Apuntes de derecho civil parte general



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Unidad VI: Capacidad de las Personas Físicas

  1. Capacidad: Concepto. Naturaleza. Caracteres.

  2. Capacidad de Derecho y de hecho. Noción. Diferencias. Incapacidad de hecho y de Derecho: Importancia de la distinción. Caracteres. Fundamentos diferenciales entre ambas.

  3. Incapacidad de Derecho: Casos. Carácter relativo. Incapacidad de hecho: Presupuestos de la incapacidad. Categorías. Ley 26.579. Régimen actual de la capacidad.

  4. Protección Jurídica de los incapaces de hecho. Sistemas de protección: Representación. Asistencia: Caracteres y diferencias. Representación promiscua del Ministerio Público.

  5. Los menores: Concepto. Clasificación. Situación jurídica. Régimen legal. Personalidad de los niños, niñas y adolescentes: Ley 26.061. Emancipación: Causas y límites a la capacidad. Protección de los menores. Convención de los Derechos del Niño. Cese de la incapacidad.

  6. Régimen de restricción a la capacidad por razones de salud (Ley 26.657). Principios jurídicos de integración y normalidad. Procedimiento. Restricción de la Internación. Temporalidad de las restricciones a la capacidad. Límites al Juez. Efectos. Cese de la limitación. Cuestiones procedimentales.

  7. Régimen de los inhabilitados: Supuestos legales. Situación jurídica del inhabilitado. Restricción a la capacidad. Efectos de los actos del inhabilitado. Ceses de las restricciones.



  1. Capacidad: Concepto: Se llama "capacidad" a la aptitud de la persona para ser titular de relaciones jurídicas, y es una calidad saliente de la personalidad jurídica. Naturaleza: La capacidad es un atributo inherente a la personalidad. El Dr. Llambías anota que se ha dicho con razón que es el más típico atributo de las personas: El que sirve precisamente para definirlas como tales, desde el ángulo del Derecho, porque es el único atributo que no sólo hace a la naturaleza sino también a la esencia de la personalidad. Caracteres: La capacidad además de los caracteres comunes a todos los atributos de la persona, tiene caracteres típicos que son los siguientes: a) Es susceptible de grado: Se la puede tener en mayor o menor extensión, aunque no se la podrá dejar de tener en una cierta medida. Pero supuesta la "personalidad" de todos los hombres, conviene en orden al bien común un trato diferencial de la "capacidad" de cada cual que admite innúmeras modulaciones, conforme a la situación en que las personas se encuentren; b) Es reputado principio general, con fuerza para favorecer a todos los no exceptuados; c) Las "incapacidades", como limitaciones excepcionales de la capacidad, emanan siempre de la ley y son de interpretación estricta. Configuran una regulación de orden público que está más allá de la autonomía de la voluntad de los particulares que, no pueden dejarlas sin efecto. Tampoco puede renunciarse a la capacidad, porque ha sido instituida tanto en mira al individuo cuanto a la sociedad (conforme a los Arts. 19 y 21 del Código Civil).

  2. Capacidad de Derecho: Los Arts. 31 y 32 nos dan, esquemáticamente, el concepto de capacidad en cuanto aluden a la posibilidad de que las personas adquieran Derechos o contraigan obligaciones en los casos, por el modo y en la forma que el propio Código determina. Tal criterio es ratificado en el Art.52 cuando dice: "Las personas de existencia visible son capaces de adquirir Derechos o contraer obligaciones". Esto es lo que se denomina capacidad de Derecho o de goce. Capacidad de hecho: Este concepto no queda circunscripto solamente a la aptitud para adquirir Derechos y contraer obligaciones, sino también la aptitud para ejercer esos Derechos y cumplir aquellas obligaciones. Entonces, capacidad de hecho es la aptitud para ejercer los Derechos y obligaciones adquiridas por la capacidad de Derecho. Diferencias: Como ya se explicó con anterioridad, La capacidad de Derecho es la aptitud de las personas para ser titulares de Derechos y obligaciones. Pero la capacidad de hecho es la aptitud para ejercerlos.


