Comisión interamericana de derechos humanos



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15. Honduras494


  1. La Comisión Interamericana de Derechos Humanos ha recibido información relativa a la situación del derecho a la libertad de expresión en Honduras, para ello ha contado con información proporcionada tanto por la sociedad civil como por el Estado de Honduras. En este último sentido, el 16 de diciembre de 2011, el Estado de Honduras dirigió el Oficio No. 1899-DGAE-11 a la CIDH, mediante el cual remitió el Oficio No. SP-A-158-2011 de la Procuraduría General de la República de Honduras, en el cual el Estado hace referencia a la situación de la libertad de expresión en Honduras y aporta información respecto de los casos particulares que han sido reportados a la CIDH y que se presentan en este informe.


A. Asesinatos


  1. La Relatoría Especial para la Libertad de Expresión de la CIDH ha registrado al menos 13 asesinatos contra periodistas y comunicadores en Honduras entre el 2010 y el 2011, que podrían estar relacionados con el ejercicio profesional. La CIDH deplora estos homicidios y exhorta al Estado a realizar investigaciones diligentes y exhaustivas que den especial atención al posible origen de los crímenes en las actividades profesionales de los comunicadores. Asimismo, la CIDH agradece al Estado de Honduras la información aportada respecto de las investigaciones que se encuentran en curso a causa de estos homicidios y otros actos de violencia contra comunicadores, y le impulsa a dar seguimiento atento a estas investigaciones y a iniciar las investigaciones pertinentes en aquellos casos en los que no se han iniciado las mismas.




  1. En su informe a la CIDH, el Estado comenzó indicando los asesinatos de periodistas en 2007 y 2009, años en los cuales se reportó el asesinato del comunicador social Carlos Alberto Salgado (2007) y de los periodistas Bernardo Rivera Paz, Rafael Munguía y Osman Rodrigo López (2009). El Estado indicó también que es conciente de su compromiso de garantizar investigaciones diligentes y exhaustivas sobre los hechos violatorios de la libertad de expresión y que el Estado “ha solicitado la colaboración de países amigos para fortalecer los equipos investigativos con mayor número de personas y con los recursos logístico necesarios”. En este mismo sentido el Estado indicó que “entre el 2010 y 2011, el Ministerio Público ha documentado 14 casos de muertes de comunicadores sociales, de los cuales 9 expedientes tienen avances en la investigación con hipótesis concretas y sospechosos”, resaltando que de estos 9 expedientes ya se han judicializado 4495. En particular, la CIDH exhorta al Estado a no descartar la hipótesis según la cual las víctimas han podido ser asesinadas como represalia por el ejercicio de su derecho a la libertad de expresión y a agotar de manera exhaustiva cualquier línea de investigación en este sentido.




  1. En un primer caso informado a la CIDH, relativo al asesinato cometido contra el periodista Henry Suazo, ocurrido el 28 de diciembre de 2010 en la localidad de La Masica, departamento de Atlántida, la información recibida indica que, dos personas dispararon varias veces contra el comunicador cuando salía de su casa en la mañana. El periodista cubría noticias de índole general como corresponsal de la radio HRN y reportero en el noticiero de la televisora local Cable Visión del Atlántico. Días antes del atentado, el periodista Suazo habría denunciado en la radio que había sido amenazado de muerte mediante un mensaje de texto en su teléfono496. Sobre esta situación el Estado indicó que “el 21 de enero del 2011, el Ministerio Público presentó Requerimiento Fiscal en contra de una persona por suponerla responsable a título de autor directo del delito de Asesinato y, en la misma fecha, el Juzgado correspondiente emitió orden de captura contra el imputado”497.




