Comisión interamericana de derechos humanos



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B. Acciones en respuesta a la filtración de información secreta gubernamental


  1. El 23 de mayo, en el marco del caso iniciado por el Departamento de Justicia en contra de Jeffrey Sterling, un ex agente de la Agencia Central de Inteligencia (CIA) acusado de filtrar documentos secretos403, el reportero del New York Times James Risen fue citado (“subpoenaed”) por la corte federal del distrito de Alexandria, Virginia, por pedido del Departamento de Justicia para que declarara como testigo en el caso contra Sterling y revelara las fuentes de información usadas en su libro404. Según la información recibida, el periodista, quien había incluido información de una fuente anónima en su libro “State of War”, invocó su derecho a mantener la confidencialidad de la fuente de acuerdo con la Primera Enmienda de la Constitución y en julio el juez decidió que el testimonio de Risen era sujeto a la confidencialidad periodística (“reporter’s privilege”). Según la información recibida, el 19 de octubre el Departamento de Justicia apeló la decisión sobre el pedido de citación ante un tribunal de apelación federal, que deberá determinar si confirmará el reconocimiento de la confidencialidad de las fuentes de Risen405.




  1. En diciembre de 2010, en parte sobre la base de declaraciones formuladas por el Fiscal General de Estados Unidos, la prensa informó que el Departamento de Justicia estaba investigando la publicación de información reservada del gobierno por la organización WikiLeaks, con la finalidad de juzgar a su fundador, Julian Assange406. Asimismo, el 14 de diciembre de 2010, el Departamento de Justicia envió una orden judicial a la compañía matriz de la red social Twitter, para que entregara información acerca de los usuarios de la cuenta de WikiLeaks y de las cuentas de personas que habrían estado asociadas con ese grupo, entre ellas, el fundador de WikiLeaks Julian Assange y la diputada islandesa Birgitta Jónsdóttir. Según lo reportado, la información solicitada debería incluir: nombres de los suscriptores o los nombres de usuario; direcciones electrónicas, residenciales y de trabajo; registro de las conexiones, su duración, volumen de transferencia de datos, origen y destino de la comunicación y las direcciones del protocolo Internet (IP) del emisor y el destinatario, además de números de teléfono y medios de pago407. Las objeciones legales presentadas por las personas afectadas fueron rechazadas por un tribunal federal el 10 de noviembre de 2011408.




  1. El Principio 4 de la Declaración de Principios sobre Libertad de Expresión de la CIDH establece que, “El acceso a la información en poder del Estado es un derecho fundamental de los individuos. Los Estados están obligados a garantizar el ejercicio de este derecho. Este principio sólo admite limitaciones excepcionales que deben estar establecidas previamente por la ley para el caso que exista un peligro real e inminente que amenace la seguridad nacional en sociedades democráticas”.




  1. Como ya han indicado los Relatores de la CIDH y de la ONU409, es responsabilidad exclusiva de las autoridades públicas y sus funcionarios mantener la confidencialidad de la información legítimamente reservada que se encuentre bajo su control. Las otras personas, como los periodistas, integrantes de medios de comunicación o miembros de la sociedad civil que tengan acceso y difundan información reservada por considerarla de interés público, no deben ser sometidas a sanciones por violación del deber de reserva, a menos que hubiesen cometido fraude u otro delito para obtenerla. Los denunciantes (“whistleblowers”) que, siendo empleados gubernamentales, divulguen información sobre violaciones del ordenamiento jurídico, casos graves de corrupción, la existencia de una amenaza grave para la salud, la seguridad o el medio ambiente, o violaciones de derechos humanos o del derecho internacional humanitario deberán estar protegidos frente sanciones legales, administrativas o laborales siempre que hayan actuado de buena fe. Cualquier intento de imponer sanciones ulteriores contra quienes difunden información reservada debe fundamentarse en leyes previamente establecidas aplicadas por órganos imparciales e independientes con garantías plenas de debido proceso, incluyendo el derecho de recurrir el fallo410.




