CÁmara de representantes informe sobre el Proyecto del Senado 1794 13 de noviembre de 2002 a la cámara de representantes



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ESTADO LIBRE ASOCIADO DE PUERTO RICO
14 ta. Asamblea 4 ta. Sesión

Legislativa Ordinaria




CÁMARA DE REPRESENTANTES
Informe sobre
el Proyecto del Senado 1794
13 de noviembre de 2002

A LA CÁMARA DE REPRESENTANTES:
Vuestra Comisión de Desarrollo Socioeconómico y Planificación recibió para estudio el Proyecto del Senado 1794. Luego de analizar y considerar la medida hemos determinado concurrir con el informe sometido por la Comisión de Gobierno Municipal, Corporaciones Públicas y Asuntos Urbanos del Senado de Puerto Rico y recomendar su aprobación sin enmiendas.

ALCANCE DEL PROYECTO DEL SENADO 1794

El Proyecto del Senado 1794 propone añadir un tercer párrafo a la Sección 14 de la Ley Núm. 83 de 2 de mayo de 1941, según enmendada, conocida como “Ley de la Autoridad de Energía Eléctrica de Puerto Rico” a fin de autorizar a la Autoridad o al municipio correspondiente a remover la cablería aérea perteneciente a otras entidades, que discurran por los postes de la Autoridad, a los noventa (90) días de ser notificados de la intención de soterrar los cables eléctricos.



La Autoridad de Energía Eléctrica de Puerto Rico es una corporación pública creada al amparo de la Ley Núm. 83 de 2 de mayo de 1941, según enmendada. La Autoridad produce, transmite y distribuye, prácticamente, toda la electricidad que se consume en Puerto Rico. El sistema de trasmisión se compone de 2,182 millas de líneas, mientras que las líneas de distribución suman alrededor de 21,838 millas aéreas y 1,076 millas soterradas.

Los postes de la Autoridad no sólo sostienen el sistema de líneas de transmisión y distribución aérea de energía eléctrica, sino además, son utilizados por diversas entidades de telecomunicaciones públicas y privadas, las que perfeccionan contratos de uso mancomunado de los postes con la Autoridad de Energía Eléctrica. Entre las entidades contratantes se encuentran la Puerto Rico Telephone, Inc., Cable TV of Greater San Juan o Adelphia y Centenial de Puerto Rico.

La Ley Núm. 83 de 2 de mayo de 1941, según enmendada, dispone en su artículo 14, lo siguiente:

“Cuando fuere necesaria la relocalización de instalaciones o empresas de la Autoridad ubicadas en la vía pública o en cualquier otro lugar, por razón, o como resultado o consecuencia de la ejecución, construcción, ampliación, reparación o mejoras de una obra pública, a cargo del Departamento de Transportación y Obras Públicas, de cualquier agencia gubernamental, corporación pública o municipios, incluyendo el Gobierno de la Capital, el coste de tal relocalización se considerará como parte del gasto que acarrea tal obra pública, y será satisfecho o rembolsado a dicha Autoridad por la entidad a quien corresponda y que ejecuta la obra, según el sistema en vigor respecto a los pagos pertenecientes a la ejecución de una obra pública.”


Según la Autoridad de Energía Eléctrica, esta disposición no “establece la facultad de obligar a cualquier entidad privada o pública a retirar, transferir o soterrar los cables aéreos de su propiedad cuando la Autoridad efectúe una labor de soterrado o construya nuevas instalaciones”. A pesar de que la Autoridad mantiene contratos de uso mancomunado de los postes con distintas entidades, y se incluyen cláusulas pertinentes a esta situación, la experiencia ha sido que las entidades contratantes no cumplen con sus obligaciones contractuales. En muchas ocasiones, según expresiones de los representantes de la Autoridad vertidas en vista pública, la Autoridad ha removido o soterrado sus líneas de distribución y se ha visto precisada a mantener los postes instalados con cables de la compañía telefónica o de otras entidades de telecomunicaciones para no afectar los servicios que reciben las comunidades de estas entidades. Más aún, “si la Autoridad retira los mismos con cargo a éstas, usualmente no reembolsan los costos de dicha remoción o transferencia”. Es por ello, según la Autoridad, que se hace necesario enmendar la Ley Núm. 83 de 2 de mayo de 1941, según enmendada, a fin de atender y establecer mediante Ley esta obligación.

Por otro lado el P del S 1794 contiene un lenguaje prácticamente idéntico al Proyecto de la Cámara 2717, que fue aprobado por la Cámara de Representantes el 22 de junio de 2002. Las Comisiones de Gobierno y de Desarrollo Socioeconómico y Planificación recibieron para estudio el Proyecto de la Cámara 2717. Se llevaron a cabo vistas públicas sobre dicho proyecto en las cuales depusieron representantes de la Autoridad de Energía Eléctrica de Puerto Rico, el Departamento de Justicia, la Oficina del Comisionado de Asuntos Municipales y Cable Televisión Company of Greater San Juan, Adelphia. Además, se recibió un memorial explicativo de la Federación de Alcaldes de Puerto Rico. Posteriormente, se determinó recomendar la aprobación de la medida con enmiendas. El PC 2717 y su informe fueron aprobados por la Cámara de Representantes el 22 de junio de 2002. El lenguaje aprobado por la Cámara del PC 2717 en su artículo uno (1), es esencialmente el mismo lenguaje que contiene el Proyecto del Senado 1794, el cual fue radicado el 7 de octubre de 2002 y aprobado por ese cuerpo el 14 de octubre de 2002.

El propósito del P del S 1794, la medida ante nuestra consideración, al igual que la del PC 2717, es ordenar a las entidades públicas y privadas a transferir o retirar sus cables, una vez notificadas, e incluir los mismos en la obra de soterrado o de construcción de nuevas instalaciones que efectué la Autoridad, de lo contrario se expondrían a una penalidad. La Autoridad recomendó la imposición de una penalidad en caso de incumplimiento que fuese tres veces el costo de las obras soterradas o de construcción de nuevas instalaciones del sistema eléctrico.

El proceso de soterrado de las líneas de distribución de energía eléctrica y de telecomunicaciones elimina la exposición de la infraestructura a las inclemencias del tiempo, al vandalismo y a las descargas eléctricas, esto aumenta la disponibilidad de los servicios, el tiempo de vida útil de la infraestructura y la estabilidad del servicio. Además, mejora la estética del sector y reduce el impacto visual negativo que produce el cúmulo de cables extendidos de poste a poste. Finalmente, se reduce el período de tiempo necesario para la recuperación de los sistemas eléctricos y de las telecomunicaciones después del paso de disturbios atmosféricos.



CONCLUSIÓN Y RECOMENDACIÓN

Por todo lo expuesto en este informe y concurriendo con el informe presentado por el Senado de Puerto Rico, vuestra Comisión de Desarrollo Socioeconómico y Planificación recomienda la aprobación del Proyecto del Senado1794 sin enmiendas.


Respetuosamente sometido,

Alida Arizmendi Corales

Presidenta

Comisión de Desarrollo



Socioeconómico y Planificación





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