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ESTADO LIBRE ASOCIADO DE PUERTO RICO
18va. Asamblea 1ra. Sesión

Legislativa Ordinaria


CÁMARA DE REPRESENTANTES
P. de la C. 222
2 DE ENERO DE 2017
Presentado por el representante Varela Fernández
Referido a las Comisiones de Gobierno; y Hacienda, Presupuesto y de Supervisión, Administración y Estabilidad Económica de Puerto Rico “PROMESA”
LEY
Para crear el Instituto de Planificación Lingüística del Estado Libre Asociado de Puerto Rico; definir sus propósitos; disponer sus funciones, poderes y deberes; establecer su organización y asignar fondos.
EXPOSICIÓN DE MOTIVOS
La Ley Núm. 1 de 28 de enero de 1993, según enmendada, ha sido objeto de varios estudios e investigaciones. Una de esas pesquisas, iniciada y gestionada por el Senado del Estado Libre Asociado de Puerto Rico, contó con la participación de educadores y especialistas en lingüística.

Para contextualizar lo aquí expresado, es menester recordar que la Ley 1, supra, equipara el idioma inglés a nuestro vernáculo, el español, como idioma oficial de Puerto Rico. En términos prácticos, se trata de que la documentación oficial y demás quehaceres gubernamentales pueden conducirse indistintamente en español o en inglés: en su calidad de lenguajes oficiales del País.


La investigación señalada en el párrafo que precede se encaminó a determinar si se justificaba que ambos idiomas fueran los oficiales del gobierno o, sin por el contrario, solo el español debía serlo: sin detrimento de la enseñanza continua del inglés en el sistema de educación pública.
Oportunamente, la comisión senatorial a la cual se le encomendó la referida investigación, rindió un informe. El documento resultante analizó en detalle la situación del español y del inglés en Puerto Rico, dentro de los parámetros históricos de nuestra nación, los efectos de la enseñanza de más de una lengua y, sobre todo, el debate sobre la oficialidad del vernáculo y del inglés, en la Isla.

Al tratarse de un asunto de gran complejidad, se consideró la opinión de reconocidos expertos. El grueso catalogó como “urgente”, la necesidad de asegurar la permanencia y el futuro del idioma español, sin soslayar los méritos de facilitar y agilizar el aprendizaje del inglés y, en general, potenciar la diversidad lingüística. Es por esto que se recomendó, entre otras propuestas, la creación de un Instituto de Planificación Lingüística.


La meta de mantener nuestro idioma y el aprendizaje, tanto del inglés como de otras lenguas, requiere esfuerzos que van más allá de las estructuras educativas. Lo anterior exige una meticulosa planificación lingüística en campos de diverso cariz como: salud, vida pública, organismos legales, relaciones gubernamentales en Puerto Rico y las de tipo internacional.

En vista de lo anterior, esta Asamblea Legislativa estima que resulta impostergable tomar medidas que promuevan que los puertorriqueños dominen las destrezas lingüísticas, en español y en inglés, por lo que restablece el Instituto de Planificación Lingüística del Estado Libre Asociado de Puerto Rico.


Debemos recordar que el 29 de junio de 2010, el entonces gobernador, Luis Guillermo Fortuño Burset, firmó como Ley Núm.111-2010, el Proyecto Sustitutivo de la Cámara 2458. El resultado fue la derogación de la Ley Núm. 138-2002. Las razones que motivaron tal acción se limitaron a la opinión que supuestamente señaló la Academia Puertorriqueña de la Lengua Española, en el sentido de que el Instituto no había llegado a constituirse. Según la Exposición de Motivos de la medida originada en la Cámara, el Instituto “…para efectos prácticos, no existe.”. En su justificación y nuevamente citando a la Academia Puertorriqueña de la Lengua Española, el texto expositivo afirma que “[L]a misma Academia Puertorriqueña de la Lengua Española reconoce que la actual política pública del Ejecutivo y la crisis fiscal que afecta a Puerto Rico, ciertamente no favorecen la creación de nuevas entidades públicas, antes bien, procura transferir responsabilidades al sector privado y al tercer sector.”

Dicho de otro modo, el nuevo estatuto reafirmó que la Ley 138-2002 era inoperante. De ahí que fuera razonable derogar la trascendental medida, dirigida a enfrentar la situación denunciada por expertos lingüísticos de la necesidad urgente de “asegurar la permanencia y el futuro del idioma español, facilitar y agilizar el aprendizaje del inglés y potenciar la diversidad lingüística…”.

