Bernhardt hector ignacio c/ marcos schmukler s. A. S/ Cobro de pesos, etc



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AUTOS: "BERNHARDT HECTOR IGNACIO C/ MARCOS SCHMUKLER S.A. S/ COBRO DE PESOS, ETC." Expte. Nº 5674 - Fº 335 - L. II - Año: 2016. COLÓN.-

ACUERDO:


En la ciudad de Concepción del Uruguay, Provincia de Entre Ríos, a los veinticuatro días del mes de mayo del año dos mil dieciséis, se reúnen en el Salón de Acuerdos los Sres. miembros de la Sala del Trabajo de la Cámara de Apelaciones, integrada por su presidente, Dr. JUAN CARLOS TITO y los Sres. vocales Dres. JORGE ALBERTO PIROVANI y SERGIO DANIEL TOLOY, a fin de entender en el recurso de apelación interpuesto en autos: "BERNHARDT HECTOR IGNACIO C/ MARCOS SCHMUKLER S.A. S/ COBRO DE PESOS, ETC.", contra la sentencia de fs. 825/841vta..-

Que por sorteo practicado a fs.924 vta., los Sres. vocales fundarán sus votos en el siguiente orden: Dr. JUAN CARLOS TITO, Dr. SERGIO DANIEL TOLOY y Dr. JORGE ALBERTO PIROVANI.-

Que estudiados los autos, la Sala se plantea las siguientes cuestiones para resolver:

1ª) ¿Cumplen los requisitos del art. 125 inc. c) del CPL los escritos de fs. 867/872 y 883/896vta.?

2ª ¿Es justa la sentencia apelada?

3ª) ¿Qué corresponde resolver?

A LA PRIMERA CUESTION PLANTEADA PARA RESOLVER: el Sr. vocal, Dr. TITO, dijo:

En su respuesta de fs. 900/903, la demandada Asociart S.A. A.R.T. sostiene que los memoriales presentados por la parte actora -fs. 867/872-, y por la empleadora demandada -fs. 883/896vta.- en modo alguno contienen una crítica seria o razonada que llene las exigencias procedimentales -art. 125 inc. c) del C.P.L.-, consistiendo en una mera e infundada expresión de disconformidad.-

Sobre el particular, esta Sala ha expresado de manera reiterada "... que la valoración del escrito de expresión de agravios a fin de resolver sobre el cumplimiento de los presupuestos necesarios que condicionan su procedencia -en lo que aquí interesa, los que exige la norma contenida en el art. 125 inc. c) del C.P.L.-, debe efectuarse con criterio amplio a fin de posibilitar la apertura de la instancia de alzada...", autos: "Comparada Angel c/ Equipesca S.A.", L.S. 1989, fº 86/89). Coincidentemente se ha dicho que aún cuando aquel escrito "diste mucho de ser un modelo en su género, si el apelante individualiza, aún en mínima medida, los motivos de su disconformidad, o cuando aunque suscintamente y sin alarde de argumentos jurídicos, alcance a formular una crítica, no procede declarar la deserción del recurso, por cuanto la gravedad de los efectos con que la ley sanciona la insuficiencia de la expresión de agravios, hace aconsejable aplicarla con criterio amplio, favorable al recurrente" (MORELLO - SOSA - BERIZONCE. Cod. Proc. Civ. y Com. Nac. y Prov. Bs. As., tº III, pág. 362, Ed. Lep. Bs. As. 1988)",  Cfr. "Larroza Osvaldo Héctor c/Bogos Ekserciyan y/o quien resulte jurídicamente responsable - Cobro de pesos, Entrega de certificación de Servicios y otros" L.S. 18/07/97, Fº 468/471; "Dos Santos Juan Rubén c/Gottert Haroldo y Otro-  Haberes e Indemnizaciones Despido y Accidente", L.S. 22/6/698, Fº 565/570" (Confr. "Cabellier Silvana Gabriela c/Bic Argentina S.A. - Haberes y Rubros Adeudados" L.S. 23/02/00, fº 29/34).-

