Citar Lexis Nº 0003/400181



Descargar 71.24 Kb.
Fecha de conversión02.05.2018
Tamaño71.24 Kb.






Citar Lexis Nº 0003/400181
09//

PROCEDIMIENTO LABORAL/02) Nacional/e) Actos procesales/10.- Resoluciones judiciales

Rizzone, Jorge E.

LexisNexis Jurisprudencia Argentina

Un criterio restrictivo sobre la acción de revisión de cosa juzgada írrita

2003

Jurisprudencia anotada

LNL 2003-12-869

2ª INSTANCIA.- San Miguel de Tucumán, marzo 28 de 2003.

El Dr. Jerez dijo:

1. El recurso de apelación y nulidad interpuesto cumple con los recaudos de oportunidad y forma prescriptos por los arts. 122 Ver Texto /125 Ver Texto CPL., por lo que corresponde entrar a su tratamiento.

2. Conforme lo dispone el art. 127 Ver Texto CPL., las facultades del tribunal con relación a la causa se encuentran limitadas por la expresión de agravios, motivo por el cual deben ser precisados.

3. Según se desprende del memorial de fs. 120/126, los agravios del recurrente contra la sentencia en crisis pueden concretarse en los siguientes:

a) El fallo es nulo de nulidad absoluta porque no cumple con el precepto constitucional del art. 28 Ver Texto CN. (1) que impone al juez el deber de dictar una sentencia motivada. Sostiene el recurrente que la sentencia desechó las excepciones sin fundamento normativo, no siendo suficiente la mera opinión del sentenciante -entiende que esta omisión viola lo normado por los arts. 34 Ver Texto y 272 Ver Texto CPCC. (2), que impone el deber a los jueces de aplicar el derecho con prescindencia de la opinión de las partes y de dictar sentencias fundadas en derecho.

b) El segundo agravio se funda en que la sentencia rechazó la excepción de cosa juzgada sin ponderar los elementos señalados por la doctrina jurisprudencial para la procedencia de esta defensa (identidad de sujeto, objeto y causa), lo cual es importante para evitar incurrir en violación al principio non bis in idem.

c) El tercer y último agravio consiste en que el recurrente considera incompetente al fuero laboral para entender en la acción iniciada por los actores, pues entiende que en la especie no se ataca un contrato laboral sino una conducta receptada por un juez en virtud de vicios de la volundad, aspecto que es de naturaleza civil y, por ende, de competencia de los jueces civiles.

Antecedentes: La sentencia de la Cámara, sala 6ª, fs. 149, rechaza los planteos de nulidad, incompetencia de jurisdicción y de cosa juzgada interpuestos por la demandada, confirmando a la vez la resolución de primera instancia, porque no es posible receptar esta última defensa previa, cerrando la posibilidad de un debate pleno, que importaría una lesión al derecho de ser oído.

Interpuesto el recurso de casación por la demandada, la sentencia de la Corte Suprema de Justicia Nº 1022 del 24/11/2000 resuelve hacer lugar al recurso de casación de la parte demandada en contra de la sentencia de la sala 6ª de la C. Trab., casándola parcialmente, en base a la siguiente doctrina legal: "Es infundada la sentencia que desestima la excepción de cosa juzgada opuesta a una acción autónoma de nulidad de acto jurídico omitiendo examinar si en el caso concurren los presupuestos determinantes de su procedencia", y remitir los autos a los fines de nuevo pronunciamiento.

Dicha resolución (mayoría) del tribunal define la remisión al a quo, no así la sustitutiva (minoría), mas concuerda con las "consideraciones que abonan la conclusión relativa a la falta de fundamentación del fallo impugnado realizadas en los ptos. VI, VII, VIII, IX y X, los que indican la doctrina de que los motivos para revocar la res iudicata deben contener un novum, es decir motivos no originados o no advertidos por las partes antes de que el fallo quede firme".

En ello consistía la decisión de la causa: determinar si la acción está fundada en un novum o no, que es el factor definitorio para determinar la identidad de causa entre el objeto de este juicio y el de la sentencia dictada en "Cardozo".

Ponderados los agravios vertidos, estimo que son "atendibles o no atendibles" por las siguientes consideraciones:

A los agravios a y b corresponde tratarlos en conjunto, ya que del examen de la cosa juzgada, como cuestión de "pronunciamiento previo" (art. 65 inc. d CPT.), resultará la validez de la sentencia recurrida.

La existencia de la cosa juzgada requiere como guía de interpretación la existencia de las tres identidades clásicas (sujeto, objeto y causa) entre los procesos relacionados a fin de establecer si, considerados en su conjunto, son o no idénticos, contradictorios o susceptibles de coexistir. Para ello se efectúa la reseña de cada uno de ellos.

