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ASOCIACIÓN ARGENTINA PRO DERECHOS HUMANOS-MADRID

CALIFICACIÓN POR CRÍMENES DE LESA HUMANIDAD Y PERTENENCIA A ORGANIZACIÓN CRIMINAL
Antonio Segura, en su turno de comparecencia el día 7 de marzo de 2005, en representación de la Asociación Argentina Pro Derechos Humanos-Madrid. Trascripción del informe oral del escrito de calificación de los hechos en los que se acusa al capitán de corbeta Adolfo Scilingo de delito de lesa humanidad
Esta acusación califica los delitos cometidos por el ex capitán de corbeta Adolfo Scilingo como crímenes contra la humanidad.

Entre 1976 y 1983 en Argentina se cometieron una serie de actos, enmarcados en un plan común con fines delictivos, consistentes en exterminio, ejecuciones extrajudiciales, desapariciones forzadas, torturas, persecución basada en ideas políticas y detenciones arbitrarias.


Se establecieron “grupos de tareas” que, reuniendo elementos de todas las fuerzas militares, tenían como cometido capturar e interrogar a todos los miembros conocidos de “organizaciones subversivas”, o sus simpatizantes, o sus asociados, o sus familiares o cualquiera que pudiera oponerse al poder del gobierno.
Conforme al derecho internacional, la naturaleza generalizada y sistemática de las violaciones de derechos humanos cometidas en Argentina durante los gobiernos militares de 1976 a 1983 las convierte en crímenes contra la humanidad.
¿Qué se entiende por crímenes contra la humanidad?
El término jurídico “crímenes contra la humanidad” fue primeramente definido en el artículo 6c del Estatuto de Nüremberg. Los siguientes actos cometidos de manera sistemática y a gran escala son crímenes contra la humanidad:

  1. Asesinato;

  2. Exterminio;

  3. Esclavitud;

  4. Deportación;

  5. Encarcelamiento;

  6. Tortura

  7. Violaciones

  8. Persecuciones por motivos políticos, raciales o religiosos;

  9. Desapariciones forzadas

  10. Otros actos inhumanos

Estas categorías emanan de la primera parte del artículo 6 c) del Estatuto de Nüremberg y la misma hace referencia también a los actos de persecución que, de hecho, constituyen la segunda categoría de crímenes contra la humanidad contenida en el Estatuto del Tribunal y más tarde desarrollada en la Convención sobre el genocidio. La definición establecida en tal Convención acerca de este acto concreto que constituye un crimen contra la humanidad, es tomada también por los Estatutos de los Tribunales ad-hoc (artículos 4 del Estatuto de la ex Yugoslavia y 2 del Estatuto del Tribunal Penal Internacional de Ruanda) y la Comisión de Derecho Internacional en su Código de Crímenes (artículo 17)


En el escrito de calificación definitiva de esta acusación, se desarrolla la tipificación de cada uno de estos crímenes, pero cabe recordar que todos y cada uno de ellos fueron cometidos por la Armada Argentina y específicamente por los oficiales destinados en la ESMA y que formaron parte de forma voluntaria o mediante el sistema de rotación del GT3.
El acusado aquí presente formó parte voluntariamente, no sólo de esta organización, sino también, como consta en sus declaraciones [Tomo 38, folio 10.286] de la Alianza Anticomunista Argentina, más conocida como “Triple A”, lo que deja patente su conocimiento y su clara voluntad de cometer este tipo de crímenes.
Hay ciertos elementos comunes en todos los crímenes contra la humanidad:

  1. Que se cometan contra la población civil. No es necesario que estos crímenes estén motivados por un intento de discriminación política, racial o religiosa, excepto cuando se trata del crimen de persecución. No hay dudas aquí de que las muertes, desapariciones forzosas y torturas cometidas en Argentina durante la última dictadura militar fueron cometidas específicamente contra la población civil, siéndolo además a manos de quienes se consideraban miembros de un ejército en operaciones.

La Sentencia de la Causa 13/84 dio por probado que aproximadamente el 70% de las víctimas fueron civiles, quienes fueron víctimas de los Grupos de Tareas, lo fueron en su lugar de trabajo o en su residencia habitual.


En el caso concreto de la ESMA, su finalidad de exterminio queda en evidencia si recordamos que prácticamente el 98% de los detenidos arbitrariamente que pasaron por este campo, fueron exterminados.


  1. Otro elemento esencial es que los crímenes hayan sido cometidos sistemáticamente o a gran escala.

Para D. Thiam, Ponente especial de la Comisión de Derecho Internacional de la ONU: “Un acto inhumano cometido contra una sola persona podría constituir un crimen contra la humanidad si se situara dentro de un sistema o si el mismo se ejecutara según un plan.
En el Proyecto de Código de Crímenes contra la Paz y Seguridad de la Humanidad, la Comisión de Derecho Internacional de las Naciones Unidas explica que “forma sistemática” quiere decir “con arreglo a un plan o política preconcebidos”. La ejecución de ese plan o política podría llevar a la comisión repetida o continua de actos inhumanos. Lo importante de este requisito es que excluye el acto cometido al azar y no como parte de un plan o política más amplios”.

La Comisión de Derecho Internacional entiende por “comisión en gran escala” que los actos se dirijan contra una multiplicidad de víctimas. Este requisito excluye el acto inhumano aislado cometido por un autor por su propia iniciativa y dirigido contra una sola víctima”.


Se trata de dos requisitos alternativos, en consecuencia, un acto podría constituir un crimen contra la humanidad si se diera cualquiera de esos dos requisitos.


  1. En la redacción del Código de Crímenes de 1996, artículo 18, se exige también una actuación “instigada o dirigida por un gobierno o por una organización política o grupo”.