De allí que, en función de que debe aplicarse un criterio amplio, y teniéndose presente que la parte actora cuestiona que el grado de incapacidad otorgado por el a quo al trabajador para liquidar ambos accidentes no resulta acorde a derecho, puesto que -así insiste- debió calcularse por separado, teniéndose presente lo abonado a cuenta de mayor cantidad, debiéndose efectuar una nueva liquidación en función del precedente "Elias...c/ Techint" del alto cuerpo provincial; y la empleadora pone en tela de juicio en sus agravios, que el proveyente de primera instancia comete un error en el encuadramiento al no distinguir las acciones ejercidas, tanto la que se encuentra prescripta y las acciones sobre las cuales se dice que existió un reclamo interruptivo por parte del trabajador, que en relación a la lesión de rodilla del actor y la responsabilidad que se le endilga al empleador carece de fundamentación, que la lesión de columna que presenta el accionante carece de nexo causal con la tarea que desempeñaba en favor de su empleador, todo lo cual, hace que deba desestimarse el pedido de deserción del recurso, correspondiendo la apertura de la instancia en la alzada tendiente a viabilizar el análisis de los agravios en cuestión, así voto.-

Y, lo propio sucede en relación al escrito de la demandada empleadora -fs.883/896vta.-, donde se cuestiona la forma de resolver por parte del a quo la defensa de prescripción opuesta en cuanto a la acción civil por la diferencia de indemnización de la lesión de rodilla, por la falta de fundamentación en el resolutorio cuando se le adjudica responsabilidad al empleador en la lesión de rodilla del trabajador, al igual que en la lesión de la columna del actor donde se endilga responsabilidad al empleador, existiendo -así lo sostiene el recurrente- una errónea valoración de la prueba y un yerro en el encuadramiento jurídico en la sentencia en crisis, no resultando viable el daño moral, todo lo cual amerita que deban tratarse en esta instancia la totalidad de los agravios, así voto.-

A LA MISMA CUESTION PLANTEADA PARA RESOLVER: el Sr. vocal Dr. TOLOY, dijo:

Que basado en análogas consideraciones adhiero al voto precedente, haciéndolo en igual manera.

A LA MISMA CUESTION PLANTEADA PARA RESOLVER: el Sr. vocal Dr. PIROVANI, dijo:

En razón de existir coincidencia en los votos precedentes hago uso de la potestad que me otorga el art. 47, in fine, de la L.O.P.J. 6902, modificada por ley 9234.

A LA SEGUNDA CUESTION PLANTEADA PARA RESOLVER: el Sr. vocal, Dr. TITO, dijo:



Que vienen los presentes autos en virtud del recurso de apelación interpuesto por la aseguradora Asociart ART S.A., la empleadora demandada Marcos Schmukler S.A., y la actora, contra la sentencia de fs. 825/841 vta., expresando agravios Asociart ART S.A. a fs. 847/861 vta., por cuanto: 1º) -a) que el sentenciante se pronuncia ultra y extra petita, puesto que la demanda fue impetrada contra la aseguradora con fundamento en el derecho civil, es decir por fuera del sistema de la LRT, por lo que la sentencia no puede fundarse en la ley 26.773, y debe rechazarse por no haberse acreditado la existencia de los presupuestos de responsabilidad invocados en el escrito inicial; -b) afirma que debe aplicarse el art. 4 de la ley 26.773, ya que el actor habría optado y renunciado a percibir la indemnización basada en la ley especial. 2º) que el a quo yerra al concluir que existe una diferencia impaga a partir de la aplicación de la fórmula "Villanueva", luego repotencia la suma resultante ajustándola por RIPTE, y finalmente aplica intereses TABNA, todo lo cual no se encuentra ajustado a derecho; 3º) la pericia médica no puede ser considerada apta para determinar la procedencia de la demanda, al evidenciarse que las lesiones que sufre el actor son de carácter degenerativo/crónico, ajenas al trabajo; 4º) que no puede argumentarse que la aseguradora resulta responsable en los términos del art. 1074 del Código Civil, pues la ART ha colaborado con el empleador en los términos del art. 6 de la resolución nº 552/01; 5º) que la aplicación de la ley 26.773 en el caso, coloca a la aseguradora en situación de abonar sumas que no guardan relación con el cobro de las primas de seguro, lo que vulnera el derecho de propiedad. 6º) que resulta contrario a derecho que la sentencia introduzca una fórmula de cálculo ajena a la ley vigente al momento del siniestro y aplique retroactivamente una ley posterior, condenando al ajuste por índice RIPTE e intereses, y al adicional del art. 3 de la ley 26.773, todo lo cual vulnera las disposiciones del art. 3 del Código Civil; 7º) que aún en la emergencia debió aplicarse el decreto 472/14, puesto que el mecanismo de ajuste por índice RIPTE opera sólo sobre las compensaciones de pago único y para los pisos mínimos del sistema; 8º) que al no adeudar la aseguradora accionada suma alguna al actor, no puede condenársela en costas; y 9º) que, para el caso de confirmarse la sentencia, resulta de aplicación en autos lo dispuesto en la ley 24.432.-

