Fortalecer y promover la generación de espacios periódicos e institucionales de consulta y diálogo con las OSC para que participen como actores sustantivos en la toma de decisiones relacionadas con los procesos de fortalecimiento de la OEA y sus órganos.

  8. Fortalecer el rol de Instituto Interamericano del Niño, Niña y Adolescentes para que, en el contexto del incremento a las violaciones de derechos de niñas, niños y adolescentes, se acompañe a los Estados miembros en la incorporación del enfoque de derechos humanos de la infancia y en la adecuada implementación de los Sistemas Nacionales de Protección integral de los Derechos de la Niñez.



  • Red Latinoamericana y Caribeña por la defensa de los derechos de los niños, niñas y adolescentes REDLAMYC.

  • Red Latinoamericana por la Educación REDUCA.

  • Red Hemisférica de Parlamentarios y Exparlamentarios por la Primera Infancia.

  • Plataforma Regional por la Defensa de los Derechos de Niñas, Niños y Adolescentes con referentes Adultos Privados de Libertad NNAPES

  • Red por los Derechos de la Infancia en México REDIM.

  • Asociación Civil Gurises Unidos.

  • Acción Social Ririki.

  • Mexicanos Primero, Visión 2030.

  • Save the Children.

  • ANDI Comunicación y Derechos.



Coalition on the rights of the child in the Americas Analysis and recommendations

The organizations that form the Coalition on the rights of the child in the Americas have the pleasure to submit an analysis and some recommendations to the Member States of the Organization of American States (OAS), with the purpose of working together for children’s rights in the region.


Regional context


Data from the Economic Commission for Latin America and the Caribbean (ECLAC)7 and the United Nations Development Programme (UNDP)8 show that Latin-American and Caribbean countries have the worst rates of income distribution and we still live in a very unequal and insecure region.

Children represent 34,5% of population in Latin America and the Caribbean. Among the most serious problems that children live every day we can mention generalized violence in the region, where the homicide rate rises to 21,6 per 100.000 people.9 Domestic and sexual violence, forced migration, forced disappearances, trafficking in human beings, corruption, impunity are major problems in the region.

Migration is an example of the systemic problems that have worsened in the last decades. Several studies10 agree that the causes of children’s migration are related to violence and poverty in their countries of origin; more often than not, the reason for immigration is family reunification. Migrants are a vulnerable population, and this is especially true for children who have to face increased risks like: abduction, sexual abuse, homicide, organ trafficking, sexual and commercial exploitation. For these reasons, children in situations of human mobility, need special recognition and priority, which they have not yet; States have a great responsibility and a special opportunity to improve their actions to offer humanitarian protection, legal certainty and to guarantee the best interest of the child, which are required in the context of migration.

We acknowledge the progress made by the States in legal matters, after the adoption of the United Nations Convention on the Rights of the Child. Unfortunately, some deficiencies still persist, and prevent public policies from having a positive impact on the fulfillment of children’s rights. It is necessary that States allocate sufficient budget so that the National Protection Systems have enough resources to achieve significant changes11 and to contribute to their empowerment.

It is estimated that in Latin America and the Caribbean more than 2 million children have a parent in prison; like in other issues, there are no official figures that allow us to collect quantitative or qualitative information about children of incarcerated parents.12 Taking into account the security policies that have been implemented lately in the region, the number of incarcerated people have increased in recent years. As a consequence, the number of children with incarcerated parents is on the raise. These children are very vulnerable; they are the invisible victim of the crime and of the criminal justice system. They did not do anything wrong, but suffer from social stigma.

Early childhood services are insufficient and of low quality, unevenly distributed and low funded. Early childhood professionals are not properly trained, most of them only focus on the care of children so to allow their mothers to work, and neglect early development learning processes which are essential for children’s future school performance. It is necessary to launch a broad debate about the importance of early childhood for their overall development. Issues like protection, care, education and special services for early childhood must be recognized by the States as priority issues, to promote the exchange of good practices, the improvement and update of public policies and/or laws that can make reality the allocation of sufficient resources, so to fulfill children’s rights in early childhood, especially with regards to those in social exclusion.

