Comisión interamericana de derechos humanos



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1. DECLARACIÓN CONJUNTA SOBRE LIBERTAD DE EXPRESIÓN E INTERNET



El Relator Especial de las Naciones Unidas (ONU) para la Libertad de Opinión y de Expresión, la Representante para la Libertad de los Medios de Comunicación de la Organización para la Seguridad y la Cooperación en Europa (OSCE), la Relatora Especial de la Organización de Estados Americanos (OEA) para la Libertad de Expresión y la Relatora Especial sobre Libertad de Expresión y Acceso a la Información de la Comisión Africana de Derechos Humanos y de los Pueblos (CADHP).
Habiendo analizado estas cuestiones conjuntamente con la colaboración de ARTÍCULO 19, Campaña Mundial para la Libertad de Expresión (ARTICLE 19, Global Campaign for Free Expression) y el Centro para la Libertad y la Democracia (Centre for Law and Democracy);
Recordando y reafirmando nuestras Declaraciones Conjuntas del 26 de noviembre de 1999, el 30 de noviembre de 2000, el 20 de noviembre de 2001, el 10 de diciembre de 2002, el 18 de diciembre de 2003, el 6 de diciembre de 2004, el 21 de diciembre de 2005, el 19 de diciembre de 2006, el 12 de diciembre de 2007, el 10 de diciembre de 2008, el 15 de mayo de 2009 y el 3 de febrero de 2010;
Enfatizando, una vez más, la importancia fundamental de la libertad de expresión —incluidos los principios de independencia y diversidad— tanto en sí misma como en cuanto herramienta esencial para la defensa de todos los demás derechos, como elemento fundamental de la democracia y para el avance de los objetivos de desarrollo;
Destacando el carácter transformador de Internet, como medio que permite que miles de millones de personas en todo el mundo expresen sus opiniones, a la vez que incrementa significativamente su capacidad de acceder a información y fomenta el pluralismo y la divulgación de información;
Atentos al potencial de Internet para promover la realización de otros derechos y la participación pública, asó como para facilitar el acceso a bienes y servicios;
Celebrando el notable crecimiento del acceso a Internet en casi todos los países y regiones del mundo, y observando a la vez que miles de millones de personas aún no tienen acceso a Internet o cuentan con formas de acceso de menor calidad;
Advirtiendo que algunos gobiernos han actuado o adoptado medidas con el objeto específico de restringir indebidamente la libertad de expresión en Internet, en contravención al derecho internacional;
Reconociendo que el ejercicio de la libertad de expresión puede estar sujeto a aquellas restricciones limitadas que estén establecidas en la ley y que resulten necesarias, por ejemplo, para la prevención del delito y la protección de los derechos fundamentales de terceros, incluyendo menores, pero recordando que tales restricciones deben ser equilibradas y cumplir con las normas internacionales sobre el derecho a la libertad de expresión;
Preocupados porque, aun cuando se realicen de buena fe, muchas de las iniciativas de los gobiernos en respuesta a la necesidad antes mencionada no toman en cuenta las características especiales de Internet y, como resultado, restringen de manera indebida la libertad de expresión;
Considerando los mecanismos del enfoque multisectorial del Foro para la Gobernanza de Internet de la ONU;
Conscientes del amplio espectro de actores que participan como intermediarios de Internet —y brindan servicios como acceso e interconexión a Internet, transmisión, procesamiento y encaminamiento del tráfico en Internet, alojamiento de material publicado por terceros y acceso a este, referencia a contenidos o búsqueda de materiales en Internet, transacciones financieras y facilitación de redes sociales— y de los intentos de algunos Estados de responsabilizar a estos actores por contenidos nocivos o ilícitos;
Adoptamos, el 1 de junio de 2011, la siguiente Declaración Conjunta sobre Libertad de Expresión e Internet:
1. Principios generales
