Comisión interamericana de derechos humanos



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2. COMUNICADO DE PRENSA R122/10
CIDH EXPRESA PREOCUPACIÓN ANTE PROYECTOS DE LEY EN VENEZUELA QUE PUEDEN AFECTAR LA PLENA VIGENCIA DE LOS DERECHOS HUMANOS
Washington D.C., 15 de diciembre de 2010 - La Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH) y su Relatoría Especial para la Libertad de Expresión manifiestan su preocupación por tres proyectos de ley que podrían aprobarse en los próximos días en Venezuela.
El poder ejecutivo ha solicitado a la Asamblea Nacional la aprobación de una Ley Habilitante que delega en el Ejecutivo la potestad de sancionar leyes durante el plazo de un año. Tanto la norma constitucional como la ley de delegación omiten establecer los límites necesarios para que exista un verdadero control de la facultad legislativa del poder ejecutivo, no existiendo un mecanismo que posibilite una correlación equilibrada del poder público como garantía para la vigencia de los derechos humanos.
La separación de poderes como garantía del Estado de Derecho requiere de una separación efectiva, no meramente formal, de los poderes ejecutivo y legislativo. La posibilidad de que los órganos elegidos democráticamente para crear leyes deleguen esta facultad en el poder ejecutivo no constituye en sí misma un atentado contra la separación de poderes o el Estado democrático, en tanto no genere restricciones irrazonables o desvirtúe el contenido de los derechos humanos. Sin embargo, la protección de los derechos humanos requiere que los actos estatales que los afecten de manera fundamental no queden al arbitrio del poder público, sino que estén rodeados de un conjunto de garantías para asegurar que no se vulneren los atributos inviolables de la persona. Asimismo, al permitirse delegaciones legislativas en términos demasiado amplios, que puedan incluso referirse a materias penales, se afecta el principio de legalidad necesario para realizar restricciones a los derechos humanos. La frecuente concentración de las funciones ejecutiva y legislativa en un solo poder sin que la Constitución y la Ley Habilitante establezcan los límites y controles adecuados, permite la interferencia en la esfera de los derechos y libertades.
De especial preocupación para la CIDH en la Ley Habilitante actualmente en estudio en la Asamblea Nacional es la facultad que delega al poder ejecutivo de establecer normas que prevean las sanciones que deban aplicarse en caso de comisión de hechos punibles. Asimismo, la Ley Habilitante permitirá al poder ejecutivo legislar en materia de cooperación internacional. En este sentido, la CIDH reitera su preocupación ante la posibilidad de que las Organizaciones No Gubernamentales de Derechos Humanos vean seriamente comprometida su capacidad para desempeñar sus importantes funciones. La Comisión Interamericana reitera la recomendación contenida en su informe Democracia y Derechos Humanos en Venezuela, publicado en 2010, de modificar el artículo 203 de la Constitución de Venezuela, en tanto permite la delegación de facultades legislativas al Presidente de la República sin establecer límites definidos ni determinados al contenido de la delegación.
Asimismo, la ley Habilitante asigna al Presidente de la República facultades amplias, imprecisas y ambiguas para dictar y reformar normas regulatorias en el sector de las telecomunicaciones y la tecnología de información. Adicionalmente, la Asamblea discute reformar las leyes de Telecomunicaciones y de Responsabilidad Social en Radio y Televisión para extender la aplicación de dichas normas a los medios electrónicos, imponer requisitos desproporcionados para hacer imposible la continuidad de canales de televisión críticos como Globovisión e intervenir en los contenidos de todos los medios de comunicación.
Los proyectos prohíben a todos los medios emitir mensajes que “inciten o promuevan el odio”, “fomenten zozobra en la ciudadanía” o “desconozcan a las autoridades”, entre otras nuevas prohibiciones igualmente vagas y ambiguas. Asimismo, establecen que las empresas proveedoras de servicios de Internet deberán crear mecanismos “que permitan restringir (…) la difusión” de ese tipo de mensajes y establece la responsabilidad de esas empresas por expresiones de terceros.