Que la empleadora Marcos Schmukler S.A. expresa agravios a fs. 883/896 vta., por cuanto: 1º) el a quo equivoca el encuadramiento de las acciones ejercidas en este juicio, ya que la defensa de prescripción parcial se formuló respecto de la acción civil por la diferencia de indemnización de la lesión de rodilla del actor, que no fue ejercitada en autos, por lo que -prosigue- los reclamos efectuados por el accionante en el marco de la acción sistémica no tienen ningún efecto interruptivo ni suspensivo; agrega que no existe solidaridad pasiva de ambas demandadas, y que la sentencia no realiza ningún análisis jurídico de la cuestión; concluye que la demanda fue interpuesta cuando el crédito por diferencia de indemnización de lesión de la rodilla ya se encontraba prescripto; 2º) que, de no hacerse lugar al agravio precedente, debe considerarse que la conclusión a la que arriba el sentenciante de primera instancia carece de fundamentación, toda vez que -así lo afirma- no emerge de la resolución referencia alguna al hecho dañoso, relación de causalidad, pruebas, requisitos y/o fundamentos jurídicos que determinen la responsabilidad que se atribuye a la empleadora accionada, lo que resulta violatorio del derecho de defensa; 3º) que la sentencia no contiene un análisis de la responsabilidad de la empleadora, sino que la presume, apartándose de los principios que rigen en el ordenamiento civil, y no teniéndose presente que el actor no probó haber sufrido un daño como consecuencia de los hechos que narró, pues, conforme surge de las testimoniales rendidas en autos, en todo caso la causa eficiente del daño fue la conducta culpable de la víctima; agrega que el concepto dado al término "cosa" no puede extenderse a la idea del "ámbito o medio" laboral, lo que constituiría un contrasentido jurídico rechazado por la doctrina y jurisprudencia; manifiesta que quien invoca el riesgo específico de una cosa debe acreditarlo, al igual que los demás presupuestos que hacen a su procedencia; 4º) -a) en primer lugar, afirma que el perito médico no justificó su dictamen y cometió errores a la hora de calificar la naturaleza médico legal de las supuestas lesiones en la columna del demandante, al igual que al graduar la incapacidad del actor; afirma que se produjo una valoración incorrecta de la prueba, pues la lumbociatalgia es inexistente ya que, el propio informe médico reconoce la inexistencia de limitación funcional en la columna dorso lumbar; y aún cuando se admitiere la existencia de lumbociatalgia, no existe relación causal como lo señala el facultativo, a tenor de las RMN; -b) asimismo, en segundo lugar, se agravia sobre lo concluido respecto a la existencia y graduación de las lesiones de rodilla, al omitirse considerar que el accionante fue sometido a una intervención quirúrgica que reparó su dolencia. Además, sostiene -fs. 890- que en todo caso, debió aplicarse el criterio de la capacidad residual, al estarse en presencia de un supuesto de lesiones sucesivas; 5º) que más allá de la improcedencia de la condena en función de la ley civil, considera arbitrario e irrazonable el encuadre jurídico de la cuestión, a la desacertada normativa que el a quo le asigna al caso, al decretar la inconstitucionalidad del art. 39 de la ley 24.557 para dictar una condena con fundamento en derecho civil y por otro, se hace aplicación del RIPTE, ignorando el a quo que éste es un método de actualización exclusivo de la LRT, lo que denota a las claras una contradicción; 6º) que para el supuesto de que se admitiese la absurda aplicación de la fórmula "Vuoto" actualizada por índice RIPTE, solicita que se aplique la doctrina legal del STJER, en base al precedente "Schaffer"; 7º) que también en forma subsidiaria y para el caso que se considere que no se trata de una verdadera contradicción en cuanto a la aplicación de ley civil y ley especial, interesa que se haga valer el art. 3 de la ley 26.773, que contempla el adicional del 20%; y 8º) subsidiariamente, interesa que para el caso de no hacerse lugar a los planteos efectuados, teniendo en cuenta que la sentencia hace una exención de responsabilidad a la ART en los términos de la ley especial, y con ello priva al empleador de su aseguramiento, afectando su derecho de propiedad, solicita que se exima a su mandante de toda responsabilidad en juicio, pues la LRT impone exclusivamente a la aseguradora para las prestaciones dinerarias.-

