Auto 005/09 corte constitucional



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Auto 005/09

 

CORTE CONSTITUCIONAL-Protección de derechos fundamentales de la población afrodescendiente víctima del desplazamiento forzado en el marco de superación del estado de cosas inconstitucional declarado en sentencia T-025/04

 

CORTE CONSTITUCIONAL-Enfoque diferencial de la diversidad de desplazados afrodescendientes

 

CORTE CONSTITUCIONAL-Competencia para hacer seguimiento al cumplimiento de la sentencia T-025/04

 

DESPLAZAMIENTO FORZADO INTERNO-Fundamentos constitucionales de derechos humanos y derecho internacional humanitario de las comunidades afrodescendientes como sujetos de especial protección

 

PROTECCION REFORZADA DE LAS COMUNIDADES AFROCOLOMBIANAS-Jurisprudencia de la Corte Constitucional

 

COMUNIDADES AFRODESCENDIENTES-Obligaciones internacionales

 

DESPLAZAMIENTO FORZADO-Subregistro de la dimensión de la crisis humanitaria de los pueblos afrocolombianas afectados

 

DESPLAZAMIENTO FORZADO-Precariedad de la información para caracterizar la población afrocolombianas afectada

 

COMUNIDADES AFROCOLOMBIANAS-Particularidades del desplazamiento, confinamiento y resistencia

 

DESPLAZAMIENTO FORZADO DE LA POBLACION AFROCOLOMBIANA-Factores transversales que inciden/DESPLAZAMIENTO FORZADO DE LA POBLACION AFROCOLOMBIANA-Exclusión estructural que la coloca en situación de mayor marginación y vulnerabilidad/DESPLAZAMIENTO FORZADO DE LA POBLACION AFROCOLOMBIANA-Existencia de procesos mineros y agrícolas/DESPLAZAMIENTO FORZADO DE LA POBLACION AFROCOLOMBIANA-Deficiente protección jurídica e institucional de los territorios colectivos

 

COMUNIDADES AFROCOLOMBIANAS-Riesgos que demuestran el impacto desproporcionado que tiene el desplazamiento forzado interno en relación con los derechos individuales y colectivos

 

DESPLAZAMIENTO FORZADO INTERNO-Riesgo extraordinario de vulneración de los derechos territoriales de las comunidades afrocolombianas

 

DESPLAZAMIENTO FORZADO INTERNO, CONFINAMIENTO Y RESISTENCIA-Riesgo agravado de destrucción de la estructura social de las comunidades afrocolombianas

 

DESPLAZAMIENTO FORZADO INTERNO, CONFINAMIENTO Y RESISTENCIA-Riesgo acentuado de destrucción cultural de las comunidades afrocolombianas

 

DESPLAZAMIENTO FORZADO INTERNO, CONFINAMIENTO Y RESISTENCIA-Riesgo extraordinario de agudización de la situación de pobreza y crisis humanitaria de las comunidades afrocolombianas

 

DESPLAZAMIENTO FORZADO INTERNO-Riesgo extraordinario de agudización del racismo y la discriminación racial de las comunidades afrocolombianas

 

DESPLAZAMIENTO FORZADO INTERNO-Riesgo acentuado de desatención para las comunidades afrocolombianas que optan por la resistencia y el confinamiento

 

COMUNIDADES AFROCOLOMBIANAS-Riesgo agravado de afectación del derecho a la participación, debilitamiento de las organizaciones y mecanismo de consulta previa

 

DESPLAZAMIENTO FORZADO INTERNO, CONFINAMIENTO Y RESISTENCIA-Riesgo agravado de vulneración del derecho a la protección estatal y el desconocimiento del deber de prevención de la población afrocolombiana

 

DESPLAZAMIENTO FORZADO-Riesgo acentuado del derecho a la seguridad alimentaria de la población afrocolombiana

 

DESPLAZAMIENTO FORZADO-Riesgo agravado de ocurrencia de retornos sin condiciones de seguridad, voluntariedad y dignidad de la población afrocolombiana

 

DESPLAZAMIENTO FORZADO INTERNO-Respuesta estatal y valoración de la política pública de atención de la población afrocolombiana

 

POBLACION AFROCOLOMBIANA-Registro de desplazamiento

 

DESPLAZAMIENTO DE POBLACION AFROCOLOMBIANA-Ayuda humanitaria de emergencia

 

DESPLAZAMIENTO DE POBLACION AFROCOLOMBIANA-Atención básica en salud

 

DESPLAZAMIENTO DE POBLACION AFROCOLOMBIANA-Educación adecuada a sus condiciones étnicas y culturales

 

DESPLAZAMIENTO DE POBLACION AFROCOLOMBIANA-Contribuciones gubernamentales en el desarrollo de proyectos productivos

 

DESPLAZAMIENTO DE POBLACION AFROCOLOMBIANA-Provisión de vivienda

 

POBLACION AFROCOLOMBIANA-Casos emblemáticos que reflejan la gravedad de la crisis humanitaria por vulnerabilidad, desprotección y afectación de sus derechos

 

DESPLAZAMIENTO FORZADO INTERNO Y CONFINAMIENTO-Medidas para la protección de los derechos territoriales de las comunidades afrocolombianas

 

 



Referencia: Protección de los derechos fundamentales de la población afrodescendiente víctima del desplazamiento forzado, en el marco del estado de cosas inconstitucional declarado en la sentencia T-025 de 2004.

