Comisión interamericana de derechos humanos



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10. COMUNICADO DE PRENSA R32/11
RELATORÍA ESPECIAL PARA LA LIBERTAD DE EXPRESIÓN EXPRESA PREOCUPACIÓN POR LA EXISTENCIA Y EL USO DE NORMAS PENALES DE DESACATO CONTRA PERSONAS QUE HAN EXPRESADO CRÍTICAS CONTRA DIGNATARIOS PÚBLICOS EN ECUADOR
Washington D.C., 15 de abril de 2011. – La Relatoría Especial para la Libertad de Expresión de la Comisión Interamericana de Derechos Humanos expresa su preocupación por la existencia y el uso de normas penales de desacato y vilipendio así como de normas civiles que podrían conducir a la imposición de sanciones desproporcionadas a personas que han formulado públicamente expresiones críticas contra los más altos dignatarios públicos en Ecuador.
En efecto, los artículos 489, 491 y 493 del TÍTULO VII, del Código Penal ecuatoriano, titulado “DE LOS DELITOS CONTRA LA HONRA”, establecen, entre otras cosas, penas agravadas para quien formule “falsa imputación de un delito” o “toda otra expresión proferida en descrédito, deshonra o menosprecio”, de una “autoridad”. En particular, el artículo 493 establece penas de multa y de uno a tres años de prisión a quienes “hubieren dirigido a la autoridad imputaciones que constituyan injuria calumniosa”. Asimismo, el Código Penal en su artículo 128 establece el delito de vilipendio, al indicar que el que públicamente, y fuera de los casos previstos en el Código, “ofendiere o vilipendiare a las instituciones públicas o a la Fuerza Pública, el que cometiere cualquier burla o desacato, con palabras o acciones, contra la Bandera, el Escudo o el Himno de la Patria” tendrá una pena de multa y de seis meses a tres años de privación de libertad.
Según la información con que cuenta la Relatoría Especial, el 21 de marzo de 2011 el Presidente de la República, Rafael Correa, presentó una querella penal por el delito de injurias calumniosas a una “autoridad”, en contra de quienes integran el directorio de la compañía anónima El Universo, editora del diario El Universo, así como del editor de la sección de opinión del mismo diario, Emilio Palacio. El Presidente pidió al juez de la causa condenar a los acusados a la pena máxima de tres años de prisión y a pagar una multa de 50 millones de dólares, y solicitó una sanción de 30 millones de dólares para la empresa propietaria del periódico. La demanda se origina en una columna de Palacio, publicada el 6 de febrero de 2011, titulada “No a las mentiras”. En otro caso, el 28 de febrero de 2011 el presidente Rafael Correa demandó civilmente a los periodistas de investigación Juan Carlos Calderón y Christian Zurita por la publicación del libro “Gran Hermano”. En el escrito, el mandatario pide una indemnización de 10 millones de dólares por daño moral presuntamente causado. Asimismo, entre otros hechos, el pasado 5 de marzo, el presidente Correa anunció en su programa Enlace Ciudadano que demandaría penalmente por el delito de desacato al ciudadano Marcos Luis Sovenis, que le gritó "fascista" durante una visita a la ciudad de Babahoyo, el 25 de febrero de 2011.
La existencia de normas que penalizan la expresión ofensiva contra funcionarios públicos o leyes de desacato, en cualquiera de sus formas, resulta contraria a los estándares interamericanos en materia de libertad de expresión. En particular, el Principio 11 de la Declaración de Principios sobre Libertad de Expresión aprobada por la CIDH en octubre de 2000 sostiene que “[l]as leyes que penalizan la expresión ofensiva dirigida a funcionarios públicos generalmente conocidas como ‘leyes de desacato’ atentan contra la libertad de expresión y el derecho a la información”.
