Comisión interamericana de derechos humanos



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C. Principales actividades de la Relatoría Especial


  1. Durante sus trece años de existencia, la Relatoría Especial ha cumplido de manera oportuna y dedicada cada una de las tareas que le han sido asignadas por la CIDH y por otros órganos de la OEA como la Asamblea General.




  1. En esta parte del informe se resumen de manera muy general las tareas cumplidas, con particular énfasis en las actividades realizadas en 2011.


1. Sistema de casos individuales: Litigio estratégico en materia de libertad de expresión dentro del sistema interamericano


  1. Una de las más importantes funciones de la Relatoría Especial es asesorar a la CIDH en la evaluación de peticiones individuales, y preparar los informes correspondientes.




  1. El impulso adecuado de las peticiones individuales, además de proveer justicia en el caso específico, permite llamar la atención sobre situaciones paradigmáticas que afectan la libertad de pensamiento y expresión, y crear importante jurisprudencia aplicable tanto por el propio sistema interamericano de protección de los derechos humanos como por los tribunales de los países de la región. Asimismo, el sistema de casos individuales constituye un factor esencial dentro de la estrategia integral de promoción y defensa de la libertad de pensamiento y de expresión en la región, estrategia que la Relatoría Especial desarrolla a través de los diferentes mecanismos de trabajo que ofrece el sistema interamericano de protección de los derechos humanos.




  1. Desde su creación, la Relatoría Especial ha asesorado a la CIDH en la presentación ante la Corte Interamericana de Derechos Humanos (en adelante “la Corte” o “la Corte Interamericana”) de importantes casos individuales sobre libertad de expresión. Los casos mas relevantes de la Corte en esta materia son los siguientes:

- Caso “La Última Tentación de Cristo” (Olmedo Bustos y otros) vs. Chile. Sentencia de 5 de febrero de 2001. Este caso se refiere a la prohibición de la censura previa. La decisión de la Corte Interamericana llevó a una ejemplar reforma constitucional en Chile y a la creación de un importante estándar hemisférico en la materia.


