Comisión interamericana de derechos humanos



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F. Medios de Comunicación


  1. De acuerdo con información aportada a la Relatoría Especial, el 3 de abril agentes de la Policía de la localidad de Macas, en la provincia de Morona-Santiago, habrían clausurado la radio La Voz de la Esmeralda Oriental Canela, cortado cables e incautado equipos de transmisión en cumplimiento de una orden de cierre emitida por el Consejo Nacional de Telecomunicaciones (CONATEL). Desde septiembre CONATEL había negado la renovación de la concesión de la frecuencia en la que operaba la emisora, concedida hace 10 años, al alegar presuntos incumplimientos técnicos366. El propietario de la emisora, Wilson Cabrera, sostuvo que la clausura se realizó cuando todavía estaba pendiente una apelación, sin haber recibido notificación alguna y con base en fundamentos incorrectos de parte de CONATEL367.




  1. El Estado en declaraciones públicas indicó haber tomado la decisión de no renovar la licencia de la radio “debido a que en los procesos administrativos seguidos en contra de estas estaciones no acogieron las recomendaciones de la Contraloría” y resaltó que “al momento de la inspección la estación se encontraba operando con los parámetros autorizados en el contrato y se consideraba que realizaba sus actividades con observancia a la Ley y Reglamento; sin embargo, en los procesos administrativos seguidos en contra de esta emisora que datan desde el 2000 hasta el 2010, se observa que existieron varias sanciones por incumplimiento de las recomendaciones que hizo la Contraloría en el informe general al Consejo Nacional de Radiodifusión y Televisión, que son de obligatoria aplicación por parte de las entidades públicas”368. Particularmente, en su Resolución No. RTV-545-17-CONATEL-2010369, CONATEL decidió no renovar la concesión “por haber operado una estación de radiodifusión sin contar con la respectiva autorización de autoridad competente, esto en aplicación de las observaciones de la Contraloría General del Estado […] y lo prescrito en el artículo 11 letra c) del Reglamento General a la Ley de Radiodifusión y Televisión370; y, en consecuencia dar cumplimiento a la letra a) del artículo 67 de la Ley de Radiodifusión y Televisión371 y declarar terminada la concesión por haber vencido el plazo del contrato de concesión” [notas al pie agregadas]. Posteriormente CONATEL rechazó el recurso extraordinario de revisión interpuesto en contra de esta decisión372.




  1. La Relatoría Especial recuerda al Estado que, decisiones tan sensibles para la libertad de expresión como las que aparejan el cierre, revocatoria o extinción de concesiones y permisos de transmisión, deben ser el resultado de un procedimiento administrativo abierto y específico, en el cual se garantice de manera plena el derecho al debido proceso y a la legítima defensa como condición previa a la adopción de la decisión, y en el cual se demuestre que quien se encuentra usufructuando el espectro no tiene ni puede tener derecho a dicho uso o que ha incurrido en alguna de las causales legales que dan lugar a dicha decisión373. En este mismo sentido, cabe recordar que “los criterios que deben guiar la asignación de licencias deben estar previstos de manera clara y precisa en las normas aplicables, de forma tal que protejan a los solicitantes contra cualquier forma de arbitrariedad. Los procedimientos deben ser transparentes, claros y contar con plazos fijos predeterminados. Asimismo, los requisitos de asignación deben consagrarse en leyes claras y precisas de forma tal que se evite cualquier consideración política discriminatoria que pueda afectar la asignación en atención, por ejemplo a las ideas políticas o religiosas o de cualquier otro orden, de la persona que solicita la licencia. Al respecto, el principio 13 de la Declaración de Principios sostiene que, “[l]a utilización del poder del Estado y […] el otorgamiento de frecuencias de radio y televisión, […] con el objetivo de presionar y castigar o premiar y privilegiar a los comunicadores sociales y a los medios de comunicación en función de sus líneas informativas, atenta contra la libertad de expresión y deben estar expresamente prohibidos por la ley“374. Asimismo, la Relatoría Especial recuerda que el principio 12 de la Declaración de Principios de la CIDH establece que “[l]as asignaciones de radio y televisión deben considerar criterios democráticos que garanticen una igualdad de oportunidades para todos los individuos en el acceso a los mismos”.