Asimismo, en cuanto al uso de otras disposiciones penales para defender la honra de los servidores públicos, la Declaración de Principios sobre Libertad de expresión, aprobada por la Comisión Interamericana de Derechos Humanos, establece en su principio 10 que “la protección a la reputación debe estar garantizada sólo a través de sanciones civiles, en los casos en que la persona ofendida sea un funcionario público o persona pública o particular que se haya involucrado voluntariamente en asuntos de interés público. Además, en estos casos, debe probarse que en la difusión de las noticias el comunicador tuvo intención de infligir daño o pleno conocimiento de que se estaba difundiendo noticias falsas o se condujo con manifiesta negligencia en la búsqueda de la verdad o falsedad de las mismas”. En el mismo sentido y como ya se mencionó, el principio 11 de la misma Declaración, indica que “los funcionarios públicos están sujetos a un mayor escrutinio por parte de la sociedad”.
A este respecto, la Comisión Interamericana ha sostenido que la utilización del derecho penal para sancionar expresiones sobre funcionarios públicos vulnera en sí misma el artículo 13 de la Convención Americana, ya que:
“no hay un interés social imperativo que la justifique, resulta innecesaria y desproporcionada, y además puede constituir un medio de censura indirecta dado su efecto amedrentador e inhibidor del debate sobre asuntos de interés público”.
A su turno, la Corte Interamericana ha establecido que las limitaciones penales a los derechos humanos, como el derecho a la libertad de expresión, deben establecerse en leyes redactadas de manera clara y precisa evitando términos vagos o ambiguos que otorgan demasiada discrecionalidad a las autoridades que las aplican, algo incompatible con la Convención Americana. A este respecto vale la pena mencionar que en el caso Kimel la Corte Interamericana encontró que las normas de calumnia e injuria que habían sido aplicadas para sancionar al periodista no reunían este requisito dada su extrema vaguedad y por ello, la Corte ordenó al Estado Argentino: “adecuar en un plazo razonable su derecho interno a la Convención Americana sobre Derechos Humanos, de tal forma que las imprecisiones () se corrijan para satisfacer los requerimientos de seguridad jurídica y, consecuentemente, no afecten el ejercicio del derecho a la libertad de expresión”.
Asimismo, al evaluar la aplicación del derecho penal a quien ha formulado opiniones críticas o ha circulado información que compromete a los más altos servidores públicos, la Corte Interamericana ha aplicado el principio de proporcionalidad a partir de la importancia estructural que tiene para la democracia la protección del debate público sobre altos dignatarios. Sobre este último asunto ha dicho la Corte:
“En una sociedad democrática los funcionarios públicos están más expuestos al escrutinio y la crítica del público. Este diferente umbral de protección se explica porque se han expuesto voluntariamente a un escrutinio más exigente. Sus actividades salen del dominio de la esfera privada para insertarse en la esfera del debate público. Este umbral no se asienta en la calidad del sujeto, sino en el interés público de las actividades que realiza”.
En cuanto a la eventual responsabilidad civil, la Corte Interamericana ha establecido que las condenas civiles en materia de libertad de expresión deben ser estrictamente proporcionadas de manera que no causen un efecto inhibitorio sobre la expresión, ya que “el temor a la sanción civil, ante la pretensión […] de una reparación civil sumamente elevada, puede ser a todas luces tan o más intimidante e inhibidor para el ejercicio de la libertad de expresión que una sanción penal, en tanto tiene la potencialidad de comprometer la vida personal y familiar de quien denuncia a un funcionario público, con el resultado evidente y disvalioso de autocensura, tanto para el afectado como para otros potenciales críticos de la actuación de un servidor público”.
Finalmente, en una decisión de enorme importancia la Corte Interamericana ha sostenido lo siguiente:
“En la arena del debate sobre temas de alto interés público, no sólo se protege la emisión de expresiones inofensivas o bien recibidas por la opinión pública, sino también la de aquellas que chocan, irritan o inquietan a los funcionarios públicos o a un sector cualquiera de la población”.
En este punto, resulta relevante mencionar lo establecido por la Relatoría Especial para la Libertad de Expresión en su Informe Anual 2009, en el cual esta oficina observó con satisfacción el Anteproyecto de Código Orgánico de Garantías Penales, que eliminaría, entre otros, los delitos de ofensas contra funcionarios públicos, el desacato y ciertas modalidades de injuria. Tal y como lo manifestó la oficina en la citada oportunidad, dicha iniciativa toma en cuenta la doctrina y la jurisprudencia interamericanas que ya han sido mencionadas. En consecuencia, recomendamos al Estado de Ecuador y a sus altos funcionarios, promover la aprobación de esta nueva legislación, que en gran medida podría evitar que se produzcan algunos de los hechos a los que se refiere la presente comunicación.
