Autoridad responsable: consejo distrital XVI del instituto electoral del distrito federal tercero interesado



Descargar 65.17 Kb.
Fecha de conversión07.07.2017
Tamaño65.17 Kb.














JUICIO ELECTORAL











EXPEDIENTE:

TEDF-JEL-272/2015











ACTOR:

PARTIDO REVOLUCIONARIO INSTITUCIONAL











AUTORIDAD RESPONSABLE:


CONSEJO DISTRITAL XVI DEL INSTITUTO ELECTORAL DEL DISTRITO FEDERAL










TERCERO INTERESADO:

MAGISTRADA PONENTE:

PARTIDO ACCIÓN NACIONAL

MARÍA DEL CARMEN CARREÓN CASTRO













SECRETARIOS:

VÍCTOR OSCAR PASQUEL FUENTES Y SHUNASHI MORALES DÍAZ ORDAZ



México, Distrito Federal, a trece de agosto de dos mil quince.

El Pleno del Tribunal Electoral del Distrito Federal, en sesión pública de esta fecha resuelve DESECHAR DE PLANO la demanda del juicio electoral señalado al rubro, promovido por René Muñoz Vázquez, en su carácter de representante del Partido Revolucionario Institucional1 ante el Consejo General del Instituto Electoral del Distrito Federal,2 en contra del cómputo distrital total y la constancia de mayoría de la elección de diputados a la Asamblea Legislativa por el principio de mayoría relativa, correspondiente al distrito local XVI, con base en los siguientes:



A N T E C E D E N T E S

I. Jornada electoral. El siete de junio del año en curso, se celebró, entre otras, la elección de diputados locales a la Asamblea Legislativa del Distrito Federal.

II. Cómputo distrital. El ocho de junio siguiente, el Consejo Distrital XVI3 culminó el cómputo distrital iniciado el día de la jornada electoral.

En sesión de once de junio del año en curso, el mencionado Consejo declaró la validez de la elección de diputados locales por el principio de mayoría relativa, y expidió la constancia de mayoría a la fórmula postulada por el Partido Acción Nacional,4 integrada por Luis Alberto Mendoza Acevedo y Aarón García Valero, como propietario y suplente, respectivamente.



III. Interposición del juicio electoral. Inconforme con lo anterior, mediante escrito presentado ante la Secretaría Ejecutiva del Instituto Electoral, el quince de junio de dos mil quince por su representante propietario ante el Consejo General, el PRI promovió juicio electoral aduciendo lo que a su derecho estimó pertinente.

IV. Trámite. Una vez que el Secretario Ejecutivo le envió la demanda, el Consejo responsable la remitió a este órgano jurisdiccional, junto con el informe circunstanciado, las constancias de publicitación de la demanda, y demás documentación que estimó pertinente.

V. Turno. Recibida la documentación descrita, mediante acuerdo de veintitrés de junio de dos mil quince, el Magistrado Presidente de este Tribunal Electoral ordenó integrar el expediente TEDF-JEL-272/2015 y turnarlo a la Ponencia de la Magistrada María del Carmen Carreón Castro, para que lo instruyera y, en su momento, presentara el proyecto de sentencia.

VI. Radicación. Mediante proveído de veintiséis de junio del año en curso, la Magistrada Instructora acordó la radicación del expediente.

Una vez analizado el escrito de demanda, se emite la correspondiente sentencia acorde con las siguientes:



C O N S I D E R A C I O N E S

PRIMERO. Competencia. Este Tribunal Electoral es competente para conocer y resolver este medio de impugnación, al tratarse de un juicio electoral promovido por el representante de un partido político para controvertir el cómputo distrital y la constancia de mayoría de la elección de diputado a la Asamblea Legislativa por el principio de mayoría relativa, correspondiente al distrito local XVI, con motivo del proceso electoral 2014-2015 en esta entidad federativa.

