Comisión interamericana de derechos humanos



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13. Guyana


  1. La Relatoría Especial fue informada del cierre del programa crítico de entrevistas y opinión “Keeping Them Honest” de la estación CNS Channel 6, el sábado 23 de julio. En una carta enviada por el propietario del canal, Chandra Narine Sharma, a uno de los conductores del programa, lamentaba tener que cerrar el espacio para el programa: “Esta decisión, que tiene efecto inmediato, ha sido tomada por razones regulatorias tras una conversación que he tenido con autoridades relevantes, acerca del contenido del programa”. La nota añadía: “Le agradezco sinceramente por elegir la Estación del Pueblo CNS6 para su inmensamente popular y útil programa y confío que usted entenderá la presión a la que mi canal de televisión ha estado sujeto, durante los últimos años, y la sensibilidad de las autoridades en el cargado ambiente político actual”. Según la información disponible, los conductores del programa, Ramon Gaskin y Christopher Ram, durante una conferencia de prensa celebrada el 25 de julio de 2011, se expresaron duramente sobre esta decisión, que alegaron era el resultado de presiones gubernamentales. Anteriormente, en mayo de 2011, tras la difusión controversial de un comentario por parte del crítico del Gobierno Anthony Vieira, el Comité Consultivo de Radio y Televisión [Advisory Committee in Broadcasting – ACB] encontró al Canal 6 culpable de incumplir regulaciones y recomendó al Presidente Bharrat Jagdeo cerrar la emisora por 6 meses. De acuerdo con la información disponible, la licencia del Canal 6 ya había sido suspendida durante un mes en 2005 y durante cuatro meses en abril de 2008, por cargos relacionados con el contenido de sus programas466.




  1. La Relatoría Especial recibió información que indica que el 17 de mayo, el presidente de la Comisión de Relaciones Étnicas de Guyana, interpuso una demanda por 50 millones de dólares de Guyana cada uno (aproximadamente US$250.000), por difamación, y por daños agravados y punitivos, ambos en contra del comentarista y crítico del Gobierno Anthony Vieira, y del dueño del canal CNS6, Chandra Narine Sharma, por afirmaciones realizadas por Vieira el 4 de mayo de 2011, que consideró habrían dañado su reputación y causado angustia, vergüenza, humillación pública y ridiculización. De acuerdo con lo informado, Sharma habría reconocido el error y se habría disculpado con el funcionario por no editar el programa antes de emitirlo467.




  1. La Relatoría Especial para la Libertad de Expresión envió dos solicitudes de información al Estado de Guyana, de conformidad con el artículo 18 del estatuto de la CIDH. La primera de estas fue enviada el 22 de agosto de 2011, y posteriormente reiterada y ampliada por una segunda solicitud información de fecha 12 de octubre de 2011. Ambas cartas hicieron referencia a la mencionada cancelación del programa de entrevistas y opinión “Keeping Them Honest” y a la situación particular de la cadena CNS Channel 6.




  1. En fecha 14 de octubre de 2011 la Relatoría Especial recibió la Nota No. 893-11 del Estado de Guyana468, de fecha 13 de octubre de 2011, en la que se refería a la información solicitada por esta oficina en ambas cartas, estableciendo primero el contexto de la situación de las comunicaciones en el país y luego las respuestas a las preguntas específicas. En su respuesta el Estado indicó que la ley de Guyana establece que los operadores de medios reciben su licencia de la “National Frequency Managment Unit” y son monitoreados por el “Advisory Committee in Broadcasting” (ACB). Resaltaron que tras las lamentables situaciones de violencia que estallaron en Guyana tras las elecciones de 1997 y de 2001, donde algunos medios utilizaron sus espacios para promover la violencia étnica, tanto el partido de gobierno como la oposición se pusieron de acuerdo en establecer un comité bi-partisano para definir las políticas de los medios en el país. Este comité estaría compuesto por representantes de los principales partidos políticos en el parlamento y por expertos en medios de comunicación.