1) En el juicio "Cardozo v. Grafa s/Enfermedad Accidente", en el cual los coactores Muñoz y Aguirre desistieron del derecho en que fundaban su acción, de indemnización por causa de las tareas desarrolladas, en virtud de la Ley de Accidente de Trabajo Ver Texto , porque sufrieron una incapacidad total o permanente del 90% para cada actor, conforme certificados médicos.

La demandada contestó la demanda negando los hechos invocados por los actores. De modo que el contenido litigioso en dicho pleito era la acreditación del nexo causal de las tareas con las enfermedades y la prueba de la real incapacidad de los actores. El "objeto" inmediato era el monto indemnizatorio reclamado para Muñoz por la suma de $ 42.494,40, y para Aguirre por la suma de $ 62.524.

En el citado juicio, a mérito de los arts. 43 Ver Texto y 44 Ver Texto CPL., los actores desistieron del proceso y del derecho y, ratificación previa, el juzgado homologa el desistimiento del derecho y del proceso en contra de Grafa S.A. por enfermedad accidente.

2) En este juicio, "Muñoz y otro v. Grafa s/acción autónoma de nulidad de acto jurídico por vicios de voluntad y nulidad de sentencia, por falsedad ideológica", se persigue la nulidad de aquellos actos sustanciales y procesales.

En este juicio los actores reconocen expresamente los instrumentos de ratificación y sentencia homologatoria de septiembre de 1995, que ofrecen como pruebas en este juicio, que se inicia el 16/8/1997, porque dichos actos estaban viciados de voluntad, por maniobras dolosas de la demandada.

De esa exposición surge que los vicios eran "anteriores" a septiembre de 1995, cuando se dictó la sentencia homologatoria en el juicio "Cardozo", y cabe analizar si pueden ventilarse en un juicio "autónomo", cuya finalidad es retrotraer la cuestión a la indemnización por "enfermedad accidente".

La terminación del proceso por desistimiento representa un modo excepcional, según el Código Procesal Laboral, cuyos requisitos de conclusión se tratan de actos unilaterales o bilaterales que requieren la capacidad suficiente de todos aquellos que intervengan, o, de lo contrario, la autorización judicial suficiente, y se deberán referir a derechos disponibles en los cuales no esté comprometido el orden público.

Por dicha conclusión el juez emite una resolución homologatoria, que tendrá características de resolución simple en el caso de aprobarse lo actuado, mientras que el desistimiento es por una resolución interlocutoria, en razón de que deberá expresar los fundamentos en que se asiente.

El desistimiento de la pretensión sustancial: si se trata de derechos disponibles por las partes según la naturaleza del litigio y, en su caso, dar por concluido el juicio a través de una resolución simple, en lo sucesivo no se podrá promover otro proceso por la misma causa, porque el accionante está renunciando al derecho que alegaba.

Mediante la excepción de cosa juzgada se impide plantear al actor nuevamente una cuestión ya resuelta.

Y en este sentido debe destacarse que, más allá del criterio de la triple identidad, se requiere la confrontación de los dos procesos para saber si son idénticos, contradictorios o susceptibles de coexistir, porque si la sentencia homologatoria debe "claudicar" por vicios de voluntad, la cosa juzgada opone un límite objetivo, pues la sentencia homologatoria del desistimiento dictada conforme al procedimiento de los arts. 43 Ver Texto y 44 Ver Texto CPL. ha adquirido firmeza, no puede pretenderse su nulificación por las razones basadas en las mismas circunstancias fácticas que examinó el juez al dictar la sentencia homologatoria (la libertad de los agentes y la disponibilidad del derecho comprendido).

Los procesos que terminan dentro de los llamados modos excepcionales (desistimiento) tienen los mismos efectos, en relación con su inmutabilidad, que una sentencia definitiva que decidió sobre el mérito, es decir, se trata de situaciones equiparables en cuanto a la eficacia de la cosa juzgada.

Si los actores no pueden iniciar una nueva demanda por "enfermedad accidente", tampoco podrían hacerlo indirectamente mediante una acción autónoma de nulidad, cuyos fines son los mismos.

Además de considerar que la acción autónoma contra una sentencia pasada en autoridad de cosa juzgada es excepcional, cuando el fraude lesiona los derechos de terceros, y vedada para las partes en el proceso.

Y más allá de las identidades clásicas, es de averiguar si el proceso implica la renovación de una contienda judicial fenecida por la sentencia firme.

Pues si el fondo real de la nulidad implica la renovación del contenido de un juicio ya fenecido, en cuanto a la "enfermedad accidente", no cabe duda de la identidad de "fines" de ambos procesos, que en el caso sería sólo un antecedente para proseguir el juicio por aquel derecho.

La cosa juzgada impide que el objeto tratado en el juicio resuelto sea vuelto a la situación anterior, pues el supuesto de la cosa juzgada irrazonable producto de actos formales que ocultaron vicios sustanciales también tiene sus límites en cuanto a su impugnación de nulidad.

