Comisión interamericana de derechos humanos



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A. Agresiones a medios y periodistas





  1. La Comisión fue informada del asesinato del periodista Wilfred Ojeda Peralta, encontrado muerto en la madrugada del 17 de mayo de 2011 en el municipio de Revenga, estado Aragua. En su momento, la Relatoría Especial reconoció la rápida intervención de las autoridades policiales venezolanas para esclarecer el caso y solicitó no descartar la posibilidad de que el asesinato hubiese sido motivado por el trabajo periodístico del comunicador795. El 28 de junio, el Cuerpo de Investigaciones Científicas, Penales y Criminalísticas (CICPC) concluyó que dos hermanos serían los responsables del crimen y que el asesinato se habría originado en una deuda que el periodista tendría con uno de ellos. El CICPC declaró el caso “resuelto policialmente” y anunció que los sospechosos “esta[rían] siendo solicitados por el Tribunal Primero de Control del estado Aragua”796.




  1. La CIDH tuvo conocimiento del ataque a disparos contra la emisora estatal venezolana Vive TV Zulia, el 31 de julio de 2011, que causó heridas a dos trabajadores del canal797. Según la información recibida, dos presuntos responsables del tiroteo contra la emisora habrían sido abatidos el 3 de agosto de 2011 al enfrentarse a agentes policiales798.




  1. La CIDH fue informada de diversas agresiones sufridas por trabajadores de medios de comunicación por parte de miembros de fuerzas de seguridad estatales. El 6 de diciembre de 2010, agentes de la Guardia Nacional Bolivariana habrían agredido en Apure a varios periodistas que cubrían una protesta salarial de trabajadores de la gobernación de ese estado. Según tuvo conocimiento esta Relatoría Especial, varios de los guardias nacionales militares habrían golpeado al secretario general de la seccional del Colegio Nacional de Periodistas en Apure, José Ramón González, a quien intentaron detener y arrebatar su equipo fotográfico. También habría sido atacado el periodista Aly Pérez, del diario Visión Apureña799. El 23 de diciembre de 2010 el fotógrafo de la Agencia Francesa de Prensa (AFP), Miguel Gutiérrez, habría resultado herido en la cabeza, durante una operación policial en Caracas para disolver una manifestación de estudiantes opuestos a la Ley de Universidades800. El 15 de enero de 2011, según lo informado, miembros de la Guardia Nacional habrían intentado quitar las cámaras a los fotógrafos Enio Perdomo, de El Universal, y José (Cheo) Pacheco, de El Universal y Últimas Noticias, mientras cubrían una protesta de familiares de presos en la cárcel de La Planta, en Caracas801. El 28 de marzo, la periodista de Globovisión, Lorena Cañas, habría sido agredida por policías del estado Bolívar cuando cubría una manifestación de jóvenes que exigían la liberación del exalcalde del municipio Sifontes, Carlos Chancellor802.




  1. La CIDH recibió información acerca de varios incidentes en los que personas afines al Gobierno habrían agredido a comunicadores. El 20 de enero de 2011, vigilantes de la red estatal de mercados de la Productora y Distribuidora Venezolana de Alimentos (PDVAL) habrían forcejeado con la periodista Gabriela Iribarren, del diario Últimas Noticias, y arrebatado la libreta donde ella tomaba nota de los precios de los productos en San José, Caracas. De acuerdo con lo informado a la Relatoría Especial, ese mismo día la periodista logró recuperar la libreta y recibió disculpas de parte de la gerencia de PDVAL803. La presidenta saliente de la Cámara Municipal de Vargas, Miriam González, habría agredido el 11 de enero a la periodista Luisa Álvarez, del equipo de prensa de la Cámara, durante una sesión en la que se elegía e instalaba la nueva directiva del municipio. Según tuvo conocimiento esta oficina, González habría increpado a la periodista para que no tomara notas de sus declaraciones, la llamó “traidora” y la golpeó en el rostro. La periodista habría sufrido heridas804. El 1˚ de abril, presuntos empleados de la empresa estatal Petróleos de Venezuela (PDVSA) habrían agredido a un equipo de prensa del partido Primero Justicia, que documentaba actividades de esa agrupación en las inmediaciones de la sede de la compañía petrolera, en Caracas805. El 1˚ de abril, un grupo de personas presuntamente simpatizantes del Partido Socialista Unido de Venezuela (PSUV) habría agredido a los periodistas Juan Vicente Maya, del periódico Las Noticias de Cojedes, y a Rosana Barreto, del diario La Opinión, y a otros trabajadores de prensa, en las afueras de una radioemisora en Cojedes, cuando esperaban al gobernador del estado Miranda, Henrique Capriles Radonsky, quien estaría ofreciendo entrevistas en esa localidad806.