 

Magistrado Ponente:



Dr. MANUEL JOSÉ CEPEDA ESPINOSA

 

 



Bogotá, D.C., veintiséis (26) de enero de dos mil nueve (2009)

 

La Sala Segunda de Revisión de la Corte Constitucional, integrada por los Magistrados Manuel José Cepeda Espinosa, Jaime Córdoba Triviño y Rodrigo Escobar Gil, en ejercicio de sus competencias constitucionales y legales, ha adoptado la presente providencia con el objeto de proteger los derechos fundamentales de las comunidades afro colombianas afectadas por el desplazamiento forzado interno, en el marco de la superación del estado de cosas inconstitucional declarado en la sentencia T-025 de 2004, y después de haber convocado una sesión de información técnica el día 18 de octubre de 2007, con la participación de los voceros de las organizaciones y los líderes de las comunidades afro descendientes desplazadas.



 

I.             ANTECEDENTES Y FUNDAMENTOS CONSTITUCIONALES DE LA PRESENTE DECISION

 

1.       La necesidad de un enfoque diferencial que reconozca la diversidad de los desplazados afrodescendientes

 

1.    En la sentencia T-025 de 2004, la Corte Constitucional declaró la existencia de un estado de cosas inconstitucional en materia de desplazamiento forzado interno en el país, e impartió varias órdenes complejas encaminadas a asegurar su superación y a avanzar en la garantía del goce efectivo de los derechos de los desplazados.



 

2.    Al resaltar las falencias de la política para proteger los derechos de la población desplazada en la sentencia T-025 de 2004, la Corte Constitucional señaló, entre otros factores, que no habían sido “reglamentadas las políticas que faciliten el acceso a la oferta institucional a los grupos desplazados en situación de mayor debilidad, tales como (…) los grupos étnicos (…).” Igualmente destacó que “los sistemas de registro no son sensibles a la identificación de necesidades específicas de los desplazados que pertenecen a grupos bajo un mayor nivel de vulnerabilidad, tales como (…) los grupos étnicos.”

 

3.    En esa misma sentencia, la Corte Constitucional manifestó que, en términos generales, las personas desplazadas por el conflicto armado, dadas las circunstancias que rodean el desplazamiento, “quedan expuestas a un nivel mucho mayor de vulnerabilidad[1], que implica una violación grave, masiva y sistemática de sus derechos fundamentales[2]y, por lo mismo, amerita el otorgamiento de una especial atención por las autoridades: ‘las personas desplazadas por la violencia se encuentran en un estado de debilidad que los hace merecedores de un tratamiento especial por parte del Estado’[3].”



 

4.    Más adelante, al identificar los derechos constitucionales fundamentales específicos que resultaban vulnerados por las situaciones de desplazamiento forzado, la Corte señaló expresamente los derechos de los miembros de los “grupos especialmente protegidos ‘en razón de las precarias condiciones que deben afrontar las personas que son obligadas a desplazarse’[4]”, entre los cuales se cuentan las minorías étnicas y, en particular, la población afro colombiana.

 

5.    La Corte precisó que la interpretación de los derechos de los sujetos de especial protección constitucional que forman parte de la población desplazada se debe realizar con arreglo a los Principios Rectores del Desplazamiento Forzado Nos. 2, 4 y 9, relativos a la protección especial que el Estado debe dispensar a ciertos grupos de desplazados.



 

6.    No obstante, y sin desconocer los avances efectuados en general por entidades gubernamentales para proteger a los desplazados, esta indicación por parte del juez constitucional no se ha traducido, a la fecha, en acciones integrales, concretas y especialmente diferenciadas orientadas a resolver la situación crítica que enfrenta la población afro descendiente y que, en términos generales, ha limitado el goce y ejercicio efectivo de todos sus derechos individuales y colectivos.

 

7.    Según se constató en el Auto 218 de 2006, y según lo han reconocido posteriormente diversas autoridades gubernamentales ante la Corte Constitucional  en particular durante la audiencia pública realizada en 18 de octubre de 2007 ante esta Corporación , a pesar de los avances alcanzados en la política de atención a la población desplazada, esta no ha incorporado un enfoque diferencial que valore debidamente las necesidades especiales de los desplazados afrodescendientes.



 

2.       Competencia de la Corte Constitucional para hacer el seguimiento al cumplimiento de la sentencia T-025 de 2004.

 

8.    De conformidad con el artículo 27 del Decreto 2591 de 1991, “el juez (…) mantendrá la competencia hasta que esté completamente restablecido el derecho o eliminadas las causas de la amenaza.”[5] La Sala Segunda de Revisión de la Corte Constitucional, en el marco del proceso de seguimiento al cumplimiento de las órdenes impartidas en la sentencia T-025 de 2004, mantiene su competencia para verificar que las autoridades adopten las medidas necesarias para asegurar el goce efectivo de los derechos fundamentales de las personas desplazadas en el país.



 

9.    El presupuesto fáctico de la presente decisión es el impacto desproporcionado, en términos cuantitativos y cualitativos del desplazamiento forzado interno sobre las comunidades afrocolombianas y en la protección de sus derechos individuales y colectivos. El presupuesto jurídico de esta providencia es el carácter de sujetos de protección constitucional reforzada que tienen estas comunidades por mandato de la Constitución Política y de las obligaciones internacionales del Estado colombiano en materia de Derechos Humanos y Derecho Internacional Humanitario.