Las circunstancias de vicios y maniobras dolosas de la demandada cabían en la impugnación de la sentencia homologatoria por las vías comunes, pues desde la ratificación personal hasta el dictado de aquélla mediaba el lapso procesal para recurrirla por aquellos vicios concomitantes al actor; de lo contrario desaparecería toda certeza si, a posteriori, bajo la acción autónoma bajo la pretensión de la cosa juzgada írrita o fraudulenta, extremos que no hacen a la sentencia en sí misma, se lograra la revisión del proceso resuelto en sus extremos de hecho y derecho.

Del análisis de ambos expedientes, por un lado del juicio del accidente desistido y por el otro de la acción de nulidad, no surgen hechos diferentes de los vicios de voluntad que se encuentran comprendidos en la plataforma de hecho de la causa; ya que el contenido sentencial se apoya en la continuidad del pleito en razón del derecho a ser oído, con amplio debate, la sentencia del alto tribunal entiende que tales razones no son suficientes ante la razón misma de la defensa de cosa juzgada en su carácter de límite previo para la reedición de contiendas ya resueltas.

Y analizando la cuestión a fin de determinar "si concurren los presupuestos determinantes de la cosa juzgada", la lectura de la demanda dice: "Todos estos elementos de hecho, ofertas y contraofertas sobre el pleito ardidosamente manejados resultaron idóneos para viciar el consentimiento... suscribieron y ratificaron el desistimiento que resultó objeto de la homologación judicial en los autos precitados, cobrando la suma dineraria prometida"; dichos hechos, si existentes al momento de su juzgamiento, entraban en la cognición del juez de la homologación, por lo tanto aprehendidos en la cosa juzgada, frente a un juicio posterior por los mismos vicios.

Es que en el caso, a la nulidad del acto jurídico sujeto únicamente en el tiempo a la prescripción se agrega la homologación judicial sujeta a las condiciones de la cosa juzgada. Nótese que la homologación requiere la interrogación al actor sobre la comprensión del alcance del acto o sus motivaciones, y esta "materia de juzgamiento" es objeto de la homologación, y también sería objeto de la acción de nulidad, por lo que la identidad de fines configura el presupuesto de admisibilidad de la cosa juzgada, la cual "jurídicamente no hace referencia a la afirmación de la verdad de los hechos sino a la existencia de una voluntad de ley en el caso concreto, o sea el de revestir de inmutabilidad el pronunciamiento que ha dirimido los derechos en disputa" (Chiovenda, "Principios", t. II, p. 444).

3) Respecto del tercer agravio referido a la excepción de incompetencia, estimo que el mismo ya fue resuelto por la sent. 135/1999 (fs. 114/115) de la C. Trab., habiendo adquirido firmeza de conformidad con lo señalado por la Corte en el pto. VI - párr. final (fs. 182)- de la sent. 1022/2000 (fs. 180/185).

Por lo expuesto, propicio: 1) Hacer lugar al recurso de nulidad de la sent. 135/1999 (fs. 114/115), de fecha 5/5/1999; y hacer lugar a la excepción de cosa juzgada opuesta por la demandada. 2) Costas: a la vencida en ambas instancias (art. 108 Ver Texto CPCC.). 3) Diferir pronunciamiento de honorarios para su oportunidad.

El Dr. Díaz Ricci dijo:

1. Vienen a esta vocalía las actuaciones del rubro con motivo del recurso de apelación y nulidad interpuesto a fs. 119 por la parte demandada contra la sent. 135/1999 (fs. 115/115), solicitando su revocación por los fundamentos que expresa en su memorial de fs. 120/126.

2. Siendo competencia funcional del tribunal de alzada examinar los requisitos de admisibilidad del recurso interpuesto, corresponde señalar que comparto el criterio del voto preopinante en cuanto tiene por cumplidos los recaudos de oportunidad y forma prescriptos por los arts. 122 Ver Texto y 125 Ver Texto CPL., por lo que corresponde entrar a su tratamiento.

3. Del memorial de agravios presentado por el recurrente (fs. 120/126) surge que las críticas contra el fallo recurrido pueden concretarse del siguiente modo: a) considera el apelante que el fallo es nulo de nulidad absoluta por no cumplir con el precepto constitucional del art. 28 Ver Texto Const. prov. (3), que impone al juez el deber de dictar una sentencia motivada; sostiene que la sentencia desechó las excepciones sin fundamento normativo, no siendo suficiente la mera opinión de sentencia; entiende que esta omisión viola lo normado por los arts. 34 Ver Texto y 272 Ver Texto CPCC., que impone el deber a los jueces de aplicar el derecho sin prescindencia de la opinión de las partes y de dictar sentencias fundadas en derecho; b) también se agravia el recurrente de que la sentencia omitió ponderar los elementos de la doctrina jurisprudencial citada (identidad de sujeto, objeto y causa) al rechazar la excepción de cosa juzgada, lo cual es importante para evitar incurrir en violación al principio non bis in idem; c) finalmente se agravia pues considera incompetente al fuero laboral para entender la acción iniciada por los actores, pues entiende que en la especie no se ataca un contrato laboral, sino una conducta receptada por un juez en virtud de vicios de la voluntad, aspecto que es de naturaleza civil y, por ende, de competencia de los jueces civiles.