  1. La CIDH fue informada de la agresión que habría sufrido un equipo periodístico de Globovisión, el 7 de abril de 2011 en Trujillo, cuando cubrían una protesta pacífica de trabajadores de enfermería del Hospital Central de Valera De acuerdo con lo reportado a esta oficina, personas presuntamente afiliadas al Sindicato Bolivariano de Enfermeros y Enfermeras habrían agredido de manera física y verbal a la periodista Laura Domínguez y al camarógrafo Heisser Gutiérrez y les habrían arrebatado su equipo de grabación807.




  1. El 19 de febrero de 2011, según conoció la Relatoría Especial, el canal estatal Venezolana de Televisión (VTV), ubicado en el sector de urbanización Los Ruices, en Caracas, habría quedado temporalmente sin servicios de telefonía ni Internet, debido a que personas desconocidas habrían quemado intencionalmente los equipos de cableado de la empresa telefónica CANTV808.




  1. El 13 de agosto de 2011, comunicadores del programa “Zurda Kondukta” de la cadena estatal VTV habrían sido agredidos cuando cubrían en Puerto Ordaz el lanzamiento de la candidatura para la gobernación del estado Bolívar del diputado opositor Andrés Velázquez. De acuerdo con la información disponible, los comunicadores Oswaldo Rivero y Marcos Ramírez intentaban entrevistar a asistentes al acto cuando varias personas los habrían golpeado y les habrían arrebatado una cámara de video809. El 13 de septiembre, comunicadores de VTV que intentaban entrevistar al ex gobernador de Zulia y dirigente opositor, Oswaldo Álvarez Pérez, habrían sido agredidos y expulsados de un recinto donde se celebraba el 70 aniversario del Partido Acción Democrática. Según lo informado, el político habría intentado golpear a Oswaldo Rivero y Pedro Carvajalino cuando éste lo llamó “asesino”. Posteriormente, asistentes a la actividad habrían insultado, empujado y expulsado a los comunicadores del salón y les habrían destruido una cámara810.



B. Amenazas y hostigamiento





  1. La CIDH fue informada de las amenazas de muerte que habría recibido el 24 de enero la periodista y caricaturista del diario El Universal, Rayma Suprani, mediante la red social Twitter, que habrían sido enviadas desde una cuenta a nombre de una reconocida dirigente y activista progubernamental. De acuerdo con la información recibida, el mensaje amenazante habría sido motivado por una caricatura crítica que publicó Suprani, en relación con un cable submarino que interconectará las telecomunicaciones entre Venezuela, Cuba y Jamaica811. En diciembre de 2010 y enero de 2011, el secretario de Reporteros Gráficos, del Sindicato Nacional de Trabajadores de la Prensa (SNTP), Nilo Jiménez, habría recibido mensajes intimidantes y amenazas de muerte mediante llamadas telefónicas anónimas, en las cuales, según la información aportada a esta oficina, se le advertía que dejara de recolectar información para un libro que prepara, con una recopilación fotográfica acerca de violaciones a la libertad de expresión en Venezuela812. De acuerdo con información recibida, el reportero del diario El Carabobeño, Kevin García, habría sido amenazado de muerte el 22 de febrero por parte de dos individuos que le habrían advertido que lo matarían si seguía escribiendo acerca del municipio de Guacara, estado de Carabobo813.




