Comisión interamericana de derechos humanos



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19. Panamá


  1. De acuerdo con información recibida, el Juzgado 12° de Circuito Penal de Panamá dictó el 25 de julio un sobreseimiento provisional a favor de la periodista del periódico Crítica y presidenta del Colegio Nacional de Periodistas de Panamá, Grisel Bethancourt, por el delito de injurias y calumnias. De acuerdo con lo informado, el caso se originó en una demanda interpuesta por una persona sospechosa de cometer un crimen, que finalmente fue absuelta. La información publicada en 2009 se basó en un auto de llamamiento a juicio del Segundo Tribunal de Justicia. El juzgado habría llegado a la conclusión de que no hubo dolo en la nota publicada por la periodista723. La Fiscalía habría apelado la decisión724. Por este caso también han sido procesados los periodistas Jahaira Valverde y Enrique Brathwaite, del periódico Mi Diario, cuyo caso no había sido resuelto a la fecha de cierre de este informe725. El 22 de agosto, Brathwaite habría sido detenido en un control policial rutinario, al aparecer en una base de datos de la Policía con un proceso judicial pendiente, a pesar de que oportunamente se había presentado al juzgado correspondiente. El periodista habría sido esposado y conducido a una estación policial, donde fue liberado horas después726.




  1. La Relatoría Especial conoció la preocupación de organizaciones periodísticas acerca de la existencia de más de 40 casos de acusaciones contra comunicadores por delitos contra el honor que se encuentran pendientes en diferentes instancias judiciales727. La Relatoría Especial encuentra importante resaltar que, en una decisión que valoramos por su importancia para la defensa de la libertad de expresión, Panamá decidió en 2007 despenalizar los delitos de injurias y calumnias cuando se trate de informaciones críticas u opiniones acerca de actos u omisiones oficiales de altos servidores públicos, una decisión que debería favorecer a quienes previamente habían sido beneficiados con el indulto728. La Relatoría Especial ha indicado que las sanciones penales aplicadas a los delitos contra el honor tienen un efecto inhibitorio e intimidante en el ejercicio de la libertad de expresión, y que esa vía resulta desproporcionada y verdaderamente innecesaria en una sociedad democrática. La utilización de mecanismos penales para sancionar expresiones sobre cuestiones de interés público o sobre funcionarios públicos puede constituir un medio de censura indirecta, por su efecto amedrentador e inhibidor del debate sobre asuntos de relevancia pública729.




  1. La Relatoría Especial recibió información concerniente a amenazas que habría recibido el periodista del diario La Prensa, Santiago Cumbrera, de parte de la Ministra de Trabajo y Desarrollo Laboral, Alma Cortés, y de personal de su despacho. De acuerdo con lo informado, el 23 de junio Cortés habría manifestado en un programa de televisión: “Cumbrera: ten cuidado conmigo, mi reputación no tiene precio”, en respuesta a una serie de reportajes del periodista acerca de presuntas irregularidades en un programa social del Ministerio de Trabajo. Según la información disponible, posteriormente un funcionario del despacho de la ministra habría advertido al periodista: “usted está atacando a la ministra (Cortés) con furia y no a los del (partido opositor) PRD… yo no soy la ministra que se deja intimidar… yo no amenazo, yo ejecuto”. Tras la divulgación de las advertencias, el presidente Ricardo Martinelli habría ordenado a la Ministra de Trabajo abstenerse de hacer declaraciones contra los medios de comunicación y pedirle disculpas públicas al periodista. Además, la habría precavido que ella o el personal a su cargo serían destituidos si esas acciones se repetían730.




  1. De acuerdo con información recibida en la Relatoría Especial, el 26 de febrero la Policía Nacional detuvo a los periodistas y defensores de derechos humanos, de nacionalidad española, Francisco Gómez Nadal y María del Pilar Chato Carral, mientras filmaban y documentaban una manifestación de indígenas en la ciudad de Panamá y ordenó el “retorno voluntario” a su país de origen. Según la declaración de los periodistas, ambos habrían permanecido detenidos por al menos 48 horas antes de ser llevados al aeropuerto y durante ese tiempo no se les habría permitido entrevistarse con su abogado, recibir asistencia consular ni ejercer en debida forma su derecho a la defensa.731 Los periodistas declararon a diversos medios, que habrían sido presionados por las autoridades a fin de aceptar el “retorno voluntario”732.




  1. En respuesta a una solicitud de información de esta Relatoría, una comunicación de la Misión Permanente de Panamá ante la OEA, del 28 de abril, indicó que Francisco Gómez Nadal y María del Pilar Chato Carral fueron aprehendidos por alteración del orden público, junto con otros manifestantes que cerraban una vía pública. Debido a su condición de extranjeros fueron enviados a un albergue migratorio y se determinó que Gómez no contaba con permiso de trabajo y Chato tenía visa de turista. Según la información aportada por el Estado, el 27 de febrero se ordenó la detención de los periodistas y se determinó que ambos habían infringido las leyes migratorias al participar en presuntos actos contra la seguridad pública. Con base en tales hechos, el Estado ordenó a los ciudadanos españoles el “retorno voluntario” a su país de origen y se les dictó un impedimento de entrada a Panamá durante dos años. De acuerdo con el Estado, Gómez y Chato habrían sido asistidos “en todo momento” “por su abogada” y por el personal de la Defensoría del Pueblo de Panamá. El 28 de febrero ambos fueron escoltados al aeropuerto internacional para abordar un avión hacia España733.




