Asociaciones sindicales. Convenios colectivos. Conflictos. Asociaciones sindicales 1 Ley 23551. Libertad sindical



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ASOCIACIONES SINDICALES. CONVENIOS COLECTIVOS. CONFLICTOS.

ASOCIACIONES SINDICALES

1) Ley 23551. Libertad sindical

Afirmar como principio la libertad sindical significa generar las condiciones para posibilitar la plena actividad sindical; protegerla, limitar el poder. Y en este sentido, las normas sobre desafiliación y cancelación de la afiliación suponen un delicado equilibrio de fuerzas: la asociación de grado superior, indudablemente más poderosa, debe cumplir determinados recaudos legales para estar habilitada a cancelar la afiliación de otra de grado inferior; como contrapartida esta última debe poder renunciar, libremente y sin condición alguna, a la afiliación. Sala III, 5/3/1998, “Federación Obreros y Empleados de Correos y Telecomunicaciones, s./Queja expte. administrativo”.
2) Asociaciones sindicales de trabajadores. Derechos

Para ejercer el derecho conferido por el art. 31 de la ley 23551 en relación a los intereses colectivos de los trabajadores no es necesaria la autorización por escrito o mandato (art. 22 del decreto 467/88). Son directamente defendibles y representables por el sindicato con personería gremial, pues de otra manera no podrían ser objeto de protección efectiva en tanto tales, por las vías propias de un Estado de derecho para dirimir los conflictos. Por cierto que se trata de conflictos colectivos de derecho y no de intereses, y lo pretendido es remover el obstáculo surgido de una disposición sobreviniente que se considera manifiestamente ilegal y arbitraria y que afectaría derechos in peius del colectivo de los trabajadores del sector. Sala V, 14/3/2000, “Sindicato Argentino de Docentes Particulares (SADOP) v. Estado Nacional, s./Amparo”.

El art. 31, inc. a, de la ley 23551, expresamente reconoce la capacidad de las asociaciones sindicales con personería gremial para defender y representar ante el Estado, sin distinguir las funciones de éste, “los intereses individuales y colectivos de los trabajadores” correspondientes a su ámbito de actuación y es evidente que esa habilitación le autoriza a adoptar todas las conductas y comportamientos inherentes a la defensa de los derechos de sus representados. Sala II, 23/8/1996, “Asociación de Trabajadores de la Industria Lechera de la República Argentina A.T.I.L.R.A. v. Estado nacional”.

Si el objetivo propio de las asociaciones sindicales consiste en la defensa de los intereses de los trabajadores (art. 2 de la ley 23551), las acciones sindicales deben contribuir a remover los obstáculos que dificulten la realización plena del trabajador (art. 3, ley citada). En tal sentido puede concluir que la tutela de derechos constitucionalmente protegidos ha de canalizarse por medio de la acción sindical, gozando la asociación profesional con personería gremial de facultades propias de actuación ante la justicia cuando se encuentran en juego derechos de dicha naturaleza. Cuando los sindicatos pretenden salvaguardar derechos e intereses concretos de las categorías de trabajadores que representan, encontrándose legitimados para ello, no corresponde impedir tal actuación exigiendo la necesidad de consentimiento personal de cada uno de los afectados. Si esto sucediera, traería aparejado el impedimento de hecho del ejercicio concreto de la acción sindical en sus aspectos fundamentales, llevando a la frustración de derechos más elevados, consagrados por la CN. y los tratados internacionales a ella incorporados. Dentro de tal contexto normativo es indudable que las asociaciones sindicales demandantes tienen interés legítimo para cuestionar la constitucionalidad de los decretos 770/96 y 771/96, y por ende están habilitadas para demandar mediante la acción de amparo. Sala VI, 15/8/1996, “UTA y otros v. Estado nacional P.E.N., s./Amparo”.
Asociaciones sindicales simplemente inscriptas

