CÁmara de representantes r de la C. 250 Informe final



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ESTADO LIBRE ASOCIADO DE PUERTO RICO
17ma. Asamblea 3ra. Sesión

Legislativa Ordinaria



CÁMARA DE REPRESENTANTES
R. de la C. 250
INFORME FINAL
7 de marzo de 2014

A LA CÁMARA DE REPRESENTANTES DE PUERTO RICO:
La Comisión de Bienestar Social y para la Erradicación de la Pobreza de la Cámara de Representantes de Puerto Rico, previo estudio y consideración de la Resolución de la Cámara 250, tiene a bien someter su Informe Final sobre la medida.
ALCANCE DE LA MEDIDA
La Resolución de la Cámara 250 ordena a la Comisión de Bienestar Social y para la Erradicación de la Pobreza de la Cámara de Representantes del Estado Libre Asociado de Puerto Rico realizar una investigación sobre la situación que enfrentan las personas de edad avanzada que se mantienen por debajo de los niveles de pobreza en Puerto Rico.
Expone la medida que la población de la tercera edad aumenta en Puerto Rico significativamente todos los años y al presente representa dieciocho (18%) por ciento de nuestra población tiene 60 años o más. El autor cita un informe publicado por la Asociación Americana de Personas Retiradas, Capítulo de Puerto Rico, (AARP, por sus siglas en inglés) en el que se reporta que para el 2030 casi el 50% de nuestra población tendría más de 50 años de edad. Se advierte que esto crearía un grave problema porque en Puerto Rico no se están haciendo planes para enfrentar ese fenómeno.
La R. de la C. 250 cita el referido el informe de AARP para exponer que para este segmento de la población los asuntos más relevantes son: la salud y el bienestar; la seguridad económica; la calidad de vida según se envejece; las personas quieren conservar su independencia y la dignidad en sus vidas; se quieren mantener activos y con un sentido de propósito; no quieren ser una carga para sus familias; desean tener seguridad y alternativas para mantener el control de sus vidas y quieren dejar un Puerto Rico mejor que el que encontraron.
La medida bajo estudio también hace referencia a un estudio publicado recientemente por la doctora en sociología, Linda Colón, y el economista Humberto Marín, para la Oficina de la Procuradora de Personas con Edad Avanzada en el cual se señala que el 43% de las personas de sesenta años o más que residen en nuestra Isla vivían en una precaria situación económica en el 2006 y el 78% de ellas recibía sólo un ingreso del seguro social que ascendía a $5,057, casi la mitad del índice de pobreza federal que es de $9.669. Plantearon en dicho estudio titulado “Equidad Económica de la Población de Edad Avanzada” que la pobreza es un problema estructural y que impacta fuertemente a los ancianos.
De igual forma, se cita al economista Heriberto Marín quien ha indicado que debido a la inflación que ha sufrido nuestro país las finanzas de los envejecientes están en rojo. Señala el citado estudio que en el 2001 una persona de edad avanzada gastaba un promedio de $583 mensuales en alimentos, vivienda, salud, y utilidades, entre otros gastos. Ahora necesita $1,120 mensuales, una cifra que los coloca en una situación muy difícil porque su ingreso no basta para cubrir dichos gastos. Se destaca que este estado causa graves problemas adicionales a este sector de la población tales como que muchos de ellos no compran los medicamentos necesarios o los compran más tarde o en menos cantidad y adquieren menos alimentos de los requeridos para una dieta saludable y balanceada, lo que perjudica su salud. Arguye el autor que esta problemática requiere atención inmediata del gobierno que debe enfrentar los cambios en los servicios que se prestan a este segmento poblacional, y la adición de nuevos recursos económicos a los mismos, lo que agravaría la crisis fiscal que confronta el gobierno.
TRÁMITES Y HALLAZGOS
La Comisión de Bienestar Social y para la Erradicación de la Pobreza realizó vista pública el 21 de mayo de 2013 y recibió diversas ponencias y memoriales sobre el tema bajo análisis durante los meses posteriores. Entre éstas, la Oficina del Procurador de las Personas de Edad Avanzada, el Departamento de la Familia y la organización AARP de Puerto Rico.