  1. El periodista estadounidense, John Enders, denunció ser víctima de acoso por parte de agentes del Servicio Bolivariano de Inteligencia (SEBIN). De acuerdo con lo informado, el 13 de febrero el periodista se encontraba en la ciudad de Sabaneta, estado Barinas, cuando se dio cuenta de que estaba siendo seguido y fotografiado por dos desconocidos814.




  1. La CIDH recibió información concerniente a la intervención o hackeo, desde el 31 de agosto de 2011, de las cuentas electrónicas de periodistas, escritores, defensores de derechos humanos y políticos en redes sociales, blogs y cuentas de correo electrónico. El ataque electrónico anónimo habría consistido en la inserción de textos con insultos, amenazas y estigmatizaciones, así como la divulgación de información privada, destrucción de datos y amenazas de identificar públicamente las fuentes de información de los afectados. De acuerdo con lo informado, al menos 14 personas que han manifestado posiciones críticas o independientes frente al Gobierno habrían sufrido la agresión815. Un grupo anónimo llamado N33 se habría atribuido la ejecución de los ataques. En un comunicado de los perpetradores emitido el 2 de septiembre, leído en la emisora estatal VTV, el grupo N33 alegó que la finalidad de las intervenciones era evitar que los legítimos dueños de las cuentas las emplearan “bajo la excusa de la libertad de expresión” para atacar a las instituciones venezolanas y al jefe de Estado. El grupo N33 sostuvo que no tenía vínculos con el Gobierno pero se declaró simpatizante del presidente Chávez816. A la fecha de cierre de este informe, las intervenciones de cuentas electrónicas continúan y no se ha recibido información acerca de investigaciones emprendidas por el Estado para identificar y sancionar a los responsables.




  1. El 7 de abril de 2011, la periodista Maolys Castro y el fotógrafo Ernesto Morgado, ambos del diario El Nacional, habrían sido retenidos durante unas seis horas en las instalaciones militares de Fuerte Tiuna, en Caracas, cuando cubrían una manifestación de damnificados por desastres naturales, alojados en ese centro militar. De acuerdo con lo informado, militares detuvieron a los comunicadores en la entrada del fuerte, los despojaron de sus documentos de identidad y no les informaron acerca de las razones de la detención. Horas después fueron puestos en libertad, después de ser conminados a firmar un acta en presencia de abogados y funcionarios de la Defensoría del Pueblo817.




  1. El 7 de abril, el director de la Zona Educativa del Estado Mérida habría despedido de su cargo al educador Manuel Aldana, director del Colegio Estatal “Rafael Antonio Godoy”, en Mérida, presuntamente por haber informado al diario oficialista “Correo del Orinoco” la detección de dos casos de gripe AH1N1 detectados en ese centro educativo818.


C. Restricciones indirectas a la libertad de expresión: exhorto para suspender programación que las autoridades encuentran “ofensiva”


  1. La CIDH fue informada de que la Comisión Nacional de Telecomunicaciones (CONATEL) exhortó el 13 de enero de 2011 a la empresa de televisión Televen “a suspender de forma inmediata la transmisión de los programas 12 Corazones y de la telenovela colombiana Chepe Fortuna, por su tratamiento denigrante de Venezuela”819 y el 15 de enero, en su informe ante la Asamblea Nacional, el presidente Hugo Chávez cuestionó la transmisión de la telenovela colombiana a la que calificó como “un irrespeto” para Venezuela820. El presidente Chávez señaló que Televen había accedido a retirar la telenovela.