  1. En la misma Declaración Conjunta, al referirse a la divulgación de información reservada que podría afectar derechos o bienes protegidos, las Relatorías de la ONU y la OEA indicaron que los códigos de ética para periodistas deben contemplar la necesidad de evaluar el interés público en conocer la información. Los mecanismos periodísticos de autorregulación han contribuido significativamente a desarrollar buenas prácticas sobre cómo abordar y comunicar temas complejos y sensibles. La responsabilidad periodística es especialmente necesaria cuando se reporta información de fuentes confidenciales que puede afectar valiosos bienes jurídicamente protegidos como los derechos fundamentales o la seguridad de las personas. Dichos códigos también resultan de utilidad para las nuevas formas de comunicación y para los nuevos medios, los cuales deben adoptar voluntariamente buenas prácticas éticas para asegurar, entre otras cosas, que la información publicada sea precisa, presentada imparcialmente, y que no cause daño sustancial y desproporcionado a bienes jurídicos legítimamente protegidos por las leyes como los derechos humanos411.




  1. Finalmente, la Relatoría recuerda que el Principio 8 de la Declaración de Principios sobre Libertad de Expresión de la CIDH establece que, “Todo comunicador social tiene derecho a la reserva de sus fuentes de información, apuntes y archivos personales y profesionales”.


C. El derecho de acceso a la información


  1. La Relatoría tuvo conocimiento de una medida cautelar emitida el 5 de julio con el fin de obligar a The Daily, un periódico digital, a bajar de su sitio un video de la declaración de Tony Hayward, CEO de British Petroleum, relacionada con el vertido de petróleo en el Golfo de México en 2010. The Daily rehusó cumplir la orden, citando el “enorme interés público en la divulgación completa de todos los hechos” respecto del derrame de petróleo. La jueza encargada del caso levantó la medida cautelar el 11 de julio412.




  1. La Relatoría Especial recibió información acerca de que un juez federal, mediante decisión del 1 de agosto, se habría negado a declarar en rebeldía a la Agencia Central de Inteligencia (Central Intelligence Agency, CIA) por la destrucción de cerca de 92 grabaciones de video que registraban interrogatorios de personas detenidas, incluidas algunas donde presuntamente se mostraba a presos que estaban siendo sometidos a prácticas de asfixia por inmersión (waterboarding). La resolución, dictada por un juez de primera instancia del Distrito Sur de Nueva York, se adoptó en el marco de una petición presentada en 2007 por ACLU, donde se solicitaba que la CIA presentara las grabaciones de video. Según la información recibida, el juez pidió a la CIA que publicara sus políticas sobre destrucción de documentos y ordenó que esta agencia pagara las costas413.




  1. El principio 4 de la Declaración de Principios de la CIDH establece que “[e]l acceso a la información en poder del Estado es un derecho fundamental de los individuos. Los Estados están obligados a garantizar el ejercicio de este derecho. Este principio sólo admite limitaciones excepcionales que deben estar establecidas previamente por la ley para el caso que exista un peligro real e inminente que amenace la seguridad nacional en sociedades democráticas”.


D. Agresiones y arrestos de periodistas en el marco de las protestas públicas


  1. La Relatoría recibió información concerniente a limitaciones a la libertad de expresión dentro del marco de una serie de manifestaciones de protesta social a partir del pasado 17 de septiembre. El 17 de septiembre, miembros de un movimiento político denominado “Occupy Wall Street” (Ocupemos Wall Street) comenzaron a acampar en Zuccotti Park, un parque privado de la Ciudad de Nueva York, para protestar ante una serie de reformas políticas y económicas. El 24 de septiembre, cuando los manifestantes se volcaron a las calles, presuntamente sin la correspondiente autorización414, habrían circulado en diversos medios de prensa y redes sociales varios videos donde se mostraba a policías aplicando la fuerza física contra manifestantes415. Según trascendió, entre los detenidos se encontraban al menos un periodista profesional y varios ciudadanos aficionados al periodismo y transeúntes que intentaron documentar las protestas y las detenciones mediante dispositivos de grabación de audio e imagen416. Posteriormente, se produjeron protestas similares a esta en otras ciudades, que también tuvieron como resultado la detención de numerosas personas durante manifestaciones de protesta social417.