La Oficina del Procurador de las Personas de Edad Avanzada (en adelante OPPEA) expuso que la población de las personas de la tercera edad ha ido en incremento a través de los años, tendencia que se vincula a cambios en las variables demográficas de natalidad, mortalidad y migración. Por ejemplo, los niveles de fecundidad de la mujer en general. Esto ha traído consigo cambios en la estructura de edad de la población. Por otro lado, los avances en la medicina y cambios en los estilos de vida han ayudado a que el puertorriqueño de hoy tenga una expectativa de vida de más de 78 años.
Plantea la OPPEA que estos factores contribuyen al hecho de que, según el Censo del 2010, se enumeraron un total de 760,075 personas de 60 años o más en Puerto Rico. Esto representa un 20.4 % de la población total de la Isla. A principios de siglo la proporción de personas de tercera edad existente era de sólo un 4.0 por ciento. Se espera que la población de 60 años o más continúe en incremento con la llegada de los “Baby Boomers”. Esto es, al finalizar la Segunda Guerra Mundial, ocurrió un fenómeno demográfico denominado como “Baby Boomers” o explosión de nacimientos. Estas personas alcanzaron la edad de 60 años a partir del 20006, trayendo consigo características socio-demográficas diferentes, tales como mayor nivel educativo, mejores ingresos y una mayoría del sexo femenino con un 55.7%.
En relación a la población pensionada de la Isla, la OPPEA expuso que en Puerto Rico hay más de 116,000 retirados actuales y existen más de 130,000 empleados públicos activos del Gobierno del Estado Libre Asociado. Según citaron del Estudio sobre la situación económica de los Pensionados del Gobierno de Puerto Rico, el 85% de los pensionados tienen 60 años o más. Además, el 31% de los encuestados reciben una pensión mensual de $300 o menos y un 30% tienen una pensión que fluctúa entre $301 a $700 mensuales. Un factor alarmante obtenido como resultado de este estudio es que el 80% de los pensionados no se prepararon económicamente para la jubilación.
Por otro lado, la OPPEA también expuso información citada de publicación del año 2010 emitida por el Negociado de Estadísticas, Grupo Trabajador y Estudios Especiales del Departamento del Trabajo y Recursos Humanos del Estado Libre Asociado de Puerto Rico, “Estado de Empleo y Desempleo; Personas de 60 años y más”, en el cual se afirma que en los últimos 20 años la situación de empleo y desempleo ha cambiado considerablemente para las personas de la tercera edad. Mientras, citando el estudio de Viviana de Jesús-Monge, la OPPEA señala que la pobreza es un problema social que aqueja a toda sociedad, que resulta en que unas personas vivan mejor que otras. Ésta implica la imposibilidad de alcanzar niveles relativos para la satisfacción de necesidades materiales e inmateriales, las cuales tienen que ver con la calidad de vida, la calidad y funcionalidad de la educación, la realización por medio del trabajo y la calidad del medio ambiente, entre otras. Sobre este problema social que todavía afecta a la sociedad puertorriqueña, el 41.3% de las familias obtuvieron ingresos por debajo del nivel pobreza y el 37.5% de las familias encabezadas por una persona de 65 años o más fueron clasificadas como pobre, según la Encuesta de la Comunidad de Puerto Rico de 2008.
La OPPEA expone que el citado estudio señala que el que las personas de 65 años y más estén a riesgo de vivir en la pobreza posiblemente se deba a que al alcanzar la vejez tienen experiencias muy diferentes, en comparación con personas más jóvenes, las cuáles son propias de esta etapa de la vida, como el retiro forzoso o voluntario del trabajo. Al estar fuera de la fuerza laboral, sus ingresos disminuyen, poniéndolos en riesgo de ser pobres. Este riesgo podría aumentar cuando la persona de edad avanzada posee ciertas características demográficas, sociales y económicas en particular, las cuáles están relacionadas con sucesos en el pasado del envejecido. Una