 

II.           FUNDAMENTOS CONSTITUCIONALES, DE DERECHOS HUMANOS Y DE DERECHO INTERNACIONAL HUMANITARIO DE LA PROTECCIÓN PRIORITARIA QUE DEBEN RECIBIR LAS COMUNIDADES AFRODESCENDIENTES Y SUS MIEMBROS COMO SUJETOS DE ESPECIAL PROTECCIÓN, EN EL MARCO DE LA POLÍTICA PÚBLICA DE ATENCION AL DESPLAZAMIENTO FORZADO INTERNO

 

10.           El punto de partida y el fundamento común de la presente providencia es el carácter de sujetos de especial protección constitucional que tienen las comunidades afro descendientes. Esta condición de sujetos de especial protección impone a las autoridades estatales a todo nivel, respecto de la población afro colombiana víctima de desplazamiento forzado, especiales deberes de prevención, atención y salvaguarda de sus derechos individuales y colectivos, a cuyo cumplimiento deben prestar particular diligencia. Tal carácter de sujetos de especial protección constitucional justifica, como se indicó en la sentencia T-025 de 2004, la adopción de medidas de diferenciación positiva, que atiendan a sus condiciones de especial vulnerabilidad e indefensión y propendan, a través de un trato preferente, por materializar el goce efectivo de sus derechos.



 

11.           El carácter de sujetos de especial protección constitucional tiene su fundamento en múltiples mandatos constitucionales, así como en diversas obligaciones del Estado Colombiano en materia de Derechos Humanos y Derecho Internacional Humanitario, que hacen parte del bloque de constitucionalidad en virtud de lo dispuesto por el artículo 93 constitucional, como se precisa brevemente a continuación.

 

1.         Mandatos constitucionales específicos.

 

12.           El artículo 2 de la Constitución Política dispone que entre los fines esenciales del Estado se incluyen los de “servir a la comunidad”, “garantizar la efectividad de los principios, derechos y deberes consagrados en la Constitución”, y “asegurar la convivencia pacífica y la vigencia de un orden justo”. Acto seguido dispone el mismo mandato constitucional que las autoridades estatales han sido instituidas “para proteger a todas las personas residentes en Colombia, en su vida, honra, bienes, creencias, y demás derechos y libertades, y para asegurar el cumplimiento de los deberes sociales del Estado y de los particulares”. Más adelante, el artículo 5º Superior ordena que “el Estado reconoce, sin discriminación alguna, la primacía de los derechos inalienables de la persona”.



 

13.           Por su parte, distintos artículos constitucionales enfatizan en el amparo reforzado del que deben gozar no sólo las personas afrodescendientes como individuos, sino las comunidades a las que pertenecen. Es decir, que de acuerdo con la Constitución, hay una protección especial tanto individual, como colectiva, en relación con los afrodescendientes.

 

14.           Por un lado, del artículo 1° y 7° se deriva el reconocimiento y protección de la identidad e integridad cultural y social de estas comunidades. En el artículo 1° se hace énfasis en el carácter pluralista del Estado colombiano, y en el artículo 7° se dice expresamente que “El Estado reconoce y protege la diversidad étnica y cultural de la Nación colombiana.” Por el otro, en virtud de los artículos 13 y 70 Superiores se  reconoce el derecho a la igualdad y a la no discriminación de la que deben gozar las comunidades afrodescendientes y sus miembros. Puntualmente, el artículo 13 establece que: “Todas las personas nacen libres e iguales ante la ley, recibirán la misma protección y trato de las autoridades y gozarán de los mismos derechos, libertades y oportunidades sin ninguna discriminación por razones de sexo, raza, origen nacional o familiar, lengua, religión, opinión política o filosófica”, y obliga al Estado a promover las condiciones para que la igualdad sea real y efectiva, así como a adoptar  “medidas en favor de grupos discriminados o marginados”. El artículo 70, por su parte, reconoce que “la cultura en sus diversas manifestaciones es fundamento de la nacionalidad”, y obliga al Estado colombiano a “reconocer la igualdad y dignidad de todas las que conviven en el país”.



 

15.           Ahora bien, la Constitución hace referencia explicita a las comunidades afrodescendientes, en el artículo 55 transitorio. En dicha disposición se ordena al Congreso, expedir “una ley que les reconozca a las comunidades negras que han venido ocupando tierras baldías en las zonas rurales ribereñas de los ríos de la Cuenca del Pacífico, de acuerdo con sus prácticas tradicionales de producción, el derecho a la propiedad colectiva sobre las áreas que habrá de demarcar la misma ley (…)” y que establezca “mecanismos para la protección de la identidad cultural y los derechos de estas comunidades, y para el fomento de su desarrollo económico y social.” Precisa este artículo, en el parágrafo 1°, que lo dispuesto “podrá aplicarse a otras zonas del país que presenten similares condiciones, por el mismo procedimiento y previos estudio y concepto favorable de la comisión especial aquí prevista”.

 

16.           En desarrollo de este mandato constitucional se expidió la Ley 70 de 1993, que contempla diferentes disposiciones en favor de las comunidades negras, las cuales se definen como aquellas conformadas por “el conjunto de familias de ascendencia afrocolombiana que poseen una cultura propia, comparten una historia y tienen sus propias tradiciones y costumbres dentro de la relación campo-poblado, que revelan y conservan conciencia de identidad que las distinguen de otros grupos étnicos” (art. 2, numeral 5).



 

17.           Entre muchas otras garantías, en esta Ley se reconoce la propiedad colectiva de las comunidades negras (arts. 3 a 18), se contemplan mecanismos para asegurar los usos sobre la tierra y la protección de los recursos naturales sobre las áreas a las que se refiere la Ley (arts 19 a 25), así como la protección y participación de las comunidades negras frente a la explotación y expropiación de recursos naturales no renovables (art. 26 a 31).