  1. Pueden ser cometidos en tiempo de guerra o en tiempo de paz


¿Existió en Argentina una agresión sistemática y a gran escala contra la población civil?
Hay que determinar de las pruebas practicadas que la agresión fue sistemática, así lo determina la Causa 13, pero además ha quedado acreditada la existencia de un Plan en base a las órdenes, decretos y directivas obrantes en Autos. Quiero poner especial hincapié en señalar no sólo estas sino y además las Ordenes Secretas, todas ellas obrantes también en Autos, que aunque desubicados, las hemos racionalizado y esta parte las designó en la documental ubicándolas todas ellas en folios concretos.
En ellas se especifica hasta la existencia de libros contables donde se especificaban los datos de los desaparecidos y represores.
En este sentido de la existencia del plan sistemático, depusieron tanto el fiscal Hugo Cañón, como el fiscal Strassera.
En cuanto a gran escala, hay que decir que el número de víctimas fue tan grande que escandaliza, lo fue en toda la República Argentina y abarcó a todos los sectores de la sociedad.
Por ello podemos determinar que los delitos cometidos en Argentina fueron delitos contra la humanidad, porque reunieron todos los requisitos anteriormente enunciados.
Una característica esencial de los crímenes contra la humanidades es que son imprescriptibles, que están sujetos al principio de jurisdicción universal y que el individuo que los comete está sujeto a responsabilidad penal individual, sin poder ser invocado frente a estos crímenes, la objeción de obediencia debida [Ver páginas 59 a 64 del escrito de calificación]

Esta característica implica que el Estado en el que se encuentra un responsable de crímenes contra la humanidad está obligado a juzgarlo y condenarlo, ya que no hacerlo sería una violación grave del derecho internacional.


Antes de pasar a la cuestión de la responsabilidad penal individual de Adolfo Scilingo por la comisión de crímenes contra la humanidad, esta acusación quiere resaltar y llamar la atención sobre algo tan importante como es la obligación que tienen los Estados miembros de la Naciones Unidas de aplicar el Estatuto de Nüremberg y la doctrina emanada de su sentencia y, como ya mencionó la fiscalía, los Principios de Nüremberg.
Quien fuera Juez de la Corte Suprema de Justicia de los Estados Unidos y, en lo que al Tribunal Militar Internacional de Nüremberg se refiere, el Fiscal Supremo por parte de los Estados Unidos, Robert Jackson, en su discurso de apertura expresaba lo siguiente: “El trato que un gobierno da a su propio pueblo, normalmente no se considera como asunto que concierne a otros gobiernos o a la comunidad internacional de Estados. El maltrato, sin embargo, de alemanes por alemanes, durante el nazismo traspasó, como se sabe ahora, en cuanto al número y a las modalidades de crueldad, todo lo que la civilización moderna puede tolerar. Los demás pueblos si callaran, participarían de estos crímenes, porque el silencio sería consentimiento”.
El Tribunal de Nüremberg ejerció su competencia sobre los principales criminales de guerra de los países europeos del eje.
El 13 de febrero de 1946, la Asamblea General de la ONU adopto la resolución 3 (1), en la que “toma conocimiento de la definición de los crímenes de guerra, contra la paz y contra la Humanidad tal como figuran en el Estatuto del Tribunal Militar de Nüremberg de 8 de agosto de 1945”, es decir tal cual figuran en el artículo 6 y siguientes del Estatuto.
En la Resolución 95 (I) de 11 de diciembre de 1946, la Asamblea General de la ONU “confirma los principios de Derechos Internacional reconocidos por el Tribunal de Nüremberg y por la Sentencia de ese Tribunal”.
El efecto de las resoluciones mencionadas es consagrar con alcance universal el derecho creado en el Estatuto y en la Sentencia del Tribunal de Nüremberg. Su vigencia en España ya fue reconocida al ratificar el Convenio de Ginebra relativo al trato debido a los prisioneros de guerra, de 12 de agosto de 1949 (B.O.E. de 5 de septiembre de 1952 y de 31 de julio de 1979), que, en su artículo 85 está remitiendo a los “Principios de Nüremberg” aprobados por la Asamblea General de la ONU mediante resolución de 11 de diciembre de 1946.
A su vez mediante Resolución 177 (II), de 21 de noviembre de 1947, relativa a la Formulación de los principios reconocidos por el Estatuto y por las Sentencias del Tribunal de Nüremberg, la Asamblea General, decide confiar dicha formulación a la Comisión de Derecho Internacional encargando a esta Comisión “Que formule los principios de Derecho Internacional reconocidos por el Estatuto y por las Sentencias del Tribunal de Nüremberg”.
La Comisión, en su primera reunión de mayo a junio de 1949, elaboró dichos Principios y Crímenes, adoptándolos en 1950.
Tales principios son los siguientes:
Principio I. Toda persona que cometa un acto constitutivo de delito a la luz del derecho Internacional, es responsable del mismo y está sujeto a castigo.
Principio II. El hecho de que el derecho interno no prevea pena alguna para un acto constitutivo de delito a la luz del Derecho Internacional, no exime de responsabilidad, conforme al mismo derecho, a quien hubiere perpetrado tal acto.
Principio III. El hecho de que la persona que haya cometido un acto constitutivo de delito a la luz del Derecho Internacional, haya actuado como Jefe de Estado o como funcionario público, no la exime de responsabilidad conforme al Derecho Internacional.
Principio IV: El hecho de que una persona haya actuado en cumplimiento de una orden de un Gobierno o de un superior, no la exime de responsabilidad conforme al Derecho Internacional, siempre que de hecho haya tenido la posibilidad de elección moral.
Principio V. Toda persona acusada de un crimen conforme al Derecho Internacional, tiene derecho a un juicio justo sobre los hechos y sobre el derecho.
Principio VI. Los crímenes que se enumeran a continuación son punibles bajo el Derecho Internacional:


  1. Crímenes contra la paz; a saber:

  1. La planificación, la preparación, el desencadenamiento o la ejecución de una guerra de agresión o una guerra que viole tratados, acuerdos y garantías internacionales.

  2. La participación en un plan común o conspiración para la perpetración de cualquiera de los actos mencionados en el inciso 1.




  1. Crímenes de guerra; a saber:

Las violaciones de las leyes o usos de la guerra. Tales violaciones comprenden, sin que esta enumeración tenga un carácter restrictivo, el asesinato, el maltrato o la deportación para realizar trabajos en condiciones de esclavitud, o con cualquier otro propósito, de poblaciones civiles en territorios ocupados, o que en ellos se encuentren; el asesinato o el maltrato de prisioneros de guerra o personas en el mar; la matanza de rehenes, el saqueo de la propiedad pública o privada, la destrucción arbitraria de ciudades, villas o aldeas, o la devastación no justificada por las necesidades militares.


