Comisión interamericana de derechos humanos



Descargar 5.32 Mb.
Página18/71
Fecha de conversión15.12.2017
Tamaño5.32 Mb.
1   ...   14   15   16   17   18   19   20   21   ...   71

E. Obstrucciones en la divulgación de información


  1. La Relatoría Especial fue informada de que el 2 de marzo el Juzgado Décimo Segundo de Distrito en Materia Administrativa del Distrito Federal suspendió de manera temporal la exhibición del documental “Presunto Culpable”, ante la interposición de un recurso de amparo637. El documental cuestiona al sistema judicial mexicano y expone el proceso en contra de José Antonio Zúñiga Rodríguez, quien fue condenado a 20 años de prisión por el delito de homicidio calificado, sin que hubiera evidencias claras y pese a la existencia de testimonios que ubicaban al sospechoso en el momento del crimen en un lugar diferente. En abril de 2008, tras 28 meses en prisión, la Quinta Sala del Tribunal de Justicia del Distrito Federal lo absolvió por duda razonable638. El recurso para impedir la difusión del documental fue interpuesto por una persona que aparecía como testigo en el proceso penal documentado. El juez de primera instancia ordenó, mediante una medida cautelar, la suspensión de la divulgación. Sin embargo, ante un recurso de queja y la solicitud de aclaración de parte de la Dirección General de Radio, Televisión y Cinematografía (RTC), el Juzgado revocó la suspensión pero impuso una medida cautelar para que en el documental se resguardara la identidad de la persona que interpuso el amparo639. Posteriormente, la empresa exhibidora Cinépolis presentó un recurso de amparo a favor de la divulgación del filme y el 23 de mayo el Décimo Segundo Tribunal Colegiado de la Ciudad de México autorizó la exhibición sin restricciones de la película dentro y fuera de México640. Ante una solicitud de información de la Relatoría Especial, del 4 de marzo de 2011, el Estado mexicano respondió el 25 de marzo de 2011 que la Secretaría de Gobernación autorizó y defendió la exhibición del documental y que el Gobierno Federal, en desacuerdo con la primera decisión judicial, agotaría todos los recursos legales para impugnar el fallo y defender la libertad de expresión641.




  1. La Relatoría Especial tuvo conocimiento de que un grupo de personas que se identificaron como “muy influyentes” intentaron impedir la circulación del periódico Novedades, de Quintana Roo, en la madrugada del 31 de marzo. De acuerdo con lo informado, poco después de la medianoche varios individuos se presentaron en el periódico para ofrecer comprar la edición completa de ese día, de unos 45.000 ejemplares. Ante la negativa de parte de la empresa, hombres en varias camionetas y motocicletas recorrieron la ciudad durante horas para intimidar a chóferes de camiones repartidores y a pregoneros del periódico, con el fin de adquirir los periódicos. Finalmente, el grupo desconocido logró comprar cerca del 90% de la edición. El periódico denunció los hechos ante la Comisión de Derechos Humanos del Estado de Quintana Roo, la cual condenó la restricción al derecho a la libertad de expresión642.




  1. El 8 de junio, la periodista Ángeles Mariscal habría sido obstaculizada para hacer su trabajo al intentar cubrir una audiencia pública del ex gobernador del estado de Chiapas. Según la información recibida, a la reportera Mariscal, de CNN y Animal Político en Chiapas, le habría sido requerido su equipo de trabajo al momento de llegar a la audiencia. Posteriormente, varios policías le habrían exigido abandonar el lugar de la audiencia, cosa que se negó a hacer sin orden escrita del juez. Al abandonar el lugar de la audiencia, Mariscal habría sido interceptada por miembros de la seguridad del penal quienes le habrían confiscado sus memorias USB, la grabadora de audio y la tarjeta de memoria de su cámara de video, elementos que fueron devueltos media hora después. Durante esa media hora habría sido retenida cerca del interior del penal643.