  1. El periodista Gómez Nadal habría asegurado que se encontraba legalmente ejerciendo sus derechos, y que habría sido expulsado como represalia por el ejercicio legítimo de tales derechos734. Al momento del cierre del presente informe la Relatoría no había sido informada de nuevas actuaciones en el presente caso.




  1. La Relatoría Especial toma nota del retiro de la agenda parlamentaria de un anteproyecto de ley que hubiera reformado el Código Penal para imponer una pena de dos a cuatro años de prisión a “quien infundadamente ofenda, ultraje o vilipendie públicamente al presidente de la República o a cualquier servidor público que sirva en cargos de elección popular”. La iniciativa fue presentada por diputados oficialistas el 5 de enero y retirada el 11 de enero, luego de fuertes críticas de diputados y de la Defensoría del Pueblo735. La iniciativa no solo incumplía con el artículo 13 de la Convención Americana sobre Derechos Humanos y el Principio 11 de la Declaración de Principios sobre Libertad de Expresión de la CIDH, sino que también contradecía la reforma adoptada en 2007, establecida en el artículo 196 del Código Penal, según el cual se despenalizan parcialmente los delitos de injurias y calumnias cuando se trate de informaciones críticas u opiniones acerca de actos u omisiones oficiales de altos servidores públicos736.




  1. La Relatoría Especial tuvo conocimiento de la existencia de videos anónimos colocados en la red YouTube de Internet que contienen mensajes descalificatorios con el objetivo manifiesto de dañar la credibilidad de conocidos periodistas independientes panameños. De acuerdo con la información recibida, en los videos se cuestiona la carrera profesional de los periodistas Lina Abad, editora de la unidad de investigación del diario La Prensa, y del presentador del noticiero Telemetro de Canal 13, Álvaro Alvarado, a quienes además se les cuestionó su honorabilidad y se les atribuyó vínculos con partidos políticos opositores. En otros casos, los mensajes han sido pautados en canales de televisión y atribuidos al oficialista Partido Cambio Democrático, como ocurrió en un mensaje que intentaba desacreditar al reportero Santiago Cumbrera, de la unidad de investigación de La Prensa. La serie de mensajes habría comenzado a aparecer después de la publicación del contenido de cables del Departamento de Estado de Estados Unidos acerca del Gobierno panameño737.




  1. Durante la audiencia pública sobre el Acceso a la Información Pública en Panamá celebrada el 28 de octubre de 2011, la Relatoría Especial recibió información relacionada con la implementación de la Ley de Acceso a la Información, vigente desde 2002. Las peticionarias sostuvieron que la efectividad de la ley ha tenido un desarrollo regresivo dada la expedición de recientes decisiones administrativas que entrarían en contradicción con lo estipulado por la Ley como el requisito de ser parte interesada en un asunto para solicitar información pública; el cobro de aranceles para fotocopiar documentos o certificarlos; la reducción de información puesta a disposición del público de manera oficiosa y proactiva por parte de las entidades estatales; el incumplimiento de los plazos estipulados para la entrega de información; la calificación como información clasificada o de acceso restringido adicional a la establecida por la Ley, mediante normas de menor rango legal como reglamentos y decretos; y la falta de un recurso judicial eficaz que impida la negación del derecho. Según lo informado, la experiencia concreta de una organización ambientalista panameña, le permitió constatar que de más de 30 recursos de habeas data presentados en más tres años solo uno habría sido resuelto. A su turno, el Estado reconoce que hay deficiencias en la implementación de la Ley pero asegura haber impulsado de manera progresiva mecanismos para desarrollar las normas jurídicas, procesos de recepción de solicitudes, de apelación y de sanción cuando se incumple la Ley. De acuerdo con lo informado por el Estado, desde la aprobación de la Ley se habrían promulgado cerca de 15 decretos o resoluciones que reglamentan o refuerzan la aplicación de la misma y sustentan su desarrollo progresivo. El Estado informó que está haciendo lo necesario para impulsar transformaciones tecnológicas que mejoren el acceso a información pública y reduzca o elimine los costos para obtenerla. Asimismo, el Estado mostró su anuencia a recibir propuestas de parte de la sociedad civil que permitan mejorar la aplicación y eficacia de la Ley de Acceso a la Información Pública. La Relatoría Especial reconoce la existencia de un importante marco jurídico en Panamá, pero manifiesta su preocupación por la posibilidad de que en la práctica no estén siendo aplicados estándares fundamentales como la potestad de cualquier persona de acceder a información en poder del Estado, la gratuidad o bajo costo de la obtención de los datos; el carácter excepcional del rechazo de una solicitud; la estipulación taxativa por ley de las restricciones para acceder a información; el cumplimiento de plazos breves y razonables para le entrega de información, y la existencia de recursos administrativos y judiciales sencillos y efectivos para impugnar decisiones. La Relatoría Especial observa con satisfacción la voluntad del Estado de mejorar la implementación de la Ley y su apertura a trabajar de manera conjunta con la sociedad civil para implementar adecuadamente el derecho de acceso a la información en Panamá738.


