Comisión interamericana de derechos humanos



Descargar 5.32 Mb.
Página11/71
Fecha de conversión15.12.2017
Tamaño5.32 Mb.
1   ...   7   8   9   10   11   12   13   14   ...   71

C. Cadenas presidenciales e interrupción gubernamental de espacios informativos


  1. En materia de cadenas oficiales, según la información recibida, durante los últimos años Ecuador ha tenido de forma sostenida este tipo de transmisiones, que se suman a los programas Enlace Ciudadano y Diálogo con el Presidente313.




  1. Durante 2011, se ha implementado una nueva manera de utilizar las facultades que autorizan la celebración de cadenas presidenciales. Como se menciona adelante, el Gobierno ha hecho uso de esta facultad para ordenar a determinados medios, la publicación de la opinión gubernamental sobre sus notas editoriales o informativas. En efecto, de acuerdo con información recibida, durante 2011 se ha producido repetidas interrupciones gubernamentales de programas periodísticos críticos, mediante cadenas presidenciales radiales y televisivas que emiten el mensaje oficial solo en la emisora donde se emitió la información o la opinión cuestionada. Según lo reportado a la Relatoría Especial, el 18, el 25 y el 31 de enero el Gobierno habría interrumpido la señal del canal Teleamazonas para insertar mensajes durante el programa matutino “Los Desayunos 24 Horas”, conducido por la periodista María Josefa Coronel. Las cadenas presidenciales, que sólo afectaron a Teleamazonas, criticaron las respuestas de Coronel a los mensajes gubernamentales y las opiniones y entrevistas que cuestionaron el referendo y consulta popular impulsados por el presidente Rafael Correa, el cual procuraba reformas constitucionales y legales314. El 10 de febrero una cadena presidencial interrumpió durante cerca de 10 minutos el programa de entrevistas y opinión “En Contacto Directo”, en la cadena Ecuavisa. Según lo informado, ese día el programa tenía como invitado al ex presidente Lucio Gutiérrez y el mensaje del gobierno se dedicó a criticar la gestión del gobernante durante su mandato315. El 15 de febrero, una cadena gubernamental habría interrumpido durante 15 minutos la señal de las emisoras Radio Quito y Platinum, de la cadena Ecuadoradio, con el fin de cuestionar a Fabio Chambers, auditor responsable de investigar los contratos con el Estado del hermano del presidente, Fabricio Correa, quien había sido entrevistado el día anterior por el periodista Miguel Rivadeneira. El mensaje gubernamental criticó el tono coloquial que tuvo la interacción entre el periodista y el entrevistado316. Un día después, el 16 de febrero, el gobierno insertó un mensaje de casi 10 minutos en el programa de noticias y opinión de Radio Democracia, conducido por el periodista Gonzalo Rosero, con el fin de refutar al congresista opositor Galo Lara, que había sido entrevistado en ese programa el día anterior317. El 28 de febrero y el 2 de marzo el gobierno habría dedicado otras dos cadenas de televisión —que sólo incluyeron a la estación Ecuavisa— a refutar comentarios del periodista Alfredo Pinoargote, del programa informativo “Contacto Directo”, y una entrevista realizada el 27 de febrero al alcalde de Guayaquil, Jaime Nebot, en la que se cuestionaba las reformas que debían ser aprobadas en el referendo318. El 28 de marzo, el gobierno rebatió en una cadena nacional de televisión a los periodistas Juan Carlos Calderón y Cristian Zurita, autores del libro “El Gran Hermano”. De acuerdo con lo informado, el mensaje oficial refutó que el presidente Rafael Correa hubiera estado enterado de los contratos que su hermano Fabricio había obtenido con el Estado. La cadena enfatizaba que los periodistas debían retractarse de sus aseveraciones319. Ese mismo día, los periodistas presentaron la segunda edición de su libro y rechazaron la posibilidad de retractarse320. El 3 de abril el gobierno emitió una segunda cadena en relación con el mismo tema321.




  1. El gobierno también habría advertido a la cadena Ecuavisa que se exponía a una sanción por haber sobre impuesto el texto “Cadena del Gobierno” mientras se transmitía un mensaje oficial el 17 de febrero. De acuerdo con la información recibida, el Secretario Nacional de Comunicación, Fernando Alvarado, envió una nota al Superintendente de Telecomunicaciones, Fabián Jaramillo, en la que señalaba que la emisora habría alterado “arbitrariamente” el contenido de la cadena gubernamental al incorporar ese texto pues, según Alvarado, la obligación de los concesionarios de frecuencias del Estado es la de difundir las cadenas de manera íntegra, sin reformar, editar o modificar en cualquier forma los materiales audiovisuales entregados. Según lo reportado, los ejecutivos de la emisora habrían accedido a retransmitir la cadena sin ninguna alteración322.