Que el actor Hector Ignacio Bernhardt expresa agravios a fs. 867/872, en razón de las siguientes circunstancias: 1º) que registrándose dos accidentes, deben calcularse y liquidarse por separado cada una de las incapacidades resultantes de ellos, analizando la aplicación de uno u otro sistema indemnizatorio; 2º) que la indemnización por las lesiones sufridas por el accionante deben indemnizarse conforme a la ley 26.773, por resultar más beneficiosa, no existiendo desproporción que justifique la declaración de inconstitucionalidad del art. 39 de la ley 24.557; 3º) que el grado de incapacidad que padece el demandante en su columna se calculó erróneamente por el perito médico, agrega que no se tuvo en cuenta la hernia de disco que padece el trabajador, y que corresponde apartarse de las conclusiones; y 4º) que los honorarios regulados al profesional letrado interviniente por la parte actora resultan bajos, debiendo ser elevados conforme a la ley 7046.-

Que a fs. 900/903, contesta los agravios Asociart S.A. A.R.T. solicitando el rechazo de lo peticionado por el actor y la empleadora.-

A fs. 906/909, hace su réplica la firma demandada Marcos Schmukler S.A. instando el rechazo de los argumentos expuestos en reclamo por el actor, y a fs. 913/917 vta. rebate lo invocado a modo de agravios por la aseguradora.-

Que la sentencia de primera instancia -fs.825/841 vta.- admite la demanda, haciendo lugar a una diferencia de indemnización por incapacidad en la rodilla del actor, condenando además a una indemnización por la incapacidad padecida por el mismo en la columna lumbar; asimismo, se hace lugar al daño moral, por entender el sentenciante que se han acreditado los presupuestos que hacen a la procedencia de la acción fundada en el derecho común, declarando para ello la inconstitucionalidad de sendos artículos de la ley 24.557, y ajustando las prestaciones pendientes de cancelación por la ley 26.773.-

Que ingresando al tratamiento de los AGRAVIOS planteados en autos, a fin de un mayor ordenamiento, se impone dar respuesta en primer término en forma conjunta al PRIMER AGRAVIO -a) de la aseguradora recurrente, SEGUNDO AGRAVIO de la actora, y OCTAVO AGRAVIO de la empleadora accionada, los que se encuentran íntimamente interrelacionados al versar sobre un único y mismo tema, cual es determinar el ordenamiento legal que corresponde aplicar en las presentes actuaciones, pues de ello dependerán el resto de los cuestionamientos formulados.-



