Comisión interamericana de derechos humanos



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D. Conclusiones





  1. En el presente informe la Relatoría Especial presenta un estudio comparado de las normas que regulan el derecho al acceso a la información pública en algunos de los países de la región en los cuales existen leyes de acceso a la información o normas generales de otra naturaleza, como es el caso de Argentina. Este informe se limita a describir el contenido de la legislación. En esfuerzos posteriores, la Relatoría Especial se concentrará en las cuestiones referidas a la implementación, pues es consciente de que la puesta en práctica de estas leyes requiere políticas sistemáticas de implementación, y que en muchos casos algunos de los aspectos de las leyes pueden no ser implementados de manera eficiente, idónea o adecuada.




  1. La evaluación comparada permitió corroborar la importancia del establecimiento de instrumentos legislativos específicos que aseguren el derecho al acceso a la información pública. Asimismo, una conclusión general de este estudio es la importancia de que estas leyes consagren expresamente los principios contenidos por los estándares interamericanos al respecto, con lo cual se hace más fácil la garantía plena del derecho. Adicionalmente, el estudio revela la necesidad de que los marcos normativos atribuyan competencias a unidades especializadas, autónomas e independientes para resolver las disputas que puedan crearse respecto del acceso o denegatoria de información pública y, por ello, se recomienda seguir el ejemplo de aquellos Estados, como México y Chile, donde se muestra una vigorosa práctica de protección del derecho a partir de dichas instituciones. Finalmente, una importante conclusión general del estudio es el rol fundamental que deben cumplir los jueces y tribunales en la implementación del derecho a la información pública como garantes últimos de la protección efectiva de los derechos humanos.




  1. En general, los distintos marcos jurídicos analizados comportan importantes salvaguardas para la protección del derecho al acceso a la información pública. No obstante, existen diferencias entre unos y otros, y en algunos casos las normas no han sido diseñadas, en estricto sentido, de conformidad con los más altos estándares internacionales. No obstante, a partir de la información comparada y la relevancia de algunas buenas prácticas desarrolladas por algunos Estados, el presente informe puede servir para establecer los correctivos normativos, jurisprudenciales y reglamentarios necesarios para avanzar en la protección del derecho.




  1. La Relatoría Especial destaca que las legislaciones estudiadas recogen de una u otra manera el principio de máxima divulgación. Mientras que en algunos países se acoge dicho principio de manera expresa, en otros el principio de máxima divulgación se recoge de manera indirecta en algunas de sus disposiciones. En este sentido, el principio que establece que el derecho al acceso a la información es la regla, y el secreto la excepción, se encuentra contemplado en la casi totalidad de los países que fueron objeto del estudio, a través del principio de publicidad.




  1. Sin embargo, sólo algunos de los ordenamientos jurídicos estudiados establecen de manera expresa y directa que el Estado es el responsable de probar la legitimidad de las limitaciones al acceso a la información. De la misma manera, no todas las legislaciones establecen expresamente que el Estado tiene la carga de demostrar el sustento jurídico de su respuesta negativa a la solicitud de información debiendo demostrar la “prueba del daño” que produciría la entrega de la información. Las legislaciones que cuentan con dicho dispositivo introducen una mayor exigencia a la carga probatoria de las limitaciones al acceso a la información y una mayor garantía para la protección de este derecho.




  1. Otro aspecto a destacar que se incluye de manera adecuada en las legislaciones de Uruguay, Guatemala, México y Colombia es la figura del silencio administrativo positivo, de acuerdo con el cual, si no se da respuesta a la solicitud en el término legal, el solicitante está facultado para acceder a la información. En otros países de la región que no cuentan con disposiciones en la materia, se prevén en general mecanismos administrativos y judiciales para controvertir las decisiones negativas. Sin embargo, resultaría de la mayor importancia incorporar el estándar comentado en todas las legislaciones vigentes, pues su incumplimiento impone obstáculos y cargas a los titulares del derecho que resultan desproporcionadas.




