Bases de datos, ampliación de servicios financieros, autorización del titular



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BASES DE DATOS, AMPLIACIÓN DE SERVICIOS FINANCIEROS, AUTORIZACIÓN DEL TITULAR

Concepto 2017074243-001 del 9 de agosto de 2017





Síntesis: La consulta de la historia de crédito de un determinado titular como elemento que permite determinar el nivel de riesgo al momento de mantener una relación contractual, generalmente implica una nueva verificación de su comportamiento de crédito a fin de ampliar los productos y/o servicios de los que actualmente dispone. Por su parte, la Corte Constitucional en la Sentencia C-1011 de 2008 manifestó que para realizar dicha consulta “debe concurrir un interés bilateral de las partes interesadas en el perfeccionamiento del contrato futuro”.  Por lo cual, se requiere no solo el interés de la entidad financiera de consultar la información crediticia del titular, sino además una intención del posible cliente de acceder a un producto o servicio.

«(…) comunicación radicada en esta Superintendencia bajo el número indicado al rubro, en la cual eleva consulta respecto del acceso a la información crediticia.


Al respecto, es preciso mencionar que el derecho fundamental de Habeas Data se encuentra consagrado en el artículo 15 de la Constitución Política y fue objeto de regulación por parte de la Ley Estatutaria 1266 de 2008, la cual dispone que todas las personas tienen derecho a conocer, actualizar y rectificar la información recogida en bancos de datos y en archivos de entidades públicas y privadas.
La mencionada Ley Estatutaria en el numeral 5 del artículo 8 establece la obligación por parte de la fuente de la información de solicitar la autorización a los titulares para poder hacer los respectivos reportes de la siguiente manera:
Artículo 8. Deberes de las fuentes de la información:
(…)
5. Solicitar, cuando sea del caso, y conservar copia o evidencia de la respectiva autorización otorgada por los titulares de la información, y asegurarse de no suministrar a los operadores ningún dato cuyo suministro no esté previamente autorizado, cuando dicha autorización sea necesaria, de conformidad con lo previsto en la presente ley”.
En virtud de lo anterior, las entidades con las cuales tiene productos financieros deben contar con su autorización para suministrar la información a los operadores de información. Sin embargo, respecto del acceso a la información por parte de los usurarios1, debe anotarse que el mismo se encuentra justificado en cuanto se cumpla con alguna de las finalidades previstas en el artículo 15 de la Ley 1266 de 2008, a saber:

Artículo  15. Acceso a la información por parte de los usuarios. La información contenida en bancos de datos de información financiera, crediticia, comercial, de servicios y la proveniente de terceros países podrá ser accedida por los usuarios únicamente con las siguientes finalidades: Como elemento de análisis para establecer y mantener una relación contractual, cualquiera que sea su naturaleza, así como para la evaluación de los riesgos derivados de una relación contractual vigente.

Como elemento de análisis para hacer estudios de mercado o investigaciones comerciales o estadísticas.

Para el adelantamiento de cualquier trámite ante una autoridad pública o una persona privada, respecto del cual dicha información resulte pertinente.

Para cualquier otra finalidad, diferente de las anteriores, respecto de la cual y en forma general o para cada caso particular se haya obtenido autorización por parte del titular de la información”. (La negrilla del texto es nuestra).

De acuerdo con lo anterior, el usuario de la información (puede tratarse de un establecimiento bancario, por ejemplo) efectúa un cálculo del riesgo de crédito accediendo al historial crediticio de un determinado titular, con la intención de establecer si dicho sujeto se ajusta al perfil de riesgo que está dispuesto a asumir y, eventualmente, celebrar con él un contrato o suministrarle nuevos servicios y/o productos.



Ahora bien, la consulta de la historia de crédito de un determinado titular como elemento que permite determinar el nivel de riesgo al momento de mantener una relación contractual, generalmente implica una nueva verificación de su comportamiento de crédito a fin de ampliar los productos y/o servicios de los que actualmente dispone. Por su parte, la Corte Constitucional en la Sentencia C-1011 de 2008 manifestó que para realizar dicha consulta “debe concurrir un interés bilateral de las partes interesadas en el perfeccionamiento del contrato futuro”.  Por lo cual, se requiere no solo el interés de la entidad financiera de consultar la información crediticia del titular, sino además una intención del posible cliente de acceder a un producto o servicio.
Por último, es importante resaltar que la información que reposa en las bases de datos de los operadores de la información no se encuentra al libre acceso de cualquier persona, toda vez que, tal como lo establece el literal b) del artículo 5 de la denominada Ley de Habeas Data, la información recolectada o entregada a los operadores de los bancos de datos solamente podrá ser accedida por los usuarios de la información en los términos de la ley. Por lo cual, las posibilidades de acceso están sujetas a que la consulta se efectúe conforme a las finalidades legítimamente consideradas en el artículo 15 antes referido, como el cálculo del riesgo crediticio, ya que se considera ilegítimo el acceso a la información con fines diferentes a los establecidos en la ley cuando no exista autorización del titular.
(…).»



1 La Ley 1266 de 2008 dispone que usuario es “la persona natural o jurídica que, en los términos y circunstancias previstos en la presente ley, puede acceder a información personal de uno o varios titulares de la información suministrada por el operador o por la fuente, o directamente por el titular de la información”


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