Comisión interamericana de derechos humanos



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I. Creación de un mecanismo de protección para periodistas


  1. Al finalizar su visita in loco a México, la Relatoría reconoció los avances en las discusiones entre el Gobierno federal y la sociedad civil, encaminadas a la creación de un mecanismo de protección para periodistas. En dicho informe, la Relatoría Especial llamó la atención sobre la:

urgente necesidad de concretar este proceso y poner en funcionamiento el mencionado mecanismo [de protección] implementado a través de un comité oficial e interinstitucional de alto nivel; liderado por una autoridad federal con capacidad de coordinación entre las diversas autoridades y órdenes de gobierno; que cuente con recursos propios y suficientes; y que garantice la participación de periodistas y organizaciones de la sociedad civil en su diseño, funcionamiento y evaluación”688.




  1. Posteriormente, la Relatoría tuvo conocimiento de la adopción en un “Convenio de coordinación para la implementación de acciones de prevención y protección a periodistas”, suscrito por la Secretaría de Gobernación, la Secretaría de Relaciones Exteriores, la Secretaría de Seguridad Pública, la Procuraduría General de la República y la Comisión Nacional de Derechos Humanos (CNDH)689. En consideración del Estado, esto representaba “el primer paso para establecer un mecanismo de protección de periodistas y comunicadoras” y cumplía con las referidas recomendaciones de los Relatores Especiales de la CIDH y de la ONU690. El Convenio creó un Comité Consultivo, encargado de recibir solicitudes de protección, definir y dar seguimiento a medidas de prevención y protección para periodistas y facilitar la implementación de dichas medidas a nivel federal y local. Asimismo, se creó un Subcomité de Evaluación con la responsabilidad de analizar las solicitudes de medidas de prevención y protección y hacer las recomendaciones correspondientes al Comité Consultivo691.




  1. El Convenio estableció un plazo de 30 días para instalar el Comité Consultivo e indicó que dentro de los 30 días siguientes este Comité emitiría los Lineamientos de Operación y Funcionamiento que definirían, entre otros asuntos, “los criterios para la adopción, implementación, preservación, modificación o terminación de medidas de prevención y protección de periodistas”692.




  1. Según la información aportada en el Informe de México: Avances y desafíos en materia de derechos humanos, la Secretaría de Gobernación es la dependencia encargada de la coordinación del mecanismo de protección a periodistas, y el Comité Consultivo está conformado por dicha Secretaría así como por la Secretaría de Seguridad Pública, la Procuraduría General de la República, la Comisión Nacional de Derechos Humanos, y la Oficina de las Naciones Unidas contra la Droga y el Delito693.




  1. La Relatoría ha recibido información sobre algunos avances en la implementación del Convenio. El 18 de julio de 2011 la organización Centro Nacional de Comunicación Social (CENCOS) aceptó una invitación para participar en el Comité Consultivo como invitado permanente de la sociedad civil694. Asimismo, el 5 de octubre de este año se dio a conocer la adhesión del gobierno del Estado de Morelos al Convenio695.




  1. Al mismo tiempo, la Relatoría toma nota de las observaciones de organizaciones de prensa y de libertad de expresión respecto de las capacidades y procedimientos del mecanismo y la falta de implementación efectiva de las medidas de protección contempladas en el Convenio. Estas observaciones se refieren, inter alia, a la importancia de la participación en el mecanismo de organizaciones especializadas y de la Oficina de la Alta Comisionada de las Naciones Unidas para los Derechos Humanos, y a la necesidad de que el mecanismo tenga un presupuesto adecuado y capacidad técnica, de gestión y de actuación en todo el territorio nacional696. Asimismo, en un comunicado emitido el 18 de noviembre, varias organizaciones no gubernamentales calificaron como “aún insuficiente” el presupuesto de 28.5 millones de pesos asignado a los mecanismos de protección de periodistas y defensores y defensoras de derechos humanos en el Presupuesto de Egresos de la Federación para el Ejercicio Fiscal 2012697. La Relatoría Especial nota la concordancia entre las referidas observaciones y las recomendaciones que en su momento envió la Relatoría al Estado mexicano con relación a la elaboración de los Lineamientos de Operación y Funcionamiento, y que posteriormente fueron incorporadas en el Informe Especial sobre Libertad de Expresión en México 2010698.




