Comisión interamericana de derechos humanos



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CAPÍTULO V

CONCLUSIONES Y RECOMENDACIONES




  1. Al igual que en anteriores oportunidades, la Relatoría Especial culmina su Informe Anual con un capítulo de conclusiones y recomendaciones. El objetivo de esta práctica es entablar un diálogo fluido con los Estados miembros que permita convertir a las Américas en un ejemplo en materia de respeto, garantía y promoción del derecho a la libertad de expresión.



  1. Violencia contra periodistas y medios de comunicación





  1. Al menos 28 comunicadores fueron asesinados en la región durante 2011 y varios más desaparecieron o tuvieron que desplazarse de sus lugares de trabajo, sin que hubiese sido descartado que esos hechos estén relacionados con el ejercicio de su profesión. A estos lamentables hechos se sumaron decenas de denuncias sobre actos de violencia, agresión, amenaza e intimidación contra comunicadores y medios presuntamente vinculados con el ejercicio del derecho a la libertad de expresión.




  1. Es importante resaltar que, durante 2011, se produjeron también avances en la investigación, procesamiento y sanción de los responsables de algunos de los crímenes cometidos contra periodistas en años previos. Sin embargo, pese a estos esfuerzos, la mayoría de estos delitos permanece en situación de preocupante impunidad.




  1. En relación con este punto, al igual que en años anteriores, la Relatoría Especial recomienda a los Estados miembros:




      1. Adoptar mecanismos de prevención adecuados para evitar la violencia contra los y las comunicadoras, incluyendo la condena pública a todo acto de agresión, el entrenamiento y capacitación a los funcionarios públicos y en especial de las fuerzas policíacas o de seguridad y, si fuere necesario, la expedición de guías de conducta o directrices de respeto a dicho derecho.




      1. Adoptar medidas eficaces de protección para garantizar la seguridad de quienes se encuentran sometidos a un riesgo especial por el ejercicio de su derecho a la libertad de expresión, ya sea que las amenazas provengan de agentes del Estado o que sean originadas en particulares.




      1. Realizar investigaciones serias, imparciales y efectivas sobre los asesinatos, agresiones, amenazas y actos de intimidación cometidos contra periodistas y trabajadores de medios de comunicación social. Lo anterior supone la existencia de cuerpos y protocolos especiales de investigación así como la definición y el agotamiento de hipótesis criminales relacionadas con el ejercicio profesional de la persona agredida.




      1. Juzgar por tribunales imparciales e independientes a todos los responsables de los asesinatos, agresiones, amenazas y actos de intimidación por causa del ejercicio de la libertad de expresión, y reparar adecuadamente a sus víctimas y familiares.




      1. Adoptar las medidas necesarias para que los comunicadores sociales en situación de riesgo que debieron desplazarse o exiliarse puedan retornar a sus hogares en condiciones de seguridad. Si estas personas no pudieran regresar, los Estados deben adoptar medidas para que puedan permanecer en el lugar elegido en condiciones dignas, con medidas de seguridad y con el apoyo económico necesario para conservar su trabajo y sus relaciones familiares.



  1. Criminalización de la expresión e impulso de la proporcionalidad en las sanciones ulteriores


  1. En algunos Estados miembros se registraron denuncias penales presentadas por funcionarios estatales por la publicación de opiniones o informaciones relacionadas con cuestiones de interés público. Es cierto que en varios de los casos estudiados, los procesos penales habrían sido finalmente desestimados. Empero, en otros, los jueces condenaron penalmente a los periodistas. La Relatoría Especial ha constatado la existencia de normas penales que continúan sin adecuarse a los estándares interamericanos en materia de protección a la libertad de expresión, y que permiten la imposición de medidas desproporcionadas que pueden tener un efecto silenciador incompatible con una sociedad democrática. En el mismo sentido, la Relatoría Especial recibió información en cuanto a la necesidad de adecuar las normas en materia civil para evitar el uso desproporcionado de las sanciones pecuniarias.




  1. Asimismo, la Relatoría Especial observa que resulta necesario que los Estados diseñen marcos regulatorios que respeten el ejercicio de la protesta social. Los Estados no deben dejar de tomar en cuenta que cuando se está frente a marcos institucionales que no favorecen la participación, o frente a serias barreras de acceso a formas más tradicionales de comunicación de masas, la protesta pública puede convertirse en el único medio que realmente permite que sectores discriminados o marginados del debate público puedan lograr que su punto de vista resulte escuchado y valorado.




  1. En relación con las normas que sancionan penal o civilmente la expresión, la Relatoría Especial recomienda a los Estados miembros:




    1. Promover la derogación de las leyes que consagran el desacato, cualquiera sea la forma en la que se presenten, dado que estas normas son contrarias a la Convención Americana y restringen el debate público, elemento esencial del funcionamiento democrático.




    1. Promover la modificación de las leyes sobre difamación criminal a fin de eliminar la utilización de procesos penales para proteger el honor y la reputación cuando se difunde información sobre asuntos de interés público, sobre funcionarios públicos o sobre candidatos a ejercer cargos públicos. La protección de la privacidad o el honor y la reputación de funcionarios públicos o de personas que voluntariamente se han interesado en asuntos de interés publico, debe estar garantizada solo a través del derecho civil.




    1. Promover la incorporación de los estándares interamericanos a la legislación civil de manera tal que los procesos civiles adelantados contra personas que han hecho declaraciones sobre funcionarios públicos o sobre asuntos de interés público apliquen el estándar de la actual o real malicia, de conformidad con lo dispuesto en el principio 10 de la Declaración de Principios y que resulten proporcionales y razonables.




    1. Promover la modificación de las leyes penales ambiguas o imprecisas que limitan la libertad de expresión de manera desproporcionada, como aquellas destinadas a proteger la honra de ideas o de instituciones, a fin de eliminar el uso de procesos penales para inhibir el libre debate democrático sobre todos los asuntos de interés público.




    1. Establecer regulaciones claras que garanticen el ejercicio legítimo de la protesta social y que impidan la aplicación de restricciones desproporcionadas que puedan ser utilizadas para inhibir o reprimir expresiones críticas o disidentes.



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