D. Procesos penales contra periodistas y líderes de la oposición


  1. El 27 de enero de 2011, la Sala de Casación Penal del Tribunal Supremo de Justicia dejó en firme la sentencia821 de 30 meses de prisión en contra del periodista Gustavo Azócar, por el delito de “lucro ilegal en actos de administración pública”. Los jueces desestimaron un recurso de casación interpuesto por la defensa del periodista822. A Gustavo Azócar se le otorgó el beneficio de libertad condicional pero se le impuso la sanción complementaria de inhabilitación política. Al periodista también se le había prohibido hablar de su caso y en julio de 2009 fue encarcelado durante ocho meses por reproducir en un blog personal noticias relacionadas con su situación legal823. El 7 de febrero de 2011, Gustavo Azócar habría comparecido ante un tribunal del estado Táchira acusado de difamación824 contra un oficial del Ejército. De acuerdo con lo informado, el caso se originó en un artículo que Gustavo Azócar publicó en septiembre de 2004, en el diario El Universal, en el cual el periodista citaba un informe oficial que daba cuenta de presuntas irregularidades en tareas de cedulación de ciudadanos, bajo la responsabilidad del militar querellante. En un acuerdo conciliatorio, en abril de 2005, el periodista se comprometió a permitir la réplica al oficial en su programa de televisión “Café con Azócar”, en la Televisión Regional del Táchira; sin embargo, el militar no habría recibido autorización de sus superiores para referirse al caso. Cuando finalmente pudo dar declaraciones, el querellante habría manifestado que la responsabilidad por la presunta ofensa sería del autor del informe y no del periodista; sin embargo, el trámite del proceso continuó825.




  1. La CIDH tuvo conocimiento de la condena penal impuesta el 13 de julio de 2011 al ex gobernador del estado Zulia, Oswaldo Álvarez Paz, por el delito de difusión de información falsa, consagrado en el Código Penal de la República Bolivariana de Venezuela826. De acuerdo con la información recibida, el Tribunal 21 de Juicio del Área Metropolitana de Caracas sentenció a Álvarez Paz a dos años de prisión, con el beneficio de libertad condicional, y le prohibió salir del país. El caso se originó el 8 de marzo de 2010, cuando Álvarez Paz, comentó en el programa “Aló Ciudadano”, de la emisora privada Globovisión, la existencia de investigaciones judiciales internacionales acerca de presuntas actividades y nexos del crimen organizado internacional en Venezuela. Debido a esos comentarios, los diputados oficialistas Manuel Villalba y Pedro Lander presentaron una denuncia ante el Ministerio Público para que investigara la conducta de Álvarez Paz, por la comisión de varios delitos previstos en el Código Penal venezolano, incluyendo conspiración, difusión de informaciones falsas e instigación a delinquir. Además de ex gobernador de Zulia, Oswaldo Álvarez Paz es precandidato presidencial del opositor Polo Constitucional y fue candidato a la presidencia de Venezuela en 1993827. En octubre de 2011, Oswaldo Álvarez Paz no habría recibido copia de la sentencia condenatoria y todavía no habría podido apelar el fallo828.