- Caso Ivcher Bronstein vs. Perú. Sentencia de 6 de febrero de 2001. El peticionario era un ciudadano peruano por naturalización que era accionista mayoritario de un canal de televisión. El medio de comunicación transmitía un programa periodístico que realizaba fuertes críticas al gobierno peruano, incluyendo la emisión de reportajes sobre abusos, torturas y actos de corrupción cometidos por el Servicio de Inteligencia Nacional. Como consecuencia de estos informes, el Estado revocó la ciudadanía peruana al peticionario y le quitó el control accionario del canal. La sentencia de la Corte Interamericana encontró que las actuaciones del gobierno restringieron indirectamente el derecho a la libertad de expresión, y ordenó al Estado restaurar los derechos de la víctima.
- Caso Herrera Ulloa vs. Costa Rica. Sentencia de 2 de julio de 2004. Este caso se refiere a un periodista que había publicado varios artículos reproduciendo la información de algunos periódicos europeos sobre presuntas actuaciones ilícitas de un diplomático de Costa Rica. El Estado condenó al periodista por cuatro cargos de difamación. La Corte Interamericana entendió que la condena era desproporcionada y que vulneraba el derecho a la libertad de expresión, y requirió, entre otros puntos, la anulación de los procedimientos criminales contra el comunicador.
- Caso Ricardo Canese vs. Paraguay. Sentencia de 31 de agosto de 2004. Durante la campaña presidencial de 1993 en Paraguay, el candidato Ricardo Canese hizo declaraciones a los medios de comunicación contra el candidato Juan Carlos Wasmosy, a quien acusó de estar envuelto en irregularidades relacionadas con la construcción de una planta hidroeléctrica. Canese fue procesado y sentenciado en primera instancia a cuatro meses de prisión, entre otras restricciones a sus derechos fundamentales. La Corte Interamericana encontró que la condena era desproporcionada y que vulneraba el derecho a la libertad de expresión. Además, destacó la importancia de la libertad de expresión durante las campañas electorales, en el sentido de que las personas deben estar plenamente habilitadas para cuestionar a los candidatos, de manera que los votantes puedan tomar decisiones informadas.
- Caso Palamara Iribarne vs. Chile. Sentencia de 22 de noviembre de 2005. Palamara, ex oficial militar chileno, había escrito un libro crítico de la Armada Nacional. El libro dio origen a un proceso penal militar por “desobediencia” y “quiebre de los deberes militares” que condujo a que el Estado retirara de circulación todas las copias físicas y electrónicas existentes. La Corte Interamericana ordenó una reforma legislativa que asegurara la libertad de expresión en Chile, al igual que la publicación del libro, la restitución de todas las copias incautadas y la reparación de los derechos de la víctima.
- Caso Claude Reyes y otros vs. Chile. Sentencia de 19 de septiembre de 2006. Este caso se refiere a la negativa del Estado de brindar a Marcelo Claude Reyes, Sebastián Cox Urrejola y Arturo Longton Guerrero cierta información que requirieron al Comité de Inversiones Extranjeras, relacionada con la empresa forestal Trillium y el proyecto Río Cóndor. A través de esta sentencia, la Corte Interamericana reconoció que el derecho de acceso a la información es un derecho humano protegido por el artículo 13 de la Convención Americana.
- Caso Kimel vs. Argentina. Sentencia de 2 de mayo de 2008. El periodista Eduardo Kimel fue condenado por haber criticado en un libro la actuación de un juez penal encargado de investigar una masacre. El juez inició un proceso penal en defensa de su honor. La Corte Interamericana encontró que la sanción al periodista era desproporcionada y que vulneraba el derecho a la libertad de expresión de la víctima. En esta decisión, la Corte Interamericana ordenó al Estado, entre otras medidas, reparar a la víctima y reformar la legislación penal sobre protección a la honra y la reputación por encontrar que vulneraba el principio de tipicidad penal o estricta legalidad.
- Caso Tristán Donoso vs. Panamá. Sentencia de 27 de enero de 2009. Esta sentencia se refiere a la proporcionalidad de las sanciones impuestas a un abogado condenado por los delitos de difamación e injuria, por haber asegurado en una conferencia de prensa que un funcionario del Estado había grabado sus conversaciones telefónicas privadas y las había puesto en conocimiento de terceros. La Corte Interamericana concluyó que el Estado violó el derecho a la libertad de expresión del abogado, ya que la condena penal impuesta como forma de responsabilidad ulterior fue innecesaria. La Corte Interamericana estableció también criterios sobre el carácter intimidante e inhibidor que generan las sanciones civiles desproporcionadas.
- Caso Ríos y otros vs. Venezuela. Sentencia de 28 de enero de 2009. La sentencia se refiere a distintos actos públicos y privados que limitaron las labores periodísticas de los trabajadores, directivos y demás personas relacionadas con el canal de televisión RCTV, así como a algunos discursos de agentes estatales en contra del medio. La Corte Interamericana consideró que dichos discursos fueron incompatibles con la libertad de buscar, recibir y difundir información, “al haber podido resultar intimidatorios para las personas relacionadas con dicho medio de comunicación”. La Corte Interamericana no encontró probada la responsabilidad del Estado por los otros hechos alegados, pero reiteró su doctrina sobre las restricciones indirectas a la libertad de expresión. Finalmente, la Corte Interamericana ordenó al Estado conducir eficazmente las investigaciones y procesos penales por hechos de violencia contra los periodistas, así como la adopción de “las medidas necesarias para evitar restricciones indebidas y obstaculizaciones directas o indirectas al ejercicio de su libertad de buscar, recibir y difundir información”.
- Caso Perozo y otros vs. Venezuela. Sentencia de 28 de enero de 2009. Esta sentencia versó sobre las declaraciones de funcionarios públicos, y otras alegadas obstaculizaciones al ejercicio de la libertad de expresión como actos de violencia de actores privados en perjuicio de personas vinculadas al canal de televisión Globovisión. La Corte Interamericana consideró que los pronunciamientos de altos funcionarios públicos y la omisión de las autoridades estatales en su obligación de actuar con la debida diligencia en las investigaciones por hechos de violencia contra los periodistas, constituyeron faltas a las obligaciones estatales de prevenir e investigar los hechos. La Corte Interamericana no encontró probada la responsabilidad del Estado por los otros hechos alegados, pero reiteró su doctrina sobre restricciones indirectas a la libertad de expresión. Finalmente, la Corte Interamericana ordenó al Estado conducir eficazmente las investigaciones y procesos penales por hechos de violencia contra los periodistas, así como la adopción de “las medidas necesarias para evitar restricciones indebidas y obstaculizaciones directas o indirectas al ejercicio de su libertad de buscar, recibir y difundir información”.