  1. El 11 de mayo de 2011 fue asesinado en Morazán, departamento de Yoro, el periodista Héctor Francisco Medina Polanco, administrador y presentador del canal Omega Visión. Según lo informado, al salir del canal de televisión en la noche del 10 de mayo, el periodista habría sido perseguido por dos desconocidos en motocicleta, que le dispararon cuando se encontraba cerca de su domicilio. Héctor Medina fue trasladado con vida a un hospital en San Pedro Sula, donde falleció en la madrugada del 11 de mayo. Además de administrar el canal local Omega Visión, Héctor Medina trabajaba como productor y presentador del noticiero TV9, donde recientemente había informado acerca de presuntas irregularidades de autoridades locales y conflictos por la propiedad de tierras. Desde semanas atrás el periodista había informado a sus familiares que estaba siendo amenazado de muerte498. En agosto, un hermano del periodista asesinado, quien también ejerce el periodismo, denunció haber recibido amenazas para persuadirlo a dejar de exigir una investigación del crimen499. Respecto de este caso, el Estado hondureño indicó que “se han realizado varias diligencias, entre ellas, la declaración de los empleados del canal, de familiares y testigos presenciales, así como personas que trabajaron con él como promotor de PROHECO […], inspecciones y otras diligencias periciales y científicas. Se realizó además la intervención telefónica de sus números celulares. En el caso existen dos hipótesis”500.




  1. La CIDH, a través de su Relatoría Especial para la Libertad de Expresión, tuvo conocimiento del asesinato del propietario del Canal 24, Luis Ernesto Mendoza Cerrato, ocurrido en la ciudad de Danlí, El Paraíso, el 19 de mayo de 2011. De acuerdo con la información recibida, al menos tres hombres encapuchados y fuertemente armados emboscaron a Luis Mendoza y le dispararon en varias ocasiones en la entrada del canal de televisión, al llegar a trabajar por la mañana. Mendoza Cerrato murió en el tiroteo mientras que dos mujeres y un niño que pasaban por el lugar fueron heridos. Los perpetradores huyeron en un vehículo que más tarde abandonaron e incendiaron501. El Estado hondureño indicó que el caso tiene relación con otro caso y que “se han realizado varias diligencias, como la intervención telefónica de teléfonos, investigación de antecedentes judiciales y policiales, entre otras”502.




  1. También se informó que el 14 de julio de 2011, el periodista Nery Jeremías Orellana, director de Radio Joconguera y corresponsal en Radio Progreso, fue asesinado en el municipio de Candelaria, departamento de Lempira. Según la información recibida, el periodista Orellana viajaba en motocicleta hacia la radio cuando fue interceptado por desconocidos que le dispararon varias veces en la cabeza. Fue trasladado con vida al hospital de Sensuntepeque pero falleció horas después. Como director de Radio Joconguera, había abierto espacios en la radio a programas de la Iglesia católica y del Frente Nacional de Resistencia Popular (FNRP) y había mantenido una posición crítica del golpe de estado en 2009. Momentos antes de su asesinato, Orellana había confirmado su asistencia en una reunión de radios comunitarias prevista para el 15 de julio de 2011503. El Estado de Honduras reportó que “se han realizado varias diligencias, entre ellas, la declaración de compañeros de trabajo, de familiares y testigos protegidos, inspecciones y otras diligencias periciales y científicas, solicitud de asistencia Judicial a El Salvador, lugar donde falleció, entre otras. En el caso existe una hipótesis y un sospechoso”504.




  1. Se recibió asimismo información del asesinato del comunicador social popular Medardo Flores, ocurrido el 8 de septiembre de 2011 en la comunidad de Blanquito, Puerto Cortés. De acuerdo con la información disponible, varias personas desconocidas asesinaron a Medardo Flores con armas de fuego en la localidad donde vivía. Medardo Flores, quien se dedicaba a la agricultura, formaba parte de un grupo de comunicadores populares voluntarios de Radio Uno de San Pedro Sula y era el encargado de finanzas en el norte del país del Frente Amplio de Resistencia Popular (FARP)505.




  1. Tal como ha sostenido la Comisión Interamericana en reiteradas ocasiones, es imprescindible que el Estado realice, de manera urgente, investigaciones a cargo de cuerpos especializados independientes con protocolos especiales de investigación que conduzcan a determinar de manera confiable si efectivamente los crímenes están relacionados con el ejercicio de la profesión y que permitan el enjuiciamiento y condena de las personas responsables de los mismos. Asimismo, es fundamental que el Estado adopte mecanismos permanentes para garantizar la vida y la integridad de los comunicadores en riesgo. El mantenimiento de la impunidad no sólo ofende a los familiares de las víctimas sino que afecta a la sociedad en su conjunto, ya que promueve el temor y la autocensura506.