El art. 23 de la ley 23551, que distingue entre las asociaciones sindicales simplemente inscriptas y las que poseen personería gremial, determina los derechos de las mencionadas en primer término. Tal enumeración no es taxativa (Conf. G. Lopez "Derecho de las asociaciones sindicales"), por lo tanto es importante destacar que además de los derechos allí señalados estas asociaciones gozan de determinados derechos o protecciones entre los que se encuentra la estabilidad de los delegados, cuando no existe entidad con personería gremial. Sala VIII, 28/8/2000, "Fascie, Ricardo v. AFJP Previnter S.A. s. Despido"

Sólo son sujetos del régimen de la ley 23551 los sindicatos inscritos y con personería gremial. Los no inscritos sólo aparecen contemplados en cuanto eventuales pretensores de la inscripción. El complejo de requisitos sustanciales y formales; derechos y cargas; modalidades de actuación, garantías, etc., establecidos por la ley sólo operan en cabeza de aquéllos. Sólo ellos, en consecuencia, se encuentran legitimados sustancialmente y procesalmente para promover las acciones que la ley prevé. Sala V, 29/8/1990, “Morell, María, y otros, s./Recurso de apelación”.
Aportes empresarios. Acuerdo homologado. Principio de pureza

La mera circunstancia que un acuerdo colectivo sea homologado no le otorga validez intrínseca y corresponde a los jueces verificar si se ha cumplido con las disposiciones legales aplicables. Es nulo el acuerdo en que se invoca de manera genérica el art. 4 del decreto 467/88, reglamentario del art. 9 de la ley 23551, para instituir una contribución a cargo de los empleadores, sin indicar específicamente cuál es el destino de esos fondos, y que establece una asociación entre el gremio y la entidad patronal para distribuirse en partes iguales el aporte que sólo recaudará la entidad gremial, ya que este modo de operar resulta violatorio del principio de pureza consagrado por la ley 23551, pues si bien no se trata de una asociación orgánica entre las entidades, la asociación se configura con relación a la percepción de un fondo cuyo destino no se define, especialmente por parte de la entidad patronal, de modo que el art. 4 del decreto 467/88 que se invoca no se adecua a los términos del acuerdo. El principio de pureza consagrado por la ley 23551 surge de los términos de los arts. 2 y 4 de la ley, que implícitamente rechazan la posibilidad de un sindicato mixto de empleadores y trabajadores, por lo que si bien este tipo de asociación no se encuentra prohibida por disposición legal alguna y su existencia es jurídicamente posible, no se encuentra regida por la ley 23551. Sala V, 12/2/1996, “Federación de Asociaciones de Trabajadores de la Sanidad Argentina v. Radiodiagnóstico S.A” (DT 1996-A-965).
3) Conflictos sindicales. Representación. Encuadramiento sindical.

El fundamento central de la Resolución del M. T. y SS 760/99 por la que se otorga la representación gremial de los dependientes de las AFJP al Sindicato del Seguro lo constituye la esencial similitud entre las funciones de estas aseguradoras y las tradicionales compañías de capitalización y ahorro cuyas relaciones laborales son reguladas por el mismo estatuto aplicable a los trabajadores de seguros y reaseguros. La circunstancia de que las sociedades anónimas actuantes como AFJP hayan sido constituidas por bancos, compañías de seguros, instituciones financieras e incluso sindicatos, no las convierte en instituciones "para-bancarias" como no permitiría considerarlas como una de las actividades no estrictamente gremiales que desarrollan los sindicatos. Sala VIII, 24/11/2000, "Sindicato del Seguro de la República Argentina v. Ministerio de Trabajo s. Ley de Asociaciones Sindicales".

La autoridad administrativa está facultada para atribuir la representación del sector patronal de acuerdo con lo previsto expresamente por el art. 2 de al ley 14250 (dec. 108/88) en base a un juicio discrecional de evaluación en relación con la actividad, que es operativo ante la ausencia de asociaciones de empleadores, que puedan invocar un monopolio análogo al que surge del diseño de la personería gremial (en el caso, se otorgó representatividad al Colegio de Graduados de Ciencias Económicas). Sala VIII, 9/2/2001, “Sindicato de Empleados de Comercio de la Capital Federal v. Jorge Vázquez & Asociados”.

