Comisión interamericana de derechos humanos



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B. Procesos judiciales y detenciones


  1. Para la Relatoría Especial es preocupante la reiterada actitud de altos funcionarios públicos de increpar, detener y enjuiciar a ciudadanos que los critican durante actividades públicas. El viernes 25 de febrero de 2011, Marcos Luis Sovenis gritó “fascista” cuando el presidente Rafael Correa transitaba por la localidad de Babahoyo. Según la versión de Sovenis, al menos siete oficiales que acompañaban al presidente lo habrían subido a una camioneta donde habría sido agredido y amenazado. Sovenis denunció ante el Ministerio Público, el 2 de marzo, la acción de los miembros de la escolta presidencial265 y el presidente Rafael Correa anunció que demandaría penalmente a Sovenis por el delito de desacato266.




  1. El 12 de abril de 2011, el ciudadano Germán Ponce habría sido detenido en la localidad de Salcedo por haber presuntamente insultado al Presidente al ver pasar la caravana presidencial. Por ese hecho fue detenido. El fiscal de Asuntos Flagrantes, de Cotopaxi, solicitó se iniciara la instrucción fiscal y 30 días de prisión preventiva, petición que fue acogida por el juez con base en el artículo 230 del Código Penal267, sobre delitos contra la administración pública, en el capítulo de rebelión y atentado contra funcionarios públicos. Ponce fue liberado tras 72 horas de detención, luego de pedir disculpas públicas. Aún así, según la información recibida, habría proseguido el proceso judicial en su contra268.




  1. La Relatoría Especial también tuvo conocimiento de que el 13 de abril, días antes de la consulta popular convocada por el Gobierno, el presidente Rafael Correa habría ordenado detener a la ciudadana Irma Parra, quien presuntamente habría hecho un gesto obsceno al mandatario en Riobamba. Parra insistió ante los medios de comunicación en que sólo hizo una señal de NO, con la mano, para manifestar su oposición a la consulta. Luego de varias horas de detención, ella pidió disculpas al gobernante y fue liberada269. El presidente Correa justificó la detención de Parra en la necesidad de respetar la integridad del gobernante270.




  1. La Relatoría Especial recibió información concerniente a la detención del dirigente indígena José Acacho, ex director de la radio comunitaria La Voz de Arutam, el 1 de febrero de 2011, acusado de violar su libertad condicional en una causa por sabotaje y terrorismo, por mensajes que habría difundido en esa emisora durante las jornadas de protesta indígena, el 30 de septiembre de 2009. Según lo informado, el 8 de febrero de 2011, la jueza de la segunda sala de la Corte Provincial de Justicia de Pichincha resolvió un recurso de hábeas corpus a favor de Acacho y ordenó su libertad271.




  1. En este sentido, el Estado ecuatoriano en su Oficio No. 05303 de la Procuraduría General del Estado, que contiene la respuesta del Estado ecuatoriano a las preguntas que le fueron formuladas en la Audiencia Pública sobre la Situación de la Libertad de Expresión en Ecuador, celebrada en la sede de la CIDH el pasado 25 de octubre de 2011, se refirió a la preocupación planteada en la audiencia respecto de la posible utilización del delito de sabotaje y terrorismo como un tipo penal abierto que pueda afectar la libertad de expresión de las personas que ejercen la protesta social, indicando que estos delitos se encuentran consagrados en los artículos 156-166 del Código Penal y que “no están orientados a la limitación del derecho a la libertad de expresión, a la censura previa, al freno de la protesta social, ni a ninguna limitación de un derecho que sea ilegítima”. Por el contrario, según el Estado, estos delitos “persiguen la preservación del bienestar general y demás derechos inherentes a la persona” y no constituyen un tipo penal abierto272.




  1. La Relatoría Especial observa con preocupación el incremento en el uso de normas penales de desacato y vilipendio así como de normas civiles que podrían conducir a la imposición de sanciones desproporcionadas a personas que han formulado públicamente expresiones críticas contra los más altos dignatarios públicos en Ecuador.