  1. Por otra parte, según la información recibida por esta Relatoría Especial, “[e]l panorama mediático en el Ecuador está destacado principalmente por ocho grupos que administran o participan de la industria mediática, según lo identificó la Comisión de Auditoría de Frecuencias de Radio y Televisión” 375. Uno de tales grupos era el llamado “Grupo Isaías”, el cual se encuentra administrado por el Estado desde el 8 de Julio de 2008376.




  1. En este sentido, la información recibida indica que parte de los medios considerados como privados, estarían siendo calificados por el Gobierno como medios “incautados” de carácter privado, a pesar de ser administrados y utilizados directamente por el Estado. Según dicha información el Gobierno habría creado en los últimos años una red de medios de comunicación y se habría convertido en uno de los principales actores en la administración y propiedad de medios de comunicación en Ecuador377.




  1. Esta Relatoría especial recuerda que el principio 12 de la Declaración de Principios de la CIDH establece que “[l]os monopolios u oligopolios en la propiedad y control de los medios de comunicación deben estar sujetos a leyes antimonopólicas por cuanto conspiran contra la democracia al restringir la pluralidad y diversidad que asegura el pleno ejercicio del derecho a la información de los ciudadanos. En ningún caso esas leyes deben ser exclusivas para los medios de comunicación. Las asignaciones de radio y televisión deben considerar criterios democráticos que garanticen una igualdad de oportunidades para todos los individuos en el acceso a los mismos”.




  1. El Estado Ecuatoriano, mediante Oficio No. 05303 de la Procuraduría General del Estado, que contiene la respuesta del Estado ecuatoriano a las preguntas que le fueron formuladas en la Audiencia Pública sobre la Situación de la Libertad de Expresión en Ecuador, se refirió a los mecanismos de regulación antimonopólica que existen en el país para los medios de comunicación, a los fines de mantener un debate democrático. El Estado indicó que la Constitución de la República establece en su sección tercera que el “acceso en igualdad de condiciones al uso de frecuencias del espectro radioeléctrico para la gestión de estaciones de radio y televisión públicas, privadas y comunitarias”, y que no se permitirá “el oligopolio o monopolio directo ni indirecto de la propiedad de los medios de comunicación y del uso de las frecuencias”. En este sentido, el Estado resaltó que el informe de Auditoría de Frecuencias de 2009, realizado por la Comisión Auditora de Frecuencias, consideró que el “proceso de concentración de frecuencias de radio y televisión en el Ecuador, en clara violación de los preceptos constitucionales vigentes, es producto de la venta del patrimonio social constituidos por las frecuencias por parte de concesionarios particulares, tanto de personas naturales como jurídicas, en un verdadero proceso de apropiación indebida de bienes públicos, aparentemente justificados”378, y que por ello era necesario democratizar los medios comunicación, situación que el Estado consideró de “un interés público imperativo del Estado ecuatoriano”379.




  1. El Estado indicó que este fue el fundamento para adoptar la Disposición Reformatoria y Derogatoria Vigésima Tercera de la Ley Orgánica de Regulación y Control del Poder del Mercado, mediante la cual se “restringe de poseer paquetes accionarios en empresas diferentes a las de comunicación a aquellas personas que posean más del 6% de las acciones o participaciones en un medio de comunicación nacional”. Asimismo, indicó que a través de la Ley Orgánica de Comunicación, en segundo debate ante la Asamblea Nacional del Ecuador, lo que se intenta es “desarrollar los preceptos constitucionales” mencionados. El Estado resaltó que consideraba “improcedente referirse a un proyecto de ley cuyo texto todavía no se define”380.




  1. El Estado manifestó que su Constitución incorporó al ordenamiento jurídico el derecho a la comunicación como un derecho económico, social y cultural fundamental en adición a los derechos a la libertad de expresión, información y opinión. El Estado resaltó que el cambio estructural pretende desconcentrar el dominio de las “concesiones de frecuencias en manos del sector privado-comercial […] en detrimento de los sectores públicos y comunitarios”. El Estado enfatizó que los principios recogidos en los artículos 1, 2, 3, 4, 25 y 26 del Proyecto de Ley de Comunicación “promueven el acceso a un debate democrático, incluyente y participativo, pluricultural e intercultural”381.