Incapacidad de hecho: El titular de un Derecho tiene no sólo la capacidad de gozar de él, sino que habrá de tener también aptitud para ejercer por sí esos Derechos y deberes. Este principio básico y general es el de la capacidad plena de las personas, la que sólo se restringirá por disposición de la ley (Art.53 del Código Civil), fundamentalmente, por razones de madurez o discernimiento, o de enfermedad mental del titular nombrándole un tutor. Incapacidad de Derecho: Nuestro ordenamiento jurídico establece que la capacidad de Derecho no puede desaparecer por completo, al igual que no puede admitirse plena y total capacidad. Es para estos supuestos entonces, que la normativa vigente establece las incapacidades de Derecho. Tales incapacidades implican una limitación siempre parcial y excepcional de la aptitud general de ser titular de Derechos y obligaciones. Importancia de la distinción: Cuando se veda al abogado que pueda convertirse en dueño de las cosas de su cliente (conforme al Art.1361, Inc.6° del Código Civil) se le impone una incapacidad de Derecho para adquirir tales cosas, en resguardo del buen manejo de los intereses ajenos cuya defensa se le ha encomendado. Cuando se impide al menor de edad la gestión de su patrimonio, que se le confiere a un representante legal —el padre o madre y en defecto de ellos, el tutor— se le impone una incapacidad de hecho en protección del mismo titular de los bienes que sería perjudicado por el ejercicio que hiciese por sí mismo de sus Derechos en razón de su propia inmadurez.

Caracteres diferenciales entre una y otra capacidad:


Incapacidad de Derecho

1- De goce

2- No tiene grados

3- Protección de orden público, moral

4- No se suple

5- Nulidad absoluta

Incapacidad de Hecho

1- De ejercicio

2- Tiene grados

3- Protección del tutor o representante

4- Se suple

5- Nulidad relativa


El Dr. Llambías los difiere: a) En cuanto al fundamento de su institución; b) En cuanto a la posibilidad de remediarlas; c) En cuanto al sentido de la prohibición que comportan; d) En cuanto al rigor de la sanción que recae sobre los actos de los incapaces; e) En cuanto a su subdivisión por categorías; f) En cuanto al criterio determinante de la elección de la ley aplicable. Fundamentos diferenciales entre ambas: Pasaremos a examinar cada uno de los puntos que difiere sobre una y otra capacidad, siguiendo el punto de vista del Dr. Llambías: a) Diverso fundamento: La razón de ser de una y otra incapacidad es muy diferente. La incapacidad de hecho se instituye, en razón de una insuficiencia psicológica del sujeto para el pleno ejercicio de sus Derechos. La incapacidad de Derecho se sustenta, generalmente, en razones de orden moral; b) Diverso remedio: La incapacidad de hecho se suple por la institución de un representante que remedia la inferioridad que se encontraba el sujeto. Inversamente la incapacidad de Derecho no es susceptible de remedio, pues sería contradictorio de la prohibición legal que se previera algún modo de eludirla; c) Diverso sentido de su institución: La incapacidad de hecho se establece para amparar al sujeto sobre quien recae: Es una medida de protección que se ha instituido para poner al titular de los bienes a cubierto de los inescrupulosos que quisieran aprovechar de su insuficiente madurez. La incapacidad de Derecho, en cambo, se instituye no para favorecer al incapaz, sino contra él, y para prevenir incorrecciones que pudieran intentarse si no existiese reato alguno; d) Diverso rigor de la sanción de la nulidad: Frente a una incapacidad de hecho la ley reacciona benignamente e impone al acto obrado una nulidad relativa, que sólo puede ser articulada por el incapaz. Por el contrario, frente a una incapacidad de Derecho, en principio, la ley reacciona rigurosamente, imponiéndole al acto obrado en contravención la sanción de nulidad absoluta, que es la más intensa aniquilación al alcance del legislador; e) Funcionamiento por categorías: Las incapacidades de hecho pueden ser sistematizadas en dos categorías: Las absolutas y las relativas. Las incapacidades de Derecho, no; f) Diversa elección de la ley aplicable: Las incapacidades de hecho se rigen por la ley del domicilio de la persona. En cambio las incapacidades de Derecho se sujetan a la ley territorial.





