CÁmara de representantes informe sobre el Proyecto de la Cámara 2717 junio de 2002 a la cámara de representantes



Descargar 15.41 Kb.
Fecha de conversión14.01.2019
Tamaño15.41 Kb.
ESTADO LIBRE ASOCIADO DE PUERTO RICO
14 ta. Asamblea 3 ra. Sesión

Legislativa Ordinaria


CÁMARA DE REPRESENTANTES
Informe sobre
el Proyecto de la Cámara 2717
junio de 2002
A LA CÁMARA DE REPRESENTANTES:

Vuestras Comisiones de Gobierno y de Desarrollo Socioeconómico y Planificación recibieron para estudio el Proyecto de la Cámara 2717. Cumpliendo con nuestro ministerio sometimos las propuestas legislativas de dicho proyecto a vistas públicas. Comparecieron a deponer representantes de la Autoridad de Energía Eléctrica de Puerto Rico, el Departamento de Justicia, la Oficina del Comisionado de Asuntos Municipales y Cable Televisión Company of Greater San Juan, Adelphia. Recibimos memorial explicativo de la Federación de Alcaldes de Puerto Rico. Luego de analizar y considerar la medida hemos determinado recomendar su aprobación con las enmiendas contenidas en el entirillado electrónico que acompaña a este informe.



ALCANCE DEL PROYECTO DE LA CÁMARA 2717


El Proyecto de la Cámara 2717 propone adicionar un tercer párrafo a la Sección 14 de la Ley Núm. 83 de 2 de mayo de 1941, según enmendada, conocida como “Ley de la Autoridad de Energía Eléctrica de Puerto Rico” a fin de autorizar a la Autoridad o al municipio correspondiente a remover los cables, pertenecientes a otras entidades, que discurran por los postes de la Autoridad, a los noventa (90) días de ser notificados de la intención de soterrar los cables eléctricos.

La Autoridad de Energía Eléctrica de Puerto Rico es una corporación pública creada al amparo de la Ley Núm. 83 de 2 de mayo de 1941, según enmendada. Su misión consiste en proveer servicios de energía eléctrica a sus abonados de forma eficiente, económica y confiable, sin menoscabar el ambiente. La Autoridad produce, transmite y distribuye, prácticamente, toda la electricidad que se consume en Puerto Rico. El sistema de la Autoridad le brinda servicios de energía eléctrica a alrededor de 1.3 millones de clientes. La generación de la electricidad se produce en cinco centrales principales alrededor de la isla que operan a base del procesamiento de combustibles fósiles. El sistema de trasmisión se compone de 2,182 millas de líneas, mientras que las líneas de distribución suman alrededor de 21,838 millas aéreas y 1,076 millas soterradas.

Los postes de la Autoridad no sólo sostienen el sistema de líneas de transmisión y distribución aérea de energía eléctrica, sino además, son utilizados por diversas entidades de telecomunicaciones públicas y privadas, las que perfeccionan contratos de uso mancomunado de los postes con la Autoridad de Energía Eléctrica. Entre las entidades contratantes se encuentran la Puerto Rico Telephone, Inc., Cable TV of Greater San Juan o Adelphia y Centenial de Puerto Rico.

La Ley Núm. 83 de 2 de mayo de 1941, según enmendada, dispone en su artículo 14, lo siguiente:

“Cuando fuere necesaria la relocalización de instalaciones o empresas de la Autoridad ubicadas en la vía pública o en cualquier otro lugar, por razón, o como resultado o consecuencia de la ejecución, construcción, ampliación, reparación o mejoras de una obra pública, a cargo del Departamento de Transportación y Obras Públicas, de cualquier agencia gubernamental, corporación pública o municipios, incluyendo el Gobierno de la Capital, el coste de tal relocalización se considerará como parte del gasto que acarrea tal obra pública, y será satisfecho o rembolsado a dicha Autoridad por la entidad a quien corresponda y que ejecuta la obra, según el sistema en vigor respecto a los pagos pertenecientes a la ejecución de una obra pública.”