10. El Salvador
A. Avances


  1. De acuerdo con información recibida, el Tribunal de Sentencia Antimafias de San Salvador condenó el 9 de marzo a 3 personas por su participación directa en el asesinato del documentalista franco-español Christian Poveda, acaecido el 2 de septiembre de 2009. Las penas dictadas oscilan entre 20 y 30 años de prisión. Según conoció la Relatoría Especial, dos individuos fueron condenados como autores materiales e intelectuales del crimen contra Poveda, y una persona como cómplice del delito. En el mismo juicio, otras 8 personas acusadas de participar en el crimen fueron condenadas a penas menores de 4 años de prisión, por pertenecer a pandillas o grupos ilícitos, y 20 sospechosos fueron absueltos. El periodista había producido el documental “La Vida Loca”, en 2008, que muestra la vida cotidiana de pandillas en El Salvador. Quienes lo asesinaron eran miembros de uno de los grupos que Poveda había filmado382.




  1. La Relatoría Especial manifiesta su satisfacción por la aprobación en la Asamblea Legislativa de El Salvador de la Ley de Acceso a la Información Pública, el 3 de marzo. De acuerdo con la información recibida, la Ley entró en vigencia el 5 de mayo y los ciudadanos podrán usarla para solicitar información a partir de enero de 2012, mientras las instituciones públicas ejecutan las acciones necesarias para ponerla en práctica383. La Ley había sido aprobada inicialmente por la Asamblea Legislativa el 2 de diciembre de 2010, pero el Presidente la devolvió con observaciones, que fueron aceptadas parcialmente por el Congreso384. La Ley de Acceso a la Información Pública reconoce el derecho de todo ciudadano a solicitar y recibir información veraz y oportuna, generada, administrada o en poder del Estado. La legislación establece los criterios para definir los conceptos de información oficiosa, reservada y confidencial, crea estructuras administrativas en las dependencias estatales para recibir y procesar las solicitudes de información, define los procedimientos de apelación ante respuestas negativas y crea el Instituto de Acceso a la Información Pública, encargado de velar por la defensa y aplicación del derecho de acceso a la información, integrado por cinco miembros escogidos por el Presidente de la República de ternas presentadas por organizaciones de la sociedad civil385. El 10 de septiembre el reglamento de la Ley entro a regir386. Organizaciones periodísticas y de la sociedad civil han cuestionado el contenido del reglamento, al considerar que establece causales de reserva de la información que limitarían la aplicación de la ley (artículo 29 del reglamento) y otorga al Presidente, en el artículo 73, la potestad de vetar las ternas de candidatos presentadas por la sociedad civil para integrar el Instituto de Acceso a la Información Pública. El artículo 29 del reglamento establece como causales de reserva para acceder a información pública la afectación de “la Seguridad Nacional y/o la Seguridad Política”, “el interés nacional, en especial si se refieren a la salud pública, o las relaciones internacionales y los intereses económicos o comerciales del país”; o cuando se “afecte el debido cumplimiento de las funciones del órgano requerido”, particularmente en investigaciones y trámites judiciales, o deliberaciones previas a la adopción de resoluciones, medidas o políticas387.




  1. El 8 de septiembre la Asamblea Legislativa aprobó una reforma al Código Penal que sustituye por sanciones pecuniarias las penas de prisión previstas para delitos contra el honor, y establece criterios de ponderación para las situaciones donde haya un conflicto entre los derechos de información y libertad de expresión con los derechos al honor, la intimidad y la imagen. Asimismo, el proyecto introduce una reforma según la cual se entiende como legítima la difusión de mensajes presuntamente difamatorios, calumniosos o injuriosos cuando “satisfaga la función del libre flujo de información de una sociedad democrática; cuando los hechos se refieran a persona que tengan algún tipo de relevancia pública, y su conocimiento se[a] de interés general; y cuando se refieran a hechos publicados por personas dedicadas al ejercicio de la función informativa, que, sin tener conocimiento de la falsedad de la información, y habiendo contrastado diligentemente las fuentes, la divulga”. El 30 de septiembre, el presidente de la República, Mauricio Funes, devolvió el proyecto al Congreso con observaciones parciales referidas a seis de las reformas propuestas388. Al cierre de este informe la Asamblea Legislativa no había tomado una decisión al respecto389.