4. Analizados los agravios vertidos, estimo que no son atendibles por las siguientes consideraciones:

a) Según se desprende de las constancias de autos, la parte accionada a fs. 80/89, en oportunidad de contestar la demanda, planteó excepciones de incompetencia de jurisdicción y de cosa juzgada fundadas en que siendo objeto de debate una cuestión de índole civil, como el estado de necesidad y nulidad de pago, las mismas son competencia del Juzgado Civil y Comercial Común, desde que no está en juego la aplicación de normas laborales sino civiles sobre la capacidad de los individuos para el otorgamiento de actos jurídicos. Con respecto a la excepción de cosa juzgada, destaca que ya hubo un juicio anterior entre los actores y la demandada, por la misma causa y con sentencia firme, existiendo identidad de sujetos, objeto y causa entre ambos litigios.

Mediante sent. 135/1999 (fs. 114/115) el juzgado a quo rechazó ambas excepciones previas, siendo confirmada por sent. 238/1999 (fs. 149/150) de la sala 6ª de esta C. Trab.

Recurrida en casación, el fallo de la C. Trab. fue revocado mediante sent. 1022/2000 (fs. 180/185), estableciendo la siguiente doctrina legal: "Es infundada y por ende nula la sentencia que desestima la excepción de cosa juzgada opuesta a una acción autónoma de nulidad de acto jurídico, omitiendo examinar si en el caso concurren los presupuestos determinantes de su procedencia", mandando a dictar nuevo pronunciamiento en un todo conforme con el criterio sustentado por la Corte en los fundamentos de la sent. 759 del 29/9/1997 en los autos "De la Serna, César E. v. Droguería Norte S.R.L. s/cobros".

b) Ahora bien, el recurrente fundó recurso de nulidad contra la sentencia de fecha 5/5/1999 por considerar que la misma carece de motivación. Al respecto cabe decir que de la lectura del fallo recurrido se observa que la sentencia se basta a sí misma y contiene decisión expresa, concreta y positiva de las cuestiones propuestas. Por lo tanto, el pronunciamiento recurrido, ajustándose a las pautas de los arts. 34 Ver Texto , 272 Ver Texto y 273 Ver Texto CPCC., se erige en un acto jurisdiccional formalmente válido. El disenso del recurrente con lo resuelto por el juzgado a quo puede ser revisado por medio del recurso de apelación, mas no mediante la vía recursiva de nulidad.

En consecuencia, resulta no atendible el primer agravio, por lo que, compartiendo el criterio sustentado por la fiscalía de Cámara en su dictamen de fs. 146/147, propicio el rechazo del recurso de nulidad deducido.

c) En cuanto al segundo agravio -falta de ponderación de los elementos determinantes de la excepción de cosa juzgada (identidad de sujetos, objeto y causa)-, estimo que tampoco le asiste razón al recurrente, pues la sentencia en crisis fundamentó el rechazo de la defensa aludida en "la falta de concurrencia de los elementos clásicos exigidos por la doctrina, o sea la existencia de una identidad de sujeto, objeto y causa que en el presente caso no se da" (cita textual).

En efecto, en la presente acción el actor persigue la nulidad del desistimiento de la acción y del derecho manifestado en los autos caratulados "Cardozo, Víctor R. y otros v. Grafa S.A. s/enfermedad accidente", radicados en el Juzgado de Conciliación y Trámite de la V Nominación, así como del acuerdo homologado mediante sentencia, que tacha de invalidez, y del pago abonado en violación a lo prescripto por el art. 277 LCT. (4).

Examinados los presupuestos del art. 294 bis Ver Texto CPCC. para la procedencia de la excepción de cosa juzgada, comparto el criterio del juzgado a quo en el sentido de que no se observa que las dos contiendas se traten del mismo asunto sometido a decisión judicial, o que en ambos litigios exista continencia, accesoriedad o subsidiariedad, de modo que la sentencia firme de la causa "Cardozo..." haya resuelto una cuestión que constituya materia o pretensión de este juicio.

Del análisis de las constancias de autos no surge la triple identidad de sujetos, objeto y causa con respecto al pleito "Cardozo...". En efecto, si bien las partes en ambos juicios son las mismas, persiguen distinta finalidad y se sustentan en diferentes causas.