de estas características es un nivel bajo de educación, debido a que hace aproximadamente seis décadas atrás, los niños presionados económicamente tendían a abandonar la escuela para cooperar con la economía del hogar o por las largas distancias entre el hogar y la escuela que dificultaban la asistencia a la misma. Aunque las razones señaladas anteriormente son resultados de estudios realizados para una época (finales de la década del 1950) en que la población estudiada ya estaba o próxima a estar fuera de la edad escolar (la población estudiada nació en el 1943 o antes), esta problemática social pudo haber estado presente en el momento en que estas personas estaban en edad de asistir a la escuela.
Este estudio revela que al subdividir la población pobre de edad avanzada, se observa que el subgrupo de edad de mayor por ciento corresponde al de 65 a 74 años de estado, quienes eran los más jóvenes de los gerontes, siendo 53.4%. Por otro lado, el subgrupo de edad con menor porcentaje corresponde al de lo gerontes (85 años y más), con un 12.3%. En el estudio también se indica que el 44.6% de los encuestados indicó haber alcanzado algún grado del nivel elemental, o sea, entre pre-escolar y sexto grado, mientras que el 16.8% tenía algún grado del nivel intermedio. Esto significa que, el 61.4% de la población pobre de 65 años y más, en términos de educación, había alcanzado algún grado entre el nivel elemental e intermedio.
Luego de evaluar los datos del Censo y la información antes mencionada la OPPEA concluye que la población de las personas de edad avanzada es un que requiere de atención y protección del Estado y presenta muchas necesidades. Por eso, urge que como sociedad nos eduquemos desde etapas tempranas de la vida para que al llegar a la etapa de jubilación y a la vejez se cuente con recursos económicos suficientes para cubrir las necesidades básicas de alimentación, medicamentos y gastos médicos, pago de servicios y, en algunos casos, el alquiler de viviendas. Las personas de la tercera edad, luego de jubilados, muchas veces tienen que regresar al campo laboral para poder obtener recursos y cubrir gastos.
Advierte la OPPEA que los ancianos más pobres, los que no tienen ninguna ayuda gubernamental, viven en asilos en asilos, albergues o en la calle donde tienen que mendigar para sobrevivir o para recibir alguna ayuda. Estas personas son víctimas del hambre, las condiciones climáticas, enfermedades, soledad y desesperanza. Afirman que los ancianos son el sector más olvidado de las sociedades de muchos países. Tratar a los adultos mayores con respeto y dignidad es deber de toda la sociedad, por todo lo que ellos han hecho en el pasado y lo que pueden aportar al futuro y fundamentalmente porque son personas que de alguna forma u otra forjaron la sociedad de la que hoy gozamos. La OPPEA reconoce que es necesario tomar medidas urgentes para sacarlos de la pobreza.
Una de las alternativas que el Estado puede desarrollar y promover puede ser el crear programas de voluntariado para personas de la tercera edad. Mediante los mismos, se pueden mantener a las personas de edad avanzada integradas en la comunidad promoviendo su participación activa en programas y servicios comunitarios de alta calidad. Esto influye en su autoestima y eficiencia física y, a la vez, se sienten productivos. Los programas de voluntariado se trabajan por estipendio, lo que significa que no afecta el ingreso del seguro social federal. Por la experiencia en OPPEA, con el estipendio recibido, estas personas pueden completar para sufragar sus gastos mensuales.
La OPPEA aseguró a la Comisión que han adoptado iniciativas para educar a la población sobre el respeto y sensibilidad hacia las personas de edad avanzada y la vez han trabajado otras iniciativas tales como:
-Protocolo de Intervención Interagencial para la Atención, Manejo, Protección y Reubicación de las Personas de Edad Avanzada que Residen en Condiciones Infrahumanas y Acuerdo de Colaboración Interagencial firmados el de 5 de octubre de 2012. Las agencias firmantes de dicho acuerdo son:


  1. Administración de Seguros de Salud (ASES)

  2. Administración de Servicios de Salud Mental y Contra la Adicción (ASSMCA)

  3. Cuerpo de Emergencias Médicas de Puerto Rico

  4. Departamento de la Familia

  5. Departamento de Salud

  6. Departamento de Vivienda

  7. Junta de Gobierno de 911

  8. Oficina del Procurador de la Salud

  9. Oficina del Procurador del Ciudadano (OMBUDSMAN)

  10. Policía de Puerto Rico

  11. Programa de Medicaid

  12. Oficina del Procurador de las Personas Pensionadas y de la Tercera Edad

La OPPEA asegura que han estado trabajando en las siguientes fases de implantación del Protocolo. La misma consiste en que las agencias firmantes identifiquen una persona enlace en cada dependencia. Una vez asignados los funcionarios de las agencias, se adiestrarán a los mismos. A tales efectos, la OPPEA continúa realizando gestiones con los actuales Secretarios de las agencias firmantes para darle continuidad a la implementación del Protocolo.


-Capacitación a Cuidadores de Personas con la Condición de Alzheimer: para proveer herramientas en torno a manejo de emociones, hogar seguro, manejo de conductas retantes, manejo de estrés, entre otros aspectos emocionales del proceso de cuidado y apoyo a pacientes de Alzheimer.
-Implantación de Alerta SILVER: para atender los casos de desaparición de personas de edad avanzada que padecen de Alzheimer.
-Educación a niños sobre el maltrato: acuerdo colaborativo con escuelas públicas y privadas para realizar actividades educativas dirigidas a prevenir e identificar el maltrato a los viejos.
Asimismo, la OPPEA cuenta con diversos programas educativos tales como:


  1. Campaña masiva “Aprendamos a envejecer”.

  2. Prevención y concienciación sobre la explotación financiera

  3. Programa a pensionados

  4. Programa de Voluntarios

  5. Programa Nutricional Mercado de Agricultores para Personas de Edad Avanzada

  6. Homenaje a la Vejez.

Por su parte, la AARP Puerto Rico (en adelante AARP) informa que son una organización sin fines de lucro, no partidista, comprometida con sus socios que en Puerto Rico son cerca de cien mil (100,000) y forman parte de la matrícula de más de treinta y siete millones a través de todos los Estados Unidos y sus territorios. AARP promueve el bienestar de todas las personas mayores de cincuenta años (50 +) mediante una agenda de impacto social que logre cambios positivos según envejece este sector poblacional y la sociedad en general. En su ponencia, la AARP expuso que la seguridad económica de la población es tema fundamental en su agenda de impacto social. Explica AARP que en un estudio realizado para AARP (2007, Dra. Melba Sánchez Ayéndez, catedrática de la Escuela Graduada da Salud Pública del Recinto de Ciencias Médicas de la U.P.R.) se cataloga el patrón de crecimiento de la población de mayores de sesenta y cinco años en Puerto Rico como mucho mayor en comparación con las tendencias de cambio poblacional en los Estados Unidos y otros países desarrolladlos, citando el estudio:


Durante el período de cuarenta años (1950-1990) del rápido envejecimiento de Puerto Rico, las tasas de aumento de la población de 65 años de edad y mayores se cernían en el rango de.0310 a.0370, casi el doble del incremento en la tasa experimentada por el mismo segmento de la población de los Estados Unidos entre 1980 y 1990 (0.0195) y considerablemente superiores a las tasas vigentes y que se espera que prevalezcan en la mayoría de los países desarrollados. Estas tendencias se mantuvieron prácticamente sin cambios durante el año 2000.
Según el estudio citado, el patrón de crecimiento es aún más acelerado en la población de personas mayores de ochenta y cinco años conforme al Censo del 2000, lo cual presenta un creciente reto al sistema de salud y a las instituciones de servicios de cuidado prolongado dadas las necesidades de este grupo demográfico. Se atribuyen estas tendencias a cuatro factores fundamentales:


  1. La reducción en los niveles de fertilidad y, como resultado, en la tasa de natalidad entre los años 1950-1990;

  2. El retorno a Puerto Rico de las personas que emigraron de la Isla hacia el exterior durante las décadas de los años cincuenta y sesenta, y que ahora vuelven a su país natal;

  3. El continuo flujo poblacional de adultos entre las edades de veinticinco a treinta y cinco años de Puerto Rico hacia los Estados Unidos y;

  4. El aumento en la expectativa de vida de la población en Puerto Rico.

La AARP señala que estamos no solamente ante un incremento en la población de personas de edad avanzada, sino también ante el envejecimiento general de la población debido a los factores antes citados y las demás circunstancias sociales de nuestro País. Esto tendrá un efecto en la composición y en la cantidad de nuestra población. Según los estimados de U.S. Census Bureau, la población de Puerto Rico en el 2010 será de 3, 977,633 personas. De mantenerse constante la tasa de 1.7 nacimientos por fémina en el 2015 la población de la Isla superará los cuatro millones ( 4,024,872) y continuará en crecimiento hasta el año 2024, alcanzando los 4,060,173, Sin embargo, precisamente como resultado del cambio poblacional, se espera que para el año 2025 la cifra total de la población comience a reducirse. La tabla a continuación muestra esta tendencia en función de la cantidad de nacimientos y decesos:


Cambio poblacional Puerto Rico 2010-2050

Año

Población

Nacimientos

Tasa natalidad

Decesos

Tasa mortalidad

2010

3,977,663

46,000

1.7

32,000

8

2015

4,024,872

45,000

1.7

35,000

9

2025

4,059,331

41,000

1.7

41,000

10

2050

3,696,940

30,000

1.7

55,000

15

La AARP explica que es posible identificar que el envejecimiento gradual pero constantes de la población, según las proyecciones del U.S Census Bureau, tiene el efecto eventual de revertir el crecimiento poblacional de la Isla, a tal grado que se espera que para el año 2025 las tasas de natalidad y mortalidad se nivelen y posteriormente el número de decesos sea mayor al de nacimientos. El efecto a largo plazo de este fenómeno, de mantenerse constantes todas las variables, será una reducción en el número total de la población.

