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Vitalizando Derechos Humanos



Un estudio comparativo entre el sistema interamericano y europeo de protección de los Derechos Humanos

Tesina


Abogacía Franco-Argentina

Facultad de Ciencias Jurídicas



Autora

María Celeste Fernandez



Director

Marcelo Trucco

Buenos Aires

2014


Índice

Introducción 8

Marco teórico 10

1.Marco referencial 10

2.Definiciones 15

3.Estado del arte 20

Apartado metodológico 25

Capítulo 1: Derechos protegidos por la Corte IDH y por el TEDH 28

1.CADH y CEDH 33

2.Otros instrumentos específicos en el sistema interamericano y europeo 37

Capítulo 2: Condiciones de acceso a la Corte IDH y al TEDH 48

1.Establecimiento de la competencia 49

a.La competencia ratione materiae 49

b.La competencia ratione temporis 50

c.La competencia ratione loci 52

2.Legitimación activa y pasiva (competencia ratione personae) 53

a.Sujeto activo 53

b.Sujeto pasivo 61

c.Algunas consideraciones sobre las reformas del Protocolo n° 11 al CEDH y su comparación con el sistema interamericano 63

3.Requisitos de admisibilidad 68

a.Datos del denunciante 69

b.Agotamiento de los recursos internos 69

c.Plazo de 6 meses 74

d.Ausencia de litispendencia y cosa juzgada 75

e.Denuncia manifiestamente infundada 78

f.Otras causales de inadmisibilidad propias de cada Convención 79

Capítulo 3: Las sentencias de la Corte IDH y del TEDH y su eficacia jurídica 83

1.Tipos de reparación previstos en la CADH y en el CEDH 84

2.Obligatoriedad y efectivo cumplimiento de las sentencias 91

Reflexiones finales 102

Bibliografía 107

Anexo documental 120


Referencias

  • CADH: Convención Americana sobre Derechos Humanos.

  • CEDH: Convenio Europeo para la Protección de los Derechos Humanos y las Libertades Fundamentales.

  • CIDH: Comisión Interamericana de Derechos Humanos.

  • Corte IDH: Corte Interamericana de Derechos Humanos.

  • TEDH: Tribunal Europeo de Derechos Humanos.









Introducción


Los derechos humanos son sus derechos: abrácenlos, defiéndanlos, promuévanlos, compréndanlos e insistan en ellos, aliméntenlos y refuércenlos.

Ellos son el verdadero reflejo de las más altas aspiraciones de la humanidad. Son lo mejor del ser humano. Denles vida.1

Kofi Annan

(Secretario General de las Naciones Unidas, 1997-2006)

Las dos últimas palabras de esta frase sirven como punto de partida de la presente investigación. ¿Qué significa dar vida a los derechos humanos? Diferentes respuestas pueden surgir frente a esta pregunta, pero todas ellas giran en torno a una misma idea: el goce efectivo y real de estos derechos. Significa que más allá de su consagración teórica en diferentes instrumentos nacionales e internacionales, los seres humanos dispongan de herramientas eficaces que les permitan hacerlos valer en la práctica.

A lo largo de la historia, los derechos humanos han sido objeto de múltiples avasallamientos, producto de acciones y omisiones de los poderes públicos y de personas particulares. Este tipo de situaciones evidenciaron la necesidad de amparar a sus víctimas, y fue así que comenzaron a crearse diferentes mecanismos de protección, no sólo en el derecho nacional e internacional, sino también a nivel regional.

El fenómeno de “regionalización” de los derechos humanos se ha venido intensificando en los últimos sesenta años. Frente a ello, me ha surgido la siguiente inquietud: ¿cuáles son las herramientas y capacidades de las que disponen los sistemas regionales para garantizar la protección de los derechos humanos en la actualidad? Para responder a ella, me he propuesto comparar la labor desarrollada por los dos tribunales especializados en derechos humanos más relevantes en el continente americano y en el europeo: la Corte Interamericana de Derechos Humanos y el Tribunal Europeo de Derechos Humanos.

Los factores que se estiman de relevancia para evaluar las herramientas y capacidades de las que dispone cada tribunal estarán divididos en tres capítulos. En primer lugar, se comparará el catálogo de derechos protegidos por ambos, ya que de su mayor o menor extensión dependerá la amplitud de la protección. En el segundo capítulo, se abordará todo lo relativo a las condiciones de acceso a dichas instancias jurisdiccionales, incluyendo cuestiones relativas a la competencia, a la legitimación activa y pasiva, y a los requisitos de admisibilidad previstos en sus tratados constitutivos. Por último, en el capítulo final, se realizarán algunas consideraciones sobre un tema que genera profundos debates entre los especialistas de derecho internacional: el de la eficacia jurídica de sus sentencias.

Cabe aclarar que con la presente investigación no se pretende llegar a una conclusión que afirme la mayor efectividad de un sistema respecto del otro, sino más bien evaluar las fortalezas y debilidades que tiene cada uno para “darle vida” a los derechos humanos.