Como ya lo ha indicado la Relatoría Especial, en la mayoría de los Estados de la región se ha derogado el delito de desacato en cualquiera de sus formas. Asimismo, en México fueron derogadas las normas federales que permitían enjuiciar por injuria y calumnia a quien ofendiera el honor de un funcionario público y en muchos Estados de la federación se ha seguido la misma práctica. En este sentido, la Suprema Corte de Justicia de dicho país consideró que las normas sobre injuria y calumnia de la Ley de Imprenta del Estado de Guanajuato, por su extrema vaguedad e imprecisión, eran incompatibles con la Constitución y con los estándares del sistema interamericano en materia de libertad de expresión .En 2007 la Asamblea Nacional de Panamá despenalizó los delitos de injurias y calumnias cuando se trate de informaciones críticas u opiniones acerca de actos u omisiones oficiales de altos servidores públicos. En abril de 2009, el Tribunal Supremo Federal de Brasil declaró incompatible con la Constitución Federal a la Ley de Prensa, que imponía severas penas de cárcel y pecuniarias a los comunicadores por los delitos de difamación e injurias. En junio de 2009, el Poder Legislativo de Uruguay eliminó del Código Penal las sanciones por la divulgación de información u opiniones sobre funcionarios estatales y asuntos de interés público, salvo cuando la persona presuntamente afectada logre demostrar la existencia de “real malicia”. En noviembre de 2009, el Senado argentino sancionó una reforma del Código Penal para la despenalización de los delitos de injuria y calumnia, que había sido aprobada por la Cámara de Diputados un mes antes. Siguiendo esta tendencia, la Corte Suprema de Costa Rica derogó, en diciembre de 2009, el artículo 7 de la Ley de Imprenta que establecía la pena de arresto por delitos contra el honor. Actualmente las normas de injuria y calumnia del Código Penal colombiano están siendo estudiadas por la Corte Constitucional de ese país.
En atención a las consideraciones anteriores, la Relatoría Especial recomienda al Estado de Ecuador adecuar su ordenamiento y prácticas internas a la doctrina y jurisprudencia vigentes en materia de libertad de expresión del sistema interamericano de protección de derechos humanos.

11. COMUNICADO DE PRENSA R36/11
RELATORÍA ESPECIAL CONDENA LA MUERTE VIOLENTA DE UN PERIODISTA EN BOLIVIA
Washington D.C., 28 de abril de 2011 — La Relatoría Especial para la Libertad de Expresión de la Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH) condena la muerte violenta del periodista David Niño de Guzmán y considera de la mayor importancia la orden impartida por el gobierno del presidente Evo Morales, para investigar de manera inmediata las circunstancias del deceso. La Relatoría Especial encuentra fundamental que las autoridades emprendan investigaciones exhaustivas y diligentes con el fin de impedir la impunidad de esta muerte, esclarecer sus móviles, reparar a los familiares del comunicador y evitar la repetición de este tipo de hechos de violencia extrema.
De acuerdo con la información recibida, David Niño de Guzmán había desaparecido desde la noche del martes 19 de abril, cuando salió de su apartamento tras recibir una llamada telefónica, y apareció muerto el jueves 21 de abril, en el lecho de un río en La Paz, destrozado por una carga explosiva. Las autoridades todavía desconocen la razón del fallecimiento e investigan varias hipótesis. La Relatoría Especial solicita a los investigadores no descartar la posibilidad de que las causas de la muerte se originen en el ejercicio profesional del periodismo.
David Niño, de 42 años, era el Jefe de Prensa de la Agencia de Noticias Fides, un medio de comunicación de la Iglesia Católica en Bolivia. Durante más de 15 años había trabajado con diversos medios de comunicación bolivianos, como Presencia, Última Hora, La Razón y El Diario.