  1. En la audiencia celebrada ante la CIDH el 28 de octubre el Estado no hizo referencia a periodistas que hubieran recibido protección del Estado en el marco del Convenio699. Asimismo la Relatoría observa con preocupación la demora en emitir públicamente los Lineamientos de Operación y Funcionamiento de dicho Convenio. Si bien el Estado señaló, en la audiencia pública celebrada el 28 de octubre, que el Comité aprobó los Lineamientos en su quinta sesión celebrada el 28 de enero de 2011700, dichos Lineamientos aún no se habían hecho públicos al momento de cierre del presente Informe, por lo que la gran mayoría de los comunicadores del país no tendrían conocimiento del procedimiento para solicitar protección en el marco del Convenio. La Relatoría reitera la urgente necesidad de poner en funcionamiento el mecanismo de protección ante la situación crítica de violencia contra periodistas y medios de comunicación en México, y seguirá monitoreando con interés la implementación del Convenio de coordinación para la implementación de acciones de prevención y protección a periodistas, así como prestando la asesoría que, dentro de su competencia, pueda brindar al Estado.


18. Nicaragua
A. Amenazas


  1. La Relatoría Especial recibió información según la cual el periodista del periódico El Nuevo Diario, Luis Galeano, habría sido amenazado de muerte en al menos dos ocasiones, el 19 y el 21 de febrero, de manera coincidente con la publicación el 21, 22 y 23 de febrero de una serie de reportajes acerca de irregularidades administrativas que habrían sido cometidas en el Consejo Supremo Electoral (CSE). De acuerdo con la información recibida, el 19 de febrero Galeano recibió en su teléfono celular un mensaje que decía: “Tenés 72 horas para arrepentirte de lo que vas a publicar, no es juego es en serio. Si no te arrepentís, pobre tu familia porque no te van a volver a ver”. El 21 de febrero Galeano recibió en su cuenta de correo electrónico otro mensaje que decía: “Hombre Luisito, parece que no querés llegar a viejo… porque no querés oír consejo (sic). Mirá hombre, no sigás con esa pendejada que estás escribiendo en el panfleto derechista ese del Nuevo Diario”701. Galeano y el periódico denunciaron el hecho ante la Policía. En junio, la Dirección de Auxilio Judicial de la Policía anunció que habría identificado al presunto autor de las amenazas del 19 de febrero, aunque el sospechoso, cuya identidad no fue revelada, negó ser el dueño del teléfono desde el que se hizo la amenaza cuando ocurrió el incidente702. Al cierre del informe no ha habido reportes de nuevos avances en la investigación703.




  1. De acuerdo con información recibida, durante 2011 la corresponsal de El Nuevo Diario en la ciudad de Jinotega, Silvia González, habría recibido una serie de amenazas contra ella y su familia. Ante el grave riesgo, la periodista finalmente decidió salir del país704. Además de su trabajo con El Nuevo Diario, González dirigía un programa de radio en el cual había denunciado presuntas irregularidades electorales y donde solía analizar la situación política local. De acuerdo con la información recibida, el 30 de julio una persona se le habría acercado en un sitio público a una hija de González, Yaneri Sobalvarro González, de 24 años de edad, y le habría dicho: “Decile a tu mamá que se cuide, que no ande hablando mucho porque le vamos a pasar la cuenta y le vamos a dar donde más le duele… y vos chavala cuidate”. Además, el 4 de agosto de 2011 González habría recibido intimidaciones en al menos tres mensajes de texto enviados a su teléfono celular que entre otros contenidos decían: “Si seguís jodiendo vamos a mandar a quemar ese periodicucho donde trabajás”705. Posteriormente, la periodista habría recibido dos llamadas telefónicas amenazantes. En una de ellas una voz le advertía que “si seguía molestando” tenía 48 horas de vida, y en otra le habrían dicho: “Si no te callás vamos a callar a uno de tus hijos”. Después, la periodista habría recibido nuevos mensajes de texto con amenazas de muerte; desconocidos habrían lanzado al patio de su casa una cabeza de gallina con un papel amarrado en el que se leía su nombre y finalmente, dos días antes de su salida forzada del país, habría recibido dos notas anónimas escritas con recortes de periódicos y revistas donde se leía “te vamos a matar“706. Según lo informado, la periodista y su hija acudieron a denunciar los hechos a la Policía Nacional en Jinotega. Ellas habrían señalado a un sospechoso como el presunto autor de las frases intimidatorias manifestadas en el incidente del 30 de julio. Posteriormente la Policía habría citado a Yaneri a las instalaciones de esa institución en Jinotega. En esa ocasión la hija de la periodista habría encontrado en la sede policial al sospechoso, quien la habría tomado del brazo y llevado a una oficina donde habría sido interrogada por dos oficiales de la Policía, quienes además habrían permitido la participación del denunciado en el interrogatorio707. En relación con estos hechos, la Relatoría Especial solicitó información al Estado el 1 de septiembre de 2011708.