  1. Según la información recibida por la Relatoría, el 29 de junio de 2011 habría sido interrumpido el programa “La Mañana en 24 Horas” de la estación televisiva Teleamazonas con un enlace nacional sólo para este canal. En el enlace se acusó a la entrevistadora del mismo, Jeannette Hinostroza, de tener conflicto de intereses al entrevistar al asambleísta Galo Lara, quien habría denunciado irregularidades en el Ministerio de Inclusión Económica y Social, referentes al seguro de vida y al no pago de los beneficiarios del bono de desarrollo humano. Durante los 12 minutos que transcurrió el enlace, se descalificó a la entrevistadora porque el padre de su esposo era dueño de una aseguradora, así como al asambleísta por tener juicios en su contra323.




  1. En la audiencia pública celebrada el 25 de octubre de 2011 en la sede de la CIDH, el Gobierno de la República de Ecuador habría indicado que es respetuoso de la libertad de expresión, pero no del derecho a calumniar, mentir u ofender, a lo cual respondería con las leyes vigentes. El Estado indicó que durante el mandato del presidente Correa se han duplicado el número de usuarios de Internet y se ha verificado un incremento en la entrega de frecuencias. Resaltó además que la decisión del gobierno de crear medios públicos se habría convertido en una amenaza para los grandes medios, los cuales habrían utilizado todo tipo de recursos para combatir esta decisión estatal. El Estado indicó además que en Ecuador la censura previa no proviene del Estado, sino de los propios dueños de los medios respecto de sus periodistas324.




  1. Por su parte, en dicha audiencia Fundamedios indicó que tanto los periodistas como los medios de comunicación han sido objeto de constantes descalificaciones, insultos, imputaciones y discursos estigmatizantes por parte de altos funcionarios públicos y particularmente por parte del más alto dignatario del gobierno. Precisó que la mayor parte de las agresiones provienen de funcionarios públicos mediante el uso de discursos estigmatizantes, así como de decisiones administrativas, legislativas y judiciales325.




  1. Luego de las audiencias, el Gobierno emitió al menos dos cadenas de radio y televisión cuestionando a las personas que habían participado en dicha audiencia, y en particular, sobre César Ricaurte, director de la organización Fundamedios326.




  1. El 3 de noviembre de 2011 la Comisión Interamericana de Derechos Humanos solicitó información al Estado de Ecuador respecto de las mencionadas cadenas de radio y televisión. Particularmente, la CIDH solicitó información sobre presuntos mensajes ofensivos, estigmatizantes y amenazantes en contra de los representantes de la organización Fundamedios, a través de las redes sociales327.




  1. El Estado envió su respuesta a la indicada solicitud de información en fecha 18 de noviembre de 2011. En dicha respuesta el Estado realizó algunas precisiones sobre la situación de la comunicación en Ecuador y procedió a responder a las preguntas efectuadas por la CIDH. El Estado indicó que existen en Ecuador grandes poderes mediáticos privados que actúan en contra del Gobierno y que manipulan la libertad de expresión en el país. Resaltó que la mayor concentración de medios se encuentra en el sector privado y que estos medios privados “se encuentran alineados con Fundamedios”. Asimismo, el Estado consideró que “la libertad de expresión está muy afectada en la República del Ecuador”, con lo cual no son los funcionarios públicos los que deben estar sometidos a limitaciones sino los “medios de comunicación privados que desinforman, mienten y restringen las libertades, ya que representan importantes sectores nacionales e internacionales que buscan desestabilizar la democracia en el país”328.




  1. En respuesta a la preguntas formuladas por la CIDH, el Estado manifestó que la finalidad de la cadena presidencial emitida el 1 de noviembre de 2011 en la que se refirieron al Director de Fundamedios César Ricaurte era la de informar adecuadamente a la opinión pública ecuatoriana respecto de los hechos que no se publican en los medios de comunicación privada, los cuales alegan imponen una censura mediática que impide al Gobierno comunicar adecuadamente asuntos de interés público. Resaltaron que emitir dichas cadenas presidenciales es una facultad que le otorga el artículo 59 de la Ley de Radiodifusión y Televisión para informar las actividades de los organismos públicos, en este caso, las actividades generadas en torno a la visita de varios funcionarios estatales a la audiencia del 25 de octubre de 2011 en la CIDH y los argumentos que se desarrollaron en la audiencia. Indicaron también que la misma se realizó de conformidad con los requisitos formales establecidos en el Reglamento de la antes referida ley, enfatizando que estas cadenas no tienen límite en su duración cuando son solicitadas por el Presidente de la República329.