Tampoco existe identidad de causas, pues en el juicio "Cardozo..." el actor invocó como fuente de su derecho un infortunio laboral sufrido durante su prestación de servicio (ley 24028 Ver Texto [5]), en tanto en la presente litis la fuente de la pretensión es el vicio de la voluntad del actor al momento de desistir de la acción y del derecho en el juicio "Cardozo..." y la falsedad ideológica de la sentencia homologatoria del acuerdo arribado. Si bien debe admitirse la conexidad entre ambas acciones, la que motiva estas actuaciones, por la naturaleza del objeto y causa perseguida, reviste el carácter de autónoma respecto de la primera.

d) Respecto del tercer agravio, referido a la excepción de incompetencia de jurisdicción, estimo innecesario pronunciarse sobre el particular puesto que se trata de una cuestión ya resuelta por la sent. 135/1999 (fs. 114/115) de la C. Trab., habiendo adquirido firmeza de conformidad con lo señalado por la Corte en el pto. VI -párr. final- (fs. 182) de la sent. 1022/2000 (fs. 180/185).

5. Por lo tratado, propicio rechazar el recurso de apelación interpuesto, confirmándose la sentencia cuestionada en lo que fue materia de apelación y agravio.

6. Costas: A la parte demandada recurrente, por resultar vencida (art. 108 Ver Texto CPCC.), reservándose el pronunciamiento sobre honorarios para su oportunidad.

Por lo tratado y demás constancias de autos, discrepo con el voto preopinante, propiciando la siguiente resolutivos: I. Rechazar los recursos de nulidad y apelación deducidos por la parte demandada contra la sent. 135/1999 (fs. 114/115) por lo considerado; en consecuencia, confírmase la misma en lo que fue materia de apelación y agravios. II. Costas: A la parte recurrente demandada en autos, por lo tratado. III. Honorarios: Reservar pronunciamiento para su oportunidad. Mi voto.

La Dra. Moreno dijo:

Por compartir los fundamentos dados por el Dr. Jerez, me pronuncio en igual sentido y voto de idéntica forma.

Por ello, y atento al voto en mayoría, el tribunal resuelve: I) Hacer lugar al recurso de nulidad de la sent. 135/1999 (fs. 114/115), de fecha 5/5/1999; y hacer lugar a la excepción de cosa juzgada opuesta por la demandada, conforme lo considerado. II) Costas a la vencida en ambas instancias. III) Honorarios: Oportunamente. Hágase saber.- Carlos A. Jerez.- Norma B. Moreno. En disidencia: Raúl M. Díaz Ricci. (Sec.: Silvio Maza Villalba).

NOTAS:

(1) LA 1995-A 26 - (2) LA 1993-A-1458 - (3) LA 1991-A-1505 - (4) t.o. 1976, ALJA 1976-A-128 - (5) LA 1991-C-2924.



Un criterio restrictivo sobre la acción de revisión de cosa juzgada írrita

Por Jorge E. Rizzone

Existen supuestos en los que el resultado inicuo al que arriba una sentencia no obedece a errores in procedendo o in iudicando, sino a vicios sustanciales que gravitan en un proceso en el que se han respetado las formas. Tal es el caso del proceso simulado, fraudulento, en el que ha mediado colusión entre las partes o un tercero, falso testimonio, falsedad instrumental o de otras pruebas, prevaricato, cohecho.

En tales hipótesis entran en colisión dos valores: el de seguridad que dimana de la cosa juzgada y el de justicia.

Si bien conforme a reiterada jurisprudencia de la Corte la cosa juzgada es exigencia de orden público con jerarquía superior (Fallos 235:171 [JA 1957-II-4], 512 ; 299:373 [JA 1978-IV, índice 144, sum. 5]; 301:762 [JA 1980-II, índice 111, sum. 1]; 315:2406 Ver Texto (JA 1996-III, síntesis ), entre muchos otros), no lo es menos que ella debe organizarse sobre bases compatibles con los derechos y garantías constitucionales como la defensa en juicio (Fallos 238:18 ).

La posibilidad de revisar sentencias como las anteriormente referidas, pese a la falta de una legislación específica, ha sido objeto de consagración pretoriana. Primero por los tribunales ordinarios y después por la Corte Suprema de Justicia de la Nación.

En otro lugar hemos examinado pormenorizadamente el desarrollo de aquella jurisprudencia (1). A los fines del presente comentario, basta con reseñar los lineamientos fundamentales sentados por el máximo tribunal en tres causas esenciales: "Tibold" , "Campbell Davidson v. Provincia de Buenos Aires" y "Egües, Alberto J. v. Provincia de Buenos Aires" , registrados en Fallos 254:320 (JA 1963-I-674); 279:54 y 319:2527 , respectivamente).