  1. El 27 de abril de 2011 fue detenido en Esmeraldas el periodista Wálter Vite Benítez, al quedar en firme una condena a un año de prisión y al pago de US $500 dólares por el delito de injurias calumniosas contra el alcalde de esa localidad, quien lo denunció en 2008. Según fue informada la Relatoría Especial, el alcalde se habría sentido ofendido por comentarios críticos emitidos por Vite, en un programa de opinión en Radio Iris. El periodista alegó que nunca nombró en particular al alcalde de Esmeraldas273. Desde el momento de su detención el periodista se declaró en huelga de hambre y posteriormente fue trasladado al Hospital Delfina Torres de Concha donde se encontraba cuando fue liberado el 18 de mayo de 2011. La liberación se debió a la aceptación de un pedido de revocatoria de la orden de prisión y captura, debido a que la acción penal había prescrito pues la sentencia debió ser dictada antes del 18 de noviembre de 2010. Respecto de esta decisión, el demandante interpuso un recurso de apelación, el cual fue admitido274.




  1. Según información recibida, el 21 de marzo el Presidente de la República presentó una demanda penal ante el Juzgado 15 de lo Penal de Guayas por el delito de injuria calumniosa y no calumniosa grave, en contra de la compañía anónima El Universo, empresa editora del diario, los directivos Carlos Nicolás Pérez Lapentti, Carlos Eduardo Pérez Barriga y César Enrique Pérez Barriga, así como en contra del editor de la sección de opinión del diario El Universo, Emilio Palacio. El gobernante pidió al tribunal condenar a los cuatro acusados a tres años de prisión y a pagar una indemnización de US $50 millones de dólares, así como una indemnización complementaria de US $30 millones de dólares a cargo de la empresa propietaria del periódico275. La demanda se originó en una columna de Palacio, publicada el 6 de febrero de 2011, titulada “No a las mentiras276. En el proceso, el Juzgado Décimo Quinto de Garantías Penales del Guayas ordenó que le entregasen como pruebas más de 27 informes y peritajes. Parte de la información solicitada contemplaba las planillas laborales y de los aportes en cada uno de los sitios donde han trabajado los demandados; un listado de los bienes de la compañía y de cada uno de los demandados; declaraciones del impuesto a la renta; detalles de las acciones de la compañía y sus socios; roles de pago, nóminas, reparto de utilidades e informes del estado financiero de la empresa; compras e inversiones en el extranjero; y detalle de los movimientos migratorios de los últimos cinco años de los demandados, entre otras277. Los demandados, por su parte, denunciaron irregularidades en el procedimiento278.




  1. El 7 de julio de 2011 el columnista y editor de opinión Emilio Palacio del diario El Universo, presentó su renuncia irrevocable al referido medio en aras de “evitar la quiebra de la empresa”. El mismo daría a conocer su decisión mediante carta pública de 11 de julio de 2011, en la que nuevamente asumió toda la responsabilidad sobre la publicación del artículo causante de la demanda279. Según la información recibida, el presidente aclaró que el juicio continuaría a pesar de la renuncia del periodista280.




  1. La información recibida por la Relatoría indica que en el marco de la demanda por injurias realizada por el Presidente contra El Universo, los trabajadores del medio anunciarían un plantón pacífico en la ciudad de Guayaquil para expresar su apoyo a la empresa. Asimismo, el Presidente Correa mediante Enlace Ciudadano No. 229 del 16 de julio de 2011, habría llamado a sus simpatizantes a una manifestación en respaldo de su querella281. En este sentido, la Relatoría fue informada de que el día fijado para la audiencia, se habrían presentado los manifestantes convocados por el Presidente282.




  1. El 20 de julio de 2011 fue emitida la sentencia de primera instancia283 por un juez provisorio en Ecuador, en contra del periódico El Universo, tres miembros de su junta directiva y el periodista Emilio Palacio. La sentencia condena a los directivos del diario y al periodista a tres años de prisión por el delito de injurias calumniosas contra una autoridad y a pagar un total de US $40 millones de dólares de indemnización en beneficio del Presidente Rafael Correa, desglosados en US $30 millones de dólares de forma solidaria a cargo de los individuos condenados y US $10 millones de dólares a cargo de la empresa propietaria del medio de comunicación. Además, los condenados deberán pagar dos millones de dólares estadounidenses en honorarios profesionales a los abogados del Presidente. La condena tuvo lugar con base en los artículos 489, 491y 493 del Código Penal ecuatoriano284. Posteriormente, el 23 de septiembre de 2011, fue notificada la sentencia de apelación por la Segunda Sala de lo Penal y Tránsito de la Corte Provincial del Guayas, la cual ratifica de forma íntegra la condena penal y civil al periodista Emilio Palacio, a tres directivos del diario El Universo de Ecuador y al diario mismo285.