No contar con la Ley Núm. 138-2002 representó algo más que un intento por evitar el fortalecimiento de nuestro idioma. También se tradujo en evidencia de un palpable desprecio al trabajo empírico, que minuciosamente llevaron a cabo autoridades y duchos en la materia, tanto provenientes de la Isla, como del extranjero. Los hallazgos de la investigación que dio paso a la ley, fueron reconocidos por expertos en el tema. Es decir, representó un paso importante en la reafirmación de nuestra cultura y el afán de la Asamblea Legislativa de fortalecer los procesos educativos de nuestra niñez. Las objeciones surgidas para evitar que esta legislación entrase en vigor, respondieron tan solo a vertientes ideológicas y políticas para las cuales el idioma español, el fortalecimiento de nuestra cultura y un futuro educativo integrado, robustecen los cimientos de la puertorriqueñidad y la expansión del conocimiento de los boricuas.
Esta Asamblea Legislativa considera apropiado y necesario reafirmar los principios que dieron base a la creación del Instituto. Igualmente, somos del criterio de que esta propuesta debe ser prioritaria pues enriquecerá nuestro desarrollo cultural y educativo y en términos generales, propenderá al fortalecimiento de nuestra sociedad.

DECRÉTASE POR LA ASAMBLEA LEGISLATIVA DE PUERTO RICO:


Artículo 1.-Se crea el Instituto de Planificación Lingüística del Estado Libre Asociado de Puerto Rico, en adelante “el Instituto”, como una entidad corporativa autónoma, que será el organismo encargado del desarrollo de una política lingüística que responda a las necesidades sociales, políticas, económicas y culturales de la Isla. El Instituto tendrá a su cargo la creación de proyectos de lingüística aplicada, que contribuyan a establecer pautas didácticas y nuevas metodologías. Además, hará acopio continuo de datos sobre la enseñanza de lenguas, muy especialmente, la del español y el inglés.

Será misión y responsabilidad del Instituto, proteger y sostener el uso del idioma español, facilitar y acelerar el aprendizaje del inglés y potenciar el dominio de otras lenguas, principalmente el francés y el portugués: como idiomas que también se hablan en localidades cercanas al entorno geográfico de Puerto Rico. Respecto a la enseñanza del español, por éste ser el lenguaje hablado por el sector mayoritario de la población y debido a que su uso extendido ha contribuido a fortalecer la unidad del País, el Instituto tendrá la obligación de estructurar aquellas medidas necesarias para que éste sea el idioma que sirva de vehículo para realizar toda gestión de gobierno interno y para la comunicación oficial entre el gobierno y el Pueblo.

Artículo 2.-El Instituto estará dirigido por una Junta de Directores, en adelante “la Junta”, que estará compuesta por nueve (9) miembros. Ocho (8) serán nombrados por el gobernador del Estado Libre Asociado de Puerto Rico, con el consejo y consentimiento del Senado de Puerto Rico. El noveno miembro de la Junta de Directores será el Director de la Junta de Gobierno de la Academia Puertorriqueña de la Lengua Española, quien tendrá pleno derecho de voz y voto. Todos los integrantes deberán ser personas de reconocida capacidad y conocimientos en lingüística, la realidad lingüística puertorriqueña, la enseñanza de lenguas y, en general, de los idiomas español e inglés.

Tres (3) de los ocho (8) miembros serán nombrados por el gobernador directamente, entre profesionales doctorados en lingüística; tres (3) serán seleccionados previa recomendación de doce (12) candidatos propuestos por las juntas de directores de las siguientes instituciones: (a) Instituto de Cultura Puertorriqueña, tres (3) candidatos; (b) Academia Puertorriqueña de la Lengua Española, tres (3) candidatos; (c) Ateneo Puertorriqueño, tres (3) candidatos; y (d) la Junta de Síndicos de la Universidad de Puerto Rico, tres (3) candidatos. Los otros dos (2) miembros serán el Secretario del Departamento de Educación y el Presidente de la Universidad de Puerto Rico, quienes ocuparán sus cargos por el término durante el que desempeñen sus respectivas funciones públicas.

Uno (1) de los ocho miembros nombrados como director, será designado por el gobernador, como Presidente de la Junta. Cinco (5) de los directores serán nombrados por un término de cuatro (4) años y dos (2), por un término de tres (3). Al vencerse el término de los primeros siete (7) nombramientos, los sucesivos se harán por un término de cuatro (4) años cada uno, hasta que se nombren sus sucesores y tomen posesión del cargo. En caso de surgir una vacante, el gobernador expedirá un nuevo nombramiento por el término no cumplido de aquel que la ocasionó, con sujeción a las disposiciones de este Artículo aplicables para tal nombramiento.

Los directores no percibirán remuneración alguna por el desempeño de sus funciones, pero aquellos que no sean funcionarios o empleados públicos tendrán derecho a una dieta diaria de setenta y cinco (75) dólares por su asistencia a cada reunión. También tendrán derecho a reembolso por los gastos de viaje que sean autorizados por la Junta.

Cinco (5) de los directores constituirán quórum para la celebración de reuniones. Las decisiones se tomarán por mayoría absoluta de los miembros que la componen. El gobernador convocará una reunión para organizar la Junta, la cual posteriormente se congregará cada dos (2) meses en reunión ordinaria y podrá reunirse en sesiones extraordinarias todas las veces que sea necesario, previa convocatoria del Presidente. La Junta ejercerá los poderes y deberes del Instituto y adoptará los reglamentos normas y procedimientos necesarios para cumplir los propósitos de esta ley.

