Asociado de puerto rico, departamento de transportaci



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ESTADO LIBRE ASOCIADO DE PUERTO RICO TRIBUNAL DE PRIMERA INSTANCIA

SALA SUPERIOR DE SAN JUAN



UBER PUERTO RICO, Ll,c Y

RASIER, LLC ,

Demandantes;

COMISIÓN DE SERVICIO PÚBLICO DEL ESTADO LIBRE

ASOCIADO DE PUERTO RICO,

DEPARTAMENTO DE

TRANSPORTACIÓN Y OBRAS

PÚBLICAS DEL ESTADO LIBRE ASOCIADO DE PUERTO RICO Demandados.



CIVIL NÚM.: SJ2016CV00174

SOBRE: Injunction Preliminar y

Permanente, Sentencia Declaratoria.

SALA: 904



COMISIÓN DE SERVICIO

PÚBLICO,


Demandante;

UBER PUERTO RICO, LLC. Demandados.



CIVIL NÚM.: SJ2016CV00176

SOBRE: Injunction Preliminar y Permanente, Sentencia Declaratoria.

SALA: 904

SENTENCIA


"This case rests at the border between the oZd world and the new. The PTC {Public

Transportation Comission} has long regulated the world oftraditional taxicabs a.nd limousines business models in whichfull-time drivers operate dedicated vehicles to provide point-to-point transportation to any member ofthe public who requests it. Uber, by contrast, is part ofthe new

"sharing economy." It is part ofa class ofcompanies known as "Transportation Network

Companies" or "TNCs". Hillsborough County Public Transportation Commission v. Uber Technologies Inc; Jorge Alberto Adames, Caso Núm. 15-CA-003097.

1.

Nos corresponde en esta ocasión resolver una controversia novel relacionada al uso de la tecnología y sobre la cual no existe precedente judicial en nuestra jurisdicción. Los casos consolidados l ante nuestra consideración



tienen su génesis el 11 de julio de 2016 cuando Uber Puerto Rico, LLC (en adelante Uber PR o Uber) y Rasier, LLC (en adelante Rasier) 2 presentaron electrónicamente una demanda de Sentencia Declaratoria, Injunction Preliminar

  1. Véase Orden de Consolidación emitida y notificada el 13 de julio de 2016.

  2. El 15 de julio de 2016, Raiser, LLC presentó Moción de Desistimiento de su reclamación y el 22 de julio de 2016, dictamos Sentencia Parcial teniéndola por desistida, sin perjuicio.

y Permanente1 al amparo de la Regla 57 de Procedimiento Civil, 32 LPRA Ap. V,

R.57 y los Artículos 675-678 del Código de Enjuiciamiento Civil, 32 LPRA Secs.

3521-3524 contra la Comisión de Servicio Público (en adelante CSP) y el Departamento de Transportación y Obras Públicas del Estado Libre Asociado de Puerto Rico (en adelante DTOP)2 . De otra parte, la CSP presentó una demanda electrónicamente contra Uber PR, Uber Technologies, Inc. (Uber) y ABCD como proveedores desconocidos del servicio, en virtud del Art. 5 la de la Ley 109 del 28 de junio de 1962 conocida como la Ley de Servicio Público de Puerto Rico, 27 LPRA Sec. 1001 et seq. Según expuesto precedentemente, ambos casos fueron consolidados.

En la demanda presentada por Uber PR se solicitó que declaremos que el DTOP es la agencia con jurisdicción reglamentadora exclusiva sobre los servicios de los conductores independientes o empresas de red de transporte (en adelante servicios ERT) en Puerto Rico, como los que ofrecen. Además, solicitaron que declaremos que la CSP carece de jurisdicción reglamentadora sobre los servicios ERT, por lo que está impedida de tomar cualquier acción administrativa y judicial contra las personas o entidades que ofrezcan servicios ERT. Asimismo, solicitaron que declaremos que la doble reglamentación de los servicios ERT por el DTOP y la CSP es ilegal, bajo las disposiciones de la Ley 454-2000, conocida como la "Ley de Flexibilidad Administrativa y Reglamentaria para el Pequeño Negocio", 3 LPRA Sec. 2251 et seq. Cónsono con ello, solicitaron una Orden de Cese y Desista contra la CSP para evitar su intervención con Uber y los conductores de servicios de ERT.