A estas tendencias demográficas se suman los factores económicos. La AARP explica que se estima que en Puerto Rico existen 1.4 millones de hogares. De estos, unos 319,200 ó 23% tiene como jefe de familia una persona de 65 años o más. El 45% de estos hogares viven bajo el nivel de pobreza, según los estándares del Gobierno Federal ($11,430 anuales para hogares de 2 personas). También es meritorio indicar que la mediana de ingreso en los hogares del país se aproxima a los $ 19,203 anuales, mientras que en los 25% menor al de la totalidad de los hogares en el país.
El 80% de los hogares con jefe de familia de 65 años o más tiene ingresos por debajo de los $ 25,000 anuales. La fuente principal de ingresos de estos 319,200 hogares son los beneficios de Seguro Social, que en promedio se acercan a los $ 8,400 anuales. Unos 427,665 puertorriqueños de 65 años o más participan de estos beneficios lo que representa el 87% del total de la población en ese grupo de edad. Se estima además que unas 140,000 personas (28%) son beneficiarios del PAN ya que sus ingresos no sobrepasan $400 dólares mensuales. Los beneficiarios del plan de salud del gobierno se aproximan a los 220,000 (44%) ya que sus ingresos no exceden los $800.00 mensuales. Según el Departamento del Trabajo, sólo el 7% de la población de 65 años o más se encuentra en la fuerza laboral.
Además del cuadro que han presentado, AARP sugiere incluir en el informe la urgente necesidad de atender mediante política pública las siguientes áreas:


  1. Educación financiera para que las personas se apropien y asuman responsabilidad por sus finanzas:

La promoción del ahorro y la sana administración de las finanzas personales es la manera proactiva más efectiva para evitar el empobrecimiento de los adultos mayores. Aún no hemos efectuado un estudio al respecto pero diariamente escuchamos diversas historia de adultos mayores que viven en la precariedad porque están apoyando económicamente a sus padres, hijos y hasta nietos. El consumismo desenfrenado y la mala o ninguna administración de las finanzas personales generan un efecto de empobrecimiento en cascada que nos afecta a todos.




  1. Seguridad en la cubierta de seguridad social o pensiones:

Entienden que la Ley 3-2013 afectará la seguridad financiera en el retiro de miles de puertorriqueños y reclaman que es parte importante del contrato social que provee una sociedad que se precia de garantizar las necesidades básicas a su gente y es una herramienta puntual en la planificación económica para un retiro digno pues le permite al trabajador construir sobre un ingreso que puede anticipar.




  1. Protección de los activos de la población adulta mayor:

Los adultos mayores son las víctimas principales del fraude y el abuso financiero. Es imperativo fortalecer la orientación y la protección para atender esta grave situación.




  1. Desarrollar canales expeditos que promuevan la participación de los adultos mayores y sus organizaciones en los altos niveles de la política pública, que facilite su participación y la coordinación interinstitucional. AARP fomenta la participación en estos procesos y propone que se establezcan espacios oficiales de participación activa más allá de las oportunidades de vistas públicas frente a proyectos de ley.

Indica AARP que la Ley 1999 del 16 de diciembre de 2010 creó la Comisión para Atender el Reto Demográfico y durante dos años ha estado trabajando en el análisis y desarrollo de recomendaciones para atender el tema del cambio poblacional y la situación económica de los adultos mayores hoy y en el futuro. AARP participa activamente en este esfuerzo que bajo la dirección de la Junta de la Planificación se espera completar para fines de este año de este año e incorporarlo al Plan de Desarrollo Económico del País. Este trabajo será una herramienta valiosa para el país.