- Caso Usón Ramírez vs. Venezuela. Sentencia de 20 de noviembre de 2009. Usón, militar en retiro, fue condenado por el delito de “injuria contra la Fuerza Armada Nacional”, luego de emitir opiniones críticas en un programa televisivo acerca de la actuación de dicha institución en el caso de un grupo de soldados que habían resultado gravemente heridos en una instalación militar. La Corte Interamericana estimó que la norma penal aplicada para sancionar a Usón no cumplía con las exigencias del principio de legalidad por ser ambigua, y entendió que la aplicación del derecho penal al caso no era idónea, necesaria y proporcional. La Corte Interamericana ordenó al Estado, entre otras medidas, dejar sin efecto el proceso penal militar contra la víctima y modificar, en un plazo razonable, el tipo penal utilizado.
- Caso Manuel Cepeda Vargas vs. Colombia. Sentencia de 26 de mayo de 2010. Este caso se refiere a la ejecución extrajudicial del Senador Manuel Cepeda Vargas, quien fue un líder de la Dirección Nacional del Partido Comunista Colombiano y prominente figura del partido político Unión Patriótica. La Corte consideró, que en casos como este, es posible restringir ilegítimamente la libertad de expresión por condiciones de facto que coloquen a quien la ejerza en una situación de riesgo. La Corte indicó que el Estado “debe abstenerse de actuar de manera tal que propicie, estimule, favorezca o profundice esa vulnerabilidad y que debe adoptar, cuando sea pertinente, medidas necesarias y razonables para prevenir violaciones o proteger los derechos de quienes se encuentren en tal situación”. Asimismo, la Corte consideró que una afectación al derecho a la vida o a la integridad personal atribuible al Estado podría generar una violación del artículo 16.1 de la Convención, cuando la misma haya sido motivada en el ejercicio legítimo del derecho a la libertad de asociación de la víctima. En este sentido, la Corte destacó que las voces de oposición resultan “imprescindibles en una sociedad democrática” e indicó que “la participación efectiva de personas, grupos y organizaciones, y partidos políticos de oposición en una sociedad democrática debe ser garantizada por los Estados, mediante normativas y prácticas adecuadas que posibiliten su acceso real y efectivo a los diferentes espacios deliberativos en términos igualitarios, pero también mediante la adopción de medidas necesarias para garantizar su pleno ejercicio, atendiendo la situación de vulnerabilidad en que se encuentran los integrantes de ciertos sectores o grupos sociales”. Finalmente, la Corte consideró que si bien el Senador Cepeda Vargas pudo ejercer sus derechos políticos, su libertad de expresión y su libertad de asociación, “fue el hecho de continuar ejerciéndolos lo que conllevó su ejecución extrajudicial” lo que implica que el Estado “no generó condiciones ni las debidas garantías para que (…) el Senador Cepeda tuviera una oportunidad real de ejercer el cargo para el que fue democráticamente electo, en particular mediante el impulso de la visión ideológica que representaba a través de su participación libre en el debate público, en ejercicio de su libertad de expresión. En última instancia, su actividad fue obstaculizada por la violencia ejercida en contra del movimiento político al que el Senador Cepeda Vargas pertenecía y, en este sentido, su libertad de asociación también se vio afectada”.
- Caso Gomes Lund y otros vs. Brasil. Sentencia de 24 de noviembre de 2010. El caso se refiere a la detención arbitraria, tortura y desaparición forzada de 70 personas como resultado de operaciones del Ejército brasileño entre 1972 y 1975 que tenían por objeto erradicar la denominada Guerrilla de Araguaia, en el contexto de la dictadura militar de Brasil. Asimismo, el caso presenta la afectación del derecho de acceso a la información que han sufrido los familiares de las víctimas. A este respecto, la Corte Interamericana reiteró su jurisprudencia sobre el derecho a la libertad de pensamiento y de expresión, en la que ha sostenido que el artículo 13 de la Convención Americana protege el derecho que tiene toda persona de solicitar información que se encuentre bajo el control del Estado, con las salvedades permitidas bajo el régimen de excepciones de la Convención. Adicionalmente, la Corte Interamericana estableció que en casos de violaciones de derechos humanos, las autoridades estatales no pueden ampararse en mecanismos como el secreto de Estado, la confidencialidad de la información o en razones de interés público o seguridad nacional, para dejar de aportar la información requerida por las autoridades judiciales o administrativas encargadas de la investigación. Asimismo, la Corte sostuvo que cuando se trata de la investigación de un hecho punible, la decisión de calificar como secreta la información y negar su entrega, o de determinar si la documentación existe, jamás puede depender exclusivamente de un órgano estatal a cuyos miembros se les atribuye la comisión del hecho ilícito. Finalmente, la Corte concluyó que el Estado no puede ampararse en la falta de prueba de la existencia de documentos solicitados por las víctimas o sus familiares sino, por el contrario, debe fundamentar la negativa a proveerlos, demostrando que ha adoptado todas las medidas a su alcance para comprobar que, efectivamente, la información solicitada no existía. En este sentido, la Corte señaló que, para garantizar el derecho de acceso a la información, los poderes públicos deben actuar de buena fe y realizar diligentemente las acciones necesarias para asegurar la efectividad del derecho a la libertad de pensamiento y de expresión, especialmente cuando se trata de conocer la verdad de lo ocurrido en casos de violaciones graves de derechos humanos como las desapariciones forzadas y la ejecución extrajudicial que se dieron en este caso.
- Caso Fontevecchia y D’Amico vs. Argentina. Sentencia de 29 de noviembre de 2011. El caso se refiere a la condena civil impuesta a los señores Jorge Fontevecchia y Héctor D’Amico, director y editor, respectivamente, de la revista Noticias, mediante sentencias dictadas por tribunales argentinos como responsabilidad ulterior por la publicación de dos artículos, en noviembre de 1995. Dichas publicaciones se referían a la existencia de un hijo no reconocido del señor Carlos Saúl Menem, entonces Presidente de la Nación, con una diputada; a la relación entre el presidente y la diputada; y a la relación entre el primer mandatario y su hijo. La Corte Suprema de Justicia de la Nación consideró que se había violado el derecho a la vida privada del señor Menem como consecuencia de aquellas publicaciones. La Corte Interamericana encontró que la información publicada era de interés público y que además ya estaba en el dominio público. Por ello, no hubo una injerencia arbitraria en el derecho a la vida privada del señor Menem. De tal modo, la medida de responsabilidad ulterior impuesta no cumplió con el requisito de ser necesaria en una sociedad democrática, y constituyó una violación del artículo 13 de la Convención Americana.