Marco teórico



  1. Marco referencial


A fin de realizar la comparación que constituye el objetivo del presente trabajo, se considera preciso, en primer lugar, contextualizar el surgimiento del derecho internacional de los derechos humanos. Si bien en el derecho humanitario ya es posible visualizar rudimentarias formas de tutela de los mismos, no fue sino hasta las postrimerías de la Segunda Guerra Mundial (1939-1945) que comenzó su protección propiamente dicha en el ámbito del derecho internacional. Las atrocidades cometidas sobre la persona humana durante dicho conflicto bélico y sus consecuencias socioeconómicas, constituyeron un punto de inflexión en la historia de la humanidad y determinaron el nacimiento de una conciencia generalizada acerca de la necesidad de una protección del ser humano en cuanto tal.

Fruto de esta incipiente voluntad de la comunidad internacional, y principalmente con el impulso de la Organización de las Naciones Unidas, se produce un cambio fundamental en el derecho internacional público: el reconocimiento del individuo como sujeto de derechos. Esta “humanización del derecho internacional contemporáneo2, tal como la llamó el juez Cançado Trindade, fue de vital importancia y verdaderamente revolucionaria, ya que anteriormente sólo los Estados como tales eran pasibles de ejercer derechos y contraer obligaciones en el ámbito internacional. En las palabras de Julio Barboza: “(…) el contacto directo del individuo con el derechos de gentes se ha hecho mucho más intenso a partir de la segunda posguerra mundial, en la misma medida en que la comunidad internacional fue adquiriendo mayor presencia en el escenario internacional (…)”.3

Este reconocimiento implicó a su vez el surgimiento de una nueva rama del derecho: el derecho internacional de los derechos humanos, cuya autonomía se ve hoy reflejada desde el punto de vista legislativo (fuentes formales propias), judicial (tribunales especializados), científico (objeto y método propios) y académico (especializaciones en derechos humanos a nivel de máster y doctorado).

El derecho internacional público ya no se limitaba entonces a las relaciones diplomáticas, políticas o económicas entre los Estados. Por el contrario, se comenzaba a incluir en su ámbito una categoría comprensiva de un conjunto de “súper derechos” que se situaban por encima de todos los demás y que debían ser imperiosamente garantizados a toda persona por su sola condición de tal. Fue con ese objetivo que empezaron a elaborarse convenciones internacionales, impulsadas en un primer momento por la Organización de las Naciones Unidas, y luego a nivel regional.

El efecto principal de la protección internacional de los derechos humanos es la imposición de límites al comportamiento de los Estados, puesto que éstos ya no pueden vulnerarlos sin someterse a las consecuencias derivadas de sus compromisos internacionales. A pesar de que la ejecución de las decisiones internacionales ofrece dificultades en la práctica y que, por ese motivo, ha sido siempre objeto de controversias doctrinarias, el derecho internacional cuenta con herramientas de presión importantes que han logrado resultados positivos a lo largo de la historia.

Lo antes expuesto se vincula con la idea de supranacionalidad del derecho internacional. Los Estados que deciden comprometerse internacionalmente no sólo no pueden invocar sus legislaciones internas para incumplir las obligaciones que asumieron (artículo 27 de la Convención de Viena sobre el Derecho de los Tratados, 1969), sino que además deben adaptar su derecho interno a las directivas de los organismos internacionales. Argentina ofrece en este sentido un dato interesante: es uno de los países que han ratificado todas las convenciones internacionales de derechos humanos, y además ha dado a varias de ellas jerarquía constitucional (artículo 75, inc. 22 de la Constitución Nacional). Estas Convenciones ya se han incorporado a nuestro derecho interno y son directamente aplicables por nuestros tribunales. De este modo, se produce una transformación del derecho interno, que se proyecta tanto en reformas legislativas como jurisprudenciales.

Cabe destacar que la personalidad jurídica reconocida al individuo no implica solamente su facultad de recurrir a las instancias internacionales para reclamar la protección de sus derechos, sino que la misma se proyecta también en la faz pasiva, es decir, en la facultad de los organismos internacionales de responsabilizarlos personalmente por sus actos, como sucedió en los Juicios de Núremberg y Tokio. Sin embargo, el presente trabajo se limitará a considerar a los individuos en su faz activa, ya que los sistemas a comparar protegen sólo los derechos del individuo contra los Estados, siendo estos últimos los únicos sujetos pasivos posibles.

En la actualidad los sistemas internacionales de protección de los derechos humanos pueden clasificarse en dos tipos: universales (bajo la órbita de la ONU) y regionales. Dentro de los regionales, los más importantes son el europeo, el interamericano y el africano, puesto que reúnen a una gran cantidad de países y además cuentan con tribunales especializados en derechos humanos. No ocurre lo mismo con la Organización de las Naciones Unidas, cuyo tribunal es la Corte Internacional de Justicia, que se pronuncia en casos que versan sobre derechos humanos, pero no de manera exclusiva.