En el primero se estableció que "la admisión genérica, en el ordenamiento jurídico argentino, de la institución de la cosa juzgada, no significa que no pueda condicionarse su reconocimiento a la inexistencia de dolo en la causa en que se ha expedido la sentencia (...) La circunstancia de que de esta manera se afecte la seguridad, propia de las sentencias firmes en el orden civil, debe ceder a la razón de justicia, que exige que el delito comprobado no rinda beneficios. La garantía de que esta indudable exigencia no degenera en incertidumbre en el comercio jurídico, debe buscarse en la responsabilidad de la magistratura penal y en la sanción ejemplar a quienes recurran, sin derecho, a la vía criminal" (consid. 13).

En el segundo, expresó que se planteaba "el delicado problema de decidir si la cosa juzgada tiene alcance tan absoluto que deba mantenerse, aun en el caso de contar con la prueba de que el juicio en que recayó el pronunciamiento se desarrolló en condiciones tales que el derecho de defensa de una de las partes sólo existió en sus aspectos externos", para concluir que en la especie el a quo no había hecho el indispensable examen de la abundante prueba producida por la actora para juzgar la verdad de sus asertos, pues partió de la base de la absoluta inmutabilidad de la cosa juzgada, lo que era inadmisible, dado que dicha institución ha sido establecida para asegurar derechos legítimamente adquiridos y no puede aceptarse que cubra aquellos supuestos en que sólo ha mediado un remedo de juicio.

En "Egües", con cita de "Campbell Davidson" señaló que "este tribunal ha reconocido la facultad de ejercer una acción autónoma declarativa invalidatoria de la cosa juzgada que se considera írrita sin que sea óbice para ello la falta de un procedimiento ritual expresamente previsto, ya que esa circunstancia no puede resultar un obstáculo para que los tribunales tengan la facultad de comprobar, en un proceso de conocimiento de amplio debate y prueba, los defectos de las sentencias pasadas en autoridad de cosa juzgada". Recordemos que en ese caso se rechazó la demanda por error judicial porque el actor había errado la vía al ocurrir a la instancia originaria de la Corte sin ejercer previamente la mencionada acción autónoma de revisión.

En el caso "Muñoz", materia del presente comentario, se dedujo una acción de revisión de un pronunciamiento firme, a cuyo progreso obstó el favorable trato que dio la mayoría del tribunal a la excepción de cosa juzgada.

Los actores en un pleito anterior por enfermedad accidente desistieron de la acción y del derecho. Es decir que el procedimiento concluyó por un medio anormal que importó el abandono de la pretensión por parte de los demandantes. La renuncia sustancial impedía reeditar la litis.

Los pretensores promovieron un nuevo proceso invocando, según surge del relato de los antecedentes que efectúan tanto el voto mayoritario como el disidente, la existencia de vicios de la voluntad determinantes de la nulidad del acto de disposición de su derecho y, consecuentemente, reclamaron la anulación del pronunciamiento judicial que dio por terminado el juicio.

Como puede apreciarse, le asiste razón al magistrado que votó en disidencia en cuanto afirmó que no había identidad de objeto entre las dos contiendas. En efecto, lo que se perseguía en la segunda era precisamente la invalidez de la homologación del desistimiento que puso fin a la primera.

El voto de la mayoría, en esencia, hace lugar a la excepción opuesta por la demandada porque: a) la acción intentada era una vía oblicua para reeditar cuestiones decidas por un pronunciamiento firme; b) la acción de revisión es excepcional y sólo puede ser ejercida cuando el fraude lesiona derechos de terceros y se halla vedada para las partes en el proceso; c) los actores no formularon objeción alguna entre la ratificación y la homologación en la que se examinaron los mismos vicios de la voluntad alegados en el segundo proceso.

Lo afirmado acerca del carácter excepcional de la acción no es objetable. Sostener tal naturaleza encuentra sustento en la doctrina de la Corte según la cual la acción autónoma de invalidez de la cosa juzgada írrita no es procedente cuando la sentencia que se ataca fue precedida de un proceso contradictorio en el que el vencido tuvo adecuada y sustancial oportunidad de audiencia y prueba (Fallos 323:1222 y sus citas).

En cambio, es dable entender que la sentencia se halla reñida con la jurisprudencia del máximo tribunal -como así también con la de la los órganos judiciales ordinarios que la precedieron- en cuanto parece sentar como principio general y absoluto que la legitimación para el ejercicio de la acción queda inexorablemente circunscripta a los terceros perjudicados y que las partes del proceso carecen de aquélla.

Tal criterio menoscaba el derecho al acceso a la jurisdicción, consagrado implícitamente en el art. 18 Ver Texto de la Ley Fundamental (LA 1995-A-26) y expresamente en el art. 8 de la Convención Americana sobre Derechos Humanos (LA 1994-B-1615), e importa la posibilidad de ocurrir ante algún órgano jurisdiccional y obtener de ellos sentencia útil relativa a los derechos de los litigantes (conf. Fallos 319:2925 y sus citas, entre otros).