Uber adujo que, en virtud de la Ley 148-2008 conocida como la "Ley para Transferir la Competencia de la Planificación y Regulación de la Transportación Colectiva Provista por los Vehículos Públicos y por los Taxis no Turísticos, de la Comisión de Servicio Público al Departamento", 3 LPRA Sec. 2101 et seq, la agencia con jurisdicción reglamentadora exclusiva sobre los servicios ERT es el

SJ2016CVOO 176

DTOP y no la CSP. Afirmó de la alternativa de la doble reglamentación entre ambas agencias es ilegal.

Es la contención de Uber en este litigio que ha desarrollado y licencia una plataforma de "software" de vanguardia la cual le permite a los usuarios que han establecido una cuenta con Uber conectarse con los conductores independientes que estén dispuestos a proveer servicios de transporte ERT. Manifiesta que los servicios ERT son beneficiosos para Puerto Rico porque constituyen una alternativa segura, confiable y económica de transporte; fomentan el uso de los sistemas de transporte colectivo; promueven la seguridad pública al disminuir la incidencia de accidentes provocados por conductores ebrios; aumentan la movilidad urbana de los ciudadanos; y promueve el desarrollo económico de Puerto Rico al proveerle a sus habitantes nuevas oportunidades de generar ingresos.

Además, arguye que los puertorriqueños pueden acceder a transportación segura, económica y confiable, así como tener acceso a oportunidades para ganar dinero en su propio itinerario como conductoreS independientes en la plataforma ERT. Afirma que el hecho de que el reglamento propuesto por el DTOP no esté procesalmente aún en vigor no le resta jurisdicción al DTOP para reglamentar dentro del ámbito que le corresponde.

Uber argumenta que ha decidido entrar al mercado de Puerto Rico descansando en la delegación de autoridad dispuesta en el ordenamiento jurídico actual, el cual tiene como agencia reglamentadora exclusiva al DTOP. Aduce que los servicios ERT representan una alternativa de transportación segura, eficiente, económicamente accesible, confiable e innovadora para toda la población de Puerto Rico.

Asimismo, manifiesta que en el período de quince (15) días correspondiente al 11 de julio de 2016 al 1ro de agosto de 2016, se realizaron 1,271 viajes ERT desde el Área Metropolitana de San Juan a estaciones del

Tren Urbano y 1,433 viajes ERT desde el Tren Urbano hacia el Área Metropolitana de San Juan. Lo anterior arroja gran total de 2,704 viajes ERT que fomentaron el uso del transporte colectivo en tan sólo quince (15) días. Por lo que afirmó que la implementación en Puerto de los ERT está alineada con la política pública de Puerto Rico, según formulada por el DTOP sobre el fomentar opciones que complementen y se integren a la transportación colectiva.

Además, alega que la CSP ha asumido una actitud obstruccionista, inflexible, contraria a la política pública de Puerto Rico y al bienestar de sus habitantes, ante lo que erróneamente percibe como un menoscabo de su jurisdicción reglamentadora y de su razón de ser. Afirma que La Ley 109, supra, fue puesta en vigor hace cincuenta y cuatro (54) años, y no hay evidencia para plantear que el legislador pretendía incluir dentro del ámbito de dicha ley la reglamentación de servicios ERT que solo se han hecho posibles gracias a recientes adelantos tecnológicos.

Sostiene que el esquema reglamentador que la CSP busca poner en vigor con respecto a los servicios ERT no toma en consideración las características únicas de esta innovadora industria y, en su lugar, pretende encajonar a esta industria dentro de la Ley 109, supra, la cual no solo es obsoleta sino inaplicable. Afirma que los requisitos que la CSP busca imponer sobre los conductores ERT, levantarían una barrera infranqueable para la entrada de muchos puertorriqueños a esta innovadora industria.

Argumenta que resultaría perjudicial para Puerto Rico reconocerle jurisdicción reglamentadora a la CSP sobre los servicios ERT a base de una ley que fue puesta en vigor hace más de cincuenta (50) años. Alega que el reglamento propuesto por DTOP es similar a otros que han sido adoptados en setenta (70) ciudades de Estados Unidos y en 33 estados. Arguye que reglamentos similares al propuesto por el DTOP han sido adoptados regularmente en casos en que dos cuerpos normativos en conflicto pretendían reglamentar a Uber en lugares como Arkansas; Carolina del Sur; Utah; Tennessee; Ohio, Columbus, Cincinnati y Dayton; Wisconsin; Oklahoma; Mississippi y New Hampshire.

