Autopoiesis y aplicación del derecho en la “e-justicia”



Descargar 81.02 Kb.
Fecha de conversión05.07.2017
Tamaño81.02 Kb.
Autopoiesis y aplicación del derecho en la “e-justicia”.

Investigando sobre la aplicación judicial del Derecho.

Fernando Galindo1

______________________________________________________________________


Resumen


El trabajo muestra el interés que ofrece el estudio de la aplicación judicial del Derecho desde la “autopoiesis”, concreción instrumental de la teoría denominada “biología de la cognición”. Ello es así porque dicho estudio permite señalar mediante el uso de esta metodología algunos de los principales elementos de la resolución de conflictos en el ámbito judicial, superando los límites que ofrece una aproximación exclusivamente normativa a la misma. La eficacia del acercamiento se muestra al explicar con él los cambios que comporta la resolución de conflictos judiciales por agentes jurídicos en el ámbito de la denominada “e-justicia”, o lo que es lo mismo en la resolución de conflictos judiciales con auxilio de las tecnologías de la información y la comunicación (TIC). Estos cambios están constituidos por la puesta en evidencia de las reformas funcionales, organizativas y personales de la Administración de Justicia que se producen en la realización de la e-justicia.

Palabras clave

Proceso judicial; Autopoiesis; E-justicia; Agentes jurídicos.


Abstract


The paper presents the interest offered by the study of judicial application of the Law from the “autopoiesis”, instrumental realization of the theory known as “biology of cognition”. This is because the study allows to observe some of the main elements of the conflict resolution in the judiciary application of the Law, overcoming the limits that a normative approximation provides. The effectiveness of the approach is shown explaining the changes that the resolution of juridical conflicts entails in the solution of legal disputes by legal actors in the field of the so-called “e- justice”, or, what is the same, in the resolution of legal disputes with the help of the Information and Communications Technologies. These changes are proved in the paper by the presentation of several functional, organizational and personnel reforms in the Administration of Justice that occur in the realization of e- justice.

Keywords

Judicial process; Autopoiesis; E - justice; Judicial agents.


1.Introducción


Pese a que se ha propuesto estudiar, en el ámbito continental, la actividad y el papel de los jueces en la resolución de conflictos desde hace ya mucho tiempo: casi desde los albores de la Sociología que posibilitaba el estudio de actividades humanas utilizando medios propios de las ciencias, lo cierto es que dicho estudio apenas ha sido relevante fuera del terreno de las teorías2.

Es más que probable que la razón de esta escasez sea debida a la indudable dificultad que acarrea la realización de estudios empíricos sobre el contenido de procesos judiciales concretos, y el papel desempeñado en sus diferentes fases por los agentes jurídicos que en los mismos intervienen3.

A efectos de elaborar un programa de investigación capaz de superar estas dificultades que permita establecer con detenimiento, atendiendo a procedimientos concretos, las características de las actividades judiciales en el Estado de Derecho, vamos a considerar en este trabajo tanto el programa y las razones del mismo, como una prueba de las posibilidades que ofrece.

En concreto vamos a ver que el programa hace referencia a la consideración del marco de las resoluciones de los conflictos jurídicos por parte de los jueces, al fijarse en los elementos de las mismas que ponen de relieve las propuestas de la biología de la cognición, especialmente la “autopoiesis”, expresión ampliamente aceptada como referencia para denominar al proceso de conocimiento y acción de los seres vivos. Para ello en el próximo apartado (2) resumimos la idea de autopoiesis fijándonos en sus posibles virtualidades en relación al estudio de la solución judicial de conflictos.

En los dos apartados siguientes (3 y 4) expresamos cómo no es rara la falta de aproximaciones realizadas a las resoluciones judiciales, una vez que los estudiosos del Derecho, la ciencia del Derecho o Dogmática más que la Filosofía del Derecho, se han fijado tradicionalmente tan sólo en el aspecto formal de las sentencias. Es decir, aun cuando se ha querido profundizar en la aplicación del Derecho se han fijado tan sólo en el proceso argumentativo que ha llevado a las mismas, o lo que es lo mismo en sus elementos de carácter normativo y no el resto de los elementos de todo tipo, incluidos prejuicios y convicciones, que están presentes en toda solución de conflictos.

La prueba de la conveniencia y efectividad de este tipo de estudios es hecha aquí mediante la realización de uno ejemplar cuyos resultados son expuestos a continuación (apartado 5). En concreto el estudio se fija, al tener en cuenta el proceso de conocimiento y acción que tiene lugar en el proceso judicial, en los cambios que se están produciendo con motivo del incremento de su eficiencia mediante la automatización de los procedimientos judiciales (e-justicia), una vez que en él tanto se ha modificado el papel de los que intervenían en los procesos judiciales antes de la automatización, como se ha llegado a establecer la necesaria participación en los mismos de nuevos agentes que cuentan con un curriculum (conocimientos, estilo de trabajo y convicciones o prejuicios) diferente al de los agentes que intervenían en los procedimientos tradicionales.

El trabajo termina con una conclusión (6).