  1. Indicaron que el referido comité recomendó que se enmendara la ley denominada “Post and Telegraph Act” y que se creara un órgano asesor de supervisión. Como resultado de esto se enmendó la referida ley el 23 de junio de 2001 y el 17 de noviembre de 2001, de forma que se creo un comité supervisor al cual le asignaron competencias concretas. Dicho comité fue integrado en 2002 con una composición de tres personas, una nombrada por el Presidente, otra por el líder de la oposición y una última por la sociedad civil. El comité se encarga de monitorear que los medios de comunicación cumplan con la Constitución y las leyes de Guyana.




  1. El Estado informó que desde 2006 el Presidente es el funcionario responsable del sector de telecomunicaciones. Indicó que tras un largo debate fue aprobado el “Broadcasting Act No. 17” de 2011, adoptado por la Asamblea Nacional el 28 de julio de 2011 y sancionado el 27 de septiembre del mismo año. Esta ley dispone la creación de una Autoridad Nacional de Radiodifusión (National Broadcasting Authority) encargada de las regulaciones y operaciones del sector. Actualmente se discuten en el Parlamento el proyecto de ley de Telecomunicaciones (Telecommunications Bill) y las enmiendas al proyecto de ley de la Comisión de Utilidades Públicas (Public Utilities Commission Bill). Estas tres normas, una vez aprobadas, proveerán un marco normativo completamente nuevo para la comunicación en Guyana.




  1. Indica el Estado que la Comisión Electoral de Guyana (GECOM) desarrolló en 2006 un código de conducta para los medios de comunicación, revisado en 2011 con la colaboración de todas las empresas mediáticas, y que ha sido firmado tanto por medios públicos como privados. Asimismo, GECOM creó una unidad de monitoreo de los medios de comunicación “Media Monitoring Unit” (MMU) que funciona durante la época electoral. A esto se suma el “acuerdo de paz” firmado por los partidos políticos en 2006. Indicaron que todos estos esfuerzos han sido reconocidos por las misiones internacionales de observación, incluyendo de la propia OEA.




  1. En respuesta a la pregunta relativa a la cancelación del programa “Keeping Them Honest” indicaron que el Estado no interfiere, ni ha interferido, en los acuerdos entre partes privadas, ya que estos acuerdos son estrictamente comerciales. Afirmaron que el Estado no jugó ningún rol en la interrupción del referido programa.




  1. Respecto de las suspensiones de CNS TV6, el Estado indicó que la misma fue suspendida por un mes del 22 de enero de 2005 al 25 de febrero del mismo año, durante un desastre natural que afectó más de 300,000 personas y el 67% de la economía. El Estado aportó la notificación realizada al canal en esta ocasión, en la cual se le indicó que había violado los términos de la licencia al transmitir programas que cubrían las inundaciones en áreas que el Presidente había declarado como de desastre, ya que según el criterio del Estado, los periodistas tergiversaron la situación al acusar al Gobierno del sufrimiento causado por las inundaciones, discursos que se prestaban para promover el desorden y crear un ambiente hostil para los esfuerzos de auxilio. Como consecuencia de esto, le informaron la referida suspensión y le advirtieron que otra violación a los términos de la licencia podría resultar en la revocación de la misma469.




  1. La licencia fue suspendida nuevamente por cuatro meses del 11 de abril 2008 al 10 de agosto del mismo año, en razón del contenido de un programa en vivo el 21 de febrero de 2008, en el que un oyente llamó y amenazó con matar al Presidente. El Estado aportó copia de la carta enviada al canal indicando que ésta había violado los términos de la licencia y el “Post and Telegraph Act” por transmitir en fechas 21, 22 y 23 de febrero de 2008 un programa cuyo contenido abogaba por la muerte del Presidente y por no haber presentado con la debida precisión declaraciones hechas por el Presidente en materia de seguridad nacional470. Indicaron además que el canal ha sido advertido por el “Advisory Committee in Broadcasting” (ACB) de numerosas y repetidas transgresiones, y se le ha dado la oportunidad de responder o corregir. Señalaron además que en enero de 2011 la licencia del canal fue renovada por un año como todas las demás licencias, en este sentido aportaron copia de la licencia renovada471.