  1. En el marco de tales manifestaciones, la Relatoría fue informada de detenciones y agresiones que sufrieron algunos periodistas y trabajadores de medios de comunicación. De acuerdo con la información recibida, al menos tres periodistas habrían sido agredidos desde el pasado octubre por agentes policiales y dos más por personas participantes en las manifestaciones referidas. Asimismo, al menos una docena de periodistas habrían sido arrestados a pesar de haberse identificado como reporteros.




  1. Según lo informado, el periodista Dick Brennan de la estación Fox 5 habría sufrido agresiones el 5 de octubre en la ciudad de Nueva York mientras cubría las manifestaciones de Occupy Wall Street, junto con su camarógrafo Roy Isen418.




  1. La Relatoría tuvo conocimiento de presuntas agresiones contra Scott Campbell, periodista independiente, el 7 de noviembre en Oakland, California. Según lo reportado, agentes de la policía habrían disparado una bala de goma a Campbell, sin aparente provocación o aviso. Campbell divulgó el video que registró su ataque419.




  1. Según lo informado, el 28 de octubre, el reportero John Huddy de la estación Fox 5 habría sido agredido por un manifestante mientras cubría la manifestación de Occupy Wall Street en Nueva York420, y el 10 de noviembre el camarógrafo Randy Davis, de la estación KGO, habría sido severamente golpeado por manifestantes en Oakland que le impedían captar imágenes de un crimen ocurrido minutos antes. Los agresores habrían golpeado al periodista hasta que otros manifestantes intervinieron para protegerlo421.




  1. En cuanto a las detenciones, de acuerdo con la información recibida, el periodista John Farley, de la estación WNET en Thirteen blog MetroFocus, fue detenido durante 8 horas, el 24 de septiembre en Nueva York mientras entrevistaba a dos jóvenes que habrían sido agredidas. Según lo reportado, la Policía lo detuvo por no poseer las credenciales de medios de comunicación que otorga la propia institución policial422. Kristen Gwynne, periodista de Alternet, fue arrestada el 1 de octubre en el puente de Brooklyn en Nueva York, luego de que la policía cerrara la vía y arrestara a quienes se encontraban en el lugar423. Asimismo, Natasha Lennard, periodista independiente (freelance) que reportaba para el New York Times, fue arrestada y acusada de “alteración del orden público” (“disorderly conduct”). El cargo posteriormente fue sobreseído en la Corte, debido a su actividad profesional como periodista424.




  1. Asimismo, la Relatoría tuvo conocimiento del arresto de Jonathan Meador, del semanario Nashville Scene, el 29 de octubre en Nashville, Tennessee, mientras grababa videos del desalojo forzoso de los manifestantes de la agrupación “Occupy Nashville”. Según lo informado, en repetidas ocasiones Meador dijo a las autoridades que era periodista425. Según la información recibida, la periodista estudiantil Malina Chavez-Shannon de Middle Tennessee State University habría sido arrestada mientras fotografiaba la detención de los manifestantes. Según lo reportado, el magistrado encargado habría retirado y expurgado (“dropped and expunged”) todos los cargos penales iniciados contra los manifestantes426. Según lo informado, las detenciones habrían sido el resultado de nuevas limitaciones al derecho de manifestar en Tennessee, las cuales fueron impugnadas y se habrían dejado de aplicar tras la emisión de medidas cautelares (“temporary restraining order”) de un juez federal427.




  1. La Relatoría tuvo conocimiento del arresto de Ian Graham, fotógrafo de RVA Magazine, el 31 de octubre en Richmond. Según lo informado, el periodista habría sido arrestado y acusado de “entrada sin autorización en propiedad ajena después haber sido prohibido” (“trespassing after having been forbidden to do so”)428 tras cuestionar una orden de permanecer en un “área de prensa” mientras cubría el desalojo de la agrupación “Occupy Richmond”. El periodista fue citado para aparecer en corte y, a través de sus representantes, ha impugnado la constitucionalidad del arresto429.




  1. La Relatoría también fue informada que Susie Cagle, reportera y caricaturista independiente de Alternet, Truthout y Citizen Radio, fue arrestada y acusada de “presencia en la escena de un disturbio” (“presence at the scene of a riot”) el 3 de noviembre en Oakland. Según lo informado, Cagle se identificó como periodista al momento de su detención, pero fue detenida unas 15 horas y citada para una audiencia para finales de noviembre430.