Por su parte, en la demanda presentada por la CSP se solicitó que declaremos que Uber PR no ha cumplido de forma alguna con la Ley 109 supra, ni con la reglamentación aplicable, por lo que procede la paralización de

los servicios que ofrece y la contratación o acuerdo con cualquier proveedor de servicio. Aduce dicho organismo que los servicios de transporte que ofrece Uber caen bajo su jurisdicción reglamentadora igual que los taxis no turísticos. Asimismo, solicitó que ordenemos la paralización inmediata del servicio de transporte de pasajeros mediante paga por parte de cualquier persona o entidad contratada o reclutada por Uber para operar como proveedores de servicio. La CSP también solicitó un Interdicto Preliminar y Permanente para que le ordenemos a Uber PR abstenerse de prestar sus servicios y que ordenemos la paralización de los servicios que esta compañía ofrece en Puerto Rico, así como el transporte de pasajeros por sus proveedores.

La CSP, aduce que es la agencia reglamentadora con jurisdicción para reglamentar a Uber PR. Sostiene que Uber PR no está autorizado por esta para transportar pasajeros y que las actuaciones de Uber PR constituyen un perjuicio a su jurisdicción. La CSP argumentó que el Art. 51 de la Ley 109, supra Sec. 1262a, le concede la capacidad jurídica para acudir a los tribunales cuando alguna compañía de servicio público o entidad actuando como tal bajo su jurisdicción no esté cumpliendo alguna ley o reglamento de la Comisión o con alguna ley o reglamento relacionado con la protección de la vida, salud, seguridad y bienestar del público en general.

Argumenta que Uber y los conductores ERT al utilizar la aplicación ERT actúan como un corredor de transporte y porteadores de contrato, según definidos por los artículos 2(v) y 2(m) de la Ley 109, supra, Sec. 1002, respectivamente. Afirma que según se desprende de dicho artículo, el servicio de transporte en cuestión debe ser cualquier clase de transporte sujeto a la jurisdicción de la Comisión.

Inmediatamente recibidas las demandas, señalamos una vista para dilucidar la procedencia de los recursos interdictales solicitados por las partes el 14 de julio de 2016 en los casos consolidados de epígrafe.

El 11 de julio de 2016, la Federación de Taxistas de Puerto Rico, Inc. (en adelante FTPR) presentó una Solicitud de Intervención. Alegó que la operación de Uber PR le afecta directamente y representa una competencia desleal y una violación a su derecho constitucional a la igual protección de las leyes.

El 13 de julio de 2016, Uber PR se opuso a la solicitud de interdicto preliminar y permanente, orden de cese y desista presentada por la CSP. En síntesis, argumentó que la petición carece de señalamientos específicos de violaciones a la Ley 109, supra, relacionados a una amenaza a la vida, salud, seguridad y bienestar del público en general que justifiquen la concesión de un remedio provisional bajo el Art. 5 la, supra, de la ley. Por tanto, sostuvo que la solicitud debe ser desestimada.

El 14 julio de 2016, la CSP presentó una Moción de Desestimación de la Demanda Enmendada presentada por Uber PR en la que reiteró lo argumentado en su Demanda y solicitó que desestimemos la demanda de Uber y concedamos el interdicto preliminar y permanente para paralizar los servicios ofrecidos por Uber PR.

Ese mismo día, Uber PR se opuso a la Moción de Intervención presentada por la FTPR. Adujó que la referida solicitud es insuficiente y no satisface los requisitos de la Regla 21.4 de Procedimiento Civil, supra R. 21.4, por lo que debe ser denegada de plano. Añadió que la FTPR no ha demostrado tener legitimación activa para intervenir, al no probar un daño claro, real, inmediato y preciso e interés afectado.

El 14 de julio de 2016, celebramos la Vista de Interdicto Preliminar y Permanente. 3 Iniciados los procedimientos, y tras varios asuntos procesales, las partes argumentaron sus respectivas posiciones en cuanto a la solicitud de intervención presentada por la FTPR. Uber PR se opuso a la intervención, mas la CSP no se opuso.

De otro lado, el Estado Libre Asociado de Puerto Rico (E.L.A.) manifestó su posición en torno a permitirle a ambas agencias (CSP y DTOP) expresar su postura de política pública establecida por cada una de las agencias sobre sus capacidades de reglamentar. Por lo que se les concedería la correspondiente dispensa para que cada una presentara sus correspondientes representaciones al Tribunal para poder resolver la controversia. Manifestó que la controversia sobre la capacidad de reglamentación y la jurisdicción (en deferencia a las posiciones establecidas por cada uno de los jefes de agencias sobre la materia) lo debería atender cada agencia a través de su representación legal.