 

18.           De igual forma, la Ley contempla diferentes mecanismos para el desarrollo de la identidad cultural de dichas comunidades, entre otros, “el derecho a un proceso educativo acorde con sus necesidades y aspiraciones etnoculturales (art. 32); la obligación del Estado de sancionar y evitar “todo acto de intimidación, segregación, discriminación o racismo contra las comunidades negras (…)” (art. 33); la exigencia de que se adopten “medidas que permitan a las comunidades negras conocer sus derechos y obligaciones, especialmente en lo que atañe al trabajo, a las posibilidades económicas, a la educación y la salud, a los servicios sociales y a los derechos que surjan de la Constitución y las Leyes” (art. 37); el derecho de disponer de “medios de formación técnica, tecnológica y profesional que los ubiquen en condiciones de igualdad con los demás ciudadanos”, los cuales “deberán basarse en el entorno económico, las condiciones sociales y culturales y las necesidades concretas de las comunidades negras” (art. 38); el deber del Estado de apoyar “mediante la destinación de los recursos necesarios, los procesos organizativos de las comunidades negras con el fin de recuperar, preservar y desarrollar su identidad cultural” (art. 41).



 

2.         La protección reforzada de las comunidades afro colombianas y de sus miembros en la jurisprudencia de la Corte Constitucional

 

19.    La Corte Constitucional en diversas decisiones ha garantizado los derechos de los afrocolombianos. Por un lado, ha insistido en que en virtud del derecho a la igualdad y el principio de no discriminación, las diferenciaciones fundadas en la identidad étnica o el origen racial, que generan una exclusión o restricción en el acceso a beneficios o servicios a las personas que las ostentan, se presumen inconstitucionales[6]. Por otro lado, ha insistido en que dada la situación de histórica marginalidad y segregación que han afrontado los afrocolombianos, éstos deben gozar de una especial protección por parte del Estado, de conformidad con lo dispuesto en el artículo 13 superior.[7]



 

20.    Así mismo, la jurisprudencia de la Corte ha reconocido en diversas oportunidades el carácter de grupo étnico de las comunidades afrocolombianas y ha resaltado la importancia de tal reconocimiento para asegurar su “adecuada inserción en la vida política y económica del país”[8] Ha precisado la Corte que la definición de los miembros de las comunidades afrodescendientes, no puede fundarse exclusivamente en criterios tales como el ‘color’ de la piel, o la ubicación de los miembros en un lugar específico del territorio, sino en “(i) un elemento ‘objetivo’, a saber, la existencia de rasgos culturales y sociales compartidos por los miembros del grupo, que les diferencien de los demás sectores sociales, y (ii) un elemento "subjetivo", esto es, la existencia de una identidad grupal que lleve a los individuos a asumirse como miembros de la colectividad en cuestión.”[9]

 

21.    En tanto grupo étnico, en la jurisprudencia constitucional se ha insistido en que las comunidades afrocolombianas son titulares de derechos constitucionales fundamentales a la propiedad colectiva de sus territorios ancestrales, al uso, conservación y administración de sus recursos naturales, y a la realización de la consulta previa en caso de medidas que les afecten directa y específicamente.[10] En este sentido la Corte ha adoptado importantes decisiones para garantizar a las comunidades afrodescendientes sus derechos constitucionales. Así, entre otras, en la sentencia C-461 de 2008[11]condicionó la exequibilidad de la Ley 1151 de 2007, por la cual  se expide el Plan Nacional de Desarrollo 2006-2010, al“entendido de que se suspenderá la ejecución de cada uno de los proyectos, programas o presupuestos plurianuales incluidos en la misma que tengan la potencialidad de incidir directa y específicamente sobre pueblos indígenas o comunidades étnicas afrodescendientes, hasta tanto se realice en forma integral y completa la consulta previa especifica exigida por el bloque de constitucionalidad, de conformidad con las pautas trazadas para ello por la jurisprudencia constitucional. En la sentencia C-030 de 2008[12] este Tribunal declaró inconstitucional la Ley 102 de 2006 “Por la cual se expide la ley forestal”, porque en la discusión y aprobación de la misma no se había consultado previamente a las comunidades indígenas y afrodescendientes, a pesar de que sus disposiciones afectaban directamente a estas comunidades.[13] En la sentencia T-955 de 2003[14] la Corte tuteló los derechos fundamentales a la diversidad e integridad étnica y cultural, a la propiedad colectiva, a la participación y a la subsistencia de las comunidades afrocolombianas de la Cuenca del Río Cacarica, amenazados por la indiscriminada explotación forestal en el territorio colectivo de los accionantes. Por su parte, en la sentencia T-574 de 1996[15], la Corte concedió la tutela a los miembros de una comunidad afrocolombiana, dedicada al oficio de la pesca, frente a la contaminación generada por vertimientos de petróleo en el mar. En dicha providencia la Corte insistió en que la explotación de los recursos naturales no puede hacerse en desmedro de la integridad cultural, social y económica de las comunidades afro e indígenas.



 

3.         Obligaciones internacionales a favor de las comunidades afrodescendientes y de sus miembros

 

22.           Los compromisos internacionales del Estado colombiano en materia de Derecho Internacional de los Derechos Humanos y Derecho Internacional Humanitario, también obligan a las autoridades a adoptar un enfoque de prevención del desplazamiento forzado que sea lo suficientemente diferenciado y específico como para incidir sobre las causas de fondo de este fenómeno y su impacto desproporcionado sobre las comunidades afrodescendientes y sus miembros.