  1. Según la información recibida, Kristyna Wentz-Graff, fotógrafa del Milwaukee Journal Sentinel, fue arrestada el 2 de noviembre en Milwaukee mientras fotografiaba una manifestación cerca de la Universidad de Wisconsin, con su credencial oficial visible. La periodista fue dejada en libertad, presuntamente sin cargos431.




  1. La Relatoría Especial fue informada de que durante la noche del 15 de noviembre de 2011, al menos siete periodistas fueron detenidos cuando cubrían el desalojo de Zuccotti Park Nueva York, aunque contaban con credenciales oficiales. Las personas perjudicadas habrían sido: la periodista independiente Julie Walker, de la cadena NPR432; Patrick Hedlund y Paul Lomax, periodistas de DNAinfo.com433; Doug Higginbotham durante el día del 15 de noviembre, camarógrafo independiente (freelance) de TV New Zealand434; Jared Malsin, periodista de The Local435; Karen Matthews y Seth Wenig de Associated Press; y Matthew Lysiak, de New York Daily News436.




  1. Algunos periodistas reportaron que habían sido agredidos o empujados por policías437. Según lo informado, el alcalde de Nueva York habría pronunciado, en rueda de prensa, que los medios tendrían prohibida la entrada a la escena de la manifestación, para “prevenir que la situación se empeore” y “proteger a la prensa”438.




  1. La Declaración Americana de los Derechos y Deberes del Hombre, la Declaración de Principios de Libertad de Expresión, así como la Primera Enmienda de la Constitución de los Estados Unidos protegen ampliamente el ejercicio de la libertad de expresión. La protección y garantía de este derecho exige que las autoridades aseguren las condiciones necesarias para que los y las periodistas puedan cubrir hechos de notorio interés público como los referidos a las protestas sociales mencionadas en los párrafos anteriores. Las restricciones desproporcionadas en el acceso al lugar de los hechos, las detenciones y la imputación de cargos por el cumplimiento de las labores profesionales de los y las reporteras vulnera el derecho a la libertad de expresión. Corresponde a las autoridades restablecer las garantías y asegurar el pleno respeto del derecho a la libertad de expresión.




  1. Según la información recibida por la Relatoría, en septiembre una agencia dentro del Departamento de Salud y Servicios Humanos habría eliminado una base de datos sobre las sanciones aplicadas a médicos por malapraxis (“medical malpractice”). De acuerdo con lo reportado, el reportero Alan Bavley del diario Kansas City Star usó la base de datos para escribir sobre las presuntas malas prácticas de un neurocirujano, luego de lo cual habría recibido una carta, de fecha 1 de septiembre, del Departamento de Salud y Servicios Públicos que le habría advertido de la posibilidad de ser multado con una suma hasta de US $11.000 dólares por violar la confidencialidad. Asimismo, el Departamento cerró la referida base de datos, alegando la necesidad de proteger la confidencialidad de la información allí contenida. Según lo informado, el gobierno federal reabrió el acceso público a la base de datos el 9 de noviembre, pero sujeto a nuevas restricciones de uso: los datos no pueden ser usados para identificar a los doctores o entidades; las personas tienen que devolver, borrar o destruir copias de los datos a pedido del Departamento; y los datos no pueden ser divulgados a otras personas a menos que sea parte de análisis estrictamente estadístico439.




  1. La Relatoría Especial tuvo conocimiento de la sentencia de la Corte Suprema de Estados Unidos del 2 de marzo en el caso Snyder v. Phelps, según la cual el derecho a la libertad de expresión contemplado en la Constitución protege las protestas de un grupo religioso contrario a la homosexualidad, cerca de los funerales de soldados caídos en combate. Para la Corte, estas protestas revisten interés público y se encuentran protegidas por la libertad de expresión consagrada en la Primera Enmienda de la Constitución440. Según la Corte, “[l]a [libertad de] expresión es poderosa. Puede empujar a la gente a la acción, causar lágrimas de alegría y de tristeza, y —como lo hizo aquí— infligir gran dolor. Con base en los hechos presentados, no podemos reaccionar a ese dolor castigando a quien se expresa. Como nación hemos elegido un camino diferente: proteger incluso el discurso hiriente en asuntos públicos para asegurar que no vamos a sofocar el debate público. Esa decisión requiere que protejamos de una responsabilidad por daños a [la Iglesia Bautista de] Westboro por sus jornadas de protesta en este caso441.