  1. En su respuesta del 22 de septiembre de 2011, a la solicitud de información por los hechos anteriormente mencionados, el Estado reiteró su compromiso con la libertad de expresión y destacó la protección constitucional de la que goza “el ejercicio del periodismo crítico, constructivo y libre de los medios de Comunicación Social y de los profesionales del periodismo en particular”. El Estado indicó que “en Nicaragua no existe ninguna política de persecución o censura contra la labor de los medios de comunicación social, ni contra los comunicadores o periodistas de manera individual o colectiva, tampoco existe una situación de país que atente o lesione la libertad de informar, la integridad física, emocional, sicológica o contra la vida misma de los periodistas, sea cual fuese su ideología o filiación política, sean simpatizantes, críticos u opositores del actual Gobierno (…)”. En relación con las investigaciones llevadas a cabo y sus resultados, el Estado informó haber iniciado el proceso de investigación policial bajo la tipificación de amenazas, solicitado a una empresa telefónica los números de llamadas entrantes a dos teléfonos usados por la denunciante, entrevistado a la hija de Silvia González y solicitado a la denunciante información impresa de las llamadas telefónicas y textos amenazadores recibidos en su teléfono. En cuanto al proceso judicial seguido al sospechoso, el Estado explicó que la acusación debió ser reformulada de “amenazas” contra Silvia González a “asedio” en contra de Yaneri Sobalvarro González, hija de la periodista. Una audiencia preliminar por el delito de asedio fue programada para el 20 de septiembre de 2011. En cuanto a la presencia del sospechoso en la convocatoria a Yaneri Sobalvarro a una sede policial, el Estado explicó que la Policía Nacional citó al investigado para que rindiera su declaración y citó a la denunciante para que estuviera presente en esa diligencia. En cuanto a si el Estado ha hecho alguna manifestación pública de repudio a las amenazas e intimidaciones denunciadas, el Estado respondió que las denuncias son casos aislados y que han sido atendidas con diligencia por parte de las autoridades correspondientes709.




  1. Representantes de la denunciante informaron a esta Relatoría Especial que la denuncia de Silvia González no ha sido investigada y que no se le proporcionó seguridad. A juicio de los representantes, la Policía no habría informado a la denunciante acerca del origen de las llamadas telefónicas amenazantes recibidas por ella. La Policía reformuló el delito acusado e incluyó como víctima a la hija, en lugar de la madre. Indicaron que el 23 de agosto la Policía habría presentado a las autoridades judiciales una acusación por asedio en perjuicio de la hija de la reportera en la cual habría desestimado las amenazas contra la periodista. El 2 de septiembre el Juez Local Penal Único de Jinotega admitió la acusación y programó una audiencia inicial para el 20 de septiembre. Sin embargo, ese día la periodista ya había salido del país para proteger su seguridad710.




  1. El principio 9 de la Declaración de Principios de la CIDH establece que “[e]l asesinato, secuestro, intimidación, amenaza a los comunicadores sociales, así como la destrucción material de los medios de comunicación, viola los derechos fundamentales de las personas y coarta severamente la libertad de expresión. Es deber de los Estados prevenir e investigar estos hechos, sancionar a sus autores y asegurar a las víctimas una reparación adecuada”.


B. Agresiones a periodistas y medios de comunicación


  1. Según la información recibida, un grupo de personas habrían sido agredidas el 2 de abril por la Policía cuando intentaban participar en una manifestación autorizada, en contra de la reelección del presidente Daniel Ortega. De acuerdo con lo informado, la Policía primero habría negado el paso a miembros del Centro Nicaragüense de Derechos Humanos (CENIDH) y a otros manifestantes y después los habría golpeado con bastones policiales. El CENIDH cuenta con medidas cautelares vigentes emitidas por la CIDH en 2008. La CIDH solicitó al Estado de Nicaragua información acerca de las acciones emprendidas para garantizar la vida y la seguridad de los beneficiarios711. El Estado informó a la CIDH que el 2 de abril habían sido programadas dos marchas que chocaron aunque se habían tomado medidas para evitarlo. El Estado aseguró que en ningún momento se han dejado de aplicar las medidas cautelares y afirma que los mecanismos de seguridad siguen vigentes en la sede del CENIDH y en la casa de su presidenta712.




