Comisión interamericana de derechos humanos



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f. Obligación de generar una cultura de transparencia





  1. Corresponde al Estado la obligación de promover, en un plazo razonable, una verdadera cultura de la transparencia, lo que implica campañas sistemáticas para divulgar entre el público en general la existencia y los modos de ejercicio del derecho de acceso a la información. A este respecto, la resolución del Comité Jurídico Interamericano sobre los “Principios sobre el Derecho de Acceso a la Información” indica que “[d]eben adoptarse medidas para promover, implementar y asegurar el derecho de acceso a la información incluyendo […] la implementación de programas para aumentar la importancia en el público de este derecho”311.




  1. Sobre este principio, la Ley Modelo sobre Acceso a la Información adoptada por la Asamblea General crea la obligación estatal, a cargo de la figura del Comisionado de la Información, de “promover la concientización acerca de la presente Ley y sus disposiciones, así como su comprensión, entre el público, incluso mediante la publicación y difusión de una guía sobre el derecho de acceso a la información”312. Asimismo, la Ley Modelo delega en el Ministerio de Educación, o la entidad que haga sus veces, la responsabilidad de “garantizar que los módulos educativos básicos sobre el derecho de acceso a la información se proporcionen a estudiantes en cada año de educación primaria y secundaria”313.




  1. Algunos de los ordenamientos jurídicos estudiados prevén expresamente la obligación del Estado de generar una cultura de transparencia. Ecuador, Guatemala, República Dominicana y Nicaragua, además de asignar un funcionario responsable que desarrolle y ejecute las capacitaciones a los funcionarios públicos y los ciudadanos en general, prevén el desarrollo de programas educativos en colegios e instituciones educativas.




  1. Así, el artículo 8 de la Ley Orgánica de Transparencia de Ecuador dispone que “todas las entidades que conforman el sector público” están obligadas a implementar programas de difusión y capacitación del derecho al acceso a la información, que deben estar dirigidos a los funcionarios públicos y a las organizaciones de la sociedad civil. Además, establece que las universidades e instituciones del sector educativo deben desarrollar “programas de actividades de conocimiento, difusión y promoción de estos derechos” y que todos los centros que conforman el sistema de educación básica integrarán en sus currículos contenidos de “promoción de los derechos ciudadanos a la información y comunicación, particularmente de los accesos a la información pública, hábeas data y amparo”314.




  1. En la República Dominicana, el Reglamento de la Ley General de Libre Acceso a la Información Pública, se refiere expresamente en el Capítulo VII a la “Promoción de la cultura de la transparencia”. En el artículo 42, el Reglamento establece que el “Instituto Nacional de Administración Pública (INAP) diseñará e implementará un plan de capacitación y difusión destinado a concientizar, capacitar y actualizar, a los integrantes de las OAI y a los servidores públicos en general, en la importancia de la transparencia y en el derecho de acceso a la información, así como en la difusión y aplicación de la Ley de Acceso y sus normas reglamentarias y concordantes”315. Por su parte, el artículo 43 ordena a la Secretaría de Estado de Educación la promoción e inclusión, en los planes y programas de estudio de todos los niveles educativos, “de contenidos relacionados con la transparencia en la administración pública y en la sociedad en general y con el ejercicio del derecho de acceso a la información pública en una sociedad democrática”316. Finalmente, el artículo 44 ordena que “[t]odos los institutos educativos de nivel terciario, públicos y privados” incluyan en sus “actividades curriculares y extracurriculares, contenidos que promuevan la concientización, difusión, investigación y el debate acerca de temas relacionados con la transparencia y el derecho de acceso a la información pública”317.




  1. En Guatemala, el artículo 50 de la Ley de Acceso a la Información Pública, titulado “cultura de la transparencia”, ordena que las autoridades educativas incluyan “el tema del derecho al acceso a la información pública en la currícula de los estudios de niveles primario, medio y superior”318.




  1. La Ley de Acceso a la Información Pública de Nicaragua contiene un capítulo destinado a la “promoción de la cultura de asequibilidad a la información pública”. En los artículos 44 y 45 se dispone que al Ministerio de Educación y a las universidades públicas y privadas, y a los Institutos Técnicos, les compete garantizar que en los planes y programas educativos que se impartan, tanto a estudiantes como a profesores, se incluyan contenidos sobre el derecho al acceso a la información y al hábeas data en una sociedad democrática319.




  1. Por su parte, artículo 33 de la Ley de Acceso a la Información de Chile establece que el Consejo para la Transparencia es la entidad encargada de realizar las capacitaciones a los funcionarios públicos y a la población en general320. Lo mismo sucede en El Salvador, cuya Ley de Acceso establece que el Instituto de Acceso a la Información promoverá “una cultura de la transparencia en la sociedad y entre los servidores públicos”, y desarrollará cursos de capacitación para estos últimos en materia de transparencia, acceso a la información, protección de datos personales y administración de archivos321. Pero, además, la Ley dispone que cada ente obligado debe capacitar periódicamente a sus funcionarios en esta materia, y que el Ministerio de Educación incluirá en todos los niveles de los planes y programas de estudio de educación formal contenidos que versen sobre la importancia democratizadora de la transparencia, el derecho de acceso a la información pública, y el derecho a la participación ciudadana en la toma de decisiones y el control de la gestión pública322.




  1. En México, el artículo 37 de la Ley de Transparencia y Acceso a la Información Pública Gubernamental contempla las atribuciones del Instituto Federal de Acceso a la Información y Protección de Datos. Sus numerales XII, XIII y XIV establecen la obligación del Instituto de promover –y en algunos casos ejecutar- las capacitaciones de los servidores públicos en materia de acceso a la información, así como de difundir los beneficios del manejo público de la información y la responsabilidad que implica su buen uso y conservación. También es tarea del Instituto elaborar y publicar estudios e investigaciones para difundir y ampliar el conocimiento de la Ley323.




  1. En Antigua y Barbuda, el capítulo II de la Ley de Acceso a la Información se denomina “Medidas para promover la transparencia”. Entre otras medidas, la ley dispone que el Comisionado para la Información publicará una guía práctica que facilite el ejercicio del derecho de acceso a la información y ordenará a las entidades públicas que designen funcionarios especializados encargados del tema; establece la obligación de las autoridades de publicar información de manera proactiva; ordena la creación de archivos que faciliten el acceso a la información; y establece que todas las autoridades públicas deberán capacitar a sus funcionarios sobre el derecho de acceso a la información, y presentar informes anuales ante el Comisionado para la Información sobre el cumplimiento de las obligaciones derivadas de la Ley324.




  1. Finalmente, en Uruguay, la Ley de Acceso a la Información creó la Unidad de Acceso a la Información Pública, como órgano de control y promoción del cumplimiento de sus normas. En los literales e) y h) del artículo 21, que establece las funciones de la Unidad, se dispone que a ella le corresponde tanto capacitar a los funcionarios de los sujetos obligados a brindar información, como promover campañas educativas y publicitarias en las que se enfatice sobre el derecho de acceso a la información325.
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