Bloque 12. 2: Las etapas políticas de la democracia. Los gobiernos de la ucd. El golpe de estado de 23 de febrero de 1981. La alternancia política: gobiernos socialistas y gobiernos del partido popular



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HISTORIA DE ESPAÑA BLOQUE 12: NORMALIZACIÓN DEMOCRÁTICA DE ESPAÑA E INTEGRACIÓN EN EUROPA (DESDE 1975)


BLOQUE 12.2: LAS ETAPAS POLÍTICAS DE LA DEMOCRACIA. LOS GOBIERNOS DE LA UCD. EL GOLPE DE ESTADO DE 23 DE FEBRERO DE 1981. LA ALTERNANCIA POLÍTICA: GOBIERNOS SOCIALISTAS Y GOBIERNOS DEL PARTIDO POPULAR
Con la redacción de la nueva Constitución se inició la llamada política de consenso, que consistió en buscar un amplio acuerdo entre los partidos políticos parlamentarios a las cuestiones clave para la construcción de la nueva democracia y para abordar los problemas económicos y sociales más urgentes.
LOS GOBIERNOS DE UCD (1979-1982): VACILACIONES E IMPULSO AUTONÓMICO

Las elecciones legislativas que se celebraron en marzo de 1979 otorgaron de nuevo el triunfo a la Unión de Centro Democrático (UCD), que obtuvo 168 diputados, mientras que el PSOE lograba 121. En consecuencia, Adolfo Suárez formaba su tercer gobierno, el segundo democrático y el primero constitucional. Sin embargo, en este segundo mandato se inició una crisis dentro del partido, cuando Suárez empezó a ser contestado como líder.


La debilidad del partido y del Gobierno se evidenció en las elecciones municipales de abril de 1979 (en la mayoría de las grandes ciudades se constituyeron ayuntamientos de izquierdas)1 y también en las primeras elecciones autonómicas en el País Vasco y Cataluña (1980), donde la UCD perdió la mitad de los votos conseguidos un año antes.
La oposición ganó fuerza y se benefició del malestar social y político. En mayo de 1980, el gobierno se vio sometido a una moción de censura presentada por el PSOE, que ganó a Adolfo Suárez por escaso margen. Entre los muchos problemas que dificultaron la labor del gobierno y a los que tuvo que enfrentarse Suárez, se podrían destacar los siguientes:


  • Las divergencias internas en el seno de la UCD. Como se trataba de una coalición política heterogénea resultaba difícil conciliar las diferentes posiciones de sus miembros en algunas cuestiones clave –ley de divorcio, política educativa, etc.-, sobre las cuales había que tomar decisiones de gobierno. Las discrepancias fueron aumentando con el tiempo, y obligaron a Suárez a remodelar su gobierno inicial en dos ocasiones.




  • El problema de las autonomías: La Constitución no era del todo precisa en cuanto a sus competencias, extensión territorial y formas de acceder a la instauración de gobiernos autónomos. Esto generó dentro de la UCD una división entre partidarios de facilitar la organización de comunidades autónomas en todas las regiones que lo desearan y los que, por el contrario, se mostraban partidarios de una aplicación restringida de este derecho. El resultado fue una política vacilante e impopular en este campo, mal vista también por ciertas regiones que se consideraban discriminadas.




  • La crisis económica: el gobierno era incapaz de resolver el problema del paro y la deteriorada situación económica, agravada tras los Pactos de la Moncloa por la segunda crisis del petróleo –iniciada en 1979 con la revolución islamista en Irán y acentuada después con la guerra de Irán e Irak.




  • El azote del terrorismo: en especial la actividad de ETA aumentó con la consolidación de la democracia, y alcanzó el mayor número de víctimas mortales entre 1978 y 1980, con un total de 235 muertes, de las que 144 pertenecían a fuerzas armadas. A esas cifras se sumaban 43 debidas a los GRAPO y 27 causadas por la extrema derecha.




  • La amenaza de un golpe de Estado militar: Desde comienzos de la transición democrática representó un serio motivo de preocupación el descontento de amplios sectores del ejército franquista, que hizo pasar al país por momentos de grave tensión. La amenaza de un golpe militar crecía con las preocupaciones y los atentados del terrorismo, dirigidos en especial contra las fuerzas armadas.




  • El acoso del PSOE: los socialistas emprendieron en las Cortes una dura y permanente campaña contra el gobierno, con el objetivo de desacreditarlo y presentarse ante la opinión pública como la alternativa de poder. Esta implacable oposición culminó a finales de mayo de 1980 con la presentación de una moción de censura2.