  1. El principio 9 de la Declaración de Principios sobre Libertad de Expresión de la CIDH señala: “El asesinato, secuestro, intimidación, amenaza a los comunicadores sociales, así como la destrucción material de los medios de comunicación, viola los derechos fundamentales de las personas y coarta severamente la libertad de expresión. Es deber de los Estados prevenir e investigar estos hechos, sancionar a sus autores y asegurar a las víctimas una reparación adecuada”.


B. Agresiones a periodistas y medios de comunicación


  1. De acuerdo con información recibida, el 23 de mayo de 2011 en Tegucigalpa, el gerente del periódico La Tribuna, Manuel Acosta Medina, sufrió un atentado contra su vida que le causó heridas de gravedad. La camioneta del Sr. Acosta fue bloqueada por dos vehículos con sujetos armados abordo. Cuando Acosta Medina aceleró para escapar, los delincuentes dispararon y lo hirieron. La víctima pudo conducir hasta su casa donde su familia lo auxilió y lo llevó a un hospital. Momentos después del atentado, la Policía capturó a cinco sospechosos armados que viajaban en un vehículo similar al usado en el ataque507.




  1. El 27 de abril de 2011 un grupo de hombres armados habría intentado emboscar al director de Radio Uno, Arnulfo Aguilar, cuando llegaba a su casa, en San Pedro Sula. De acuerdo con la información recibida, Aguilar habría logrado cerrar el portón y entrar a la vivienda antes de ser alcanzado por los sospechosos. El periodista solicitó ayuda a la Policía, que llegó una hora más tarde, cuando los individuos ya se habían marchado. El incidente ocurrió días después de que Radio Uno publicara que cables del Departamento de Estado de Estados Unidos reportaban que armas entregadas al Ejército de Honduras estarían en poder de grupos del crimen organizado. Radio Uno ha mantenido una línea editorial crítica del golpe de Estado de junio de 2009508. El Estado aportó información respecto del caso indicando que “se han realizado varias diligencias, entre ellas declaraciones del ofendido y testigos, inspecciones entre otras. Está pendiente que el ofendido se presente al Ministerio Público para realizar una evaluación psicológica”509.




  1. La CIDH expresa su preocupación ante una serie de hechos de hostigamiento y violencia cometidos contra varias radioemisoras comunitarias y recuerda al Estado hondureño su obligación de investigar estos hechos y garantizar que ni sus agentes, ni particulares, atenten contra quienes ejercen su libertad de expresión mediante estos medios de comunicación.




  1. De acuerdo con lo informado, el 13 de marzo de 2011, el director de La Voz de Zacate Grande, Franklin Meléndez, habría sido increpado por dos hombres en relación con la cobertura acerca de los conflictos de tierra en la zona y uno de ellos le habría disparado en una pierna. Los agresores estarían plenamente identificados pero las autoridades locales no habrían actuado contra ellos510. Horas más tarde, el mismo individuo que habría disparado contra Meléndez, habría amenazado de muerte a la periodista de La Voz de Zacate Grande, Ethel Correa, a quien le habría advertido: “Serás la segunda en morir”511. El 4 de agosto de 2011 fue presentado un requerimiento fiscal por tentativa de homicidio en contra de la persona sospechosa de disparar a Franklin Meléndez, y el 9 de agosto el juez correspondiente emitió una orden de captura512. El Estado de Honduras proporcionó información que indica que ya fue celebrada “la Audiencia de Imputado y se realizó la Audiencia Inicial el 4 de octubre de 2011”513.