  1. La Relatoría Especial fue informada de que el 17 de enero el propietario de la empresa Telecable, en la localidad de Condega, canceló la emisión de la señal del Canal 15, al alegar la afectación de sus intereses empresariales. La cancelación de las transmisiones de Canal 15 ocurrió luego de reiteradas amenazas y actos de sabotaje contra esa emisora coincidentes o posteriores a la emisión de programas de noticias y opinión que cuestionaban a las autoridades locales. Además, el 16 de enero de 2011 habrían sido cortados los cables de fibra óptica de la empresa Telecable. Una organización autodenominada “Columna Simón Bolívar” habría dejado una nota escrita con la leyenda: “Te lo advertimos, no queremos Canal 15 en Pueblo Nuevo”. Anterior al sabotaje del 16 de enero, habrían sido robados varios postes que conducían la fibra óptica y funcionarios de Telecable habrían recibido mensajes de texto con amenazas, que aludían a la posibilidad de colocar bombas en el canal, firmados por la autodenominada “Columna Simón Bolívar”. Las víctimas de esos hechos interpusieron denuncias ante la Policía pero no se conoce el resultado de la investigación713.




  1. La Relatoría Especial tuvo conocimiento de que un grupo de sindicalistas y ex repartidores del periódico La Prensa, cuyo contrato fue cancelado, bloquearon en varias ocasiones la salida del diario durante la madrugada, retrasando por horas la distribución, y dispararon explosivos caseros en las inmediaciones del periódico. El conflicto se originó en una decisión del diario La Prensa, de agosto de 2010, según la cual se rescindieron los contratos a un grupo de repartidores de periódicos. El Ministerio de Trabajo (MITRAB) ordenó al periódico reintegrar a 23 contratistas que habían sido separados714. Según la información recibida, los bloqueos en la entrada del diario habrían ocurrido en las madrugada del 7 y el 23 de diciembre de 2010, el 13 de agosto de 2011 y el 3 de septiembre de 2011 mientras que los bloqueos a la casa del gerente general del diario La Prensa se llevaron a cabo el 10 de diciembre de 2010 y el 5 de febrero de 2011. En todas las ocasiones, los manifestantes obstaculizaron la salida a tiempo del diario y dispararon al aire explosivos de fabricación casera, sin que las autoridades se hubieren presentado715.




  1. La Relatoría Especial considera importante que en situaciones como las mencionadas las autoridades adopten un marco regulatorio que permita, al mismo tiempo, la satisfacción del derecho a la libertad de expresión, severamente afectado por los bloqueos mencionados, y el derecho a la protesta social de conformidad con los estándares internacionales.


C. Responsabilidades ulteriores


  1. De acuerdo con información recibida, dos concejales opositores de la Alcaldía de Managua, Luciano García y Leonel Teller, habrían sido acusados por los delitos de injurias y calumnias, y uno de ellos habría sido condenado penalmente, luego de denunciar presuntas anomalías cometidas en ese municipio. De acuerdo con la información recibida, el concejal Luciano García denunció el 30 de marzo, en una noticia publicada en el diario La Prensa, una serie de presuntas irregularidades financieras cometidas por autoridades municipales y pidió la destitución del alcalde. El concejal se fundamentó en una auditoría realizada en la alcaldía de Managua que habría revelado un desfalco equivalente a unos US $155.000 dólares. El 13 de abril de 2011 la autoridad aludida interpuso una querella particular por injurias y calumnias en el Juzgado Tercero de lo Penal de Managua. El 27 de junio de 2011 el juzgado encontró culpable a García y le impuso una pena de multa equivalente a unos US $19.000 dólares. El 2 de septiembre la sentencia fue ratificada en segunda instancia en el Juzgado Décimo Distrito de lo Penal de Juicio aunque redujo el monto de la multa a una suma equivalente a US $9.500 dólares716.