  1. La primera semana de julio, los medios digitales Expediente Quintana Roo, Cuarto Poder y Noticaribe en el estado de Quintana Roo habrían sufrido un ataque cibernético de Denegación de Servicio. La agresión habría ocasionado que Expediente Quintana Roo, un medio basado exclusivamente en Internet, permaneciera por casi 5 días fuera de línea; también habría sido robada información de la cuenta de correo electrónico de su director. El ataque contra Expediente Quintana Roo habría tenido lugar en la víspera de una consulta para evaluar los primeros 100 días del gobierno estatal644.




  1. En septiembre la revista Proceso informó de una estrategia reiterada de compra masiva de los ejemplares de la revista. Según la información recibida, en ese mes la compra masiva habría ocurrido en las ciudades de Veracruz, Nuevo León, Guanajuato, Durango y Puebla, donde desconocidos se presentaron en diferentes puntos de venta para comprar, sin ningún tipo de violencia, el total de los ejemplares en circulación, impidiendo que éstos lleguen a su público objetivo. En Veracruz, por ejemplo, habrían sido comprados unos 5.400 ejemplares de la revista, que dedicó su portada a la violencia del narcotráfico en ese estado645.


F. Procesos judiciales


  1. El 25 de mayo, el Segundo Tribunal Unitario del Cuarto Circuito, en Monterrey, confirmó una condenatoria de dos años de prisión contra el director de la radio comunitaria Tierra y Libertad, Héctor Camero. Al comunicador se le otorgó la suspensión condicional de la pena de prisión pero se le impuso una multa equivalente a US $1.360 y la inhabilitación de sus derechos civiles y políticos por, según la condena, haber explotado el espectro radioeléctrico sin autorización. De acuerdo con la información recibida por la Relatoría Especial, el proceso contra Camero comenzó en 2008, cuando elementos de la Policía Federal Preventiva entraron por la fuerza en la radio Tierra y Libertad y decomisaron equipos de transmisión. En noviembre de 2009 Camero había sido condenado por un juez de primera instancia. La radio Tierra y Libertad ha brindado información de interés público a las comunidades de bajos recursos en Monterrey desde 2002646.




  1. El 17 de enero, el integrante de la emisora comunitaria Radio Diversidad, José Maza, habría sido detenido por agentes de la Procuraduría General de la República, como parte del proceso penal iniciado cuando esa radioemisora fue cerrada en marzo de 2009 por, presuntamente, funcionar sin los permisos correspondientes647. Según la información recibida en la Relatoría Especial, el comunicador debió pagar una fianza equivalente a US $1.800 dólares. Junto con Maza, también enfrentan acusaciones por la misma causa los comunicadores Juan José Hernández y Paula Ochoa648.




  1. La Relatoría insiste en que las leyes en materia de radiodifusión deben adecuarse a los estándares internacionales y deben hacerse cumplir mediante el uso de sanciones administrativas proporcionales y no mediante el empleo del derecho penal649.




  1. La Relatoría Especial recuerda que “toda restricción impuesta a la libertad de expresión por las normas sobre radiodifusión debe ser proporcionada, en el sentido que no exista una alternativa menos restrictiva del derecho a la libertad de expresión para lograr el fin legítimo perseguido. Así, el establecimiento de sanciones penales ante casos de violaciones a la legislación sobre radiodifusión no parece ser una restricción necesaria”. La Relatoría recuerda que no es suficiente el reconocimiento legal de la radiodifusión comunitaria, si existen normas que establecen condiciones discriminatorias para su operación o sanciones desproporcionadas como el uso del derecho penal650.




  1. Asimismo, la Relatoría observa que es necesario que el Estado reconozca la existencia particular de las emisoras comunitarias y que contemple reservas de espectro para este tipo medios, así como condiciones equitativas de acceso a las licencias que reconozcan las condiciones distintas de los medios privados no comerciales651. Como lo ha indicado esta oficina, los Estados deben contar con un marco legal claro, preestablecido, preciso y razonable que reconozca las características especiales de la radiodifusión comunitaria y que contenga procedimientos sencillos y accesibles para la obtención de frecuencias, que no exija requisitos tecnológicos severos, y no imponga límites discriminatorios o irrazonables en su financiamiento y alcance652. La Relatoría observa de igual manera que las emisoras comunitarias deben operar en la legalidad653.