Probablemente, abrumado por todas estas circunstancias, en enero de 1981 Adolfo Suárez presentó su dimisión irrevocable como presidente de la UCD y del gobierno. Como sucesor suyo en la presidencia de gobierno impuso a Leopoldo Calvo Sotelo –no adscrito a ninguno de los grupos ideológicos de UCD-, quien para ocupa el cargo debía ser previamente investido por el Congreso mediante el voto favorable de la mayoría de los diputados.


El intento de golpe de Estado del 23 de febrero de 1981
La amenaza de un golpe de estado militar por parte de sectores contrarios al nuevo Régimen Democrático era una realidad. En este terreno cabe mencionar una primera intentona conocida como la “operación Galaxia” en 1978 en la que sobresalen los nombres de Antonio Tejero y Ricardo S. de Ynestrillas, quienes apenas fueron condenados a unos meses de prisión. No obstante, el auténtico golpe de Estado vería la luz el 23 de febrero de 1981, aprovechando la ceremonia de investidura de Calvo Sotelo3, nuevamente ideado por parte de algunos sectores del ejército contarios a la evolución política hacia la democracia de España. Dirigidos por el teniente coronel Antonio Tejero llegaron a irrumpir violentamente en el Congreso, aunque la falta de apoyo de los altos mandos militares y del propio monarca, quien condenó el golpe a través de un mensaje televisado, frustró la operación.
Muchos son los interrogantes sobre las circunstancias, objetivos y verdaderos responsables de la intentona golpista, entre los cuales apareció implicado el general Armada, antiguo preceptor del rey. LO cierto es que toda España vivió unas largas horas de tensión e incertidumbre. De madrugada el rey, dio un mensaje por TV en el que desautorizaba el golpe de Estado y reivindicaba la legitimidad de la Constitución. Finalmente los protagonistas del golpe se rindieron y liberaron al gobierno y a los diputados. La prueba más difícil a la que había sido sometida la joven democracia española se había superado.
El relanzamiento del proceso autonómico (1981-1982)
Calvo Sotelo mantuvo casi intacto el gabinete de Suárez. Lo más destacable de su política interior fue el relanzamiento del proceso autonómico. Hasta entonces sólo se habían completado las autonomías de Cataluña y el País Vasco, y estaban en vías de cerrarse las de Galicia y Andalucía4. La política de seguridad y defensa fue uno de los aspectos más conflictivos y se abordó con una gran vacilación durante los gobiernos de Suárez. La razón era evidente: la integración en la OTAN contaba con el rechazo no sólo de los socialistas y comunistas, sino también de amplios sectores sociales, partidarios de una neutralidad frente a la política de bloques militares imperantes desde la Segunda Guerra Mundial. Con Calvo Sotelo se formalizó el ingreso en mayo de 19825.
La crisis final y la desintegración de la UCD (1981-1982)
La descomposición interna de UCD se acentuó con el paso del tiempo, por las divergencias ideológicas entre sus miembros y por los desfavorables resultados de las sucesivas elecciones autonómicas. Entre 1981 y 1982 se fueron escindiendo grupos y personajes relevantes, unos para incorporarse a otros partidos, otros para formar sus propios partidos políticos. El golpe final lo asestó Adolfo Suárez, que abandonó la UCD en julio de 1982 y fundó también un nuevo partido: Centro Democrático y Social (CDS).
Ante una situación tan crítica, el presidente de gobierno, Calvo Sotelo, decidió disolver anticipadamente las Cortes y convocar nuevas elecciones para octubre de 1982 (seis meses antes de que terminara la legislatura).
LOS GOBIERNOS DEL PSOE (1982-1996): ESTABILIZACIÓN E INGRESO EN LA CEE

