Caro romina beatriz c/ hospital interzonal gral



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"CARO ROMINA BEATRIZ C/ HOSPITAL INTERZONAL GRAL.AGUDOS "SAN JOSE" DE PERGAMINO Y OTROS S/ PRETENSION INDEMNIZATORIA - OTROS JUICIOS",

En la ciudad de San Nicolás de los Arroyos, a los 22 días del mes de septiembre de 2016, la Cámara de Apelación en lo Contencioso Administrativo con asiento en San Nicolás, integrada por los Dres. Damián Nicolás Cebey, Marcelo José Schreginger y Cristina Yolanda Valdez, se reúne en Acuerdo Ordinario para dictar sentencia definitiva en los autos "CARO ROMINA BEATRIZ C/ HOSPITAL INTERZONAL GRAL.AGUDOS "SAN JOSE" DE PERGAMINO Y OTROS S/ PRETENSION INDEMNIZATORIA - OTROS JUICIOS", en trámite bajo el n° 2262-2016.

Según el sorteo efectuado se estableció el siguiente orden de votación: Dres. Cristina Yolanda Valdez, Damián Nicolás Cebey y Marcelo José Schreginger.

ANTECEDENTES

1) A fs. 14/33 se presenta la actora, Sra. Romina Beatriz Caro, e inicia la presente demanda de indemnización por daños y perjuicios contra el Hospital Interzonal General de Agudos "San José" (H.IG.A.) de Pergamino y/o contra la Sra. Inés Ventura, por la suma de Pesos Cuatrocientos Once Mil ($.411.000) y/o lo que en más o en menos surja de la prueba a producir, con más los intereses desde el momento de la producción del daño, e imposición de costas a la contraria.

Relata la accionante que el día 19 de diciembre de 2009 a la hora 01:00, estando embarazada -a término-, fue internada para tener su bebé en el Servicio de Obstetricia del Hospital ‘San José’ de Pergamino, con ruptura prematura de bolsa.

Sostiene que, efectuados los controles médicos, se arriba a la conclusión de la necesidad de efectuar una cesárea, la que se cumple el mismo día a la hora 20:00, por parte de la Dra. Ventura.

Afirma que, en los primeros instantes del postoperatorio, no se observan signos o síntomas de alarma médica, y que el día 23 de diciembre la paciente se encontraba en condiciones de egreso y control por consultorio externo, pero -ante condiciones desfavorables de mal estado general- se anula el alta, hallándose abundante cantidad de líquido en cavidad abdomino-pelviana, ante lo cual se le efectúa una laparotomía exploradora, por presencia de abdomen agudo y peritonitis fibrico-purulenta, y que -debido a la falta de mejoría de su estado de salud- se le efectúa una histerectomía con sección de trompas, a cargo de Dres. Dorgambide-Arocena.

Responsabiliza al Estado Provincial y a la Dra. Inés Ventura como profesional médico interviniente en el tratamiento que le fuera aplicado en el nosocomio local; asevera que el Hospital ‘San José’ debe responder por el grave error cometido por sus dependientes, y por el incumplimiento de la obligación de seguridad a su cargo.

Con relación al daño esgrimido, solicita los siguientes rubros: 1) Incapacidad sobreviniente [Pesos Ciento Quince Mil ($115.000)], 2) daño estético grave [Pesos Noventa y Cinco Mil ($ 95.000)], 3) Daño moral [Pesos Setenta y Nueve Mil ($ 79.000)], 4) Daño psíquico sobreviniente [Pesos cuarenta y Dos Mil ($42.000)].

Funda en derecho, ofrece prueba, plantea el caso federal y solicita se haga lugar al reclamo con costas.

2) A fs. 50/59 se presenta el Dr. Carlos E. Gorordo Volpi, en su carácter de apoderado de la Fiscalía de Estado de la Provincia de Buenos Aires.

Comienza por negar todos y cada uno de los hechos, como el derecho invocado por la actora en su demanda, y solicita su rechazo con expresa imposición de costas.

Relata el modo en que -a su criterio- sucedieron los hechos; dice que la paciente fue portadora de una complicación infecciosa post-cesárea abdominal, endometritis, la cual no se relaciona para nada con la praxis médica; y sostiene que la obligación del servicio médico hospitalario es de medios y no de resultado; y que, con todo, no cabe la procedencia de la responsabilidad estatal por falta de servicio, toda vez que la actora habría sido debidamente tratada en el Hospital ‘San José’ de Pergamino.

Defiende la improcedencia de los rubros resarcitorios reclamados; funda en derecho; ofrece prueba; plantea caso federal y solicita se rechace la demanda con costas.

3) A fs. 90/101vta. se presentan los Dres. Fabián Héctor Melian y Adrián Guillermo López Spadaro, en el carácter de representantes de la Sra. Inés María Ventura, por quien invocan la franquicia del artículo 48 del CPCC, y solicitan la citación en garantía a "Prudencia Seguros S.A.".

Además, manifiestan que la cédula de traslado de la demanda constituyó la primera noticia recibida por la Dra. Ventura respecto de los supuestos hechos invocados en la demanda.

Efectúan las negativas de rigor, y rechazan procedencia de los rubros indemnizatorios citados en la demanda; y, en lo esencial, ratifican la versión de los hechos expresada por Fiscalía de Estado.

Fundan en derecho; ofrecen prueba; se oponen a toda actualización monetaria; plantean caso federal y solicitan se rechace la demanda con costas.