  1. La CIDH fue informada de la decisión tomada por la justicia venezolana de prohibir temporalmente la circulación del semanario Sexto Poder en Venezuela y ordenar la captura, detención y procesamiento penal de la directora editorial y el presidente de dicho medio829. De acuerdo con la información recibida, el viernes 19 de agosto de 2011 circuló la edición del semanario Sexto Poder correspondiente al domingo 21 de agosto, que incluía un artículo de tono satírico titulado “Las poderosas de la Revolución”, ilustrado con un montaje fotográfico de seis altas funcionarias del Estado venezolano vestidas como bailarinas de cabaret. El objetivo de la publicación era cuestionar una alegada dependencia de los órganos de control en Venezuela, respecto del poder ejecutivo nacional830. Algunas de las funcionarias aludidas así como otros altos funcionarios públicos, indicaron que el fotomontaje y el texto ofendían la “dignidad de la mujer venezolana” y que constituía “violencia de género”. Adujeron que la publicación contenía un “discurso de odio”, que “vilipendiaba” a las funcionarias y a las instituciones que representaban831. Una vez conocida la publicación, la Contralora habría denunciado a los periodistas ante la Fiscalía tras lo cual, en menos de 24 horas, el Tribunal 9° de Control del Área Metropolitana de Caracas, decretó una medida cautelar para prohibir la “edición y distribución por cualquier medio” del semanario832. El mismo juzgado ordenó la detención de la directora general de Sexto Poder, Dinorah Girón Cardona, y de su presidente y editor general, Leocenis García, por presuntas violaciones al Código Penal de Venezuela originadas en la publicación del citado artículo. El 21 de agosto, agentes del SEBIN arrestaron a la periodista Girón, quien fue liberada dos días después cuando el referido Juzgado Noveno dictó libertad condicional. Sin embargo, el juzgado le impuso la prohibición de salir del país, la obligación de presentarse a firmar a los tribunales cada 15 días, así como impedimentos para referirse públicamente a su caso y participar en concentraciones públicas. El 23 de agosto de 2011, la Relatoría Especial solicitó información al Estado acerca de este caso. En su respuesta, el Estado indicó que a raíz de la publicación a Dinorah Girón se le imputan los delitos de “vilipendio a funcionario público, instigación pública al odio y ofensa pública por razones de género”, mientras que a Leocenis García se le imputan cargos por “instigación al odio, vilipendio y violencia de género”. De acuerdo con la información aportada por el Estado, tales delitos están previstos y sancionados en el Código Penal y en la Ley Orgánica sobre el Derecho de la Mujer a una Vida Libre de Violencia833. Asimismo, el 29 de agosto, el Estado informó a la Relatoría Especial que había sido revocada la prohibición de publicar el semanario. Sin embargo, se informó que el juez le impuso a Sexto Poder la prohibición de publicar información que contenga material “gráfico o textual” que “constituya[n] una ofensa u/o ultraje a la reputación, o al decoro de algún representante de los poderes públicos, y cuyo objetivo sea exponerlos al desprecio o al odio público”. También prohibió la publicación de “contenidos vejatorios y ofensivos contra el género femenino” y ordenó retirar los ejemplares de la edición del pasado 19 agosto que se encontraran a disposición del público834. El 28 de agosto, el semanario no pudo circular dado que se encontraba vigente la medida judicial originalmente adoptada. El 30 de agosto, Leocenis García se entregó a las autoridades835.




  1. De acuerdo con información recibida por la CIDH, Leoncenis García se encontraba realizando una huelga de hambre en el centro de detención donde estaba recluido y en la madrugada del 17 de noviembre de 2011 habría sido trasladado en contra de su voluntad al Hospital Militar. La información indicaba que la familia y los abogados de Leocenis García no contaron inicialmente con información sobre su paradero y que, a pesar de su delicada condición de salud, éste no habría recibido tratamiento médico. El 18 de noviembre de 2011 la Comisión solicitó información al Estado conforme a sus facultades establecidas en el artículo 41 de la Convención Americana sobre dicha situación y sobre su estado de salud y las condiciones en las que se encuentra.


E. Procesos administrativos


  1. La CIDH tuvo conocimiento de que el 18 de octubre de 2011 el Directorio de Responsabilidad Social de CONATEL sancionó a la emisora de televisión Globovisión con una multa de 9.394.314 bolívares fuertes (aproximadamente US$ 2,1 millones), equivalente al 7,5% de sus ingresos brutos correspondientes al año 2010836. De acuerdo con la información recibida, la sanción fue impuesta debido a transgresiones de los artículos 27 y 29 de la Ley de Responsabilidad Social en Radio, Televisión y Medios Electrónicos (Ley Resorte), derivadas de los hechos transmitidos por Globovisión entre el 16 y el 19 de junio de 2011 respecto a la situación carcelaria en el Centro Penitenciario El Rodeo837. Según la resolución emitida el 18 de octubre, el Directorio de Responsabilidad Social concluyó que el canal de televisión transmitió “mensajes que promovieron alteraciones del orden público, hicieron apología al delito, e incitaron al ordenamiento jurídico vigente, promovieron el odio por razones políticas y fomentaron la zozobra en la ciudadanía, durante los días 16, 17, 18 y 19 de junio de 2011”. Según conoció la Relatoría Especial, Globovisión reportó durante varios días información acerca de los hechos ocurridos en las inmediaciones del Centro Penitenciario El Rodeo y la intervención de las fuerzas del orden público. La cobertura incluyó entrevistas a familiares de personas privadas de libertad, a políticos opositores y a funcionarios del Estado838.