Como ya fue precisado, el objetivo de esta investigación es comparar los sistemas de protección interamericano y europeo, pero no en su integridad, sino limitándome a la protección jurisdiccional que éstos ofrecen. De este modo, se analizará la labor desarrollada por dos tribunales: la Corte Interamericana de Derechos Humanos y el Tribunal Europeo de Derechos Humanos.

El TEDH fue creado en 1950 en el seno del Consejo de Europa, con el objetivo específico de garantizar la aplicación del Convenio Europeo para la Protección de los Derechos Humanos y de las Libertades Fundamentales y sus Protocolos adicionales (artículo 19 del CEDH) y comenzó a funcionar en 1959. En cuanto a su composición, cuenta con 47 jueces (uno por cada estado miembro del Consejo). Su sede se halla actualmente en Estrasburgo, Francia, y desde 1998 funciona de manera permanente.

Diecinueve años después, se creó la Corte Interamericana de Derechos Humanos, en el marco de la Conferencia Especializada Interamericana sobre Derechos Humanos celebrada en 1969 y convocada por la Organización de los Estados Americanos. En esta Conferencia se redactó la Convención Americana sobre Derechos Humanos (firmada en dicho año en San José de Costa Rica, entrando en vigor en 1978), a la cual se adhirieron sólo 25 estados de los 35 que integran actualmente la OEA. Esta Convención encomendó la protección de los derechos humanos a dos órganos: la Comisión (que ya existía desde 1959) y la Corte, que recién comenzó a funcionar en 1979, una vez que había entrado en vigor la CADH. Actualmente esta última cuenta con 7 jueces y su sede actual está en San José, Costa Rica.

Los derechos humanos, lejos de ser una categoría estática, están en permanente evolución. Ello se vincula a la noción de progresividad, definida por García Muñoz, según las palabras de Pedro Nikken, como la “tendencia manifiesta que se observa en la protección internacional de los derechos humanos hacia la expansión de su ámbito de modo continuado e irreversible, tanto en lo que se refiere al número y contenido de los derechos protegidos como por lo que toca a la eficacia y el vigor de los procedimientos en virtud de los cuales los órganos de la comunidad internacional pueden afirmar y salvaguardar su vigencia”.4

Tradicionalmente se ha hablado de diferentes generaciones de derechos humanos. Una primera generación, compuesta por los derechos civiles y políticos (vgr. libertad de expresión, derecho a voto, derecho a la integridad física); una segunda, integrada por los derechos económicos y sociales (vgr. derecho a una remuneración justa, derecho a una vivienda digna); y una tercera caracterizada por incluir derechos de incidencia colectiva (vgr. derecho a vivir en un medio ambiente sano, derechos de las comunidades indígenas). Es innegable que en cada época ha predominado determinado grupo de derechos según el contexto histórico: durante el auge del liberalismo económico, predominaban los derechos civiles y políticos del individuo; con la Revolución Industrial y el advenimiento del constitucionalismo social, los derechos sociales y económicos vinieron a contrarrestar esa preeminencia; actualmente están adquiriendo singular importancia los derechos de tercera generación. Sin embargo, esta tradicional distinción no tiene una importancia más que didáctica, en el sentido de que permite visualizar el derecho como reflejo de la realidad y de las pulsiones sociales de cada época. Pero en la práctica, podemos advertir todos los derechos humanos son interdependientes y se hallan intrínsecamente interrelacionados. No se podría hablar del derecho a una remuneración justa sin asegurar la integridad física; no se podría pensar en proteger los derechos de las comunidades aborígenes sin garantizar la libertad de expresión.

No resulta fácil fijar los límites de la noción de derechos humanos, determinar qué se encuentra comprendido y qué excluido. La práctica social evoluciona y ofrece los más variados supuestos, que no siempre son susceptibles de ser introducidos en enunciaciones de carácter general. ¿El frecuentemente invocado derecho de la mujer a interrumpir su embarazo forma parte de su derecho a la integridad física? También presentan problemas las llamadas colisiones entre derechos, en donde debe hacerse prevalecer uno sobre el otro. Un claro ejemplo de ello lo da el caso de la extracción compulsiva de sangre en el marco de la investigación de los crímenes de lesa humanidad cometidos en nuestro país por las Fuerzas Armadas durante la década de 1970: ¿dicha práctica está justificada por el derecho de la comunidad a conocer la verdad, o debe prevalecer en cambio el derecho que cada individuo tiene a disponer de su propio cuerpo y su derecho a la privacidad? Al plantearse este tipo de cuestiones, es cuando se visualiza con mayor claridad el importante rol de la jurisprudencia, puesto que serán los jueces quienes finalmente definirán el contenido y los contornos de cada derecho y quienes tienen en sus manos la protección concreta de los mismos.

Sin desconocer estas dificultades, a continuación se dará un concepto genérico de “derechos humanos”, y se definirán otras nociones claves que se utilizarán a lo largo de la investigación, a fin de poder abordar el análisis con mayor claridad.

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