  1. Incapacidad de Derecho: Casos: Hay, anota el Dr. Llambías, supuestos de incapacidad de Derecho dispersos a todo lo largo del articulado del Código, que han de ser estudiados con motivo de cada institución en que aparecen, puesto que constituyen un aspecto de la regulación de la institución a que se refieren. No obstante, a título de ejemplo, enunciara algunos de esos supuestos de incapacidad de Derecho: a) Incapacidad para contratar: El Art.1160 menciona algunas de estas incapacidades de Derecho a que estamos aludiendo. En lo que nos interesa su texto dice así: "No pueden contratar. . . los que están excluidos de poderlo hacer con personas determinadas, o respecto de cosas especiales, ni aquellos a quienes les fuese prohibido en las disposiciones relativas a cada uno de los contratos, ni los religiosos profesos de uno y otro sexo, sino cuando comprasen bienes muebles a dinero de contado, o contrataren por sus conventos; ni los comerciantes fallidos sobre bienes que correspondan a la masa del concurso, si no estipularen concordatos con sus acreedores"; b) Incapacidad para ser tutores: Otras incapacidades de Derecho parece mencionar el Art.398 de nuestro Código Civil, que en una amplia lista indica quiénes no pueden ser tutores; c) Incapacidad para contraer matrimonio: Aun cuando no es corriente denominar incapacidades de Derecho a los impedimentos que obstan a la celebración del matrimonio, no parece dudoso que tienen esa naturaleza cuando la prohibición se establece en mira a la calidad de la persona impedida para contraer la unión. El Art.166 de nuestro Código Civil enumera, también, una lista de quienes no pueden contraer matrimonio. Pero además, el Art.13 de la Ley 12.331 –de Profilaxis– establece que; “…No podrán contraer matrimonio las personas afectadas de enfermedades venéreas en período de contagio”. Carácter relativo de la incapacidad: La incapacidad es relativa cuando tiene excepciones. En rigor la incapacidad relativa, anota el Dr. Llambías, sólo puede predicarse respecto de la capacidad de hecho, porque supone por definición una condición básica de incapacidad y excepciones parciales a esa condición general de la persona: Así los menores adultos (conforme al nuevo Art.55 del Código Civil).

Incapacidad de hecho: Presupuestos de la incapacidad: El nombramiento un curador está sujeto a dos presupuestos de hecho: a) El estado notorio de la enfermedad; Y b) la existencia de bienes que puedan peligrar por el abandono en que los ha dejado la enfermedad mental del dueño. Cuando concurren esas circunstancias, el juez está en el deber de efectuar la designación de un curador de los bienes. Categorías: de hecho pueden ser sistematizadas en dos categorías: Las absolutas y las relativas. Son incapaces de hecho absolutos: Las personas por nacer (Art.63), los menores impúberes (Art127), los dementes (Art.141) y los sordomudos que no puedan darse a entender por escrito (Art. 153), los últimos dos casos deben haber sido declarados incapaces por el juez (Art.54). Son incapaces de hecho relativos: Son los menores adultos, entre 14 y 18 años (Ley 26.579). Ley 26.579: Ley de Mayoría de edad. Viene a modificar –en general- el Código Civil de la Nación, para establecer la mayoría de edad a los dieciocho (18) años. Régimen actual de la capacidad: Actualmente, la capacidad de las personas es regulada por el Código Civil de nuestro país –con la reforma de la Ley 17.711 y la Ley 26.579–, en su Libro Primero: “De las Personas”, en sus dos Secciones: “De las Personas en General” y “De los Derechos Personales de las Relaciones de Familia”.