 

23.           En relación con las obligaciones internacionales aplicables, se encuentran tratados generales, como i) la Declaración Universal de los Derechos Humanos que enfatiza en que toda persona tiene los derechos y libertades proclamados en esta Declaración, sin distinción alguna de raza, color (…) origen nacional o social” (Art. 2), y “todos tienen derecho a igual protección contra toda discriminación que infrinja esta Declaración y contra toda provocación a tal discriminación” (Art. 7); ii) el Pacto Internacional de Derechos Económicos Sociales y Culturales, que entre otras disposiciones, establece que “en los Estados en que existan minorías étnicas, religiosas o lingüísticas, no se negará a las personas que pertenezcan a dichas minorías el derecho que les corresponde, en común con los demás miembros de su grupo, a tener su propia vida cultural, a profesar y practicar su propia religión y a emplear su propio idioma. (Art. 26) [16] y  iii) la Convención Americana sobre Derechos Humanos, que reitera la obligación de los Estados Partes de comprometerse “a respetar los derechos y libertades reconocidos en ella y a garantizar su libre y pleno ejercicio a toda persona que esté sujeta a su jurisdicción, sin discriminación alguna por motivos de raza, color (…), origen nacional o social, posición económica, nacimiento o cualquier otra condición social” (Ar. 1.) y el derecho de toda persona, “ sin discriminación, a igual protección de la ley” (Art. 24).

 

24.           De igual forma, dentro instrumentos internacionales aplicables, merece ser resaltado el Convenio 169 de la OIT sobre pueblos indígenas y tribales, que hace parte del bloque de constitucionalidad. Dicho Convenio establece una serie de garantías y derechos de los pueblos indígenas y tribales, al igual que distintas obligaciones de los Estados para asegurarlos. Entre otras, consagra que “la conciencia de su identidad tribal deberá considerarse un criterio fundamental para determinar los grupos a los que se aplican las disposiciones del presente Convenio; (Art.1)”; instituye la obligación de los gobiernos de “asumir la responsabilidad de desarrollar, con la  participación de los pueblos interesados, una acción coordinada y sistemática con miras a proteger los derechos de esos pueblos y a garantizar el respeto de su integridad”, tomando medidas que: “a) que aseguren a los miembros de dichos pueblos gozar, en pie de igualdad, de los derechos y oportunidades que la legislación nacional otorga a los demás miembros de la población; b) que promuevan la plena efectividad de los derechos sociales, económicos y culturales de esos pueblos, respetando su identidad social y cultural, sus costumbres y tradiciones, y sus instituciones; c) que ayuden a los miembros de los pueblos interesados a eliminar las diferencias socioeconómicas (…)” (Art. 2).



 

25.           De conformidad con la jurisprudencia de esta Corporación, las obligaciones internacionales adquiridas por Colombia en virtud del Convenio 169 de la OIT deben interpretarse en consonancia con lo dispuesto en los artículos 6 y 7 del mismo, los cuales “enfatizan en la necesidad de que, para la aplicación de las disposiciones del Convenio, se asegure la participación de las comunidades, se establezcan mecanismos adecuados de consulta, se adelanten procesos de cooperación y se respete, en todo caso, el derecho de estos pueblos a ‘… decidir sus propias prioridades en lo que atañe al proceso de desarrollo, en la medida en que éste afecte a sus vidas, creencias, instituciones y bienestar espiritual y a las tierras que ocupan o utilizan de alguna manera, y de controlar, en la medida de lo posible, su propio desarrollo económico, social y cultural’.[17]

 

26.           Sumado a esto, el Convenio establece otros deberes de los Gobiernos frente a las comunidades tribales, entre otros los de: (i) “consultar a los pueblos interesados, mediante procedimientos apropiados y en particular a través de sus instituciones representativas, cada vez que se prevean medidas legislativas o administrativas susceptibles de afectarles directamente (…)”; (ii) asegurar “los medios para el pleno desarrollo de las instituciones e iniciativas de esos pueblos (…)”; (iii) brindar “protección contra la violación de sus derechos (…) (Ar.12); (iv)“respetar la importancia especial que para las culturas y valores espirituales de los pueblos interesados reviste su relación con las tierras o territorios” (…) (Art. 13) y que exige, entre otras acciones, que los Gobiernos “tomen las medidas que sean necesarias para determinar las tierras que los pueblos interesados ocupan tradicionalmente y garantizar la protección efectiva de sus derechos de propiedad y posesión.” (Art. 14); (v) adoptar “medidas especiales para garantizar a los trabajadores pertenecientes a esos pueblos una protección eficaz en materia de contratación y condiciones de empleo” (Art. 20); (vi) poner a disposición de los mismos medios de formación profesional que consulte a sus intereses (Art. 21 y 22); (vii) garantizar el acceso a servicios de salud adecuados (Art. 24 y 25); y (viii) asegurar el derecho a la educación (Art.. 26), en condiciones que permitan responder a “sus necesidades particulares (…) abarcar su historia, sus conocimientos y técnicas, sus sistemas de valores y todas sus demás aspiraciones sociales, económicas y culturales (Art. 27).



 

27.           Adicionalmente, el Convenio 169 de la OIT consagra una serie de disposiciones para garantizar el respeto de los territorios de los pueblos indígenas y tribales, y establece que en caso de que estos excepcionalmente sean trasladados se deberán, siempre que sea posible, adoptar las medidas para que estos pueblos puedan regresar a sus tierras tradicionales “en cuanto dejen de existir la causa que motivaron sus traslado y reubicación” y si el retorno no es factible, “dichos pueblos deberán recibir, en todos los casos posibles, tierras cuya calidad y cuyo estatuto jurídico sean por lo menos iguales a los de las tierras que ocupaban anteriormente, y que les permitan subvenir a sus necesidades y garantizar su desarrollo futuro (…)” (Art. 16).