  1. El 16 de abril, un periodista de la emisora La Voz de Zacate Grande, Pedro Canales, habría sufrido un sabotaje y amenazas de muerte. Ese mismo día Canales se percató de que desconocidos habían incrustado clavos en una de las llantas de su vehículo y más tarde dos sujetos armados lo habrían interceptado y apuntado con armas514. También se recibió información según la cual, dos periodistas de la misma emisora comunitaria La Voz de Zacate Grande habrían sido detenidas en el ejercicio de sus funciones periodísticas el 15 de diciembre de 2010. Según la información recibida, las corresponsales Elia Hernández y Elba Rubio cubrían el desalojo de tierras de una familia en la comunidad de Coyolito, en la isla de Zacate Grande, cuando habrían sido detenidas por miembros de la Policía preventiva y la Fuerza Naval. La información recibida indica que las reporteras habrían sido despojadas de sus acreditaciones periodísticas y sus cámaras, detenidas e incomunicadas durante 36 horas, y acusadas del delito de desobediencia515. A las periodistas se les habría impuesto medidas judiciales que restringen el ejercicio de sus tareas periodísticas, al prohibir su salida del país, obligarles a solicitar permiso judicial para salir de Coyolito, obligarles a presentarse ante un juez cada quince días y prohibir su participación en manifestaciones públicas, así como prohibir que se pongan en contacto con la comunidad de Coyolito516.




  1. Según la información recibida por la CIDH, el 15 de febrero, personas identificadas como agentes del Departamento Nacional de Investigación Criminal (DNIC) se habrían presentado en la emisora con el fin de notificar una supuesta orden de captura por desobedecer una orden de cierre de la radio emitida en 2010 y para efectuar una inspección. Los agentes habrían intentado entrar por la fuerza cuando los funcionarios de la radio les impidieron el ingreso517. Por otra parte, el 7 de abril la Fiscalía de Choluteca habría emitido órdenes de captura por los presuntos delitos de desobediencia a la autoridad y usurpación de tierras en contra de ocho personas integrantes de La Voz de Zacate Grande y del Movimiento de Titulación de Tierras, entre ellas Franklin Meléndez, Ernesto Lazo, Rafael Osorio, Danilo Osorio, Pedro Canales, Wilmer Rivera, Ethel Corea y Benito Pérez518. Ante la comprobada situación de peligro inminente, la CIDH solicitó al Estado hondureño el 18 de abril de 2011, adoptar medidas cautelares urgentes para garantizar la vida y la integridad física de los comunicadores de La Voz de Zacate Grande, y que concrete con los beneficiarios y sus representantes las medidas a adoptarse519.




  1. Con relación a la medida de desalojo de los predios donde funciona la emisora, el Estado indicó que fue ordenada por el Juzgado de Letras Seccional de Amapala y que la misma “no tiene que ver con la actividad de comunicadores, sino por la usurpación ilegal de los terrenos donde funciona la misma”. El Estado confirmó que se presentó Requerimiento Fiscal en contra de los 8 comunicadores antes indicados por delitos de “Usurpación y Defraudación Fiscal” e indicó que tras la emisión de las correspondientes órdenes de captura, se acordó la presentación voluntaria de los mismos en una “Audiencia de Declaración de Imputados” celebrada el 5 de mayo de 2010, en la misma “la Fiscalía solicitó la aplicación de medidas sustitutivas de la detención judicial a favor de los imputados”520.




  1. El Estado estableció que el 27 de mayo de 2010 el Juzgado decretó Auto de Prisión por el delito de Usurpación respecto de 5 de los comunicadores imputados, así como el “Sobreseimiento Definitivo por el delito de Defraudación Fiscal en perjuicio de la Administración Pública”. Asimismo, el Juzgado “ratificó las medidas cautelares establecidas en la Audiencia de Declaración de Imputados” respecto de los referidos 5 comunicadores. Por otra parte, el Juzgado decretó también “Sobreseimiento Provisional” respecto de los otros 3 comunicadores imputados y decretó “el desalojo inmediato del inmueble”. Según la información recibida, los imputados interpusieron un Recurso de Apelación contra la resolución que dictó el Auto de Prisión, ante la Corte de Apelaciones de Choluteca, dicho recurso fue declarado sin lugar por el tribunal el 4 de agosto de 2010. Posteriormente, el 11 de octubre de 2010, los imputados interpusieron un Recurso de Amparo, el cual fue remitido a la Corte Suprema de justicia el 11 de octubre de 2010521.