Al hacer responsables a los operadores y extender la aplicación de normas vagas y ambiguas que han sido cuestionadas por la CIDH y la Relatoría Especial en su informe Democracia y Derechos Humanos en Venezuela (2009), el proyecto avanza de una forma sin precedentes sobre la libertad de expresión en Internet. La iniciativa sanciona a los intermediarios por discursos producidos por terceros a través de normas ambiguas, bajo supuestos que la ley no define y sin que exista en la norma garantías elementales de debido proceso. Ello implicaría una seria restricción al derecho a la libertad de expresión garantizado por la Convención Americana sobre Derechos Humanos.
Finalmente, los proyectos establecen nuevas condiciones para la actividad de radiodifusión que parecen dirigidas a restringir la influencia de los medios audiovisuales independientes de Venezuela. Por ejemplo, el proyecto exige que todos los licenciatarios de servicios de radiodifusión se deban reinscribir ante la autoridad competente pese a que sus licencias fueron autorizadas en debida forma. En caso de tratarse de sociedades mercantiles, el proyecto exige que la nueva inscripción se haga en forma "personal" por cada uno de los accionistas. Este extraño requisito podría afectar la licencia de Globovisión, ya que sus principales accionistas se encuentran sometidos a un proceso penal por causas ajenas a la propiedad o administración de ese canal y han solicitado asilo político en otro país de la región. El proyecto tiende a crear mecanismos muy eficaces de intervención en los contenidos para evitar la circulación de información que resulte incomoda para el gobierno y a crear un monopolio público de facto que restringe de manera absoluta los principios de diversidad y pluralismo que deben regir la radiodifusión.
La CIDH y su Relatoría Especial para la Libertad de Expresión consideran que estas medidas implican un muy grave retroceso para la libertad de expresión que afecta principalmente a los grupos disidentes y minoritarios que encuentran en Internet un espacio libre y democrático para la difusión de sus ideas. Asimismo, al avanzar sobre la influencia de los medios audiovisuales privados, los proyectos de ley mencionados restringen aún más los espacios de debate público sobre la actuación de las autoridades venezolanas y favorecen a la cada vez más poderosa voz del Estado y las autoridades de gobierno.
La CIDH es un órgano principal y autónomo de la Organización de los Estados Americanos (OEA), cuyo mandato surge de la Carta de la OEA y de la Convención Americana sobre Derechos Humanos. La Comisión Interamericana tiene el mandato de promover la observancia de los derechos humanos en la región y actúa como órgano consultivo de la OEA en la materia. La CIDH está integrada por siete miembros independientes que son elegidos por la Asamblea General de la OEA a título personal, y no representan sus países de origen o residencia.
3. COMUNICADO DE PRENSA R125/10
RELATORÍA ESPECIAL PARA LA LIBERTAD DE EXPRESIÓN CONDENA

ASESINATO DE PERIODISTA EN HONDURAS
Washington D.C., 29 de diciembre de 2010. - La Relatoría Especial para la Libertad de Expresión de la Comisión Interamericana de Derechos Humanos condena el asesinato del periodista Henry Suazo, ocurrido el martes 28 de diciembre en la localidad de La Masica, Honduras. La Relatoría Especial manifiesta su profunda preocupación por la grave situación de los periodistas en Honduras e insta al Estado a impulsar las investigaciones de éste y los otros casos de periodistas asesinados, que hoy se encuentran en total impunidad.
De acuerdo con la información recibida, dos personas dispararon contra Henry Suazo cuando salía de su casa. El periodista era corresponsal de la radio HRN y trabajaba para una televisora local. Días atrás el comunicador habría denunciado en la radio que había sido amenazado de muerte mediante un mensaje de texto en su teléfono.