20. Paraguay


  1. El 30 de junio el juez Manuel Aguirre Rodas emitió sentencia absolutoria por los delitos de injuria y calumnia a favor de la periodista del diario ABC Color, Sandra López. De acuerdo con lo reportado, la periodista había sido demandada por una empresaria y ex modelo aludida en un artículo publicado el 28 de junio de 2009, que se refería a un presunto tráfico de influencias. La demandante pedía una condena de 2 años y medio de prisión y una compensación económica de 6.000 millones de guaraníes (cerca de US $1,5 millones de dólares). El juez concluyó que la nota periodística contenía opiniones de la periodista basada en documentos y fuentes veraces, que no ameritaban una sanción739.




  1. Dos ex funcionarios de la Secretaría de Emergencia Nacional interpusieron por separado en diciembre de 2010 dos demandas penales por los supuestos delitos de injuria, calumnia y difamación contra el periodista Jorge Torres, del periódico ABC Color, quien denunció irregularidades en el manejo de fondos de esa dependencia pública. Según lo informado, los funcionarios se sintieron agraviados por las publicaciones y solicitaron la aplicación de la pena de hasta dos años de prisión o multa. La Fiscalía mantendría abierto un proceso contra los demandantes por presuntos actos de lesión de confianza y producción de documentos no auténticos740. El 4 de febrero, una subcomisaria interpuso una querella por difamación y calumnia contra el corresponsal del diario ABC Color, Omar Acosta, al considerarse lesionada por informaciones que la vinculaban con denuncias de presuntas torturas, mientras ella era la jefa de la comisaría 16ª de Guayaybí, departamento de San Pedro741.




  1. El principio 10 de la Declaración de Principios de la CIDH establece que “[l]as leyes de privacidad no deben inhibir ni restringir la investigación y difusión de información de interés público. La protección a la reputación debe estar garantizada sólo a través de sanciones civiles, en los casos en que la persona ofendida sea un funcionario público o persona pública o particular que se haya involucrado voluntariamente en asuntos de interés público. Además, en estos casos, debe probarse que en la difusión de las noticias el comunicador tuvo intención de infligir daño o pleno conocimiento de que se estaba difundiendo noticias falsas o se condujo con manifiesta negligencia en la búsqueda de la verdad o falsedad de las mismas”.




  1. El 12 de enero en la madrugada un artefacto explosivo de fabricación casera detonó en las afueras del edificio de la emisora privada Canal 9, en Asunción, y otro en un parque cercano, sin causar víctimas. Horas después apareció un panfleto, cuya autenticidad no fue confirmada, que atribuiría el atentado a un presunto grupo subversivo. La detonación ocurrió en el contexto de un conflicto laboral en la emisora742.




  1. La Relatoría Especial fue informada de una amenaza que habrían recibido el 27 de mayo tres periodistas por parte del gobernador del Alto Paraná. Según lo informado, el funcionario habría manifestado públicamente: “quiero tener una ametralladora para rociarles a estos infelices y sinvergüenzas”, ante una serie de informaciones radiales y escritas acerca de una investigación judicial, relacionada con la presunta distribución de comida en mal estado a comedores escolares. Los periodistas aludidos habrían sido Carlos Bottino y Samir Sánchez, de Radio Parque y Fermín Jara, del diario regional Vanguardia y corresponsal de ABC Color. Posteriormente, el gobernador habría aclarado a la prensa que su expresión fue producto de un momento de rabia y que en ningún momento había pensado en hacer daño a los comunicadores. Sin embargo, Bottino denunció la amenaza ante el Ministerio Público. Después de la advertencia del gobernador, Radio El Parque habría suspendido la transmisión de los programas radiales de Bottino y Sánchez743.




  1. La Relatoría Especial recibió información sobre la aprobación final de la Ley de Telecomunicaciones, que habría sido vetada por el presidente Fernando Lugo. En su oportunidad, en concordancia con el reto planteado, la Relatoría habría manifestado que la ley contiene restricciones al funcionamiento de las radioemisoras comunitarias y sanciones penales que podrían resultar discriminatorias y problemáticas, en relación con los estándares del derecho a la libertad de expresión del sistema interamericano de derechos humanos. De acuerdo con la información recibida, la Cámara de Senadores de Paraguay ratificó la Ley de Telecomunicaciones el pasado 8 de marzo. La Ley había sido aprobada en 2010 por las cámaras de diputados y senadores pero recibió el veto presidencial el 12 de noviembre. La Cámara de Diputados rechazó el veto en diciembre y después lo hizo el Senado744. La Ley de Telecomunicaciones aprobada pone un límite de entre 50 y 300 watts de potencia a todas las radios comunitarias, educativas, asociativas y ciudadanas, sin distinción, y restringe la transmisión de publicidad privada y estatal en esas emisoras. Además, establece la pena privativa de libertad hasta por dos años, o una multa de 300 a 500 jornales diarios, a quienes operen sin licencia o sin previa autorización de la Comisión Nacional de Telecomunicaciones745. Para la Relatoría Especial las restricciones indiscriminadas a la potencia, las prohibiciones de acceder a recursos publicitarios y la utilización del derecho penal para sancionar violaciones del régimen de radiodifusión constituyen aspectos de la Ley que son problemáticos a la luz de la Convención Americana sobre Derechos Humanos. Las normas mencionadas establecen discriminaciones que tienden a excluir o limitar la participación en el debate público de ciertas expresiones que se canalizan a través de medios de comunicación comunitarios sin ánimo de lucro. Asimismo, el establecimiento de sanciones de tipo criminal para cualquier radio privada es una reacción desproporcionada por una falta en la que ni siquiera le exige probar el daño específico. El Estado está obligado a establecer un marco regulatorio que promueva una discusión libre, abierta, plural y desinhibida. Los medios de comunicación privados deben contar con garantías para una adecuada operación y no deben ser tratados de manera discriminatoria. En este sentido, los medios comunitarios deben ser protegidos por el Estado, ya que a través de ellos se expresan comunidades y grupos sociales excluidos, que están en muchas ocasiones ausentes del debate público y cuya inclusión es un imperativo de todo Estado democrático746. La Relatoría Especial insta al Estado paraguayo a reformar la ley de conformidad con los estándares interamericanos en materia de protección del derecho a la libertad de expresión y reitera su ofrecimiento de asesoría técnica, en aras de procurar el cumplimiento de los principios de pluralismo y diversidad que deben guiar a la reglamentación del uso del espectro radioeléctrico.