  1. La Relatoría Especial impulsó nuevas peticiones y casos individuales cuyos informes de admisibilidad y de fondo se presentaron durante las sesiones de la CIDH llevadas a cabo durante 2011. Los casos que fueron presentados ante la Corte Interamericana de Derechos Humanos durante el 2011 son los siguientes:

- Caso 12.590 José Miguel Gudiel y otros Vs. Guatemala (Diario Militar). Los temas tratados en este caso son la desaparición forzada y la ejecución de personas por razón de sus expresiones y la lucha contra la impunidad de esos crímenes y el derecho de acceso a la información sobre los mismos.


- Caso 12.658 Luís Gonzalo “Richard” Vélez Restrepo, Aracelly Román Amariles, Juliana Vélez Román, Mateo Vélez Román Vs. Colombia. Este caso se refiere, entre otras cosas, al presunto ataque por agentes del ejército contra un periodista mientras filmaba una protesta de campesinos.


  1. Un informe detallado de las peticiones y casos se presenta en el capítulo III del Informe Anual 2011 de la CIDH.




  1. En desarrollo de las actividades de litigio, los días 27 a 29 de junio, la Relatora Especial y la abogada Ana Luisa Lima formaron parte de la delegación de la CIDH en la audiencia pública ante la Corte Interamericana de Derechos Humanos, sobre las excepciones preliminares y eventuales fondo, reparaciones y costas del caso González Medina vs. República Dominicana. La audiencia se realizó en la sede del Tribunal en San José, Costa Rica, en el marco de su XLI Período Ordinario de Sesiones.




  1. Asimismo, del 22 al 28 de agosto, la Relatora Especial y el abogado Michael Camilleri participaron en las reuniones previas y la audiencia pública ante la Corte Interamericana de Derechos Humanos, sobre las excepciones preliminares y eventuales fondo, reparaciones y costas del caso Fontevecchia y D’amico Vs. Argentina. La audiencia se realizó en Colombia en el marco del periodo No. 92 ordinario de sesiones.




  1. Finalmente, el 29 de noviembre, la Relatora Especial y la abogada Lorena Ramírez participaron en la audiencia pública ante la Corte Interamericana de Derechos Humanos, sobre las excepciones preliminares y eventuales fondo, reparaciones y costas del caso Néstor José Uzcátegui y otros vs. Venezuela. La audiencia se realizó en Costa Rica en el marco del periodo No. 93 ordinario de sesiones.




  1. Con la preparación e impulso de estos casos, la Relatoría Especial contribuye a que la CIDH y la Corte Interamericana dicten importante jurisprudencia sobre las garantías necesarias para el pleno ejercicio de la libertad de pensamiento y expresión. Los estándares alcanzados aportan un mayor dinamismo al trabajo de los órganos del sistema interamericano y permiten afrontar nuevos desafíos en la tarea de aumentar el nivel de protección de la libertad de pensamiento y de expresión en todo el hemisferio.