El principio 9 de la Declaración de Principios sobre Libertad de Expresión señala que el “asesinato, secuestro, intimidación, amenaza a los comunicadores sociales, así como la destrucción material de los medios de comunicación viola los derechos fundamentales de las personas y coarta severamente la libertad de expresión. Es deber de los Estados prevenir e investigar estos hechos, sancionar a sus autores y asegurar a las víctimas una reparación adecuada”. En efecto, hechos de esta naturaleza no solo lesionan los derechos humanos de las víctimas sino que generaran un gravísimo efecto intimidatorio que afecta severamente el derecho a la libertad de expresión.

12. COMUNICADO DE PRENSA R38/11
RELATORÍA ESPECIAL CONDENA EL ASESINATO DE UN REPORTERO GRAFICO EN EL SALVADOR
Washington D.C. 2 de mayo de 2011 — La Relatoría Especial para la Libertad de Expresión de la Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH) condena el crimen contra el reportero gráfico salvadoreño Alfredo Hurtado y solicita a las autoridades de ese Estado conducir una investigación exhaustiva que tome en cuenta la posibilidad de que el crimen haya sido motivado por el trabajo periodístico de la víctima.
De acuerdo con la información recibida, Alfredo Hurtado se dirigía a su trabajo la noche del lunes 25 de abril, cuando dos hombres armados subieron al autobús en el cual viajaba y le dispararon en varias ocasiones. Los asesinos no robaron ninguna pertenencia y habrían escapado hacia una localidad cercana donde operan grupos delictivos.
Según la información disponible, Hurtado trabajaba como camarógrafo nocturno del noticiero Teleprensa, del Canal 33, y tenía más de 20 años de experiencia. De manera cotidiana cubría hechos criminales e información acerca de violencia de pandillas. Las autoridades policiales salvadoreñas han sugerido diversas hipótesis como motivo del asesinato. Sin embargo, voceros de la empresa donde laboraba y organizaciones periodísticas salvadoreñas no descartan que el crimen pueda estar relacionado con las actividades profesionales del camarógrafo.
La Relatoría Especial exhorta a las autoridades salvadoreñas a impedir la impunidad de este crimen mediante el impulso decidido de las investigaciones que permitan aclarar el motivo del crimen y juzgar y sancionar adecuadamente a los responsables. El combate de la impunidad es un paso esencial para desincentivar la violencia y su impacto en derechos como la vida y la libertad de expresión.
La Relatoría Especial recuerda que, según el noveno principio de la Declaración de Principios sobre Libertad de Expresión de la CIDH: “El asesinato, secuestro, intimidación, amenaza a los comunicadores sociales, así como la destrucción material de los medios de comunicación, viola los derechos fundamentales de las personas y coarta severamente la libertad de expresión. Es deber de los Estados prevenir e investigar estos hechos, sancionar a sus autores y asegurar a las víctimas una reparación adecuada”.

13. COMUNICADO DE PRENSA R40/11
Relatoría Especial llama a estados de las AmÉricas a implementar recomendaciones necesarias para fortalecer la libertad de expresión
Washington D.C., 3 de mayo de 2011.- En el Día Mundial de la Libertad de Prensa, la Relatoría Especial para la Libertad de Expresión de la Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH) reconoce los importantes avances alcanzados en algunos Estados de la región en materia de lucha contra la impunidad de los crímenes cometidos contra los y las periodistas, así como progresos en los marcos legales referentes a la libertad de expresión. En particular la Relatoría Especial reconoce que en la mayoría de los Estados de la región se ha derogado el delito de desacato y existe una marcada tendencia a despenalizar los delitos contra el honor cuando se trate de informaciones críticas u opiniones acerca de actos u omisiones de funcionarios públicos.