a. La libertad de expresión se aplica a Internet del mismo modo que a todos los medios de comunicación. Las restricciones a la libertad de expresión en Internet solo resultan aceptables cuando cumplen con los estándares internacionales que disponen, entre otras cosas, que deberán estar previstas por la ley y perseguir una finalidad legítima reconocida por el derecho internacional y ser necesarias para alcanzar dicha finalidad (la prueba "tripartita").
b. Al evaluar la proporcionalidad de una restricción a la libertad de expresión en Internet, se debe ponderar el impacto que dicha restricción podría tener en la capacidad de Internet para garantizar y promover la libertad de expresión respecto de los beneficios que la restricción reportaría para la protección de otros intereses.
c. Los enfoques de reglamentación desarrollados para otros medios de comunicación —como telefonía o radio y televisión— no pueden transferirse sin más a Internet, sino que deben ser diseñados específicamente para este medio, atendiendo a sus particularidades.
d. Para responder a contenidos ilícitos, debe asignarse una mayor relevancia al desarrollo de enfoques alternativos y específicos que se adapten a las características singulares de Internet, y que a la vez reconozcan que no deben establecerse restricciones especiales al contenido de los materiales que se difunden a través de Internet.
e. La autorregulación puede ser una herramienta efectiva para abordar las expresiones injuriosas y, por lo tanto, debe ser promovida.
f. Deben fomentarse medidas educativas y de concienciación destinadas a promover la capacidad de todas las personas de efectuar un uso autónomo, independiente y responsable de Internet (“alfabetización digital”).
2. Responsabilidad de intermediarios
a. Ninguna persona que ofrezca únicamente servicios técnicos de Internet como acceso, búsquedas o conservación de información en la memoria caché deberá ser responsable por contenidos generados por terceros y que se difundan a través de estos servicios, siempre que no intervenga específicamente en dichos contenidos ni se niegue a cumplir una orden judicial que exija su eliminación cuando esté en condiciones de hacerlo (“principio de mera transmisión”).
b. Debe considerarse la posibilidad de proteger completamente a otros intermediarios, incluidos los mencionados en el preámbulo, respecto de cualquier responsabilidad por los contenidos generados por terceros en las mismas condiciones establecidas en el párrafo 2(a). Como mínimo, no se debería exigir a los intermediarios que controlen el contenido generado por usuarios y no deberían estar sujetos a normas extrajudiciales sobre cancelación de contenidos que no ofrezcan suficiente protección para la libertad de expresión (como sucede con muchas de las normas sobre “notificación y retirada” que se aplican actualmente).
3. Filtrado y bloqueo
a. El bloqueo obligatorio de sitios Web enteros, direcciones IP, puertos, protocolos de red o ciertos tipos de usos (como las redes sociales) constituye una medida extrema—análoga a la prohibición de un periódico o una emisora de radio o televisión— que solo podría estar justificada conforme a estándares internacionales, por ejemplo, cuando sea necesaria para proteger a menores del abuso sexual.
b. Los sistemas de filtrado de contenidos impuestos por gobiernos o proveedores de servicios comerciales que no sean controlados por el usuario final constituyen una forma de censura previa y no representan una restricción justificada a la libertad de expresión.
c. Se debe exigir que los productos destinados a facilitar el filtrado por los usuarios finales estén acompañados por información clara dirigida a dichos usuarios acerca del modo en que funcionan y las posibles desventajas si el filtrado resulta excesivo.
4. Responsabilidad penal y civil
a. La competencia respecto de causas vinculadas con contenidos de Internet debería corresponder exclusivamente a los Estados con los que tales causas presenten los contactos más estrechos, normalmente debido a que el autor reside en ese Estado, el contenido se publicó desde allí y/o este se dirige específicamente al Estado en cuestión. Los particulares solo deberían poder iniciar acciones judiciales en una jurisdicción en la que puedan demostrar haber sufrido un perjuicio sustancial (esta norma busca prevenir lo que se conoce como "turismo de la difamación").