  1. En respuesta a la pregunta relativa a la reciente suspensión de CNS TV Channel 6, el Estado indicó que el 4 de mayo de 2011 el canal había transmitido un comentario de Anthony Viera que era difamatorio del Presidente y su Gobierno, y del presidente de la Comisión de Relaciones Étnicas, y constituía un ataque a diversos líderes religiosos. El referido presidente de la Comisión de Relaciones Étnicas, obispo Juan Edghill, interpuso una queja formal a nombre personal ante ACB, el 10 de mayo de 2011472. ACB notificó al canal de la queja e indicó que el mismo había violado la Regulación 23 A (a-e) del “Post and Telegraph Act”. El canal respondió a ACB indicando que la transmisión del comentario había sido un error y que pedían disculpas al obispo Edghill.




  1. El Estado aportó la Regulación 23A en la que se indican las condiciones necesarias para tener una licencia para transmisión televisiva. La enmienda a la Ley de Correos y Telégrafo (Post and Telegraph Act) establece que el acápite a) de la Regulación 23 A de la misma fue eliminado en 2001 y los acápites b) – i) redesignados como a) –h). De forma tal que los acápites a) – e) de la regulación establecen las siguientes obligaciones: a) asegurar que el contenido de los programas no ofenda el buen gusto y la decencia, o que pueda alentar o incitar al odio racial, el crimen, al desorden público, o pueda ser ofensivo al sentir público; b) actuar razonablemente y en buena fe para asegurar que las informaciones sean presentadas con la debida precisión e imparcialidad; c) asegurar que las personas que trabajen con los asuntos políticos, las controversias industriales o los temas relacionados con políticas públicas, mantengan la imparcialidad; d) asegurar que se ejerza la debida responsabilidad respecto de los programas de contenido religioso, y en particular, que estos programas no impliquen un tratamiento abusivo o derogatorio (abusive or derogatory treatment) de las visiones religiosas y las creencias de las personas que pertenecen a una determinada religión o denominación religiosa; y e) asegurar que los programas transmitidos cumplan con el estándar más alto posible473.




  1. El 27 de mayo de 2011 ACB consideró que CNS TV Channel 6 era responsable de violar la Regulación 23A, y recomendó al Presidente imponer una sanción que podría implicar las suspensión de la licencia del canal por un mínimo de 6 meses o cualquier periodo que considere pertinente. En este sentido, ACB consideró que el canal había violado la Regulación 23A en sus acápites a), b), c), y e), en virtud de que a su juicio, sus declaraciones tenían la habilidad de crear y aumentar tensiones étnicas y religiosas en una sociedad multiétnica y multireligiosa. Recordó al licenciatario que los medios de comunicación no deben ser utilizados para insinuar que un grupo religioso se beneficia más o menos que otro grupo religioso, sin tener evidencia concreta al respecto, y resaltó que la empresa mostraba un patrón histórico de violaciones a la Regulación 23A a), b), c) d) y e) desde abril de 2002474.




  1. Según la información aportada, el Presidente se habría reunido con los propietarios del canal en junio de 2011, sin embargo luego de esto el canal volvió a transmitir el programa ofensivo. El 23 de septiembre el Presidente se volvió a reunir con los propietarios y les entregó su decisión de suspender el canal por 4 meses, la cual notificó formalmente el 30 de septiembre de 2011, indicando que la suspensión iniciaría el mismo día a las 6 PM. Posteriormente, el 9 de octubre de 2011 el Presidente anunció que posponía el inicio de la suspensión al 1 de diciembre de 2011.




  1. La Relatoría Especial agradece profundamente al Estado de Guyana la información enviada y pone de presente que la CIDH ha reconocido la potestad que tienen los Estados para regular la actividad de radiodifusión. Esta facultad abarca no sólo la posibilidad de definir la forma en que se realizan las concesiones, renovaciones o revocaciones de las licencias, sino también la de planificar e implementar políticas públicas sobre dicha actividad, siempre y cuando se respeten las pautas que impone el derecho a la libertad de expresión475.




  1. Por otra parte, el Estado confirmó que con posterioridad a la queja interpuesta por el obispo Edghill a ACB, éste interpuso una demanda ante los tribunales de Guyana contra el autor del comentario Anthony Viera y el licenciatario, señor Sharma, solicitando más de $50 millones de dólares de Guyana (aproximadamente US$250,000) en daños.