21. Perú
A. Avances


  1. La Relatoría Especial reconoce como un paso importante que el Congreso de la República del Perú aprobara, el 21 de julio, un dictamen que reformaba los artículos 130 y 132 del Código Penal para sustituir las penas de prisión de los delitos de injuria y difamación, por sanciones de servicios comunales y multas. Sin embargo, el 27 de julio, un día antes de entregar el poder, el presidente Alan García vetó el proyecto de ley, el cual fue devuelto al Congreso747.




  1. El 1 de febrero la Sala Penal Transitoria de la Corte Suprema anuló la decisión absolutoria del ex alcalde del municipio de Coronel Portillo, Luis Valdez, acusado como presunto autor intelectual del homicidio del periodista Alberto Rivera Fernández, ocurrido el 21 de abril de 2004. Según la información recibida, el alto tribunal ordenó un nuevo juicio oral, en el que también es juzgado Zoilo Ramírez Garay. Días antes de ser asesinado, el periodista Alberto Rivera Fernández habría emitido críticas contra la gestión municipal y habría vinculado a altas autoridades locales con actividades de narcotráfico748.




  1. La Relatoría Especial tuvo conocimiento de la sentencia emitida el 28 de octubre de 2011 por la Sala Penal Transitoria de la Corte Suprema de Justicia que absolvió al periodista Paul Garay Ramírez del delito de difamación y anuló en todos sus extremos la sentencia de la Corte Superior de Ucayali del 27 de julio de 2011 que confirmaba la condena749. El periodista había sido sentenciado a cumplir 18 meses de prisión efectiva y a pagar 20 mil nuevos soles por concepto de reparación civil (unos US $7.400 dólares)750.


B. Asesinatos


  1. La Relatoría Especial manifiesta su profunda preocupación por tres asesinatos de periodistas ocurridos durante 2011 en Perú que podrían estar relacionados con el ejercicio profesional de las víctimas. Esta oficina reitera al Estado su obligación de investigar los crímenes de manera diligente y exhaustiva, identificar a los responsables materiales e intelectuales, juzgarlos y, en su caso, sancionarlos de manera proporcional. Tales acciones son esenciales para impedir la impunidad y evitar la repetición de este tipo de hechos.




  1. La Relatoría Especial fue informada del asesinato del periodista Julio Castillo Narváez, ocurrido el 3 de mayo en Virú, departamento de La Libertad. Según lo informado, el periodista almorzaba en un restaurante cuando varios hombres ingresaron al local simulando ser clientes y de repente le dispararon para asesinarlo. En el lugar habría sido encontrado el teléfono celular de la víctima en el cual habría quedado registrada una amenaza de muerte. Según lo informado, Julio Castillo Narváez tenía más de 20 años de ejercer el periodismo, era el conductor del programa radial "Noticiero Ollantay" y mantenía una posición crítica a las autoridades locales de La Libertad. Radio Ollantay habría confirmado a medios peruanos que el periodista recibía amenazas constantes desde marzo, cuando emitió un audio que involucraba a algunos funcionarios públicos de La Libertad en posibles irregularidades. De acuerdo con la información recibida, al menos uno de los autores del crimen, un menor de edad de 17 años, fue capturado procesado y condenado a cumplir seis años de prisión efectiva en un centro de reclusión para menores. Además, otro sospechoso de haber participado en el asesinato también habría sido capturado por la Policía y se encontraría a la espera de ser enjuiciado751.




  1. La Relatoría Especial tuvo conocimiento del homicidio del periodista Pedro Flores Silva, ocurrido en Casma, departamento de Áncash, el 8 de septiembre. De acuerdo con la información recibida, en la noche del 6 de septiembre una persona encapuchada interceptó al periodista cerca de su casa y le disparó en dos ocasiones. Una de las balas perforó órganos vitales y la víctima murió el 8 de septiembre, en el Hospital Regional de Chimbote. Pedro Flores dirigía el programa periodístico "Visión Agraria”, en el Canal 6 local. La esposa del comunicador comentó que su marido había recibido varias amenazas de muerte desde hace dos meses. El periodista había divulgado una serie de informaciones relacionadas con presuntas irregularidades cometidas en la municipalidad distrital de Comandante Noel. El comunicador enfrentaba una demanda penal interpuesta por el alcalde de esa localidad752. En septiembre, la Policía habría capturado a tres presuntos autores materiales del crimen y habría encontrado el arma con la que se cometió el asesinato753.