Sin embargo, como lo advierte en el informe anual 2010, lamentablemente se ha incrementado la violencia y el hostigamiento contra los y las periodistas en algunos Estados. Solo en 2010, la Relatoría Especial registró en la región la muerte de 26 comunicadores que podrían estar relacionadas con el ejercicio de la libertad de expresión y múltiples hechos de agresión, amenazas y criminalización relacionados con el ejercicio de este derecho. También ha existido un aumento en la aplicación de las normas penales y la solicitud de medidas civiles desproporcionadas contra quienes, en ejercicio legítimo de su derecho a la libertad de opinión y expresión, han criticado a las autoridades públicas. Finalmente, continúan presentes desafíos fundamentales en materia de diversidad y pluralismo en el debate democrático sin que existan políticas adecuadas en todos los Estados para evitar la existencia de monopolios públicos o privados en la propiedad y/o el control de los medios de comunicación, ni medidas especiales que faciliten el acceso de los grupos marginados o discriminados al debate público.
Ante esta realidad la Relatoría Especial considera necesario y oportuno en este día recordar a los Estados de la región la importancia de implementar una serie de recomendaciones ya señaladas en el Informe Anual de la Relatoría Especial del año 2010, necesarias para hacer real y efectivo el derecho a la libertad de expresión en el hemisferio y evitar que hechos de naturaleza grave se repitan, con el consiguiente deterioro de la democracia y de la protección de los derechos humanos:
1. En cuanto a la violencia contra periodistas y medios de comunicación:
a. Realizar investigaciones serias, imparciales y efectivas sobre los asesinatos, agresiones, amenazas y actos de intimidación cometidos contra periodistas y trabajadores de medios de comunicación social. También deben investigarse adecuadamente estos crímenes cuando son cometidos con el propósito de silenciar el ejercicio del derecho a la libertad de expresión de cualquier individuo. En este sentido, deben adoptarse las medidas necesarias para lograr el avance en las investigaciones, así como la creación de cuerpos especializados y protocolos especiales de investigación.
b. Juzgar por tribunales imparciales e independientes a todos los responsables de los asesinatos, agresiones, amenazas y actos de intimidación por causa del ejercicio de la libertad de expresión, y reparar adecuadamente a sus víctimas y familiares.
c. Condenar públicamente estos hechos para prevenir acciones que fomenten tales crímenes.
d. Adoptar las medidas necesarias para garantizar la seguridad de quienes son agredidos y amenazados por el ejercicio de su derecho a la libertad de expresión, ya sea que estos actos provengan de agentes del Estado o que sean cometidos por particulares.
e. Adoptar las medidas necesarias para que los comunicadores sociales en situación de riesgo que debieron desplazarse o exiliarse puedan retornar a sus hogares en condiciones de seguridad. Si estas personas no pudieran regresar, los Estados deben adoptar medidas para que puedan permanecer en el lugar elegido en condiciones dignas, con medidas de seguridad y con el apoyo económico necesario para conservar su trabajo y sus relaciones familiares.
2. En cuanto a la criminalización de la expresión e impulso de la proporcionalidad en las sanciones ulteriores:
a. Promover la derogación de las leyes que consagran el desacato, cualquiera sea la forma en la que se presenten, dado que estas normas son contrarias a la Convención Americana y restringen el debate público, elemento esencial del funcionamiento democrático.
b. Promover la modificación de las leyes sobre difamación criminal a fin de eliminar la utilización de procesos penales para proteger el honor y la reputación cuando se difunde información sobre asuntos de interés público, sobre funcionarios públicos o sobre candidatos a ejercer cargos públicos.
c. Promover la modificación de las leyes sobre injuria de ideas o de instituciones a fin de eliminar el uso de procesos penales para inhibir el libre debate democrático sobre todos los asuntos.
d. Establecer regulaciones claras que garanticen el ejercicio legítimo de la protesta social y que impidan la aplicación de restricciones desproporcionadas que puedan ser utilizadas para inhibir o reprimir expresiones críticas o disidentes.
e. La protección a la reputación debe estar garantizada sólo a través de sanciones civiles, en los casos en que la persona ofendida sea un funcionario público o persona pública o particular que se haya involucrado voluntariamente en asuntos de interés público. Además, en estos casos, debe probarse que en la difusión de las noticias el comunicador tuvo intención de infligir daño o pleno conocimiento de que se estaba difundiendo noticias falsas o se condujo con manifiesta negligencia en la búsqueda de la verdad o falsedad de las mismas.