El procedimiento administrativo que culminó con el otorgamiento de la personería gremial a una asociación profesional sin dar oportunidad de ser oída a una entidad preexistente, se encuentra viciado de nulidad por implicar un grave desmedro al derecho de defensa garantizado por el art. 18 de la Constitución Nacional (del dictamen del Procurador General al que la Corte adhiere). CS, 21/11/2000, “Federación Obreros y Empleados de Correos y Telecomunicaciones”. TySS ‘01-545

En los casos de encuadramiento sindical, ante la colisión de dos sindicatos, corresponde resolver adecuadamente la legitimación activa de la recurrente y considerar la totalidad de los argumentos conducentes planteados por ésta. Entre otros, el relativo a tener en cuenta la actividad principal de toda la empresa apelante (no sólo del establecimiento que fue inspeccionado), y el atinente a valorar la existencia (y aplicación concreta al personal de la interesada) de convenios colectivos específicos para la apelante (por contraposición a las convenciones genéricas para viajantes, en cuya creación aquélla no intervino). Para resolver la cuestión del cambio de encuadramiento del personal de una empresa, debe ameritarse si se induce a ésta al acatamiento de una convención colectiva en cuya negociación y suscripción no había participado (ni siquiera en forma ficta), desplazándose a la interesada del ámbito específico de otro convenio en cuya contratación estuvo representada. Corte Sup., 13/8/1996, “Sindicato de Trabajadores de la Alimentación v. Ministerio de Trabajo”.

Toda vez que los conflictos intrasindicales se encuentran regidos por los arts. 59 y 60 de la ley 23551 resultan, en principio, ajenos al “amparo sindical” legislado en el art. 47 de dicha ley. Aunque los actores del conflicto pudieran revestir la doble condición de delegados del gremio y trabajadores del sector, tal circunstancia no puede ampliar el campo de aplicación del art. 47 ya citado, so pena de desnaturalizar la voluntad legislativa. Sala V, 6/6/1990, “Barreiro, Avelino, y otros v. Unión Empleados de la Construcción y Afines”.

Reviste carácter intrasindical el conflicto surgido entre el representante gremial y el sindicato que suspendió el pago del estipendio destinado a suplir la falta de ingresos producida a causa de la licencia gremial de la que gozaba el trabajador. Para resolver esta situación es irrelevante la existencia de un vínculo laboral entre el actor y su sindicato, pues la presentación dineraria que efectivizaba la asociación gremial no era remuneratoria. Si en el marco de una controversia intrasindical se le deja de abonar al representante gremial electo la suma sustitutiva de su sueldo no devengado por la suspensión del contrato de trabajo que la prerrogativa del art. 48 de la ley 23551 conlleva, tal actitud, que careció de sustento cabal y fue arbitraria, afecta el ejercicio de los derechos emergentes de la libertad sindical (del dictamen del P.G.T. nº 19518 del 15/4/1996). Sala I, 13/4/1996, “De Luca, Claudio, v. Sindicato del Seguro de la República Argentina, s./Juicio sumarísimo”.

Cuando se presenta una situación de conflicto entre dos entidades gremiales (de 1er. y 2º grado), que tendrían la facultad de representar a una misma franja de trabajadores, tal caso deberá resolverse de acuerdo a lo que dispone el art. 59 de la ley 23551. Pero mientras tal situación se resuelva, el principio de libertad sindical, receptado en el art. 5 de dicha norma legal, faculta a la asociación de 1er. grado para ejercer sus derechos conforme a la ley y sus estatutos, sin estar obligada a afiliarse a la de grado superior. Sala III, 16/2/1989, “Asociación de Personal Jerárquico de Gas del Estado v. Gas del Estado”.

Para dirimir un conflicto intersindical de encuadramiento es imprescindible dilucidar cuál es el número de representación que confiere a las asociaciones sindicales en pugna la resolución administrativa que les otorga la personería gremial, pues ella determina el ámbito de representación del sindicato; como asimismo cuál es la actividad de la empresa en que se desempeña el personal cuyo amparo se disputan las asociaciones, pues ello determinará a qué actividad pertenece ese personal. Sala III, 29/9/1989, “Sindicato Obrero de la Industria del Vidrio”.