  1. La Relatoría Especial fue informada del asesinato del periodista José Oquendo Reyes, ocurrido el 14 de septiembre en Pueblo Nuevo, provincia de Chincha. De acuerdo con la información recibida, Oquendo Reyes caminaba cerca de su casa cuando fue interceptado por desconocidos a bordo de una motocicleta, que le dispararon a corta distancia. Un hijo de la víctima lo auxilió y llevó al hospital, donde falleció. El periodista era director y conductor del programa “Sin Fronteras” de BTV Canal 45 de Chincha y, según lo informado, habría denunciado recientemente en su programa presuntos malos manejos administrativos en la alcaldía provincial de Chincha. Junto con sus actividades periodísticas, Oquendo Reyes también se dedicaba a la supervisión de obras de construcción754.




  1. El noveno principio de la Declaración de Principios sobre Libertad de Expresión de la CIDH establece que “[e]l asesinato, secuestro, intimidación, amenaza a los comunicadores sociales, así como la destrucción material de los medios de comunicación, viola los derechos fundamentales de las personas y coarta severamente la libertad de expresión. Es deber de los Estados prevenir e investigar estos hechos, sancionar a sus autores y asegurar a las víctimas una reparación adecuada”.


C. Agresiones y amenazas a periodistas y medios de comunicación


  1. La Relatoría Especial tuvo conocimiento de un atentado con bombas incendiarias en contra del edificio del diario Voces, ocurrido el 5 de marzo en Tarapoto, San Martín. De acuerdo con la información recibida, desconocidos lanzaron en la madrugada tres artefactos explosivos y causaron lesiones leves a dos trabajadores que a esa hora imprimían el diario. El ataque ocurrió días después que el periódico publicara una serie de artículos acerca de presuntos actos de corrupción que habrían sido cometidos por un candidato al Congreso, tras lo cual el director periodístico de Voces habría recibido amenazas de muerte en su teléfono celular. La Policía Nacional se comprometió a investigar el ataque y proporcionar seguridad al periódico755.




  1. La Relatoría Especial fue informada de diversas agresiones sufridas por comunicadores, especialmente en algunas regiones. En el departamento de Ancash, la Relatoría tuvo conocimiento de las agresiones contra los periodistas Josué Ibarra, del diario La Industria; Edwin Azaña, corresponsal de América Televisión; Nancy Arellano, corresponsal del Canal N, y Guillermo Napa, camarógrafo del Canal 25, el 14 de enero de 2011756; las agresiones contra el fotógrafo Paul Meza Castañeda, del Diario Correo de Chimbote, por parte de la policía nacional el 17 de febrero757; y las agresiones contra el periodista Miguel Alcántara, del diario Correo, de Chimbote, mientras cubría una protesta de vecinos del presidente regional de Ancash el 21 de mayo de 2011758.




  1. En el departamento de San Martín, la Relatoría tuvo conocimiento del ataque contra al director de noticias de radio televisión Nor Selva, Juan Vela Castro, por un abogado de la provincia el 17 de enero de 2011759. En el departamento Amazonas, la Relatoría fue informada de las agresiones contra los periodistas Manuel Saldaña García y Julio César Mendoza Escobar, conductores del programa El Matador, de radio Nova Star, el 5 de marzo en Alto Amazonas760; y las amenazas contra los periodistas Segundo Alvines y Braulio Rojas Núñez, conductores del programa Hits Star Noticias, de radio Hits Star de Bagua, el 24 de septiembre761. La Relatoría fue informada de agresiones al periodista Julio César Mundo Isique, de Radio Paraíso, frente al edificio municipal de Huaura, el 3 de abril762; y al periodista Carlos Camacho Sánchez, de Panamericana Televisión, en la entrada de su casa el 9 de octubre763. En la región de Tumbes, los periodistas Lesly Ventura, del diario Correo, y Marlon Castillo, del periódico Tumbes 21, sufrieron agresiones, el 19 de abril764. También habría sido agredido el periodista Mario Suárez Romero, director del programa La Hora de la Verdad, de Radio Satélite, el 4 de mayo765; y el periodista Robert Jennier Carrasco Huamán, de radio Lorito, herido a disparos por desconocidos el 23 de octubre766. En Junín, cuatro periodistas de la provincia de Huancayo habrían sido agredidos por miembros de la Policía cuando cubrían una protesta de estudiantes de la Universidad Nacional del Centro de Perú el 22 de junio767. En Arequipa, el alcalde del distrito de Chala habría agredido a la reportera Silvana Núñez el 3 de octubre768. En Ayacucho, el director del diario Jornada, Jaime Quispe Olano, habría sido amenazado de muerte mediante una llamada telefónica el 20 de julio769.