Even if primary school enrollment rate is close to 100% in most countries of the region, in secondary school, dropout rates are on the rise, reaching a critical point where more than half of teenagers aged 17 are out of school. An inclusive education system implies that everyone can access to and stay in school, learn and participate; educational models have to place at the center the participation of children in their educational process; this will help to train the democratic citizens that our countries require. Therefore, more than initial enrollment rates, it is necessary to guarantee complete and successful career paths, that are culturally sensitive and respectful of the original diversity, with specialized workers that allow optimal academic and socio-emotional learning through permanent and real participation in each and every school in the region.

New information and communication technologies, with a growing presence in daily life and experiences of millions of children in the region, are not a marginal phenomenon, but a defining one. They are an unprecedented opportunity to reduce gaps in the enjoyment of children’s rights, from legal identity to opportunities for learning and play. It is the responsibility of the States to provide children and adolescents with the necessary tools to become aware of the advantages of the Internet and, in particular, to identify situations of risk through digital literacy.


Setbacks


The context of violence that is typical of the region, has justified that the governments implement security policies, taking as indicators of success the number of people in jail, tougher legislation, which in particular focus on teenagers. Among the reforms to criminal justice systems, there are those aimed at reducing the age of criminal responsibility and increasing the penalties of deprivation of liberty for adolescents in conflict with the law. At the end of 2010, a reform to the juvenile justice system was approved in Panama, which reduced the age of criminal responsibility from 14 to 12 years of age, and in Costa Rica, which allows for the application of adult criminal law from

15 years old. In 2015, Brazil introduced the draft law PEC 171/1993 on "I imputabilidad penal de menor". The governments of Honduras and Argentina have also raised the issue of lowering the minimum age of criminal responsibility.

In relation to the maximum sentences, in El Salvador the detention measure was increased from 7 to 15 years. In Dominican Republic, adolescents aged 13 to 15 can be sentenced to 3 to 10 years in prison, and adolescents aged 16 to 17, to 5 to 15 years. Likewise, there are similar draft laws in the Parliaments of Brazil, Colombia and Venezuela.

It is necessary to stop the criminalization of adolescents and especially those who are poorer. Juvenile justice systems must be predominantly socio-educational, rehabilitative and promoting a culture of respect for human rights.

Another issue of concern is the gender-based violence that suffer women in the region, in particular girls who suffer from a double discrimination, based and age and gender. Regrettably, we see an increase in feminicides: data from international agencies reveal that 98% of cases of feminicides in Latin America and the Caribbean go unpunished, which shows that behind gender-based violence there is a justice system that backs up machismo in the region. This allows thousands of murders of women to be committed every day and that the perpetrators remain unpunished, placing women and girls at risk.

In educational issues, the rise of school dropout rates (as empirical research shows) is no longer only linked to the opportunity/cost barriers that affect the purchasing power of families, disregarding the universal right to access to quality education services, but also deeply linked to the abuses, school violence, difficult interactions and the irrelevance of how contents and activities are presented within the school framework, denying children the opportunity to become protagonists of their own educational process.


Recommendations of the Coalition on the rights of the child in the Americas


In the framework of the 47th Regular Session of the OAS General Assembly - 2017, we invite the States and OAS authorities to take into consideration within your scope and work agenda the following proposals:

  1. Contribute to the establishment and articulation of National Protection Systems, that implement effective mechanisms of special protection and to move towards deinstitutionalization.

  2. In order to advance in the fulfillment of children’s rights in the Americas, a proper understanding of the paradigm shift in the rights of the child is indispensable. It is necessary to mainstream the human rights-based approach, to establish mechanisms that allow a strategic interrelation involving all social actors, at all levels, emphasizing the municipal, state, national and regional articulation, to promote a proactive participation of children as well as of nongovernmental organizations (NGOs).