2.Autopoiesis


El proceso de conocimiento y acción de los seres vivos es especialmente relevante en el ámbito jurídico. Ello es evidente en el momento en el que, a través de los procedimientos judiciales, los agentes jurídicos (“seres vivos”) ponen en acción ante un conflicto concreto el contenido que la ley prevé para su solución. La relevancia procede del hecho de que la ley prescribe taxativamente quiénes han de intervenir en el mismo y las pautas generales para realizar esta intervención. A continuación analizamos, sucintamente, este proceso judicial.

Obviamente la ley no menciona quiénes son los determinados “seres vivos” responsables, tan sólo precisa los órganos competentes para con determinado asunto, lo que sucede es que siempre, en aplicación de otras reglas, son personas concretas las que detentan en cada caso la titularidad de los órganos. Es por ello que estas personas están especificadas en cualquier proceso. De hecho en las sentencias, soluciones a los conflictos, siempre se hacen públicos los nombres de los agentes jurídicos responsables de las mismas: jueces, abogados y procuradores.

Es más. A efectos de potenciar en la mayor medida posible la intervención de personas, los procesos judiciales en el Estado de Derecho están separados en dos fases: la de instrucción o averiguación del alcance de los hechos y la de juicio o generación mediante la discusión de la sentencia. La primera es la fase dedicada al conocimiento del hecho, hechos o conflicto y su posible relevancia jurídica desde una perspectiva procesal, la segunda es la destinada a su resolución mediante la celebración del juicio y la argumentación de la decisión sobre el conflicto. Con el fin de preservar las mayores garantías posibles a los ciudadanos los responsables de ambas fases son distintos jueces.

Aquí nos fijamos en que si consideramos las dos fases teniendo en cuenta las características del proceso de conocimiento y acción que desarrollan todos los agentes implicados, incluso los mismos actores/generadores del conflicto, es de relevancia el carácter autopoiético de dichos procesos. Es decir: no es relevante tan sólo la voluntad de la ley, las categorías propuestas por la ciencia del derecho o, incluso, la de cada agente, sino que lo son, también, en todos los casos y fases de solución de los mismos, los prejuicios o convicciones de los que participan agentes y actores, tal y como sucede en todo tipo de proceso de conocimiento y acción en el que intervienen seres vivos, como han puesto de manifiesto las teorías que estudian la denominada “biología de la cognición” (MATURANA, 1988 y VARELA, 2011)4.

El problema de la teoría5 reside en que para aplicarla y comprobar su validez y eficacia, a efectos de poder conocer en sus detalles las características de una actividad tan relevante en el Estado de Derecho como lo es la solución de conflictos mediante la puesta en acción de procesos judiciales, sería necesario realizar las oportunas comprobaciones de carácter empírico, fundamentalmente. La dificultad para su puesta en práctica reside en que no cabe realizar hipótesis al respecto contando exclusivamente con la información que facilita el contenido de las sentencias de primera instancia o las dictadas por otras instancias ante las apelaciones o recursos planteados sobre las primeras resoluciones judiciales habidas sobre un caso. Si bien éstas se hacen públicas, en ellas, una vez eliminada la información personal referida a personas implicadas en los conflictos que contienen, no queda recogida toda la información de interés que ha sido considerada en las distintas fases que integran el proceso y que debería poder conocerse a efectos de realizar estudios de carácter empírico sobre el proceso judicial que permitieran comprobar la relevancia de hechos, normas, convicciones y prejuicios expresados a lo largo del proceso.

La verdad es que sin información sobre estos detalles no es posible contar con el conocimiento concreto de los argumentos expuestos en los procesos, ni, por supuesto, lo acabamos de decir, con las consideraciones y reflexiones, valores, prejuicios y convicciones, que los fundamentan por parte de los distintos actores jurídicos que participan en los mismos.

El problema no es instrumental: existen recursos, procedimientos, métodos o mecanismos, como luego veremos, que permitirían realizar directamente la averiguación expresada. El obstáculo básico reside en la gran dificultad existente para realizar estudios sobre temas que están regulados por normas que tienen por objetivo salvaguardar los principios del secreto procesal (es el caso del secreto del sumario penal, que se aplica a todos los procedimientos judiciales) y los derechos fundamentales (intimidad y protección de datos personales), es decir los principios básicos del Estado de Derecho en lo referido al ejercicio del poder judicial.

Hay un mayor margen para realizar este tipo de estudios en el ámbito del Derecho anglosajón donde, especialmente desde el movimiento denominado realismo americano, se entró a considerar algunas de tales actividades. En ello influye sin duda la circunstancia de que el Derecho anglosajón, common law, es un derecho judicial, a diferencia del continental en el que la referencia para el proceso es siempre el contenido de la ley. La razón básica de la particularidad reside en que en common law se precisa el estudio del contenido de las sentencias anteriores distinguiendo las características del caso o conflicto sobre el que versan con respecto al nuevo que se quiere plantear al juez, tarea jurídica propia de cualquier abogado. Ello ha hecho más fácil realizar un estudio más detallado de las decisiones y características del proceso de decisión judicial en su conjunto que lo que sucede en el derecho continental6.