  1. La Relatoría Especial entiende relevante poner de presente que según el principio 10 de la Declaración de Principios sobre Libertad de Expresión de la CIDH “[l]a protección a la reputación debe estar garantizada sólo a través de sanciones civiles, en los casos en que la persona ofendida sea un funcionario público o persona pública o particular que se haya involucrado voluntariamente en asuntos de interés público. Además, en estos casos, debe probarse que en la difusión de las noticias el comunicador tuvo intención de infligir daño o pleno conocimiento de que se estaba difundiendo noticias falsas o se condujo con manifiesta negligencia en la búsqueda de la verdad o falsedad de las mismas”. Asimismo, el principio 11 de la Declaración de Principios de la CIDH establece que “[l]os funcionarios públicos están sujetos a un mayor escrutinio por parte de la sociedad. Las leyes que penalizan la expresión ofensiva dirigida a funcionarios públicos generalmente conocidas como “leyes de desacato” atentan contra la libertad de expresión y el derecho a la información”.




  1. El 27 de octubre de 2011 la Relatoría Especial para la Libertad de Expresión recibió la Nota No. 897-11 del Estado de Guyana476, en la cual este Estado ofrecía comentarios a la información emitida por la Relatoría Especial en su Informe Anual 2010, en el cual la Relatoría Especial se refirió a una demanda por injurias interpuesta por el Presidente de la nación en contra del columnista y Editor del periódico “Kaieteur News, Freddie Kissoon477.




  1. El Estado indicó que la libertad de expresión está sujeta a importantes limitaciones y que la finalidad de las leyes de difamación en establecer un balance entre esta libertad y el derecho a la privacidad y al honor. La posición del Estado respecto del caso particular que aparece en el informe es que el señor Kissoon emitió expresiones difamatorias en forma escrita, que fueron publicadas, con el objetivo de afectar negativamente la reputación del Presidente Jagdeo. Indicaron que la información expresada provoca una impresión de que el Presidente es racista. Resaltan que el artículo es difamatorio per se y que a pesar de que se trató de la declaración de una opinión, la misma era difamatoria pues se basaba en hechos específicos y en alegaciones expresas de esos hechos, los cuales son difamatorios.




  1. El Estado alegó que la declaración contra el Presidente era innecesaria y que la misma generaba responsabilidad desde que fue publicada, es decir, desde el 28 de junio de 2010, entienden que el Presidente ha demostrado prima facie que sus alegatos de difamación son consistentes con los principios 10 y 11 antes mencionados, así como con otros principio de la misma declaración.




  1. La Relatoría Especial agradece de manera especial la información suministrada por el Estado. A este respecto considera importante destacar que, en efecto, uno de los estándares interamericanos en la materia establece que estará prohibida por la ley toda propaganda en favor de la guerra y toda apología del odio nacional, racial o religioso que constituyan incitaciones a la violencia o cualquier otra acción ilegal similar contra cualquier persona o grupo de personas, por ningún motivo, inclusive los de raza, color, religión, idioma u origen nacional. En este sentido, la incitación a la violencia por razones raciales no se encuentra protegida por el derecho a la libertad de expresión478.




  1. A este respecto, la CIDH ha indicado, siguiendo reiterada doctrina y jurisprudencia internacional en la materia, que la imposición de sanciones por el abuso de la libertad de expresión bajo el cargo de incitación a la violencia (entendida como la incitación a la comisión de crímenes, a la ruptura del orden público o de la seguridad nacional) debe tener como presupuesto la prueba actual, cierta, objetiva y contundente de que la persona no estaba simplemente manifestando una opinión (por dura, injusta o perturbadora que ésta sea), sino que tenía la clara intención de cometer un crimen y la posibilidad actual, real y efectiva de lograr sus objetivos479.




  1. Asimismo, cuando se trata de afirmaciones que no incitan a la violencia o declaraciones que puedan resultar ofensivas contra un servidor público, la vía para reclamar eventuales responsabilidades debe ser la vía civil, atendiendo a los criterios de la real malicia y de la proporcionalidad de la eventual sanción. En este sentido, el principio 10 de la Declaración de Principios sobre Libertad de Expresión de la CIDH ya citado establece que “[l]as leyes de privacidad no deben inhibir ni restringir la investigación y difusión de información de interés público. La protección a la reputación debe estar garantizada sólo a través de sanciones civiles, en los casos en que la persona ofendida sea un funcionario público o persona pública o particular que se haya involucrado voluntariamente en asuntos de interés público. Además, en estos casos, debe probarse que en la difusión de las noticias el comunicador tuvo intención de infligir daño o pleno conocimiento de que se estaba difundiendo noticias falsas o se condujo con manifiesta negligencia en la búsqueda de la verdad o falsedad de las mismas”.