Las victorias del PSOE: de la mayoría absoluta a la mayoría relativa
Con el arrollador triunfo del PSOE en las elecciones de 1982 (202 diputados y 48% de los votos)6, los socialistas gobernaron en solitario por primera vez en la historia de España, y consiguieron mantenerse en el poder durante casi catorce años. Renovó la mayoría absoluta en 1986 y 1989, pero no en 1993, por lo que tuvo que buscar el apoyo de los nacionalistas vascos y catalanes para poder gobernar.
Los socialistas llegaron al Gobierno con un ambicioso programa reformista, sintetizado en el eslogan electora: “Por el cambio”. La acción del nuevo Gobierno estuvo marcada por los ecos del fracasado golpe de Estado (reflejo del difícil acomodo del Ejército franquista a la democracia), por la violencia terrorista de ETA y por la crisis económica.
El gobierno socialista desarrolló un programa de reformas cuya prioridad fue la lucha contra la crisis económica, la racionalización de las administraciones públicas y el avance hacia el Estado de bienestar. Para reactivar la economía se tomaron medidas dirigidas a garantizar la estabilidad financiera (reconversión bancaria), reducir la inflación, y estimular la inversión privada.
La integración de España en la Comunidad Económica Europea (actual Unión Europea) fue uno de los objetivos del gobierno socialista. Con el consenso de todos los partidos, en 1985 se firmó Madrid el Tratado de Adhesión, que entró en vigor a partir del 1 de enero de 1986. El proceso de adaptación de los sectores productivos a las exigencias del mercado y del ingreso en la CEE comportó una severa reconversión industrial, que permitió su saneamiento financiero y su adaptación tecnológica. En contrapartida, provocó el cierre de empresas y el aumento del paro, hechos que desencadenaron importantes conflictos laborales, sobre todo en la siderurgia y en la construcción naval.
También cabe destacar las inversiones en equipamientos y servicios públicos, las reformas en el terreno educativo, como la Ley de Reforma Universitaria (1983) y la LOGSE (1990), que prolongó la escolarización obligatoria y gratuita hasta los 16 años, y la despenalización de ciertos supuestos de aborto. A partir de 1990 se emprendieron nuevas reformas como la universalización de la asistencia sanitaria gratuita y el fortalecimiento de la protección del desempleo y del sistema público de pensiones.

En el terreno político, la hegemonía socialista se vio reforzada por su control de la mayoría de las Comunidades Autonómicas –a excepción de Cataluña y País Vasco –y de los ayuntamientos de las principales ciudades. En esta etapa se completó el mapa autonómico: se procedió al traspaso de las competencias, por lo que se produjo una notable descentralización de los gastos públicos y una redistribución de los funcionarios. Una de las medidas más ambiciosas del gobierno socialista fue la reforma de las fuerzas armadas, a las que pretendió modernizar y acabar con el peligro del golpismo. La reforma militar implicó una drástica reducción de la oficialidad, lo que se vio notablemente favorecido por la entrada de España en la OTAN (1986).


El gobierno de Felipe González tuvo que hacer frente al terrorismo de ETA, que causó 379 muertos durante toda la etapa de los gobiernos socialistas. Para neutralizar los efectos políticos del terrorismo se firmó el Pacto de Ajuria Enea (1988) entre todas las fuerzas políticas democráticas vascas.
El desgaste del gobierno
Las disensiones internas en el PSOE y en el propio Gobierno se evidenciaron cuando el vicepresidente Alfonso Guerra fue apartado del ejecutivo y de la dirección del partido. Además, a partir de 1992, una recesión económica de carácter internacional comportó un notable incremento de la inflación y el aumento del paro.
A esta situación se sumó el conocimiento público de algunos casos de corrupción que afectaban a socialistas (casos Filesa, Roldán, Juan Guerra, Mariano Rubio, etc) y de la existencia de una “guerra sucia” contra el terrorismo. Los GAL (Grupos Antiterroristas de Liberación) y el Batallón Vasco Español eran grupos armados vinculados a la policía y a la extrema derecha que realizaron algunos atentados contra presuntos miembros de ETA.
Los gobiernos del Partido Popular (1996-2004)
Las elecciones de marzo de 1996 fueron ganadas por el Partido Popular, denominación adoptada desde 1989 por Alianza Popular. Su nuevo líder, José María Aznar fue elegido presidente de Gobierno, pero al no tener mayoría absoluta, tuvo que buscar el apoyo de las formaciones nacionalistas (CIU, PNV y coalición Canaria).
El gobierno en minoría
El primer gobierno de Aznar tuvo una orientación centrista para mantener el apoyo de sus socios parlamentarios. Se fijó como tarea principal la contención de la crisis económica que desde 1992 había frenado el crecimiento e hizo aumentar la inflación, el déficit del Estado y la tasa de paro hasta el 22,9%.
El mayor logro económico del Gobierno fue alcanzar las condiciones que exigía la Unión Europea para el ingreso de España en el primer grupo de países que habrían de implantar el euro como moneda en el año 2002. Para ello se llevó a cabo una enorme operación de privatización de las principales empresas públicas españolas con el fin de recaudar el dinero suficiente para equilibrar el déficit de las cuentas del Estado.
Una de las cuestiones complejas que tuvo que afrontar el gobierno de Aznar fue su relación con el gobierno vasco (el PNV) y con el terrorismo de ETA. El secuestro y asesinato en 1997 del concejal del PP de Ermua Miguel Ángel Blanco provocó grandes movilizaciones de protesta, que el gobierno vasco interpretó como un frente antinacionalista, por lo que en 1998 potenció el Pacto de Lizarra, que incluía al PNV, EA y a la izquierda abertzale.
El gobierno con mayoría absoluta
En las elecciones de marzo de 2000, Aznar logró la mayoría absoluta. Durante este mandato modificó parte de la legislación de la etapa socialista e impulsó políticas recentralizadoras.