  1. La información aportada por el Estado indica que, el 2 de junio de 2010, la Jueza Ejecutora acompañada de elementos militares y de la Policía Nacional realizó el desalojo del inmueble. Estableció el Estado que al “no encontrar a los imputados y estando la puerta cerrada se procedió a acordonar el predio indicado con cinta adhesiva de color amarillo, tal como ordenó el Juzgado”. A pesar de que el Estado indicó que al llegar al inmueble “fueron recibidos por personas desconocidas portando algunos machetes y palos”, estableció que la operación “se realizó de forma pacífica, sin que resultase persona alguna lesionada”. El Estado indicó también que al momento del desalojo “la radioemisora ya había dejado de transmitir a causa de un problema que presentaba el equipo utilizado”, y que “en ningún momento en el cumplimiento de lo ordenado se restringió que continuaran con sus transmisiones”. En este mismo sentido, el Estado resaltó que las referidas transmisiones eran ilegales, en virtud de que la emisora no cuenta “con el permiso de transmisión por parte de la Comisión Nacional de Telecomunicaciones (CONATEL), ni demás requisitos legales para su funcionamiento, tales como permisos municipales”522.




  1. El Estado indicó que hubo una nueva denuncia respecto del hecho de que “los imputados volvieron a ingresar al inmueble […] que derivó en la presentación de otro requerimiento fiscal en fecha 31 de marzo de 2011 por el delito de Desobediencia”, nuevamente se decretaron medidas sustitutivas de la prisión preventiva a favor de los imputados523.




  1. Finalmente, el Estado se refirió a “los supuestos actos intimidatorios y agresiones por personas armadas y encapuchadas”, indicó que se trataba de técnicos de Inspecciones Oculares de la DNIC que se presentaron al inmueble “a realizar las inspecciones solicitadas por el ente fiscal”, y que fueron recibidos por personas armadas de “palos, piedras y machetes”, que procedieron a intimidarlos, agredirlos y proferir amenazas contra los investigadores. La información recibida indica que para evitar un enfrentamiento, éstos se marcharon del lugar “luego de realizar las diligencias ordenadas”524.




  1. Hasta el momento la CIDH desconoce si la radio ha continuado en funcionamiento y sigue con atención las denuncias en virtud de las cuales el desalojo e intervención de la emisora tienen como propósito impedir que ésta continuase con las denuncias y expresiones críticas sobre asuntos de interés público en la región.




  1. Por su parte, la CIDH recibió información acerca de actos de hostigamiento y amenazas que habrían obligado a la emisora comunitaria Faluma Bimetu (Coco Dulce) a suspender sus transmisiones durante 12 días desde el 14 de enero de 2011. De acuerdo con lo informado, autoridades municipales de Tela, acompañadas por agentes policiales, habrían llegado el 12 de enero de 2011 a la comunidad garífuna de Triunfo de la Cruz, donde funciona la radio, para presionar con el fin de imponer el nombramiento de miembros del patronato de la emisora, aunque la elección de los directivos estaba prevista para el 28 de enero. Ante la negativa de la comunidad a adelantar el nombramiento, integrantes de la delegación municipal habrían amenazado con incendiar las instalaciones de la radio, que ya había sido destruida por un fuego intencional un año antes525. El 14 de enero, el director de la radio Faluma Bimetu, Alfredo López, habría comparecido ante la justicia penal en relación con un tiroteo ocurrido días antes en Triunfo de la Cruz, sin que se le imputara ningún cargo ni se presentaran pruebas en su contra. En ese mismo acto se habría suspendido la acusación por falta de elementos probatorios. Al suspender las transmisiones, los trabajadores de la emisora colgaron en la entrada un rótulo que decía: “Cerrado temporalmente por inseguridad”. Faluma Bimetu reinició sus transmisiones el 26 de enero526. Finalmente, el 7 abril de 2011, personas desconocidas habrían prendido fuego a la casa de Alfredo López, sin que a la fecha se conozca el resultado de las investigaciones527. Acerca de estos incidentes, el 18 de enero la CIDH solicitó información al Estado de Honduras.