 

28.           En todo caso, las autoridades están en la obligación de desplegar las acciones necesarias para impedir “que personas extrañas a esos pueblos puedan aprovecharse de las costumbres de esos pueblos o de su desconocimiento de las leyes por parte de sus miembros para arrogarse la propiedad, la posesión o el uso de las tierras pertenecientes a ellos” (Art. 17) y deberán prever “sanciones apropiadas contra toda intrusión no autorizada en las tierras de los pueblos interesados o todo uso no autorizado de las mismas por personas ajenas a ellos” (Art. 18)



 

29.           De otra parte, el Derecho Internacional Humanitario, cobija directamente a los miembros de las comunidades afrodescendientes. De manera general, impone una obligación internacional al Estado colombiano de atender las necesidades especiales de las víctimas del conflicto. Así mismo, los miembros de las comunidades afrodescendientes quedan cobijadas bajo dos de los principios fundamentales del Derecho Internacional Humanitario, a saber, a) elprincipio de distinción –que prohíbe, entre otras, dirigir ataques contra la población civil, la prohibición de utilizar métodos de combate o armas de efectos indiscriminados, así y los actos destinados a sembrar terror entre la población civil, que usualmente preceden y causan el desplazamiento, y en otras oportunidades tienen lugar después de que el desplazamiento ha tenido lugar, y b) el principio de trato humanitario  –que cobija a los afrodescendientes, en tanto varias garantías fundamentales les son directamente aplicables a la situación de riesgo que padecen en virtud del conflicto armado interno.[18]

 

30.           Por su parte, de los Principios Rectores de los Desplazamientos Internos de las Naciones Unidas, las cuales se basan en disposiciones pertinentes del Derecho Internacional Humanitario y del Derecho Internacional de los Derechos Humanos, merece resaltarse, en función de la protección de los miembros de las comunidades afrodescendientes, el  Principio 4  según el cual:  “1) Estos Principios se aplicarán sin distinción alguna de raza, color, sexo, idioma, religión o creencia, opinión política o de cualquier otra índole, origen nacional, étnico o social, condición jurídica o social, edad, discapacidad, posición económica, nacimiento o cualquier otro criterio similar”; el Principio 6° que prohíbe los desplazamientos arbitrarios incluyendo aquéllos “a) basados en políticas de apartheid, "limpieza étnica" o prácticas similares cuyo objeto o resultad sea la alteración de la composición étnica, religiosa o racial de la población afectada”; y el Principio 9, de conformidad con el cual “los Estados tienen la obligación específica de tomar medidas de protección contra los desplazamientos de pueblos indígenas, minorías, campesinos, pastores y otros grupos que experimentan una dependencia especial de su tierra o un apego particular a ella.”



 

31.           En síntesis, conforme a los instrumentos internacionales reseñados es claro que el Estado tiene unos compromisos y deberes especiales frente a las comunidades afro colombianas, que lo obligan no sólo a evitar eventuales discriminaciones, sino también a desarrollar acciones tendientes a garantizar que éstas comunidades y los individuos que las componen puedan gozar de todos los derechos constitucionales, individuales y colectivos, en igualdad de condiciones.

 

III.       CONOCIMIENTO ACTUAL SOBRE LA SITUACIÓN QUE ENFRENTA LA POBLACIÓN AFRO COLOMBIANA DESPLAZADA Y CARACTERIZACIÓN DEL FENÓMENO DEL DESPLAZAMIENTO QUE LA AFECTA

 

Subregistro de la dimensión de la crisis humanitaria en el caso de los pueblos afro colombianos afectados por el desplazamiento forzado

 

32.           Existen numerosos cuestionamientos a las cifras oficiales sobre el desplazamiento de la población afro colombiana por el alto subregistro que se presenta en relación con esta población. Ello obedece a varias situaciones específicas: (i) esta población prefiere quedarse en su territorio como una forma de resistencia al desplazamiento y al destierro; (ii) la existencia del fenómeno del confinamiento; y (iii) la ocurrencia de desplazamientos de corta duración y de retornos sin condiciones de seguridad. Si bien estas situaciones favorecen ese subregistro, los sistemas de información para la población desplazada también han fallado al incluir a los afrocolombianos como víctimas de desplazamiento forzado,[19] y por lo tanto, es muy difícil obtener un fiel relato de la magnitud del problema y de la crisis humanitaria que enfrenta esta población.[20]



 

33.           No obstante, las cifras del Registro Único de Población Desplazada (RUPD) de las Agencia Presidencial de Acción Social, muestran un aumento en el número de afro colombianos desplazados cada año.[21] Según estas cifras en 2007 los afrocolombianos representaban 14% de la población desplazada, mientras que en el 2003 apenas alcanzaban el 6% de la población desplazada registrada.

 

34.           De acuerdo con el RUPD entre los años 1997 y 2007 se registró el desplazamiento forzado de 140.266[22] afro colombianos. En el Censo de 2005, 4.311.757 personas de la población censada fueron reconocidas como afro colombianas, es decir un 10% del total de población desplazada. Por su parte, en la II Encuesta Nacional de Verificación señala que el 16.6% de la población inscrita en el RUPD y el 17,8% de los no inscritos se reconoce como afrocolombianos,[23] lo cual muestra el mayor impacto del desplazamiento sobre esta población.



 

35.           Según los registro oficiales, los departamentos más afectados por el desplazamiento de los afro colombianos durante los años 1997 a 2007 fueron Chocó, al presentar 24.127 desplazados, seguido de Valle de Cauca con 22.119 desplazados, Nariño con 18.040, Antioquia con 14.142 y Bolívar con 11.263. Del total de afro colombianos desplazados, 29.140 personas lo hicieron en eventos de desplazamiento masivo y 111.126 lo hicieron de forma individual.

 

36.           Existen estudios independientes que muestran una mayor magnitud del desplazamiento de los afrocolombianos[24]por ejemplo, AFRODES hizo un análisis de las cifras del RUPD durante el período 1997-2007, con corte a 31 de Septiembre del 2007, sobre los municipios de mayor significancia afrocolombiana –esto es, municipios donde se encuentran los territorios ancestrales de comunidades negras en los que se han reconocido títulos colectivos (50), municipios donde la población afro es mayoritaria (68), y los municipio con mayor concentración de población afrocolombiana de acuerdo con el censo de 2005 (100)  294.842 personas fueron expulsadas de sus territorios colectivos, 416.566 de los municipios con población afro mayoritaria, y 764.373 de los municipios de mayor concentración de población afro.[25].