2. Medidas cautelares


  1. La Relatoría Especial ha colaborado con el Grupo de Protección de la CIDH en relación con las recomendaciones para la adopción de medidas cautelares en materia de libertad de expresión. En este sentido, la CIDH ha solicitado en múltiples oportunidades a los Estados miembros de la OEA que adopten medidas cautelares para proteger el derecho a la libertad de expresión. Así lo hizo, por ejemplo, en los casos (i) Matus Acuña Vs. Chile10; (ii) Herrera Ulloa Vs. Costa Rica11; (iii) López Ulacio Vs. Venezuela12; (iv) Peña Vs. Chile13; (v) Globovisión Vs. Venezuela14; (vi) Tristán Donoso Vs. Panamá15; (vii) Yáñez Morel Vs. Chile16; (viii) Pelicó Pérez Vs. Guatemala17; y (ix) Rodríguez Castañeda Vs. México18. Cabe señalar que el otorgamiento de las medidas cautelares no constituye un prejuzgamiento sobre el fondo de la cuestión. Las medidas cautelares se originan en la necesidad de adoptar mecanismos que eviten un perjuicio grave, inminente e irremediable sobre uno de los derechos consagrados en la Convención Americana, o para mantener la jurisdicción sobre el caso, sin que desaparezca el objeto de la causa.




  1. Durante 2011, la Relatoría Especial colaboró en el estudio de veintidós (22) solicitudes de medidas cautelares, entre las cuales se encontraban las solicitadas por Leo Valladares Lanza y Daysi Pineda Madrid (Honduras) y Comunicadores de La Voz de Zacate Grande (Honduras), y dos personas en Jamaica cuya identidad se protege, que han sido víctimas de agresiones, ataques, amenazas y hostigamiento, debido a su orientación sexual, entre otras. La descripción más detallada de estas medidas puede ser consultada en el Informe Anual 2011 de la CIDH.


3. Audiencias públicas


  1. La CIDH ha recibido diversas solicitudes de audiencias y de reuniones de trabajo en materia de libertad de expresión en los últimos períodos de sesiones. La Relatoría Especial participa de manera activa en las audiencias sobre libertad de expresión, preparando informes y haciendo las intervenciones y el seguimiento correspondiente.




  1. En el marco del 141º Periodo de Sesiones de la CIDH se llevó a cabo una audiencia privada sobre la situación del derecho a la libertad de expresión e información en Venezuela, a solicitud de Espacio Público, Colegio Nacional de Periodistas, Centro de DDHH de la UCAB y Sindicato Nacional de Trabajadores de la Prensa (SNTP). Dicha audiencia tuvo por objetivo actualizar la información presentada en audiencias anteriores, con énfasis en la legislación aprobada en diciembre de 2010 y su efecto sobre la Libertad de Expresión.




  1. En el 143º Período de Sesiones de la CIDH, celebrado entre el 19 de octubre y el 4 de noviembre de 2011 fueron realizadas, entre otras, las siguientes audiencias sobre libertad de expresión: Acceso a la información pública en Latinoamérica, Libertad de expresión en Ecuador; Acceso a la información pública en Venezuela; Agresiones contra periodistas en México; y Acceso a la información pública en Panamá.


4. Seminarios y talleres de trabajo con actores estratégicos en la región


  1. Los seminarios constituyen una herramienta fundamental dentro de la tarea de promoción de la Relatoría Especial sobre el sistema interamericano de protección de derechos humanos y el derecho a la libertad de expresión. En los últimos doce años, la Relatoría Especial ha organizado en varias oportunidades seminarios en toda la región con la cooperación de universidades, instituciones gubernamentales y organizaciones no gubernamentales.




  1. Cientos de periodistas, abogados, profesores universitarios, jueces, estudiantes de comunicación y de derecho, entre otros, han asistido a estos entrenamientos impartidos por personal de la Relatoría Especial, tanto en las capitales de los países como en las regiones más apartadas, donde muchas veces no hay acceso a la información sobre las garantías a las que se pueden apelar para proteger el derecho a la libertad de pensamiento y de expresión.

  2. Los encuentros con los actores involucrados potencian la posibilidad de que más personas utilicen el sistema interamericano de derechos humanos para plantear sus problemas y presentar sus denuncias. Asimismo, los seminarios logran ampliar la red de contactos de la Relatoría Especial. Por otra parte, los talleres y reuniones de trabajo han permitido a la Relatoría Especial trabajar de cerca con actores estratégicos para impulsar la aplicación de los estándares internacionales en los ordenamientos jurídicos internos.




  1. A continuación, se presenta un resumen de los principales seminarios y talleres de trabajo que realizó la Relatoría Especial durante 2011.




  1. El 22 de enero la Relatora efectuó una videoconferencia para la Universidad Iberoamericana en México sobre el derecho a la libertad de expresión y los mecanismos de protección en el Sistema Interamericano.