4) A fs. 128/139, se presenta “Prudencia Cía. Argentina de Seguros Generales”, a través de sus apoderados Dres. Fabián Héctor Melian y Adrián Guillermo López Spadaro, y contesta la citación en garantía efectuada, ratificando los términos del escrito presentado por parte de la Sra. Ventura.

5) A fs. 317/328 vta. el Magistrado de grado dicta sentencia; resuelve hacer lugar a la demanda seguida por la actora contra la Provincia de Buenos Aires e Inés María del Huerto Ventura condenando a éstas a pagar, dentro del plazo de sesenta (60) días la suma de Pesos Doscientos Tres Mil ($.203.000), con más los intereses desde el 19/12/09 -fecha de la actuación irregular de la demandada- hasta el efectivo pago, calculados conforme la Tasa Pasiva - Plazo Fijo Digital a treinta (30) días del Banco de la Provincia de Buenos Aires, o la similar que la reemplace, hasta el efectivo pago de la indemnización fijada.

Y hace extensiva la condena a la compañía de seguros citada en garantía “Prudencia Cía. Argentina de Seguros Generales”, de conformidad con lo establecido por el artículo 118 de la ley n° 17.418 y bajo los términos del seguro contratado.

Impone las costas a las demandadas y a la citada en garantía, y difiere la regulación de los honorarios de los letrados y peritos hasta la aprobación de la liquidación correspondiente.

Para así resolver, analiza la prueba que estima conducente para la resolución del conflicto, y trayendo a colación la aplicación del principio iura novit curia describe el derecho aplicable; aclara que la relación jurídica entre las partes se ha consumado antes del advenimiento del actual Código Civil y Comercial de la Nación, por lo que la presente debe ser juzgada de acuerdo con el sistema del anterior Código Civil, citando jurisprudencia.

Bajo dicho cuadro normativo, y teniendo por acreditadas las circunstancias fácticas del hecho denunciado en demanda, analiza cada una de las responsabilidades atribuidas a las codemandadas.

Con relación a la Dra. Inés María del Huerto Ventura, entiende que la responsabilidad atribuida a ésta será procedente en el caso si se acredita el cumplimiento de los requisitos necesarios, a saber: a) el hecho antijurídico o falta médica del galeno, b) el daño o perjuicio ocasionado, y c) la relación de causalidad entre los anteriores requisitos; ello ponderado a la luz de la regla básica que determina que estamos en presencia de una "obligación de medios" por parte del médico.

Considera que el hecho antijurídico respecto de la codemandada Ventura se encuentra presente al existir una actuación irregular médica imputable a la galena interviniente, quien resulta responsable al disponer una ‘cesárea’ a la actora de manera incorrecta y equivocada, que derivó en definitiva, previo cuadro grave séptico en la zona de su útero, en la cirugía de histerectomía con sección de trompas, lo cual constituyó un actuar negligente de la nombrada (refiere a la prueba rendida en autos).

Respecto del “daño”, señala que [con los informes obrantes tanto a fs. 234/245 y 255/256 (pericia médica), como a fs. 272/275 (pericia psicológica), a cuyos términos remite en honor a la brevedad] están acreditados los padecimientos y daños en la persona de la actora, teniéndose por cumplido este requisito.

Sostiene que la ‘relación de causalidad’ surge con meridiana claridad en tanto el obrar negligente de la profesional codemandada ha contribuido de forma necesaria al acaecimiento del daño, es decir, ha generado una situación dañosa a la paciente que no hubiera llegado a sufrir de haber sido correctamente atendido.

Con cita de jurisprudencia, tiene acreditada la falta de debida diligencia médica de la profesional médica interviniente, así como la conexión causal adecuada entre esa acción u omisión y el perjuicio ocasionado en la actora.

Concluye que la codemandada Ventura debe responder conforme los artículos 902, 1109 y cc. del Código Civil; haciendo extensiva la condena a la citada en garantía, compañía aseguradora “Prudencia Compañía Argentina de Seguros Generales Sociedad Anónima” siempre dentro de los límites de la cobertura contratada por la nombrada.

Respecto de la responsabilidad de la co-demandada Provincia de Buenos Aires (Hospital Interzonal General de Agudos ‘San José’ de Pergamino), destaca que el Estado Provincial -en cuya órbita se encuentra el citado nosocomio- debe responder como consecuencia de configurarse la responsabilidad extracontractual del Estado por su actividad ilícita. Refiere a los presupuestos del artículo 1112 del Código Civil, y jurisprudencia en la materia.

Recuerda que la responsabilidad estatal es directa y objetiva pues prescinde de la culpa del agente; en orden a ello y a las constancias obrantes en autos, entiende procedente la responsabilidad que se imputa al estado Provincial por una falta en el desempeño del servicio hospitalario, y por el cual el Estado se ve obligado a reparar, toda vez que existe relación de causalidad adecuada entre el hecho que se imputa a la Administración y el daño producido, cabiendo atribuir a aquélla el deber de resarcir el daño.

Dice que el Estado resulta responsable extracontractualmente, ante la ‘falta de servicio’ y el factor de atribución objetiva al resultado directamente imputable, conforme la interpretación del artículo 1112 del Código Civil.

En cuanto a los rubros indemnizatorios, rechaza la incapacidad sobreviniente y el daño estético, señalando que no pueden ser atendidos en la forma peticionada, sin perjuicio que la ponderación de dichas circunstancias con relación a los otros rubros indemnizatorios.