 

Precariedad de la información para caracterizar a la población afro colombiana afectada por el desplazamiento

 

37.           El gobierno no ha aportado información atinente a la caracterización de la población afrocolombiana desplazada. Sin embargo, organizaciones de la sociedad civil han elaborado estudios al respecto.



 

38.           La Corporación para el Desarrollo Social y Empresarial de los Pueblos Afro Colombianos – ECODESARROLLO - realizó una caracterización de la población afrocolombiana desplazada.[26] Este estudio hecho para el año 2005 revela que el nivel de vida de los afrocolombianos se deterioró grandemente después del desplazamiento.[27] Antes del desplazamiento, el 60.1% tenía vivienda propia y después del desplazamiento sólo era propietaria de su vivienda el 3.5%, mientras que el 33.1% vivía en arriendo. Antes, las “ocupaciones de hecho”, que se refieren a ocupación ilegal de predios, eran del 2.4 %, actualmente son del 10.6%. Además, antes del desplazamiento, el 65.6% de la población afrocolombiana encuestada vivía principalmente en casa, el 19.2% en rancho o choza, el 1.9% en apartamento. Pero después del desplazamiento, la población que vive principalmente en ranchos o chozas, es del 33.4%, 32.7% en casas, 10.4% en piezas, 7.5% en cambuches y el  6.1% en apartamentos. Obviamente la calidad de la vivienda es mucho peor después del desplazamiento. Tal como se señaló en el informe de  caracterización, “estos datos muestran un cambio profundo en la tendencia de la vivienda, lo cual repercute indudablemente en la calidad de vida de los afro colombianos desplazados”. La encuesta también demostró que 73.2% perdió sus bienes (casa, tierra, animales, maquinaria), el 74.2% su trabajo, el 58.6% sufrió algún tipo de lesión física, el 55.8% perdió a algún miembro del hogar, el 41.8% se vio separado de la familia.

 

39.           Antes del desplazamiento el 70.6% respondió tener trabajo, es decir producía ingresos; el 60.1% tenía la vivienda totalmente pagada y en general sus hijos e hijas estudiaban, lo que garantizaba una estabilidad física y emocional de la familia. Después del desplazamiento el 74.2% perdió el trabajo y solo el 3.5% ha pagado totalmente la vivienda, manteniéndose en el 3.2% las personas que trabajan. Usando estas cifras para medir calidad de vida ECODESARROLLO calculó que antes del desplazamiento 65.3% de necesidades hogareñas fueron satisfechas, mientras que después del desplazamiento esta cifra bajo hasta el 38.8%, representando un 59% deterioro en la calidad de vida para los afro colombianos desplazados.[28]



 

40.           De acuerdo con el la II ENV 2008 realizada por la Comisión de Seguimiento, del total de personas de 12 años o más de edad, desplazadas e incluidas en el RUPD, un 46,4% se encontraba trabajando en la semana anterior a la II ENV-2008, un 4,8% se declaraba como desocupada y un 48,6% como inactiva. Entre la población afrocolombiana, los niveles de actividad son similares, cercanos al 51%, pero una mayor proporción se define como desocupada. Esto es válido tanto para la población registrada como para la no registrada.

 

41.           Según este informe de la Comisión de Seguimiento, se aprecian diferencias según género: la proporción de mujeres ocupadas es casi la mitad que la de los hombres, pero el desempleo no parece afectar particularmente a las mujeres como sucedía al analizar a toda la población desplazada. Los jefes de hogar tienen un mayor acceso al mercado laboral: 68.9% de los jefes de los hogares desplazados inscritos en el RUPD, declararon estar ocupados la semana anterior a la II ENV-2008 (Cuando se analiza al conjunto de la PD registrada este porcentaje es 72,2%).



 

42.           Los porcentajes de ocupación para los cónyuges y para los otros miembros del hogar son, por supuesto, más bajas: 45% de los cónyuges y 28,8% de lo otros miembros del hogar se encontraban ocupados entre la población afrocolombiana RUPD. Comparado con el total de la población RUPD los cónyuges tienen, en los hogares afrocolombianos, una mayor tasa de ocupación (42%) y los demás miembros del hogar una menor (31.4%).

 

43.           La inmensa mayoría de ocupados de la población desplazada afrocolombiana inscrita en el RUPD o no inscrita, labora como trabajador independiente (60,5%) superando la proporción encontrada en el conjunto de hogares desplazados RUPD (55,4%). La proporción de empleados u obreros –de empresas privadas o del gobierno – (18,5%) es muy baja, mas baja que en el total de hogares RUPD que es 24%, en tanto que los trabajadores domésticos tienen una alta representación, 9,9% Esta estructura ocupacional impacta, como se verá más adelante, sobre los niveles de formalidad en el empleo, y los ingresos laborales de los trabajadores.



 

44.           Las diferencias de género son evidentes. Las mujeres ocupadas de la población desplazada RUPD, son en su gran mayoría trabajadoras independientes o empleadas domésticas, al punto que sólo algo más del 10% se desempeña como empleada y obrera, porcentaje bastante menor al encontrado para el total de desplazados RUPD.

 

45.           Para la población afrocolombiana  inscrita en el RUPD, se encuentra que 26% trabaja entre 40 y 48 horas por semana, es decir, en el rango estipulado por el Código Sustantivo del Trabajo, proporción similar a la del total de trabajadores desplazados inscritos. Con jornadas inferiores a las 40 horas se encontraba un 32% de los desplazados ocupados, mientras cerca del 17% tenía jornadas superiores a 60 horas, cifra inferior al 20% encontrado para la población total desplazada RUPD.