  1. Crímenes contra la humanidad, a saber:

El asesinato, el exterminio, la esclavitud, la deportación y otros actos inhumanos cometidos contra la población civil, o las persecuciones por razones políticas, raciales o religiosas, cuando tales actos sean cometidos o tales persecuciones sean llevadas a cabo en ejecución de, o en conexión con, cualquier crimen contra la paz o cualquier crimen de guerra.
Principio VII. La complicidad en la perpetración de un crimen contra la paz, un crimen de guerra o un crimen contra la humanidad de los enumerados en el Principio VI es un crimen bajo el Derecho Internacional”.
Esta elaboración de los principios de Nüremberg a cargo de la Comisión de Derecho Internacional incluye la complicidad – en los crímenes contra la paz, en los crímenes de guerra y en los crímenes contra la humanidad – en cuanto crimen internacional, es decir, la complicidad en un acto que constituye un crimen de Derecho Internacional es en sí misma un crimen de derecho Internacional.
La constatación por el Secretario General del carácter consuetudinario de estos instrumentos es vinculante para todos los Estados conforme al artículo 25 de la Carta de la ONU; el Consejo de Seguridad aprobó el Informe del Secretario General por el que reconocía el carácter de derecho consuetudinario del Estatuto de Nüremberg y sin ninguna reserva (S/Res/827, 25 de mayo de 1993, pár.2; Informe del Secretario General (S/25704)).
Los Estados de la comunidad internacional tiene por tanto la obligación erga omnes de aplicar los principios emanados de Nüremberg, entre otras cosas, porque la mera pertenencia a la Organización de las Naciones Unidas mediante la aceptación del Estatuto de la misma, lleva aparejada la aceptación y el compromiso de hacer cumplir los principios que, emanados de Nüremberg, han pasado a ser Derecho Internacional de obligado cumplimiento, tanto consuetudinario como convencional.
En el caso español además, la primacía del derecho internacional sobre el derecho interno viene dada por los artículos 10 y 96 de la Constitución española de 1978. El artículo 10.2 de la Constitución establece que “las normas relativas a los derechos fundamentales y a las libertades que la Constitución reconoce se interpretarán de conformidad con la Declaración Universal de Derechos Humanos y los Tratados y Acuerdos Internacionales sobre las mismas materias ratificados por España”.
A su vez, el artículo 96.1 dice que “Los Tratados Internacionales válidamente celebrados, una vez publicados oficialmente en España, formarán parte del ordenamiento interno. Sus disposiciones sólo podrán ser derogadas, modificadas o suspendidas en la forma prevista en los propios Tratados o de acuerdo con las normas generales del Derecho Internacional”.
¿Por qué el capitán Adolfo Sclingo es responsable por actos que constituyen crímenes contra la humanidad?
Esta acusación fundamenta la responsabilidad penal individual del acusado Adolfo Scilingo, en base a su participación en la ejecución del plan común que tenía por finalidad delictiva la comisión de crímenes contra la humanidad, y ello en el marco de la ESMA, y, dentro de la ESMA, del Grupo de Tareas, el cual constituye una organización criminal en los términos de la doctrina de Nüremberg. (T 38, fs. 10286)
El capitán de corbeta Adolfo Scilingo, en su Declaración ante el Juez Titular del Juzgado Central de Instrucción Nº 5 de la Audiencia Nacional española, manifestó haberse ofrecido como voluntario para integrar el Grupo de Tareas, que operaba dentro de la Zona de Comando Nº 1 de las fuerzas represivas argentinas. (T. 36 Fs. 9624 a 9625)
Precisamente, la acusación contra el Capitán A. Scilingo surge por su participación voluntaria en un grupo de tareas cuyas acciones fueron declaradas como criminales por la propia justicia argentina en la sentencia de la Causa 13/84; es incuestionable la pertenencia del Capitán Scilingo a dicho grupo, no sólo como integrante de la Armada Argentina, sino a título personal y voluntario y al margen de la propia estructura orgánica militar, siendo la operatividad de dicho Grupo de Tareas manifiestamente clandestina e ilegal, y aceptando todos sus integrantes de manera voluntaria las normas operativas del mismo.
Él declara concretamente (T. 38 Fs. 10096) que existía una doble cadena de mando, la ordinaria de la jerarquía militar (ESMA) y la “operativa” que es clandestina: la del Grupo de Tareas.
La mencionada causa acredita como hechos probados, integrándolos en la sentencia con carácter de tales, la desaparición, detención ilegal y torturas de más de 300 casos imputables al mencionado grupo de tareas, que demuestran la volunta de cometer, previa a su planificación, toda una serie de crímenes contra la humanidad, que según las propias declaraciones del capitán Adolfo Scilingo, son 4.4.00 víctimas (T. 38, fs. 10116 a 10117) Con ello sería suficiente para una condena, y no estaríamos obligados a probar nada más.
A lo largo de éste y de los siguientes apartados, se fundamentará el carácter de organización criminal del Grupo de Tareas de la ESMA 3.3. y la responsabilidad penal individual por pertenencia a dicho grupo. Esto se hará a la luz, básicamente, del derecho de Nüremberg, y, a través de la doctrina del “Plan Criminal Común”, de su desarrollo posterior.

  • De la Organización Criminal en Nüremberg

Nüremberg establece la responsabilidad penal individual, no sólo por la comisión de uno o varios de los crímenes de su competencia, sino también por motivo de pertenencia a una organización criminal que tuviera precisamente como finalidad la comisión de los crímenes del Artículo 6 (crímenes contra la paz, crímenes de guerra, crímenes contra la humanidad), estando derivado su carácter criminal precisamente de esta finalidad.