3. En cuanto a las manifestaciones de altas autoridades estatales con base en la línea editorial:
a. Incentivar el debate democrático a través de declaraciones, prácticas y políticas públicas que promuevan la tolerancia y el respeto a los periodistas y comunicadores, cualquiera sea su pensamiento o ideas.
b. Exhortar a las autoridades estatales a abstenerse de hacer declaraciones públicas que puedan incentivar la violencia contra las personas por razón de sus opiniones. En particular, evitar las declaraciones que puedan estigmatizar a periodistas, medios de comunicación y defensores de derechos humanos.

4. En cuanto a la censura previa:
a. Eliminar cualquier norma que habilite la censura previa por parte de cualquier órgano estatal, y también cualquier condicionamiento previo que pueda implicar censura a la libertad de expresión, tales como las exigencias previas de veracidad, oportunidad e imparcialidad en la información.
5. En cuanto a la asignación discriminatoria de la publicidad oficial:
a. Abstenerse de utilizar el poder público para castigar o premiar a medios y comunicadores, en relación con su línea editorial o la cobertura de cierta información, ya sea a través de la asignación discriminatoria y arbitraria de la publicidad oficial u otros medios indirectos encaminados a impedir la comunicación y la circulación de ideas y opiniones, así como regular estos asuntos de conformidad con los estándares interamericanos expuestos en los informes de la Relatoría Especial.
6. En cuanto a los avances en materia de acceso a la información:
a. Continuar promulgando leyes que permitan el acceso efectivo a la información y normas complementarias que regulen su ejercicio, de conformidad con los estándares internacionales en dicha materia.
b. Garantizar efectivamente, tanto de iure como de facto, el habeas data a todos los ciudadanos, por ser elemento esencial de la libertad de expresión y del sistema democrático.
c. Propiciar la implementación efectiva y eficiente de las normas de acceso a la información, capacitando adecuadamente a los funcionarios y formando a la ciudadanía en aras de erradicar la cultura del secretismo y con la finalidad de otorgar a los ciudadanos las herramientas para realizar un efectivo monitoreo del funcionamiento estatal, la gestión pública y el control de la corrupción, esenciales en el proceso democrático.
7. En cuanto a la asignación de frecuencias radioeléctricas:
a. Adoptar las medidas necesarias para evitar los monopolios públicos o privados en la propiedad y/o el control de los medios de comunicación, en los términos definidos por los estándares internacionales, incluyendo el Principio 12 de la Declaración de Principios sobre Libertad de Expresión de la CIDH.
b. Adoptar legislación que asegure criterios transparentes, públicos y equitativos para la asignación de frecuencias radioeléctricas y del nuevo dividendo digital. Esta legislación debe tomar en cuenta la situación actual de concentración en la propiedad de los medios de comunicación, y asignar la administración del espectro radioeléctrico a un órgano independiente, sometido al debido proceso y al control judicial.
c. Promover políticas y prácticas efectivas que permitan el acceso a la información y la participación igualitaria de todos los sectores de la sociedad para que sus necesidades, opiniones e intereses sean contemplados en el diseño y la toma de decisiones sobre políticas públicas. Asimismo, adoptar medidas legislativas y de otra índole que sean necesarias para garantizar el pluralismo, incluyendo leyes antimonopólicas.
d. Legislar en materia de radiodifusión comunitaria, de manera que se destine una parte equitativa del espectro y del dividendo digital a las radios y canales comunitarios. Al asignar estas frecuencias deben tomarse en cuenta criterios democráticos que garanticen la igualdad de oportunidades de todos los individuos en el acceso y la operación de estos medios en condiciones de equidad, sin restricciones desproporcionadas o irrazonables, conforme al principio 12 de la Declaración de Principios y la "Declaración Conjunta sobre diversidad en la radiodifusión" (2007).
e. Iniciar esfuerzos regionales para la regulación de las facultades estatales de control y vigilancia y de asignación de bienes o recursos públicos relacionados directa o indirectamente con el ejercicio de la libertad de expresión. En este punto, la tarea es ajustar los marcos institucionales a dos propósitos fundamentales: prevenir la posibilidad de que las facultades estatales sean utilizadas para premiar o castigar a los medios según su línea editorial y, de otra parte, fomentar el pluralismo y la diversidad en el debate público.