Parece evidente que la parte en el proceso por una sentencia dictada en un proceso fraudulento tiene interés inmediato y concreto en obtener la revisión porque ha sufrido un perjuicio por un pronunciamiento írrito. Lo resuelto en "Campbell Davidson" significó reconocer la legitimación de quien había sido despojado de su inmueble mediante un juicio -que sólo fue formalmente tal- en el que, además, se vio obligado a desistir del recurso extraordinario. No estuvo ausente en aquel precedente el abandono -afectado por vicios de la voluntad- de la pretensión recursiva federal. Además, si en "Egües" se sienta como principio que el ejercicio previo de la acción autónoma es requisito indispensable para pretender la reparación por error judicial, se sigue que cualquiera que haya experimentado las consecuencias del error tiene legitimación para ejercer la acción autónoma de nulidad. Máxime cuando el art. 10 del Pacto de San José de Costa Rica establece que: "Toda persona tiene derecho a ser indemnizada conforme a la ley en caso de haber sido condenada en sentencia firme por error judicial".

Por lo demás, el criterio amplio acerca de la legitimación había sido establecido, entre otros, por la Cámara Segunda de Apelación, sala 3ª, de La Plata en 1967 al señalar "que el principio relativo a la autoridad de la cosa juzgada puede ceder tanto cuando el pronunciamiento afecta a terceros como a una de las partes" (2).

En síntesis, el sujeto del proceso fraudulento está legitimado porque es titular de la relación jurídica en que se sustenta la pretensión, más allá de que ésta tenga o no fundamento.

El otro argumento del fallo en análisis, según el cual los actores no plantearon cuestión alguna entre el momento de la ratificación del desistimiento -exigido por el art. 277 LCT.- y la homologación judicial de aquél, en principio coincide con el criterio estricto de apreciación sobre la procedencia de la acción, que no puede constituirse en herramienta para reparar agravios que pudieron disiparse mediante los incidentes o recursos pertinentes.

Pero ello no implica que corresponda aferrarse de modo extremo a las formas hasta caer en exceso ritual. En tal sentido cabe memorar el precedente de la Cámara de Apelación de Azul, provincia de Buenos Aires, que comenta Arazi. En esas actuaciones se dedujo incidente de revisión de una sentencia firme de remate recaída en un juicio ejecutivo. La articulación se sustentó en que con posterioridad se comprobó que el cheque base de la ejecución estaba adulterado. Esa adulteración no pudo comprobarse en el juicio civil porque el demandado fue declarado negligente en la producción de la prueba y no se admitió el replanteo de ésta en la alzada. Además, debía anularse un convenio homologado que el deudor celebró para evitar la subasta del bien embargado. La adulteración se probó mediante pericia caligráfica producida en causa penal iniciada contra el demandante, que concluyó por prescripción de la acción.

La Cámara se enfrentó a la negligencia del demandado que condujo al dictado de una sentencia que, al adquirir autoridad de cosa juzgada material, no era revisable en juicio de conocimiento posterior (art. 551 del ritual bonaerense). Pese a ello, el tribunal revocó la decisión de primera instancia que había desestimado la nulidad. Para hacerlo afirmó que correspondía dar prioridad al principio de justicia sobre la aparente y formal autoridad de la cosa juzgada derivada de un fallo sustentado en un cheque falso, pese a la negligencia probatoria en que incurrió el interesado para acreditar la falsedad. Respecto del convenio, se entendió que la inminente subasta del inmueble significó coacción que viciaba la voluntad del deudor (3).

Cabe el interrogante, además, acerca de si en el caso que motivó la sentencia que se comenta los actores, en virtud de los vicios de la voluntad alegados, estaban realmente en condiciones de efectuar -entre la ratificación y la homologación- alguna propuesta tendiente a evitar el dictado del pronunciamiento que concretase el abandono de sus pretensiones procesales y sustanciales y si podían obtener la reparación del gravamen mediante los medios o remedios previstos por el ordenamiento adjetivo laboral de la provincia.

Por lo demás, corresponde recordar que la Sup. Corte Just. Mendoza ha señalado, con cita de doctrina, que en razón de la finalidad de la acción autónoma, "es obvio que no basta para su rechazo afirmar que existe cosa juzgada, pues justamente el objeto de la acción es rescindir el fallo, anularlo, atacar los efectos de la cosa juzgada. Por eso, algunos autores sostienen, incluso, que salvo el supuesto excepcional de la clara improcedencia de la acción deducida, la excepción de cosa juzgada no puede oponerse como de previo y especial pronunciamiento" (ver Peyrano, Jorge, "Acción de nulidad de sentencia firme", en El proceso atípico, n. 10, 1993, Ed. Universidad, p. 179) (4).