  1. En cuanto a la constatación de la información emitida en la cadena presidencial y la existencia de recursos a favor de las personas afectadas para controvertir las afirmaciones que se realizan en las mismas, el Estado indicó que las cadenas presidenciales son espacios de información en los que no se hacen acusaciones de ninguna índole, en las mismas se emiten hechos “absolutamente objetivos” con fuentes claramente verificables. En tal virtud, el Estado entendió que no tiene cabida que se solicite “un espacio para aclaraciones en el mismo sistema compulsorio de programación”. Sin embargo, el Estado ecuatoriano indicó que “ha efectuado rectificaciones a sus cadenas, solicitadas al amparo de las leyes ecuatorianas, cuando la información transmitida ha sido incorrecta, y está dispuesto a hacerlo en cualquier momento”330.




  1. La Relatoría Especial agradece al Estado de Ecuador y a las organizaciones de la sociedad civil la información enviada y nuevamente reconoce la importancia otorgada a la audiencia del 25 de octubre con la presencia de altos funcionarios del Estado ecuatoriano.




  1. Asimismo, la Relatoría Especial ha reconocido la potestad del Presidente de la República y de las altas autoridades del Estado para utilizar los medios de comunicación con el propósito de informar a la población sobre aquellas cuestiones de interés público preponderante y que requieren ser informadas de manera urgente a través de los medios de comunicación independientes. En efecto, tal como ha señalado la Corte Interamericana, “no sólo es legítimo sino que en ciertas ocasiones es un deber de las autoridades estatales pronunciarse sobre cuestiones de interés público”331.




  1. El ejercicio de esta facultad, sin embargo, no es absoluto. La información que los gobiernos transmiten a la ciudadanía a través de las cadenas presidenciales debe ser aquella estrictamente necesaria para atender necesidades urgentes de información en materias de claro y genuino interés público, y durante el tiempo estrictamente necesario para trasmitir dicha información. En este sentido, tanto la CIDH y su Relatoría Especial332, como algunos órganos nacionales de Estados parte de la Convención Americana, aplicando estándares internacionales, han indicado que “no es cualquier información la que legitima al Presidente de la República la interrupción de la programación habitual, sino aquélla que pueda revertir interés de la colectividad en el conocimiento de hechos que puedan encerrar trascendencia pública y, que sean realmente necesarios para la real participación de los ciudadanos en la vida colectiva. El principio 5 de la Declaración de Principios establece explícitamente que, “[l]as restricciones en la circulación libre de ideas y opiniones, como así también la imposición arbitraria de información y la creación de obstáculos al libre flujo informativo, violan el derecho a la libertad de expresión”333.




  1. Asimismo, la Relatoría Especial considera pertinente recordar que, tal como lo ha establecido la Corte Interamericana de Derechos Humanos, para las autoridades estatales no sólo es legítimo sino que en ciertas ocasiones es un deber pronunciarse sobre cuestiones de interés público. Sin embargo, al hacerlo están sometidos a ciertas limitaciones en cuanto a constatar en forma razonable, aunque no necesariamente exhaustiva, los hechos en los que fundamentan sus opiniones, y deberían hacerlo con una diligencia aún mayor a la empleada por los particulares, en atención al alto grado de credibilidad de la que gozan y en aras a evitar que los ciudadanos reciban una versión manipulada de los hechos. Además, deben tener en cuenta que en tanto funcionarios públicos tienen una posición de garante de los derechos fundamentales de las personas y, por tanto, sus declaraciones no pueden llegar a desconocer dichos derechos334. Este deber de especial cuidado se ve particularmente acentuado en situaciones de mayor conflictividad social, alteraciones del orden público o polarización social o política, precisamente por el conjunto de riesgos que pueden implicar para determinadas personas o grupos en un momento dado335.