Sobre el particular, y en relación a la determinación de la ley aplicable en el caso, debe señalarse primeramente que este Tribunal se encuentra facultado para aplicarla de oficio, pues tal como lo tiene decidido la Corte Suprema de Justicia de la Nación "...los jueces tienen no sólo la facultad sino también el deber de discurrir los conflictos y dirimirlos según el derecho aplicable, calificando autónomamente la realidad fáctica y subsumiéndola en las normas jurídicas, con prescindencia de los fundamentos que enuncien las partes (Fallos: 296:633; 298:429; 310:1536, 2173 y 2733; 312:649; 313:924). Y que '...la posibilidad de aplicar la nueva legislación a casos regidos por regímenes anteriores ha sido admitida por esta Corte en Fallos: 308:116 y 883; 310:995; 312:2250 y 316:2054, precedentes en los que se extendió la aplicación de una norma posterior a los casos en que la muerte del causante se había producido con anterioridad a su vigencia...sobre la base de la finalidad protectora de las disposiciones que regulan la seguridad social, esos fallos aplicaron la norma más favorable, exégesis que concuerda con el propósito del legislador de promover la progresividad de los derechos sociales, según ha sido preceptuado, más tarde, en el art. 75, inciso 23, de la Constitución Nacional y en diversos tratados de derechos humanos reconocidos con jerarquía constitucional en las disposiciones del inciso 22 del artículo mencionado' (Cfr. Fallos 332:2454), argumentos que comparto. Por su parte, esta Sala decidió que 'la función del juzgador es la de aplicar la norma jurídica que corresponda, o mejor se adapte, a la solución del litigio, aunque no haya sido invocada por las partes, la invocaran erróneamente, o lo hicieran tardíamente, como es el caso ('Miño, Norma Beatríz c/R.M. Servicios S.R.L. y otro -Cobro de Pesos -Recurso de Inaplicabilidad de Ley', LAS 05/06/08)'; ('Acebedo, Ivana Trinidad c/Domínguez, Pablo Horacio y otro...' LAS 27/12/2010). La doctrina sostiene que según la regla 'iura novit curia' el juzgador tiene la facultad y el deber de analizar los conflictos litigiosos y dirimirlos acorde el derecho vigente, calificando de modo autónomo la realidad fáctica, subsumiéndola en las normas jurídicas que la rigen con prescindencia de los fundamentos que enuncian las partes, estas atribuciones no llegan a establecer como objeto de la condena, algo que no es congruente con los términos de la demanda (Cfr. Morello, Augusto M, 'Iura curia novit' y motivos de carácter determinante que sorpresivamente introduce el tribunal, La Ley on line, AR/DOC/4251/2006). En el ámbito laboral, Cornaglia advierte que 'La sentencia debe ser congruente con la demanda y la contestación, con la traba de la litis y las argumentaciones jurídicas de las partes. Pero especialmente se encuentra anclada en los hechos procesados. En el infortunio que se sostiene existió, en sus posiblemente múltiples presupuestos fácticos. Y esta última es la situación que atrae la debida aplicación del principio 'iura novit curia', sin que el juez esté obligado únicamente a la invocación de las normas que hayan practicado las partes. Los jueces no juzgan sobre la sabiduría de los letrados, sino sobre las relaciones humanas que se les someten a su decisorio (Cfr. Cornaglia, Ricardo J., 'Aportes para la teoría general de la responsabilidad en el derecho laboral', La Ley on line, AR/DOC/15174/2001). Recuerda Maza que el deber del tribunal de conocer el derecho aplicable, traerlo al juicio oficiosamente y aplicarlo tiene una lógica impecable basada en el carácter estatal del Derecho, y resulta particularmente razonable en el ámbito del Derecho del Trabajo, en el que la mayoría de las normas son de orden público. (Cfr. autor citado en 'El principio del 'iura curia novit' y el debido proceso adjetivo', Revista de Derecho Laboral 2007-1, pág. 171)." (Conf. Sala del Trabajo del STJER, en "PERUJO, ALBERTO RODOLFO c/PROVINCIA ART SA -Accidente de trabajo -RECURSO DE INAPLICABILIDAD DE LEY", L.S. 26/05/2015).-

De allí que, a los fines de dilucidar el encuadramiento legal aplicable de la presente acción para brindar respuesta adecuada a las críticas esgrimidas por los recurrentes, corresponde determinar la normativa que resultaría más beneficiosa para el trabajador, toda vez que la norma más justa (favorable al trabajador) vigente a la fecha de la sentencia es la apropiada para resolver las causas pendientes (Cfr. Sala del Trabajo del STJER, en "CARMONA, GUSTAVO c/GRANJA TRES ARROYOS S.A. y otra -Accidente de Trabajo -RECURSO DE INAPLICABILIDAD DE LEY", L.S. 24/11/2015). Para ello, deviene imperioso efectuar un cálculo comparativo entre el régimen del derecho común -conforme las pautas y cálculos resueltos en primera instancia, aplicando la fórmula "Villanueva c/ Fernandez", que adopta la edad jubilatoria de 70 años- y el régimen de la ley 26.773 (debiendo aclararse que el cálculo se efectuará conforme al criterio fijado por el Máximo Tribunal en el Orden Provincial, y no como -equivocadamente- se realizó en primera instancia -lo que se ampliará infra, al dar tratamiento al alcance y forma de aplicación de la citada ley 26.773-), aún incluidos los adicionales previstos por ésta última, y considerando el porcentual de incapacidad que se determinará infra, conforme al criterio legal que el decreto 659/96 establece para su determinación.-