  1. La Relatoría Especial fue informada de que las autoridades mexicanas liberaron sin cargos, el 11 de mayo, al director y fundador del periódico El Tiempo, de La Piedad, Michoacán, Jesús Lemus Barajas, después de mantenerlo tres años en prisión por sospechas de haber tenido nexos con bandas criminales. El periodista fue detenido por agentes policiales el 7 de mayo de 2008 en Cuerámaro, Guanajuato, junto con dos fuentes de información, mientras recolectaba datos para un reportaje acerca de las rutas del narcotráfico en el sur del país. En febrero de 2011 fue condenado a 20 años de prisión por tráfico de drogas pero un tribunal de segunda instancia revocó la sentencia y lo absolvió al concluir que no había elementos de juicio para relacionarlo con hechos de narcotráfico o delincuencia organizada. Antes del arresto, Lemus Barajas mantenía en su periódico una cobertura crítica de asuntos locales, había denunciado una campaña de acoso de la alcaldía de La Piedad contra los medios de comunicación, la repartición no equitativa de la publicidad oficial en el municipio y actuaciones intimidantes de la Policía654.




  1. La reportera Arcelia García Ortega del periódico Realidades de Nayarit en el estado de Nayarit habría sido demandada penalmente por los delitos de difamación, calumnia e injuria por el diputado estatal Omar Reynoso Gallegos a raíz de una información que publicó el 21 de julio. García Ortega hizo públicas las declaraciones emitidas por otra diputada, en las que acusó a Reynoso Gallegos de malversación de fondos durante su periodo como secretario de salud estatal. La Relatoría recuerda que, según el Principio 10 de la Declaración de Principios, “La protección a la reputación debe estar garantizada sólo a través de sanciones civiles, en los casos en que la persona ofendida sea un funcionario público o persona pública o particular que se haya involucrado voluntariamente en asuntos de interés público”655.




  1. El 26 de agosto de 2011, María de Jesús Bravo Pagola y Gilberto Martínez Vera fueron detenidos bajo cargos de terrorismo y sabotaje en la ciudad de Veracruz, tras haber difundido rumores sobre ataques de un cartel de narcotraficantes en el sitio de microblogging Twitter. Los rumores, que resultaron ser falsos, reportaban ataques contra escuelas, lo cual, según informó la prensa, habría provocado “caos” en la ciudad656. El 1 de septiembre de 2011, en una carta dirigida a la Relatoría Especial, el Secretario de Gobierno del Estado de Veracruz Gerardo Buganza Salmerón confirmó estos hechos y explicó que a los acusados “no se les detuvo, consignó y puso a disposición del juez por ‘publicar mensajes vía Twitter y Facebook”, sino por realizar “actos en contra de las personas, las cosas o servicios al público, que generaron alarma, temor, terror en la población […] tal como lo establece el Código Penal para el Estado de Veracruz”657. El 21 de septiembre de 2011 el gobierno del Estado de Veracruz retiró los cargos y liberó a los dos acusados658.




  1. La información disponible indica que el Congreso del estado de Veracruz aprobó una reforma al Código Penal estatal el 20 de septiembre de 2011 con el fin de tipificar el delito de “perturbación del orden público”, a raíz del referido incidente en la red social Twitter. De acuerdo con lo informado, el nuevo artículo 373 del Código Penal dispone que “[a] quien, por cualquier medio, afirme falsamente la existencia de aparatos explosivos u otros; de ataques con armas de fuego; o de sustancias químicas, biológicas o tóxicas que puedan causar daño a la salud, ocasionando la perturbación del orden público, se le impondrá prisión de uno a cuatro años y multa de quinientos a mil días de salario, atendiendo a la alarma o perturbación del orden efectivamente producida”. El Gobernador del Estado de Veracruz Javier Duarte habría presentado la iniciativa el 5 de septiembre659. De acuerdo con lo informado, la Comisión Nacional de Derechos Humanos (CNDH) comenzó a analizar la referida reforma el 22 de septiembre de 2011, evaluando si procedía ejercer la acción de inconstitucionalidad660. Según la información recibida, una propuesta similar fue presentada en el Congreso del Estado de Tabasco el 31 de agosto661.