Así lo dispone el artículo 6 in fine:
“Los dirigentes, organizadores, instigadores y cómplices participantes en la elaboración o en la ejecución de un plan común o de una conspiración para cometer cualquiera de los crímenes antedichos son responsables de todos los actos realizados por cualesquiera personas en ejecución de tal plan”.
El propio Estatuto de Nüremberg desarrolla la responsabilidad por pertenencia a organización criminal en sus artículos 9, 10 y 11.
Artículo 9. En el juicio de un individuo perteneciente a algún grupo u organización, el Tribunal podrá declarar (en relación con cualquier acto por el que dicho individuo pudiera ser condenado) que el grupo u organización al que pertenecía dicha persona era una organización criminal. (…)
El Fiscal Jackson, en lo que se refiere a la aplicación de la figura de organización criminal, aclara lo siguiente:
“La pertenencia a organización que el Estatuto y la Ley del Consejo de Control convierten en criminal implica, por supuesto, la existencia de una auténtica pertenencia que lleve aparejada la voluntad del miembro. El acto de afiliación a la organización deberá haber sido intencional y voluntario. Nunca se ha pensado que la obligación legal o coacción ilícita, el engaño o trampa efectiva del que alguien sea víctima, sea un delito de la víctima, y no deberá deducirse un resultado tan injusto. La medida del conocimiento que el miembro tenga de la naturaleza criminal de la organización es, sin embargo, otro asunto. Es posible que no lo supiera en el momento de afiliarse, pero podría haber seguido siendo miembro después de conocer este hecho. Y será imputable no sólo por lo que era de su conocimiento sino también por todo aquéllo que razonablemente pudo conocer...
Por supuesto, los miembros de organizaciones criminales o conspiraciones que cometan personalmente crímenes son imputables a título individual por tales crímenes tal como lo son quienes cometan similares delitos sin un respaldo organizativo. Pero lo fundamental en el delito de conspiración o de pertenencia a una organización criminal es la responsabilidad por los actos que una persona no comete personalmente pero que se ven facilitados o instigados por los actos de esa persona. El delito reside en unirse a otros y participar en una acción común ilícita, por inocentes que sean los actos personales del participante al considerárseles por sí mismos”.
La Sentencia del Tribunal de Nüremberg señala que “Una organización criminal es análoga a una conspiración criminal en cuanto la esencia de ambas es la cooperación para fines criminales. Debe existir un grupo unido y organizado hacia un propósito común.(…)
Partiendo del principio de que “una organización criminal es análoga a una conspiración criminal en cuanto la esencia de ambas es la cooperación para fines criminales”, debiendo existir un grupo unido y organizado hacia un propósito común, el Tribunal declaró criminales, de entre las organizaciones propuestas por la Fiscalía, las siguientes:


  1. Los cuadros del partido Nazi (Cuerpo de dirigentes del NSDAP)

  2. La GESTAPO o policía secreta del Estado

  3. Las SS o estafetas de defensa del NSDAP

  4. El SD o servicio de seguridad

Hubo otros procesos que abundan en este sentido, pero el caso más relevante a los efectos del presente informe es el caso United States v. Otto Ohlendorf, et al. (Caso nº 9), más conocido como Caso Einsatzgruppen. Este proceso acabó siendo conocido como Caso Eisantzgruppen porque la conducta criminal en virtud de la cual se acusaba a todos los procesados se derivaba de sus funciones en cuanto miembros de estos grupos. El término alemán “Einsatzgruppen”, puede traducirse como “Fuerzas de Tareas Especiales” (o Grupos de Tareas Especiales o Unidades Especiales). Cuatro de estas unidades especiales se constituyeron en mayo de 1941, justo antes del ataque alemán sobre Rusia y fueron establecidas bajo la dirección de Hitler y Heinrich Himmler, Jefe de las SS y de la Policía alemana.


Las unidades fueron organizadas por Reinhardt Heydrich, Jefe de la Policía de Seguridad y del SD (Servicio de Seguridad) y operaban bajo el control directo de la Oficina Principal de Seguridad del Reich (RSHA). El personal de los Einsatzgruppen provenía de las SS, el SD, la GESTAPO (Policía Secreta del Estado) y otras unidades policiales. La Fiscalía alegó que el propósito básico de los Einsatzgruppen era acompañar al ejército alemán a los territorios ocupados del Este y exterminar a judíos, gitanos, oficiales soviéticos y otros elementos de la población civil tenidos por inferiores “racialmente” o “políticamente indeseables”. Aproximadamente un millón de seres humanos fueron víctimas de este programa.
El Caso Einsatzgruppen se sustanció en el Palacio de Justicia de Nüremberg. El acta de acusación se introdujo el 3 de julio de 1947 y la sentencia es de fecha 8, 9 de abril de 1948.
El Cargo 1, Crímenes contra la humanidad, de que eran acusados los procesados, fue enunciado del siguiente modo:


  1. Entre mayo de 1941 y julio de 1943 todos los acusados en esta causa cometieron crímenes contra la humanidad, tal cual aparecen definidos en el artículo II de la Ley 10 del Consejo de Control, en la medida en que fueron los autores principales de los delitos, y los ordenaron, promovieron y consintieron. Estaban vinculados con planes e iniciativas elaboradas al efecto. Y eran miembros de organizaciones o grupos vinculados a crímenes y atrocidades, incluyendo pero no limitados a, persecución por motivos políticos, raciales y religiosos, asesinato, exterminio, encarcelamiento y otros actos inhumanos cometidos contra la población civil, tanto contra nacionales alemanes como de otros países.

  2. Los actos, conductas, planes e iniciativas imputados en el párrafo 1 de esta acta, fueron ejecutados como parte de un programa sistemático de genocidio que tenía por finalidad la destrucción de tacones extranjeras y grupos étnicos a través del exterminio por asesinato.

  3. Desde mayo de 1941, siguiendo órdenes de Himmler, se formaron fuerzas de tareas especiales conocidas como “Einsatzgruppen” a partir de personal de las SS, el SD, la GESTAPO y otras unidades de policía. El propósito básico de estos grupos era acompañar al ejército alemán a los territorios ocupados del Este y exterminar a judíos, gitanos, oficiales soviéticos y otros elementos de la población civil tenidos por inferiores “racialmente” o “políticamente indeseables”.

  4. Inicialmente se constituyeron cuatro Einsatzgruppen, cada uno de ellos supervisaba las operaciones de un número de unidades subordinadas llamadas “Einsatzkommandos” o “Sonderkommandos”. Además, algunos Einsatzgruppen tenían otras unidades para fines especiales. Cada Eisantzgruppen, junto con sus unidades subordinadas, lo componían de 500 a 800 personas. El Einsatzgruppen A, que operaba principalmente en la región Báltica, incluía los Sonderkommandos 1ª y 1b y los Einsatzkommandos 2 y 3.