Por último, el Departamento de la Familia (en adelante, Familia) indicó que según la Encuesta de Comunidad del Negociado Federal del Censo del año 2009 en Puerto Rico existen unas 780,110 personas de edad avanzada, entiéndase personas de sesenta (60) años o más y, se espera que para el año 2020, esa cantidad aumente a alrededor de 983,130.
Asegura Familia que en gran medida, los cambios en el orden social-económico han privado a la población de edad avanzada de los derechos y privilegios a los que son acreedores como seres humanos y los han llevado a vivir bajo el nivel de pobreza. Citan también los datos de la Encuesta de la Comunidad del Negociado del Censo 2009 que apuntan a que el 39.6% de la población de 60 años o más en Puerto Rico se encontraba bajo los niveles de pobreza. En el 2009, los datos arrojaron que el 84.5% de las personas de edad avanzada tenían como ingreso principal el seguro social federal y el 38.0% el Programa de Asistencia Nutricional (PAN) del Departamento de la Familia.
En el Departamento de la Familia se le ha encomendado a la Administración de Familias y Niños (ADFAN), el deber de implantar las políticas públicas de protección y cuidado de personas de edad avanzada y adultos con impedimentos. Se instituyó el Programa de Adultos en la Administración Auxiliar de Servicios a Personas de Edad Avanzada y Adultos con Impedimentos de ADFAN. Este Programa brinda servicios a toda persona mayor 60 años y adultos con impedimentos de 18 años. Todos estos servicios se brindan sin importar su condición económica, y tienen la misión de mejorar la calidad de vida, mediante la provisión de un continuo de servicios de base comunitaria, para minimizar los problemas sociales que les afecten, prevenir su deterioro, aislamiento y proteger aquellos que son víctimas de maltrato. Estos programas ofrecen servicios que trabajan y velan por la erradicación de la pobreza en esta población.
Para fortalecer la investigación propuesta por la medida que nos ocupa, y debido a la ausencia de estadísticas reales y confiables que estén al día, recomienda Familia que la siguiente información debería estar de manera concreta, confiable y centralizada en el Instituto de Estadística de Puerto Rico:


  1. El Departamento de Salud podría ofrecer datos que tiene la población de edad avanzada por concepto médico, entiéndase seguimiento médico.




  1. Las instituciones financieras podrían ofrecer datos sobre la cantidad de “Reverse Mortgage” realizados en los últimos tres años por parte de la población de edad avanzada. Esto, ya que los mismos, en su mayoría los realizan por falta de ingresos.




  1. El Departamento de la Vivienda podría ofrecer datos sobre la cantidad de personas de edad avanzada residiendo en residenciales públicos, Plan 8 y égidas.



RECOMENDACIONES Y CONCLUSIÓN
También como parte de esta investigación legislativa, la Comisión de Bienestar Social y para la Erradicación de la pobreza se refirió al Suplemento Espacial del Informe de la Junta de Planificación al Gobernador Hon. Alejandro García Padilla sobre Reto Demográfico: Adultos Mayores del 2013 el cual incluye un acápite respecto al nivel de pobreza de las personas de 65 años o más. En el mismo se señala que la proporción de personas de edad avanzada ha ido en incremento a través de los años y es una tendencia que se vincula a cambios poblacionales. Se explica que la definición y medida oficial de la pobreza en Puerto Rico son determinadas por el gobierno de los Estados Unidos. Esta se basa en un ingreso mínimo necesario para satisfacer las necesidades básicas como alimento, vivienda y vestimenta.
La autora del acápite, Vivecalyn Díaz Ocaña, expone que el que las personas de 65 años o más estén a riesgo de vivir en la pobreza posiblemente responde a que, existen factores económicos, sociales y médicos que inciden en la vulnerabilidad de esta población. Se cita la Encuesta de la Comunidad del Negociado de Censo Federal 2007 a 2011, la cual indica que el porciento de personas de 65 años y más bajo el nivel de pobreza en Puerto Rico fue aproximadamente 41.2 por ciento durante ese período. El informe incluye información gráfica que presenta las tasas de nivel de pobreza de Puerto Rico y varios estados seleccionados para las personas mayores de 65 años o más, en la cual, Puerto Rico comprende el mayor porciento de pobreza en ese grupo.
Los estados seleccionados fueron: Carolina del Sur, Idaho, Mississippi, Connecticut, Massachusetts y New Jersey. De acuerdo a estos datos, en el periodo de 2007 a 2011, el 14.5 por ciento de las personas en Mississippi vivían bajo el nivel de pobreza. A su vez, en Carolina del Sur, el 10.9 por ciento vivían bajo las mismas condiciones. En el estado de Massachusetts se observó que el grupo de personas de 65 años o más que vivían bajo el nivel de pobreza representó 9.3 por ciento. Por otro lado, New Jersey reflejó una tasa de nivel de pobreza de 7.7 por ciento. En Idaho, la población de edad avanzada presentó un nivel de pobreza de 7.6 por ciento. En Connecticut, 6.6 por ciento de las personas mayores de 65 años vivían debajo del nivel de pobreza. Reitera la autora que en Puerto Rico la población de adultos mayores es numerosa y está en crecimiento. La misma suele ser más vulnerable a enfermedades y accidentes que el resto de la población lo que puede generar una trampa de pobreza (poverty trap). Estos son factores que pueden generar vulnerabilidad en la salud física, mental, emocional y social de los adultos mayores.
Ante este panorama y a la luz de la información concluyente que presentaron agencias y organizaciones, esta Comisión acoge las sugerencias esbozadas en favor de la población de adultos mayores bajo los niveles de pobreza y recomienda:


    • Las asignaciones presupuestarias a los programas y servicios dirigidos a la población de adultos mayores deben ser considerados de alta prioridad con el propósito de que se asignen los recursos necesarios para atender esta población conforme su representación en la población general. Es decir, la oferta de servicios debe ser fortalecida en atención al crecimiento poblacional de los adultos mayores en nuestro país.




    • La OPPEA, en coordinación con el Departamento de Trabajo y Recursos Humanos debe realizar las gestiones necesarias para viabilizar el desarrollo de programas de voluntariado para personas de la tercera edad, con pago de estipendio que no afecte el ingreso para efectos del programa de seguro social. Esta media podría asistir efectivamente a los adultos mayores que viven bajo el nivel de pobreza,




    • La OPPEA, en alianza o coordinación con las organizaciones y entidades pertinentes, debe continuar desarrollando y ampliar sus iniciativas de educación financiera para que las personas se apropien y asuman responsabilidad por sus finanzas mediante mejores prácticas de ahorro. Esta estrategia preventiva permitiría preparar adecuadamente a las futuras generaciones para sus etapas de retiro o jubilación.




    • La Policía de Puerto Rico, en colaboración con la OPPEA, debe atender de forma rigurosa la protección de los activos de la población adulta mayor; atendiendo efectivamente las denuncias de fraude y abuso financiero.




    • Las agencias concernidas con los servicios a adultos mayores deben desarrollar canales expeditos que promuevan la participación de esta población y sus organizaciones en los altos niveles de la política pública.




    • El Instituto de Estadísticas de Puerto Rico debe garantizar que se compilan adecuadamente las siguientes estadísticas a los fines de promover el mejor desarrollo de política pública en atención a la población de adultos mayores: datos sobre concepto médico, entiéndase seguimiento médico en el Departamento de Salud y; los datos del Departamento de la Vivienda sobre la cantidad de personas de edad avanzada residiendo en residenciales públicos, Plan 8, égidas y otros programas de la agencia. Así también, en la medida en que sus prerrogativas en ley lo permitan, el IEPR debe compilar datos de las instituciones financieras en el país sobre la cantidad de “Reverse Mortgage” realizados en los últimos tres años por parte de la población de edad avanzada. Esto, ya que se argumenta que estas hipotecas, en la mayoría de los casos se realizan por falta de ingresos de los adultos mayores. Esta información podría complementar la data disponible a los administradores públicos en la formulación de estrategias adecuadas para atender a las personas de edad avanzada en estado de pobreza.

Así, luego de haber evaluado y analizado la información disponible y atender el objetivo loable de la Resolución de la Cámara 250, la Comisión de Bienestar Social y para la Erradicación de la Pobreza presenta este Informe Final.


Se solicita a la Secretaría de la Cámara de Representantes de Puerto Rico que remita copia de este Informe Final a la Oficina del Procurador de las Personas de Edad Avanzada; el Departamento de la Familia; la organización AARP de Puerto Rico; el Departamento del Trabajo y Recursos Humanos; el Instituto de Estadísticas de Puerto Rico y; la Policía de Puerto Rico.
Respetuosamente sometido,

Luisa Gándara Menéndez

Presidenta

Comisión de Bienestar Social y

para la Erradicación de la Pobreza





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