  1. La Relatoría reconoce que en ciertos casos pueden ser legítimas las restricciones sobre formas de expresión que pueden incitar hechos de violencia o pánico público, situaciones que ponen en riesgo la seguridad e integridad de las personas662. Al mismo tiempo, la Relatoría nota el papel importante de las redes sociales como medio para compartir información en todo tiempo pero especialmente ante la situación de violencia que viven algunas regiones. Por lo anterior considera esencial que las normas que tiendan a evitar la violencia mediante la sanción de ciertas expresiones, se contraigan a la prohibición de expresiones que tienen la intensión y potencialidad, real y objetiva, de generar violencia en los términos del artículo 13.5 de la Convención Americana.


G. Violencia contra periodistas: seguimiento a recomendaciones del Informe Especial sobre Libertad de Expresión en México 2010663


  1. En esta sección la Relatoría Especial hace seguimiento a algunas de las recomendaciones emitidas en su Informe Especial sobre la Libertad de Expresión en México en 2010 en materia de violencia contra periodistas664. El referido Informe Especial fue el producto de una visita in loco realizado entre el 9 y el 24 de agosto de 2010, conjuntamente con la Relatoría Especial de las Naciones Unidas para la Libertad de Opinión y Expresión, por invitación del gobierno de México. El Informe Especial, el cual se incorporó al Informe Anual de la Relatoría para 2010, analizó los siguientes temas: violencia, impunidad y autocensura; libertad, pluralismo y diversidad en el debate democrático; acciones legales relacionadas con el ejercicio de la libertad de expresión; y acceso a la información. Asimismo, la Relatoría Especial examinó algunos casos concretos y formuló conclusiones y recomendaciones, con base en aquellas que fueron formuladas al final de la visita conjunta in loco665. En esta oportunidad la Relatoría hará seguimiento especial a algunas de sus recomendaciones relativas a la violencia contra periodistas y comunicadores en el país.




  1. Al finalizar la visita in loco en 2010, las Relatorías emitieron un informe preliminar, a través del cual recomendaron al Estado mexicano, inter alia:

Fortalecer a la Fiscalía Especial para la Atención a Delitos cometidos contra la Libertad de Expresión de la Procuraduría General de la República y a los órganos locales de procuración y administración de justicia. Especialmente, se recomienda adoptar las reformas necesarias para permitir el ejercicio de la jurisdicción federal sobre los delitos contra la libertad de expresión.


Dotar a la Fiscalía Especial y a las procuradurías locales de mayor autonomía y mayores recursos, así como adoptar protocolos especiales de investigación para crímenes cometidos contra periodistas en virtud de los cuales la hipótesis según la cual el crimen habría sido cometido con motivo de su actividad profesional sea necesariamente agotada.
Establecer un mecanismo nacional de protección a periodistas. Dicho mecanismo debe ser implementado a través de un comité oficial e interinstitucional de alto nivel; ser liderado por una autoridad federal; contar con capacidad de coordinación entre las diversas autoridades y órdenes de gobierno; tener recursos propios y suficientes; y garantizar la participación de periodistas y organizaciones de la sociedad civil en su diseño, funcionamiento y evaluación.
Capacitar en materia de libertad de expresión a las fuerzas de seguridad”666.


  1. En el mismo sentido, en su Informe Especial sobre la Libertad de Expresión en México de 2010, la Relatoría Especial instó al Estado mexicano a “implementar, lo antes posible, una política integral de prevención, protección y procuración de justicia ante la situación crítica de violencia que enfrentan los periodistas en el país”, con “la participación activa de todos los sectores relevantes, incluyendo periodistas y organizaciones sociales que defienden los derechos humanos y la libertad de expresión”667. Estas recomendaciones destacan la necesidad de fortalecer de la Fiscalía Especial para la Atención de Delitos cometidos contra la Libertad de Expresión (FEADLE) y de crear y poner en funcionamiento un mecanismo de protección para periodistas.