En el cometido impuesto, emerge que el segundo cálculo -con sustento en la ley especial- arroja una suma mayor en favor del actor, que no puede verse afectado en sus derechos patrimoniales, al serle mas beneficioso. Ello así en razón de que, aplicando la ley 26.773, al actor le correspondería percibir por el primer accidente -19/05/2007- la suma de $35.460,00 (art. 14 ap. 2 inc. a, ley 24.557 =53 x $1.041,37 x 65/41 x 19,70%, superado el tope mínimo del dec. 1694/09), con más los intereses desde la fecha del accidente y hasta el 11/04/2008 -segundo accidente-, por la suma de $5.900,54; por el segundo accidente le correspondía percibir la suma histórica de $14.454,00 (art. 14 ap. 2 inc. a, ley 24.557= 53x $1.367 x 65/41 x 8,03% -acorde al criterio de la capacidad restante, cuyos motivos de aplicación al caso se expondrán infra-, superado por tope mínimo dec. 1694/09: $180.000 x 8,03%= $14.454,00), con más los intereses desde la fecha del accidente, y hasta el pago de la suma de $20.169,75 efectuado en fecha 16/05/2008, quedando pendiente una diferencia de $36.548,23; al importe en cuestión corresponde adicionarle el 20% del art. 3 de ley 26.773 -$7.309,64-, lo que arroja un total de $43.857,87; dicho saldo genera un interés TABNA desde el pago -16/05/2008- hasta el 31/12/2009 (30,17%) = $13.231,91. El capital de $43.857,87 debe ajustarse por coeficiente RIPTE de acuerdo al artículo 17º inciso 6) de ley 26.773, desde el 01/01/2010 hasta abril/2015 (mes inmediato anterior del dictado de la sentencia de 1º instancia), lo que arroja un importe de capital ajustado de $190.172,11; con más el interés puro -12% anual- durante igual período (64%) = $121.710,15; con más el interés TABNA ("Devetac") desde el 01/05/2015 hasta el 18/05/2015 (fecha de sentencia de 1º instancia) -1,23%= $2.339,11-; en suma, el total que arroja el cálculo antes reseñado se refleja en el importe de $ 327.453,28.-

En cambio, efectuados los cálculos de rigor con respecto al ordenamiento civil -de acuerdo a los lineamientos expuestos en ut supra-, resulta que: por la formula "Villanueva c/Fernandez" por el primer accidente, C = $ 16.251,16 x [1 - (1 / 1.06 elevado a la 29)] x 1 / 0.06; C = $ 16.251,16 x 0,8154 x 16,67; C= $ 220.902,87 x 19,70% = Indemnización por Acción Civil Fórmula: $ 43.517,87. Adicionando el daño moral determinado por la sentencia a Fs. 825/841 de un monto de $ 10.879, 47 -respetando la proporción entre el daño material y daño moral determinado en la sentencia de primera instancia-, se obtiene una suma de $ 54.397,33 histórica, la que devenga los intereses desde el 19/05/2007 -accidente- hasta el 11/04/2008 -segundo accidente- (16,64%) = $9.051,72, siendo el capital resultante de la fórmula "Villanueva c/Fernandez" por el segundo accidente, C = $ 18.925,01 x [1 - (1 / 1.06 elevado a la 29)] x 1 / 0.06; C = $ 18.925,01 x 0,8154 x 16,67; C= $ 257.242,32 x 8,03% = Indemnización por Acción Civil Fórmula: $ 20.656,55. Adicionando el daño moral determinado por la sentencia a Fs. 825/841 de un monto de $ 5.164,13 -respetando la proporción entre el daño material y daño moral determinado en la sentencia de primera instancia-, se obtiene una suma de $25.820,68 histórica. Adicionando los capitales resultantes de ambos accidentes, emerge el importe de $80.218,01, la que devenga intereses desde el 11/04/2008 hasta el pago -16/05/2008- (1,81%) = $1.451,94; lo que arroja un total de $90.721,67. Deducido lo abonado por la ART -$20.169,75-, sobre el saldo resultante de $70.551,92, debe adicionarse el interés TABNA desde el 16/05/2008 hasta la sentencia de 1º instancia -18/05/2015- (138,15%)= $97.467,47; todo lo cual arroja un total indemnizatorio por este ordenamiento de $168.019,39.-

En razón del cálculo comparativo plasmado precedentemente, emerge en forma notoria una diferencia entre ambos sistemas del 94,89% a favor del actor por la vía de la acción especial, aplicando las prestaciones emergentes de la ley 26.773.-

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