En el terreno educativo, introdujo la Ley Orgánica de Universidades, que reducía la autonomía universitaria, y la Ley Orgánica de Calidad de la Enseñanza (LOCE), que reestructuraba la enseñanza media.


En el terreno político se firmó el Pacto Antiterrorista entre el PP y el PSOE, y se aprobó la Ley de Partidos, que ilegalizó a Batasuna por no condenar la violencia, y la Ley de Extranjería, que regulaba la entrada de los extranjeros en España. Otra importante medida fue la supresión del servicio militar obligatorio y la creación de un ejército profesional.
El PP también impulsó algunos proyectos polémicos, como el Plan Hidrológico Nacional, que preveía el trasvase de agua del Ebro al Segura, y tuvo que enfrentarse al desastre ecológico provocados por el hundimiento del petrolero Prestige ante las costas gallegas (noviembre de 2002).
Además, la imposición de una reforma del subsidio de paro provocó una huelga general, el 20 de junio de 2002, que obligó al gobierno a retirarla.
El atentado de Atocha y las elecciones de 2004
El gobierno del PP modificó la política internacional española al alinearse con EEUU en detrimento de la tradicional orientación europea. En marzo de 2003 dio su apoyo a la invasión de Irak –que no contaba con la aprobación de la ONU- como respuesta a los atentados de Nueva York de 2001. La mayoría de la opinión pública española se opuso a esa intervención militar y hubo numerosas manifestaciones en las principales ciudades del país en contra de esa guerra.
En 2004, el presidente Aznar, que ya había decidido no presentarse a las elecciones generales, propuso como líder del PP a Mariano Rajoy, pero el 11 de marzo, tres días antes de los comicios, un atentado terrorista en la estación de Atocha de Madrid provocó 191 muertos y más de 1000 heridos.
El atentado alteró dramáticamente la campaña electoral, ya que el Gobierno atribuyó los atentados a ETA, cuando numerosas pistas indicaban su vinculación a la organización terrorista Al-Qaeda. Entonces se desató una “guerra informativa”, en cuyo fondo estaba latente la responsabilidad del gobierno del PP por haber apoyado la impopular guerra de Irak. Este fue un factor decisivo para la imprevista victoria electoral del PSOE de José Luis Rodríguez Zapatero.
LOS GOBIERNOS DEL SIGLO XXI (2004-20016)
Dos legislaturas socialistas (2004-20011)
Los socialistas obtuvieron la victoria en legislaturas consecutivas (42 y 43% de votos respectivamente). Desarrollaron una amplia labor legislativa de amplio calado cívico social (Ley para la Igualdad Efectiva entre Mujeres y Hombres; Ley de Dependencia; también se legisló sobre la Violencia de Género y se agilizaron los trámites del divorcio y de regularización de inmigrantes; por último, se modificó el Código Civil para permitir el matrimonio entre personas del mismo sexo). Por su simbolismo destacó la Ley de la Memoria Histórica que reconocía y dignificaba a las víctimas represaliadas por la Guerra Civil y el Franquismo.
La crisis financiera y sus consecuencias
La crisis financiera fue el problema más grave al que tuvo que hacer frente el gobierno socialista. La crisis se inició en el año 2007 en las bolsas internacionales, como consecuencia de las llamadas “hipotecas basura” y comportó un radical retroceso en la concesión de préstamos. En España repercutió muy negativamente en el mercado inmobiliario, muy endeudado e inmerso en procesos especulativos. El hundimiento del sector inmobiliario fue seguido de una crisis industrial derivada de las dificultades financieras de las empresas. Siguiendo indicaciones del FMI y de la UE a partir de 2010 el Gobierno tuvo que disminuir notablemente el gasto público para reducir el déficit. Así se impuso una política de austeridad que provocó el descontento de la población. Este se manifestó con el estallido del movimiento de los indignados (15 de mayo de 2011) en Madrid, Barcelona y otras grandes ciudades.
Los gobiernos del PP (2011-…)
En las elecciones del 20 noviembre de 2001 se produjo una victoria del PP (44% votos) que permitió a Mariano Rajoy formar gobierno. Ante la difícil situación económica el gobierno procedió a una subida de impuestos, a incrementar los recortes en gastos sociales (sanidad, educación y prestaciones) y a congelar el sueldo y el número de funcionarios. Se utilizaron grandes recursos económicos para sanear bancos y cajas y se sometía a una férrea disciplina financiera a autonomías y ayuntamientos. Se incentivó la privatización de algunos servicios públicos y se aprobó una nueva reforma laboral que incrementaba la precariedad. La destrucción de empleo duró hasta 2013 que llegó a 6,2 millones de personas (27% de la población activa).
El gobierno del PP hizo frente a casos de corrupción política (Bárcenas, Rato, Matas…)7 y al problema del estatuto catalán, que tras el enfrentamiento con la Generalitat derivó en un movimiento soberanista y llevaría a la formación de un gobierno independentista dirigido por Puigdemont.
Las elecciones de diciembre de 2015 dieron de nuevo la victoria al PP, aunque sufrió un notable retroceso de votos y escaños, que también afectó al PSOE. Nuevas formaciones políticas como Podemos o Ciudadanos irrumpieron con fuerza en el panorama político evidenciando la crisis del Bipartidismo. Al no haberse podido formar gobierno en 2016 volvieron a convocarse elecciones que de nuevo dieron la victoria al PP.