b. Las normas de responsabilidad, incluidas las exclusiones de responsabilidad, en los procedimientos civiles, deberían tener en cuenta el interés general del público en proteger tanto la expresión como el foro en el cual se pronuncia (es decir, la necesidad de preservar la función de “lugar público de reunión” que cumple Internet).
c. En el caso de contenidos que hayan sido publicados básicamente con el mismo formato y en el mismo lugar, los plazos para la interposición de acciones judiciales deberían computarse desde la primera vez que fueron publicados y solo debería permitirse que se presente una única acción por daños respecto de tales contenidos y, cuando corresponda, se debería permitir una única reparación por los daños sufridos en todas las jurisdicciones (regla de la “publicación única”).
5. Neutralidad de la red
a. El tratamiento de los datos y el tráfico de Internet no debe ser objeto de ningún tipo de discriminación en función de factores como dispositivos, contenido, autor, origen y/o destino del material, servicio o aplicación.
b. Se debe exigir a los intermediarios de Internet que sean transparentes respecto de las prácticas que emplean para la gestión del tráfico o la información, y cualquier información relevante sobre tales prácticas debe ser puesta a disposición del público en un formato que resulte accesible para todos los interesados.
6. Acceso a Internet
a. Los Estados tienen la obligación de promover el acceso universal a Internet para garantizar el disfrute efectivo del derecho a la libertad de expresión. El acceso a Internet también es necesario para asegurar el respeto de otros derechos, como el derecho a la educación, la atención de la salud y el trabajo, el derecho de reunión y asociación, y el derecho a elecciones libres.
b. La interrupción del acceso a Internet, o a parte de este, aplicada a poblaciones enteras o a determinados segmentos del público (cancelación de Internet) no puede estar justificada en ningún caso, ni siquiera por razones de orden público o seguridad nacional. Lo mismo se aplica a las medidas de reducción de la velocidad de navegación de Internet o de partes de este.
c. La negación del derecho de acceso a Internet, a modo de sanción, constituye una medida extrema que solo podría estar justificada cuando no existan otras medidas menos restrictivas y siempre que haya sido ordenada por la justicia, teniendo en cuenta su impacto para el ejercicio de los derechos humanos.
d. Otras medidas que limitan el acceso a Internet, como la imposición de obligaciones de registro u otros requisitos a proveedores de servicios, no son legítimas a menos que superen la prueba establecida por el derecho internacional para las restricciones a la libertad de expresión.
e. Los Estados tienen la obligación positiva de facilitar el acceso universal a Internet. Como mínimo, los Estados deberían:
i. Establecer mecanismos regulatorios —que contemplen regímenes de precios, requisitos de servicio universal y acuerdos de licencia— para fomentar un acceso más amplio a Internet, incluso de los sectores pobres y las zonas rurales más alejadas.
ii. Brindar apoyo directo para facilitar el acceso, incluida la creación de centros comunitarios de tecnologías de la información y la comunicación (TIC) y otros puntos de acceso público.
iii. Generar conciencia sobre el uso adecuado de Internet y los beneficios que puede reportar, especialmente entre sectores pobres, niños y ancianos, y en las poblaciones rurales aisladas.
iv. Adoptar medidas especiales que aseguren el acceso equitativo a Internet para personas con discapacidad y los sectores menos favorecidos.
f. A fin de implementar las medidas anteriores, los Estados deberían adoptar planes de acción detallados de varios años de duración para ampliar el acceso a Internet, que incluyan objetivos claros y específicos, así como estándares de transparencia, presentación de informes públicos y sistemas de monitoreo.
Frank LaRue