14. Haití


  1. La Relatoría Especial toma nota de que al cumplirse un año del terremoto del 12 de enero de 2010, los medios de comunicación haitianos mostraban señales de reconstrucción, pero persisten múltiples dificultades. De acuerdo con la información recibida, 25 de las 50 radioemisoras de Puerto Príncipe volvieron a transmitir un mes después del sismo. Un año más tarde el sector audiovisual de la capital estaría restablecido casi por completo. Para estos resultados habría sido relevante la ayuda del Estado haitiano, que apoyó a unas 30 emisoras capitalinas con un fondo de dos millones de dólares estadounidenes, con ayudas que oscilaron entre US $5.000 y $25.000 dólares. Sin embargo, la asistencia para emisoras rurales habría sido más lenta, particularmente para aquellas que se encuentran en las ciudades más devastadas. En Puerto Príncipe continuó funcionando el Centro Operativo de Medios, instalado por organizaciones de la cooperación internacional, que habría permitido a decenas de periodistas nacionales y extranjeros seguir trabajando. En la prensa escrita, el periódico Le Nouvelliste volvió a circular diariamente desde abril de 2010, mientras que Le Matin, se convirtió en un semanario editado en República Dominicana y se habría visto obligado a despedir a la mitad de sus empleados. Bon Nouvel, el único periódico en lengua creole, habría cerrado480.




  1. La Relatoría Especial toma nota del proyecto de ley presentado el 5 de mayo al senador Melius Hypolite por emisoras comunitarias haitianas y la Sociedad de Animación y Comunicación Social (Saks), con el fin de dotar al funcionamiento de estas emisoras de un marco legal y garantizarles condiciones de equidad frente a los demás tipos de medios de comunicación. La ministra de Cultura y Comunicación, Marie Laurence Jocelyn Lassègue, reconoció el importante papel desempeñado por las emisoras comunitarias durante desastres naturales. Ella manifestó públicamente su apoyo a la iniciativa y su compromiso de promover, ante el voto parlamentario, la disponibilidad de fondos en acompañamiento al proyecto de ley481.




  1. La Relatoría Especial recibió información concerniente a diversas agresiones sufridas por medios de comunicación y periodistas en el contexto de las elecciones celebradas en noviembre de 2010 y el 20 de marzo de 2011. El 7 de diciembre algunas personas habrían saqueado e incendiado la emisora Radio Lebon FM, en la localidad de Les Cayes, cuyo propietario era candidato a senador482. El 9 de diciembre, presuntos partidarios del candidato triunfador habrían detenido e intimidado a la periodista Esther Dorestal, de la radio Metropole, cuando iba camino a su trabajo483. Asimismo, un camarógrafo de Haití Press Network habría sido agredido tras ser señalado frente al Palacio Nacional484. Ese mismo día el corresponsal de la agencia Reuters y secretario general de la organización haitiana SOS Journalistes, Guyler C. Delva, habría sido agredido por agentes que prestaban guardia frente al Centro de Convenciones Karibe, luego de que le negaron el acceso a la sala donde debatirían los candidatos485. El 20 de marzo de 2011, presuntos miembros del partido INITE habrían asaltado al corresponsal de Radio Kiskeya de la Isla de Gonâve, Jean Preston Toussaint486.




  1. El 21 de abril de 2011, presuntos simpatizantes del partido gobernante INITE habrían incendiado en la comunidad de Carice la radio comunitaria Tèt Ansanm Karis, los locales del Centro para la Cultura y el Desarrollo (SKDK) y la Biblioteca de la Comunidad Jacques Roumain, así como seis viviendas cercanas. De acuerdo con la información recibida, hombres armados habrían irrumpido en las instalaciones, después de que la emisora transmitió los resultados definitivos de la elección legislativa del 20 de marzo y denunció un presunto fraude cometido en ese proceso. Según lo reportado, el personal de la radio identificó a los perpetradores del ataque. El incendio destruyó por completo el equipamiento, mobiliario y archivos de la radio y del resto de organizaciones comunitarias487.