  1. La información recibida indica que tanto la sentencia de primera instancia como la de segunda instancia condenan a los tres directivos de El Universo en su calidad de “autores coadyuvantes”286. Particularmente, la sentencia del Juzgado 15 de Garantías Penales señala a este respecto que “cuando se trata de los llamados delitos de imprenta […] interviene no sólo aquel que escribe el artículo contentivo de injurias, sino […] el dueño o directivo del medio se convierte en coadyuvante o cooperador necesario de aquel porque sin su ayuda no hubiese podido verificar la publicación del artículo injurioso”287.




  1. La Relatoría Especial fue informada de que el 26 de septiembre de 2011 la Segunda Sala de lo Penal de la Corte Provincial del Guayas, respondió a una solicitud de aclaración y ampliación a la sentencia por parte del Presidente Correa, en la cual, inter alia, se solicitó al tribunal que clarificara la declaratoria de abandono de los recursos de nulidad y apelación por parte de algunos de los interesados, que no se encontraban presentes ni representados en la audiencia de fundamentación del recurso. La Corte Provincial de Guayas declaró abandonado los recursos de nulidad y apelación del periodista Emilio Palacio Urrutia, y ordenó al juez de primera instancia la ejecución de la sentencia respecto del periodista288. Al momento del cierre del presente informe el caso se encontraba en sede de casación.




  1. Según la información recibida por la Relatoría, el 28 de febrero de 2011 el presidente Rafael Correa demandó por daños morales ante el Juzgado Quinto de lo Civil de Pichincha a los periodistas de investigación Juan Carlos Calderón y Christian Zurita por la publicación del libro “El Gran Hermano”289. En el libro, los periodistas se refieren a contratos adjudicados por el Estado a empresas vinculadas con Fabricio Correa, hermano del gobernante y afirman que el presidente Correa conocía de estos contratos. El presidente alega que nunca estuvo enterado de los contratos y que inmediatamente tuvo conocimiento de los mismos, los dio por terminados unilateralmente. Alega en la demanda que el texto contiene “hechos falsos” que menoscabarían su buen nombre y ante ello solicita una indemnización de US $10 millones de dólares a cargo de los periodistas autores del libro. Al cierre del presente informe el proceso se encontraba en curso290.




  1. En 2008 el periodista Freddy Aponte fue condenado por el delito de injurias, por haber llamado “ladrón” al alcalde de Loja. El periodista pagó una condena de 6 meses de cárcel, pero manifestó que no tenía los US $55.000 dólares que debía pagar por concepto de indemnización. En agosto de 2011 fue condenado, en primera instancia, a cinco años de prisión por el delito de “insolvencia fraudulenta”, al cierre del presente informe el caso se encontraba en apelación. El periodista ha reiterado que no tiene recursos para cancelar la indemnización. Este es uno de varios procesos contra Aponte establecidos por el alcalde de Loja en años anteriores291.




  1. La Relatoría Especial tuvo conocimiento de una demanda penal por presuntas injurias calumniosas y no calumniosas graves interpuesta por la fiscal Gloria Alexandra Bravo Cedeño en contra de los periodistas y funcionarios de medios de comunicación Pedro Eduardo Zambrano Lapentti, José Childerico Cevallos Caicedo, Paúl Julio Jefferson Bernal, Freddy Antonio Solórzano Catagua, Evelina Amarilis Zambrano Vera y el abogado Edison Nevi Cevallos Moreira292. Los medios de comunicación alegan que los demandados se limitaron a reproducir la denuncia u opinión de una ciudadana y que es a ella a quien debería dirigirse la acusación293. El 14 de mayo, un grupo de presuntos simpatizantes oficialistas habrían agredido verbalmente a Jaime Ugalde, editor del grupo de medios Ediasa, cuando transitaba por la localidad de Portoviejo. De acuerdo con lo informado, personas con banderas del movimiento Alianza País insultaron a Ugalde desde una camioneta, mientras otro vehículo le cerró el paso durante varios minutos. Momentos antes se había efectuado en la vecina población de Manta el programa sabatino del presidente, Enlace Ciudadano, en el cual el primer mandatario manifestó su respaldo a la demanda de la fiscal Bravo Cedeño contra los periodistas y funcionarios de medios de comunicación294.