  5. (...)

  6. Einsatzagruppe A y las unidades bajo su mando perpetraron asesinatos y otros crímenes que incluyeron , pero no estaban limitados a, los siguientes:

  1. Durante el período entre el 22 de junio de 1941 y el 15 de octubre de 1941 en Lituania, Letonia y Estonia y la Rutenia Blanca, el Einsatzgruppe A asesinó a 118.430 judíos y 3.398 comunistas.

El Tribunal dejó claro que hasta el tiempo de la caída de Alemania la pertenencia a las SS y al SD era totalmente voluntaria. Asimismo, ante la alegación de algunos de los acusados de que se les impidió dejar la organización en un momento posterior, por ejemplo durante la guerra, el Tribunal estableció que esto no era obstáculo alguno para condenarles por pertenencia a organización criminal ya que el consentimiento para entrar en esta organización fue dado voluntariamente al margen de las que hubieran sido las razones de tal decisión. El propio TMI distinguió, al establecer la criminalidad de las SS, entre la pertenencia voluntaria y “aquéllos que habían sido llamados por el Estado”. Sólo si este llamamiento obedece a una ley o decreto válidos promulgados por el Estado alemán puede ponerse en duda el carácter voluntario de la pertenencia a la organización criminal.


En lo que se refiere al conocimiento de los actos o fines criminales de la organización, ha de señalarse que es del todo irrelevante el que el miembro en cuestión conociera del carácter criminal de la organización el día en que se unió a la misma. Sin lugar a dudas éste es responsable penalmente si continúa siendo miembro de la misma después de conocido el hecho. No cabe duda de que se le puede condenar, no sólo por lo que sabía, si no por todo lo que razonablemente debiera haber sabido.
En cuanto al conocimiento general de las actividades criminales, basta con exponer las conclusiones siguientes del Tribunal Militar Internacional:
“El Tribunal considera que el conocimiento de estas actividades criminales fue lo suficientemente general como para justificar la declaración de que las SS eran una organización criminal en la medida descrita hasta ahora. Parece que se intentó mantener en secreto algunas fases de sus actividades, pero sus programas criminales fueron tan generalizados e implicaron matanzas a tan gran escala, que sus actividades criminales tienen que haber sido ampliamente conocidas. Más aún, debe reconocerse que las actividades criminales de las SS eran una deducción lógica de los principios que regían su organización”.
Conforme a estos parámetros fueron condenados Otto Ohlendorf y veintiún acusados más.
Después de Nüremberg la responsabilidad por pertenencia a organización criminal no ha sido aplicada con la misma terminología y se han aplicado conceptos de conspiración criminal y de complicidad en la comisión de actividades criminales.
El Estatuto del Tribunal Internacional para la Antigua Yugoslavia establece en su artículo 7 la responsabilidad penal individual por la comisión de, entre otros, crímenes contra la humanidad, del siguiente modo:
Artículo 7

Responsabilidad penal individual

  1. Quienquiera haya planificado, incitado a cometer, ordenado, cometido, o ayudado y alentado de cualquier forma a planificar, preparar o ejecutar uno de los crímenes contemplados en los artículos 2 a 5 del presente Estatuto (crímenes de guerra, genocidio, crímenes contra la humanidad), es individualmente responsable de dicho crimen.

  2. (…)

  3. El hecho de que cualquiera de los actos contemplados en los artículos 2 a 5 del presente Estatuto haya sido cometido por un subordinado, no libera a su superior de su responsabilidad penal si sabía o tenía razones para saber que el subordinado se aprestaba a cometer ese acto o ya lo hizo, y que el superior no tomó las medidas necesarias y razonables para impedir que dicho acto no fuera cometido, o para castigar a los autores.

  4. El hecho de que un acusado haya actuado en ejecución de una orden de un gobierno o de un superior no le exonera de su responsabilidad penal, pero puede ser considerado como un motivo de disminución de la pena si el Tribunal Internacional lo estima conforme a la justicia.

El artículo 6 del Estatuto del Tribunal Penal Internacional para Ruanda se expresa en los mismos términos.


A su vez, el Estatuto de Roma de la Corte Penal Internacional, aprobado el 17 de julio de 1998 y ya ratificado por el Estado español, establece en su artículo 25.3 sobre Responsabilidad Penal Individual:


  1. De conformidad con el presente Estatuto, será penalmente responsable y podrá ser penado por la comisión de un crimen de la competencia de la Corte quien:




  1. Cometa ese crimen por sí solo, con otro o por conducto de otro, sea éste o no penalmente responsable;

  2. Ordene, proponga o induzca la comisión de ese crimen, ya sea consumado o en grado de tentativa;

  3. Con el propósito de facilitar la comisión de ese crimen, sea cómplice o encubridor o colabore de algún modo en la comisión o la Tentativa de comisión del crimen, incluso suministrando los medios para su comisión;

  4. Contribuya de algún modo en la comisión o tentativa de comisión del crimen, por un grupo de personas que tengan una finalidad común. La contribución deberá ser intencional y se hará:

  1. Con el propósito de llevar a cabo la actividad o propósito delictivo del grupo, cuando una u otro entrañe la comisión de un crimen de competencia de la Corte; o

  2. A sabiendas de que el grupo tiene la intención de cometer el crimen;

  1. Respecto del crimen de genocidio, haga una instigación directa y pública a que se cometa;

  2. Intente cometer ese crimen mediante actos que supongan un paso importante para su ejecución, aunque el crimen no se consume debido a circunstancias ajenas a su voluntad. Sin embargo, quien desista de la comisión del crimen o impida de otra forma que se consume no podrá ser penado de conformidad con el presente Estatuto por la tentativa si renunciare íntegra y voluntariamente el apropósito delictivo.

La sentencia de la Sala de Apelaciones del Tribunal Internacional para la Antigua Yugoslavia en el Caso Tadic, sentencia de 15 de julio de 1999, ha sistematizado la doctrina del plan Común Criminal, haciendo un recorrido histórico, sobre todo en cuanto a las fuentes jurisprudenciales, así como una explicación de la aplicación de la misma a la luz del elemento de mens rea o elemento intencional.