  1. La Relatoría Especial recibió con preocupación una serie de denuncias acerca de actos de hostigamiento y agresión contra medios de comunicación y periodistas en el contexto de las elecciones presidenciales. Así por ejemplo, guardaespaldas de la candidata presidencial Keiko Fujimori habrían golpeado el 10 de mayo a los periodistas José Luis Lizárraga y José Mandujano, de las radioemisoras Súper Éxito y Estudio 99, cuando intentaban registrar una golpiza que el personal de seguridad daba a un manifestante opositor a Fujimori, en Satipo, Junín770. Un reportero gráfico del diario La República, Miguel Mejía, habría sido insultado y golpeado con cabeza y puños el 29 de mayo por un funcionario de la campaña electoral de la candidata Fujimori, cuando verificaba una denuncia acerca de la repartición de recetas médicas con propaganda fujimorista impresa, en una campaña de salud para personas de escasos recursos en un colegio secundario en Lima771. El 25 de mayo, unos diez periodistas que cubrían un acto político de la candidata presidencial Keiko Fujimori, habrían sido agredidos por manifestantes del Partido Gana Perú en Bambamarca, Cajamarca772. El 15 de junio, el periodista Ángel Montenegro Guanilo, conductor del programa “Hora 25”, de Line TV habría sido perseguido y atacado por tres personas a la salida de la facultad de derecho de la Universidad Privada del Norte (UPN) de Cajamarca, que lo llevaron a un sitio despoblado donde lo habrían golpeado, amenazado y reclamado sus críticas a hechos acaecidos en un acto proselitista773. A menos de un mes de la segunda ronda electoral, el director del diario La Primera, César Lévano, y el presidente del directorio de ese periódico, Arturo Belaúnde, recibieron coronas fúnebres el 11 de mayo, en Lima, una práctica que fue utilizada en décadas anteriores para intimidar a periodistas. Las coronas, entregadas por una persona desconocida, llevaban tarjetas con los nombres de los destinatarios y las siglas QEPD (Que en Paz Descanse). El diario La Primera había manifestado su apoyo editorial al candidato Ollanta Humala774. El periodista de televisión, Elvis Italo Guillermo Espinoza, denunció haber recibido amenazas en su teléfono celular y mediante correos electrónicos el 20 de mayo, que habrían ocurrido después de cuestionar a la candidata Keiko Fujimori. Un programa periodístico que conducía en Canal 4 JSV fue cancelado el 17 de mayo tras entrevistar a la ex coordinadora de la Comisión de la Verdad y Reconciliación, quien detalló los antecedentes criminales del ex presidente Alberto Fujimori775.


D. Procesos judiciales


  1. La Relatoría Especial toma nota de las importantes declaraciones del presidente Ollanta Humala, en el sentido de que no utilizará las normas penales existentes para inhibir el vigor y la apertura del debate público, incluso cuando el mismo puede resultar ofensivo. No obstante la posición del primer mandatario, algunos funcionarios locales han continuado con la práctica de utilizar el derecho penal para limitar el derecho a la libertad de expresión, en contravía de lo dispuesto en los Principios 10 y 11 de la Declaración de Principios sobre Libertad de Expresión.




  1. La Relatoría Especial manifiesta su preocupación por la condena penal impuesta el 6 de julio al periodista de la cadena América TV, Hans Francisco Andrade Chávez, por el delito de difamación agravada. De acuerdo con la información recibida, el Juzgado Penal Unipersonal Supraprovincial de Chepén sentenció al periodista a dos años de pena privativa de libertad suspendida por el término de un año, a pagar 4.000 nuevos soles como reparación civil (equivalente a unos US $1.460 dólares); y a cumplir 120 días multa, por haber supuestamente difamado al subgerente de Servicios Públicos del Chepén. La sentencia ordenó al periodista difundir con sus propios recursos una rectificación y un desagravio público por el mismo medio de comunicación, durante dos días; comparecer ante el juez de ejecución cada 30 días; y no ausentarse del lugar de residencia sin autorización del juez de ejecución. El periodista y su abogado anunciaron que apelarán la decisión. El caso se originó  en una entrevista que Andrade hizo a principios de marzo a una dirigente política local quien en varios medios de comunicación acusó al subgerente de haberla amenazado de muerte. Sin embargo, el acusador demandó al comunicador de América TV y no a la fuente original de la supuesta difamación776. El 12 de octubre, la Tercera Sala Penal de Apelaciones de la Corte Superior de Justicia de La Libertad anuló la sentencia condenatoria y ordenó un nuevo juicio777.




  1. De acuerdo con información recibida, el 22 de septiembre el Sexto Juzgado Penal Unipersonal de la región de Arequipa condenó al director del diario Perú 21, Fritz Du Bois, y al corresponsal de ese medio en Arequipa, Gessler Ojeda, a dos años de prisión suspendida por el delito de difamación y al pago de 30.000 nuevos soles (cerca de US $10.800 dólares) como reparación civil778.




  1. El principio décimo de la Declaración de Principios sobre Libertad de Expresión de la Comisión Interamericana de Derechos Humanos, establece: “La protección a la reputación debe estar garantizada sólo a través de sanciones civiles, en los casos en que la persona ofendida sea un funcionario público o persona pública o particular que se haya involucrado voluntariamente en asuntos de interés público. Además, en estos casos, debe probarse que en la difusión de las noticias el comunicador tuvo intención de infligir daño o pleno conocimiento de que se estaba difundiendo noticias falsas o se condujo con manifiesta negligencia en la búsqueda de la verdad o falsedad de las mismas”.