  1. Durante 2011, la CIDH y la Relatoría Especial mantuvieron una preocupación especial respecto a la situación de violencia contra los periodistas y medios de comunicación en México. Al finalizar su visita a México el 30 de septiembre de 2011, la Relatoría para México expresó que:

la Comisión continúa preocupada por los altos niveles de violencia contra periodistas y comunicadores en México. En 2011 [habían sido asesinados hasta ese momento] 13 comunicadores por razones que podrían estar asociadas con el ejercicio de la libertad de expresión. Sumado a los asesinatos y desapariciones, también persisten graves atentados, agresiones y amenazas contra comunicadores y medios de comunicación. Hay zonas de México en las cuales los periodistas se encuentran sometidos a una fuerte intimidación originada fundamentalmente por grupos delincuenciales. Este fenómeno genera la autocensura de muchos medios de comunicación, limitando el periodismo de investigación. La Comisión Interamericana urge nuevamente al Estado mexicano a fortalecer la Fiscalía Especial para la Atención de Delitos Cometidos Contra la Libertad de Expresión (FEADLE), trasladar a la justicia federal las investigaciones de los crímenes contra comunicadores en aquellos casos que se requiera, e implementar de forma urgente los mecanismos de seguridad necesarios para proteger efectivamente la vida e integridad de las y los periodistas amenazados, tal como lo recomendó la CIDH en su Informe Especial sobre la Libertad de Expresión en México 2010”668.




  1. A continuación la Relatoría examinará los avances y desafíos con relación a sus recomendaciones en materia de violencia, impunidad y autocensura, particularmente respecto al funcionamiento de la FEADLE y la creación de un mecanismo de protección para periodistas. Para estos efectos tomará en cuenta, entre otros elementos, el Informe de México: Avances y desafíos en materia de derechos humanos, de la Secretaría de Relaciones Exteriores de México669, así como lo informado por la sociedad civil y el Estado en la audiencia sobre “Agresiones a periodistas en México” celebrada el 28 de octubre de 2011 en el marco del 143º período de sesiones de la CIDH670.


H. Fiscalía Especial para la Atención de Delitos cometidos contra la Libertad de Expresión (FEADLE)


  1. En su Informe Especial sobre la Libertad de Expresión en México, la Relatoría Especial observó que:

el Estado Federal mexicano ha reaccionado a la situación de impunidad generalizada que existe con relación a los crímenes contra periodistas con la creación de una Fiscalía Especial dentro de la estructura de la Procuraduría General de la República


[…]
La FEADLE es competente para perseguir los delitos cometidos en contra de quienes ejercen la actividad periodística siempre y cuando: el sujeto pasivo del delito ejerza la labor periodística; el delito de que se trate se haya cometido en razón del ejercicio del derecho a la información o de libertad de prensa o con motivo de cualquiera de éstos; que el delito sea de competencia federal o del orden común, cuando sean conductas conexas con delitos federales; y que el delito de que se trate sea sancionado por las leyes penales con pena privativa de la libertad”671.


  1. Durante su visita in loco, la Relatoría se reunió con el titular de la FEADLE para conocer y discutir su plan de trabajo. La Relatoría tuvo conocimiento de que en ese momento la FEADLE adelantaba “varias actividades, entre ellas la investigación y persecución penal de delitos de su competencia, la colaboración con las Procuradurías Generales de Justicia de las diferentes entidades federativas en la investigación de los ilícitos contra periodistas, la creación de un archivo centralizado de averiguaciones previas de homicidios y desapariciones de periodistas, la elaboración de protocolos de seguridad, y la realización de reuniones con entidades públicas y organismos de la sociedad civil”672.