12. Guatemala


  1. La CIDH conoció con satisfacción la coincidencia del Estado y de organizaciones de la sociedad civil en la necesidad proteger, consolidar y fortalecer el Archivo Histórico de la Policía Nacional y comparte la aspiración de convertir al Proyecto de Recuperación del Archivo Histórico de la Policía Nacional en un proyecto de Estado, que trascienda la voluntad mostrada por el gobierno y garantice el derecho de acceso a la información. De acuerdo con la información recibida, el Archivo Policial, descubierto de manera fortuita en 2005, registra las actividades de la Policía Nacional de Guatemala durante 15 años, entre 1882 y 1997, y consta de unos 80 millones de folios y 7.900 metros lineales de documentos. Las tareas de conservación y sistematización de su información han sido útiles para apoyar 124 búsquedas judiciales de personas desaparecidas durante el conflicto militar interno (1960-1996), ha permitido integrar 1260 expedientes de investigación relacionados con eventuales violaciones a los derechos humanos y construir 166 expedientes concretos. El Archivo Policial ha demostrado tener valor probatorio en procesos judiciales que han producido sentencias condenatorias de autores materiales de graves violaciones a los derechos humanos. La CIDH toma nota de la preocupación del Estado y de la sociedad civil acerca de la necesidad de fortalecer legal e institucionalmente al Proyecto de Recuperación del Archivo Histórico de la Policía Nacional, para asegurar su sostenibilidad económica, la posibilidad de acceso de cualquier persona a la información allí conservada, la capacidad técnica del personal a cargo del proyecto y la adecuada conservación y sistematización de la información almacenada, con el fin de conocer la verdad histórica, contribuir al esclarecimiento de violaciones a los derechos humanos y apoyar procesos judiciales que permitan impartir justicia, reparar a las víctimas y tomar medidas para impedir la repetición de los hechos442.




  1. La Relatoría Especial condena el crimen cometido contra el periodista Yensi Ordóñez, quien apareció asesinado el 19 de mayo en el municipio de Nueva Concepción, departamento de Escuintla. De acuerdo con la información disponible, el cuerpo de Yensi Ordóñez fue encontrado dentro de su vehículo con heridas de arma blanca en el pecho y cuello. Según lo informado, el comunicador habría recibido amenazas de origen desconocido por algunas de las coberturas que había realizado y también habría sido víctima de extorsiones. El periodista, de 24 años, colaboraba con el noticiero local del Canal 14, donde también trabajó como conductor de programas musicales y de variedades. Además, Ordóñez era maestro en una escuela primaria en la localidad de El Reparo, en Nueva Concepción. La Relatoría Especial exhorta a las autoridades guatemaltecas a impulsar las investigaciones que permitan aclarar el motivo del homicidio, juzgar y sancionar adecuadamente a los responsables, así como garantizar una justa reparación a los familiares de la víctima. Es fundamental que se adopten las medidas necesarias para impedir la repetición de estos hechos de violencia y contrarrestar su fuerte impacto en el derecho a la libertad de expresión de toda la sociedad443.




  1. Según el noveno principio de la Declaración de Principios sobre Libertad de Expresión de la CIDH, “[E]l asesinato, secuestro, intimidación, amenaza a los comunicadores sociales, así como la destrucción material de los medios de comunicación, viola los derechos fundamentales de las personas y coarta severamente la libertad de expresión. Es deber de los Estados prevenir e investigar estos hechos, sancionar a sus autores y asegurar a las víctimas una reparación adecuada”.




  1. La Relatoría Especial recibió información concerniente a la persistencia de agresiones y amenazas contra comunicadores ocurridas en Guatemala durante 2011. Según la información recibida, organizaciones de derechos humanos y libertad de expresión habrían registrado durante el primer semestre del año al menos 15 hechos que atentarían contra la vida y la integridad personal de trabajadores de medios de comunicación. Once de las agresiones reportadas habrían ocurrido fuera de la capital. En 2010, habían sido registradas 10 agresiones en todo el año444.