Entendió procedente el reclamo por Gastos de atención médica, y fijó los mismos en la suma de Pesos Tres Mil ($.3.000).

Igualmente hace lugar al daño moral y reconoce por este concepto el monto de Pesos Noventa Mil ($.90.000); aclara -con relación a ello- que si bien la indemnización fijada asciende a un monto mayor que el reclamado, es que -de acuerdo con la prueba rendida en la causa y los demás aspectos señalados con anterioridad- entiende que la retribución justa debe ser en definitiva la que se fija.

En lo atinente al daño psicológico, teniendo en cuenta la pericia psicológica, y respecto del grado de incapacidad sobreviviente que padece la actora, como su edad, condición física actual, ocupación y demás condiciones relevantes al efecto, fija la indemnización en este punto en la suma de Pesos Setenta Mil ($.70.000).

En orden al daño a la vida de relación y daño al proyecto de vida, recurre a jurisprudencia para ponderar las secuelas comprobadas en la accionante y las condiciones personales de la actora, y otorga por dicho rubro la suma de Pesos Cuarenta Mil ($.40.000).

No hace lugar a la solicitud de aplicación de la tasa de interés activa, señalando que no advierte razones que propicien una solución distinta a la que arriba, señalando la respectiva doctrina de la SCBA.

6) De dicho resolutorio se agravian las partes, expresando sus agravios: -

6) 1) A fs. 335/340 la actora expresa que, coincidiendo en lo sustancial con la decisión de grado, disiente en cuanto la reparación otorgada no es plena e integral como pregona la SCBA.

Se queja del rechazo del rubro incapacidad sobreviniente por entender que no sólo debe apreciarse para ello el aspecto laborativo, sino todas las actividades del sujeto y de la proyección que la referida incapacidad tiene sobre la personalidad integral de la persona, debiendo tenerse en cuenta la edad, y sexo del accidentado y la incidencia que, en su caso, tiene aquella para sus futuras posibilidades, cita jurisprudencia.

Destaca que se la ha condenado a la esterilidad, y que ese menoscabo adquiere para quien lo sufre un relieve verdaderamente catastrófico, no sólo por su intensidad sino también por su irreversible perdurabilidad.

Además, se queja del rechazo de rubro daño estético considerando que la sentencia posterga la justipreciación de este punto para ser tratado en ocasión de ponderación el rubro daño moral, que -si bien ello resulta concordante con el criterio doctrinario y jurisprudencial- la aqueja que se haya omitido tal ponderación al tratar la procedencia del daño moral.

Por último, critica la cuantificación del rubro daño moral por bajo, destacando que es engañoso como pretende el juzgador decir que dicho monto es superior al pretendido en demanda cuando el mero transcurso del tiempo demuestra que lo otorgado constituye una cuarta parte de lo reclamado, e itera que el sentenciante nada dijo respecto del daño estético.

6) 2) A fs. 341/343 la demandada se agravia del resolutorio, defendiendo la inexistencia de la relación causal entre la cesárea y el daño causado; alega que la complicación infecciosa post cesárea abdominal, endometritis, no se relaciona para nada con la praxis médica.

Dice que el fallo yerra al enlazar causalmente la prematura realización de la cesárea con la infección post parto; que, además, hace una interpretación absurda de la pericia producida, y concluye en la equivocación médica al no esperar la progresión del parto y en el aumento de riesgo de infección luego de una operación cesárea, pero no determina que la realización de la cesárea no indicada al momento de decidida haya tenido incidencia causal en la producción de la complicación posterior sufrida por la actora.

También se queja por entender que se fija la suma resarcitoria sin establecer mayores precisiones, destacando que la actora debió solicitar una prueba pericial específica y no lo hizo, razón por la cual las sumas de dinero que se establecen en la sentencia corresponden solamente a rubros que pueden ser incluidos dentro del daño moral, como que no ha tenido en cuenta el juzgador o por lo menos no menciona los parámetros utilizados para la fijación del monto. Cita jurisprudencia.

Itera la reserva del caso federal.

6) 3) A fs. 344/346 la Aseguradora y la Dra. Ventura exponen su queja contra lo decidido por el a quo, con relación al nexo causal. Critican que, para responsabilizar a la profesional médica, es necesario formular un juicio de probabilidad, determinando que el perjuicio sufrido por la actora no sólo se halla en conexión causal con el accionar de la médica, sino que la galena tuvo culpa en el mismo, y que todas esas circunstancias no han sido acreditas en autos.

Califican de correcto el obrar de la médica, llegando a un razonamiento contrario al expuesto por el sentenciante; dicen que la historia clínica y la cronología de los hechos dan cuenta de que la Dra. Ventura desenvolvió sus tareas con total aptitud e idoneidad, todo lo cual surge de las probanzas de autos.

Mantiene la reserva del caso federal.

7) Dichos planteos recursivos fueron contestados conforme surge de fs. 350/353 (actora) y fs. 358/360 (Aseguradora y Dra. Ventura).

8) Arribados los autos a esta instancia, y firme el llamado de autos para resolver de fs. 374/375, esta Cámara estableció la siguiente

CUESTIÓN:

¿Es justa la sentencia apelada?