  1. El Estado indicó que respecto del incidente en la Radio Comunitaria Faluma Bimetu, se habría interpuesto una “denuncia contra Desconocidos por el delito de daños en perjuicio de la Comunidad de Triunfo de la Cruz,” ante la Fiscalía Especial de las Etnias y Patrimonio Cultural. El Estado hondureño informó que en “la Fiscalía Local de Tela se realizaron varias diligencias investigativas que posteriormente dieron lugar a la presentación de un Requerimiento Fiscal el 18 de febrero de 2011 contra una persona por los delitos de Robo Agravado e Incendio”. En Audiencia Inicial del 14 de abril de 2011 “se decretó sobreseimiento provisional por el delito de Robo Agravado y sobreseimiento definitivo por el delito de incendio”, en este sentido el Estado indicó que “las investigaciones continúan”. Por otra parte, respecto del incendio en la casa del señor Alfredo López, el Estado indicó que “se han realizado varias diligencias entre ellas, la declaración de los ofendidos, se hizo inspección ocular, se realizó un álbum fotográfico de los daños causados y se solicitó informe al Departamento de Bomberos de Tela a fin de determinar la causa del incendio. No se ha podido individualizar aún al o los autores del hecho” 528.




  1. De acuerdo con la información recibida, el 5 de enero de 2011 presuntos integrantes del Servicio de Medición Eléctrico de Honduras (SEMEH) habrían ingresado a las oficinas del Consejo Cívico de Organizaciones Populares e Indígenas de Honduras (COPINH) en la ciudad de La Esperanza y habrían cortado la electricidad, dejando sin posibilidad de transmisión a las radios comunitarias Guarajambala y La Voz Lenca. Según las personas afectadas, el objetivo del corte de energía habría sido impedir que estas radios pudieran seguir trasmitiendo, como represalia por los contenidos críticos de sus emisiones, y los presuntos integrantes del SEMEH los habrían amenazado de muerte529.




  1. El Estado hondureño indicó que “el 6 de enero de 2011, el Ministerio Público presentó Requerimiento Fiscal por el Delito de Amenazas” contra dos empleados de SEMEH, luego de la Audiencia de Imputado y la Audiencia Inicial se decretó Auto de Prisión contra ambos el 1 de febrero de 2011. Éstos presentaron un Recurso de Apelación que se encuentra todavía pendiente de Resolución. El Estado resaltó que “SEMEH es una empresa privada que tienen a su cargo la medición del servicio de energía eléctrica a todos los consumidores del país y proceden al corte de energía de las personas naturales o jurídicas que tienen deuda con el pago del servicio”. Según el Estado, “se comprobó ante el Ministerio Público que el COPINH tenía deuda en su pago y por eso se procedió al corte”. El Estado indicó que supone que “los miembros del COPINH se opusieron al corte de energía y eso causó un altercado con los empleados de SEMEH”, resaltó que “los miembros del COPINH no han mostrado interés en la continuación del proceso”530.




  1. Se ha recibido información de una serie de agresiones sufridas por comunicadores hondureños, de la cual se desprende que el 25 de marzo de 2011, agentes policiales habrían disparado bombas de gas lacrimógeno contra el reportero de Canal 36-Cholusat, Richard Casulá, y el camarógrafo Salvador Sandoval, cuando cubrían la respuesta policial a una manifestación de educadores en Tegucigalpa. Sandoval fue herido en la cara y Casulá quedó intoxicado por la inhalación de los gases531. A este respecto, el Estado indicó que se han realizado varias diligencias respecto de estos hechos, sin embargo “hasta la fecha no ha sido posible identificar a los agentes”532. Según la información recibida, el 22 de marzo de 2011, la Policía también habría agredido a la periodista Lidieth Díaz, al camarógrafo Rodolfo Sierra, de Canal 36-Cholusat, y al director de Radio Globo, David Romero, mientras conversaban con un grupo de profesores533. El Estado de Honduras informó que el “Ministerio Público presentó Requerimiento Fiscal por el Delito de Abuso de Autoridad en contra de cinco agentes policiales”, sin embargo, el Juzgado apoderado decretó Auto de Prisión contra uno de los agentes y el Sobreseimiento Definitivo respecto de los otros cuatro agentes. El Ministerio público apeló la decisión de Sobreseimiento Definitivo el 27 de junio de 2011, pero el tribunal confirmó la decisión de primera instancia, “por lo que el Ministerio Público presentó un Recurso de Amparo que está pendiente de Resolución”534.