  1. La Relatoría Especial observa con preocupación las amenazas recibidas por medios de comunicación de parte de presuntas bandas de narcotraficantes. El 27 de diciembre de 2010, personas que se identificaron como integrantes del grupo delictivo “Los Zetas” habrían entregado a tres emisoras de Cobán, en Alta Verapaz, un mensaje dirigido al presidente Álvaro Colom, para que lo transmitieran en el lapso de una hora, con la advertencia de que si no lo hacían quemarían las emisoras y asesinarían a sus parientes. El incidente ocurrió en el contexto de una ofensiva del Gobierno en contra del crimen organizado445. Posteriormente el 21 de mayo de 2011, la Policía detuvo a tres sujetos que intentaban colocar varias mantas en la ciudad de Quetzaltenango, las cuales contenían mensajes a los medios para que dejaran de hacer publicaciones acerca de hechos relacionados con el narcotráfico, y advertían a la prensa que bajara el tono: “antes que la guerra sea con ustedes. El que avisa no es traidor, att. Z-200”. La detención de los sujetos y el decomiso de las mantas ocurrió días después de la masacre de 29 campesinos en el departamento del Petén, el 15 de mayo446.




  1. A inicios de 2011 el periodista Óscar de León, corresponsal del tele-noticiero Guatevisión en el departamento de Quetzaltenango, habría sido amenazado y hostigado en varias ocasiones. Según lo informado, de León comenzó a ser amenazado con llamadas telefónicas y mensajes de texto desde el 13 de enero, después de recibir un portafolio anónimo con denuncias en contra de una autoridad policial local e intentar confirmarlas. El 29 de enero, desconocidos habrían disparado contra su camioneta en tres ocasiones. Aunque el periodista no publicó la investigación, su contenido se filtró y es de conocimiento público. La autoridad aludida habría interpuesto una demanda por difamación en contra de León447.




  1. En otros casos reportados, a mediados de febrero, un fiscal del Ministerio Público habría impedido cumplir con su trabajo y amenazado con encarcelar a los camarógrafos Jenner Barrios, de Noticias del Valle, y Byron Castañón, de Canal 22, cuando cubrían el allanamiento a un bar clandestino, en San Pedro Sacatepéquez, departamento de San Marcos448. En el municipio de Retalhuleu, el director del periódico El Defensor, Carlos Salgado, denunció haber recibido una serie de amenazas después de haber publicado informaciones críticas hacia el gobierno local449. También en Rutalhuleu, el corresponsal del canal Guatevisión, Jorge Tizol, habría sido amenazado en su página de Facebook, días después de divulgar, el 12 de abril, un video en el que tres hombres golpeaban a un chofer que se negó a comprar un producto que ellos vendían en la calle450. El 17 de febrero, agentes del Servicio de Investigación Criminal (SIC) habrían insultado y retenido en Chiquimula, durante 40 minutos, al corresponsal de la emisora Telediario, Rolando Hernández Castejón, cuando reportaba un operativo policial451.




  1. El 9 de abril, Vasni Vásquez, periodista del programa “Q’rollo”, que se transmitía por Internet, habría sido detenido por su supuesto involucramiento en un secuestro. El reportero habría acudido al lugar donde la Policía llevaba a cabo la liberación de la víctima y se habría identificado con su acreditación de la Red de Comunicadores Sociales de Chiquimula (RCS). Sin embargo, lo habrían arrestado con otros cuatro sospechosos, quienes habrían desmentido que el periodista hubiera sido cómplice en el secuestro. El 18 de de mayo de 2011, habría sido puesto en prisión preventiva y acusado de “secuestro, asociación ilícita y conspiración”. Desde entonces, su audiencia habría sido aplazada dos veces, y sus abogados habrían presentado varias solicitudes para incluir pruebas que hubieren demostrado su inocencia. El 9 de junio de 2011 el Tribunal de Chiquimula habría informado que Vásquez permanecería en prisión preventiva y sería juzgado por secuestro452. Sin embargo, el 19 de octubre, la Sala de Apelaciones de Zacapa lo habría dejado en libertad, al no haber pruebas en contra del comunicador453.