Lo anterior encuentra su fundamento en los siguientes ordenamientos:



  • Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos: Artículos 122, Apartado C, base primera, fracción V, inciso f), en relación con el 116, fracción IV, incisos c) y l).



  • Tratados internacionales:

  1. Convención Americana sobre Derechos Humanos.5 Artículos 8º, numeral primero, y 25.

  2. Pacto Internacional de Derechos Civiles y Políticos.6 Artículos 2º, numeral tercero, incisos a) y b), y 14, párrafo primero.

  • Legislación del Distrito Federal:

  1. Estatuto de Gobierno: Artículos 128, 129, fracción VII, 130 y 134.

  2. Código de Instituciones y Procedimientos Electorales del Distrito Federal:7 Artículos 143, 157, fracción V, y 163, fracciones III y IV.

  3. Ley Procesal Electoral para el Distrito Federal:8 Artículos 1, párrafo primero, 2, 4, 5, párrafo primero, 6, 7, párrafo segundo, 10, 11, fracción I, 20, fracción II, 23, fracción V, 59, 62, 65, 76, 77, fracción IV, y 82.

Una vez establecida la competencia de este Tribunal para conocer el juicio citado al rubro, es pertinente analizar las constancias que integran el expediente para resolver sobre su admisión o desechamiento, por lo que se estima necesario entrar al análisis de la procedencia del mismo.

SEGUNDO. Causales de improcedencia. En principio, el análisis de los requisitos de procedencia, así como de las causales de improcedencia que en la especie pudieran actualizarse, en términos de los artículos 21 y 23 de la Ley Procesal, debe hacerse de oficio y en forma preferente, por tratarse de una cuestión de orden público; tal como lo establecen la jurisprudencia y tesis aislada que a continuación se indican: "IMPROCEDENCIA, CAUSALES DE. SU ESTUDIO ES PREFERENTE Y DE OFICIO EN LOS MEDIOS DE IMPUGNACIÓN PREVISTOS EN EL CÓDIGO ELECTORAL DEL DISTRITO FEDERAL",9 e “IMPROCEDENCIA Y SOBRESEIMIENTO EN EL AMPARO. LAS CAUSALES RELATIVAS DEBEN ESTUDIARSE OFICIOSAMENTE EN CUALQUIER INSTANCIA, INDEPENDIENTEMENTE DE QUIÉN SEA LA PARTE RECURRENTE Y DE QUE PROCEDA LA SUPLENCIA DE LA QUEJA DEFICIENTE”.10

Por lo que una vez analizado el escrito de demanda del juicio en que se actúa, se determina que se actualiza la causal de improcedencia descrita en el artículo 23, fracción IV, de la Ley Procesal, toda vez que el medio de impugnación se interpuso de manera extemporánea, tal y como se demuestra a continuación:

En primer lugar, es preciso señalar que la disposición normativa en cita, establece lo siguiente:

Artículo 23. Los medios de impugnación previstos en este ordenamiento serán improcedentes, y por tanto, se decretará el desechamiento de plano de la demanda, cuando:

IV. Se presenten fuera de los plazos señalados en esta Ley.”



En relación con lo anterior, es necesario traer a colación el artículo 16 de la Ley Procesal, que establece que los medios de impugnación relacionados con los procesos electorales, deberán ser presentados dentro del plazo de cuatro días, contados a partir del día siguiente a aquél en que el actor hubiera tenido conocimiento del acto o resolución combatido, o se hubiese notificado de conformidad con lo dispuesto en la Ley aplicable.

Bajo esa lógica, es importante establecer el acto que se impugna, a fin de determinar el momento preciso en que comenzó a correr el plazo de cuatro días previsto en el citado artículo 16.

Del análisis de la demanda se advierte que, si bien menciona como actos impugnados al cómputo total y el otorgamiento de la constancia de mayoría, relativos a la elección de diputado local en el distrito XVI, lo cierto es que basa su reclamación en los resultados del cómputo realizado por el Consejo responsable.