Dice esta sentencia:
185. Surge pues la cuestión de si bajo el derecho penal internacional se puede establecer la responsabilidad penal del acusado por el asesinato de 5 hombres en Jaskici aunque no exista evidencia de que éstos hayan sido asesinados por el acusado personalmente. Las dos cuestiones centrales son:

i) si los actos de una persona pueden dar lugar a la culpabilidad penal de otra en aquellos casos en que ambas participan en la ejecución de un plan criminal común; y

ii) qué grado de mens rea se requiere en tales casos.
Y el Tribunal expone:
220. Resumiendo la Sala de Apelaciones sostiene que el criterio del plan común como forma de responsabilidad está firmemente arraigado en el derecho internacional consuetudinario y además es adoptado, si bien implícitamente, por el Estatuto del Tribunal Internacional. En lo que se refiere a los elementos objetivos y subjetivos del crimen, la jurisprudencia pone de manifiesto que este criterio ha sido aplicado a tres categorías diferentes de casos. En primer lugar, a casos de coautoría en que todos los partícipes en el plan común poseen la misma intencionalidad criminal de cometer el crimen (y uno o más de ellos, de hecho, perpetraron el crimen, con intención de ello). En segundo lugar, en los casos conocido como “casos de campos de concentración”, en los cuales el requisito de mens rea engloba el conocimiento de la naturaleza del sistema de malos tratos y la intención de fomentar el plan de malos tratos. Esta intencionalidad puede probarse, bien directamente, o bien como una cuestión de inferencia a partir de la naturaleza de la autoridad del acusado dentro del campo o en el organigrama jerárquico. El ex capitán Scilingo integró la plana mayor del centro clandestino ESMA.

En relación con la tercera categoría de casos, resulta apropiado aplicar el criterio del “plan común” sólo cuando se cumplan los siguientes requisitos en relación con el elemento intencional: i) la intención de tomar parte en una empresa criminal conjunta y de favorecer – individual y conjuntamente- la finalidad criminal de esa empresa; y ii) la previsión de la posible comisión por parte de otros miembros del grupo de crímenes que no constituyen el objeto del plan criminal común. Por tanto el partícipe ha debido tener en mente la intención, por ejemplo, de maltratar a los prisioneros de guerra (incluso si tal plan surgió extemporáneamente) y son uno o algunos miembros del grupo los que de hecho les han matado. No obstante, para que la responsabilidad por las muertes pueda imputarse a los otros, cada miembro del grupo ha debido poder predecir este resultado. Ha de señalarse que se requiere algo más que negligencia. Lo que se requiere es un estado de ánimo en que una persona, si bien no intentó producir un determinado resultado, era consciente de que las acciones del grupo conducirían muy probablemente a ese resultado, pero sin embargo corrió tal riesgo voluntariamente. En otras palabras, se requiere el llamado dolus eventualis.


230. En el presente caso, la Sala de Primera Instancia estimó que el recurrente participó en el conflicto armado que se desarrolló entre los meses de mayo y diciembre de 1992 en la región de Prijedor. Una de las características de este conflicto fue la existencia de una política de comisión de actos inhumanos contra la población civil no serbia del territorio en el marco de lo que era el intento de llegar a la creación de la Gran Serbia. También se estimó que, en fomento de esta política, se cometieron actos inhumanos contra numerosas víctimas y “siguiendo un plan identificable” (…)
231. El recurrente participó activamente en la finalidad del plan común consistente en vaciar la región de Prijedor de población no serbia mediante actos inhumanos. La finalidad criminal común no consistía en asesinar a todos los hombres no serbios; de la evidencia presentada y aceptada se desprende claramente que con frecuencia se producían asesinatos en el marco de ese esfuerzo por vaciar la región de Prijedor de población no serbia. No ha lugar a dudas que el recurrente había estado al corriente de los asesinatos que acompañaban la comisión de actos inhumanos contra la población no serbia.

La Sala de Apelaciones del Tribunal de la Ex Yugoslavia declaró al acusado culpable de crímenes contra la humanidad en los términos de artículo 5 (a) (asesinato) del estatuto y artículo 7 (1) (participación en plan común con finalidad delictiva) del mismo.




  • De la aplicación de la doctrina por los tribunales argentinos

Recientemente los tribunales argentinos han aplicado la figura de organización criminal respecto del General Videla y de Enrique Lautaro Arancibia Clavel.


En sentencia recaída en la Causa Nº 33714 “Videla, Jorge R. s/procesamiento” de fecha 23 de mayor de 2002, el Juez Federal Gabriel Rubén Cavallo dispuso:
“… no quedan dudas acerca de que el delito de asociarse con fines criminales, que nuestro Código Penal prevé en el Capítulo II del Título VIII, tiene su correlato en el derecho penal internacional. En otras palabras, el asociarse con el propósito de cometer crímenes contra la humanidad es una conducta prohibida por el derecho de gentes y por lo tanto, corresponde darle el mismo tratamiento que se explicitó en el punto II de la presente resolución.
Por los argumentos expuestos, se confirmará el procesamiento de Videla con relación a la imputación de asociación ilícita, sin perjuicio de la calificación que en definitiva corresponda”.

Asimismo el Juez Federal Juan José Galeano en sentencia de 16 de agosto de 2002, en el caso Arancibia Clavel , se pronunció en el siguiente sentido:


“…entiendo que el delito de asociación ilícita, cuando es ejecutado por el Estado desde sus propias organizaciones de poder, debe ser considerado un crimen contra el derecho de gentes.
Uno de los requisitos ineludibles para que el delito de asociación ilícita pueda integrar dicha categoría de ilícitos es que la organización tenga el propósito de cometer crímenes contra la humanidad, crímenes de guerra o cualquier otro crimen contra el derecho internacional. Por ello, deben considerarse excluidas de esta categoría a aquellas organizaciones criminales que no tengan por objeto la comisión de tales ilícitos.
Como sucede con cualquier otro crimen contra la humanidad, la organización debe necesariamente contar con la participación del Estado, o al menos, debe actuar con la tolerancia del poder político (sea éste de iure o de facto) y debe integrar un plan de ataque masivo y sistemático contra una población civil…
Por lo expuesto no quedan dudas acerca de que el delito de asociarse con fines criminales, que nuestro Código Penal prevé en el Capítulo II del Título VIII, tiene su correlato en el derecho penal internacional.
En otras palabras, el asociarse con el propósito de cometer crímenes contra la humanidad es una condición prohibida por el derecho de gentes y, por lo tanto aplicable e imprescriptible.
Todo ello es aplicable a la sentencia que buscamos.