  1. La Relatoría Especial resalta que en algunos de los ordenamientos jurídicos estudiados se observan normas que tienden a garantizar varios de los aspectos en que se manifiesta el principio de buena fe. Sin embargo, solo algunos países acogen dicho principio de manera expresa. Si bien una interpretación extensiva de la presunción de publicidad podría dar lugar a asegurar la prevalencia del derecho al acceso a la información en las demás legislaciones, todo indica que para que ello se garantice de manera inequívoca es necesario que la legislación contemple una previsión explícita que así lo establezca.




  1. La mayoría de los ordenamientos jurídicos estudiados establecen que todas las personas son titulares del derecho al acceso a la información. Mientras que en algunos países esta definición no comporta más detalles acerca del derecho, en otros va acompañada de otras precisiones sobre su ejercicio, las cuales, en algunos casos, lo limitan o restringen. De manera general, en la mayoría de países la determinación acerca de que todas las personas tienen el derecho de acceder a la información viene acompañada por la mención explícita de que los solicitantes de la información no deben acreditar un interés directo en la solicitud. Sin embargo, en algunos países, se prescribe como requisito de para acceder a la información expresar las razones que motivan o legitiman la petición, con lo cual se impone una barrera innecesaria para el ejercicio efectivo del derecho. Otra restricción injustificada se presenta en el caso de países que restringen el derecho a personas que son nacionales o inmigrantes regularizados.




  1. Ahora bien, en ninguno de los países estudiados se prohíbe a los particulares que divulguen la información pública, lo cual sería un retroceso respecto de la protección del ámbito colectivo del derecho al acceso a la información. Asimismo, se encuentran desarrollos jurisprudenciales orientados en este sentido.




  1. En cuarto lugar, la Relatoría Especial encuentra que los ordenamientos jurídicos estudiados se ajustan por lo general al estándar relativo a la determinación de los sujetos obligados a garantizar acceso a la información pública. No obstante en algunos Estados la obligación de acceso se extiende directamente a sujetos que pese a no tener naturaleza pública cumplen funciones públicas o ejecutan servicios públicos, -como es el caso de Ecuador, Guatemala, Nicaragua, República Dominicana, Panamá y Perú-, mientras en otros se trata de sujetos indirectamente obligados –como es el caso de México-, u omitidos de la legislación. En este punto no sobra mencionar que si bien los Estados deben reconocer como sujetos obligados, además de las instituciones estatales, a personas privadas que cumplen funciones públicas o reciben recursos del Estado, en estos casos el deber de suministrar información se refiere exclusivamente a las actividades públicas que prestan o a las que realizan con los aportes del Estado, de manera tal que se proteja, simultáneamente, el derecho a la reserva de información privada.




  1. En otros casos, se observa que en algunos países se excluye del deber de brindar acceso a la información a las empresas que tengan una participación privada inferior al 50% pese a que ejecuten recursos públicos. No obstante, como en el estudio se analiza en algunos Estados la jurisprudencia y la legislación complementaria han servido para dar mayor apertura a este concepto.




  1. El estudio permite concluir que la mayoría de los países que fueron analizados incorporan en la legislación definiciones acertadas acerca del objeto del derecho de acceso a la información. Asimismo, todos los países objeto de estudio prevén en sus ordenamientos jurídicos la obligación de contestar las solicitudes de información que presentan los particulares. Para ello, prevén que los sujetos obligados tienen un plazo máximo para responder las solicitudes de información, término que varía entre los 7 días útiles y los 30 días calendario. En la mayoría de los casos se dispone que el plazo puede ser prorrogado, siempre y cuando exista una razón que lo justifique. En varios ordenamientos se dispone también que si la información ya ha sido publicada, a través de cualquier medio, la respuesta del sujeto obligado puede limitarse a indicarle al peticionario los datos que le permitan identificar la publicación.