VOTACIÓN:

La Dra. Valdez dijo: -

I. En vista de los antecedentes reseñados, corresponde analizar los recursos de apelación interpuestos por la parte actora (fs. 335/340), Fiscalía de Estado (fs. 341/343) y la que efectúan en conjunto Aseguradora y la Dra. Ventura (fs. 344/346) contra la sentencia de grado que hace lugar a la demanda, condenando a la Provincia de Buenos Aires e Inés María del Huerto Ventura a pagar a la actora, la suma de Pesos Doscientos Tres Mil ($.203.000), con más los intereses desde el 19/12/09 -fecha de la actuación irregular de la demandada- hasta el efectivo pago, calculados conforme la Tasa Pasiva – Plazo Fijo Digital a treinta (30) días del Banco de la Provincia de Buenos Aires, o la similar que la reemplace, hasta el efectivo pago de la indemnización fijada; y en la que el a quo hace extensiva la condena a la compañía de seguros citada en garantía “Prudencia Cía. Argentina de Seguros Generales”, de conformidad con lo establecido por el artículo 118 de la ley n° 17.418 y bajo los términos del seguro contratado.

En el fallo, el Magistrado tiene acreditada la conexión causal adecuada entre la falta de debida diligencia de la profesional médica interviniente -por acción u omisión- y el perjuicio ocasionado en la actora, concluyendo que Ventura debe responder conforme los artículos 902, 1109 y cc. del Código Civil, y hace extensiva la condena a la citada en garantía, compañía aseguradora “Prudencia Compañía Argentina de Seguros Generales Sociedad Anónima” siempre dentro de los límites de la cobertura contratada por la nombrada.

Respecto de la Provincia de Buenos Aires (Hospital Interzonal General de Agudos ‘San José’ de Pergamino), también la responsabiliza al entender configurada la responsabilidad extracontractual del Estado por su actividad ilícita, conforme el artículo 1112 del Código Civil, y jurisprudencia en la materia.

II. Tanto Fiscalía de Estado como la Aseguradora y la Dra. Ventura se agraviaron del resolutorio -en resumen- defendiendo la inexistencia de la relación causal entre la cesárea y el daño causado, como que el juzgador hace una interpretación absurda de la pericia producida, la cual no determina que la realización de la cesárea no indicada al momento de decidida haya tenido incidencia causal en la producción de la complicación posterior sufrida por la actora.

Además, exponen la falta de culpa por parte de la profesional, dicen que su actuar fue el correcto, y que de ello da cuenta la historia clínica y la cronología de los hechos.

El Fisco, además, se queja de la suma resarcitoria otorgada sin mayores precisiones, destacando que la actora debió solicitar una prueba pericial específica y no lo hizo.

Por su parte, la actora expresa como agravios que la reparación otorgada no es plena e integral como pregona la SCBA, que el rechazo del rubro incapacidad sobreviniente no es acorde a derecho, toda vez que no sólo debe apreciarse para ello el aspecto laborativo, sino todas las actividades del sujeto y de la proyección que la referida incapacidad -esterilidad- tiene sobre la personalidad integral de la persona; y que engañosamente no se consideró el rubro daño estético junto al punto daño moral, como que el monto asignado a este último resulta insuficiente.

III. En ese orden, comenzaré por dar tratamiento al intento recursivo de las codemandadas, principiando por sostener que -tal como se encuentra planteado el recurso- lo medular de la queja radica sobre la interpretación que el Magistrado de grado efectuó de las piezas probatorias aportadas en autos, en especial de la prueba pericial médica para tener por acreditado el nexo causal.

Ante ello, y en forma preliminar, debo precisar que la valoración de la prueba es el acto mediante el cual el órgano judicial, en oportunidad de dictar sentencia, se pronuncia respecto de la eficacia o atendibilidad de aquélla para formar su convicción, meritando las que fueren esenciales y decisivas para el fallo de la causa. En esa tarea de evaluación, al juez corresponde ponderar las pruebas rendidas por las partes de conformidad con las reglas de la sana crítica (artículo 384 del CPCC por remisión del artículo 77 CCA.).

La Suprema Corte bonaerense (Ac. 49.685, "De Leo, José c/ García, Basilio Francisco y otro. Cobro de pesos") ha dicho: -

"También se ha resuelto que cuando se pretende impugnar las conclusiones de un pronunciamiento sobre las cuestiones fácticas de la litis, no basta con presentar la propia versión del quejoso sobre el mérito de las mismas, sino que es necesario realizar un juicio crítico de los razonamientos desarrollados por el sentenciante y demostrar cabalmente que padecen de un error grave, palmario y fundamental (conf. causas Ac. 44.240, sent. del 28-V-91; Ac. 43.900, sent. del 30-IV-91; etc.). Y ello porque el absurdo no queda configurado aun cuando el criterio de los sentenciantes pudiera ser calificado de objetable, discutible o poco convincente porque se requiere algo más; que la conclusión a la que se limita resulte inconciliable con las constancias objetivas de la causa (con. causas Ac. 45.683, sent. del 8-IX-92; Ac. 46.208, snt. del 5-III-91; entre otras)."

Conforme surge del resolutorio atacado, el Magistrado de grado -al momento de evaluar el material probatorio, entre otros elementos- aprecia la Historia Clínica (fs. 4); Libreta Sanitaria Materno Infantil del hijo de la actora (fs. 5), dos certificados médicos de la actora (fs. 7); informe médico pericial suscripto por los Dres. Rubén A. Neme y Juan J. Granillo Fernández, ambos médicos legistas en Obstetricia (fs. 234/245 y 255/256), también la pericial psicológica de fs. 272/275, entre otros.