1 La UCD obtuvo la alcaldía de la mitad de las capitales de provincia. Pero en las grandes capitales y en gran número de ciudades importantes de rango medio la alcaldía recayó en socialistas o comunistas. En muchas de ellas la candidatura de UCD la más votada, pero sin obtener la mayoría absoluta de concejales, lo que permitió a comunistas y socialistas, en aplicación del pacto municipal entre PSOE y PCE, sumar los votos y formar de este modo gobiernos de coalición en los ayuntamientos. La mayoría de los alcaldes y concejales elegidos en el País Vasco y Cataluña pertenecían a los partidos nacionalistas.

2 Mecanismo propio de los regímenes parlamentarios, para ejercer el control del parlamento sobre el Gobierno. En el sistema español un grupo de diputados del Congreso –al menos la décima parte- puede presentar por escrito y con alegación de motivos una moción de censura contra el gobierno en su totalidad, proponiendo un candidato alternativo a la presidencia y un programa de gobierno. Si tras el debate parlamentario la mayoría absoluta del Congreso aprueba la moción, el nuevo candidato forma gobierno.

3 En la tarde del 23 de febrero, mientras, se procedía a la votación de Calvo Sotelo como nuevo presidente de gobierno, el Congreso de los diputados fue asaltado por un grupo de guardias civiles –al mando del teniente coronel Tejero-, que retuvieron por la fuerza al gobierno y al Congreso en pleno durante toda la noche, mientras se mantenían conversaciones y contactos que todavía están por aclarar en su mayor parte. En Valencia el capitán de la III Región Militar, Miláns del Bosch, decretó incluso el estado de excepción y los tanques ocuparon las calles de la ciudad.

4 Los acuerdos con el PSOE permitieron salir del estancamiento y elaborar otros nueve Estatutos de Autonomía, que se aprobaron entre 1981 y 1982: Asturias, Cantabria, Navarra, La Rioja, Aragón, Valencia, Murcia, Castilla-La Mancha y Canarias. Sólo quedaron pendientes las autonomías de Madrid, Castilla y León, Extremadura y Baleares, que se resolverían en 1983, durante el gobierno socialista.

5 Esta actuación de gobierno levantó una ola de protestas y manifestaciones populares, y rompió con el tradicional consenso que había caracterizado hasta entonces a la política exterior. El PSOE se comprometió, si ganaba las elecciones, a someter a referéndum nacional la permanencia de España en la OTAN. Una vez en el poder, los socialistas convocaron el referéndum prometido –en 1986-, pero solicitaron el voto a favor de la permanencia, que se impuso por una ajustadísima mayoría (el 52%).

6 La UCD y el PCE se hundieron en estas elecciones, Alianza Popular pasó a ser el principal partido de la Oposición.

7 Otros partidos como el PSOE y Convergencia hacían también frente a casos de corrupción en sus partidos (ERE, Púnica, Palau, Pujol…).


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