  1. Sin embargo, como se mencionó anteriormente, en la mayoría de los países estudiados existe el silencio administrativo negativo, lo cual implica que cuando la Administración no responde en el término indicado se entiende que se ha denegado el acceso a la información solicitada. Si bien estos países no prevén el silencio administrativo positivo, sí establecen la obligación de contestar las solicitudes de información dentro de un término que, por lo general, es prorrogable mediante acto motivado.




  1. Por otro lado, algunos países contemplan la posibilidad de presentar solicitudes verbales de acceso a la información o por teléfono, pero en la mayoría de los casos la petición debe ser escrita, bien sea en papel o por medios electrónicos. También se puede observar que algunos países establecen el deber de los servidores públicos de asesorar a los interesados en la formulación de la solicitud de información (entre ellos Guatemala, Nicaragua, México y Jamaica), aunque para ello no se observan en todos los países suficientes políticas de implementación.




  1. La Relatoría Especial destaca que en todos los países analizados han reglamentado los procedimientos administrativos para acceder a la información, así como garantías judiciales posteriores. Esa reglamentación incluye tanto la creación de un recurso administrativo como la determinación de las exigencias que deben satisfacer las solicitudes y los procesos que ellas surten dentro de la Administración. En Estados como Antigua y Barbuda, El Salvador, México, Chile y Canadá existe además un órgano especializado encargado de revisar las respuestas negativas de la administración y de adoptar una decisión definitiva al respecto. La experiencia y la práctica de estas instituciones ha sido de enorme importancia para avanzar en la garantía efectiva del derecho de acceso y demuestra la importancia de que existan este tipo de autoridades especializadas en los distintos ordenamientos jurídicos. En todos los casos es indispensable asegurar la especialización y autonomía de estas entidades, lo que se presenta en distinto grado en los regímenes mencionados.




  1. En la reglamentación de los recursos y los procedimientos administrativos para acceder a la información la mayoría de los países establecen un recurso sencillo y de fácil acceso, sin necesidad de contar con los servicios de un abogado, para solicitar el acceso a la información. También cumplen con las exigencias de que la solicitud sea gratuita -sin perjuicio de los costos que pueden generar la expedición de copias, que en la práctica pueden convertirse en una barrera desproporcionada de acceso al derecho-, y del establecimiento de plazos cortos para dar respuesta a las solicitudes de acceso a la información. No obstante, en algunos lugares los recursos no han operado como ordena la ley pues no se han adoptado políticas de implementación adecuadas.




  1. Complementariamente, los países analizados cuentan con distintos tipos de recursos judiciales destinados a controvertir las respuestas negativas u omisiones de la administración frente a las solicitudes de acceso a la información pública. Sin embargo, en la práctica, no en todos los casos el recurso es verdaderamente efectivo para satisfacer el derecho pues en algunas oportunidades el mismo no se resuelve en un plazo adecuado para la protección eficaz del derecho. En algunos Estados el recurso consiste en un mecanismo especial para la garantía del derecho de acceso a la información (como ocurre por ejemplo en Trinidad y Tobago, Uruguay y Chile), en una acción constitucional (como por ejemplo el recurso de amparo o tutela en Colombia), o en un recurso contencioso administrativo que suele ser el que se resuelve en un plazo más largo. En algunos ordenamientos el interesado puede seleccionar qué recurso instaura entre los distintos que están a su alcance.




  1. El presente estudio permite llegar a conclusiones relevantes en cuanto a la obligación estatal de producir información y promover una cultura de la transparencia. En efecto, la obligación de los sujetos obligados de suministrar al público información en forma oficiosa es contemplada en todos los ordenamientos jurídicos que fueron analizados en este estudio, aunque en grados muy distintos. Algunos de los ordenamientos jurídicos estudiados no se refieren al deber del Estado de producir o capturar información. Sin embargo, algunos de ellos de manera muy acertada establecen que el Estado debe entregar la información que está obligado a producir o a capturar y que los sujetos obligados tienen el deber de compilar o recopilar datos que ya están en su poder, para cumplir con los estándares del derecho de acceso a la información.