  1. De acuerdo con la información recibida por la Relatoría Especial, el Juzgado 14 de Garantías Penales de Pichincha condenó el 24 de noviembre a la dirigente indígena y ex Secretaria de Comunicación, Mónica Chuji, a un año de prisión y al pago de US $100.000 dólares, por el delito de injuria, a raíz de declaraciones ofrecidas en medios periodísticos en las cuales criticaba a un funcionario estatal. El caso se habría originado en una entrevista publicada en un periódico ecuatoriano el 6 de febrero de 2011, en la cual Chuji manifestó que el secretario de Administración Pública, Vinicio Alvarado, era un “nuevo rico” que se habría enriquecido durante su paso por el Gobierno295. Esta Relatoría Especial fue informada de que el secretario Vinicio Alvarado, luego de proferida la sentencia, habría decidido “perdonar” a Chuji mediante la figura de “remisión”296. No obstante, la líder indígena habría indicado que apelará la decisión. La Relatoría Especial fue informada de que el 7 de diciembre de 2011, el Juzgado 14 de Garantías penales declaró la extinción de la acción, a petición del ofendido, lo que dejó sin efecto la pena impuesta y los posibles recursos de nulidad y apelación propuestos por Chuji297.




  1. El Presidente Correa habría solicitado levantar la inmunidad del asambleísta de oposición Galo Lara, con la finalidad de impulsar un juicio en su contra por delito de injurias. La solicitud del presidente se habría originado en una declaración transmitida por el canal RTU de la sesión 119 de la Asamblea en la cual el asambleísta habría afirmado: “no hay acuerdos por la democracia para comprar conciencias, señor presidente, aquí hay una sólida oposición al régimen que está dirigido por Rafael Correa, una corrupción que él la dirige y la protege desde Carondelet”. El Presidente Correa le imputa a Lara haber cometido los delitos de injuria calumniosa y no calumniosa tipificados en los artículos 489, 490 y 494 del Código Penal, por lo que solicitó, amparado en el inciso segundo del Art. 128 de la Constitución, que la Corte Nacional de Justicia (CNJ) pida a la Asamblea Nacional la autorización para iniciar una causa penal en contra del asambleísta. El 10 de noviembre, la Segunda Sala Penal de la CNJ emitió un oficio al presidente de la Asamblea Nacional, Fernando Cordero, solicitando levantar la inmunidad parlamentaria del asambleísta Lara. La solicitud debe ser respondida a través de una sesión del Pleno y cuenta con plazo hasta el 10 de diciembre de 2011. De no ser contestada en dicho plazo, se entenderá concedida, en los términos del artículo 128 de la Constitución 298. Al cierre del presente Informe, la Relatoría Especial fue informada de que la Asamblea Nacional había negado la solicitud del levantamiento de la inmunidad.299




  1. El principio 11 de la Declaración de Principios sobre Libertad de Expresión de la CIDH sostiene que: “Los funcionarios públicos están sujetos a un mayor escrutinio por parte de la sociedad. Las leyes que penalizan la expresión ofensiva dirigida a funcionarios públicos generalmente conocidas como ‘leyes de desacato’ atentan contra la libertad de expresión y el derecho a la información”. Por su parte, el principio 10 de la misma Declaración establece que “Las leyes de privacidad no deben inhibir ni restringir la investigación y difusión de información de interés público. La protección a la reputación debe estar garantizada sólo a través de sanciones civiles, en los casos en que la persona ofendida sea un funcionario público o persona pública o particular que se haya involucrado voluntariamente en asuntos de interés público. Además, en estos casos, debe probarse que en la difusión de las noticias el comunicador tuvo intención de infligir daño o pleno conocimiento de que se estaba difundiendo noticias falsas o se condujo con manifiesta negligencia en la búsqueda de la verdad o falsedad de las mismas”.