 

46.           Existen diferencias por género: las mujeres tienden a tener jornadas menos extensas que la legal en mayor proporción que los hombres (41% de las mujeres trabajan menos de 40 horas por semana frente al 23% en el caso de los hombres). Esto puede indicar la mayor precariedad del empleo femenino. Los hombres, por su parte, realizan en un 20% de los casos, jornadas extenuantes, superiores a las 60 horas semanales.

 

47.           Las diferencias son marcadas entre trabajadores asalariados (obreros o empleados particulares o del gobierno y jornaleros y peones) y los trabajadores independientes para la población desplazada afrocolombiana  inscrita en el RUPD. La jornada legal se cumple para un 31% de los trabajadores asalariados y sólo en un 23,6% para los independientes. La distribución de la jornada de estos últimos ilustra las condiciones de vulnerabilidad de los trabajadores.



 

48.           El porcentaje de trabajadores desplazados afrocolombianos ocupados que trabajan como empleados, obreros o jornaleros, con contrato laboral escrito a término indefinido es más bajo (6%) que para la población desplazada total (6,9%). Un 6,4% entre los afrocolombianos inscritos en el RUPD tiene contrato escrito a término fijo, y un 8,8% entre los no inscritos, cifras que son superiores a la de la población desplazada en general.

 

49.           Para la población afrocolombiana inscrita en el RUPD, el porcentaje de obreros, empleados o jornaleros que no tienen afiliación a ninguno de los tres riesgos, salud, vejez y accidente o enfermedad profesional es de 82,4%, más alto para las mujeres (88,3%) que para los hombres (82,4%). Estos porcentajes son más altos que para el conjunto de la población desplazada RUPD: para total, 80,6%,  para hombres, 79,3% y  82,7% para mujeres. La situación de los desplazados afrocolombianos, a este respecto, es, entonces más precaria que para el total de desplazados. La situación de los ocupados como obreros y empleados de la poblacion desplazada afrocolombiana no inscrita en el RUPD es mejor que la inscrita, principalmente por el mayor nivel de afiliación a una EPS.



 

50.           Por tamaño de empresa y como consecuencia de la alta proporión de trabajadores independientes, se encuentra que más de la mitad  de los ocupados afrocolombianos inscritos en el RUPD trabaja solo y apenas menos de 10% trabaja en empresas de más de 10 trabajadores. La proporción de mujeres que trabaja sola (76,7%) es muy superior a la de los hombres (41,1%), denotando el alto grado de informalidad y aislamiento laboral, proporción que es más elevada en el caso de las mujeres ocupadas deplazadas no inscritas en el RUPD, como se observa en el Cuadro 55.

 

51.           El sitio de trabajo más frecuente para la población ocupada afrocolombiana  inscrita en el RUPD marca clara diferencias de género. Para los hombres, el sitio más frecuente es el campo, área rural, mar o río que se presenta en 31.0% de los casos (más alto que en la población RUPD total, 27,4% de los casos). Le siguen la calle, kiosco o caseta (en el 16,1%% de los casos, sitio de trabajo de los trabajadores ambulantes, las obras en construcción, con 18,7%% (superior al 15,2% de la población RUPD total) y el local de la empresa o patrono en13.6% de los casos  (era de 17,3% enel total). Las mujeres, por su parte, trabajan principalmente en viviendas diferentes a la que habitan (43,6%), lo cual no es de extrañar dado el alto peso del trabajo como empleado doméstico, seguida por la propia vivienda (19,7%) (donde se desarrollan gran parte de las actividades informales, pequeños negocios, pequeñas empresas).



 

52.           Solamente el 11.4% de la población afrocolombiana inscrita en el RUPD percibe un salario mínimo mensual o más y 21,8% menos de un cuarto de salario mínimo. Este porcentaje es claramente más alto entre los hombres (14,9%) que entre las mujeres (5,3%), mostrando la mayor vulnerabilidad de estas últimas en el mercado laboral.

 

53.           Cuando se analiza la información por posición ocupacional, se encuentra que entre los asalariados (obreros, empleados y jornaleros) de la población inscrita en el RUPD, el 17% alcanza o supera el salario mínimo, mientras que entre los trabajadores independientes sólo lo logra el 6,4%.  Para la población afrocolombiana estos porcentajes sólo alcanzan 12,8% en el caso de asalariados y del 6,5% de independientes.



 

54.           La situación mejora levemente cuando se consideran los ingresos totales[29]: el porcentaje de ocupados afrocolombianos  que tiene un ingreso mensual superior o igual al salario mínimo mensual llega hasta un 12,8% (para el total de trabajadores desplazados inscritos en el RUPD). La proporción de hombres que iguala o supera el salario mínimo es del 20,6% (más elevado que para el total de desplazados hombres) y la de mujeres el 7,9%, para el mismo grupo de población desplazada

 

55.           De los hogares inscritos en el RUPD, 96,5% se encuentra bajo la línea de pobreza y 78,4% bajo la línea de indigencia. Para los hogares afrocolombianos no inscritos los niveles llegan a 97,8% en pobreza y 79.9% en indigencia.  Cuando se mide por ingresos laborales, se destaca un menor nivel de hogares en indigencia en los hogares afrocolombianos. Cuando se consideran no solo los ingresos laborales, sino todos los ingresos del hogar, la situación es menos crítica. Aún así, 96,1% de los  hogares afrocolombianos RUPD y 97,5% de los no inscritos están en situación de pobreza. 76% en la población RUPD y 78,5% en la no RUPD en situación de indigencia.



 

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