Ello se considera así, dado que solicita la realización del recuento total del propio cómputo distrital que se llevó a cabo el ocho de junio del año en curso; esto es, su inconformidad se motivó por los resultados consignados en el acta del cómputo en comento.

Tan es así, que en su demanda, el promovente afirma que de acuerdo con la votación obtenida, el número de votos nulos es mayor a la diferencia entre los partidos que ocuparon el primero y segundo lugar.

Atento a lo anterior, debe decirse que, de conformidad con lo previsto en el artículo 78 de la Ley Procesal, cuando el medio de impugnación se relacione con los resultados de los cómputos, el plazo para interponerlo contará a partir del día siguiente a la conclusión del cómputo distrital de la elección de que se trate.

En tales circunstancias, en términos de lo establecido en los artículos 16 y 78 de la Ley Procesal, se tiene que el plazo de cuatro días para interponer un medio de impugnación que combata los resultados del cómputo distrital, correrá a partir del día siguiente en que dicho órgano electoral finalice el cómputo correspondiente; en el particular, el ocho de junio de este año.

Ello es así, dado que los resultados materiales de cada elección adquieren existencia legal a través de las actas de cómputo respectivas.

Sirve como apoyo a lo anterior, lo sustentado por la Sala Superior en la jurisprudencia, cuyo rubro es: “CÓMPUTOS DISTRITALES. EL PLAZO PARA SU IMPUGNACIÓN INICIA A PARTIR DE QUE CONCLUYE EL CORRESPONDIENTE A LA ELECCIÓN CONTROVERTIDA (LEGISLACIÓN FEDERAL Y SIMILARES)”.11

De ahí que el plazo para interponer el medio de impugnación corrió del nueve al doce de junio de dos mil quince, dado que tal y como se ha establecido, se debe computar a partir del día siguiente en que concluyó el cómputo distrital que corresponda.

En ese contexto, de autos se advierte fue hasta las veintidós (22) horas con dieciséis (16) minutos del quince de junio de esta anualidad, cuando el promovente, en representación del PRI, presentó su escrito de demanda ante la Secretaría Ejecutiva del Instituto Electoral.12

Por tanto, si el plazo para interponer el medio de impugnación en contra del cómputo distrital controvertido corrió del nueve al doce de junio de este año, y el actor presentó su escrito hasta el quince siguiente, es indubitable que se interpuso fuera del plazo de cuatro días; por ende, es extemporáneo y debe desecharse.

No pasa inadvertido para este órgano jurisdiccional que en diversos juicios la Sala Regional del Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación de la circunscripción plurinominal electoral federal con sede en el Distrito Federal revocó varias ejecutorias correspondientes a este Tribunal Electoral local en las cuales sostuvo este mismo criterio.

Toda vez que la Sala Regional consideró que no se actualizaba la extemporaneidad, esencialmente porque la pretensión de recuento total estaba vinculada a la declaración de validez de la elección y la consecuente entrega de la constancia de mayoría, momento en el cual adquiría efectos de definitividad el cómputo y, por tanto el plazo, la fecha para hacer valer la pretensión corría a partir del 11 de junio y, por ende, la presentación de la demanda el 15 siguiente era oportuna.

Sin embargo, tal criterio no fue compartido por la Sala Superior de ese Tribunal,13 esencialmente por considerar que no le asistía razón a la Sala Regional ya que la pretensión de recuento total sí estaba vinculada a la etapa de resultados, como en su oportunidad lo había sustentado este órgano jurisdiccional y, por ende, la demanda que tenga tal pretensión debe presentarse dentro de los cuatro días posteriores a la conclusión del cómputo.

De tal manera, la reiteración del criterio previamente asumido por este Tribunal no atenta contra lo dispuesto por la Sala Regional, en virtud de que, en el asunto que fue impugnado ante la Sala Superior, no prevaleció este último.