  1. La Relatoría Especial encuentra de enorme importancia la reforma planteada. El décimo principio de la Declaración de Principios sobre Libertad de Expresión de la CIDH indica que, “[l]as leyes de privacidad no deben inhibir ni restringir la investigación y difusión de información de interés público. La protección a la reputación debe estar garantizada sólo a través de sanciones civiles, en los casos en que la persona ofendida sea un funcionario público o persona pública o particular que se haya involucrado voluntariamente en asuntos de interés público. Además, en estos casos, debe probarse que en la difusión de las noticias el comunicador tuvo intención de infligir daño o pleno conocimiento de que se estaba difundiendo noticias falsas o se condujo con manifiesta negligencia en la búsqueda de la verdad o falsedad de las mismas”.




  1. La Relatoría Especial conoció que la Cámara Tercera de lo Penal de la Primera Sección del Centro rechazó el 22 de julio de 2011 una demanda contra tres directivos y un periodista del periódico La Prensa Gráfica por el delito de calumnia, que había interpuesto un militar aludido en una información publicada el 30 noviembre de 2010. El caso se originó cuando La Prensa Gráfica publicó que fuentes no identificadas de la Agencia Antidrogas de Estados Unidos (DEA) y de la Policía Nacional Civil de El Salvador habrían revelado los nombres de dos militares, uno activo y otro en retiro, que estarían siendo investigados por presuntos nexos con el crimen organizado. De acuerdo con la información recibida, el Tribunal Sexto de Sentencia de San Salvador había declarado en primera instancia la inadmisibilidad de la acusación, al no encontrar dolo en la publicación y considerar que se trataba del traslado de información de terceros. Posteriormente, la Cámara Tercera de lo Penal rechazó el recurso de apelación390.


B. Agresiones y amenazas contra medios y periodistas


  1. La Relatoría Especial tuvo conocimiento del asesinato del reportero gráfico Alfredo  Hurtado, ocurrido en la noche del 25 de abril en la carretera entre Ilopango y San Salvador. De acuerdo con la información recibida, el comunicador se dirigía a su trabajo cuando dos hombres armados subieron al autobús en el cual viajaba y le dispararon en varias ocasiones. Los asesinos no robaron ninguna pertenencia y habrían escapado hacia una localidad donde operan grupos delictivos. Hurtado trabajaba como camarógrafo nocturno del noticiero Teleprensa, del Canal 33, y tenía más de 20 años de experiencia. De manera cotidiana cubría hechos criminales e información acerca de violencia de pandillas. Las autoridades policiales salvadoreñas han sugerido diversas hipótesis como motivo del asesinato. Voceros de la empresa donde laboraba y organizaciones periodísticas salvadoreñas no descartan que el crimen pueda estar relacionado con las actividades profesionales del camarógrafo391.




  1. La Relatoría Especial exhorta a las autoridades salvadoreñas a impulsar las investigaciones que permitan aclarar el motivo del homicidio, juzgar y sancionar adecuadamente a los responsables, así como garantizar una justa reparación a los familiares de la víctima. Es fundamental que se adopten las medidas necesarias para impedir la repetición de estos hechos de violencia y contrarrestar su fuerte impacto en el derecho a la libertad de expresión de toda la sociedad.




  1. La Relatoría Especial fue puesta en conocimiento de una serie de amenazas que habría recibido la radio comunitaria Victoria, en el departamento de Cabañas, durante el primer semestre del año. El 11 de enero una nota anónima habría advertido a los funcionarios de la emisora que dejaran de hacer su trabajo o serían asesinados. “La pregunta es quién será el tercero”, decía la nota, en referencia a dos ambientalistas que habían sido asesinados en diciembre de 2010392. El 30 de abril y el 2 de mayo, la emisora volvió a recibir mensajes amenazantes firmados por una organización que se haría llamar “Grupo de Exterminio”. Integrantes de la emisora consideran que las advertencias se deben a las posiciones ambientalistas que han manifestado en la radio y las críticas a proyectos mineros393.




  1. De acuerdo con el noveno principio de la Declaración de Principios sobre Libertad de Expresión de la CIDH “[e]l asesinato, secuestro, intimidación, amenaza a los comunicadores sociales, así como la destrucción material de los medios de comunicación, viola los derechos fundamentales de las personas y coarta severamente la libertad de expresión. Es deber de los Estados prevenir e investigar estos hechos, sancionar a sus autores y asegurar a las víctimas una reparación adecuada”.