En 2010 fueron asesinados en Honduras, entre otros comunicadores y defensores de derechos humanos, los periodistas Israel Zelaya, muerto en San Pedro Sula el 24 de agosto; Joseph Hernández, asesinado el 1 de marzo en Tegucigalpa; David Meza Montesinos, asesinado en La Ceiba el 11 de marzo; Nahúm Palacios, muerto en Tocoa el 14 de marzo; Bayardo Mairena y Manuel Juárez, asesinados en Juticalpa el 26 de marzo; Jorge Alberto (Georgino) Orellana, muerto el 20 de abril en San Pedro Sula; y Luis Arturo Mondragón asesinado el 14 de junio en El Paraíso. Todos los crímenes se mantienen en la impunidad. En ninguna de las investigaciones las autoridades hondureñas han reportado algún progreso significativo.
La Relatoría Especial recuerda al Estado que el principio 9 de la Declaración de Principios sobre Libertad de Expresión de la CIDH señala: “El asesinato, secuestro, intimidación, amenaza a los comunicadores sociales, así como la destrucción material de los medios de comunicación, viola los derechos fundamentales de las personas y coarta severamente la libertad de expresión. Es deber de los Estados prevenir e investigar estos hechos, sancionar a sus autores y asegurar a las víctimas una reparación adecuada”.
La Relatoría Especial insiste al Estado en la necesidad de crear cuerpos y protocolos especiales de investigación, así como mecanismos de protección destinados a garantizar la integridad de quienes se encuentran amenazados por su actividad periodística. Como ya lo ha reiterado esta oficina, resulta urgente que el Estado hondureño investigue de forma completa, efectiva e imparcial los crímenes cometidos contra los periodistas e identifique, procese y sancione adecuadamente a los responsables.
4. Comunicado de Prensa R1/11
Relatoría Especial manifiesta su preocupación por hostigamiento de radios comunitarias en Honduras
Washington D.C., 11 de enero de 2011 – La Relatoría Especial para la Libertad de Expresión de la Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH) expresa su preocupación ante los recientes actos de hostigamiento sufridos por varias radios comunitarias en Honduras. La Relatoría Especial insta al Estado hondureño a investigar estos hechos y garantizar que ni sus agentes ni particulares realicen actos de hostigamiento contra quienes ejercen su libertad de expresión a través de emisoras comunitarias.
De acuerdo con la información recibida, el 5 de enero de 2011, integrantes de Servicio de Medición Eléctrico de Honduras (SEMEH) habrían ingresado a las oficinas del Consejo Cívico de Organizaciones Populares e Indígenas de Honduras (COPINH) en la ciudad de La Esperanza. Según la información recibida, los integrantes de SEMEH habrían cortado la electricidad, dejando sin posibilidad de transmisión a las radios comunitarias Guarajambala y La Voz Lenca que forman parte de la organización COPINH. La información recibida indica que el objetivo de los representantes de SEMEH era impedir que estas radios pudieran seguir trasmitiendo, como represalia por los contenidos críticos de sus emisiones.
Adicionalmente, la Relatoría Especial recibió información según la cual dos periodistas de la emisora comunitaria La Voz de Zacate Grande habrían sido detenidas en el ejercicio de sus funciones periodísticas el pasado 15 de diciembre de 2010. Según la información recibida, las corresponsales Elia Hernández y Elba Rubio cubrían el desalojo de tierras de una familia en la comunidad de Coyolito en la isla de Zacate Grande cuando habrían sido detenidas por miembros de la policía preventiva y la fuerza naval. La información recibida indica que las reporteras habrían sido despojadas de sus acreditaciones periodísticas y sus cámaras, detenidas e incomunicadas durante 36 horas, y acusadas del delito de desobediencia.