  1. La CIDH ha manifestado su preocupación en cuanto al contenido de la Ley de Responsabilidad Social en Radio, Televisión y Medios Electrónicos y a su más reciente reforma de diciembre de 2010, la cual incorpora un amplio catálogo de restricciones redactadas en un lenguaje vago y ambiguo, y hace más gravosas las sanciones por violación de tales prohibiciones. A ese respecto, esta Relatoría estima necesario poner de presente que las normas legales vagas e imprecisas pueden otorgar facultades discrecionales demasiado amplias a las autoridades, las cuales son incompatibles con la plena vigencia del derecho a la libertad de expresión, porque pueden sustentar potenciales actos de arbitrariedad que impongan responsabilidades desproporcionadas por la expresión de noticias, informaciones u opiniones de interés público. Este tipo de normas, por su simple existencia, disuaden la emisión de informaciones y opiniones por miedo a sanciones, y pueden llevar a interpretaciones amplias que restringen indebidamente la libertad de expresión; de allí que el Estado deba precisar las conductas que pueden ser objeto de responsabilidad ulterior, para evitar que se afecte la libre expresión de ideas incómodas o de informaciones inconvenientes sobre la actuación de las autoridades.




  1. Asimismo, la CIDH ha expresado su preocupación por la ausencia de garantías de independencia de los órganos encargados de aplicar la Ley de Responsabilidad Social en Radio, Televisión y Medios Electrónicos. La Relatoría observa que los miembros de CONATEL pueden ser libremente designados y destituidos por el Presidente de la República sin que existan salvaguardas destinadas a asegurar su independencia e imparcialidad. Además, siete de los once miembros del Directorio de Responsabilidad Social son elegidos por el Poder Ejecutivo, y la referida Ley no establece criterio alguno para la designación de los miembros de este Directorio, ni define un plazo fijo para el ejercicio de sus cargos ni establece causales taxativas para su remoción.




  1. La CIDH recibió información concerniente a la exclusión del Canal 67 Tu Imagen TV de la grilla de programación de la empresa de cable Representaciones Inversat C.A, Tele-Red, de Charallave, estado Miranda, desde el 28 de marzo de 2011839. De acuerdo con la información recibida, la exclusión de la grilla habría ocurrido después de que el alcalde de Charallave, José Ramírez, escribiera una nota el 16 de noviembre de 2010 al presidente de la empresa Tele Red, en la cual exigió que el Canal 67 fuera “suspendido indefinidamente en sus transmisiones”. En esa misma nota, el alcalde sostuvo que el contenido del Canal 67 “ha sido sistemáticamente parcializado para favorecer a un sector político de oposición en detrimento del equilibrio comunicacional”, comete “agresiones desinformativas” y “recoge impresiones en la comunidades contra el gobierno municipal”840. El 28 de marzo, funcionarios de la CONATEL se presentaron a las instalaciones de Canal 67 y de Representaciones Inversat a realizar una inspección de las condiciones técnicas de la emisora y su situación legal, en la que se habría constatado la carencia de un contrato por escrito entre la televisora y la empresa de cable, que habría motivado la exclusión del canal de la grilla de programación841. El 7 de abril de 2011, Canal 67 habría subsanado la falta al firmar un contrato con Representaciones Inversat C.A, que de inmediato fue consignado ante la CONATEL842. No obstante, la empresa cablera habría alegado que mantendría al Canal 67 fuera de la grilla hasta recibir por escrito el visto bueno de parte de CONATEL. A pesar de solicitudes de información a CONATEL y a diversas entidades del Estado acerca de la situación, los representantes de Canal 67 y de la empresa de cable no han recibido respuesta y persiste la suspensión de las transmisiones de la televisora843.