Relator Especial de las Naciones Unidas para la Libertad de Opinión y de Expresión


Dunja Mijatović

Representante de la OSCE para la Libertad de los Medios de Comunicación


Catalina Botero Marino

Relatora Especial de la OEA para la Libertad de Expresión


Faith Pansy Tlakula

Relatora Especial de la CADHP sobre Libertad de Expresión y Acceso a la Información


2. Declaración conjunta sobre Wikileaks
Relator Especial de las Naciones Unidas para la Protección y Promoción del Derecho a la Libertad de Opinión y de Expresión
Relatora Especial para la Libertad de Expresión de la Comisión Interamericana de Derechos Humanos
21 de diciembre de 2010 – Ante los acontecimientos relacionados con la divulgación de comunicaciones diplomáticas por parte de la organización Wikileaks y la posterior publicación de dicha información en los medios masivos de comunicación, el Relator Especial de las Naciones Unidas (ONU) para la Libertad de Opinión y de Expresión y la Relatora Especial para la Libertad de Expresión de la Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH) consideran oportuno poner de presente una serie de principios jurídicos internacionales. Los relatores hacen un llamado a los Estados y a los demás actores relevantes para que tengan en cuenta los mencionados principios al responder a los acontecimientos mencionados.
1. El derecho de acceso a la información en poder de autoridades públicas es un derecho humano fundamental sometido a un estricto régimen de excepciones. El derecho a la libertad de expresión protege el derecho de toda persona a tener libre acceso a la información pública y a conocer las actuaciones de los gobiernos. Se trata de un derecho particularmente importante para la consolidación, el funcionamiento y la preservación de los sistemas democráticos, por lo cual ha recibido un alto grado de atención por parte de la comunidad internacional. Sin la garantía de este derecho sería imposible conocer la verdad, exigir una adecuada rendición de cuentas y ejercer de manera integral los derechos de participación política. Las autoridades nacionales deben adoptar medidas activas a fin de asegurar el principio de máxima transparencia, derrotar la cultura del secreto que todavía prevalece en muchos países y aumentar el flujo de información sujeta a divulgación.
2. En todo caso, el derecho de acceso a la información debe estar sometido a un sistema limitado de excepciones, orientadas a proteger intereses públicos o privados preeminentes, como la seguridad nacional o los derechos y la seguridad de las personas. Las leyes que regulan el carácter secreto de la información deben definir con exactitud el concepto de seguridad nacional y especificar claramente los criterios que deben aplicarse para determinar si cierta información puede o no declararse secreta. Las excepciones al derecho de acceso a la información basadas, entre otras razones, en la seguridad nacional deberán aplicarse únicamente cuando exista un riesgo cierto de daño sustancial a los intereses protegidos y cuando ese daño sea superior al interés general del público de consultar dicha información. Resulta contrario a los estándares internacionales considerar información reservada o clasificada la referente a violaciones de derechos humanos.
3. Es responsabilidad exclusiva de las autoridades públicas y sus funcionarios mantener la confidencialidad de la información legítimamente reservada que se encuentre bajo su control. Las otras personas, como los periodistas, integrantes de medios de comunicación o miembros de la sociedad civil que tengan acceso y difundan información reservada por considerarla de interés público, no deben ser sometidas a sanciones por violación del deber de reserva, a menos que hubiesen cometido fraude u otro delito para obtenerla. Los denunciantes ("whistleblowers") que, siendo empleados gubernamentales, divulguen información sobre violaciones del ordenamiento jurídico, casos graves de corrupción, la existencia de una amenaza grave para la salud, la seguridad o el medio ambiente, o violaciones de derechos humanos o del derecho internacional humanitario deberán estar protegidos frente sanciones legales, administrativas o laborales siempre que hayan actuado de buena fe. Cualquier intento de imponer sanciones ulteriores contra quienes difunden información reservada debe fundamentarse en leyes previamente establecidas aplicadas por órganos imparciales e independientes con garantías plenas de debido proceso, incluyendo el derecho de recurrir el fallo.
4. La injerencia ilegítima o las presiones directas o indirectas de los gobiernos respecto de cualquier expresión o información difundida a través de cualquier medio de comunicación oral, escrito, artístico, visual o electrónico, para incidir en su contenido por razones políticas, deben estar prohibidas por la ley. Esta injerencia ilegítima incluye las acciones interpuestas por motivos políticos contra periodistas y medios de comunicación independientes, y el bloqueo de sitios Web y dominios de Internet por causas políticas. En particular, es inaceptable que los funcionarios públicos sugieran la comisión de actos ilegítimos de represalia contra quienes han difundido información reservada.
5. Los bloqueos o sistemas de filtración de Internet no controlados por usuarios finales, impuestos por un proveedor gubernamental o comercial del servicio son una forma de censura previa y no pueden ser justificados. Las empresas que proveen servicios de Internet deben esforzarse para asegurar que se respeten los derechos de sus clientes de usar Internet sin interferencias arbitrarias.
6. Los mecanismos periodísticos de autorregulación han contribuido significativamente a desarrollar buenas prácticas sobre cómo abordar y comunicar temas complejos y sensibles. La responsabilidad periodística es especialmente necesaria cuando se reporta información de fuentes confidenciales que puede afectar valiosos bienes jurídicamente protegidos como los derechos fundamentales o la seguridad de las personas. Los códigos de ética para periodistas deben contemplar la necesidad de evaluar el interés público en conocer la información. Dichos códigos también resultan de utilidad para las nuevas formas de comunicación y para los nuevos medios, los cuales deben adoptar voluntariamente buenas prácticas éticas para asegurar, entre otras cosas, que la información publicada sea precisa, presentada imparcialmente, y que no cause daño sustancial y desproporcionado a bienes jurídicos legítimamente protegidos por las leyes como los derechos humanos.
Catalina Botero Marino