  1. Protección Jurídica de los incapaces de hecho: La incapacidad de hecho es instituida por la ley para proteger a las personas que se ven afectadas por ella. Pero la institución de la incapacidad no agota la protección brindada a tales personas sino que para que resulte efectiva es completada por otras medidas legales, a saber: a) La nulidad de los actos obrados en transgresión de la incapacidad establecida; b ) La institución de una representación adecuada, a fin de suplir la incapacidad e igualar al sujeto con los demás, capaces; c ) La intervención de un organismo especial dedicado a la protección de los incapaces, el Ministerio de Menores; d) En ciertos casos el ejercicio del Patronato de Menores, a cargo especialmente de los jueces. Sistemas de protección: Representación: La representación tiene lugar cuando se designa una persona para que sustituya al incapaz en el ejercicio de los Derechos de éste, y realice los actos para los cuales el titular está legalmente impedido. El representante actúa por su sola iniciativa y sin concurso de la voluntad del incapaz, quien bajo este sistema queda en la más completa pasividad, siendo reemplazado por aquél en el manejo de sus intereses.

Caracteres de la representación: a) Legal: porque proviene de la ley (Art.56 y 58 del Código Civil); b) Necesaria: porque no puede prescindirse de ella; c) Dual y Conjunta: Está conferida a dos representantes, en cada caso, que son el representante legal individual –padre, tutor, curador– y el de todos los incapaces: El Ministerio de Menores.; d) Controlada: Porque está sujeta a la aprobación judicial, ya cuando se trata de actos que son inválidos sin ella, ya cuando se trata de la finalización de la gestión del representante. Asistencia: El caso típico es el del matrimonio de los menores o sordomudos. Este acto no puede ser realizado por el representante legal del incapaz; Es éste quien debe manifestar personalmente su voluntad de contraer nupcias, pero debe hacerlo con la asistencia y consentimiento del representante. De igual carácter es la actuación del curador de los inhabilitados. Diferencias: En el sistema de asistencia, el incapaz no es sustituido por otro en el ejercicio de sus Derechos, sino llamado conjuntamente con otro al desempeño de ese ejercicio. Mientras que la representación prescinde de la voluntad del sujeto representado, la asistencia da lugar a una actividad compleja cuyo elemento voluntario está integrado por la voluntad del titular de los Derechos ejercidos, completada por la voluntad de la persona que desempeña la función de contralor.

Representación promiscua del Ministerio Público: Además de la representación individual con que el Código ha provisto a los incapaces, les ha instituido a éstos una representación colectiva o promiscua, a cargo de un organismo creado especialmente para atender al cuidado de los intereses de aquéllos. Tal representación promiscua está instituida por el Art.59, que dice así: "A más de los representantes necesarios, los incapaces son promiscuamente representados por el Ministerio de Menores, que será parte legítima y esencial en todo asunto judicial o extrajudicial, de jurisdicción voluntaria o contenciosa, en que los incapaces demanden o sean demandados, o en que se trate de las personas o bienes de ellos, so pena de nulidad de todo acto y de todo juicio que hubiere lugar sin su participación".

  1. Los menores: Concepto: Según La Ley 26.579, en su Art.1°, que modifica el Art.126 de nuestro Código Civil: “Son menores las personas que no hubieren cumplido la edad de DIECIOCHO (18) años”. Clasificación: Los menores se dividen en impúberes y adultos. Según esta ley, que también modifica el Art.127; “Son menores impúberes los que aún no tuvieren la edad de CATORCE (14) años cumplidos, y adultos los que fueren de esta edad hasta los DIECIOCHO (18) años cumplidos”. Situación Jurídica: El Código Civil establece los actos que pueden llevar a cabo los menores. El Dr. Borda los explica muy bien: a) A los 10 años pueden tomar la posesión (Art.2.392). Desde esa edad tienen responsabilidad por los actos ilícitos; b) Están capacitados para contraer matrimonio, las mujeres a los 16 años y los hombres a los 18 (Art.166). Consecuencia de ello es que también a esa edad pueden celebrar convenciones prenupciales (Arts. 1.217 y 1222); c) Pueden reconocer hijos extramatrimoniales, las mujeres sin límite de edad (Art.41, Decreto-Ley 8204/1963), los hombres a partir de los 14 años (Art.286); d) Pueden trabajar a partir de los 14 años con autorización paterna o tutelar; y aun sin ella, si vivieran independientemente de sus padres o tutores (Art.34, Ley 20.744). Más aún, si ejercieren algún empleo, profesión o industria, se presume que están autorizados por sus padres (Art.283); e) Están capacitados, a partir de los 14 años, para realizar ciertos actos que son relativamente nulos; f) A los 18 años la capacidad de los menores se amplía notablemente. Régimen Legal: El Código Civil de la República Argentina regula la cuestión de los menores en su Libro Primero: ‘De las Personas’, en su Sección Primera: ‘De las Personas en General’, en su Título IX: ‘De los Menores’, con las reformas a este Código de las leyes 23.515 -del Régimen Aplicable al Matrimonio– y 23.264 –de la Filiación–.