Con base en dicha apreciación, el sentenciante considera: -

"...debo señalar que a juicio de quien suscribe, el plexo probatorio de esta causa permite tener por acreditado que existió una actuación regular médica imputable a la galena interviniente, quien resultó responsable al disponer una ´cesárea ´a la actora de manera incorrecta y equivocada, que derivó en definitiva, previo cuadro grave séptico en la zona de su útero, en la cirugía de histerectomía con sección de trompas, lo cual constituyó un actuar negligente de la nombrada (ver informes obrantes a fs. 234/245 y 255/256), recordando en el caso que ‘...cuando el profesional incurre en la omisión de las diligencias correspondientes a la naturaleza de su prestación, ya sea por impericia, imprudencia o negligencia, falta a la obligación y se coloca en la posición del deudor culpable’ en los término del artículo 512 del Código Civil (conf. doctrina de la SCBA in re ‘Martínez, Paula Alejandra c/ Poncet, Lidya y otros s/daños y perjuicios’ del 07/02/01 y sus citas, entre otros).".

De modo que el a quo ha valorado las probanzas efectuadas, dando preeminencia a la pericial médica, y las consideró válidas para tener por determinado la conducta reprochable de la codemandada y por ende la responsabilidad endilgada.

Respecto de ello, tiene dicho la jurisprudencia: -

"La apreciación de la prueba es la actividad intelectual que realiza el juez para determinar la fuerza probatoria relativa que tiene cada uno de los medios de prueba en su comparación con los demás, para llegar al resultado de la correspondencia que en su conjunto debe atribuirles respecto de la versión fáctica, suministrada por las partes", CNCom., Sala A, 4/9/79, LL, T. 1980-A, página 94.

Así, el Juzgador no tiene el deber de tratar todas y cada una de las argumentaciones de las partes, sino tan sólo aquéllas que estimen que posean relevancia para sustentar sus conclusiones (fallos 258:304; 262:222; 265:301; 272: 225; 308:2172; 301: 267) (CNCom., Sala A "José Lozano S.A. c/ Banco Río de la Plata S.A. s/ ordinario" del 21/11/00).

Considero que el intento apelatorio de las demandadas no resulta de peso suficiente como para desvirtuar el análisis efectuado por el juez de instancia, quien bien pondera las conclusiones de los expertos médicos que resultan contundentes a la hora de determinar que: -

"De lo anteriormente expuesto surge que la indicación de la inducción del parto, en una paciente con ruptura prematura de membranas, con embarazo de 36.6 semanas, fue adecuada, pero se advierte que no se ha dado cumplimiento al protocolo de dicha indicación, en la cual, la medicación uteroconstrictora (oxitocina) que se administra por vía endovenosa para provocar contracciones uterinas rítmicas y regulares con el fin de desencadenar el trabajo de parto, requería de varias horas para evaluar la respuesta de la misma. De acuerdo a ello, se irá incrementando paulatinamente la dosis necesaria para lograr una actividad uterina (contracciones similares a las del trabajo de parto y así poder determinar la evolución de la inducción. Por lo tanto, la cesárea por falta de progresión una hora y 10 minutos luego de comenzada la inducción fue incorrecta, pues no es posible diagnosticar una falta de progresión del trabajo de parto, en ese corto plazo.

Por otro lado, tampoco hay constancias de sufrimiento fetal como indicación de la cesárea" (he resaltado en negrita).

No es de olvidar que el artículo 474 del CPCC -aplicable por remisión artículo 77 CPCA- establece: -

"La fuerza probatoria del dictamen pericial será estimada por el juez teniendo en consideración la competencias de los peritos, la uniformidad o disconformidad de sus opiniones, los principios científicos en que se fundan, la concordancia de su aplicación con las reglas de la sana crítica y demás pruebas y elementos de convicción que la causa ofrezca".

Pondero, además, que la historia clínica arrimada a la causa (que permite documentar los sucesos durante el tratamiento), pese a haber sido confeccionada en forma ilegible parcialmente, ha permitido al perito arribar a las conclusiones antedichas y que los quejosos no han podido desvirtuar pese a las impugnaciones, conforme la sana crítica del a quo como la mía propia (artículo 384 CPCC, artículo 77 CCA).

Dicho ello, teniendo por acreditado el nexo causal y -por ende- la responsabilidad de las codemandadas en el hecho cuya reparación pretende la accionante, corresponde ahora referirme al agravio del Fisco, en cuanto a que los rubros indemnizatorios se han fijado sin dar mayores precisiones.

Este agravio tampoco puede prosperar; entiendo que carece de una crítica razonada y concreta del decisorio de la anterior instancia, por cuanto el Fisco -alegando la falta de realización de una prueba pericial específica por parte de la demandante- se ha limitado a sostener que los rubros considerados por el sentenciante debieron ser incluidos dentro del daño moral, sin especificar razones; sólo cita jurisprudencia (artículos 56 inciso 3 del CCA, 260 y 261 CPCC).

IV. Respecto del recurso actoral, se agravia esta parte del rechazo del rubro incapacidad sobreviniente, de la no cuantificación del punto daño estético y del escaso valor dado al daño moral.

Advierto que en demanda, la actora solicita como indemnización la suma total de Pesos Cuatrocientos Once Mil ($.411.000), y/o lo que en más y/o en menos se determine de la prueba a producirse en autos, con más intereses que se determinen, desde la fecha del ilícito hasta su pago efectivo.