  1. La Corte Interamericana también ha sostenido que las situaciones de riesgo pueden ser exacerbadas si se es “objeto de discursos oficiales que puedan provocar, sugerir acciones o ser interpretadas por funcionarios públicos o por sectores de la sociedad como instrucciones, instigaciones, o de cualquier forma autorizaciones o apoyos, para la comisión de actos que pongan en riesgo o vulneren la vida, seguridad personal u otros derechos de personas que […] ejercen [la] libertad de expresión”336.


D. Afirmaciones descalificatorias


  1. La Relatoría Especial tuvo conocimiento de una serie de afirmaciones descalificatorias por parte de altas autoridades del Estado en contra de medios de comunicación y periodistas críticos del gobierno. Según la información que ha recibido la Relatoría, estas afirmaciones son usuales. Algunos ejemplos se citan a continuación. Según lo reportado, el 2 de febrero, durante un conversatorio con la prensa en el Palacio de Carondolet, el presidente Rafael Correa habría calificado al canal de televisión Teleamazonas como una emisora “corrupta”, por la manera como ha manifestado su oposición al referendo convocado por el gobierno. Al ser cuestionado por el periodista que lo entrevistaba, el gobernante habría manifestado: “(…) de que hay prensa corrupta la hay. ¡Y al que le calce el guante que se lo chance! Y gran parte de esa corrupción está en Teleamazonas337.




  1. El 12 de febrero, durante su programa de los sábados, Enlace Ciudadano, el presidente Rafael Correa habría calificado a medios de comunicación críticos de su mandato como “sicarios de tinta”338. El 28 de febrero el ministro de Comunicación, Fernando Alvarado, habría repetido el mismo calificativo, al cuestionar artículos publicados por diversos medios críticos339. En otro programa de Enlace Ciudadano, el 26 de febrero, el presidente Correa habría reiterado sus comentarios estigmatizantes al calificar a medios y periodistas críticos como “prensa corrupta”, “amarillista”, “manipuladora”, y aseveró que el diario El Universo era un periódico “conspirador” e “irresponsable”, tras haber publicado información acerca de posibles cambios en la estructura policial340. Una semana después, según lo informado, el gobernante habría llamado a varios medios de comunicación privados “manipuladores”, “mediocres”, “corruptos”, “conspiradores” y “sicarios de tinta”341. Similares expresiones habría reiterado en el enlace ciudadano del 2 de julio de 2011342.




  1. La información recibida indica además múltiples declaraciones contra organizaciones no gubernamentales críticas del Gobierno. Según dicha información, en el programa Enlace Ciudadano del 25 de junio, el presidente Correa alegó que dos organizaciones no gubernamentales de defensa de los derechos humanos (Fundamedios y Participación Ciudadana) reciben financiamiento de USAID, para señalar que las mismas están al servicio de intereses de otros343. Fundamedios ha sostenido que no existen limitaciones para la financiación de ONGs con recursos internacionales, que este tipo de afirmaciones tiene un propósito descalificatorio y que en todo caso, no recibe este tipo de apoyo344. Según lo informado, en fecha 28 de junio de 2011, el Secretario de Comunicación Fernando Alvarado emitió una “Carta Abierta a Fundamedios”, la cual fue reproducida por diversos periódicos del país, en la que destacó que las actuaciones de esta organización no gubernamental, que se limitan a reportar hechos relacionados con temas de libertad de expresión y cuyo contenido no ha sido desmentido por las autoridades, se parecían más “a estrategias políticas y tácticas militares montadas para crear confusión o promover corrientes de opinión pública favorables a los intereses de algunos de sus financistas”. Indicó además que la institución “recibe recursos directos de USAID” y del National Endowment for Democracy (NED)345. En el mismo sentido, el periódico estatal, El Telégrafo, publicó que el periodista Emilio Palacio y el director ejecutivo de Fundamedios, César Ricaurte, habían participado en una actividad organizada en Washington por la NED, una entidad, según él, vinculada con la CIA346.




  1. En relación con estos hechos, la Relatoría Especial para la Libertad de Expresión manifiesta su preocupación frente a declaraciones de funcionarios públicos que puedan estigmatizar a periodistas, medios de comunicación u organizaciones no gubernamentales que hacen pública información crítica de las actuaciones del Estado. En este sentido, los funcionarios públicos tienen el deber de asegurarse que con sus pronunciamientos no están lesionando los derechos de quienes contribuyen a la deliberación pública mediante la expresión y difusión de su pensamiento, tales como periodistas, medios de comunicación y organizaciones defensoras de derechos humanos, y deben atender al contexto en el cual se expresan para asegurarse que sus expresiones no constituyan, en palabras de la Corte, “formas de injerencia directa o indirecta o presión lesiva en los derechos de quienes pretenden contribuir a la deliberación pública mediante la expresión y difusión de su pensamiento”347.