Personalidad de las niñas, niños y adolescentes: La Ley 26.061 –De Protección Integral de los Derechos de las Niñas, Niños y Adolescentes-, les reconoce su personalidad a través de una serie de Derechos por esta ley reconocidos. Tales serían: Derecho a la vida, a la dignidad e integridad personal, a la vida privada e intimidad familiar, a la identidad y documentación, a la salud, a la educación gratuita, a la libertad, a opinar y ser oído y a la seguridad social, entre muchos otros.
Emancipación: Es la libertar de la patria potestad, de la tutela o del juez. Causas: Se reconoce dos tipos: La emancipación por matrimonio, originalmente legislada en el Art.131 de nuestro Código Civil, y la emancipación dativa o por habilitación de edad, que fue incorporada al citado Art.131 por la reforma de la Ley 17.711. Límites a la capacidad: Según nuestro Código; “Los emancipados no pueden ni con autorización judicial: 1ro. Aprobar cuentas de sus tutores y darles finiquito; 2do. Hacer donación de bienes que hubiesen recibido a título gratuito; 3ro. Afianzar obligaciones” (Art.134). “Los emancipados adquieren capacidad de administración y disposición de sus bienes, pero respecto de los adquiridos por título gratuito antes o después de la emancipación, sólo tendrán la administración; Para disponer de ellos deberán solicitar autorización judicial, salvo que mediare acuerdo de ambos cónyuges y uno de éstos fuere mayor de edad”.

Protección de los menores: La Ley 26.061 –De Protección Integral de los Derechos de las Niñas, Niños y Adolescentes- les reconoce la protección integral de sus Derechos, y el sistema de protección lo establece su Art.32: “El Sistema de Protección Integral de Derechos de las Niñas, Niños y Adolescentes está conformado por todos aquellos organismos, entidades y servicios que diseñan, planifican, coordinan, orientan, ejecutan y supervisan las políticas públicas, de gestión estatal o privadas, en el ámbito nacional, provincial y municipal, destinados a la promoción, prevención, asistencia, protección, resguardo y restablecimiento de los Derechos de las niñas, niños y adolescentes, y establece los medios a través de los cuales se asegura el efectivo goce de los Derechos y garantías reconocidos en la Constitución Nacional, la Convención sobre los Derechos del Niño, demás tratados de Derechos humanos ratificados por el Estado argentino y el ordenamiento jurídico nacional.

Convención de los Derechos del Niño: La presente convención está compuesta por 54 artículos, que consagran el Derecho a la protección del niño por la sociedad y el gobierno, el Derecho a desarrollarse en medios seguros y a participar activamente en la sociedad. Su Art.3° expresa, en su Inc.2°: “Los Estados Partes se comprometen a asegurar al niño la protección y el cuidado que sean necesarios para su bienestar, teniendo en cuenta los Derechos y deberes de sus padres, tutores u otras personas responsables de él ante la ley y, con ese fin, tomarán todas las medidas legislativas y administrativas adecuadas”. Y su Art.16 expresa: Inc.1°: “Ningún niño será objeto de injerencias arbitrarias o ilegales en su vida privada, su familia, su domicilio o su correspondencia ni de ataques ilegales a su honra y a su reputación”. Inc.2°: “El niño tiene Derecho a la protección de la ley contra esas injerencias o ataques”.

Cese de la incapacidad: Según la Ley 26.579, que modifica el Art.128 de nuestro Código Civil, expresa: “Cesa la incapacidad de los menores por la mayor edad el día que cumplieren los DIECIOCHO (18) años”.