La Relatoría Especial manifiesta su preocupación por estos hechos y recuerda que el Principio 9 de la Declaración de Principios sobre Libertad de Expresión de la CIDH señala: “El asesinato, secuestro, intimidación, amenaza a los comunicadores sociales, así como la destrucción material de los medios de comunicación, viola los derechos fundamentales de las personas y coarta severamente la libertad de expresión. Es deber de los Estados prevenir e investigar estos hechos, sancionar a sus autores y asegurar a las víctimas una reparación adecuada”.

5. COMUNICADO DE PRENSA R05/11
RELATORÍA ESPECIAL MANIFIESTA PREOCUPACIÓN POR AGRESIÓN A PERIODISTA DOMINICANO

Washington D.C., 3 de febrero de 2010 — La Relatoría Especial para la Libertad de Expresión de la Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH) manifiesta su preocupación ante el ataque sufrido por el periodista dominicano Francisco Frías Morel por parte de presuntos agentes policiales, el 28 de enero en la ciudad de Nagua, en República Dominicana.


De acuerdo con la información recibida, Frías Morel y un grupo de periodistas cubrían el funeral de un joven que habría fallecido en un enfrentamiento con la Policía, cuando agentes policiales dispararon perdigones y lanzaron bombas de gas lacrimógeno contra al cortejo fúnebre. Varios proyectiles hirieron al periodista en la cara y el abdomen. El comandante policial en Nagua, Coronel Juan Antonio Lora Castro, sostuvo que la acción policial no se dirigió contra los periodistas sino que pretendía dispersar a una multitud que calificó como "alborotada".
Frías Morel dirige la radio Cabrera FM, escribe un blog de noticias, coproduce un programa de noticias en radio Trébol FM y es asesor de prensa de un senador local. Según lo informado a la Relatoría Especial, el periodista había cuestionado en diferentes medios la versión policial acerca de las circunstancias en las que murió el joven.
La Relatoría Especial insta a las autoridades del Estado a investigar el incidente con diligencia y prontitud, para identificar al agresor, imponer una sanción proporcionada y reparar los daños a la víctima, con el fin de hacer justicia e impedir que este tipo de hechos se repitan.
El noveno principio de la Declaración de Principios sobre Libertad de Expresión de la CIDH establece que: “El asesinato, secuestro, intimidación, amenaza a los comunicadores sociales, así como la destrucción material de los medios de comunicación, viola los derechos fundamentales de las personas y coarta severamente la libertad de expresión. Es deber de los Estados prevenir e investigar estos hechos, sancionar a sus autores y asegurar a las víctimas una reparación adecuada”.

6. COMUNICADO DE PRENSA R11/11
RELATORÍA ESPECIAL CONDENA ATAQUE ARMADO CONTRA MEDIOS DE COMUNICACIÓN EN MEXICO
Washington D.C., 14 de febrero de 2011— La Relatoría Especial para la Libertad de Expresión condena el ataque armado sufrido por la televisora del Grupo Multimedios y la emisora Radiorama, el 9 de febrero en el estado de Coahuila, México, que causó la muerte a un ingeniero de la cadena televisiva. La Relatoría Especial insta al Estado a implementar de manera pronta y adecuada medidas efectivas para garantizar la seguridad de los medios de comunicación y sus trabajadores, así como emprender una investigación diligente y oportuna que permita identificar y juzgar a los responsables y reparar a las víctimas y a sus familiares.
De acuerdo con la información recibida, varias personas encapuchadas y armadas ingresaron el miércoles al lugar de transmisión de Radiorama, donde golpearon a dos personas y dañaron equipos. Posteriormente irrumpieron en las instalaciones del Grupo Multimedios donde asesinaron al ingeniero Rodolfo Ochoa Moreno, cuando intentaba llamar por teléfono para pedir ayuda. El Grupo Multimedios ya había sufrido otros ataques del crimen organizado: el 26 de mayo de 2009 fue asesinado el periodista del diario La Opinión Milenio, Eliseo Barrón, y en julio de 2010 fue secuestrado durante varios días el camarógrafo de Milenio TV, Javier Canales.