  1. La Relatoría Especial tuvo conocimiento de las amenazas de muerte y sabotaje recibidas por diversos periodistas y medios de comunicación de Puerto Príncipe, desde el inicio de la campaña proselitista que desembocó en la segunda ronda electoral. Ante esta situación, el 28 de marzo el presidente y director general de Radio Télévision Caraïbes (RTVC), Patrick Moussignac, solicitó ayuda a la Misión de Estabilización de las Naciones Unidas en Haití (MINUSTAH) para dar seguridad al personal y las instalaciones488. También se recibió información de amenazas de muerte que habrían recibido cerca de 15 comunicadores y diferentes medios de comunicación en todo el país, durante el proceso electoral, originadas en informaciones que podrían haber sido consideradas como desfavorables para algunos candidatos. Debido a las advertencias recibidas, los periodistas Jean-Claude Dumény, de Radio-Télé Ginen, y Patrick Jeune, de Radio One, habrían tenido que pasar a la clandestinidad para escapar de asaltos armados por individuos que pretenderían atentar contra ellos489.




  1. De acuerdo con información recibida, el 22 de junio de 2011 habrían sido detenidos dos conductores del programa “Les on dit” (Lo dijeron) de Radio Prévention, Ernst Joseph y Wolf 'Duralph' François, el primero de estos propietario del referido medio de comunicación. Las autoridades habrían también confiscado el transmisor y otros equipos de la radio. Según lo informado, Joseph y François habrían sido citados a un tribunal de primera instancia de Petit-Goâve, por orden de la Fiscalía, tras una petición firmada por funcionarios y miembros de la sociedad civil, incluyendo el Alcalde de la ciudad, para responder a preguntas relativas a informaciones y opiniones emitidas en su programa. Al trascender la noticia de que los periodistas estaban en el tribunal, un numeroso grupo de personas se habría congregado afuera del edificio, y habrían lanzado piedras y enfrentado a policías y fuerzas de seguridad de las Naciones Unidas. El comisario de gobierno habría ordenado la detención de los dos periodistas, bajo cargos de “difamación” “perturbación del orden público” y “daño de bienes públicos”490.




  1. La Relatoría Especial recibió información según la cual el 5 de abril de 2011 habrían sido despedidos cinco periodistas de la Télévision Nationale d’Haïtí (TNH); así como de una demanda penal por difamación contra tres de ellos, interpuesta el 8 de abril por el director general de esa emisora del Estado, Pradel Henriquez. De acuerdo con la información recibida, el jefe de redacción de la THN, Eddy Jackson Alexis, y los periodistas Josias Pierre y Jacques Innocent habrían sido despedidos luego de denunciar la presunta parcialidad de la emisora a favor del candidato presidencial ganador. Henriquez alegó ser víctima de una campaña de difamación por parte de los periodistas y solicitó contra Alexis y Pierre una pena de prisión, de hasta tres años, y el pago de una multa de unos 50.000.000 de gourdes (unos US$1.100) por daños y perjuicios. La ministra de Cultura y Comunicación del Gobierno, Marie Laurence Jocelyn Lassègue, pidió al director general del canal de televisión estatal dialogar con los despedidos y con las organizaciones periodísticas y de medios491.




  1. De acuerdo con información recibida, la escolta de seguridad del presidente Martelly habría protagonizado una serie de incidentes con trabajadores de medios de comunicación. El 22 de mayo de 2011, agentes policiales habrían obstaculizado el trabajo, empujado y dañado el equipo de al menos tres periodistas que cubrían la visita del gobernante a Gonaïves492. El 28 de julio, agentes de seguridad del presidente habrían agredido a periodistas que cubrían la visita del mandatario a la ciudad de Jacmel493.




  1. El principio 9 de la Declaración de Principios de la CIDH establece que “[e]l asesinato, secuestro, intimidación, amenaza a los comunicadores sociales, así como la destrucción material de los medios de comunicación, viola los derechos fundamentales de las personas y coarta severamente la libertad de expresión. Es deber de los Estados prevenir e investigar estos hechos, sancionar a sus autores y asegurar a las víctimas una reparación adecuada”.

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