  1. El décimo principio de la Declaración de Principios de la CIDH establece que “[l]as leyes de privacidad no deben inhibir ni restringir la investigación y difusión de información de interés público. La protección a la reputación debe estar garantizada sólo a través de sanciones civiles, en los casos en que la persona ofendida sea un funcionario público o persona pública o particular que se haya involucrado voluntariamente en asuntos de interés público. Además, en estos casos, debe probarse que en la difusión de las noticias el comunicador tuvo intención de infligir daño o pleno conocimiento de que se estaba difundiendo noticias falsas o se condujo con manifiesta negligencia en la búsqueda de la verdad o falsedad de las mismas”.




  1. Asimismo, el principio 11 de la Declaración de Principios de la CIDH establece que “[l]os funcionarios públicos están sujetos a un mayor escrutinio por parte de la sociedad. Las leyes que penalizan la expresión ofensiva dirigida a funcionarios públicos generalmente conocidas como "leyes de desacato" atentan contra la libertad de expresión y el derecho a la información”.


D. Restricciones administrativas


  1. De acuerdo con la información recibida, la Dirección General de Ingresos y la Dirección General de Aduanas habrían retrasado el retiro por parte del periódico El Nuevo Diario de un embarque de papel y planchas metálicas de impresión que ingresó al país el 6 de enero, materia prima necesaria para la publicación del matutino. Según lo informado a esta oficina, durante 2010 El Nuevo Diario retiró sin problemas materias primas de las aduanas en varias ocasiones. En esta ocasión, los obstáculos habrían coincidido con el inicio de una serie de publicaciones en las que El Nuevo Diario denunció presuntos hechos de corrupción y nepotismo en el Ministerio de Hacienda y la Dirección General de Ingresos717. El papel y las materias primas finalmente pudieron ser desalmacenados el 11 de febrero718.


E. Restricciones en el acceso a la información y cadenas oficiales


  1. La Relatoría Especial tuvo conocimiento de que el 7 de enero el Consejo Supremo Electoral (CSE), mediante su vocero, habría anunciado una política de transparencia y puertas abiertas ante los medios de comunicación, pero adelantó que se “reserva[ría] el derecho” de permitir el ingreso a las conferencias de medios de comunicación con una agenda orientada a “atacar a las personas y funcionarios”719. La advertencia ocurrió tras un año en el que hubo reiterados reportes de discriminación en el acceso a conferencias de prensa oficiales, contra medios de comunicación independientes, especialmente en el CSE720.




  1. El principio 4 de la Declaración de Principios de la CIDH establece que “[e]l acceso a la información en poder del Estado es un derecho fundamental de los individuos. Los Estados están obligados a garantizar el ejercicio de este derecho. Este principio sólo admite limitaciones excepcionales que deben estar establecidas previamente por la ley para el caso que exista un peligro real e inminente que amenace la seguridad nacional en sociedades democráticas”.




  1. La Relatoría Especial ha recibido información que indica que se habrían continuado realizado múltiples cadenas presidenciales en todos los canales de televisión por cable para emitir mensajes que incluso tendrían contenido partidista. Tales acciones se llevarían a cabo con base en el acuerdo administrativo 009-2010 del Instituto Nicaragüense de Telecomunicaciones y Correos (TELCOR), según el cual, los servicios de televisión por suscripción deben poner a disposición del Gobierno de la República sus servicios e instalaciones en situaciones de emergencia nacional721. De acuerdo con lo informado, el 10 de enero la señal de varios canales de televisión por cable que no se sumaron a la cadena presidencial habría sido bloqueada cuando el presidente Ortega emitía su Informe de Gobierno en una plaza pública. Además, el 19 de julio las señales de televisión de canales abiertos y de cable fueron encadenadas para transmitir la celebración oficial del 32 aniversario del triunfo de la revolución sandinista722.




  1. El principio 12 de la Declaración de Principios de la CIDH establece que “[l]os monopolios u oligopolios en la propiedad y control de los medios de comunicación deben estar sujetos a leyes antimonopólicas por cuanto conspiran contra la democracia al restringir la pluralidad y diversidad que asegura el pleno ejercicio del derecho a la información de los ciudadanos. En ningún caso esas leyes deben ser exclusivas para los medios de comunicación. Las asignaciones de radio y televisión deben considerar criterios democráticos que garanticen una igualdad de oportunidades para todos los individuos en el acceso a los mismos”.




  1. El principio 5 de la Declaración de Principios de la CIDH establece que “[l]as restricciones en la circulación libre de ideas y opiniones, como así también la imposición arbitraria de información y la creación de obstáculos al libre flujo informativo, violan el derecho a la libertad de expresión”.

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