Lo anterior no impide reconocer el interés que tiene en todo caso, también en Derecho continental, el estudio empírico del proceso judicial: trascender más allá de lo que se hace en la actualidad: el conocimiento del contenido de las normas, leyes o sentencias, o incluso los datos estadísticos referidos al crecimiento o decrecimiento del número de sentencias dictadas sobre una determinada materia, por ejemplo, y considerar en su más preciso detalle todo tipo de elementos necesarios para estudiarlo7. Ha de tenerse en cuenta, además, que cualquier concepto de Derecho considerado en la actualidad requiere utilizar procedimientos suficientes a efectos de contar con un adecuado conocimiento de la realidad jurídica y las competencias y habilidades precisas para su ejercicio, con las que poder estudiar y, especialmente, en las que saber formar a futuros juristas como requieren las mismas reformas de la formación universitaria ocurridas en el ámbito jurídico en aplicación del proceso de Bolonia que exigen su acomodación a dichas competencias.

Un adecuado ejemplo a tomar como referencia está constituido por encuestas que se realizan en el ámbito docente universitario. Las encuestas, instrumento de trabajo de carácter empírico, tienen por objeto, por ejemplo, con respecto a grupos de agentes jurídicos: conocer hábitos docentes, estilos de aprendizaje, fórmulas metacognitivas de conocimiento, contenido de competencias jurídicas aprendidas en unidades docentes de carácter jurídico concreto, apreciaciones sobre ambiente de trabajo8... Estas expresiones indican que los resultados de estas encuestas realizadas en ámbitos profesionales distintos, siguiendo propuestas modélicas hechas por expertos, cuyos resultados cabe comparar, pueden ser un punto de partida adecuado para realizar encuestas que se planteen preguntar, genéricamente, sobre el ámbito de trabajo propio: conocimientos, convicciones y prejuicios, de los agentes jurídicos participantes en procesos judiciales9.

Una solución para satisfacer estas inquietudes sería, por ejemplo, la realización de encuestas a los agentes jurídicos (jueces, abogados, secretarios) que intervienen en los procesos, encuestas que contuvieran ítems o preguntas dirigidas a averiguar cuáles son sus actitudes y modos de trabajo genéricos en la resolución de conflictos concretos o con relación a una parte del ordenamiento o materia. También es posible la realización de encuestas, preservando su derecho a la intimidad, a ciudadanos cuyos conflictos hayan sido resueltos en procesos judiciales sobre sus apreciaciones con relación a las actitudes mantenidas en los mismos por los diferentes agentes jurídicos que hayan participado en los mismos. Sería, igualmente, oportuna la realización de adecuadas preguntas a los peritos y testigos de todo tipo que hayan expresado su conocimiento sobre los hechos en uno u otro momento del proceso con el fin de conocer sus actitudes típicas… Sin duda los resultados de estas encuestas darían aproximaciones genéricas a lo que sucede en los procesos judiciales, lo que sucede es que estas aproximaciones tendrían, en todo caso, más interés y relevancia que las que produce el estudio de normas, permitiendo acercar en mayor medida al proceso de conocimiento y acción propio de los participantes en el proceso judicial10.

A continuación nos fijamos en cómo estos cambios no son requeridos sólo por “lógica” o sentido común sino que son reclamados por las teorías del Derecho desde hace años (3), aun cuando la Dogmática no se haya hecho eco de esas consideraciones (4).


3.Historia


La perspectiva aquí propuesta no es nueva tan sólo implica aceptar y proponer como metodología lo que a lo largo del siglo XX hasta la actualidad se ha puesto de relieve, desde diferentes perspectivas: que se produce una permanente interacción del conocimiento, la realidad y la acción por cada ser vivo. Y que ello sucede en todos los ámbitos de la vida, por supuesto también en el terreno del Derecho, pese a que en este ámbito se han tomado como principios de conocimiento y acción comunes los que se ha ido admitiendo como regla de funcionamiento del Estado de Derecho desde el XVIII: el principio de que las leyes, los textos normativos, aprobados por los representantes de los ciudadanos en conformidad con el esquema racional de funcionamiento del Parlamento y la división de poderes, refrendado en la Constitución, son el único objeto de consideración, conocimiento y acción, en la resolución de los conflictos habidos entre personas, resolución que es la aplicación del Derecho reducida a la realización de la subsunción de los hechos, casos, en las leyes por los jueces de forma lógica.

Desde aquella época, justamente desde el comienzo de la obligación de los jueces de poner en ejecución el Código Civil alemán bajo su responsabilidad (comienzos del siglo XX) ante todos los casos que los ciudadanos les plantearan, surgieron consideraciones críticas con respecto a la idea de que la aplicación del Derecho estaba reducida a la realización automática de la subsunción del caso concreto en la Ley, como planteaban y presumían los Códigos liberales y la ciencia del Derecho de la época. Ehrlich, junto a los tratadistas y jueces que se integraron en el Movimiento de Derecho Libre, puso de manifiesto que el proceso de aplicación del Derecho no podía estar reducido a la subsunción una vez que la irremediable existencia de lagunas jurídicas hace que la mayor parte de las resoluciones judiciales sean creaciones “libres”, de los mismos jueces, a efectos de no incurrir en la responsabilidad correspondiente por no tomar decisiones en casos, sometidos a su decisión por imperativo legal, cuyos supuestos y soluciones no coincidieran con los previstos por la Ley (EHRLICH, 1903). A partir de estas consideraciones surgieron, hasta la actualidad, múltiples reflexiones dirigidas a completar el proceso de aplicación del Derecho con otras explicaciones.