El aspecto más relevante de la sentencia en análisis es, entonces, que ella sienta una regla general e inflexible conforme a la cual las partes del proceso fraudulento carecen de legitimación para perseguir la nulidad de la cosa juzgada írrita.

Tal criterio vulnera garantías de raigambre constitucional. Como señalaba Couture, "El derecho a demandar es inherente a la persona humana (...) Es incluso, inherente a la persona humana de los que no tienen razón para pretender de los jueces algo en contra de alguien. Sería mejor que no fuera así, si ello fuese posible. Pero no es posible. Aparte de la admonición de la experiencia, la proposición se apoya en el principio lógico de que los órganos legislativos no pueden prohibir lo que permiten, ni permitir impunemente lo que vedan" (5).

No se trata entonces de cuestionar la cosa juzgada cuya preservación es esencial pues constituye una base fundamental del ordenamiento jurídico, sino de respetar el principio según el cual ella, obtenida con dolo, no vale como tal. "El dolo obsta al juicio. Al desnaturalizar en su esencia la tesis o la antítesis, o ambas, hace imposible la síntesis, cuya fuerza compulsoria es la cosa juzgada" (6).

En síntesis, si bien la acción autónoma de revisión no puede convertirse en el instrumento para cuestionar cualquier decisión que no satisfaga las pretensiones de los litigantes o el medio para arrepentirse de la renuncia a pretensiones procesales o sustanciales y reeditar indefinidamente por aquella vía los pleitos, con innegable mengua de la seguridad jurídica, tampoco puede confinársela en límites tan estrechos que conlleven el desconocimiento de derechos esenciales de raigambre constitucional. Lo excepcional del instituto jamás puede convalidar criterios asaz restrictivos que lo desnaturalicen con mengua de derechos de rango superior.

Es que, como señala Bidart Campos, destronar la cosa juzgada írrita es una de las batallas constitucionales y procesales primordiales para dar prioridad a la verdad objetiva y, por ende, a la justicia que el Preámbulo de la Ley Fundamental Ver Texto ordena imperativamente afianzar (7).

En definitiva, así como no es dable fijar en la materia principios laxos porque la naturaleza de la sentencia reclama la necesidad de certeza, tampoco lo es sentar otro tan rígido que impida satisfacer la exigencia de verdad ínsita en el proceso. La necesidad de firmeza debe ceder, en determinadas circunstancias, ante la necesidad del triunfo de la verdad (8). De tal manera se preserva el valor justicia y se observa el mandato constitucional antes mencionado. Ello no sería posible si se niega legitimación a las partes del proceso para perseguir la nulidad de lo que en él se decidió.

NOTAS:

(1) "Breves apuntes sobre la acción de revisión de la cosa juzgada írrita", en Revista de la Sociedad Argentina de Derecho Laboral, año II, n. 7, 15/10/2000.



(2) Autos "Lambruschini, Sara B. v. Corbani de Canavesi, Nélida s/reivindicación y nulidad de acto jurídico", en Jus Revista Jurídica de la provincia de Buenos Aires", n. 10, 1967-79, ps. 75/78, con anotación de Berizonce, Roberto O., "Cosa juzgada fraudulenta y acción de nulidad". El pronunciamiento fue también objeto de análisis en el trabajo citado en la nota anterior.

(3) C. Civ. y Com. Azul, sala 2ª, 4/11/1997, en LL Buenos Aires, año V, n. 5, junio de 1998, p. 573, citada por Arazi, Roland, en "Acción de revisión de cosa juzgada írrita", en Revista de Derecho Procesal, 2, Medios de impugnación. Recursos-I, 1999, Ed. Rubinzal-Culzoni, ps. 377/390.

(4) Sup. Corte Just. Mendoza, sala 1ª, 2/9/1999 "Puebla, Ricardo A. en j. 75528 Banco de Previsión Social S.A. s/acción de nulidad s/inc. y su acumulada 65865" ; "Escobar, Luis G en j. 75528/13225 Banco de Previsión s/acción de nulidad", ED 185-876, con nota de Giordano, Aldo L., "Los límites de la acción de nulidad de la cosa juzgada írrita".

(5) Couture, Eduardo J., "Fundamentos del Derecho Procesal Civil", 1997, Ed. Depalma, p. 488.

(6) Couture, Eduardo J., "Fundamentos del Derecho Procesal Civil" cit., p. 491.

(7) Bidart Campos, Germán J., "La raíz constitucional de la nulidad de la cosa juzgada", ED 136-619.

(8) Couture, Eduardo J., "Fundamentos del Derecho Procesal Civil" cit., ps. 405, 406.

Principio del formulario



Final del formulario





La base de datos está protegida por derechos de autor ©bazica.org 2016
enviar mensaje

    Página principal