Las controversias de encuadramiento deben ser solucionadas ciñéndose al análisis de las resoluciones que conceden la personería y carecen de toda relevancia lo que surja de los estatutos, salvo que a ellos se remita la resolución administrativa que acuerda la representación. La misma irrelevancia posee la existencia de convenciones colectivas que definan el ámbito de aplicación, porque la contienda de encuadramiento hace a la entidad sindical que representa y no debe confundirse con el llamado “encuadramiento convencional” sin que esto signifique desconocer la relación entre el sindicato y la negociación colectiva en el marco de la ley 14250 (ver dictámenes 10505 y 11421). Sala I, 26/2/1993, “Unión Arg. de Artistas de Variedades v. Ministerio de Trabajo, s./Recurso”.

En las hipótesis de problemas de encuadramiento sindical resulta fundamental para seleccionar la solución evaluar la actividad de la empleadora, pues aunque el diferendo está referido fundamentalmente al plano de los trabajadores, cuando se enfrentan organizaciones gremiales de las denominadas verticales la circunstancia constituye el elemento decisivo para declarar cuál es la que debe representar al personal de la empresa involucrada. La personería de SMATA se proyecta a los “concesionarios, agencias y talleres dedicados a la fabricación, reparación y comercialización, armado, importación, montaje y modificación de vehículos automotores”, mientras que la Unión Obrera Metalúrgica sobre los dependientes que trabajan en “talleres mecánicos de reparación en general de automotores”, con lo cual las inspecciones que definen la actividad principal en sus diferentes oportunidades reafirman que el rubro de explotación es la venta o comercialización de los vehículos y también la actividad principal revistiendo el taller de reparaciones la neta caracterización de complementaria o accesoria, con lo cual es inequívoco que también la empresa se inserta en el convenio colectivo suscrito por ACARA invistiendo la representación específica de las concesionarias de automotores y que tuviera como legítimo sujeto negociador a SMATA. Sala II, 20/3/1996, “Sindicato de Mecánicos y Afines del Trasporte Automotor de la República Argentina (SMATA) v. Ministerio de Trabajo” (DT 1997-A-1110).

La supuesta preeminencia que algunos precedentes judiciales y recientemente el Ministerio de Trabajo y Seguridad Social intentan proyectar sobre la voluntad de afiliación de los trabajadores carece de relevancia jurídica, y además no se compadece con la sistemática legal adoptada, ya que no se trata de la aplicación del art. 28 de la ley 23551 ni siquiera por vía analógica en la medida que no se cotejan ambos ámbitos de representatividad sino personerías preexistentes, simultáneas y en relación al personal de un empleador, con lo cual la remisión a dicha ley es totalmente equívoca y carente de fundamento fáctico adecuado para el tipo de conflicto que se suscitara. Por lo tanto, corresponde revocar la resolución del Ministerio de Trabajo y Seguridad Social 8/95 y declarar encuadrado al personal de la empresa en cuestión en el ámbito de representación del Sindicato de Mecánicos y Afines del Trasporte Automotor (SMATA).

Las controversias sobre encuadramiento sindical deben ser resueltas conforme a la especialidad que deriva de la personería posterior, o sea la de la apelante —SMATA— pues de otro modo no se comprenderían los alcances de la representación de la recurrente en un sistema en el cual no aparece viable la coexistencia de ambas asociaciones. En la actualidad no se discute en doctrina la intrascendencia de las afiliaciones en los conflictos de encuadramiento, y la vigencia o aplicación de una norma convencional no incide en dicho conflicto, pues no debe confundirse el “encuadramiento sindical” con el “encuadramiento convencional”. La contienda de encuadramiento sindical trasunta una controversia intersindical de derecho entre dos o más asociaciones que gira en torno a la capacidad jurídica que emana de sus respectivas personerías y que se remite a cotejar las resoluciones que fijan los límites del agrupamiento, en esa suerte de adecuada delimitación llamada “mapa de personerías”. Sala II, 20/3/1996, “Sindicato de Mecánicos y Afines del Trasporte Automotor de la República Argentina (SMATA) v. Ministerio de Trabajo (DT 1997-A-1110).