  1. El periodista ambiental Eduardo Villatoro del periódico La Hora habría recibido a partir del 2 de junio de 2011 llamadas telefónicas intimidatorias tras la publicación de artículos acerca de la explotación de hierro en playas de Guatemala y acerca de la construcción de una planta de almacenamiento de gas licuado. En una de las últimas llamadas se le habría amenazado de muerte. Los desconocidos habrían llamado a su vez a la Asociación de Periodistas de Guatemala para reiterar las amenazas y relacionaron las amenazas con la publicación de sus artículos ambientales. El periodista no habría interpuesto denuncia ante el Ministerio Público454.




  1. El 13 de julio de 2011 tras la publicación de un artículo donde habría señalado actos de corrupción de la administración municipal de Mazatenango, Dánilo López, corresponsal de Prensa Libre, habría sido sometido a hostigamientos por parte del presidente municipal, quien habría agredido verbalmente al periodista. El 4 de agosto de 2011 López y Ángel Ruiz, corresponsal de Nuestro Diario, habrían sido intimidados por simpatizantes del presidente municipal, además de que habrían sido amenazados por sus guardaespaldas455.




  1. A mediados de julio de 2011, los periodistas Astrid Blank y Jorge Hernández habrían sufrido agresiones por parte de una persona no identificada en el barrio La Florida en la ciudad de Guatemala. Blank y Hernández habrían acudido a cubrir una noticia sobre el rumor que corría respecto a una presunta compra de votos. En el lugar la persona no identificada les habría solicitado que dejaran de grabar, y cuando le preguntó su nombre los habría agredido verbal y físicamente y destruido la cámara456.




  1. El 26 de julio los periodistas Javier Solís, director de Tele Noticias de Mega Visión Canal 3, y Manolo Lú, de Ultra Canal 51, denunciaron haber sido agredidos por dos trabajadores del programa presidencial Mi Familia Progresa (MIFAPRO) del municipio de Santa Cruz Muluá, cuando acudieron a solicitar información acerca de la ejecución de ese programa en la localidad. Según lo reportado, el responsable de MIFAPRO en el municipio habría agredido verbalmente a los reporteros e intentado golpearlos, mientras que un segundo funcionario habría proferido amenazas457.




  1. Durante la primera ronda de las elecciones nacionales del 11 de septiembre un fiscal de mesa en la comunidad de Sololá habría agredido al corresponsal de Cerigua en esa localidad, Alfonso Guárquez y al corresponsal de Noti7, Enrique Pablo de León, cuando intentaban fotografiar una mesa de votación donde habrían ocurrido presuntas anomalías, reportadas por observadores electorales de la Universidad de San Carlos458.




  1. El 27 de octubre, la periodista Lucía Escobar denunció haber recibido amenazas después de publicar una columna en El Periódico el 19 de octubre, en el que denunció a un “grupo de encapuchados” en la ciudad turística de Panajachel, llamado Comisión de Seguridad, que sería responsable de violaciones a la libertad y la integridad de algunas personas. La periodista, además, identificó a las autoridades que, a su juicio, habrían defendido a los encapuchados o habrían sido indiferentes a los hechos ocurridos. Las amenazas habrían sido proferidas en una emisora de televisión local que transmitía una reunión de la Comisión de Seguridad, donde algunos de sus miembros hicieron comentarios denigrantes y estigmatizantes contra la periodista y la habrían llamado “basura” que tendría que “terminar en la basura”459.




  1. Según el noveno principio de la Declaración de Principios sobre Libertad de Expresión de la CIDH, “[E]l asesinato, secuestro, intimidación, amenaza a los comunicadores sociales, así como la destrucción material de los medios de comunicación, viola los derechos fundamentales de las personas y coarta severamente la libertad de expresión. Es deber de los Estados prevenir e investigar estos hechos, sancionar a sus autores y asegurar a las víctimas una reparación adecuada”.