  1. La CIDH recibió información concerniente a los procesos de cierre de diversas emisoras de radio, algunas de ellas incluidas en los procesos iniciados en 2009 contra 34 emisoras, por contravenir, según las autoridades del CONATEL844, disposiciones de la Ley Orgánica de Telecomunicaciones845. El 2 de febrero el Tribunal Supremo de Justicia ratificó el cierre de Radio Bonita “La Guapa”, de Guatire, estado Miranda. De acuerdo con lo informado, la Sala Político-Administrativa del Tribunal Supremo de Justicia (TSJ) declaró improcedente el recurso de nulidad846 interpuesto por Radio Bonita “La Guapa” en contra de la resolución de cierre dictada por el entonces Ministro del Poder Popular para las Obras Públicas y Vivienda847. El 18 de marzo de 2011, CONATEL ordenó el cierre de la emisora Carabobo Estéreo 102.3 FM, de la ciudad de Valencia, estado Carabobo, así como la incautación de equipos y materiales necesarios para el funcionamiento de la radio, al considerar que no contaba “con la debida habilitación administrativa y concesión”848. Soldados de la Guardia Nacional habrían cerrado el 20 de enero la emisora Onda Costera 95,1 FM, en Costa de Oro, estado Aragua, e incautaron los equipos de transmisión. Según la información recibida, el cierre habría sido solicitado por autoridades locales debido a la emisión de informaciones relacionadas con la ocupación ilegal de viviendas en esa localidad849. El 25 de marzo, CONATEL ordenó el cierre e incautación de equipos de la emisora Musicable Higuerote 93.7 FM, en Higuerote, estado Miranda, al alegar una presunta operación clandestina de la emisora, afirmación que fue negada por los propietarios de la estación850. En 2009, la Relatoría Especial ya había manifestado su preocupación por el cierre masivo de emisoras y expresó su inquietud por el hecho de que, después de varios años de inacción, las autoridades anunciaran tales medidas en un contexto de tensión entre los medios privados y el Gobierno y de constantes críticas por parte de agentes del Estado al contenido editorial de los medios que serían afectados, lo que sugiere que la línea editorial de esos medios sería una de las motivaciones para las medidas de cierre851.




  1. La CIDH fue informada de que un decreto publicado el 29 de marzo de 2011 en la Gaceta Oficial otorgó al Vicepresidente de la República la facultad unilateral para definir la rectoría de las políticas públicas en todo lo relacionado con el espectro radioeléctrico y la potestad de “otorgar, revocar, renovar y suspender” las concesiones de frecuencias de radio y televisión852.


F. Acceso a la información


  1. La CIDH recibió información acerca de la existencia de una serie de dificultades para garantizar el derecho de acceso a información pública, como interpretaciones judiciales que restringen ese derecho, falta de un recurso judicial idóneo, restricciones en el acceso de los periodistas a fuentes informativas, falta de información disponible en sitios web gubernamentales y falta de respuestas a peticiones de información pública853. Según lo informado, las instituciones públicas estarían aplicando como criterio para rechazar pedidos de información una decisión del Tribunal Supremo de Justicia del 15 de julio de 2010, según la cual es necesario “i) que él o la solicitante de la información manifieste expresamente las razones o los propósitos por los cuales requiere la información; y ii) que la magnitud de la información que se solicita sea proporcional con la utilización y uso que se pretenda dar a la información solicitada”854. Tal criterio se reflejó, por ejemplo, en una respuesta de la CONATEL a una solicitud de información planteada por la Asociación Civil Espacio Público, en la cual el órgano regulador sostuvo que, de acuerdo con la decisión vinculante del Tribunal Supremo de Justicia, el solicitante debe comunicar a la entidad “el fin ulterior para el cual se requiere la información solicitada, con el propósito que este ente regulador determine lo conducente, atendiendo a la ponderación que realice entre la proporcionalidad de la misma y el uso para el cual será destinada”855. La jurisprudencia de la Corte Interamericana de Derechos Humanos ha sostenido que “[la] información solicitada debe ser entregada sin necesidad de acreditar un interés directo para su obtención o una afectación personal salvo en los casos en que se aplique una legítima restricción”856. Existirían además obstáculos para contar con un recurso judicial idóneo que garantice el acceso a información pública, dado que en Venezuela no existe una ley de acceso a la información y los juzgados han decidido cambiar la tesis original según la cual el derecho de acceso se podía exigir mediante un recurso rápido y sencillo (amparo) para sostener que es necesario agotar todo el procedimiento del Recurso de Abstención o Carencia establecido en la Ley Orgánica de la Jurisdicción Contenciosa Administrativa, que no reúne tales características.