  1. En otro incidente, según lo informado, el 21 de marzo de 2011, agentes policiales habrían disparado bombas de gas lacrimógeno y balas de goma a la periodista Sandra Maribel Sánchez, directora de Radio Gualcho, y al camarógrafo de Globo TV, Uriel Rodríguez, cuando cubrían un desalojo de maestros, en Tegucigalpa535. El Estado informó que el “Ministerio Público presentó Requerimiento Fiscal por el Delito de Abuso de Autoridad contra un agente de policía”, el caso está pendiente a Audiencia Inicial536. El 30 de marzo de 2011, el corresponsal de Radio Progreso, Pedro López, fue detenido durante cuatro horas por agentes policiales en Potrerillos, departamento de Cortés, cuando informaba acerca de una manifestación de protesta en el marco de un paro nacional de actividades537. Ese mismo día una bala hirió en la mandíbula al periodista David Corea Arteaga, del Centro de Noticias de Colón, cuando reportaba un desalojo de manifestantes efectuado por la Policía y el Ejército538.




  1. El 5 de mayo de 2011, los reporteros Silvia Ardón de Radio Uno y Noel Flores de Globo TV, así como el camarógrafo de ese canal, Uriel Rodríguez, habrían sido agredidos por policías en San Pedro Sula cuando intentaban obtener información acerca de un grupo de personas detenidas en una estación policial, por participar en una manifestación disuelta con gases lacrimógenos. Según los datos aportados a esta Comisión, los policías dieron empujones a los comunicadores y les impidieron cumplir con su trabajo periodístico539. El Estado informó que estos hechos no han sido denunciados ante el Ministerio Público y “solicita a estas personas que presenten la denuncia correspondiente para poder iniciar una investigación al respecto”540. Un día después, el camarógrafo Uriel Rodríguez habría vuelto a ser golpeado por agentes de la Policía Nacional. De acuerdo con lo informado, Rodríguez fue herido en la cabeza y sus equipos fueron destruidos mientras filmaba el desalojo violento de una manifestación estudiantil. El comunicador fue llevado a un hospital donde debió ser suturado y, una vez trasladado a otro hospital, funcionarios del gobierno habrían llegado al primer hospital con la intención de capturarlo541. Respecto de estos hechos, el Estado informó que el 18 de noviembre de 2011 “el Ministerio Público presentó Requerimiento Fiscal por el Delito de Torturas”542.




  1. La CIDH ha sido informada de un asalto armado contra el periodista Edgardo Antonio Escoto Amador el 22 de septiembre de 2011 en la colonia Las Brisas de la ciudad de Comayagüela. Edgardo Antonio Escoto Amador, también conocido como el “Washo”, coordina el noticiario “Temas y Debates” y el programa “Entrevista con el Washo” en Canal 13 en Tegucigalpa. Según lo informado, dos hombres en una moto le interceptaron mientras se dirigía hacia su vehículo lo encañonaron con armas de grueso calibre y le arrebataron la computadora portátil, la cual habría contenido información confidencial. Con anterioridad al asalto y hostigamiento, el periodista había reportado sobre asuntos relacionados con las Fuerzas Armadas y el golpe de Estado y, de acuerdo con la información recibida, había recibido amenazas543.




  1. El noveno principio de la Declaración de Principios sobre Libertad de Expresión de la CIDH establece que: “El asesinato, secuestro, intimidación, amenaza a los comunicadores sociales, así como la destrucción material de los medios de comunicación, viola los derechos fundamentales de las personas y coarta severamente la libertad de expresión. Es deber de los Estados prevenir e investigar estos hechos, sancionar a sus autores y asegurar a las víctimas una reparación adecuada”.

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