  1. La Relatoría Especial observa con preocupación el llamado de atención de Organizaciones guatemaltecas de libertad de expresión sobre el posible incremento del fenómeno de la autocensura. Como indicio de tal situación se cita el hecho de que en departamentos donde es conocida la actividad de grupos narcotraficantes, la información acerca de ese problema es escasa. Por ejemplo, según la información recibida, en Alta Verapaz, donde el Gobierno impuso un estado de sitio en diciembre de 2010, debido a la presencia de la banda “Los Zetas”, sólo fueron publicadas 35 notas sobre narcotráfico en todo el año en cinco periódicos; a la vez, en Chiquimula, donde habría mayor presencia de grupos narcotraficantes, sólo fueron publicadas cinco notas al respecto en 2010. Las organizaciones guatemaltecas sostienen la hipótesis de que de nuevo hay en Guatemala, temas que no se cubren ni se publican, y que los periodistas están de nuevo frente a la implantación de la autocensura por nuevos censores de la libertad de expresión, en especial el narcotráfico460. La Procuraduría de Derechos Humanos ha calificado como “grave” el problema de la autocensura entre los periodistas, frente a las actividades del crimen organizado461.




  1. La Relatoría Especial toma nota del estancamiento del trámite del proyecto de la Ley de Medios de Comunicación Comunitaria, presentado al Congreso de la República de Guatemala en agosto de 2009, dictaminado favorablemente por la Comisión de Pueblos Indígenas el 12 de enero de 2010 e incluido en la agenda del plenario legislativo desde febrero de 2010462. Sin embargo, durante 2010 el proyecto habría sufrido cambios que restringirían el ámbito geográfico de las radios comunitarias e impondrían criterios discriminatorios para acceder a las frecuencias, preocupación manifestada por la Relatoría Especial en su informe anual de 2010463. Durante 2011 la iniciativa no ha llegado a ser discutida en el plenario legislativo, a pesar de que la legislación concretaría aspiraciones establecidas en la Constitución de la República de Guatemala, se enmarca en los compromisos de los acuerdos de paz de 1996 y podría implementar las recomendaciones emitidas por la Comisión Interamericana de Derechos Humanos y la Relatoría Especial para la Libertad de Expresión. Organizaciones guatemaltecas defensoras de la libertad de expresión y el Relator de las Naciones Unidas sobre la Promoción y Protección del Derecho a la Libertad de Opinión y Expresión, Frank La Rue, han criticado la reticencia a discutir el proyecto de ley y cuestionado la persistencia de un status quo en el que impera un monopolio en la propiedad de los canales de televisión y una fuerte concentración en el usufructo de las frecuencias de radio464.




  1. La Relatoría Especial reitera su recomendación de que “el Estado debe promover, en condiciones de igualdad y no discriminación, el acceso de distintos grupos a las frecuencias y licencias de radio y televisión, cualquiera que sea su modalidad tecnológica. En efecto, los Estados tienen la obligación de reconocer y facilitar el acceso en equidad de las propuestas comerciales, sociales y públicas de radio o televisión tanto al espectro radioeléctrico como al nuevo dividendo digital. Para ello, resulta imprescindible que se remuevan todas las restricciones desproporcionadas o discriminatorias que impiden que los operadores de radio y televisión en cualquiera de sus modalidades puedan acceder a las frecuencias y cumplir cabalmente con la misión que tienen asignada. En este sentido, los marcos regulatorios estatales deben establecer procesos de asignación de licencias o frecuencias que sean abiertos, públicos y transparentes, sometidos a reglas claras y preestablecidas y a requisitos estrictamente necesarios, justos y equitativos. Asimismo, para asegurar una radio y televisión libre, vigorosa y diversa, los medios privados deben contar con garantías frente a la arbitrariedad estatal, los medios sociales deben gozar de condiciones que impidan su control por parte del Estado o de grupos económicos, y los medios públicos deben ser independientes del Poder Ejecutivo”465.




  1. El principio 12 de la Declaración de Principios establece que: “[l]as asignaciones de radio y televisión deben considerar criterios democráticos que garanticen una igualdad de oportunidades para todos los individuos en el acceso a los mismos”. La Relatoría Especial insta nuevamente al Estado guatemalteco a adecuar su marco legislativo sobre radiodifusión a los estándares internacionales sobre libertad de expresión.

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