La decisión administrativa acerca de cuál convenio debe aplicarse en una empresa determinada, de acuerdo con la actividad de ésta, lleva implícita la declaración de que, en virtud de la misma actividad, los trabajadores de esa empresa se hallan colectivamente representados por la asociación sindical signataria del convenio cuya aplicabilidad se declara. La distinción entre encuadre convencional y encuadre sindical se muestra así notablemente borrosa: del segundo se deduce el primero, pero del primero se induce el segundo. Si la empresa grababa los envases que se comercializan para medicinas, pero no efectuaba operaciones de industrialización del producto, y tampoco utilizaba materias primas, sino sólo herramientas de trabajo, corresponde que sus dependientes queden encuadrados en el Sindicato de Empleados de Comercio. Sala VII, 4/11/1996, “Sindicato de Empleados del Vidrio y Afines de la República Argentina, v. Ministerio de Trabajo y Seguridad Social, s./Ley de Asociaciones Sindicales”.

El Ministerio de Trabajo tiene competencia para determinar la asociación de empleadores con representatividad y aun para integrarla con empleadores de la rama respectiva, a los efectos del procedimiento previsto en la ley 16936 conforme lo establecido en el art. 9 de la ley 14250 aplicable analógicamente, habida cuenta de las similares proyecciones jurídicas del laudo con las de la convención colectiva de trabajo. Sala VIII, 4/5/1983, “Asociación Argentina de Empresarios del Trasporte Automotor (A.A.E.T.A.)”.

En virtud de lo dispuesto por el art. 6 de la ley 16936, modificado por la ley 20638, el laudo arbitral sólo puede ser impugnado por nulo cuando se configuren en forma conjunta o alternativa alguna de las causales mencionadas. La norma, que debe ser interpretada en forma estricta, prevé un remedio excepcional otorgado únicamente para verificar la legitimidad y razonabilidad del laudo, pero no veda el derecho de atacarlo por cuestiones distintas, debiendo recurrirse en ese caso a otras vías. Sala II, 27/9/1983, “Asociación de Empresarios del Trasporte Automotor de Entre Ríos v. Ministerio de Trabajo”.

La actividad de control que el Estado lleva a cabo respecto de las asociaciones en general, se encuentra particularmente justificada en relación a las sindicales, habida cuenta del sitio que ellas ocupan en la organización actual de la sociedad. Corte Sup., 10/4/1990, “Juárez, Rubén Faustino, y otro v. Ministerio de Trabajo y Seguridad Social - Dirección Nacional de Asociaciones Sindicales”.

Para que se produzca el desplazamiento de la personería de una asociación gremial hacia otra, el decreto 467/88 (art. 21) estableció que la “superioridad considerable” de la que habla el art. 28 de la ley 23551 exige una supremacía numérica del 10 % y continuada en el tiempo (6 meses), condiciones que responden al objetivo de evitar coyunturales y variables diferencias que originen sucesivos planteos de conflictos de representación. Sala III, 22/12/1992, “Centro de Empleados del Azúcar del Ingenio La Esperanza v. Ministerio de Trabajo”.
Procesos electorales. Vías internas

La ley 23551 no ha dado una respuesta única y definitiva en favor del Poder Judicial a los fines de la resolución de los diferendos que puedan plantearse durante los procesos electorales, sino pautas claras, como el agotamiento previo de las vías internas, y la prohibición de la intervención de la autoridad administrativa en la dirección de los gremios. Corte Sup., 10/4/1990, “Juárez, Rubén Faustino, y otro v. Ministerio de Trabajo y Seguridad Social - Dirección Nacional de Asociaciones Sindicales”.
4) Prácticas desleales