  1. La Sala Mixta y Penal de Apelaciones de Utcubamba, de la Corte Superior de Justicia de Amazonas, revocó el 7 de junio una resolución que declaraba improcedente una denuncia sobre hurto agravado en contra de Aurora Doraliza Burgos de Flores, titular de la autorización de radio La Voz de Bagua. De acuerdo con la información recibida, con esta decisión se habría reactivado la acción judicial contra la emisora, cuya autorización para prestar el servicio de radiodifusión había sido cancelada en junio de 2009 por, supuestamente, haber difundido contenidos que incitaron a la violencia en el levantamiento de Bagua, el 5 de junio de 2009. La sanción contra la radio había sido levantada en octubre de 2010, mediante una resolución del Ministerio de Transporte y Telecomunicaciones. Luego de ganar varios procesos administrativos y judiciales aún estaba pendiente una denuncia penal por hurto agravado del espectro radioeléctrico contra los concesionarios, entre ellos Aurora Burgos. La fiscalía pedía contra ella la pena de cuatro años de prisión y una reparación civil de 3.000 soles (unos US $1.100 dólares). La defensa de Burgos presentó un recurso de excepción de improcedencia de acción y el 3 de mayo un juzgado de Utcubamba falló a favor de la denunciada. Sin embargo, la Fiscalía apeló y el 7 de junio la Corte Superior de Justicia de Amazonas revocó la decisión que favorecía a Burgos779. Una audiencia judicial para tratar la denuncia por hurto agravado del espectro radioeléctrico, programada para el 15 de noviembre de 2011, debió ser suspendida ante la ausencia de la representación de la Fiscalía780.




  1. La Relatoría reitera la obligación de las emisoras comunitarias de operar de acuerdo a las leyes, pero insiste que estas leyes deben adecuarse a estándares internacionales y deben hacerse cumplir mediante el uso de sanciones administrativas proporcionales, y no mediante el empleo del derecho penal781.


22. República Dominicana


  1. La Relatoría Especial recibió información concerniente al asesinato del periodista José Agustín Silvestre de los Santos, ocurrido el 2 de agosto. De acuerdo con lo informado, varios sujetos obligaron a Silvestre de los Santos a subir a un vehículo en la localidad de La Romana. Horas después, el cadáver fue encontrado con varias heridas de bala, en la carretera que une a La Romana con San Pedro de Macorís. De acuerdo con la información disponible, Silvestre dirigía la revista La Voz de la Verdad y era presentador de un programa con el mismo nombre en la emisora Caña TV. El comunicador ejerció un periodismo crítico y de investigación, que lo llevó a enfrentar acusaciones judiciales y amenazas contra su vida. En la semana previa al homicidio, el periodista reportó al Colegio Dominicano de Periodistas que el 23 de julio de 2011 dos vehículos trataron de interceptarlo. El Procurador General de la República, Radhamés Jiménez, anunció la creación de una comisión especial de investigación para resolver el caso782. La Policía Nacional identificó al menos a cuatro hombres como sospechosos de ser los autores materiales del asesinato y al cierre de este informe los cuatro permanecían detenidos en prisión preventiva783. Las autoridades policiales comunicaron que un empresario hotelero es sospechoso de ser el autor intelectual del crimen, como reacción a una publicación en La Voz de la Verdad784.




  1. De acuerdo con la información recibida, el 28 de enero presuntos agentes policiales habrían herido de bala al periodista dominicano Francisco Frías Morel en la ciudad de Nagua. Según lo informado, Frías Morel y un grupo de periodistas cubrían el funeral de un joven que habría fallecido en un enfrentamiento, cuando agentes policiales habrían intentado disipar el cortejo fúnebre. Varios proyectiles hirieron al periodista. El comandante policial en Nagua, Coronel Juan Antonio Lora Castro, sostuvo que la acción policial no se dirigió contra los periodistas sino que pretendía dispersar a una multitud que calificó como "alborotada". Frías Morel dirige la radio Cabrera FM, escribe un blog de noticias, coproduce un programa de noticias en radio Trébol FM y es asesor de prensa de un senador local.  Según lo informado a la Relatoría Especial, el periodista había cuestionado en diferentes medios la versión policial acerca de las circunstancias en las que murió el joven785.




  1. El principio 9 de la Declaración de Principios sobre Libertad de Expresión de la CIDH establece que “[e]l asesinato, secuestro, intimidación, amenaza a los comunicadores sociales, así como la destrucción material de los medios de comunicación, viola los derechos fundamentales de las personas y coarta severamente la libertad de expresión. Es deber de los Estados prevenir e investigar estos hechos, sancionar a sus autores y asegurar a las víctimas una reparación adecuada”.




  1. El 27 de febrero, el presidente Leonel Fernández presentó al Congreso la Ley de Expresión y de Medios de Comunicación, la Ley de Radio, Televisión e Internet y la Ley de Audiovisuales y de Publicidad. El Gobierno y el Colegio de Periodistas continúan impulsando debates públicos para comunicar y discutir las propuestas. La Relatoría Especial invita al Estado dominicano a divulgar ampliamente los anteproyectos, para procurar un debate nacional informado y vigoroso, y confía en que las modificaciones se apeguen a los estándares internacionales en materia de libertad de expresión786. El 16 de agosto el Congreso inició el periodo de legislatura ordinaria y en la agenda estaban pendientes los tres proyectos de ley mencionados787. Al cierre de este informe no había información adicional acerca de la tramitación de las iniciativas en el Congreso.