  • De la responsabilidad penal en base al principio de la responsabilidad del superior jerárquico

De la declaración voluntaria del Capitán de Corbeta Adolfo Scilingo, así como de las demás pruebas documentales aportadas, puede afirmarse que Adolfo Scilingo conoció y debió haber conocido como integrante de la plana mayor de la ESMA, que el personal bajo su autoridad o mando directo cometió actos que constituyen crímenes contra la humanidad, y que no impidió, ni investigó ni castigó tales actos.


En la medida en que el ejército argentino se consideraba un ejército en operaciones y en “guerra contra la subversión”, tal cual se desprende además de la serie de órdenes secretas aportadas en el sumario, todos sus miembros se hallaban ya entonces vinculados por las leyes y usos de la guerra y las Convenciones de Ginebra de 1949, las cuales habían sido ratificadas por el Estado argentino en fecha de 18 de septiembre de 1956.

Esto quiere decir que el acusado Scilingo ni siquiera cumplió con las obligaciones derivadas del artículo 3 común de las Convenciones de Ginebra respecto del trato mínimo a garantizar a las personas objeto de protección por parte del mismo, trátese de prisioneros de guerra, trátese de población civil. Este extremo lo reconoce el propio acusado en sus declaraciones (T. 36 sumario principal, fs. 9642 y 9696-9697)


Dado el carácter sistemático, esto es, con arreglo a un plan común, y dada la gran escala de los actos de tortura, detenciones arbitrarias, exterminio y desapariciones forzadas cometidos contra la población civil argentina, tales actos se elevan a la categoría de crímenes contra la humanidad, crímenes que le son imputables al Capitán de Corbeta Adolfo Scilingo y respecto de los cuales se puede establecer su responsabilidad penal individual del modo que sigue:


    1. Como se ha expresado, por su pertenencia a la organización criminal constituida por el Grupo de Tareas 3 del que formaba parte

    2. Directa: por la emisión y cumplimiento de órdenes manifiestamente ilegales

    3. Indirecta: por no impedir, ni investigar ni castigar los actos ilegales cometidos por sus subordinados, teniendo conocimiento de los mismos, tal cual se desprende de su declaración voluntaria, y estando además, por su posición de Capitán de Corbeta e integrante de la plana mayor de la ESMA, obligado a conocer de los mismos.

El principio de responsabilidad del comandante (“command responsability”) es un principio reconocido en el derecho internacional e impregna también los códigos militares de los países y naciones civilizadas, pues no podrían existir los ejércitos sin una disciplina que reprima los actos ilegales cometidos por sus miembros, tanto por acción como por omisión, resultando esencial la supervisión que los superiores han de realizar de los actos de los subordinados. De no ser así, será difícil distinguir una tropa de una vulgar banda de malhechores o de un grupo armado terrorista.


El concepto de responsabilidad del mando, en sentido amplio, abarca dos vertientes. En primer lugar, afecta a la responsabilidad del comandante o persona investida de mando, que ordena a un subordinado cometer un acto ilegal, como por ejemplo cualquiera de los actos que constituyen crímenes contra la humanidad a tenor de su carácter sistemático y su comisión a gran escala.
Contempla también la alegación del subordinado de falta de responsabilidad ante una infracción, porque actuaba de acuerdo con las órdenes, o con lo que presumía eran los deseos de su comandante, alegación conocida comúnmente como “cumplimiento de órdenes superiores” u “obediencia debida”
Es este último aspecto de la responsabilidad por omisión al que se suele hacer mención en la actualidad cuando se habla de la doctrina de responsabilidad del mando.
En sentido estricto pues, la doctrina de la responsabilidad de los superiores o del mando, establece que los mandos militares son responsables de los actos de sus subordinados. Si tales subordinados cometen violaciones de las leyes o usos de la guerra, o actos que por su carácter resulten en crímenes contra la humanidad, y si los superiores jerárquicos no llevan a cabo acción alguna para impedir o castigar tales crímenes, esos superiores también son responsables de tales actos.
La Sentencia de las Sala Primera Instancia (II) del Tribunal Penal Internacional para la ex Yugoslavia de fecha 16 de noviembre de 1998, en el caso conocido como Celebici, sintetiza el concepto del siguiente modo:
“El hecho de que los comandantes militares y otras personas que ocupen cargos investidos de autoridad en base a una jerarquía, puedan ser declarados penalmente responsables de la conducta ilegal de sus subordinados, es una norma ya establecida tanto en el derecho internacional consuetudinario como convencional. Esta responsabilidad penal puede surgir, bien de los actos positivos del superior (lo que se suele denominar responsabilidad del comandante “directa” o de sus omisiones culposas (responsabilidad del comandante “indirecta” o strictu sensu). Por tanto, un superior puede ser tenido por penalmente responsable, no sólo por ordenar, instigar o planificar los actos criminales que lleven a cabo sus subordinados, sino también por no haber adoptado las medidas encaminadas a impedir o reprimir la conducta ilegal de sus subordinados”. En este caso por subordinados entendemos todos los miembros de la ESMA por debajo del rango de Scilingo.
Esta doctrina si bien ganó notoriedad después de la II Guerra Mundial, no es algo nuevo. Asimismo, ha sido y está siendo aplicada tanto por tribunales militares como ordinarios de distintos países.
Esta acusación desarrolla en su escrito de calificación definitiva tanto la evolución histórica de este principio, como su desarrollo normativo y jurisprudencial, con especial énfasis en la aplicación del mismo por el Tribunal de la ex Yugoslavia, al amparo del art. 7 de su Estatuto, que recordemos dispone que la responsabilidad penal del superior o comandante, puede producirse de dos formas: bien directamente, a tenor del artículo 7 (1), en aquellos casos en que el superior “hubiere planificado, instigado, ordenado, cometido o, de cualquier otra manera, hubiere ayudado y alentado a planificar preparar o ejecutar uno de los crímenes contemplados en los artículos 2 a 5”; o indirectamente, bajo el artículo 7 (3), según el cual, un superior puede ser tenido como responsable de los actos de su subordinado “si sabía o tenía motivos para saber, que el subordinado se aprestaba a cometer ese acto o ya lo hizo, y (…) no tomó las medidas necesarias y razonables para impedir que dicho acto fuera cometido, o para castigar a los perpetradores”.
En la misma línea está acusación toma los casos Celebici, Aleksovski, Blaskic, Stakic, Kunarac y Naletilic, representativos de la aplicación de este principio por parte del Tribunal de la ex Yugoslavia.
En el caso Stakic, por ejemplo, y en lo que hace aplicación de la pena, el Tribunal determinó que una persona puede ser penalmente responsable tanto como individuo, por sus propios actos y a tenor del artículo 7 (1), como en su calidad de comandante civil o militar por los actos de sus subordinados, al amparo del artículo 7 (3). En este caso el Tribunal decidió tomar la posición de un superior del acusado como circunstancia agravante de la responsabilidad penal directa.
Esta acusación reproduce también la sistematización del principio y su interpretación por parte de la Comisión de Derecho Internacional de las Naciones Unidas.