Algunas de las soluciones propuestas fueron las siguientes: el conocimiento de las concepciones y convicciones sociales (propuesta hecha por Ehrlich a través de la Sociología: el derecho vivo), la consideración de que el razonamiento jurídico está integrados por tópicos o lugares comunes que auxilian a la aplicación (VIEHWEG, 1974); el establecimiento de sistemas normativos auxiliares a la aplicación elaborados mediante el uso de la lógica contando con la construcción de la pirámide normativa que amplía racionalmente el ámbito legal (KELSEN, 1979); la propuesta del estudio de las leyes atendiendo a que se interpretan a partir de la “precomprensión” de su contenido (ESSER,1961; ENGISCH,1968; GADAMER, 1977); el estudio de la aplicación judicial del Derecho atendiendo al amplio ámbito y contenido de las argumentaciones que en la misma se produce (PERELMAN, 1979 y ALEXY, 1992); la consideración del acuerdo de legitimación social —el consenso—, al que están dirigidas las leyes y la organización estatal en su totalidad (los tres poderes), incluyendo el procedimiento judicial, en las sociedades democráticas (HABERMAS, 1993); la consideración de que todas las actividades humanas son realizadas atendiendo a un conocimiento de la realidad producido en el contacto mantenido con la misma realidad —“autopoiéticamente” (MATURANA, 1988)— y no por la mera elucubración o desarrollo intelectual de las propuestas científicas…

Estas y otras propuestas estaban ocupadas, resumiendo, en poner énfasis en el contexto propio de las actividades jurídicas, a efectos de explicarlas y darles soluciones más complejas que las que establece la subsunción o el discurrir formal sobre los textos jurídicos. La subsunción era, tan sólo, la concreción jurídica de la ideología en la que se creía desde el Renacimiento y que se fue concretando a lo largo de los siglos posteriores al basar el conocimiento y la acción de los hombres en los principios y virtualidades comunes de la razón más que en los datos de la realidad.

La articulación aceptada del Estado de Derecho era coherente con la que era la perspectiva típica de ver la realidad a finales del XVIII y comienzos del XIX: la que ofrecía la confianza en la razón que construía, a partir del principio considerado en la época como “natural” de autonomía de la voluntad o la libertad, y la consideración del Derecho como coacción externa que permitía la relación de uno con otro u otros: el ejercicio de la libertad, el sistema jurídico expresado en forma de Constitución y códigos.

Desde su puesta en práctica hasta la actualidad los mencionados han pasado a ser considerados los principios propios del Estado de Derecho democrático, en el que la voluntad general crea la Ley a partir del proceso de elección de los representantes de los ciudadanos y la reunión de estos representantes en el Parlamento, con el fin de hacer dicha Ley, expresión de la voluntad general cuyo contenido es de aplicación por los jueces en caso de conflicto social concreto cuya solución sea propuesta a los mismos. Sólo que esta consideración está basada ahora ya no tanto en la confianza en la razón, la ciencia o el conocimiento, como ocurría en el siglo XVIII, cuanto en el hecho de que ha sido aceptada por la mayoría de los ciudadanos y los Estados como la forma democrática de gobierno por excelencia, ampliándose cada vez más el número de los que participan en la elección de los representantes: el ámbito de la democracia.


4.Dogmática


Esta práctica política que se ha convertido como tal en los elementos fundamentales de la vida del Estado de Derecho gracias a su implantación y asentamiento tras las correspondientes revoluciones o cambios políticos, ha orientado a los estudiosos del Derecho, a la Dogmática, a centrar su ciencia, y la emisión de propuestas a futuros juristas, en el contenido literal o en la estructura formal de las normas o las leyes, dejando de lado la consideración de la complejidad del concreto proceso de creación del Derecho, del de su interpretación o del de aplicación en el proceso judicial en la resolución de conflictos.

Ello ha tenido como consecuencia que el estudio del Derecho siga estando aun en la actualidad caracterizado predominantemente como un estudio formal, conceptual, dogmático, lógico o teórico: meramente normativo, dejando de lado cualquier consideración realista, pragmática o empírica acerca del concreto proceso de conocimiento y acción que tiene lugar en su puesta en realidad por los agentes jurídicos con respecto a casos concretos11. El dogmático, con ello, es un estudio ya anticuado que proyecta en el presente un estilo de conocimiento y práctica propio de otras etapas históricas: las de la ilustración y, más remotamente, el renacimiento.

Proceso que es criticable por su falta de sensibilidad para las que en la actualidad se consideran son pautas de conocimiento y acción propias de los “seres vivos”. Ello con independencia de que, como hemos dicho con anterioridad, las convicciones y prejuicios personales no pueden ser el único elemento de decisión en la solución de los conflictos jurídicos: el Estado de Derecho establece como regla fundamental para dicha solución que las decisiones sean tomadas por personas libres e independientes como son los jueces, atendiendo al texto de las leyes aprobadas en el Parlamento o concretadas por el poder ejecutivo siguiendo los mecanismos reglamentarios correspondientes, a diferencia de lo que sucede en el common law en el que este marco está constituido por las sentencias de jueces que han decidido, de una u otra forma, previamente sobre casos similares. Esto implica aceptar que el principio de división de poderes es un marco racional a la vez que, especialmente, aceptado para la acción política del Estado de Derecho.

