Camara de representantes



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GOBIERNO DE PUERTO RICO
18va. Asamblea 1ra. Sesión

Legislativa Ordinaria



CAMARA DE REPRESENTANTES



P. de la C. 843
28 DE FEBRERO DE 2017
Presentado por el representante Del Valle Colón
Referido a las Comisiones de Hacienda, Presupuesto y de la Supervisión, Administración y Estabilidad Económica de Puerto Rico, “PROMESA”;

y de Seguridad Pública


LEY
Para enmendar el Artículo 8 de la Ley Núm. 254 de 27 de julio de 1974, según enmendada, que confiere al Superintendente de la Policía de Puerto Rico la autoridad para emitir los denominados “certificados de antecedentes penales”, a los fines de disponer que corresponderá a dicho Cuerpo colectar y utilizar para cubrir gastos administrativos de aquellos dineros derivados del cobro de la expedición de los mismos; y para otros fines relacionados.
EXPOSICION DE MOTIVOS
Mediante la Ley Núm. 254 de 27 de julio de 1974, según enmendada, se autorizó a la Policía de Puerto Rico la expedición de una certificación, denominada “Certificado de Antecedentes Penales”, contentiva de una relación de las sentencias condenatorias que aparezcan archivadas en el expediente de cada persona que, por haber sido sentenciada en cualquier Tribunal de Justicia del Estado Libre Asociado de Puerto Rico, o de cualquier otra jurisdicción local, estatal o federal de los Estados Unidos de América, ya tenga un expediente abierto en dicha dependencia o en cualquier otra dependencia análoga o sistema de datos oficial de cualquier jurisdicción local, estatal o federal de los Estados Unidos de América.
Actualmente, toda persona que solicite un certificado de antecedentes penales tiene que comprar un dólar cincuenta centavos en sellos de rentas internas los cuales se remiten al Departamento de Hacienda, para que, a su vez, se depositen en el Fondo General del Gobierno de Puerto Rico.
Sin embargo, no se toma en cuenta que es el Superintendente de la Policía quien ha tenido la responsabilidad de emplear el personal, adquirir el equipo y materiales y preparar los impresos que sean necesarios a los fines de que se puedan emitir las referidas certificaciones. El gasto de personal, impresos y otros administrativos obligan al Superintendente de la Policía incurrir en un egreso de ocho dólares, lo que por mucho, supera los que el Estado factura por la emisión de los susodichos certificados.
La presente Ley tiene el propósito de disponer que corresponda, no al Secretario de Hacienda, sino a la Policía de Puerto Rico, colectar y utilizar para cubrir gastos administrativos aquellos dineros derivados del cobro de la expedición de los certificados de antecedentes penales.
Estimamos que en consideración a la grave situación fiscal que experimenta el Cuerpo de la Policía de Puerto Rico, se hace imperativo dotarla de las herramientas necesarias para su cabal funcionamiento.
DECRETASE POR LA ASAMBLEA LEGISLATIVA DE PUERTO RICO:


Sección 1.-Se enmienda el Artículo 8 de la Ley Núm. 254 de 27 de julio de 1974, según enmendada, para que lea como sigue:

“Artículo 8.-Solicitudes; derechos

Cualquier persona podrá solicitar un Certificado de Antecedentes Penales de determinada persona, siempre que pague los correspondientes derechos que [se fijan por ley.] por orden administrativa establezca el Superintendente. Disponiéndose; que los fondos que se deriven de lo aquí señalado podrán ser utilizados en la Policía de Puerto Rico para cubrir gastos administrativos.

Sección 2.-Cualquier Ley o parte de Ley que contravenga esta queda por la presente derogada.



Sección 3.-Esta Ley entrará en vigor inmediatamente después de su aprobación. No obstante, se conceden noventa (90) días al Superintendente de la Policía para que promulgue o enmienda aquella reglamentación que estime pertinente.




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