14. COMUNICADO DE PRENSA R41/11
RELATORÍA ESPECIAL CONDENA ASESINATO DE PERIODISTA EN PERÚ
Washington D.C. 6 de Mayo de 2011 — La Relatoría Especial para la Libertad de Expresión de la Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH) condena el asesinato del periodista Julio Castillo Narváez, ocurrido el 3 de mayo en Virú, departamento de La Libertad, y reconoce la inmediata intervención de la Policía para identificar e intentar capturar a los criminales. La Relatoría insta al Estado peruano a efectuar una investigación diligente y exhaustiva que ponga especial atención a las amenazas recibidas recientemente por el comunicador y que permita capturar a los responsables intelectuales y materiales del crimen, procesarlos, sancionarlos y reparar de manera adecuada a la familia de la víctima.
De acuerdo con la información recibida, el periodista almorzaba en un restaurante cuando varios hombres ingresaron al local simulando ser clientes y de repente le dispararon hasta asesinarlo. En el lugar habría sido encontrado el teléfono celular de la víctima en el cual habría quedado registrada una amenaza de muerte. La Policía anunció que al menos uno de los presuntos autores de los disparos ya está identificado y se espera que sea capturado pronto.
Según lo informado, Julio Castillo Narváez tenía más de 20 años de ejercer el periodismo, era el conductor del programa radial “Noticiero Ollantay” y mantenía una posición crítica de las autoridades locales de La Libertad. Radio Ollantay habría confirmado a medios peruanos que el periodista recibía amenazas constantes desde marzo, cuando emitió un audio que involucraba a algunos funcionarios públicos de La Libertad en posibles irregularidades.
Para la Relatoría Especial es esencial que el Estado profundice líneas de investigación del homicidio que consideren el posible nexo del crimen con la actividad profesional del periodista, dadas las denuncias que el comunicador había hecho en su noticiero. Es imprescindible, además, la pronta identificación captura y procesamiento de todos los autores materiales e intelectuales del asesinato, como parte de la obligación de sanción que debe cumplir el Estado, para hacer justicia al periodista y sus familiares y evitar la repetición de tales ataques. Los atentados contra comunicadores no solo afectan a la víctima y sus allegados sino que dañan a la sociedad como un todo, al ser agresiones contra el ejercicio del derecho a la libertad de expresión.
La Relatoría Especial recuerda al Estado que el principio 9 de la Declaración de Principios sobre Libertad de Expresión de la CIDH señala: “El asesinato, secuestro, intimidación, amenaza a los comunicadores sociales, así como la destrucción material de los medios de comunicación, viola los derechos fundamentales de las personas y coarta severamente la libertad de expresión. Es deber de los Estados prevenir e investigar estos hechos, sancionar a sus autores y asegurar a las víctimas una reparación adecuada”.

15. COMUNICADO DE PRENSA R44/11
RELATORÍA ESPECIAL CONDENA DOS CRÍMENES CONTRA PERIODISTAS EN BRASIL
Washington D.C., 11 de mayo de 2011. La Relatoría Especial para la Libertad de Expresión de la Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH) condena los asesinatos de los periodistas brasileños, Valério Nascimento, propietario y reportero del periódico Panorama Geral, ocurrido el 3 de mayo en Río Claro, estado de Río de Janeiro, y de Luciano Leitão Pedrosa, quien trabajaba en TV Vitória y la Radio Metropolitana FM, muerto el 9 de abril en Vitória de Santo Antão, estado de Pernambuco. La Relatoría Especial reconoce la rápida intervención de la Policía para intentar esclarecer estos crímenes e insta a las autoridades a investigar a profundidad todos los indicios que permitan relacionar las muertes con el trabajo de los comunicadores.