Lo que ocurre es que esas apreciaciones no asumen que también la interpretación, acceso y aplicación de los textos de las leyes son actividades de carácter autopoiético: es decir están afectadas por las convicciones y prejuicios de quienes las realizan, sin que ello haya sido aceptado por la Dogmática.

Esta práctica “científica” ha traído consecuencias a la vida jurídica. Por ejemplo, la formación de los juristas se ha visto reducida a habituar a la exégesis de las normas desde las categorías establecida por la dogmática. No ha tenido especial relevancia para ella la práctica profesional. Con ello la formación en las Facultades de Derecho ha estado centrada en las categorías que han ido desarrollándose a partir de los códigos promulgados por los Parlamentos. La formación estaba limitada así a los conceptos que integraban las materias dogmáticas: Civil, Penal, Mercantil…

Afortunadamente se ha producido una reacción al proceso señalado, a remolque de los cambios generales que en formación se están produciendo en Europa. La reacción es la disposición de la formación de nuevos juristas atendiendo a competencias y habilidades profesionales y no únicamente a los conceptos desarrollados por la Dogmática o ciencia del Derecho, objetivos propios de la formación jurídica desde los comienzos del siglo XIX.

Aquí nos vamos a ocupar de apuntar el cambio explicándolo a continuación (5), a manera de ejemplo, en un ambiente de acción procesal nuevo: el que está creando la circunstancia de que los procedimientos judiciales destinados a la aplicación del derecho se producen con auxilio de los ordenadores y las TICs: la denominada e-justicia.

5.E-justicia


Con la expresión e-justicia: “justicia electrónica” se alude al conjunto de todos aquellos procedimientos cuya puesta en práctica está originando la introducción y uso habitual de las TIC en el trabajo propio de la Administración de Justicia12.

Continuando con las consideraciones hechas en este trabajo, la aproximación normativa a la e-justicia hecha desde una perspectiva tradicional quedaría limitada a exponer y analizar las normas que la regulan13. La consideración de esta práctica desde una perspectiva autopoiética, es decir atendiendo al hecho de que su realización se produce por seres vivos cuyo modo de actuar depende de los conocimientos, concepciones y convicciones que cada uno de ellos ha ido adquiriendo a lo largo de su vida, origina, en cambio, hacer las siguientes apreciaciones sobre sus características.

La implantación de los procedimientos de “e-justicia” trae como consecuencia el hecho de que cada vez más, en la mayor parte de las ocasiones bajo la expresión incremento de la eficiencia, se reduzca el número de agentes jurídicos precisos para la realización de los procesos judiciales al eliminar o reducir parte de la intervención de los mismos por la expansión del proceso de automatización, como sucede en aquellos procesos en los que la grabación de la vista reemplaza al trabajo del Secretario que resumía y daba fe del contenido de los juicios orales. Esto sucede, paradójicamente, a la vez que se incrementa el número total de agentes integrantes de la Administración de Justicia, una vez que si bien son precisos expertos en programación, también lo es un mayor número de jueces, requeridos para el incremento de casos que hay que resolver en sociedades en crisis permanentes, o, en consecuencia con el incremento de asuntos, es mayor el número necesario de expertos en ciencias sociales como psicólogos, asistentes sociales o traductores, en virtud de la creciente complejidad de los asuntos tratados: bien sea por su propia naturaleza adquirida en una sociedad cambiante, bien sea porque participantes de los mismos son personas con diferentes culturas e idiomas.

En otras ocasiones la e-justicia transforma el tipo de participación de dichos agentes que, como es el caso de los Secretarios Judiciales, pasan a ser responsables de las actividades de gestión administrativa de la oficina judicial, después de haber sido considerados responsables de la fe judicial en una oficina cuya responsabilidad estaba en poder del Juez o Magistrado. Como hemos dicha la e-justicia también produce el incremento de otro tipo de personal inexistente tradicionalmente en la Administración de Justicia: el necesario para el desarrollo y mantenimiento de sistemas y programas informáticos y de comunicación.

El riesgo de estos cambios reside en que progresivamente se va reduciendo el número de personas formadas en Derecho que participan en el proceso, lo que reduce el número de participantes en la elaboración del consenso y la discusión, y con ello se incrementa la complejidad propia del escenario de consenso propio de la decisión judicial, que estaba planeado y regulado desde el establecimiento del Estado de Derecho contando con la participación de un único tipo de agentes jurídicos: los formados en Derecho. A la vez aparece una nueva complejidad: la que requiere la necesaria participación en la Administración de Justicia de expertos en Derecho y expertos en sistemas de información, comunicación y organización, quienes han de establecer oportunos canales de discusión para saber resolver conjuntamente problemas de cuya solución son responsables, y que han de estar guiados por el objetivo de resolver conflictos jurídicos en los que están implicadas personas concretas.

Con ello el procedimiento judicial, observado desde una perspectiva “autopoiética”, queda cambiado: no reside únicamente en poder de los agentes jurídicos, también lo está en el de quienes diseñan y actualizan los sistemas: los técnicos. En todo caso en poder de quienes cuentan con una formación distinta y por tanto prejuicios y convicciones diferentes a las de los juristas que son expertos en leyes. Lo que trae consecuencias de funcionamiento para la Administración de Justicia, como exponemos a continuación, y también reclama nuevos requisitos de formación para los participantes en el procedimiento judicial: los técnicos, además de los juristas que han de ser conocedores conscientes del escenario en el que han de ejercer su profesión, que no está constituido únicamente por las categorías de conocimiento en las que se estructuran las leyes aprobadas por el Parlamento como propone, por regla general, la Dogmática.