La Relatoría Especial recuerda al Estado mexicano que, según el noveno principio de la Declaración de Principios de Libertad de Expresión de la CIDH, “el asesinato, secuestro, intimidación, amenaza a los comunicadores sociales, así como la destrucción material de los medios de comunicación, viola los derechos fundamentales de las personas y coarta severamente la libertad de expresión. Es deber de los Estados prevenir e investigar estos hechos, sancionar a sus autores y asegurar a las víctimas una reparación adecuada”.
El crimen cometido el 9 de febrero confirma una vez más la grave situación de inseguridad que afecta a los medios de comunicación mexicanos y a sus trabajadores, tal como ya lo habían constatado los relatores para la libertad de expresión de la CIDH y la Organización de Naciones Unidas en su visita conjunta a México en agosto de 2010. La Relatoría Especial reitera la urgente necesidad de que el Estado implemente de inmediato una política integral de prevención, protección y procuración de justicia destinada a garantizar el ejercicio libre y seguro del periodismo. Tales medidas urgentes incluyen el fortalecimiento de la Fiscalía Especial para la Atención de Delitos Cometidos Contra la Libertad de Expresión, la federalización de tales crímenes en aquellos casos que lo ameriten y la implementación efectiva de los mecanismos de protección que se han propuesto recientemente.

7. COMUNICADO DE PRENSA R26/11
RELATORÍA ESPECIAL CONDENA CRIMEN CONTRA DOS TRABAJADORES DE MEDIOS DE COMUNICACIÓN EN MEXICO
Washington DC, 29 de marzo de 2011— La Relatoría Especial para la Libertad de Expresión de la Comisión Interamericana de Derechos Humanos condena el asesinato en México de José Luis Cerda Meléndez, presentador de un programa humorístico de Televisa, de un familiar suyo y de Luis Ruiz Carrillo reportero del periódico La Prensa, de Cohauila. La Relatoría Especial llama al Estado mexicano a investigar el crimen, identificar y sancionar a los responsables y reparar adecuadamente a las victimas de estos hechos y sus familiares.
De acuerdo con la información recibida, el presentador del programa cómico El Club, José Luis Cerda Meléndez, fue encontrado asesinado el viernes 25 de marzo en la ciudad de Monterrey. En otra zona de la ciudad aparecieron los cuerpos de Luis Ruiz Carrillo, periodista del diario la Prensa que elaboraba un reportaje acerca de Cerda, y de Juan Roberto Gómez Meléndez, primo del presentador televisivo. Los tres habían sido secuestrados la noche anterior cerca de la emisora donde trabajaba Cerda Meléndez, luego de haber terminado la grabación del programa.
Como lo constataron los relatores de libertad de expresión de la CIDH y las Naciones Unidas en su visita conjunta a ese país en agosto de 2010, la violencia contra trabajadores de los medios de comunicación en México es alarmante y tiende a agravarse. Este crimen reafirma la urgente necesidad de que el Estado implemente de inmediato una política integral de prevención, protección y procuración de justicia ante la situación crítica de violencia que enfrentan las y los periodistas en México.
La Relatoría Especial insta al Estado mexicano a impulsar medidas que protejan el ejercicio libre y seguro del periodismo, como el fortalecimiento de la Fiscalía Especial para la Atención de Delitos Cometidos Contra la Libertad de Expresión, el traslado a la justicia federal de las investigaciones de los crímenes contra comunicadores en aquellos casos que lo ameriten y la implementación adecuada de los mecanismos de seguridad recientemente creados, de forma tal que se proteja efectivamente la vida e integridad de los periodistas amenazados.