Por otro lado, en relación al señalamiento que realizó el actor a través de su escrito inicial de demanda en torno a que promovía el presente juicio en contra de la entrega de constancias de mayoría o asignación en las elecciones 2014-2015, para Diputado a la Asamblea Legislativa del Distrito Federal en el Distrito Uninominal XVI, supuestamente realizada el día doce de junio de dos mil quince.

Tal referencia indica que además del cómputo distrital, se inconformó en contra de la entrega de Constancia de Mayoría a la fórmula ganadora en el referido distrito, misma que si bien podría impugnarse a partir de la emisión del ACUERDO DEL XVI CONSEJO DISTRITAL DEL INSTITUTO ELECTORAL DEL DISTRITO FEDERAL POR EL QUE SE DECLARA LA VALIDEZ DE LA ELECCIÓN DE DIPUTADOS A LA ASAMBLEA LEGISLATIVA DEL DISTRITO FEDERAL POR EL PRINCIPIO DE MAYORÍA RELATIVA, Y SE OTORGA LA CONSTANCIA RESPECTIVA AL CANDIDATO QUE OBTUVO EL TRIUNFO EN LAS ELECCIONES LOCALES DEL 2014-2015, EN EL DISTRITO ELECTORAL UNINOMINAL XVI, de once de junio de dos mil quince, de conformidad con el artículo 369 del Código, lo cierto es, que su causa de pedir la sustenta en las supuestas irregularidades acontecidas durante el cómputo distrital emitido por el Consejo Responsable el pasado ocho de junio del año en curso.

Al respecto, este Tribunal Electoral considera que dicha situación deviene improcedente, habida cuenta que, justamente, impugna un acto que deriva de otro consentido.

Esto es, tocante a la impugnación contra la constancia de mayoría se actualiza la hipótesis de improcedencia prevista en el artículo 23, fracción III, de la Ley Procesal, cuya parte atinente se transcribe:

Artículo 23. Los medios de impugnación previstos en este ordenamiento serán improcedentes, y por tanto, se decretará el desechamiento de plano de la demanda, cuando:

III. Se pretenda impugnar actos o resoluciones que se hubiese consentido expresamente, entendiéndose por éstos, las manifestaciones de voluntad que entrañen ese consentimiento.”



Es importante precisar que si bien la norma refiere la existencia de un consentimiento expreso, ello no implica que, en todos los casos, se requiera constancia de que quien acude a la instancia jurisdiccional, hubiera formalizado su consentimiento a través de algún documento que evidencie su conformidad con el acto o resolución que posteriormente pretenda combatir. Ello es así, dado que la materialización de la conformidad también puede darse de manera implícita o tácita.

En efecto, el consentimiento de un acto también puede darse cuando una persona sufre una afectación a su esfera jurídica y tiene la posibilidad legal de inconformarse dentro de un plazo perentorio determinado, pero no lo hace; lo cual, revela su conformidad con el acto o resolución.

En estos casos, el consentimiento existe por no ejercer el derecho de impugnación destinado a revisar el acto; esto es, por no interponer oportunamente los medios de tutela previstos en la ley.

En ese sentido, para estimarse consentido de manera tácita el acto impugnado, deben concurrir los siguientes elementos:



  1. La emisión de un acto perjudicial;

  2. La posibilidad legal para que el afectado pueda combatir el acto perjudicial;

  3. La fijación de un medio de impugnación para combatir ese acto dentro de un plazo determinado;

  4. La inactividad de la parte agraviada dentro de un plazo previamente establecido;

Sirve como sustento a lo anterior, lo establecido por la Suprema Corte de Justicia de la Nación en la Jurisprudencia intitulada “CONSENTIMIENTO TÁCITO DEL ACTO RECLAMADO EN AMPARO. ELEMENTOS PARA PRESUMIRLO”.14

Ahora bien, si luego de que se tiene por consentida una determinación o acto, se acude ante la instancia jurisdiccional a combatir otra posterior que es consecuencia directa y necesaria de aquella, sin alegar vicios propios de este último acto, el juicio resulta notoriamente improcedente sobre la base lógica de que el acto consentido, es la fuente del derivado.