Cuando se entiende que la conducta de la demandada configuraría una práctica desleal (art. 53, inc. j, de la ley 23551) no se puede accionar invocando el art. 47 de la ley citada si el actor no reviste la calidad de delegado gremial. El remedio procesal que la ley prevé en esos casos de manifestaciones antisindicales cuando se configuran tratos discriminatorios es la promoción de la querella instituida en el art. 54 de la ley citada, para obtener la reparación por medio de la imposición de una multa o el cese de los actos motivantes (art. 55, ley citada). Sala V, 31/8/1999, “Chinski, Alberto, v. Asociación Israelita de Beneficencia y Socorros Mutuos Ezrah, s./Amparo”.

Puede concluirse que la demandada ha incurrido en la conducta tipificada por el art. 53, inc. f, de la ley 23551 al provocar dilaciones tendientes a obstruir el proceso de negociación, toda vez que la obligación de negociar no es un mero deber formal que se agota en la concurrencia a la mesa de negociación, sino que implica obrar de buena fe en el sentido de exigirse una conducta positiva de las partes para el progreso de la misma. Por ello, en el caso concreto, la demandada se ha hecho pasible de la imposición de una multa equivalente al 4 % de los ingresos provenientes de las cuotas que deban pagar los afiliados en un mes determinado. Para graduar la pena se tuvo en cuenta también la actitud de la parte sindical (actora) quien centró su reclamo insistentemente en el tema salarial —cuya única interesada era la entidad gremial— y no facilitó el arribo a un acuerdo, teniendo en cuenta que la faceta negocial se supone bilateral. Sala X, 11/11/1997, “Sindicato de Mecánicos y Afines del Trasporte Automotor de la República Argentina S.M.A.T.A. v. Asociación de Concesionarios de Automotores de la República Argentina A.C.A.R.A., s./Práctica desleal”.

En tanto la norma que sanciona a los empleadores por práctica desleal es de naturaleza punitiva, son aplicables los principios generales del derecho penal. En tal sentido, cuando se da la hipótesis de la sanción de una ley que reemplaza la pena anterior por una más leve debe aplicarse esta última por el principio de la ley más benigna (art. 2, párrafo 3, C.Pen.). Sala I, 9/4/1990, “Asociación Agentes de Propaganda Médica de la República Argentina v. Rodhia Argentina Química y Textil S.A.”.

La querella por práctica desleal no debe tramitarse por la vía ordinaria. El art. 63 de la ley 23551 dispone que se tramite “por el procedimiento sumario previsto en la legislación local” que, en este caso concreto, es el reglado por los arts. 486/496, CPCCN. Al acordar este proceso más garantías a la demandada, la pretensión de cambiarlo por la vía sumarísima es imposible sin su consentimiento, ya que contraría el derecho de defensa (art. 18, CN.) Sala V, 10/10/1990, “Vega, Ignacio, v. Consorcio de Propietarios calle Talcahuano 1283, s./Sumarísimo”.
5) Delegado de personal.

Licencia gremial. Reserva de puesto.

La licencia gremial produce una verdadera suspensión del contrato de trabajo, que solo juega sobre los aspectos decisivos de la relación, cuales son el deber de prestar tareas (por parte del trabajador) y el consiguiente de abonar la remuneración debida (en cabeza del empleador); en cambio, subsisten otros deberes tales como fidelidad, no concurrencia, etc., consagrados básicamente en los arts. 85 y 88 y concs. de la LCT. La licencia gremial es sin goce de sueldo y si bien es cierto que resulta habitual que, en estos supuestos, sea la asociación profesional quien compense los haberes dejados de percibir por quien asume esa función gremial, ello no implica que la entidad gremial pueda ser considerada como empleadora del dirigente gremial, dado que no existe entre la misma y su directivo una relación de trabajo subordinado en los términos de los arts. 21, 22 y 23 de la LCT.