El cambio de funcionamiento de la Administración de Justicia se concreta en iniciativas que persiguen lograr un objetivo jurídico común reformando la vida judicial diaria mediante la implantación de una Oficina Judicial de nuevo diseño. Como dicen las normas que la regulan: la Oficina Judicial es “la organización de carácter instrumental que sirve de soporte y apoyo a la actividad jurisdiccional de jueces y tribunales”14.  Concepto de Oficina Judicial que no estaba presente en la regulación anterior del Poder Judicial (de 1870) que se refería en todo momento a la organización concreta de cada Juzgado y Tribunal15.

Para la puesta en acción de la que la norma denominaba significativamente, como “Nueva Oficina Judicial”, el 11 de enero de 2010 se constituyó en España la Comisión Jurídica Asesora para la Implantación de la Nueva Oficina Judicial, de ámbito estatal, creada al amparo de lo dispuesto en la Disposición Adicional 1ª del Reglamento 2/2010 del Consejo General del Poder Judicial (CGPJ) e integrada por cuatro magistrados designados por el CGPJ y cuatro secretarios judiciales nombrados por el Ministerio de Justicia, y que, significativamente, cuenta con el apoyo de técnicos de ambas instituciones.

La Comisión Jurídica Asesora tiene como objeto principal la identificación de cuestiones técnico-jurídicas y el establecimiento de propuestas para la coordinación entre jueces y secretarios judiciales en la Oficina Judicial. También le corresponde apoyar e impulsar los trabajos de los grupos jurídicos para la implantación de la Oficina Judicial del territorio gestionado por el Ministerio de Justicia, garantizando también la coordinación de actuaciones en relación con las Comunidades Autónomas con competencias asumidas. Por último, mantiene un cauce de contacto y comunicación con los distintos grupos de trabajo existentes en materia de Oficina Judicial, fomentando el intercambio de información y documentación.

El Consejo General del Poder Judicial aprobó, consecuentemente, un plan de gestión del cambio de miembros de la carrera judicial para el despliegue de la nueva Oficina Judicial, y procedió a dar publicidad a la constitución de la Comisión antes citada mediante un comunicado dirigido a la carrera judicial a fin de facilitar la implantación de la Oficina Judicial.

Es fundamental en estos momentos la implantación de la Oficina Judicial, ya experimentada en el territorio del Ministerio y probada en el País Vasco y Cataluña fundamentalmente.

Su grado de asunción es tal que ha pasado de considerarse “Nueva Oficina Judicial” a “Oficina Judicial” que se acoge al esquema de funcionamiento de la considerada “nueva” estructura de la oficina judicial integrada por dos Unidades:



  • La unidad procesal de apoyo directo, que asiste al trabajo propio del Juez o Magistrado, y

  • Los Servicios Comunes Procesales, que se ocupan de realizar labores centralizadas de gestión y apoyo.

Junto a estas unidades procesales, están las Unidades Administrativas que, sin estar integradas en la Oficina Judicial, dirigen, ordenan y gestionan los recursos humanos, los medios informáticos y los medios materiales.16

Es por ello que el nuevo modelo organizativo que introduce la Oficina Judicial distingue claramente los tres tipos de actividad que se realizan en el ámbito de la Administración de Justicia:



  • La jurisdiccional, que recae en jueces y magistrados.

  • La actividad procedimental, que corresponde a los secretarios judiciales y a los servicios de apoyo y procesales.

  • La administrativa, que recae en el Ministerio de Justicia o en las Comunidades Autónomas con competencias asumidas.

De esta forma se consigue:

  • Liberar a jueces y magistrados de tareas no jurisdiccionales, para que puedan centrar todo su esfuerzo en la función que les atribuye la Constitución: juzgar y hacer ejecutar lo juzgado.

  • Potenciar las atribuciones de los secretarios judiciales, que, como directores de los Servicios Comunes, asumen nuevas competencias procesales.

  • La especialización en las tareas que se realizan en los órganos judiciales. Una reestructuración más eficiente del trabajo y de los medios, así como un reparto más preciso y racional de funciones.

Para la implantación de la Oficina Judicial se realizan estudios sobre las características y requisitos propios a satisfacer por el funcionamiento de cada Oficina Judicial a implantar y el documento sobre relación de puestos de trabajo de la misma, que articula el reparto entre el personal adscrito a la Oficina de las competencias propias de quienes la integran. Esto se encuentra regulado en la Orden JUS/1741/2010, de 22 de junio17, por la que se determina la estructura y se aprueban las relaciones de puestos de trabajo de las oficinas judiciales y de las secretarías de gobierno incluidas en la primera fase del Plan del Ministerio de Justicia para la implantación de la Nueva Oficina Judicial.