  1. De manera similar, algunos de los ordenamientos jurídicos estudiados prevén expresamente la obligación del Estado de generar una cultura de transparencia. Estados como Ecuador, Guatemala, República Dominicana y Nicaragua, además de asignar un funcionario responsable que desarrolle y ejecute las capacitaciones a los funcionarios públicos y los ciudadanos en general, prevén el desarrollo de programas educativos en colegios e instituciones educativas.




  1. En general los ordenamientos jurídicos estudiados no hacen referencia al diseño de un plan estratégico para asegurar la vigencia efectiva del derecho de acceso a la información. Algunos países – como Antigua y Barbuda, México, Canadá, Chile, y Uruguay - crearon entidades destinadas a asegurar el cumplimiento de las normas de la ley de acceso a la información, mientras que los otros se limitan a establecer unidades especiales dentro de cada entidad para el mismo efecto.




  1. Ahora bien, los distintos Estados cuentan con normas sobre archivos, bien sea porque han expedido leyes al respecto o porque contemplan disposiciones al respecto en la ley de acceso a la información o en otras normatividades. Finalmente, los ordenamientos de Nicaragua y Perú ordenan adoptar medidas presupuestales para garantizar el cumplimiento de las leyes.




  1. Todos los marcos normativos analizados cuentan con disposiciones en las cuales se establecen limitaciones al libre acceso a la información pública. La Relatoría especial es consciente de que regulación de las excepciones del derecho de acceso es uno de los temas de mayor complejidad e importancia de cada marco jurídico. En algunos casos, la propia legislación presenta algunas dificultades y en otros es la interpretación y aplicación de dicha legislación lo que ha generado problemas en la implementación, lo cual será objeto de estudio más detallado en futuros informes. A continuación se presentan algunas de las conclusiones más relevantes que atañen exclusivamente al diseño de los marcos normativos estudiados.




  1. En la mayoría de los países analizados las leyes de acceso a la información consagran el principio de máxima transparencia, la obligación de motivar las decisiones negativas, y establecen las causales que autorizan a un sujeto obligado a no entregar una información que ha sido solicitada. Normas como las leyes de Nicaragua y Guatemala establecen de manera expresa que cuando el sujeto obligado considere que es necesario clasificar como reservada o confidencial una información determinada debe realizar un examen de proporcionalidad sobre esa decisión antes de proferirla.




  1. Por lo general, las causales de reserva se limitan a la confidencialidad de los datos personales y a la reserva de la información que pueda afectar otros intereses como la seguridad nacional. En algunos casos ejemplares como Guatemala, México, Perú y Uruguay la legislación establece que no puede ser reservada la información sobre violaciones a los derechos humanos. Asimismo, en casos como el de México se exige que los sujetos obligados desarrollen índices públicos con la información que se considera reservada y en este país, en Nicaragua y en Guatemala se definen con mayor precisión que en otras legislaciones causales de contenido amplio como la que se refiere a la defensa de la seguridad nacional.




  1. No obstante, en algunos casos las excepciones son muy amplias sin que exista una definición conceptual clara y precisa de los términos utilizados en ellas o criterios legales para limitarlas, en consecuencia, su verdadero alcance se establece en el proceso de implementación, lo cual será objeto de futuros informes. Asimismo, en muchos marcos jurídicos no se establece la obligación de separar la información reservada de la que es pública, con lo cual los sujetos obligados podrían entender equivocadamente que si un documento tiene un aparte reservado puede mantener la reserva de todo su contenido, en contradicción con lo dispuesto por el principio de máxima publicidad.