La Relatoría Especial recuerda al Estado mexicano que, según el noveno principio de la Declaración de Principios de Libertad de Expresión de la CIDH, “el asesinato, secuestro, intimidación, amenaza a los comunicadores sociales, así como la destrucción material de los medios de comunicación, viola los derechos fundamentales de las personas y coarta severamente la libertad de expresión. Es deber de los Estados prevenir e investigar estos hechos, sancionar a sus autores y asegurar a las víctimas una reparación adecuada”.

8. COMUNICADO DE PRENSA R27/11
RELATORÍA ESPECIAL MANIFIESTA PREOCUPACIÒN POR AGRESIONES CONTRA COMUNICADORES EN HONDURAS
Washington DC, 30 de marzo de 2011 — La Relatoría Especial para la Libertad de Expresión de la Comisión Interamericana de Derechos Humanos manifiesta su preocupación ante una serie de agresiones que han sufrido comunicadores hondureños durante el mes de marzo del presente año. La Relatoría Especial insta al Estado hondureño a investigar estos hechos y a garantizar la vida y la integridad de las personas amenazadas y agredidas.
De acuerdo con la información recibida, el 25 de marzo agentes policiales habrían disparado bombas de gas lacrimógeno contra el reportero de Canal 36-Cholusat, Richard Casulá, y el camarógrafo Salvador Sandoval, cuando cubrían la respuesta policial a una manifestación de educadores en Tegucigalpa. Sandoval fue herido en la cara y Casulá quedó intoxicado por la inhalación de los gases. El 22 de marzo, la Policía también habría agredido a la periodista Lidieth Díaz, al camarógrafo Rodolfo Sierra, de Canal 36-Cholusat, y al director de Radio Globo, David Romero, mientras conversaban con un grupo de profesores. En otro incidente, según lo informado, el 21 de marzo agentes policiales habrían disparado bombas de gas lacrimógeno y balas de goma a la periodista Sandra Maribel Sánchez, directora de Radio Gualcho, y al camarógrafo de Globo TV, Uriel Rodríguez, cuando cubrían un desalojo de maestros, en Tegucigalpa.
A estos hechos se suma el ataque a balazos contra el director de la radio comunitaria La Voz de Zacate Grande, Franklin Meléndez, quien fue herido en una pierna el pasado 13 de marzo. Según lo informado, ese día dos hombres reclamaron a Meléndez su cobertura de conflictos por tenencia de la tierra en la zona y uno de ellos le disparó. Además, reporteros de La Voz de Zacate Grande habrían recibido recientemente serias amenazas de muerte, por lo que han solicitado medidas cautelares de protección.
La Relatoría Especial manifiesta su preocupación por estos hechos que se suman a las graves agresiones y homicidios cometidos contra periodistas en este país durante el 2010 y recuerda que el Principio 9 de la Declaración de Principios sobre Libertad de Expresión de la CIDH señala: “El asesinato, secuestro, intimidación, amenaza a los comunicadores sociales, así como la destrucción material de los medios de comunicación, viola los derechos fundamentales de las personas y coarta severamente la libertad de expresión. Es deber de los Estados prevenir e investigar estos hechos, sancionar a sus autores y asegurar a las víctimas una reparación adecuada”.

9. COMUNICADO DE PRENSA R31/11
RELATORÍA ESPECIAL PRESENTA SU INFORME ANUAL 2010
Washington, D.C., 15 de abril de 2011. La Comisión Interamericana de Derechos Humanos presentó ayer ante la Comisión de Asuntos Jurídicos y Políticos de la Organización de Estados Americanos (OEA) su Informe Anual 2010, en el cual se incluye el Informe Anual 2010 de la Relatoría Especial para la Libertad de Expresión.
En sus conclusiones, la Relatoría Especial resalta que durante 2010 hubo avances en la investigación, procesamiento y sanción de los responsables de algunos de los crímenes cometidos contra periodistas en años previos. Sin embargo, pese los esfuerzos reportados, la mayoría de estos delitos permanece en situación de preocupante impunidad. El año anterior, al menos 24 comunicadores fueron asesinados en la región y dos más fueron primero secuestrados y finalmente asesinados, por motivos que podrían estar relacionados con el ejercicio de su profesión. En la mayoría de las agresiones cometidas, no se han reportado investigaciones que conduzcan a la identificación, procesamiento y sanción de los responsables o a la adecuada reparación de las víctimas y sus familiares.