11. Estados Unidos
A. Avances


  1. La Comisión Federal de Comunicaciones de Estados Unidos (FCC), el 21 de diciembre de 2010, declaró la neutralidad de Internet, al promulgar una serie de reglas que procuran asegurar a proveedores y consumidores iguales derechos de acceso a la red, al impedir a los proveedores regular el tráfico y al asegurar que los usuarios puedan acceder a los contenidos que quieran sin ser obstaculizados394. Según la FCC “el Internet ha prosperado a causa de su libertad y apertura – la ausencia de guardián alguno que bloquee los usos legales de la red o escoja los ganadores y perdedores en línea. Los consumidores e innovadores no tienen que obtener permiso antes de usar Internet o lanzar nuevos servicios, tecnologías, comenzar negocios, conectarse con amistades o compartir sus puntos de vista”395. De acuerdo con lo informado, las reglas establecen que todos los proveedores de banda ancha hagan públicas sus prácticas de administración de la red, se inhiban de bloquear el contenido de Internet y sus aplicaciones, y se abstengan de hacer discriminaciones irrazonables en la transmisión de contenido legal. La FCC explicó que la decisión habría sido necesaria ante la evidencia de acciones de parte de proveedores que podrían haber puesto en peligro la apertura de la red, mediante el bloqueo o discriminación de ciertos contenidos y aplicaciones, sin transparentar esas prácticas a los consumidores, además de que los proveedores podrían tener intereses económicos en servicios que podrían competir con otros contenidos y servicios en línea. Según la FCC, el establecimiento de estas reglas procura asegurar que los consumidores continúen tomando sus propias decisiones acerca de las aplicaciones, servicios y contenidos a los que acceden y usan, crean o comparten con otros. Para la FCC esta apertura promueve la competencia y refuerza un círculo virtuoso de inversión e innovación396.




  1. El 17 de diciembre de 2010, la Cámara de Representantes y el Senado aprobaron la Ley de Radios Locales Comunitarias, que facilita la obtención de permisos para obtener una frecuencia y abre espacio en el dial a más emisoras, al reducir la distancia que debe haber entre una frecuencia concesionada y otra para evitar interferencias. De acuerdo con la información recibida, la reforma no solo permitirá el surgimiento de nuevas emisoras en zonas rurales —donde no se justificaban las regulaciones a la distancia entre frecuencias, debido a la menor densidad de emisoras— sino que también hará posible la aparición de nuevas radios de baja potencia en zonas urbanas. El presidente Barack Obama firmó la Ley el 7 de enero de 2011397.




  1. La Relatoría Especial advierte con satisfacción que los autores intelectuales del asesinato del periodista Chauncey Bailey fueron llevados a juicio y condenados. En 2007, el periodista Chauncey Bailey, entonces jefe de redacción para el periódico The Oakland Post, fue asesinado a balazos tras investigar presuntas irregularidades financieras de una panadería local en Oakland, California. Pocos días después del hecho, Devaughndre Broussard, el autor material del asesinato confesó398. Los autores intelectuales del asesinato, Yusuf Bey IV y Antoine Mackey, fueron encontrados culpables por un jurado el 9 de junio de 2011 y fueron condenados a cadena perpetua por ordenar el asesinato del periodista el 26 de agosto pasado399. Según lo informado, tras el asesinato del periodista comunicadores locales habían organizado una coalición ad hoc denominada “The Chauncey Bailey Project”, con el fin de esclarecer los hechos del asesinato y concluir la investigación periodística que Bailey había empezado, lo que habría significado un aporte importante en la investigación que condujo a la eventual condena de los responsables400. Según la información recibida, el asesinato de Chauncey Bailey fue el primer asesinato de un periodista dentro de Estados Unidos con motivo del ejercicio de su labor periodística desde 1976.




  1. La Relatoría Especial conoció que el congreso estatal de Hawaii extendió por dos años más una ley que protege a periodistas y blogueros de revelar sus fuentes o sus documentos y notas de trabajo. Esta ley, denominada “ley de escudo” [“Shield Law”] y aprobada en 2008, regirá ahora hasta 2013401.




  1. El 2 de marzo el Departamento de Estado hizo públicos documentos acerca de las políticas de la administración del ex-Presidente George W. Bush concernientes a la detención de “enemigos combatientes” en la bahía de Guantánamo y de los “riesgos significativos” para la población general en caso de que los detenidos fueran liberados. La información fue entregada a la organización Judicial Watch, después de que presentara en 2009 una solicitud de acceso a la información con base en el Freedom of Information Act (FOIA)402.

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