Relatora Especial de la para la Libertad de Expresión

Comisión Interamericana de Derechos Humanos
Frank LaRue

Relator Especial de las Naciones Unidas



Para la Protección y Promoción del Derecho a la Libertad de Opinión y de Expresión

D. Comunicados de Prensa

1. COMUNICADO DE PRENSA R119/10
RELATORÍA ESPECIAL EXPRESA PREOCUPACIÓN POR INTERVENCIÓN DEL ESTADO

DE VENEZUELA EN GLOBOVISIÓN
Washington D.C., 8 de diciembre de 2010 - La Relatoría Especial para la Libertad de Expresión de la Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH) expresa su preocupación por la posible intervención del Estado de Venezuela en el canal de televisión Globovisión a través de la toma de control por parte de un ente público del veinte por ciento de su composición accionaria.
Según la información recibida, el viernes 3 de diciembre de 2010 la Superintendencia de Bancos y Otras Instituciones Financieras (Sudeban) publicó en la Gaceta Oficial una resolución en virtud de la cual resolvió disolver la sociedad comercial Sindicato Ávila C.A., empresa vinculada al Grupo Financiero Federal de Nelson Mezerhane. Dicha sociedad es dueña del veinte por ciento de las acciones de Corpomedios GV Inversiones, la empresa propietaria del canal Globovisión. La disolución de la empresa Sindicato Ávila C.A. podría implicar que el gobierno asuma el control de las acciones que la empresa posee en Globovisión, pudiendo así participar a través de sus representantes en la asamblea societaria.
Los periodistas y propietarios del canal Globovisión han sido objeto de numerosos actos de hostigamiento y estigmatización como efecto del ejercicio de su derecho a la libertad de expresión. En particular, la medida de liquidación que podría dar origen a la intervención del Gobierno en Globovisión estuvo precedida de constantes manifestaciones públicas de las más altas autoridades estatales a través de las cuales ponían de presente su repudio a la línea editorial de Globovisión y expresaban claramente su voluntad de intervenir el canal.
En efecto, el 16 de junio de 2010 el Presidente de la República Bolivariana de Venezuela, Hugo Chávez Frías, cuestionó que los accionistas de Globovisión Guillermo Zuloaga y Nelson Mezerhane, que son objeto de procesos judiciales impulsados por el Ministerio Público de Venezuela, tuvieran el control del canal. El Presidente, en una cadena oficial, señaló que la intervención gubernamental de las empresas de Nelson Mezerhane, propietarias de un porcentaje de las acciones del canal, le daban el derecho al gobierno de designar un representante en la Junta directiva de Globovisión.
El mismo día, en referencia al proceso judicial seguido contra Guillermo Zuloaga, el diputado del Partido Socialista Unido de Venezuela Carlos Escarrá declaró en el programa “La Hojilla”: “El Estado puede pedir perfectamente como medida cautelar la administración de las acciones que tiene el Señor Zuloaga en Globovisión, lo que haría al Estado accionista mayoritario de Globovisión. Como accionista mayoritario, no te digo el 55 por ciento, hermano, sobre la base de eso el Estado tendría aproximadamente el 77 por ciento (…). Supera con creces el 55 por ciento de esa empresa fantasma”.
Posteriormente, el 2 de julio de 2010, el Presidente, en cadena nacional de radio y televisión, nuevamente se refirió al canal de televisión señalando: “Vamos a ver quién aguanta más: si la locura de Globovisión o Venezuela”. Y añadió: “Así que habrá que pensar qué va a pasar con ese canal, pues, qué va a pasar, porque los dueños andan huyendo de la justicia. Y yo hago un llamado a los que están al frente de ese canal que no son sus dueños, (…) cumpliendo instrucciones de sus dueños prófugos escondidos, están tratando de desestabilizar al país por órdenes de sus dueños…; es muy peligroso permitir que un canal de televisión incendie un país, no podemos permitirlo”.