  1. Por otra parte, en cuanto a los plazos de reserva, Ecuador, Nicaragua, Panamá, Uruguay, Perú, Chile, México, República Dominicana, Jamaica y Guatemala establecen plazos máximos iniciales de reserva. Todos ellos autorizan la prórroga de ese término, pero solamente Nicaragua, Panamá, Chile, y Guatemala contemplan un plazo máximo de prórroga. La legislación colombiana establece el plazo máximo de reserva, que puede variar entre 20 y 30 años, de acuerdo con la materia. En Argentina, el Reglamento sobre el Acceso a la Información en el Poder Ejecutivo Nacional (PEN) no se refiere a este punto. Finalmente, es importante anotar que en Chile se establece que la reserva sobre los asuntos de defensa nacional y de relaciones exteriores es indefinida.




  1. Ahora bien, en la mayoría de los casos, algunas de las causales de reserva continúan manteniendo un contenido amplio y por ello requerirían de medidas de implementación legales y administrativas como la existencia de criterios públicos en materia de información reservada y de mecanismos eficaces de protección. Una evaluación más detallada al respecto será objeto de posteriores estudios de la Relatoría Especial.


CAPÍTULO IV

REPARACIONES POR LA VIOLACIÓN AL ARTÍCULO 13 DE LA CONVENCIÓN AMERICANA Y OTROS DERECHOS RELACIONADOS CON RESTRICCIONES ILEGÍTIMAS AL DERECHO A LA LIBERTAD DE EXPRESIÓN


  1. Introducción




  1. Una pregunta recurrente cuando se produce la violación a un derecho humano o la restricción indebida de una libertad que debe ser garantizada por el Estado, es cómo proveer un remedio administrativo o judicial efectivo en el caso concreto. No sólo en el sentido de garantizar el acceso a un procedimiento justo, sino además, en el contenido específico que la orden judicial o administrativa deberá establecer para restituir la situación al Estado anterior a la violación o restricción indebida. La dificultad de esta situación se advierte con especial intensidad cuando se trata de derechos humanos. El dilema de hasta dónde es posible reparar las violaciones de derechos humanos ha sido objeto de múltiples discusiones académicas y políticas.




  1. La doctrina de las reparaciones en materia de derechos humanos ha enriquecido la disciplina del derecho internacional de los derechos humanos, y ha proporcionado soluciones tangibles para garantizar justicia efectiva a víctimas concretas de violaciones. En este escenario, la creciente práctica judicial de creación y fortalecimiento de una dogmática de las reparaciones en materia de derechos humanos, ha sido una de las contribuciones modernas más importantes de esta rama del derecho, y la jurisprudencia interamericana ha jugado un papel fundamental para dinamizarla.




  1. Esta tendencia jurisprudencial se ha visto reflejada también en materia de la violación o las restricciones indebidas al derecho establecido en el artículo 13 de la Convención Americana. La jurisprudencia interamericana ha desarrollado importantes aportes sobre las formas de enfrentar el dilema de reparar una situación que, dada la entidad del derecho a la libertad de expresión e información, tiene la potencialidad de afectar no sólo a la víctima directa, sino a la sociedad en su conjunto. Además, cuestiones sensibles como la oportunidad perdida para la obtención o difusión de la información, requieren de soluciones específicas a la hora de pensar en la reparación integral de las violaciones o restricciones.




  1. El presente informe tiene como propósito hacer un análisis sistemático de las decisiones interamericanas en materia de libertad de expresión y, particularmente, de las órdenes de reparación emitidas hasta octubre de 2011, que han involucrado violaciones o restricciones ilegítimas a la libertad establecida en el artículo 13 convencional. Con este objetivo, el informe se divide en tres partes principales. En la primera de ellas se hará un breve repaso del derecho a la reparación integral bajo los estándares establecidos por la doctrina y jurisprudencia interamericanas. En segundo lugar se hará una referencia a los casos objetos de estudio, en donde se resaltará la entidad del daño y las medidas que en virtud de ese daño han sido ordenadas por la Corte Interamericana. En tercer lugar, se presenta una revisión global de la jurisprudencia a partir de los cinco componentes de reparación reconocidos internacionalmente: restitución, compensación, satisfacción, rehabilitación y garantías de no repetición.