  1. Régimen de restricción a la capacidad por razones de salud: El Art.42 de la Ley 26.657 –del Derecho a la Protección de la Salud Mental– establece: “Incorporase como artículo 152 ter del Código Civil: Artículo 152 ter: Las declaraciones judiciales de inhabilitación o incapacidad deberán fundarse en un examen de facultativos conformado por evaluaciones interdisciplinarias. No podrán extenderse por más de TRES (3) años y deberán especificar las funciones y actos que se limitan, procurando que la afectación de la autonomía personal sea la menor posible”.  Esta ley no se condice con la regulación originaria del Código Civil que expresa, en su Art.54 que los dementes tienen incapacidad absoluta. Sin duda alguna ha quedado derogada, pues se contradice con las nuevas concepciones, incapacitando a la persona con padecimientos mentales en forma casi absoluta, impidiéndole so pretexto protectorio y asistencial, asumir riesgos, tomar decisiones y en consecuencia responsabilidades.

  2. Régimen de los inhabilitados: El régimen de inhabilitación es el medio técnico escogido por el Derecho contemporáneo para suplir las deficiencias psíquicas que adolecen ciertas personas médicamente normales, cuando esos defectos pueden traducirse en perjuicios patrimoniales para el sujeto y consiguientemente para su familia. También funciona como remedio, en el orden jurídico, de ciertos hábitos viciosos que pueden conducir a la miseria.
    El fin de la institución es, sobre todo, el amparo de la familia de los deficiencias y viciosos.

Supuestos legales: Según el Art.152 de nuestro Código Civil; “Podrá inhabilitarse judicialmente: 1ro. A quienes por embriaguez habitual o uso de estupefacientes estén expuestos a otorgar actos jurídicos perjudiciales a su persona o patrimonio; 2do. A los disminuidos en sus facultades cuando sin llegar al supuesto previsto en el artículo 141 de este Código, el juez estime que del ejercicio de su plena capacidad pueda resultar presumiblemente daño a su persona o patrimonio; 3ro. A quienes por la prodigalidad en los actos de administración y disposición de sus bienes expusiesen a su familia a la pérdida del patrimonio. Sólo procederá en este caso la inhabilitación si la persona imputada tuviere cónyuge, ascendientes o descendientes y hubiere dilapidado una parte importante de su patrimonio…”. Situación jurídica del inhabilitado: Luego de haberse declarado judicialmente al inhábil, la parte final del Art.152 de nuestro Código establece: “Se nombrará un curador al inhabilitado y se aplicarán en lo pertinente las normas relativas a la declaración de incapacidad por demencia y rehabilitación. Sin la conformidad del curador los inhabilitados no podrán disponer de sus bienes por actos entre vivos. Los inhabilitados podrán otorgar por sí solos actos de administración, salvo los que limite la sentencia de inhabilitación teniendo en cuenta las circunstancias del caso”. Restricción a la capacidad: Según anota el Dr. Llambías, El “inhabilitado” no es un incapaz. Conserva su capacidad para todos los actos de la vida civil que no sean exceptuados y por tanto está ubicado en una condición básica de capacidad, como todas las personas. La novedad consiste en que para proteger al propio sujeto y aún más a su familia de la falta de completo control de su actividad se le veda la realización por sí mismo de ciertos actos especialmente riesgosos. Efecto de los actos del inhabilitado: Como señala el Dr. Rivera, una vez declarada la inhabilitación judicial del individuo, éste pierde la aptitud para celebrar cierto tipo de negocios jurídicos, salvo que cuente con la conformidad del curador. Si el interdicto realizara alguno de los actos jurídicos prohibidos sin la venia de su asistente, ese acto será nulo, de nulidad relativa y, por ende, confirmable. Señala por último, que antes de la interdicción no existe restricción legal al Derecho de disponer, de tal modo que los actos de esa naturaleza, efectuados antes de la declaración de inhabilitación, no podrán ser impugnados. Ceses de las restricciones: Según el Art.150 de nuestro Código Civil: “La cesación de la incapacidad por el completo restablecimiento de los dementes, sólo tendrá lugar después de un nuevo examen de sanidad hecho por facultativos, y después de la declaración judicial, con audiencia del Ministerio de Menores”.
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