  1. Del 7 al 11 de febrero de 2011, la Relatora Especial para la Libertad de Expresión, Catalina Botero, en compañía del abogado Michael Camilleri y de la abogada Lorena Ramírez, realizaron una visita académica a Jamaica en la que desarrollaron varios eventos académicos. El día 9 de febrero, se desarrolló un seminario sobre Libertad de Expresión en el Sistema Interamericano, en The University of West Indies, dirigido a 30 miembros de organizaciones sociales, periodistas y académicos en Kingston. El día 10 de febrero, en coordinación con Norman Manley Law School se desarrolló un seminario dirigido a un grupo de 50 abogados, funcionarios judiciales y estudiantes de derecho de pre-grado y post-grado. Finalmente el 11 de marzo, en coordinación con The Univesity of West Indies, la Relatoría desarrolló un seminario dirigido a 40 periodistas y miembros de organizaciones sociales en Montego Bay. La Relatora también participó como jueza en el Moot Court sobre libertad de expresión que organizó la Escuela de Derecho de Norman Manley University.




  1. Durante la vista a Jamaica, la Relatoría Especial tuvo la oportunidad de discutir los avances y retrocesos de la ley de acceso a la información con miembros del Ministerio de Justicia, el Ministerio de Asuntos Exteriores y de la Fiscalía General, así como con 90 periodistas y miembros de la sociedad civil.




  1. El 25 de febrero, la Relatora Especial participó en una teleconferencia sobre los Estándares Interamericanos para la Libertad de Expresión para funcionarios de la Defensoría del Pueblo de Panamá.




  1. Durante la semana del 14 al 18 de marzo de 2011, la Relatoría Especial realizó una visita académica a Colombia en la cual desarrolló cinco actividades académicas. El día 10 de marzo de 2011, la Relatora Especial para la Libertad de Expresión participó en un Congreso sobre Libertad de Prensa, en el Hotel JW Marriot de Bogotá. Este evento fue organizado conjuntamente con Andiarios WAN-IFRA Ibérica. El día lunes 14 de marzo, la Relatoría Especial desarrolló el seminario sobre el derecho de acceso a la información pública dirigido a 40 jueces de los Tribunales Superiores de Bogotá y Cundinamarca, en el auditorio de la Escuela Judicial Rodrigo Lara Bonilla. El martes 15 de marzo, la Relatoría Especial desarrolló un seminario sobre estándares interamericanos de libertad de expresión, en coordinación con la Maestría de Periodismo de la Universidad del Rosario, dirigido a un grupo de 50 académicos, periodistas, estudiantes de la maestría de periodismo y de derecho de esta Universidad. El miércoles 16 de marzo de 2011, la Relatoría Especial desarrolló el seminario sobre “El derecho a la libertad de expresión y los mecanismos de protección en el sistema interamericano” en coordinación con Medios para la Paz. El evento fue realizado en Bogotá, en el hotel Viaggio. Asistieron 35 representantes de organizaciones sociales, particularmente que trabajan con libertad de expresión y temas de derechos humanos en general. El viernes 18 de marzo de 2011, en la ciudad de Popayán, la Relatoría Especial desarrolló el seminario sobre Libertad de expresión y acceso a la información pública dirigida a un grupo de 40  periodistas regionales, miembros de organizaciones sociales y funcionarios públicos. El evento se desarrolló en la Casa Museo Mosquera, Calle 3 No. 5 -14, Auditoría No 1. La capacitación fue desarrollada por el periodista Mauricio Herrera, miembro del equipo de la Relatoría Especial.




  1. Durante esta visita a Colombia, el 17 de marzo de 2011 y en coordinación con Transparencia por Colombia, la Relatora Especial para la Libertad de Expresión participó en un conversatorio sobre la necesidad de una ley de acceso a la información en Colombia. En este evento participaron directivos de autoridades públicas de la Alta Consejería para la Gestión Publica, del Ministerio de Tecnología de la Información y las Comunicaciones, Planeación Nacional, Programa de Gobierno en Línea y dos invitados internacionales. La reunión se realizó en las oficinas de la Corporación Transparencia por Colombia.




  1. El viernes 18 de marzo de 2011, la Relatoría Especial en coordinación con Transparencia por Colombia, la Fundación para la Libertad de Prensa (FLIP) y la Embajada Británica en Bogotá, desarrollaron un seminario sobre acceso la información pública con el propósito de difundir los estándares interamericanos sobre el derecho de acceso a la información. En este evento participaron también otros tres expertos internacionales. El seminario estuvo dirigido a 200 funcionarios públicos y miembros de organizaciones sociales.