23. Trinidad y Tobago


  1. La Relatoría Especial fue informada acerca de presuntas amenazas enviadas mediante correo electrónico, el 30 de enero de 2011, al director de redacción y a una periodista del periódico Trinidad Express, Omatie Lyder y Anna Ramdass, respectivamente. De acuerdo con la información recibida, los periodistas Lyder y Ramdass recibieron correos electrónicos con contenido amenazante días después de que el diario publicara una información que denunciaba presuntas irregularidades en el nombramiento de una funcionaria de la Agencia de Servicios Estratégicos (Strategic Services Agency), quien posteriormente renunció al cargo. Los mensajes habrían sido enviados desde una cuenta de correo electrónico con el nombre de usuario Janice Thomas. Sin embargo, la investigación que rastreó al emisor de los correos, habría determinado que los mensajes se habrían originado en una computadora en la casa de una asesora de la Primera Ministra. La asesora ha negado haber enviado tales correos y sus abogados han pedido al periódico que se disculpe de las manifestaciones hechas en contra de la asesora. Además, los abogados exigieron al periódico que se abstenga de publicar alguna historia adicional al respecto, pues aducen que no habría pruebas de que ella haya enviado los mensajes788.


24. Uruguay


  1. La Relatoría Especial fue informada de la sentencia que rechazó el 20 de junio una demanda civil por daños y perjuicios, de US $40.000 dólares, contra la periodista de la televisión pública Ana María Mizrahi, interpuesta en 2009 por Celeste Álvarez, sobrina del ex dictador uruguayo Gregorio Álvarez. De acuerdo con la información recibida, el caso se originó en una entrevista televisiva que Mizrahi le hizo en mayo de 2007 a un ex guerrillero Tupamaro, que habría confesado haber asesinado al padre de la demandante, un militar hermano del dictador, y las razones por las cuales habría cometido el crimen. La jueza civil Beatriz Venturini falló a favor de la periodista al considerar que no habría tenido intención de daño y que habría actuado con rigurosidad y objetividad789.




  1. La Relatoría Especial toma nota del proceso de censo y regularización de radios comunitarias, emprendido por el Estado de Uruguay, que habría permitido autorizar el funcionamiento de 54 emisoras desde 2010. Según la información recibida, una nueva regularización de radios aprobada el 23 de marzo de 2011 reconoce el carácter comunitario de las emisoras y les permite utilizar una onda en frecuencia modulada por un plazo de diez años. Además, el Estado habría hecho un nuevo llamado para que proyectos comunales que aspiran la asignación de una frecuencia presenten la documentación necesaria. Para ser considerada como comunitaria, de acuerdo con la legislación uruguaya, una emisora debe ser de propiedad colectiva y tener una finalidad social y no de lucro790.




  1. La Relatoría Especial tuvo conocimiento de amenazas que habría recibido el periodista Roger Rodríguez tras publicar el 4 de febrero el artículo “La ofensiva de los indagables”, en la revista Caras y Caretas, referido a las acciones de militares retirados para evitar ser llevados ante la justicia por crímenes cometidos durante la dictadura militar (1973-1985). Según lo informado, días después de la publicación habrían aparecido en un grupo de la red social Facebook —a nombre de una organización afín a ex militares— comentarios amenazantes contra el periodista que incluían sus datos personales, familiares y la dirección exacta de su vivienda791.




  1. De acuerdo con información recibida, el periodista Víctor Carrato, del diario La República, habría sido amenazado después de publicar el 17 de junio una información acerca de contrabando de cianuro en una prisión. Según lo informado, el 18 de junio Carrato habría recibido dos correos electrónicos, presuntamente enviados por el jefe de una banda criminal de la prisión, en los cuales se le advertía que dejara de investigar el tema y se le intimidaba indicándole que sabían donde vivía. El periódico denunció las amenazas y pidió una investigación policial792.




  1. De acuerdo con información recibida, el 14 de febrero el juez penal de 10° turno condenó al señor Álvaro Alfonso a 24 meses de prisión por el delito de difamación. Cumpliría la condena a través del régimen de libertad ambulatoria. De acuerdo con lo informado, el caso se habría originado por la publicación del libro “Secretos del Partido Comunista del Uruguay”, en el cual Alfonso habría atribuido a un miembro del Partido Comunista y ex legislador uruguayo haber colaborado con los militares en la identificación de sus compañeros, mientras estaba detenido durante la dictadura (1973-1985). La Fiscalía también solicitó la requisa de todos los ejemplares del libro, pero el juez rechazó la petición, señalando que el “impedir la venta de un libro sería un desconocimiento de la libertad de expresión”. El señor Alfonso, quien al momento de la decisión era Alcalde de Aguas Corrientes, apeló la sentencia793.




  1. El décimo principio de la Declaración de Principios sobre Libertad de Expresión de la CIDH sostiene que: “Las leyes de privacidad no deben inhibir ni restringir la investigación y difusión de información de interés público. La protección a la reputación debe estar garantizada sólo a través de sanciones civiles, en los casos en que la persona ofendida sea un funcionario público o persona pública o particular que se haya involucrado voluntariamente en asuntos de interés público. Además, en estos casos, debe probarse que en la difusión de las noticias el comunicador tuvo intención de infligir daño o pleno conocimiento de que se estaba difundiendo noticias falsas o se condujo con manifiesta negligencia en la búsqueda de la verdad o falsedad de las mismas”.


25. Venezuela794

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