En el supuesto del dirigente o representante sindical en uso de licencia, se mantiene su régimen laboral, asistencial y previsional, pero se trasladan a la organización sindical respectiva las obligaciones remuneratorias y los aportes o contribuciones asistenciales o previsionales que corresponde al empleador desde el comienzo de la licencia hasta la reincorporación del trabajador a sus tareas, lo que no significa que exista una transferencia del contrato de trabajo ni que las sumas que los dirigentes perciben de éste durante la licencia, constituya un salario o remuneración, sino una compensación económica por los haberes que el trabajador deja de percibir. Sala VII, 28/12/2000, “Eneine, Norma Z. v. Obra Social de Conductores Camioneros y Personal del Transporte Automotor de Cargas”

Si la organización sindical le abona al dirigente gremial viáticos y gastos de representación, que habitualmente no forman parte de la retribución que el empleador le abonaba cuando prestaba servicios, tales viáticos y rubros especiales no deben tributar cargas de la seguridad social, puesto que tienen su causa en las necesidades que la representatividad de los dirigentes crea, en orden al ejercicio de sus mismas funciones. Sala VII, 28/12/2000, “Eneine, Norma Z. v. Obra Social de Conductores Camioneros y Personal del Transporte Automotor de Cargas”

No es obstáculo par conceder la licencia gremial la circunstancia de que el trabajador ejerza una representación sindical ajena a su encuadramiento. Sala X, 28/2/2000, “Guas, Néstor O. v. A.F.J.P.” TySS ‘01-581

Coexistiendo una norma legal que sienta el derecho de los dirigentes o representantes gremiales a gozar de licencia automática sin goce de haberes –art. 48 ley 23551-, y otra contenida en el art. 62 del CCT 190/92 que establece la obligación de la empleadora de abonar el jornal como si la persona estuviera trabajando, debe considerase que se trata de un caso en que el convenio colectivo ha mejorado la situación del trabajador –art.8º de la LCT-, que debe ser remunerado por la empleadora, lo que no constituye una liberalidad de la demandada, sino la consecuencia de una obligación establecida convencionalmente. CApel. Concepción del Uruguay (Entre Ríos), Sala del Trabajo, 10/2/1998, “Arregui, Dora E. v. Jockey Club Uruguay s./indemnización” TySS ‘00-929.
Debe considerarse como tiempo de servicio para el cómputo de la antigüedad no sólo aquel en que el actor desempeñó cargos gremiales (art. 217. LCT.) sino también el lapso en que la demandada otorgó permiso gremial para realizar tareas encomendadas por el secretario general, haciendo reserva del puesto, en tanto la falta de prestación de servicios no es imputable al propio trabajador (art. 18, LCT.). Lo contrario implicaría ir contra la denominada “teoría de los actos propios”. Sala VII, 22/8/2000, “Agudo, Miguel, v. Club Ciudad de Buenos Aires, s./Despido”.

La licencia gremial es un derecho de los trabajadores con fundamento en el art. 14 bis de la CN. y 48 de la ley 23551. Pero si por cualquier circunstancia el trabajador decide reintegrarse a sus tareas antes de la conclusión de su mandato gremial, la demandada —que debe reservarle el puesto— no puede negarse a reincorporarlo. Si lo hace, su conducta encuadraría en lo dispuesto por el art. 53, inc. h, de la ley citada. Sala X, 11/199/1998, “Rodríguez, Gregorio, v. Sherwin Williams Argentina Industrial y Comercial S.A., s./Juicio sumarísimo”.

No corresponde efectuar una interpretación literal del art. 48 de la ley 23551, la que conduce a considerar que dejar de prestar servicios constituye un presupuesto esencial para que el dirigente sindical goce de estabilidad. La expresión legal “dejaran de prestar servicios” se refiere al derecho de gozar de la licencia gremial y a la reserva del puesto que tienen los representantes sindicales que dejan de trabajar en la empresa para pasar a desempeñarse en los organismos gremiales. Lo contrario implicaría violar el claro espíritu de la ley, pues con mayor razón se debe proteger la estabilidad del trabajador que continúa prestando tareas y que se encuentra más expuesto a la represalia patronal. Sala VI, 3/12/1999, “Mussuto, Eduardo, v. Cristales Petracca S.A., s./Despido”.
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