  1. La Relatora Especial para la Libertad de Expresión participó del “Foro Hemisférico sobre la Libertad de Expresión”, promovido por la Universidad de San Diego, California, y realizado en la ciudad de La Jolla, California, del 3 al 6 de abril de 2011. El evento contó con la presencia de periodistas, directores de instituciones, legisladores y académicos en materia de libertad de expresión de varios países de la región. En dicha ocasión, la Relatora Especial realizó una ponencia sobre “El Alcance y los Límites de la Libertad de Expresión en el Sistema Jurídico Interamericano”.




  1. Del 12 al 14 de abril, la Relatoría Especial realizó una visita académica a Ecuador, en la cual fueron desarrollados dos seminarios de capacitación sobre el “Sistema interamericano de protección de derechos humanos y libertad de expresión”, en coordinación con la organización Fundamedios. Uno de ellos fue realizado el 12 de abril en Guayaquil, en la sala de conferencias de la Universidad Casa Grande. A este evento asistieron 17 periodistas, estudiantes de comunicación, periodismo y derecho, y representantes de organizaciones de libertad de expresión. El 13 de abril fue desarrollado el mismo seminario en la Universidad Andina Simón Bolívar, en Quito. A este evento asistieron 22 periodistas y organizaciones del sector de medios y de derechos humanos.




  1. Los días 2 y 3 de mayo de 2011, la Relatora Especial realizó una ponencia durante el foro “Los Desafíos de la Libertad de Prensa en el Nuevo Milenio”, realizado en Manizales, Colombia.




  1. El 12 de mayo de 2011, la Relatora Especial participó del Diálogo Subregional de los Miembros del Sistema de la Integración Centroamericana y México: “Democracia para la Paz, la Seguridad y el Desarrollo”, en San José de Costa Rica. Durante el evento, que se desarrolló en el marco del Programa de Conmemoración del 10º Aniversario de la Carta Democrática Interamericana, la Relatora realizó una ponencia en la mesa temática sobre “Democracia y Estado de Derecho”. El evento fue organizado por el Ministerio de Relaciones Exteriores y Culto de Costa Rica, la Secretaría General de la Organización de los Estados Americanos (OEA), el Instituto Internacional para la Democracia y la Asistencia Electoral (IDEA Internacional), la Fundación para la Paz y la Democracia (FUNPADEM) y la Facultad Latinoamericana de Ciencias Sociales (FLACSO).




  1. El 8 de junio de 2011, la Relatora Especial se reunió con un grupo de funcionarios de nueve países del hemisferio occidental auspiciados por el Meridian International Center. La reunión tuvo lugar en Washington, D.C.




  1. El 24 de junio de 2011, la Relatora Especial participó del taller periodístico “Silencing the Press: Who are they? Why do they want to silence us? What can we do about it?”, promovido por la Universidad de California y el Instituto de las Américas. La charla se realizó por videoconferencia y se dirigió a periodistas de 10 países de la región.




  1. El 7 y 8 de julio, la Relatoría Especial participó en la conferencia internacional sobre la justicia transicional en Brasilia “Program of the II Latin American Conference on Transitional Justice” organizado por International Center for Transitional Justice (ICTJ), la Comisión de Amnistía de Brasil, y la Universidad Católica de Brasilia. La conferencia reunió a actores importantes regionales e internacionales para ofrecer un panorama de las prácticas actuales en la justicia transicional en América Latina y para contribuir al debate público en Brasil sobre la mejor manera de tratar las violaciones de derechos humanos cometidas durante la dictadura de 1964-1985. La Relatora Especial expuso las obligaciones que tienen los Estados de preservar archivos de violaciones de derechos humanos y la forma tras la cual deben difundir esta información.




  1. El 18 de julio la Relatoría Especial impartió una capacitación sobre estándares interamericanos de acceso a la información a los cinco miembros de la Comisión de Información de Bangladesh, la cual realizó un study tour en Estados Unidos para observar el desarrollo y la aplicación de políticas sobre acceso a la información en las organizaciones publicas y conocer sobre los estándares interamericanos en esta materia.




  1. El 25 de julio, la Relatoria Especial participó a través de videoconferencia en un evento sobre la regulación de la publicidad oficial en Uruguay, organizado por el Centro de Archivo y Acceso a la Información Pública (CAINFO). La Relatora Especial habló sobre los estándares interamericanos de libertad de expresión.




  1. El 5 de Septiembre de 2011, la Relatora Especial participó, mediante videoconferencia, en el Seminario sobre: “Periodismo y Acceso a la Información Pública – Desafíos del siglo XXI”, organizada en Paraguay. El objetivo del evento fue sensibilizar a los comunicadores sobre el valor agregado que aporta una herramienta como la ley de acceso a la información para el ejercicio del periodismo.