El ELA peticionó que la CSP se autorepresentara en el caso SJ2016CVOO 174, puesto que al momento no tenía capacidad de auto representación, ya que la ley a quién faculta es al Departamento de Justicia a realizar la defensa que corresponda. Solicitó que se recalendarizaran los procesos de forma ágil y rápida, pero permitiéndole a cada agencia esbozar su política pública ante el Tribunal.

A esos efectos, la parte demandante (Uber) argumentó que la situación entre las agencias ocasionó un obvio conflicto de interés. Expresó no tener oposición a la solicitud de recalendarizar los procesos. Manifestó que el conflicto inter-agencial nos restó jurisdicción. Informó que según la Ley 2052004, conocida como la "Ley Orgánica del Departamento de Justicia", 3 LPRA Sec. 291 et seq, a quién le compete decidir cuál de las dos agencias es la que tiene competencia y jurisdicción para decidir este asunto de relevancia pública, es al Secretario de Justicia y a la Oficina del Gobernador.

La representación legal de la CSP manifestó que esta agencia tiene la facultad para demandar, pero no para representarse cuando la demandan. Afirmó que tenemos la capacidad de resolver sin que el Secretario de Justicia intervenga. Asimismo, alegó que la ley orgánica de la CSP es clara en cuanto a su jurisdicción. Hace constar que el DTOP nunca ha reglamentado este tipo de servicio, ni tiene un reglamento para así hacerlo.

Escuchadas las argumentaciones de las partes, se les concedió oportunidad para agotar esfuerzos transaccionales. No obstante, al no concretarse un acuerdo, señalamos la continuación de la vista para el 15 de julio de 2016. Finalmente, impusimos una fianza de no residente a Rasier LLC de $25,000.00, la cual debería ser consignada en la Unidad de Cuentas de este Tribunal. La misma fue dejada sin efecto en la Sentencia Parcial dictada el 22 de julio de 2016 debido a que dicha parte desistió de su reclamo.

Llegado el día de la vista, y escuchados los argumentos de Uber y la FTPR declaramos No ha Lugar la solicitud de intervención de la FTPR. 4 Asimismo, declaramos No ha Lugar la solicitud de desestimación que formuló Uber PR a la petición de injunction de la CSP y se tuvo por desistida a la CSP de su reclamación contra Uber Technologies, Inc. en el caso SJ2016CV00176. Dimos paso al desfile de prueba. La prueba testifical de la CSP consistió del testimonio de la Sra. Emma Ruiz Mercado, Secretaria de la CSP, y el Sr. Exel López Vélez, Director de la CSP en la Región de San Juan. Se les tomó juramento a los testigos. Además, se admitió la siguiente prueba documental:

Exhibit 1 de la CSP: Certificación de la Comisión de Servicio Público firmada por la Sra. Emma Ruiz Mercado el 8 de julio de 2016.

Exhibit 2 de la CSP: Certificación de la Comisión de Servicio Público firmada por la Sra. Emma Ruiz Mercado el 15 de julio de 2016.

Exhibit 3 de la CSP: Correo Electrónico del Sr. Exel López Vélez con recibo electrónico enviado por Uber del 11 de julio de 2016.

Exhibit 4 de la CSP: Correo Electrónico del Sr. Exel López Vélez con recibo electrónico enviado por Uber el 15 de julio de 2016.

Uber PR no presentó prueba.

Ese mismo día, el DTOP, a eso de las 7:38 p.m., presentó una moción en la cual informó que dicho Departamento adoptó la Resolución 2016-012 a los fines de establecer las guías administrativas para la operación provisional para las ERT. A esos efectos, informó que, a tenor con las referidas guías, se le expidió un permiso provisional a Uber PR para que pudiera operar.

Ese mismo día, y a tenor con las argumentaciones de las partes en la vista celebrada, emitimos Sentencia Parcia15 concediendo el injunction preliminar en lo que dilucidábamos el asunto jurisdiccional en el caso. Con el propósito de velar por la seguridad de las partes y de la ciudadanía en general, recurrimos al Art. 51 (a) de la Ley 109, supra, para conceder un remedio interdictal. En su consecuencia, se ordenó a Uber PR paralizar de forma inmediata sus operaciones mientras dilucidábamos quien tiene la jurisdicción para reglamentar su tipo de transporte.

Así las cosas, el 16 de julio de 2016 Uber PR presentó Moción en Torno a Cese y Desista en la cual señaló y reiteró lo expresado por el DTOP en su moción informativa, relacionado al permiso de operación emitido por dicha agencia.