Según la Autoridad de Energía Eléctrica, esta disposición no “establece la facultad de obligar a cualquier entidad privada o pública a retirar, transferir o soterrar los cables aéreos de su propiedad cuando la Autoridad efectúe una labor de soterrado o construya nuevas instalaciones”. A pesar de que la Autoridad mantiene contratos de uso mancomunado de los postes con distintas entidades, y se incluyen cláusulas pertinentes a esta situación, la experiencia ha sido que las entidades contratantes no cumplen con sus obligaciones contractuales. En muchas ocasiones, según expresiones de los representantes de la Autoridad vertidas en vista pública, la Autoridad ha removido o soterrado sus líneas de distribución y se ha visto precisada a mantener los postes instalados con cables de la compañía telefónica o de otras entidades de telecomunicaciones para no afectar los servicios que reciben las comunidades de estas entidades. Más aún, “si la Autoridad retira los mismos con cargo a éstas, usualmente no reembolsan los costos de dicha remoción o transferencia”. Es por ello, según la Autoridad, que se hace necesario enmendar la Ley Núm. 83 de 2 de mayo de 1941, según enmendada, a fin de atender y establecer mediante Ley esta obligación.

La finalidad de la medida ante nuestra consideración estriba en obligar a las entidades públicas y privadas a transferir o retirar sus cables, una vez notificadas, e incluir los mismos en la obra de soterrado o de construcción de nuevas instalaciones que efectué la Autoridad, de lo contrario se expondrían a una penalidad. La Autoridad recomendó la imposición de una penalidad que fuese tres veces el costo de las obras soterradas o de construcción de nuevas instalaciones del sistema eléctrico.

Los postes de la Autoridad de Energía Eléctrica son bienes patrimoniales del Estado, como consecuencia retiene la facultad de limitar o prohibir el uso de los mismos. De acuerdo a la interpretación de José Ramón Vélez Torres, recogida en su libro Curso de Derecho Civil: Los Bienes, los Derechos Reales, pág. 42, obra citada en la ponencia del Departamento de Justicia:

Los bienes patrimoniales del Estado son poseídos por éste, o por sus subdivisiones políticas, para cumplir un fin público, pero, a diferencia de lo que ocurre con los bienes de dominio público, el público no tiene constante y general acceso a ellos. El bien de dominio público sirve un fin social deseable en la medida en que es disfrutado por el público de forma directa. La ciudadanía usa las playas, los parques, las carreteras, las calles, etc., sin tener que pedir permiso a nadie. En cambio, los bienes patrimoniales, aunque sirven para lograr también un fin público deseable, presten utilidad a través de servicios públicos que se ofrecen a los ciudadanos. Pero puede el Estado, cuando así lo considere conveniente, limitar el acceso directo de la ciudadanía a estos bienes.

La Autoridad de Energía Eléctrica y los Municipios tienen la potestad de requerirle a las agencias y a las entidades privadas que retiren las líneas existentes de los postes que le pertenecen.

La Oficina del Comisionado de Asuntos Municipales y la Federación de Alcaldes avalaron la medida, entienden que su aprobación subsana una necesidad de los Municipios ya que permite agilizar los proyectos y promueve la ornamentación de los centros urbanos. A su vez, el Departamento de Justicia endosó la medida y entendió que el fin que se persigue con la medida es legítimo y responde a los mejores intereses de los ciudadanos.

El proceso de soterrado de las líneas de distribución de energía eléctrica y de telecomunicaciones elimina la exposición de la infraestructura a las inclemencias del tiempo y a las descargas eléctricas, esto aumenta la disponibilidad de los servicios y su estabilidad. Además, abona a la estética del sector y reduce el impacto visual degradante que produce el cúmulo de cables que se extienden de poste a poste. Finalmente, se reduce el periodo de recuperación de los sistemas eléctricos y de telecomunicaciones después del paso de disturbios atmosféricos.

Es un hecho indubitable que nuestra isla se ubica en la zona de huracanes. El desarrollo y la planificación insular deben responder a esta realidad, el factor estético del proceso de soterrado es secundario al imperativo de mantener la integridad de los sistemas de transmisión eléctrica y de telecomunicaciones.


CONCLUSIÓN Y RECOMENDACIÓN


Por lo expuesto en este informe, vuestras Comisiones de Gobierno y de Desarrollo Socioeconómico y Planificación recomiendan la aprobación del Proyecto de la Cámara 2717 con las enmiendas contenidas en el entirillado electrónico que acompaña a este informe.
Respetuosamente sometido,

José M. Varela Fernández Álida Arizmendi Corales

Presidente Presidente

Comisión de Gobierno Comisión de Desarrollo Socioeconómico



y Planificación


Compartir con tus amigos:


La base de datos está protegida por derechos de autor ©bazica.org 2019
enviar mensaje

    Página principal