En otras palabras, la improcedencia se acredita porque el nuevo acto que se pretende impugnar es consecuencia directa y necesaria del acto previo que se consintió.

Ahora, para considerar que se está ante la presencia de actos derivados de actos consentidos, deben concurrir los siguientes supuestos:



  1. Que entre el acto reclamado y el anterior que se está consintiendo exista una relación de causa a efecto, es decir, que sea una consecuencia legal, forzosa o directa de la primera determinación; y

  2. Que el nuevo acto reclamado no se impugne por vicios propios.

Lo anterior tiene sustento en lo establecido por la Suprema Corte de Justicia de la Nación en las tesis de rubro: “ACTOS DERIVADOS DE ACTOS CONSENTIDOS QUE SE IMPUGNAN POR VICIOS PROPIOS,”15 “AMPARO IMPROCEDENTE POR ACTOS DERIVADOS DE OTROS CONSENTIDOS (EJECUCIÓN DE SENTENCIAS)”.16

Atendiendo al caso particular, el acto que se pretende impugnar es la entrega de la constancia de mayoría a la fórmula que obtuvo el triunfo en el distrito local XVI, deriva de una acto consentido, tal y como lo es el cómputo distrital de dicha elección, mismo que ha quedado establecido que no fue impugnado en tiempo; por tanto, se dio el consentimiento tácito del mismo.

Lo anterior se considera así, dado que la calificación de una elección está constituida por un conjunto de actos concatenados entre sí, donde el acto que antecede sirve de base al siguiente y, a su vez, este último encuentra sustento en aquél, cuyo avance se da en el tiempo como instrumentación para alcanzar determinado fin, pues la ausencia de alguno de ellos imposibilita a la autoridad, el verificar la concurrencia de los demás elementos necesarios de una elección.17

De ahí que sea evidente que existe un nexo causal entre el cómputo distrital y la entrega de la constancia de mayoría, dado que para que se dé el segundo, es necesario que la autoridad administrativa electoral lleve a cabo el escrutinio y cómputo de los votos en su sesión correspondiente; y posteriormente, de ser procedente, emita la declaración de validez de la elección y, en consecuencia, haga entrega de la citada constancia a los candidatos electos.

Por ello, es indudable que la entrega de la constancia de mayoría es una consecuencia necesaria que deriva del cómputo distrital, y en el caso concreto, es un acto derivado de un acto consentido, dado que el cómputo no fue impugnado dentro del plazo que la ley prevé; por lo que se actualizó el consentimiento tácito del mismo, dado que el actor reclama diversas irregularidades supuestamente acaecidas durante el cómputo distrital.

Además, es importante señalar que también concurre el otro elemento requerido para actualizar la figura de la improcedencia por actos derivados de actos consentidos; esto es, que el nuevo acto no se combata por vicios propios, sino que únicamente se impugnen cuestiones relacionadas con la legalidad del acto que ya fue consentido, y del cual es consecuencia directa el nuevo acto.

No es óbice para arribar a dicha determinación, el hecho de que el artículo 77, fracción IV, de la Ley Procesal, conceda la posibilidad de que también sean impugnados los cómputos totales y la entrega de las constancias de mayoría o asignación.

Ello, habida cuenta que para que se dé dicha situación, es necesario que se aleguen vicios propios de dichos actos, y no así, actuaciones que, por su naturaleza, estén estrechamente vinculados con los cómputos distritales; lo cual, como ha sido determinado, sucede en este caso, dado que la parte actora, en esencia, combate la entrega de la constancia de mayoría, al considerar que conforme el cómputo distrital, la diferencia entre el primer y segundo lugar era menor a la cantidad de votos nulos, por lo que en su concepto, dicha circunstancia, per se, era conculcadora de la normativa electoral y, por tanto, resultaba procedente llevar a cabo el recuento total del cómputo señalado.