Existen protocolos de actuación generales y concretos por cada oficina implantada, que al día actual están en las siguientes ciudades: Burgos, Cáceres, Ceuta, Ciudad Real, Cuenca, León, Melilla, Mérida y Murcia.18


6.Conclusión


El trabajo ha mostrado el interés que ofrece la consideración de la aplicación judicial del Derecho desde la perspectiva que ofrece la autopoiesis, concreción práctica de la teoría denominada biología de la cognición. El estudio ha presentado con ello como programa de trabajo para futuras investigaciones la averiguación, utilizando adecuados procedimientos, de cuáles son los principales elementos de la resolución de conflictos en el ámbito judicial: las convicciones y prejuicios de los agentes jurídicos que participan en la misma, superando los límites que ofrece una interpretación exclusivamente formal, conceptual, normativa de la misma. La eficacia de la aproximación se ha mostrado prestando atención desde la misma a los cambios que trae la resolución de conflictos judiciales por los agentes jurídicos en el ámbito de la denominada e-justicia, es decir en la resolución de dichos conflictos con auxilio de las TIC

7.Referencias


ALEXY, R. Begriff und Geltung des Rechts. Freiburg: Alber, 1992.

COTTERRELL, R. The Sociology of Law. An Introduction. London: Butterworths, 1984.

EHRLICH, E. Freie Rechtsfindung und freie Rechtswissenschaft. Aalen: Scientia Verlag, 1903.

ENGISCH, K. La idea de concreción en el derecho y en la ciencia jurídica actuales. Pamplona: EUNSA,1968.

ESSER, J. Principio y norma en la elaboración jurisprudencial del derecho privado. Barcelona: Bosch, 1961.

FERRARI, V. Anotaciones sociológicas sobre derecho y comunicación. Zaragoza: Prensas de la Universidad de Zaragoza, 2014.

GADAMER, H. G. Verdad y método: fundamentos de una hermenéutica filosófica. Salamanca: Sígueme, 1977.

HABERMAS, J. Faktizität und Geltung . Beiträge zur Diskurstheorie des Rechts und der demokratischen Rechtsstaats. Frankfurt: Suhrkamp, 1993.

HAMANN, H. Evidenzbasierte Jurisprudenz. Tübingen: Mohr Siebeck, 2014

KELSEN, H. Teoría general del Estado. México: UNAM, 1979.

KYRITSIS, D. Shared Authority. Courts and Legislatures in Legal Theory. Oxford: Hart, 2015.

LUHMAN, N. Soziale systeme. Frankfurt: Suhrkamp, 1984.

MATURANA, H. El árbol del conocimiento: las bases biológicas del conocimiento humano. Santiago de Chile: Editorial Universitaria, 1988.

NOBLES, R., SCHIFF, D. (eds.). Law, Society and Community. Socio-Legal Essays in Honour of Roger Cotterrell. Surrey: Ahsgate, 2014.

OLIVA, A., GASCON, F., AGUILERA, M. (eds.). La e-Justicia en la Unión Europea. Desarrollos en el Ambito Europeo y en los Ordenamientos Nacionales. Pamplona: Editorial Aranzadi, 2012.

PARDO,M., PATTERSON, D. Philosophical Foundations of Law and Neuroscience. University of Illinois Law Review, vol. 4, p. 1211-1250, 2010.

PATERSON, A. Final Judgment. The Last Law Lords and the Supreme Court. Oxford: Hart, 2013.

PERELMAN, C. La lógica jurídica y la nueva retórica. Madrid: Civitas, 1979.

ROBLES, G. Sociología del Derecho. Madrid: Civitas, 1993.

ROVER, A., GALINDO, F. y MEZZAROBA, O. (eds.). Direito, Governança e Tecnologia: principios, políticas e normas do Brasil e da Espanha. Florianópolis: Conceito Editorial, 2014.

STREVENS, K., GRIMES, R., PHILLIPS, E. (eds.) Legal Education. Simulation in Theory and Practice. Surrey: Ashgate, 2014.

TAMANAHA, B. The Politics of The Politics of Jurispudence. En: NOBLES, R., SCHIFF, D. (eds.). Law, Society and Community. Socio-Legal Essays in Honour of Roger Cotterrell. Surrey: Ahsgate, 2014, p. 120-121.

TEUBNER, G. Law as an autopoietic system. Oxford: Blackwell, 1993.

VALLBE, J.J. Frameworks for Modelling Cognition and Decisions in Institutional Enviroments. A Data-Driven Approach. Dordrecht: Springer, 2015.

VARELA, F. Preface to the second edition of “De Máquinas y Seres Vivos - Autopoiesis: La organización de lo vivo”. Systems Research and Behavioral Science. Special Issue: Autopoiesis, Systems Thinking and Systemic Practice: The Contribution of Francisco Varela. Volumen 28, Número 6, páginas 601–617, Noviembre/Diciembre 2011.

VIEHWEG, T. Topik und Jurisprudenz. München: Beck, 1974.



WESTWOOD, F., BARTON, K. The Calling of Law. The Pivotal Role of Vocational Legal Education. Surrey: Ashgate, 2014.


1 Doctor en Derecho por la Universidad de Zaragoza. Catedrático de Filosofía del Derecho del Departamento de Derecho Penal, Filosofía del Derecho e Historia del Derecho de la Universidad de Zaragoza. Zaragoza, Aragón, España. E-mail: cfa@unizar.es.