En sentencia se le reconoce la suma total Pesos Doscientos Tres Mil ($.203.000) con más los intereses desde el 19-12-09 hasta el efectivo pago, con aplicación de la tasa pasiva plazo fijo digital del Banco de la Provincia de Buenos Aires.

En este punto, entiendo necesario aclarar que es tarea del Juez fijar la cuantía de la indemnización, y cuando las características del caso ello no fuere posible, establecer las bases para la liquidación del monto indemnizable (artículo 50 inciso 7 CCA). Dicha facultad discrecional debe ser ejercida de manera prudente, razonable y fundada, sin arribar a un monto desproporcionado ni uno insignificante, y a los efectos de que tal juicio de equidad no signifique arbitrariedad.

Se ha sostenido: -

"La cuantificación de las reparaciones debidas constituye una tarea propia de los jueces de las instancias de mérito, y sólo pueden ser objeto de revisión ante la Corte cuando se pone en evidencia que aquélla es el resultado de un razonamiento absurdo", SCBA, 3/5/2000, “Núñez, Jorge Daniel c/ Empresa de Transportes Martín Güemes y otro s/ daños y perjuicios”, en DJBA 158, 217.

Dicho ello, y entrando en el análisis del primero de los agravios actorales, donde se cuestiona el rechazo del rubro incapacidad, he de recordar que en demanda justifica la procedencia de este rubro en la suma de Pesos Ciento Quince Mil ($.115.000) atendiendo su situación personal, la imposibilidad de ampliar su grupo familiar al haber quedado estéril, y la temprana edad con la que contaba, al ocurrir el hecho.

El Juez de grado resuelve el rechazo de este rubro considerando la incapacidad guarda íntima relación con la capacidad laboral de la persona y que por lo tanto, al no haber acreditado la actora en la causa, que dicha disvaliosa situación personal pueda repercutir en sus actividades lucrativas, o que se haya imposibilitado de manera considerable e importante su inserción en el mercado laboral, no corresponde su otorgamiento.

En el informe pericial de fs. 234/245, los expertos médicos intervinientes dijeron:

“La incapacidad para engendrar es el 100%. Con relación a otras incapacidades sobrevinientes, deberá intervenir especialista en Medicina Laboral".

También dijeron: -

"Con relación a las cirugías realizadas, la paciente puede mantener relaciones sexuales; no puede quedar embarazada".

Cabe aquí recordar que, en cuanto al concepto de incapacidad en un sentido amplio, que ya expusiéramos en expte. 1901-2014 caratulado "Acosta Sergio Raúl c/ Municipalidad de Pergamino s/ pretension indemnizatoria - otros juicios", el Dr. Roncoroni ha dicho (en sentencia del 24 de mayo de 2006 en la causa Ac. 90.471, "K., J. H. contra Pagano de Báez, Alicia y ot. Daños y perjuicios"): -

“También he expresado en la causa L. 70.185 (sent. del 23X2002), que hoy, bajo el vocablo incapacidad han de computarse a los efectos de una reparación plena: a) la lesión en sí misma como ofensa a la integridad corporal del individuo (incapacidad estrictamente física); b) el detrimento que ello produce en su aptitud de trabajo (incapacidad laboral); c) el menoscabo que además, apareja en su vida de relación toda, al amenguar y dificultar sus interrelaciones con los otros en el plano social, cultural, deportivo, lúdico, sexual, etc., al lado de similares inconvenientes e impedimentos en sus relaciones con las cosas (para lo que puede utilizarse la denominación de incapacidad o disminución de la capacidad integral del sujeto); d) el daño o incapacidad estética y e) el daño o incapacidad psicológica, cuando estos dos últimos perjuicios no son tarifados en forma autónoma y diferenciada de aquella tríada de minusvalías que, al presente y por lo general, se consideran integrativas de la incapacidad sobreviniente a indemnizar.”

Así también se ha dicho: -

“Al emplearse la expresión ‘incapacidad sobreviniente’, se alude sintéticamente a la pérdida o disminución que el sujeto experimenta en su potencialidad física o psíquica, para los diversos desempeños de todo orden que exige de una persona la vida diaria y desde un punto de vista crematístico y simplificador, se alude a la capacidad productiva pero no en un estricto sentido, sino con referencia a que esta actividad produce o da lugar a resultados susceptibles de apreciación pecuniaria, aunque de hecho carezcan de la finalidad específica de generar ingresos” (Sala 3ª de la Excma. Cámara de Apelaciones en lo Civil y Comercial del Departamento Judicial Mercedes, sentencia del 31 de marzo de 2009 en autos “Díaz, María Luisa C/ Banco de la Provincia de Bs. As. S/ Daños y perjuicios”).

Además: -

"Toda lesión física de carácter permanente debe ser reparada ocasiones o no daño económico, ya que se trata de un valor del cual la víctima se vio privada aunque no realizara actividad lucrativa, habida cuenta que lo que amerita la procedencia de la indemnización no radica solamente en la faz laborativa, sino que se extiende a todas las consecuencias y minusvalías que afectaron a la personalidad integralmente considerada." Juba, sumario B3650101, CC0003 SM 61115 RSD-30-9 S 16/04/2009, "Martínez Peralta, Juan Bautista c/ Di Iacovo, Aquiles y otra s/ daños y perjuicios".