Considerar lo contrario, implicaría que hay dos momentos para impugnar los resultados que arrojen los cómputos distritales, lo cual es jurídicamente inadmisible en atención al principio de certeza que rige en la materia.18

En consecuencia, lo conducente es decretar la improcedencia del asunto y desechar la demanda presentada por el representante del PRI.

En tal caso, al actualizarse las causales de improcedencia previstas en el artículo 23, fracciones III y IV, de la Ley Procesal; con fundamento en el artículo 65, fracción VI, de la ley en mención, lo procedente es DESECHAR la demanda que dio origen al medio de impugnación en que se actúa.

Por lo expuesto y fundado, se:



R E S U E L V E

ÚNICO. Se desecha de plano la demanda interpuesta por el representante del Partido Revolucionario Institucional ante el Consejo General del Instituto Electoral del Distrito Federal, conforme a los razonamientos vertidos en el numeral SEGUNDO del capítulo de Consideraciones de la presente sentencia.

NOTIFÍQUESE por oficio a la actora y al tercero interesado, así como a la autoridad responsable, adjuntando copia certificada de la presente sentencia, en los domicilios señalados para tales efectos y por estrados a los demás interesados.

PUBLÍQUESE en el sitio de Internet (www.tedf.org.mx), una vez que esta sentencia haya causado estado.

Hecho lo anterior, en su caso devuélvanse los documentos atinentes, y en su oportunidad, archívese el expediente como asunto total y definitivamente concluido.

Así, por unanimidad de votos lo resolvieron y firman las y los Magistrados Electorales que integran el Pleno del Tribunal Electoral del Distrito Federal, con el voto concurrente que en forma conjunta formulan la Magistrada Gabriela E. del Valle Pérez y el Magistrado Eduardo Arana Miraval, el cual corre agregado a la sentencia; todo lo actuado ante el Secretario General, quien autoriza y da fe.

INICIA VOTO CONCURRENTE QUE, CON FUNDAMENTO EN LOS ARTÍCULOS 163, FRACCIÓN VII, DEL CÓDIGO DE INSTITUCIONES Y PROCEDIMIENTOS ELECTORALES DEL DISTRITO FEDERAL, 8, FRACCIÓN V, y 85, FRACCIÓN II, DEL REGLAMENTO INTERNO DEL TRIBUNAL ELECTORAL DEL DISTRITO FEDERAL, FORMULAN LOS MAGISTRADOS GABRIELA E. DEL VALLE PÉREZ Y EDUARDO ARANA MIRAVAL, RESPECTO DE LA SENTENCIA DEL JUICIO ELECTORAL IDENTIFICADO CON LA CLAVE DE EXPEDIENTE TEDF-JEL-272/2015.

En primer lugar, debemos manifestar que coincidimos plenamente con que la demanda del presente asunto sea desechada por extemporánea, sin embargo, no compartimos la consideración respecto a que el partido actor al no presentar su escrito de manera oportuna, consintió el cómputo distrital.

En esa tesitura, la sentencia señala que si bien el actor en su escrito de demanda también impugnó el cómputo total y la entrega de la constancia de mayoría, lo cierto es que basa su reclamación en los resultados del cómputo realizado por el Consejo responsable, sin alegar vicios propios de dichos actos.

En efecto, si el partido actor fundó su causa de pedir en presuntas irregularidades contenidas en el cómputo distrital, considero que la verdadera intención del mismo era controvertir dicho acto, por lo que a mí parecer no puede decirse que se trata de un acto consentido, sino que únicamente presentó su medio de impugnación fuera de los plazos establecidos en la normativa atinente, por lo que sólo puede actualizarse la causal de improcedencia contenida en la fracción IV del artículo 23 de la Ley Procesal.



Por lo expuesto y fundado, emitimos el presente VOTO CONCURRENTE.