  1. En su Informe Especial la Relatoría observó que hasta entonces la FEADLE no había logrado “reducir la impunidad generalizada que existe en los casos de violencia contra periodistas, toda vez que, de acuerdo a la información suministrada al momento de la visita in loco, desde su creación en 2006, hasta el momento de la visita in loco, no había logrado la sanción penal de un solo responsable, y únicamente había consignado cuatro casos”673. Asimismo, la Relatoría tomó nota de la tendencia histórica de la FEADLE a declinar la competencia sobre casos referidos a su jurisdicción, lo que evidenciaba “una falta de voluntad política que sólo fue corregida hasta el año 2010 con la designación del nuevo fiscal especializado”. La Relatoría valoró de manera positiva la consignación de siete casos por parte de la FEADLE entre el 15 de febrero y el 31 de diciembre de 2010, y expresó su esperanza en que el plan de trabajo del actual titular de la FEADLE se tradujera en resultados concretos en el corto plazo674.




  1. Finalmente, la Relatoría formuló recomendaciones al Estado mexicano. Primero, hizo un llamado urgente al Estado mexicano a fortalecer la FEADLE, “dotándole de mayor autonomía y presupuesto propio, y adoptando las reformas necesarias para permitir el ejercicio de la jurisdicción federal sobre los delitos contra la libertad de expresión”. Segundo, recomendó al Estado “resolver la ambigüedad que existe con respecto a la competencia sobre los crímenes contra la libertad de expresión, para permitir así el ejercicio de la jurisdicción federal sobre los delitos contra la libertad de expresión cuando las circunstancias lo requieran” y consideró de enorme importancia impulsar las reformas necesarias para permitir que los jueces federales puedan conocer este tipo de crímenes675.




  1. En su Informe de México: Avances y desafíos en materia de derechos humanos, el Estado señaló que la FEADLE “ahora está fortalecida al depender directamente de la Oficina del Procurador” y que “[s]i bien la Fiscalía [Especializada] declina competencia sobre casos de delincuencia organizada a la Sub-procuraduría de Investigación Especializada en Delincuencia Organizada (SIEDO) de la Procuraduría General de la República (PGR), existen mecanismos de coordinación institucional entre ambas áreas para la realización de las investigaciones”676. Asimismo, el Estado informó que la FEADLE estableció un Subprograma de Sistematización de Información “que tiene como objetivo, identificar, ubicar y clasificar en un sistema automatizado, la información relativa a los casos de homicidios y desapariciones de periodistas”, por lo que se creó una “base de datos nacional, de homicidios y desapariciones de periodistas”, a través de la cual se incorporaron 2914 datos desagregados por entidad federativa, año, zona o región y sexo, entre otros. También se desarrolló una base de datos de agresiones a periodistas y medios de comunicación, independiente de los referidos homicidios y desapariciones, con un total de 3306 datos677. Finalmente, indicó que la FEADLE ha desarrollado una Guía de Diligencias Básicas para la Investigación de Homicidios Cometidos contra la Libertad de Expresión, la cual ha puesto a disposición de las procuradurías de las entidades federativas678.




  1. La Relatoría Especial toma nota asimismo de la reunión realizada el 9 de agosto de 2011 con la participación del Fiscal Especial para la Atención de los Delitos cometidos contra la Libertad de Expresión y la Comisión Permanente del Congreso de la Unión, con el objetivo de discutir el tema de la impunidad en los casos de violencia contra periodistas. De acuerdo con la información recibida, el Fiscal señaló que la FEADLE se ha dedicado a un Plan de Trabajo que incluye la sistematización estadística de información de casos de homicidios y desapariciones de periodistas a través de una base de datos; el otorgamiento de medidas cautelares; y el diseño de un sistema de alerta temprana para generar protocolos de seguridad, entre otros679.




  1. En la misma reunión del 9 de agosto de 2011, el titular de la FEADLE informó que había iniciado 126 investigaciones y había ordenado 64 medidas cautelares desde 2010. Asimismo, informó que había emprendido más de 40 acciones contra presuntos responsables por crímenes contra periodistas desde septiembre de 2010 por delitos como abuso de autoridad, amenazas, lesiones calificadas, robo calificado, daño en propiedad ajena agravado y tentativa de homicidio, la mayoría de las cuales habrían sido cometidos por funcionarios públicos680. Según lo informado, la FEADLE logró la revisión de 49% de los expedientes existentes, lo cual habría permitido “las primeras interferencias criminológicas que si bien no son concluyentes […] sí empiezan a explicar dicho fenómeno”681. Por otro lado, señaló que “no se ha atendido al problema con la rapidez, agilidad y eficacia que todos esperamos”682.