  1. La CIDH tuvo conocimiento de las limitaciones que habrían sido impuestas para el acceso de comunicadores a diversas dependencias públicas. De acuerdo con lo reportado a esta oficina, durante 2011 se habrían incrementado las restricciones impuestas a periodistas para acceder y obtener información en entidades como la Asamblea Nacional, el Tribunal Supremo de Justicia, el Palacio de Miraflores (sede del Poder Ejecutivo), el Ministerio de Planificación y Finanzas y la sede de la empresa estatal, PDVSA857. En la Asamblea Nacional, a partir de febrero se prohibió a los periodistas y fotógrafos presenciar los debates legislativos y se les permite seguir las discusiones exclusivamente desde un televisor en una sala adjunta. Incluso, el 3 de febrero de 2011, fue suspendido de manera súbita el audio de la transmisión, con el alegato de que la sesión había sido declarada privada. Ante las protestas de los comunicadores, un funcionario legislativo los habría empujado e insultado858. A uno de los periodistas involucrados en ese incidente, Oliver Fernández, de la emisora Televén, la Asamblea Nacional le habría cancelado el 21 de febrero la credencial de acceso a ese edificio público, sin dar explicaciones. El noticiero habría solicitado nuevamente la acreditación de acceso a la Asamblea al equipo de prensa a cargo de Ricardo Durán, más le fue negado sin otorgar razones por escrito. Las nuevas reglas, en la práctica, habrían sido extendidas incluso a la libre circulación de los comunicadores dentro del edificio del Congreso. Antes de febrero, la restricción alcanzaba solo a los camarógrafos de televisión859. Las limitaciones fueron establecidas a partir de una reforma del Reglamento Interior y de Debates de la Asamblea Nacional aprobada en diciembre de 2010, según la cual la Fundación Televisora de la Asamblea Nacional proveerá a las emisoras privadas la señal de las sesiones legislativas860. De acuerdo con lo informado, entre enero y septiembre de 2011, organizaciones nacionales defensoras del derecho a la libertad de expresión habrían registrado 21 denuncias de restricciones al acceso de periodistas a fuentes de información oficial, en las que se incluyen tanto limitaciones para ingresar a edificios públicos como discriminaciones a medios de comunicación privados para participar en conferencias de prensa de organismos públicos861.




  1. Según lo informado, un análisis de 65 peticiones de información a diversas entidades públicas, entre agosto y octubre de 2011, evidenció que el 82% de las solicitudes no fueron respondidas, mientras que el 12% obtuvieron una respuesta positiva y el 2% recibió una negativa explícita862. Por otra parte, una evaluación de los sitios web de 28 instituciones públicas, efectuada durante octubre de 2011, reveló que ninguna entidad cumple con los estándares establecidos en la Ley Modelo para el Acceso a la Información Pública, aprobada por la Asamblea General de la OEA en 2009, aunque hay un mayor cumplimiento en las alcaldías del Área Metropolitana de Caracas y menor en el Gobierno central nacional863.


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