  1. La Corte Interamericana también ha examinado, en casos concretos, el carácter desproporcionado de la legislación sobre desacato y del procesamiento de las personas por este delito. Por ejemplo, en el caso Palamara Iribarne Vs. Chile300, la Corte Interamericana examinó la situación de un funcionario civil de las Fuerzas Armadas chilenas que había efectuado ante los medios de comunicación declaraciones críticas de la actuación de la justicia penal militar. Como resultado, Palamara Iribarne fue procesado por el delito de desacato. En criterio de la Corte Interamericana, en este caso “a través de la aplicación del delito de desacato, se utilizó la persecución penal de una forma desproporcionada e innecesaria en una sociedad democrática, por lo cual se privó al señor Palamara Iribarne del ejercicio de su derecho a la libertad de pensamiento y expresión, en relación con las opiniones críticas que tenía respecto de asuntos que le afectaban directamente. La Corte [Interamericana] considera que la legislación sobre desacato aplicada al señor Palamara Iribarne establecía sanciones desproporcionadas por realizar críticas sobre el funcionamiento de las instituciones estatales y sus miembros, suprimiendo el debate esencial para el funcionamiento de un sistema verdaderamente democrático y restringiendo innecesariamente el derecho a la libertad de pensamiento y expresión”301.




  1. En el caso Tristán Donoso Vs. Panamá, la Corte Interamericana resaltó como positivo que, con posterioridad a la condena de Tristán Donoso por calumnia debido a sus expresiones contra un alto funcionario, se hubieran prohibido en dicho país las sanciones por desacato y otras limitaciones de la libertad de expresión302.




  1. Asimismo, en el caso Herrera Ulloa, al evaluar la aplicación del derecho penal a quien ha formulado opiniones criticas o ha circulado información que compromete a los más altos servidores públicos, la Corte Interamericana ha señalado:


En una sociedad democrática los funcionarios públicos están más expuestos al escrutinio y la crítica del público303. Este diferente umbral de protección se explica porque se han expuesto voluntariamente a un escrutinio más exigente. Sus actividades salen del dominio de la esfera privada para insertarse en la esfera del debate público304. Este umbral no se asienta en la calidad del sujeto, sino en el interés público de las actividades que realiza305.


  1. En el mismo sentido, en el caso Palamara Iribarne, la Corte consideró que:


Es lógico y apropiado que las expresiones concernientes a funcionarios públicos o a otras personas que ejercen funciones de una naturaleza pública gocen, en los términos del artículo 13.2 de la Convención, de una mayor protección que permita un margen de apertura para un debate amplio, esencial para el funcionamiento de un sistema verdaderamente democrático306.


  1. En este sentido, los funcionarios públicos y quienes aspiran a serlo, en una sociedad democrática, tienen un umbral distinto de protección, que les expone en mayor grado al escrutinio y a la crítica del público, lo cual se justifica por el carácter de interés público de las actividades que realizan, porque se han expuesto voluntariamente a un escrutinio más exigente y porque tienen una enorme capacidad de controvertir la información a través de su poder de convocatoria pública307.




  1. Asimismo, la Corte Interamericana ha indicado que “el temor a la sanción civil, ante la pretensión […] de una reparación civil sumamente elevada, puede ser a todas luces tan o más intimidante e inhibidor para el ejercicio de la libertad de expresión que una sanción penal, en tanto tiene la potencialidad de comprometer la vida personal y familiar de quien denuncia a un funcionario público, con el resultado evidente y disvalioso de autocensura, tanto para el afectado como para otros potenciales críticos de la actuación de un servidor público”308.