  • De la obediencia debida

Como ya se dijo anteriormente, la obediencia debida no puede ser invocada como eximente de la responsabilidad penal en la comisión de crímenes contra la humanidad. Es decir, no existe exención de responsabilidad penal frente a los crímenes cometidos como consecuencia del cumplimiento de órdenes de un superior jerárquico.
En este sentido el Artículo 8 del Estatuto de Nüremberg establece: “El hecho de que el acusado hubiera actuado en cumplimiento de órdenes de su Gobierno o de un superior jerárquico no eximirá al acusado de responsabilidad, pero ese hecho podrá considerarse para la atenuación de la pena, si el Tribunal determina que la justicia así lo requiere”.
Y el Principio IV de los Principios de Nüremberg: “El hecho de que una persona haya actuado en cumplimiento de una orden de su gobierno o de un superior no lo exime de responsabilidad conforme al Derecho Internacional, siempre que de hecho haya tenido la posibilidad de elección moral. Sin embargo, puede esta circunstancia ser tomada en consideración para atenuar la pena si la justicia así lo requiere”.
EL artículo 5 del Proyecto de Código de Crímenes contra la Paz y la Seguridad de la Humanidad dispone: “El hecho de que el acusado de un crimen contra la paz y la seguridad de la humanidad (entre ellos el crimen de agresión) haya actuado en cumplimiento de órdenes de un gobierno o de un superior jerárquico no lo eximirá de responsabilidad criminal, pero podrá considerarse circunstancia atenuante si así lo 3xige la equidad”.
En el mismo sentido se expresan, respecto de los crímenes de la competencia del tribunal, el artículo 7.4 del Tribunal Penal Internacional para la ex Yugoslavia y el artículo 6.4. del Tribunal Penal Internacional para Ruanda.
A su vez el artículo 33 del estatuto de Roma de la Corte Penal Internacional, establece:

“Órdenes superiores y disposiciones legales”

1. Quien hubiere cometido un crimen de la competencia de la Corte en cumplimiento de una orden emitida por un gobierno o un superior, sea militar o civil, no será eximido de responsabilidad penal a menos que:
a) Estuviere obligado por ley a obedecer órdenes emitidas por el gobierno o el superior de que se trate;

b) No supiera que la orden era ilícita; y

c) La orden no fuera manifiestamente ilícita”.


  • De las penas

En base a todo lo anterior solicitamos una sentencia condenatoria con la calificación de CRÍMENES CONTRA LA HUMANIDAD Y PERTENENCIA A ORGANIZACIÓN CRIMINAL.


En esta calificación se formulan dos alternativas:

  1. Conforme al Código Penal de 1995:

Los hechos son constitutivos de un delito de lesa humanidad del artículo 607 bis 1, 1º y 2, 1º,3º,4º,6º,7º,8º,10º, del Código Penal de 1995 y le corresponde una pena de 20 años de prisión, ya que todos los delitos de lesa humanidad se hallan entre sí en una relación de concurso ideal por lo que en virtud de lo establecido en el artículo 77 debe sancionarse con la pena más grave en su mitad superior.
Y en concurso real un delito del artículo 515 (asociación ilícita) en relación con el 516, a la pena de 30 años.


  1. Conforme a la legislación vigente en el momento de la comisión de los hechos: Estos serían constitutivos de un delito de lesa humanidad conforme a lo previsto en el artículo 15.2 del Pacto Internacional de Derechos Civiles y Políticos de 16 de diciembre de 1966 (BOE 30.4.77) (Resolución 3 (I) de la Asamblea General de Naciones Unidas de 13 de febrero de 1946, Resolución 95 (I) de la Asamblea General de las Naciones Unidas de 11 de diciembre de 1946, Resolución 177 (II) de la Asamblea General de las Naciones Unidas de 21 de noviembre de 1947), conforme a lo previsto en los artículos 10 y 96 de la Constitución española; en concurso ideal con 4.400 delitos de asesinato del artículo 406 del Código Penal de 1973, a la pena de 30 años.

Y un delito de terrorismo organizado (asociación ilícita) a la pena de 30 años de reclusión mayor.


Esta acusación hace suyas las palabras del tribunal que sentenció en el caso de los Einsatzgruppen cuando afirmó:

“…Ningún soldado debería sentirse humillado por no participar en una batalla contra un enemigo sin defensa. No se podría acusar a ningún soldado de cobardía por haber evitado un deber que, después de todo, no es el deber de un soldado. No se puede considerar que un soldado u oficial que intenta escaparse de semejante tarea esté intentando eludir una obligación militar. Sencillamente está pidiendo que no lo conviertan en un asesino. Si los líderes de los Einsatzgruppen hubieran manifestado su falta de voluntad para desempeñar el papel de asesino, esta página negra de la historia alemana no habría sido escrita. Si la historia ha enseñado algo, ha demostrado en términos devastadores, que la mayoría de los crímenes del mundo han tenido su origen en el servilismo cobarde de personas subordinadas a hombres quiénes, a través de una ambición sin límite y sin conciencia, han diseñado planes que, propuestos por cualquier otro, habrían sido rechazados por aberrantes”.







Informe oral del Escrito de Calificación de AAPDH-M


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