Artículo 3.-La Junta nombrará, por mayoría de sus miembros, un Director Ejecutivo, quien será persona de reconocidos conocimientos en lingüística aplicada y tendrá, además de los poderes, facultades, atribuciones y prerrogativas que se le delegan en esta ley, aquellos que le confiera la Junta de Directores, que fijará su sueldo. El Director Ejecutivo designará el personal que fuere necesario para llevar a cabo las funciones del Instituto, que se considerará un administrador individual, conforme tal término se define en la Ley Núm. 184 de 1 de agosto de 2004, según enmendada, y en los reglamentos adoptados a su amparo.



Artículo 4.-El Instituto de Planificación Lingüística del Estado Libre Asociado de Puerto Rico será el organismo gubernamental responsable de articular la política pública en relación con la conservación y enseñanza del idioma español, como expresión de nuestra identidad colectiva. También lo hará en cuanto a la enseñanza del inglés y de otras lenguas extranjeras. A estos fines, tendrá las siguientes funciones, sin que esto se interprete como una limitación:

  1. establecer una política coherente y eficaz para la enseñanza de lenguas en Puerto Rico y una planificación certera del desarrollo cognoscitivo de los puertorriqueños ;

  2. crear nuevos tipos de evaluación del dominio lingüístico de los estudiantes, particularmente de sus patrones sintácticos, el vocabulario y la lectura;

  3. investigar los resultados de la enseñanza del español y del inglés para determinar las destrezas lingüísticas de la población;

  4. estudiar la metodología empleada en la enseñanza de idiomas en las escuelas y universidades del País y recomendar estrategias didácticas para reforzar la enseñanza del español, con especial atención a la adquisición de vocabulario y destrezas de lectura;

  5. promover la coordinación entre el Departamento de Educación, las facultades de Educación y los departamentos universitarios de español e inglés y de lenguas extranjeras, para fortalecer la preparación de maestros de idiomas y que la enseñanza, tanto del español como del inglés, se haga dentro de una clara planificación lingüística;

  6. investigar el desarrollo de la competencia lingüística de los estudiantes que tienen problemas de aprendizaje;

  7. apoyar las investigaciones sobre la adquisición sintáctica y la relación entre cerebro y lenguaje y lenguaje y aprendizaje;

  8. Mediante pruebas diagnósticas realizadas en coordinación con la instituciones educativas y agencias del gobierno, identificar a los sectores más necesitados de una atención especial para el desarrollo de sus destrezas de lenguaje y recomendar métodos para renovarlas;

  9. impulsar la producción de materiales y libros para la enseñanza del español e inglés, dirigidos a la comunidad puertorriqueña; y

  10. fomentar la celebración de foros y simposios sobre la enseñanza del español y del inglés.

Artículo 5.-En el ejercicio de las funciones dispuestas en el artículo que antecede, el Instituto tendrá los siguientes poderes:

  1. demandar o ser demandado;

  2. adoptar, alterar y usar un sello corporativo;

  3. adoptar, enmendar y derogar, por conducto de su Junta de Directores, las reglas que gobiernen su funcionamiento y el descargo de los poderes que le han sido conferidos por ley;

  4. celebrar actos, formalizar acuerdos y otorgar contratos de todas clases para cumplir los propósitos de esta ley;

  5. adquirir en cualquier forma legal, poseer y administrar bienes muebles o inmuebles o cualquier interés en éstos que considere necesario, para realizar sus fines y arrendar, vender o en cualquier forma disponer de aquellos que ya no sean útiles para sus propósitos;

  6. solicitar y obtener cualesquiera fondos, donaciones o ayudas del gobierno federal, del gobierno del Estado Libre Asociado de Puerto Rico, incluyendo sus agencias, corporaciones políticas y subdivisiones políticas, o de fuente privada; y

  7. coordinar las actividades y colaborar con los organismos gubernamentales cuyos propósitos y funciones se relacionen con los objetivos del Instituto.

Artículo 6.-Se asigna al Instituto de Planificación Lingüística del Estado Libre Asociado de Puerto Rico la cantidad de un millón ($1,000,000.00) de dólares para su organización y establecimiento. En años subsiguientes, el Director Ejecutivo del Instituto someterá a la Junta de Directores del Instituto, para su aprobación, un presupuesto general y consolidado de gastos para el funcionamiento del Instituto como ha quedado creado por esta ley. Esto, a fin de que las asignaciones necesarias se consignen en la Resolución Conjunta del Presupuesto General de gastos del gobierno del Estado Libre Asociado de Puerto Rico.

Artículo 7.-Esta ley entrará en vigor inmediatamente después de su aprobación a los únicos fines de que se nombre a los integrantes de la Junta de Directores del Instituto de Planificación Lingüística del Estado Libre Asociado de Puerto Rico. Sus restantes disposiciones entrarán en vigor a partir del 1 de julio de 2017.





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