Por lo tanto, propongo admitir el rubro, por el cual la actora solicitó en demanda la suma de Pesos Ciento Quince Mil ($.115.000), habiendo advertido en el acápite "objeto" -v. fs. 14 vta.- "y/o lo que en más o en menos surja de las pruebas que se produzcan y que V.Sa. estime justo de acuerdo a su elevado criterio", agregando a fs. 23: "Si bien es sabido que en el fuero civil no hay una ley que especifique la manera de estimar el monto a reclamar, sí es cierto que se prioriza el valor de cada segmento y/o función del organismo.- Teniendo entonces en consideración que determinar valor de la indemnización excede las atribuciones de un perito y es resorte exclusivo de los jueces, en este caso y en virtud de la jurisdicción, tomamos como referencia para el quantum indemnizatorio el criterio que establece en general nuestra Cámara de apelaciones en lo Civil y Comercial Departamental."

Recordemos que la demanda fue interpuesta el 27 de octubre de 2011, que el Juzgado de origen es del Departamento Judicial Pergamino, por lo que la Alzada referida también pertenece a Pergamino. No obstante, pese a encontrarnos en el Fuero en lo Contencioso Administrativo, entiendo que en este aspecto, el común denominador radica en la ponderación que el juez efectúa sobre el caso, sus circunstancias para llegar a una cuantificación del daño. Y que no está demás decir que limitarnos a fijar el monto indicado en función de la estimación en el libelo inicial configuraría un absurdo.

En este aspecto, en función al porcentaje ponderado por los peritos en un cien por ciento (100%), que se trata de una persona joven en edad fértil, y así, la entidad de la lesión con relación a proyección de vida, su situación socio-económica, es justo cuantificarlo en la suma de Pesos Quinientos Mil ($.500.000).

Ahora bien, siguiendo con el rubro daño estético, adelanto que éste integra -en el caso- el rubro daño moral, por lo que no habrá de acogerse en el planteo conforme posición que venimos sosteniendo.

En la causa "Catacata", expdte. n° 2211 de esta Alzada, se ha expresado: -

"Cabe señalar que estos autos no resultan asimilables a lo analizado, por ejemplo, en 'Viegas Nelson Germán y otro/a c/ Acosta Norberto Daniel y otro/a s/ pretensión indemnizatoria - otros juicios' (expdte. nº 1881-2014, 17/03/2015), toda vez que en 'Viegas' se reclamaban 'Daño Emergente -Daño a la Salud-' (que fue concedido), y 'daño estético', que no concedimos por cuanto coincidimos con el criterio de la SCBA: -

'En torno a la lesión estética ha dicho esta Suprema Corte que constituye un daño material en la medida en que influya sobre las posibilidades económicas del damnificado o lo afecte en sus actividades sociales proyectándose sobre su vida personal (conf. Ac. 67.778, sent. de 15-XII-1999; C. 93.144, sent. de 9-VI-2010), sin perjuicio claro está de su valoración al justipreciar el daño moral padecido por la víctima (conf. causa C. 102.588, sent. de 25-II-2009).(...) En efecto, si bien puede predicarse la autonomía conceptual que poseen las lesiones a la psiquis (el llamado daño psíquico o psicológico) y a la integridad del aspecto o identidad corpórea del sujeto (denominado 'daño estético'), a los fines indemnizatorios la lesión estética -por regla- no constituye un tertium genus que deba repararse en forma autónoma, particularizada e independiente del daño patrimonial y del daño moral. Tal práctica puede llevar a una inadmisible doble indemnización (conf. causa C. 100.299, sent. de 11-III-2009).

En consecuencia, toda vez que la Cámara de Apelación reconoció la reparación tanto de la incapacidad física como psíquica (teniendo en cuenta al efecto las lesiones cicatrizales en el miembro inferior derecho del actor), como así también el daño moral donde también ponderó su repercusión en la faz extrapatrimonial, corresponde dejar sin efecto el 'daño estético'.' [Causa C. 108.063, 'P., C. y otro c/ Ferrería, Marcelo s/ daños y perjuicios', sentencia del 9-V-2012].

Y añado: -

'Respecto del citado daño estético no es sobreabundante recordar que constituye ‘alteración o deformación que afea o desfigura la belleza corporal o la integridad de su aspecto’. El daño estético ‘per se’ no es -por vía de principio- daño autónomo sino que se resarcen sus efectos patrimoniales o extrapatrimoniales. ‘La lesión estética provoca intrínsecamente daño a un bien extrapatrimonial: la integridad corporal. Esa lesión provocará siempre un agravio moral aunque pueda o no provocar un daño patrimonial (daño emergente o lucro cesante)’ (Zannoni, Eduardo, ‘El daño en la responsabilidad civil’, p.160 Nº45; Kemelmajer de Carlucci, Aída en Belluscio, Augusto- Zannoni, Eduardo ‘Códigos Civiles y Leyes Complementarias y anotadas’ T.V, p.221 Nºb). Con palabras de la Corte Federal ‘el daño estético no es autónomo respecto al material o moral, sino que integra uno u otro o ambos, según el caso’ (C.S. Fallos 305:1983; esta Sala causa 47714, 7/04/05 ‘Vallejos’)' [CC0002 AZ 51466 RSD-51-8 S 29/04/2008 Juez GALDOS (SD), “A., H. M. y otros c/Q., C. y otros s/ Daños y perjuicios”, Magistrados Votantes: Galdós-Peralta Reyes-De Benedictis; CC0002 AZ 51467 RSD-51-8 S 29/04/2008 Juez GALDOS (SD), 'G. de S., M. c/A., H. M y A., A. R. s/ Daños y perjuicios', Magistrados Votantes: Galdós-Peralta Reyes-De Benedictis]."