El 18 de julio de 2016, dicha parte presentó un recurso de Apelación bajo el número KLAN201601006 y una moción en auxilio de jurisdicción ante el hermano Tribunal de Apelaciones solicitando la revocación de la Sentencia Parcial emitida por este Tribunal el 15 de julio de 2016. Dicho foro apelativo acogió el recurso de Apelación y emitió Sentencia el 21 de julio de 2016. En dicha Sentencia, el Tribunal de Apelaciones dejó sin efecto el injunction preliminar dictado contra Uber PR y dejó vigente la orden de presentar memorandos de derecho sobre la controversia jurisdiccional.

El 25 de julio de 2016, y luego de varios trámites procesales, el DTOP presentó su contestación a la demanda enmendada. En síntesis, afirmó que es la agencia con jurisdicción para reglamentar los servicios que ofrece Uber.

Argumentó que el reglamento de porteadores del DTOP (Reglamento Núm. 7789), fue aprobado y registrado en el Departamento de Estado de Puerto Rico, y provee para que el DTOP implemente unas guías administrativas para la operación provisional de los servicios ERT que ofrece Uber. Afirmó que desde el 15 de julio de 2016, adoptó las guías administrativas y ese mismo día emitió un permiso provisional para la operación de UBER. Por todo lo cual, peticionó que declaráramos Ha Lugar la Sentencia Declaratoria presentada por Uber y así determinar que es el DTOP la agencia con jurisdicción para reglamentar los servicios ERT ofrecidos por Uber.

El 26 de julio de 2016, según nos fuera informado por la CSP mediante moción, el Tribunal de Apelaciones emitió Sentencia, en la demanda de impugnación de las Guías Administrativas, a tenor con las cuales concedieron el permiso de operación de Uber. Dicha acción fue presentada por la FTPR en el caso de Juan de León Rodríguez, et als v. ELA de Puerto Rico et als. Civil

Núm. KLRA201600732. El Tribunal de Apelaciones determinó que las "Guías

Administrativas para la Operación Provisional para las Empresas de Redes de

Transporte" promulgadas por el DTOP son nulas por haberse incumplido el procedimiento de reglamentación provisto en la Ley de Procedimiento Administrativo Uniforme (en adelante LPAU), Ley 170 de 12 de agosto de 1988, según enmendada, 3 LPRA Sec. 2101 et seq. Por consiguiente, CSP afirmó que el permiso provisional expedido a base de las referidas guías es nulo por tener una base legal nula. A esos efectos, nos solicitó que ordenemos la paralización de las operaciones de Uber en Puerto Rico. Ese mismo argumento lo presentó ante el Panel Apelativo que resolvió el caso KLAN201601006 mediante una moción de reconsideración. La misma fue denegada por el hermano foro apelativo el 8 de agosto de 2016.

El 27 de julio de 2016, la FTPR presentó una Moción de Reconsideración sobre su solicitud de intervención. En síntesis, reiteró lo peticionado en su Moción de Intervención y solicitó que tomáramos conocimiento judicial de lo resuelto en el caso KLRA201600732 instado por su parte. La misma fue denegada.

El 28 de julio de 2016, la CSP contestó la segunda demanda enmendada. En síntesis, argumentó que la facultad de reglamentar el tipo de transporte que ofrece Uber en Puerto Rico es de la CSP y no del DTOP, por lo tanto, el permiso provisional emitido es nulo. Por todo lo cual, solicito que dictemos sentencia a su favor validando su jurisdicción y competencia para reglamentar los servicios ofrecidos por Uber, así como que paralicemos los servicios ofrecidos por este.

Ese mismo día, emitimos una orden en la cual les concedimos término a las partes para presentar un memorando de derecho sobre la jurisdicción de las agencias concernidas para regular los servicios ERT ofrecidos por Uber. Les ordenamos a las partes ponernos en posición de realizar una interpretación integral entre el ordenamiento jurídico vigente y los avances tecnológicos al tratarse de un asunto novel. Asimismo, tratándose de una controversia de
SJ2016CVOO 176 estricto derecho y ante la inminente necesidad de una pronta determinación, no permitimos descubrimiento de prueba en esta etapa al ser innecesario.

Así también ese día, el DTOP presentó Contestación Enmendada a

Segunda Demanda Enmendada. En síntesis, reiteró lo argumentado en sus precedentes escritos.

Luego de varios eventos procesales, el 5 de agosto de 2016, las partes presentaron sus respectivos memorandos de derecho y en ellos reiteraron lo argumentado en sus precedentes escritos y en la vista celebrada, incluyendo un pormenorizado estudio de derecho comparado sobre la controversia aquí envuelta y cómo ha sido resuelta en otras jurisdicciones.


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