En el Informe, la Relatoría Especial constata la existencia de normas penales en algunos Estados de la región que continúan sin adecuarse a los estándares interamericanos en materia de protección a la libertad de expresión, y que permiten la imposición de medidas desproporcionadas que pueden tener un efecto silenciador incompatible con el vigor del debate que debe caracterizar a una sociedad democrática. En el mismo sentido, la Relatoría Especial señala la necesidad de adecuar las normas en materia civil para evitar el uso desproporcionado de las sanciones pecuniarias.
También preocupa a la Relatoría Especial las declaraciones sistemáticas de algunas altas autoridades estatales que, por razón de la línea editorial de un medio o periodista critico, descalifican su labor acusándolos de actos ilícitos o aumentando el riesgo para su vida o integridad. Resulta particularmente grave que, en algunos de estos casos, a las declaraciones de las autoridades motivadas por la línea editorial del medio o periodista les hayan seguido actos violentos contra las personas cuestionadas, la apertura de procedimientos judiciales desproporcionados o la apertura de procesos administrativos que amenazarían con el retiro de las concesiones, permisos o licencias de funcionamiento de los medios de comunicación críticos.
El capítulo 2 del Informe Anual 2010 contiene una evaluación de la situación del derecho a la libertad de expresión en los países de la región. El Informe Anual incluye el reporte, conclusiones y recomendaciones de la visita oficial a México que la Relatoría Especial realizó en agosto de 2010 en compañía de la Relatoría de las Naciones Unidas para la Libertad de Opinión y Expresión. Esta Relatoría Especial agradece la invitación del Estado mexicano para realizar esta visita y la diligencia y amplitud con la cual facilitó el acceso a las autoridades federales y estatales y a las organizaciones no gubernamentales, periodistas y familiares de periodistas asesinados. Para la Relatoría resulta de particular preocupación el riesgo que significa para la vida e integridad de los periodistas y el impacto que tiene sobre el ejercicio periodístico, la fuerte presencia del crimen organizado en muchas de las regiones donde hubo atentados contra comunicadores, así como la ausencia de investigaciones concluidas en la mayoría de esos casos; sin embargo, reconoce los más recientes esfuerzos de la Fiscalía Especial y espera que los mismos puedan brindar prontos resultados. Dada la situación de violencia descrita, el Informe Especial hace énfasis en las agresiones contra las y los comunicadores y en los resultados de las correspondientes investigaciones. El informe resalta algunas de las más recientes acciones del Estado, como la creación de un mecanismo especial de protección para los y las comunicadores en riesgo y el sistema que se ha desarrollado en el ámbito de la transparencia y acceso a la información. El Informe incluye también los avances y desafíos del Estado así como las correspondientes recomendaciones sobre el derecho de acceso a la información; temas de radiodifusión, en particular sobre radiodifusión comunitaria; el régimen legal en materia de libertad de expresión y otros asuntos relevantes como la regulación de la pauta oficial, entre otros.
Finalmente, el Informe Anual 2010 incluye tres capítulos dedicados a estudiar (i) el alcance del derecho de acceso a la información sobre violaciones de derechos humanos, (ii) buenas prácticas de tribunales nacionales en materia de acceso a la información en las Américas,  y (iii) los principios que deben ser atendidos para asegurar que la publicidad oficial no pueda ser utilizada como mecanismo de presión sobre los medios o periodistas críticos o independientes.
El Informe Anual 2010 de la Relatoría Especial está disponible en este enlace: http://www.cidh.oas.org/annualrep/2010sp/RELATORÍA_2010_ESP.pdf
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