CONCLUYE VOTO CONCURRENTE QUE, CON FUNDAMENTO EN EL ARTÍCULO 163, FRACCIÓN VII, DEL CÓDIGO DE INSTITUCIONES Y PROCEDIMIENTOS ELECTORALES DEL DISTRITO FEDERAL, EMITEN LOS MAGISTRADOS GABRIELA E. DEL VALLE PÉREZ Y EDUARDO ARANA MIRAVAL, RESPECTO DE LA SENTENCIA DICTADA EN EL JUICIO ELECTORAL IDENTIFICADO CON EL NÚMERO DE EXPEDIENTE TEDF-JEL-272/2015.



MAGISTRADO PRESIDENTE

ARMANDO HERNÁNDEZ CRUZ

MAGISTRADO

GUSTAVO ANZALDO HERNÁNDEZ

MAGISTRADO

EDUARDO ARANA MIRAVAL


MAGISTRADA

MARÍA DEL CARMEN CARREÓN CASTRO


MAGISTRADA

GABRIELA EUGENIA DEL VALLE PÉREZ

SECRETARIO GENERAL

BERNARDO VALLE MONROY


LICENCIADO BERNARDO VALLE MONROY, SECRETARIO GENERAL DEL TRIBUNAL ELECTORAL DEL DISTRITO FEDERAL, CERTIFICO QUE LA PRESENTE FOJA CON FIRMAS AUTOGRAFAS, FORMA PARTE INTEGRAL DE LA SENTENCIA EMITIDA EN EL EXPEDIENTE TEDF-JEL-272/2015, DE TRECE DE AGOSTO DE DOS MIL QUINCE.

1 En adelante PRI

2 En adelante Instituto Electoral.

3 En adelante Consejo responsable.

4 En lo sucesivo PAN

5 Ratificada por el Senado de la República el dieciocho de diciembre de mil novecientos ochenta. De conformidad con el artículo 133 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos son Ley Suprema y, por tanto, de observancia obligatoria para todos los tribunales del país, según lo previsto en el artículo 1° de la propia Constitución.

6 Ídem.

7 En adelante Código Electoral.

8 En adelante Ley Procesal.

9 Tesis de jurisprudencia identificada con la clave TEDF1EL J0001/1999 que se encuentra en la “Compilación de Jurisprudencias y tesis relevantes 1999-2012”, Tribunal Electoral del Distrito Federal, México, página 15.

10 Tesis Aislada identificada con el registro 164587, de la Novena Época, Tesis I.7o.P.13 K, S. J. F. Tomo XVIII, Mayo de 2010, Página 1947, visible a través de la página: http://ius.scjn.gob.mx/paginas/Tesis.aspx

11 Consultable en la Compilación de Jurisprudencia y Tesis en materia electoral 1997-2012, volumen 1 de Jurisprudencia, páginas 200 y 201.

12 Como consta a foja 08 del expediente.

13 SUP-REC-401/2015

14 Consultable en el Semanario Judicial de la Federación, Octava Época, tomo IX, junio de 1992, página 364, Tribunales Colegiados de Circuito.

15 Tesis 219041. V.2o. J/38. Tribunales Colegiados de Circuito. Octava Época. Gaceta del Semanario Judicial de la Federación. Núm. 54, Junio de 1992, Pág. 54.

16 Consultable en el Semanario Judicial de la Federación, Novena Época, tomo X, julio de 1999, página 839, Tribunales Colegiados de Circuito.

17 Véase Favela Herrera, Adriana M., “Teoría y Práctica de las nulidades electorales”, ed., Limusa, 2013, pág. 395.

18 Criterio sostenido por la anterior integración de este Pleno, en la tesis intitulada “ELECCIÓN DE JEFE DELEGACIONAL. MOMENTO EN QUE INICIA EL PLAZO PARA IMPUGNAR CUANDO SE COMBATE EL COMPUTO DISTRITAL”.



La base de datos está protegida por derechos de autor ©bazica.org 2016
enviar mensaje

    Página principal