  1. Como lo ha indicado anteriormente la Relatoría, la diversidad, el pluralismo y el respeto por la difusión de todas las ideas y opiniones, es condición esencial para el funcionamiento de cualquier sociedad democrática. En consecuencia, las autoridades deben contribuir decisivamente a la construcción de un clima de tolerancia y respeto en el cual todas las personas puedan expresar su pensamiento y opiniones sin miedo a ser agredidas, sancionadas o estigmatizadas por ello348.


E. Cambio constitucional y propuestas legislativas


  1. Durante el 2010 el Gobierno impulsó un proyecto de reforma legislativa que tenía como uno de sus principales objetivos la creación de un órgano administrativo con competencia para regular los contenidos de todos los medios de comunicación; establecer las causales de responsabilidad y las sanciones aplicables; y servir de autoridad de aplicación de dichas normas. La Relatoría intervino en dos oportunidades manifestando las dificultades que esta propuesta planteaba. El presidente Rafael Correa decidió incluir en el referéndum llevado a cabo el 7 de mayo de 2011, una pregunta sobre esta cuestión. Asimismo, decidió incluir en dicho referéndum una pregunta destinada a prohibir que los directivos de medios de comunicación, propietarios y/o accionistas pudieran tener intereses económicos en cualquier otro sector de la economía distinto al de las comunicaciones. Las preguntas sometidas al referéndum popular relacionadas con libertad de expresión fueron las siguientes:


Pregunta 3. ¿Está usted de acuerdo con prohibir que las instituciones del sistema financiero privado así como las empresas de comunicación privadas de carácter nacional, sus directores y principales accionistas, sean dueños o tengan participación accionaria fuera del ámbito financiero o comunicacional, respectivamente, enmendando la Constitución como lo establece el anexo 3?349
Pregunta 9. ¿Está usted de acuerdo con que la Asamblea Nacional, sin dilaciones dentro del plazo establecido en la Ley Orgánica de la Función Legislativa, expida una Ley de Comunicación que cree un Consejo de Regulación que regule la difusión de contenidos de la televisión, radio y publicaciones de prensa escrita que contengan mensajes de violencia, explícitamente sexuales o discriminatorios; y que establezca criterios de responsabilidad ulterior de los comunicadores o medios emisores?350


  1. Luego del correspondiente conteo de votos, las preguntas obtuvieron una mayoría de 47,187% y 44,964% respectivamente, frente a una minoría de 41,886% y 42,044% respectivamente351.




  1. La Relatoría manifestó su opinión en tres oportunidades mediante carta a la Asamblea Legislativa352, sobre el Proyecto de Ley Orgánica de Comunicación en curso. Los puntos sobre los cuales la Relatoría se manifestó continúan siendo debatidos. Entre otros asuntos, la Relatoría indicó que el establecimiento de un registro previo de medios de comunicación sin ninguna diferenciación, en el cual se le obligue a registrar “la línea editorial del medio” podría constituir un requerimiento excesivo e innecesario que podría tener efectos desproporcionados sobe ciertos medios e inhibitorios sobre ciertos discursos. El registro de las “políticas editoriales e informativas”, según expresó la Relatoría, podría generar un efecto similar.




  1. Asimismo, la Relatoría Especial encontró que las causales de responsabilidad previstas en el Proyecto están redactadas con términos ambiguos que refieren a conductas cuya adecuación resulta particularmente difícil, lo que otorga al órgano encargado de aplicarlas (el Consejo de Comunicación e Información) una excesiva discrecionalidad que podría resultar incompatible con la Convención Americana353.




  1. De otra parte, la Relatoría ha llamado la atención sobre el hecho que el régimen administrativo sancionatorio único en el Proyecto abarque a todos los medios de comunicación, sin realizar diferenciaciones pertinentes. En particular, lo que resulta legítimo en el limitado ámbito de la radiodifusión dado el uso de un bien público como las frecuencias de radio y televisión abierta, puede no resultar legítimo cuando se aplica a la televisión por suscripción, a la prensa escrita general, a los medios escritos especializados, o a Internet354. En este sentido, la Relatoría ha recordado que únicamente en el caso de las autoridades regulatorias del espectro radioeléctrico es admisible el establecimiento de instancias administrativas de control sobre el ejercicio de algunos aspectos de la libertad de expresión. Asimismo, la Relatoría Especial indicó que en todo caso debe tratarse de una autoridad administrativa que reúna plenas garantías de independencia y autonomía, y sus facultades sancionatorias deben limitarse al ejercicio del poder de policía por el uso irregular de la frecuencia concedida. Debe asimismo reunir la totalidad de las garantías del debido proceso propias de todo régimen sancionatorio, incluyendo el control judicial355.