B. El derecho a la reparación en el derecho interamericano de los derechos humanos


  1. El concepto de reparación ha tenido un largo desarrollo en el derecho internacional público588, hasta convertirse en un principio básico del derecho internacional de los derechos humanos589 y del derecho internacional humanitario590. Bajo la lógica clásica del derecho internacional, la reparación es una obligación a cargo de los Estados por hechos que les son imputables como consecuencia de la violación de obligaciones internacionales por ellos adquiridas591. En consecuencia, los Estados responsables no pueden invocar las disposiciones de su derecho interno como justificación del incumplimiento de su obligación de reparar.




  1. Conforme al derecho internacional de los derechos humanos, el derecho de reparación tiene una doble dimensión: sustantiva y procesal. La dimensión sustantiva se orienta a proveer una reparación integral del daño causado, tanto material como moral. La dimensión procesal prevé el medio para garantizar ese resarcimiento sustantivo, y se subsume en la obligación de proporcionar “recursos internos efectivos”, la cual se encuentra explícita en la mayoría de los instrumentos de derechos humanos592. En este sentido, el Comité de Derechos Humanos de Naciones Unidas ha señalado que la obligación de los Estados de otorgar reparaciones a aquellas personas cuyos derechos reconocidos en el Pacto han sido vulnerados es un componente de los recursos internos efectivos. De acuerdo con el Comité: “[s]i no se da reparación a las personas cuyos derechos reconocidos en el Pacto hayan sido infringidos, queda sin cumplir la obligación de facilitar recursos efectivos”593.




  1. De manera similar, la Corte Interamericana de Derechos Humanos ha reiterado que las reparaciones son “medidas que tienden a hacer desaparecer los efectos de la violación y del daño ocasionado en los planos material e inmaterial” y que, por tanto, éstas “deben guardar relación con las violaciones”594. Asimismo, al evaluar que existen situaciones en las que no es posible disponer el “restablecimiento a la situación anterior” a la violación, la Corte “ha considerado la necesidad de otorgar diversas medidas de reparación, a fin de resarcir los daños de manera integral, por lo que además de las compensaciones pecuniarias, las medidas de restitución, satisfacción y garantías de no repetición tienen especial relevancia por los daños causados”595.




  1. Adicionalmente, tanto los instrumentos internacionales de derechos humanos como las decisiones y jurisprudencia de distintos órganos internacionales de protección han entendido que la satisfacción plena y adecuada del derecho a la reparación integral debe garantizar que la reparación sea proporcional a la violación sufrida, a su gravedad y a los daños padecidos. En este sentido, tanto los instrumentos internacionales de derechos humanos como las decisiones de distintos órganos internacionales de protección hacen referencia a la obligación de garantizar una reparación proporcional, adecuada y justa596.




  1. La restitución de la víctima a la situación en la que se encontraba antes de ocurrida la violación de sus derechos597, o restitutio in integrum, como le han denominado los tribunales, comprende las diferentes formas como un Estado puede hacer frente a la responsabilidad internacional en que ha incurrido. En la actualidad, existe un consenso internacional que establece, para efectos metodológicos, que las distintas medidas de reparación a las que podrían acceder las víctimas de violaciones pueden ordenarse a partir de cinco componentes específicos: la restitución, la indemnización, la satisfacción, la rehabilitación y las garantías de no repetición. Estas categorías pueden ser flexibles y las medidas de reparación pueden abarcar más de una categoría.




  1. Las medidas de restitución implican el restablecimiento, hasta donde sea posible, de la situación que existía antes de que ocurriera la violación. La Corte Interamericana ha establecido que esta restitución puede contemplar medidas tales como: a) el restablecimiento de la libertad de personas detenidas ilegalmente; b) la devolución de bienes confiscados ilegalmente; c) el regreso al lugar de residencia del cual la víctima fue desplazada; d) el reintegro al empleo; e) la anulación de antecedentes judiciales, administrativos, penales o policiales, y la cancelación de los registros correspondientes; y f) la devolución, demarcación y titulación del territorio tradicional de las comunidades indígenas para proteger su propiedad comunal598.