  1. Pese a los avances advertidos, la Relatoría Especial observa que, pasado más de un año de la presentación del nuevo plan de trabajo de la FEADLE, y no obstante el aumento de las actividades de la misma, hasta la fecha ningún caso de homicidio o desaparición contra un periodista bajo estudio de dicha entidad habría producido sanciones a los responsables. Según la información recibida, el fiscal especializado ha atribuido la persistencia de la impunidad en los casos de homicidios y desapariciones de periodistas a falta de información e infraestructura adecuadas y ha afirmado que se han resuelto “muy pocos” casos de este tipo debido a carencias de información necesaria y falta de competencia para investigar683. Tampoco se ha recibido información sobre el estado de las investigaciones en las procuradurías locales o estatales, o sanciones a los responsables de crímenes contra periodistas en los poderes judiciales de ninguno de los niveles del gobierno.




  1. El 11 de noviembre de 2011 el pleno de la Cámara de Diputados aprobó una modificación al artículo 73 de la Constitución que facultaría a las autoridades federales a conocer “delitos contra periodistas, en el ejercicio de las libertades de expresión, información e imprenta”, lo cual representa un avance importante en el proceso684. Al momento del cierre del presente informe estaría pendiente, sin embargo, la aprobación de esta modificación por parte de la Cámara de Senadores y las legislaturas de la mayoría de los Estados685.




  1. La Relatoría Especial valora positivamente el aumento en las investigaciones y acciones de protección emprendidas por la Fiscalía Especial para la Atención de Delitos cometidos contra la Libertad de Expresión, así como el desarrollo de protocolo de investigación para crímenes contra la libertad de expresión. La recolección y sistematización de información criminalística sobre crímenes contra periodistas también es importante, y responde a una de las recomendaciones específicas formuladas por la Relatoría en su Informe Especial686. Al mismo tiempo, reitera su gran preocupación ante el hecho que en sus casi seis años de existencia la fiscalía especializada aún no ha logrado la sanción penal de un solo responsable de asesinar o desaparecer a un periodista. En su informe preliminar al concluir la visita in loco en agosto de 2010, la Relatoría expresó su esperanza que el nuevo plan de trabajo de la FEADLE se traduciría en resultados concretos en el “corto plazo”. Más de un año después, la información entregada por el Estado indica algunos avances, como por ejemplo los 47 “probables responsables” que, según informó el Estado en la audiencia celebrada ante la CIDH, fueron consignados por la FEADLE entre septiembre de 2010 y septiembre de 2011 por la comisión de distintos delitos contra la libertad de expresión687. Sin embargo, la falta de estadísticas claras, concretas y desagregadas sobre los resultados alcanzados—ordenes de aprehensión, detenciones, acusaciones, condenas, y sanciones—complica la tarea de la prensa y del público mexicano de evaluar el desempeño de la fiscalía especial y las restantes procuradurías. Las explicaciones ofrecidas por el titular de la FEADLE respecto de la falta de “rapidez, agilidad y eficacia” en resolver los casos de violencia contra las y los periodistas—entre ellas, una inadecuada definición de su competencia—son reales, y fueron señaladas por la Relatoría Especial en su momento. Al mismo tiempo, la Relatoría observa que la FEADLE ha destinado parte de sus escasos recursos a tareas distintas a las directamente asociadas a su responsabilidad central: lograr sanciones penales para los crímenes más graves—asesinatos, desapariciones y atentados—cometidos con motivo del ejercicio de la libertad de expresión. La situación urgente de violencia contra comunicadores en México demanda una política efectiva de lucha contra la impunidad en estos casos, y la Relatoría continuará monitoreando con atención el papel de la FEADLE en esta lucha y colaborando en lo posible, y dentro de su competencia, para el logro de los objetivos.

1   ...   14   15   16   17   18   19   20   21   ...   71


La base de datos está protegida por derechos de autor ©bazica.org 2016
enviar mensaje

    Página principal