  3. To expand the financial capacity of the Inter-American Commission on Human Rights (IACHR) and its rapporteurships, which will allow a greater guidance to the actions of the States to guarantee the implementation of the recommendations made by this organ.

  4. To put a limit on the voices that promote setbacks in children’s rights, in issues such as the reduction of the age of criminal responsibility, or the increase in maximum sentences for children in conflict with the law.

  5. To help States to design public policies to reduce inequality and social exclusion, access to quality education and health with the National Protection Systems, ensuring that they adopt a human-rights based approach and gender mainstreaming, and considering children as rights-holders.

  6. To overcome the traditional approach to the right to education as a right to access to school, and to adopt a vision aimed at guaranteeing the right of the child to learn and to participate.

  7. That the OAS, together with the IACHR, promote, facilitate and make official the participation of children in the region as active petitioners that can file complaints. To strengthen and promote the creation of regular and institutional spaces for consultation and dialogue with NGOs to participate as key-actors in decision-making processes, related to the strengthening of the OAS and its organs.

  8. To strengthen the role of the Inter-American Children's Institute (IIN) so that, in the context of increasing violations of children’s rights in the region, it can provide guidance to Member States on how to mainstream a human rightsbased approach and how to properly implement the National Protection Systems.



  • Red Latinoamericana y Caribeña por la defensa de los derechos de los niños, niñas y adolescentes REDLAMYC.

  • Red Latinoamericana por la Educación REDUCA.

  • Red Hemisférica de Parlamentarios y Exparlamentarios por la Primera Infancia.

  • Plataforma Regional por la Defensa de los Derechos de Niñas, Niños y Adolescentes con referentes Adultos Privados de Libertad NNAPES

  • Red por los Derechos de la Infancia en México REDIM.

  • Asociación Civil Gurises Unidos.

  • Acción Social Ririki.

  • Mexicanos Primero, Visión 2030.  Save the Children.

  • ANDI Comunicación y Derechos.




1 Estudio Económico de América Latina y el Caribe – 2016 CEPAL.

2 Informe Regional de Desarrollo Humano 2013–2014 en su Estudio: Seguridad Ciudadana con rostro humano: Diagnóstico y propuestas para América Latina PNUD.

3 Comisión Económica para América Latina y el Caribe CEPAL 2014

4 PNUD: Informe sobre Desarrollo Humano El Salvador 2005: Una mirada al nuevo nosotros: el impacto de las migraciones, p. 311; Niñez migrante no acompañada en la región norte y Centroamérica, Instituto para las Mujeres en la Migración; CIDH: Comunicado de prensa 67/14 de fecha 20.06.14; UCA: Atrapados en la tela de araña: la migración irregular de niñas y niños salvadoreños hacia los Estados Unidos, diciembre de 2013.

5 Observación General no. 19 del Comité de los Derechos del Niño.

6 Día de Debate General del Comité de los Derechos del Niño de Naciones Unidas en 2011

7 Económico de América Latina y el Caribe - 2016 ECLAC.

8 Informe Regional de Desarrollo Humano 2013–2014 en su Estudio: Seguridad Ciudadana con rostro humano: Diagnóstico y propuestas para América Latina - UNDP.

9 Economic Commission for Latin America and the Caribbean - ECLAC 2014.

10 UNDP: Informe sobre Desarrollo Humano El Salvador 2005: Una mirada al nuevo nosotros: el impacto de las migraciones, p. 311; Niñez migrante no acompañada en la región norte y Centroamérica, Instituto para las Mujeres en la Migración; ICHR: Comunicado de prensa 67/14 de fecha 20.06.14; UCA: Atrapados en la tela de araña: la migración irregular de niñas y niños salvadoreños hacia los Estados Unidos, diciembre de 2013.

11 UN Committee on the Rights of the Child: General Comment N. 19.

12 UN Committee on the Rights of the Child: Day of General Discussion “Children of incarcerated parents", 2011.





La base de datos está protegida por derechos de autor ©bazica.org 2016
enviar mensaje

    Página principal