El 20 de noviembre de 2010, el Presidente Hugo Chávez concedió una entrevista al canal Venezolana de Televisión en la cual acusó a Guillermo Zuloaga de orquestar una conspiración criminal para asesinarlo y llamó al vicepresidente Elías Jaua, a la Fiscal General y al Tribunal Supremo de Justicia, para que adoptaran las decisiones que fueran necesarias para intervenir el canal si Guillermo Zuloaga no se presentaba en Venezuela. Dijo el Presidente: “Algo hay que hacer. O el dueño viene a defender sus propiedades, a dar la cara, como debería ser, o bueno algo hay que hacer en relación con este canal”. Un día después el Presidente de la República reiteró ese llamado de intervención a las autoridades de los otros poderes. A su juicio, era necesario intervenir Globovision dado que se trataba de un canal de propiedad de personas investigadas por la justicia, que permanece “echándole plomo todos los días al gobierno, al pueblo, desfigurando la verdad, ¡algo tiene que hacer este gobierno y el Estado venezolano al respecto!”.
Ante estas declaraciones, el 22 de noviembre de 2010 la Relatoría Especial solicitó al Estado venezolano que informara a esta oficina, entre otras cosas, qué pruebas existían contra Guillermo Zuloaga para sustentar las acusaciones del Presidente y si se había tomado alguna medida contra Globovisión. El 24 de noviembre de 2010, el Estado de Venezuela respondió que “hasta el momento no se ha tomado ningún tipo de acción contra la televisora Globovisión, ya que cada uno de los poderes constitucionalmente establecidos son independientes entre sí, por lo cual las simples declaraciones realizadas por el Presidente no revisten una orden a la cual deban someterse los otros poderes del Estado”. Añadió que las declaraciones del Presidente hacían parte de su libertad de expresión.
El 23 de noviembre en un acto celebrado en el Salón Elíptico de la Asamblea Nacional, transmitido en cadena nacional de radio y televisión, el Presidente de la República, en referencia a la necesidad de “radicalizar la revolución”, indicó que el Estado no podía permanecer en silencio mientras Guillermo Zuluaga iba al “Congreso del imperio a arremeter contra Venezuela y que siga teniendo aquí un canal de televisión”.
El 3 de diciembre de 2010 se hizo pública la decisión adoptada el 16 de noviembre, en virtud de la cual el Estado podría tomar el control y la administración de un porcentaje de la composición accionaría de la empresa dueña del canal de televisión Globovisión.
La intervención del Estado en un canal de televisión cuya línea editorial le resulta incómoda, con el propósito de influir en sus contenidos, se encuentra prohibida por el artículo 13 de la Convención Americana, que establece en su inciso 3 que “no se puede restringir el derecho de expresión por vías o medios indirectos, tales como el abuso de controles oficiales o particulares de papel para periódicos, de frecuencias radioeléctricas, o de enseres y aparatos usados en la difusión de información o por cualesquiera otros medios encaminados a impedir la comunicación y la circulación de ideas y opiniones.”
En el mismo sentido, el Principio 13 de la Declaración de Principios sobre Libertad de Expresión de la CIDH establece que la utilización del poder del Estado con el objetivo de presionar y castigar a los comunicadores sociales y a los medios de comunicación “en función de sus líneas informativas, atenta contra la libertad de expresión. Los medios de comunicación social tienen derecho a realizar su labor en forma independiente. Presiones directas o indirectas dirigidas a silenciar la labor informativa de los comunicadores sociales son incompatibles con la libertad de expresión”.
La Relatoría Especial llama al Estado de Venezuela a apegarse a los más estrictos estándares internacionales en materia de libertad de expresión de forma tal que se garantice el derecho pleno del canal de señal abierta Globovisión de ejercer, sin intervenciones indebidas del Gobierno ni presiones arbitrarias, el derecho a la libertad de expresión, así como el derecho a la integridad y seguridad personal, y al debido proceso e imparcialidad judicial de los y las periodistas del canal y sus propietarios.
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