  1. En materia sancionatoria, la Relatoría sostuvo que, en principio, la imposición de una sanción por el ejercicio abusivo de la libertad de expresión o la satisfacción del derecho de rectificación corresponde a los jueces. No obstante, en ciertos casos, como ya se dijo, los medios de comunicación que utilizan las frecuencias electromagnéticas pueden ser objeto de controles administrativos por el mal uso de dichas frecuencias. En todo caso, cuando esto sucede, tienen derecho a acudir a un recurso judicial efectivo para el control de la decisión administrativa.




  1. Al cierre del presente informe la Asamblea Nacional de la República de Ecuador se encontraba discutiendo el Proyecto de Ley Orgánica de Comunicación.




  1. Por otra parte, según la información recibida por esta Relatoría, el 14 de octubre de 2011 el Presidente de la República presentó a la Asamblea Nacional de Ecuador dos nuevos proyectos de Ley para su consideración: el Proyecto de Ley Orgánica de Telecomunicaciones y Servicios Postales y el Proyecto de Ley del Código Orgánico Integral Penal. Al cierre del presente informe, dichos proyectos no habían sido objeto de debate ante la Asamblea. Según la información recibida los proyectos habrían aumentado la tensión entre el Presidente de la República y los medios de comunicación356.




  1. En los informes anuales de 2009 y 2010 la Relatoría Especial había felicitado al Gobierno de Ecuador por la elaboración de una iniciativa de Código Penal “que eliminaría, entre otros, los delitos de ofensas contra funcionarios públicos, el desacato y ciertas modalidades de injuria357. La Relatoría Especial consideraba este avance como una iniciativa que toma en cuenta la doctrina y la jurisprudencia interamericanas en torno al delito de desacato”358.




  1. La Relatoría Especial valora positivamente que el Proyecto de Ley del Código Orgánico Integral Penal, recientemente presentado, establece sanciones para aquellos servidores públicos que arbitrariamente atentaren contra la libertad de expresión359. Sin embargo, el Proyecto de Ley del Código Orgánico Integral Penal establece penas privativas de libertad de hasta 3 años para los que dirijan a la autoridad imputaciones que constituyan injurias calumniosas o no calumniosas360; prohíbe la defensa de exceptio veritatis361; impone responsabilidad penal a autores o facilitadores extranjeros de artículos “injuriosos” que sean reproducidos en el país362; así como a quienes sean responsables de publicar o reproducir este tipo de informaciones363, entre otras disposiciones. A diferencia de la propuesta actual, las disposiciones previamente elaboradas, las cuales resultaban adecuadas a los estándares interamericanos en materia de libertad de expresión, evitarían que se produzcan algunos de los hechos reportados en el presente informe364.




  1. El Estado Ecuatoriano en la respuesta a las preguntas que le fueron formuladas en la Audiencia Pública sobre la Situación de la Libertad de Expresión en Ecuador celebrada en la sede de la CIDH el pasado 25 de octubre de 2011, se refirió a la preocupación planteada en la audiencia respecto de la posibilidad de enjuiciar a las personas que afecten la honra de un funcionario público en las regulaciones del nuevo Proyecto de Código Penal Integral. El Estado indicó que no podía hacer un pronunciamiento concluyente sobre el tema, pues se trataba de una propuesta presentada al órgano legislativo, la cual “no tiene carácter vinculante, no genera obligaciones o derechos a favor o en contra de persona alguna, ni constituye siquiera una mera expectativa puesto que en el debate de una ley, puede cambiar su contenido de manera sustancial”. El Estado destacó que “cualquier norma que sea expedida, luego del trámite que corresponde, obedecerá a la lectura del ordenamiento jurídico ecuatoriano en su conjunto”365.

1   ...   7   8   9   10   11   12   13   14   ...   71


La base de datos está protegida por derechos de autor ©bazica.org 2016
enviar mensaje

    Página principal