  1. Respecto de este asunto, el Estado Ecuatoriano, mediante Oficio No. 05303 de la Procuraduría General del Estado, que contiene la respuesta del Estado a las preguntas que le fueron formuladas en la Audiencia Pública sobre la Situación de la Libertad de Expresión en Ecuador celebrada en la sede de la CIDH el pasado 25 de octubre de 2011, se refirió al alcance de la doctrina y los pronunciamientos de la Corte y la Comisión Interamericana de Derechos Humanos en el marco de la nueva Constitución de 2008. El Estado comienza por indicar que “[e]l Estado ecuatoriano entiende que la Doctrina y la Jurisprudencia del Sistema Interamericano constituyen una fuente secundaria del derecho internacional público”. Sin embargo, indica que una vez aceptada la competencia de la Corte por un Estado sus decisiones son de obligatoria ejecución para el Estado parte en sus casos particulares. En este sentido, el Estado resaltó que en múltiples sentencias, la Corte Constitucional del Ecuador ha aplicado la jurisprudencia interamericana como un “medio auxiliar”. En cuanto a la vigencia y jerarquía de las normas internacionales de derechos humanos, el Estado indicó que “la normativa internacional en materia de derechos humanos, al estar jerárquicamente al nivel constitucional a favor de la vigencia de los derechos humanos, se aplica como fuente secundaria del derecho internacional. En este contexto y por la obligatoriedad consentida por el Estado ecuatoriano de acatar las decisiones de la Corte IDH, que la Constitución de la República desde su preámbulo establece lineamientos que garantizan los derechos consagrados en la Convención Americana y le dan un tratamiento jerárquico constitucional a los informes y sentencias de la Comisión y la Corte Interamericana de derechos humanos, respectivamente”. Informó el Estado que la Constitución de Ecuador establece expresamente que “los instrumentos internacionales de derechos humanos gozan de rango constitucional en cuanto favorezcan mejor a la plena vigencia de los derechos […] serán de directa e inmediata aplicación”. El Estado concluyó indicando que los derechos consagrados “en los instrumentos internacionales de derechos humanos son oponibles ante cualquier servidora o servidor público”, y que estos “son los encargados de aplicar las normas del Sistema Interamericano de Protección de Derechos Humanos”309.




  1. Respecto del destino de figuras penales anteriores a la Constitución, como el caso de la injuria, el Estado indicó que el artículo 289 del Código Penal protege el derecho a la honra de las personas de manera general. Asimismo, indica que el tipo de protección de la honra y la dignidad “que contempla la legislación penal, es recogido por el capítulo sexto de la Constitución, que consagra los derechos a la libertad, entendidos como integridad moral; el derecho de toda persona agraviada por informaciones sin pruebas o inexactas, emitidas por medios de comunicación social, a la correspondiente rectificación, réplica o respuesta, en forma inmediata, obligatoria y gratuita, en el mismo espacio u horario; el derecho al honor y al buen nombre, estableciendo finalmente que ‘La ley protegerá la imagen y la voz de la persona’”. Asimismo, el Estado entendió que la protección de la honra se encuentra contemplada en cuerpos normativos de carácter general, con lo cual estas disposiciones podrían estar sujetas a (i) la acción de inconstitucionalidad o a (ii) la derogatoria o expedición de un nuevo cuerpo normativo, esta última por parte de la Asamblea Nacional, de conformidad con el artículo 52 de la Ley Orgánica de la Función Legislativa310.




  1. El Estado ecuatoriano, al referirse a la posibilidad de proteger la honra de todos los ciudadanos frente a las expresiones de los funcionarios públicos, indicó que el Código Penal en su artículo 489 protege de manera general el derecho a la honra de todas las personas, al establecer el delito de Injurias. Sin embargo, el Estado indicó que el artículo 493 del mismo código establece una protección especial cuando las Injurias se dirigen contra funcionarios públicos. Asimismo, el Estado indicó que el Título III del Código Penal, denominado “delitos contra la administración pública”, provee una protección especial reservada para la honra de las autoridades, y que los artículos cuya inconstitucionalidad está conociendo actualmente la Corte Constitucional se encuentran incluidos en este título311.




  1. A este respecto, el Estado resaltó que “[e]n la actualidad se encuentran en trámite ante la Corte Constitucional del Ecuador dos acciones de inconstitucionalidad que fueron acumuladas […] que pretenden la eliminación de los artículos 230, 231, 232 y 233 del Código Penal que son parte de los delitos contra la administración pública”. El Estado indicó que en este proceso, la Procuraduría General del Estado en su calidad de representante judicial del mismo manifestó que “a pesar de no consentir los argumentos que se expresaron por parte de los demandantes, no se opone a la eliminación de dichos tipos penales, manteniendo la protección general del derecho a la honra a través del delito de Injurias”. El Estado ecuatoriano concluyó que “el destino de las figuras penales que protegen la honra de los funcionarios públicos, podrían eliminarse por medio de una declaratoria de inconstitucionalidad dictada por la Corte Constitucional del Ecuador, manteniendo solamente aquellas figuras que garantizan la protección de la honra de todos los ciudadanos en general”312.

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