  1. Cuando la restitución resulta imposible, insuficiente o inadecuada, las medidas de compensación buscan reparar a las víctimas por los daños y perjuicios, físicos y morales sufridos, así como por la pérdida de ingresos y oportunidades, los daños materiales (daño emergente y lucro cesante), los ataques a la reputación, los gastos incurridos y los costos de asistencia jurídica y servicios médicos. La indemnización puede ser monetaria o en especie. La compensación en especie requiere la entrega de un bien material de las mismas características y en las mismas condiciones que aquel del cual fueron privadas las víctimas. La compensación monetaria o indemnización, ha de concederse de forma apropiada y proporcional a la gravedad de la violación, y a las circunstancias de cada caso, por todos los perjuicios económicamente evaluables que sean consecuencia de violaciones599. Asimismo, la Corte ha desarrollado el concepto de daño material600 e inmaterial601 y los supuestos en que corresponde indemnizarlos.




  1. Las medidas de rehabilitación, concepto vinculado al de la restitución, tienen por objeto reducir los padecimientos físicos y psicológicos de las víctimas, por medio de medidas dirigidas a brindar atención médica, psicológica y psiquiátrica, que permitan el restablecimiento de la dignidad y la reputación de las víctimas, así como los servicios jurídicos y sociales que requieran. Para cumplir con estos objetivos, las medidas de atención deberán ser brindadas a las víctimas de forma gratuita e inmediata, incluyendo la provisión de medicamentos602.




  1. Las medidas de satisfacción son medidas no pecuniarias que se encuentran dirigidas a reparar el daño inmaterial (sufrimientos y aflicciones causados por la violación, como el menoscabo de valores muy significativos para las personas, y cualquier alteración de carácter no pecuniario, en las condiciones de existencia de las víctimas). Pueden comprender asimismo actos u obras de alcance o repercusión pública, como la transmisión de un mensaje de reprobación oficial a las violaciones de los derechos humanos de que se trata, pretendiendo de esta manera la recuperación de la memoria de las víctimas, el reconocimiento de su dignidad y el consuelo de sus deudos603.




  1. Adicionalmente, en las medidas de satisfacción, en tanto su objeto es reconocer públicamente el daño sufrido por las víctimas a fin de dignificarlas, se incluyen las medidas de investigación y enjuiciamiento de los autores de graves violaciones de derechos humanos, el conocimiento y la difusión de la verdad, la búsqueda de los desaparecidos, la localización y entrega de los restos de los familiares muertos, el reconocimiento público del Estado de su responsabilidad, así como la presentación de disculpas públicas y testimonios oficiales, la realización de homenajes y conmemoraciones a las víctimas, la instalación de placas y/o monumentos, y los actos de desagravio a la memoria de las víctimas604. Muchas de estas medidas también sirven como garantías de no repetición, que se explican a continuación.




  1. Las garantías de no repetición se refieren a medidas idóneas, de carácter administrativo, legislativo o judicial, tendientes a superar las condiciones que permitieron que las víctimas fueran afectadas. Estas medidas tienen un alcance o repercusión pública, y en muchas ocasiones resuelven problemas estructurales viéndose beneficiadas no sólo las víctimas del caso, sino otros miembros y grupos de la sociedad605. En ese sentido, las garantías de no repetición pueden consistir, según su naturaleza y finalidad, en: a) capacitación a funcionarios públicos y educación a la sociedad en derechos humanos; b) adopción de medidas de derecho interno; c) adopción de medidas para garantizar la no repetición de violaciones, incluyendo la investigación, enjuiciamiento y sanción de los responsables.

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