2 “Mucha sociología del derecho se ha concentrado en uno de esos actores sociales, los llamados profesionales del derecho…cuyos roles han sido y son estudiados con detenimiento. Sin embargo, todavía no sabemos bastante sobre cómo se estructura su comunicación y qué consecuencias produce” (FERRARI, 2014, p. 41). Al escaso interés sobre este estudio se refirió Robles (1993) haciendo historia del origen de la materia y realizaciones posteriores. Otra historia de la sociología jurídica, desde una perspectiva anglosajona, de interés es la de Coterrell (1984). El interés de este último autor por la construcción de una teoría sociológica del Derecho frente una Teoría normativa, preferentemente, queda reflejado en los trabajos que integran el libro que celebra su jubilación (NOBLES, SCHIFF, 2014). En ocasiones, es el caso del Movimiento de Estudios Jurídicos Críticos de Estados Unidos, el estudio empírico ha sido más bien “crítico”, desde posiciones de izquierdas, que empírico (TAMANAHA, 2014).

3 Sobre la necesidad, conveniencia, oportunidad y fundamentación para realizar trabajos empíricos en Derecho habla resumiendo numerosas opiniones al respecto, por ejemplo, Hanjo Hamann (2014).

4 Se viene a concluir sobre la necesidad de este tipo de aproximaciones en el ámbito jurídico en propuestas que se hacen desde la “neurociencia”, ver a este respecto a Pardo y Patterson (2010).

5 Sobre las posibilidades de estudiar el Derecho desde una perspectiva autopoiética ver Niklas Luhmann (LUHMANN, 1984) y Günther Teubner (TEUBNER, 1993).

6 Un ejemplo reciente en el Reino Unido es el trabajo sobre opiniones judiciales realizado por Alan Paterson (2013).

7 Es precisa una “teoría del derecho” o “Jurisprudencia” particular, como dice Dimitrios Kyritsis (2015, p. 160-164)

8 Ver al respecto encuestas y resultados realizadas durante varios años en: http://www.egobs.org/index.php?option=com_content&task=view&id=52 (consultado el 17.2.2015)

9 La formación académica jurídica, como ocurre con la formación médica con respecto a la Medicina, está proyectada siempre al ejercicio de la profesión de jurista, siendo relevante en la misma la realización de prácticas, como la cumplimentación de encuestas dirigidas a conocer inquietudes, emociones e intereses, realizadas en la Universidad, para un futuro ejercicio profesional en el que los juristas acepten la realización de similares experiencias destinadas a expresar conocimientos y actitudes desarrollados en la práctica judicial. A la importancia de esta docencia y sus consecuencias mostrando varios ejemplos se dedican los libros de Fiona Westwood y Karen Barton (2014) y Caroline Strevens, Richard Grimes y Edward Phillips (2014).

10 Es ejemplar a estos efectos el trabajo y métodos desarrollados por Joan-Josep Vallbé (2015) analizando los resultados de una encuesta hecha en 2005 a nuevos Jueces de guardia españoles en la que se les preguntaba el modo que tenían de resolver conflictos heterogéneos en su práctica profesional contando con conocimientos recientemente adquiridos en sus estudios y el proceso de formación para ser Jueces.

11 Hay numerosos ejemplos de estas actitudes, sus consecuencias y su escasa utilidad. Uno de ellos, referido a la e-justicia, elaborado desde la Dogmática procesal, es el recogido en (OLIVA, GASCON, AGUILERA, 2012).

12 Una impresión reciente sobre el estado de la e-justicia en Brasil y España se puede ver en Rover, Galindo y Mezzaroba (2014).

13 Así lo hace el Consejo General del Poder Judicial cuando introduce en su página Web al tema e-justicia: ver http://www.poderjudicial.es/cgpj/es/Temas/e-Justicia/Informacion-general (consultado el 13.2.15)

14 Art. 435.1. Ley Orgánica 19/2003, de 23 de diciembre, de modificación de la Ley Orgánica 6/1985, de 1 de julio, del Poder Judicial. https://www.boe.es/boe/dias/2003/12/26/pdfs/A46025-46096.pdf. Otras normas: Ley 13/2009, de 3 de noviembre, de reforma de la legislación procesal para la implantación de la nueva Oficina judicial, que la adapta a las reformas introducidas http://www.boe.es/boe/dias/2009/11/04/pdfs/BOE-A-2009-17493.pdf. Ley Orgánica 1/2009, de 3 de noviembre, complementaria de la Ley de reforma de la legislación procesal para la implantación de la nueva Oficina judicial, por la que se modifica la Ley Orgánica 6/1985, de 1 de julio, del Poder Judicial http://www.boe.es/buscar/doc.php?id=BOE-A-2009-17492 .

15 El texto de la Ley Orgánica del Poder Judicial de 15 de septiembre de 1870 se encuentra en: http://fama2.us.es/fde/ocr/2007/leyOrganicaPoderJudicial1870.pdf (consultado el 6 de febrero de 2015).

16 Sobre la Oficina Judicial informa: www.administraciondejusticia.gob.es/paj/publico/ciudadano/informacion_institucional/oficina_judicial/que_es_oficina_judicial/(consultado el 26.11.2014)

17 http://www.boe.es/boe/dias/2010/06/30/pdfs/BOE-A-2010-10411.pdf

18 La información se encuentra publicada en: www.administraciondejusticia.gob.es/paj/publico/ciudadano/informacion_institucional/oficina_judicial/centro_de_documentacion/protocolos (consultado el 26.11.2014).


La base de datos está protegida por derechos de autor ©bazica.org 2016
enviar mensaje

    Página principal