  1. El 13 de septiembre, la Relatora Especial participó en la reunión organizada por las Naciones Unidas (UNESCO) sobre “UN Inter-Agency Meeting on the Safety of Journalists and the Issue of Impunity”, la cual se llevó a cabo en París. El tema discutido fue la seguridad de los periodistas y la impunidad. La reunión proporcionó un foro para formular un plan coherente y orientado para responder al tema de la seguridad de los periodistas y la impunidad de los autores de las agresiones contra periodistas. Participaron organizaciones de la ONU, instituciones internacionales y regionales, organizaciones profesionales y ONGs. La Relatora Especial se refirió a las fortalezas y debilidades de los instrumentos jurídicos internacionales. Finalmente, el 14 de septiembre, en París, la Relatora Especial sostuvo una reunión con representantes de Reporteros Sin Fronteras – Sección de las Américas.




  1. Del 19 al 23 de septiembre de 2011, la Relatora Especial junto con Mauricio Herrera Ulloa y Flor Elba Castro realizaron una visita académica a Perú, en la que desarrollaron cinco eventos académicos. El día 19 de septiembre de 2011, la Relatora Especial participó en el Encuentro “Evidencia: el Derecho a la Verdad y a la Justicia” organizado por National Security Archives, Open Society Institute y el Instituto de Defensa Legal (IDL) en Lima, con la ponencia sobre la jurisprudencia sobre acceso a la información y mecanismos legales interamericanos existentes para avanzar en el reconocimiento del derecho a la verdad en América Latina. Este fue un evento cerrado en el que participaron 28 especialistas internacionales de 14 países de las Américas. El mismo día en la tarde, la Relatora participó en el panel público, “Acceso a información oficial y derechos humanos: experiencias desde las Américas” el cual tuvo una asistencia de más de cien representantes de organizaciones sociales y funcionarios estatales. El día 20 de septiembre de 2011, en coordinación con el Instituto Prensa y Sociedad (IPYS), la Relatora Especial impartió una capacitación sobre los estándares interamericanos de libertad de expresión y acceso a la información a un grupo de 200 funcionarios estatales del Perú en la Conferencia Nacional sobre Acceso a la información Pública. El 22 de septiembre de 2011, en coordinación IDL y la Universidad Católica del Perú, la Relatora desarrolló un seminario sobre libertad de expresión a un grupo de 70 funcionarios públicos de diversas entidades estatales y miembros de la comunidad académica de esta Universidad. Los días 21 y 23 de septiembre de 2011, la Relatora y su equipo desarrollaron dos seminarios uno en Lima y otro en Ayacucho sobre los Estándares Interamericanos sobre Libertad de Expresión y Acceso a la Información dirigidos a periodistas y miembros de organizaciones de derechos humanos. En el evento en Lima asistieron cuarenta periodistas de diez regiones diferentes del país. Adicionalmente, durante la visita miembros del equipo de la Relatoría Especial visitaron y establecieron diálogos con representantes y directivos de 15 organizaciones defensoras de derechos humanos y particularmente de libertad de expresión y acceso a la información, con el fin de promocionar el uso de los mecanismos de protección del sistema interamericano y a la vez impulsar la promoción y protección del derecho a la libertad de expresión. También durante la visita, la Relatora Especial tuvo reuniones protocolarias con el Presidente del Consejo de Ministros, el Canciller de la República y el Ministro de Justicia.




  1. El 24 de octubre de 2011 la Relatoría Especial conjuntamente con el Relator Especial para la Libertad de Expresión y Opinión de las Naciones Unidas presentaron los informes publicados por estas Relatorías en seguimiento a su visita oficial conjunta a México en agosto de 2010. También participaron representantes del gobierno federal mexicano, la prensa, la sociedad civil, y la Comisión Nacional de Derechos Humanos19.




  1. El 17 y 18 de noviembre, el abogado Michael Camilleri viajó a Londres para participar en representación de la Relatoría Especial, en un encuentro mundial de expertos internacionales para discutir temas relacionados con la libertad de expresión y los derechos de propiedad intelectual. El evento fue organizado por Article XIX en Londres.




  1. Finalmente, el 23 de noviembre el abogado Michael Camilleri viajó a Vienna, Austria por invitación del Gobierno de este país, para asistir a la consulta de expertos sobre el tema de impunidad en crímenes contra periodistas en un taller titulado “Safety of Journalists: Towards a more effective international protection Framework”, realizado en el Ministerio de Asuntos Internacionales y Europeos. En esta ciudad, sostuvo además reuniones con la Oficina del Representante de Libertad de Expresión de la OSCE y con miembros del International Press Institute.

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