Ahora bien, ya en la tarea de determinar la procedencia de la queja con relación al monto fijado en concepto de daño moral, el actor (fs. 25) estima por este rubro la suma de Pesos Setenta y Nueve Mil ($.79.000), el juzgador lo fija en Pesos Noventa Mil ($.90.000).

Es doctrina del Alto Tribunal bonaerense que -por este rubro- se indemniza la privación o disminución de los bienes que tienen valor fundamental en la vida del hombre, tales como la paz, la tranquilidad de espíritu, la libertad individual, la integridad física, el honor y los más caros afectos (conf. Ac. 40.082, sentencia del 9-V-89, "Orellano", A y S 1989-II-15; L. 40.790, sentencia del 13-VI-89, "Miguez", A y S 1989-II-391).

Debo señalar, de modo liminar, que: -

“La fijación de sumas indemnizatorias en concepto de daño moral no está sujeta a reglas fijas. Su reconocimiento y cuantía depende -en principio- del arbitrio judicial para lo cual basta la certeza de que ha existido, sin que sea necesaria otra precisión” [SCBA, Ac 42303 S 3-4-1990, Juez Laborde (SD), entre muchas otras].

Retomando la idea previamente señalada, en cuanto a que el daño estético -que en autos se encuentra acreditado conforme fotografías acompañadas (fs. 8/13) y experticia médica (fs-244 vta.)- integra -en el caso- el rubro daño moral, habré de ponderar a fin de resolver el punto lo siguiente: a) las fotografías agregadas en copia a la causa, coincidentes con las que obran en la reservada en prueba anticipada -si bien el juez interviniente ha rechazado ese proceso por preexistencia de uno similar-; b) la cicatriz que ha quedado en la piel del vientre de la actora, que no se trata de las originadas por cesáreas efectuadas en forma horizontal por encima del pubis, y que resultan elegidas por razones estéticas, sino de aquellas en las que el corte ha sido vertical, altamente notorio; aún que no ha sido probado en autos urgencia para la práctica de cesárea que a la postre justificara, como ya se ha visto la prematura decisión sin haberse seguido el protocolo para la intervención quirúrgica previa inducción del parto por goteo, resultando un rápido corte vertical, dicho sea de paso, usual por otro lado, y lamentablemente, como práctica generalizada en nosocomios públicos.

Por este rubro se ha reclamado la suma de Pesos Noventa y Cinco Mil ($.95.000), además que se estimó por daño moral en Pesos Noventa Mil ($.90.000), haciendo pues un total de Pesos Ciento Ochenta y Cinco Mil ($.185.000).

Teniendo en cuenta la cicatriz vertical en el abdomen de la actora, que -por su posición- hace la formación de "panzas" a sus costados, que cohíbe a la persona en el uso de vestimenta adecuada a la época actual, que se trata de una mujer joven, y que los padecimientos de la misma dan incidencia negativa en su vida cotidiana, estimo que el daño moral debe cuantificarse en la suma de Pesos Ciento Ochenta y Cinco Mil ($ 185.000).

Por todo lo expuesto, y en lo que ha sido materia de agravios, se hace lugar al rubro incapacidad y a la elevación de monto en cuanto al daño moral -rechazándose en lo demás- fijándose por ende en la suma total por ambos rubros de Pesos Seiscientos Ochenta y Cinco Mil ($ 685.000), con más los intereses hasta el efectivo pago, a la tasa fijada en sentencia, desde la fecha que indicara el a quo en la misma, esto es el 19/12/09 (artículos 165 del CPCC y 77 del CCA), hasta su efectivo pago.

V. En cuanto a las costas de esta instancia, tal cual se resuelve la cuestión corresponde imponerlas a las demandadas vencidas, en virtud del artículo 51 punto 1 del CCA (según Ley n° 14.437).

ASÍ VOTO.

El Juez Cebey dijo: -

Por coincidir con los razonamientos y propuesta expresados, adhiero a la opinión de la Dra. Valdez, ASÍ LO VOTO.

ASÍ VOTO.

El Juez Schreginger dijo: -

Compartiendo el criterio expuesto por la Dra. Valdez, igualmente VOTO.

En virtud del resultado que instruye el Acuerdo que antecede, esta Cámara RESUELVE:

1º Rechazar el recurso de apelación interpuesto por las codemandadas y la aseguradora, confirmando la sentencia en cuanto ha sido materia de agravio; -

2° Hacer lugar parcialmente al recurso de apelación interpuesto por la parte actora, modificando la sentencia en crisis, en cuanto a los montos en que prosperara la indemnización y conforme lo expuesto en el voto que sustenta el decisorio; -

3º Imponer las costas de esta instancia a las recurrentes vencidas (artículo 51 apartado 1 CCA, según Ley 14.437); -

4º Diferir la regulación de honorarios profesionales para su oportunidad (artículo 51 decreto ley nº 8904/77).

Regístrese. Notifíquese por Secretaría.

CRISTINA YOLANDA VALDEZ DAMIÁN NICOLÁS CEBEY



MARCELO JOSÉ SCHREGINGER

ANTE MÍ:


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