De acuerdo con la información recibida, Valério Nascimento fue encontrado sin vida en la entrada de su casa, con varios impactos de bala. Recientemente el periodista había lanzado una nueva publicación y en la última edición divulgó una serie de presuntas irregularidades en la administración pública de la localidad de Bananal.
En el caso de la muerte de Luciano Leitão Pedrosa, en la noche del 9 de abril dos desconocidos habrían seguido al periodista hasta un restaurante en el cual fue asesinado. Según la información disponible, el comunicador era el presentador del programa "Ação e Cidadania" (Acción y Ciudadanía) en TV Vitória, cubría de manera cotidiana noticias policiales y era conocido por denunciar constantemente el accionar de las bandas criminales y cuestionar a las autoridades locales. Familiares manifestaron que el periodista recientemente había recibido varias amenazas de muerte.
La Relatoría Especial manifiesta su preocupación por el hecho de que dos comunicadores hayan muerto en Brasil en menos de un mes, por causas posiblemente relacionadas con su ejercicio profesional. Esta Oficina hace un llamado a las autoridades para que hagan todos los esfuerzos necesarios con el fin de identificar a los responsables materiales e intelectuales del crimen, procesarlos y, en su caso, sancionarlos, así como para otorgar una justa reparación a los familiares de las víctimas. Para la Relatoría Especial es imprescindible combatir la impunidad, si se quiere evitar que hechos de este tipo se repitan.
La Relatoría Especial recuerda al Estado que el principio 9 de la Declaración de Principios sobre Libertad de Expresión de la CIDH señala: “El asesinato, secuestro, intimidación, amenaza a los comunicadores sociales, así como la destrucción material de los medios de comunicación, viola los derechos fundamentales de las personas y coarta severamente la libertad de expresión. Es deber de los Estados prevenir e investigar estos hechos, sancionar a sus autores y asegurar a las víctimas una reparación adecuada”.

16. COMUNICADO DE PRENSA R45/11
RELATORÍA ESPECIAL DEPLORA ASESINATO CONTRA PERIODISTA EN HONDURAS
Washington D.C., 12 de mayo de 2011 —La Relatoría Especial para la Libertad de Expresión de la Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH) condena el crimen contra el periodista Héctor Francisco Medina Polanco, administrador y presentador del canal Omega Visión, ocurrido la noche del 10 de mayo en Morazán, departamento de Yoro. La Relatoría Especial exhorta al Estado a investigar el asesinato de manera oportuna, diligente y exhaustiva y manifiesta su preocupación por la ausencia de avances significativos para esclarecer los 11 homicidios cometidos contra comunicadores en Honduras desde 2009.
De acuerdo con la información recibida, al salir del canal de televisión el periodista habría sido perseguido por dos desconocidos en motocicleta, que le dispararon cuando se encontraba cerca de su domicilio. Héctor Medina fue trasladado con vida a un hospital en San Pedro Sula, donde falleció en la madrugada del 11 de mayo.
Además de administrar el canal local Omega Visión, Héctor Medina trabajaba como productor y presentador del noticiero TV9, donde recientemente había informado acerca de presuntos actos de corrupción de autoridades locales, supuestas irregularidades cometidas por agentes de la Policía y graves conflictos por la propiedad de tierras. Desde semanas atrás el periodista había informado a sus familiares que estaba siendo amenazado de muerte.
Para la Relatoría Especial es fundamental que el Estado hondureño esclarezca la causa de este crimen, identifique, procese y sancione a los responsables, y adopte medidas de reparación justas para los familiares de la víctima. La Relatoría Especial insiste al Estado en la necesidad de crear cuerpos y protocolos especiales de investigación, así como mecanismos de protección destinados a garantizar la integridad de quienes se encuentran amenazados por su actividad periodística. Ante la serie de asesinatos cometidos contra comunicadores en Honduras, resulta imprescindible que el Estado investigue de forma completa, efectiva e imparcial estos crímenes que afectan a toda la sociedad hondureña.
La Relatoría Especial recuerda al Estado el noveno principio de la Declaración de Principios sobre Libertad de Expresión de la CIDH el cual establece que: “El asesinato, secuestro, intimidación, amenaza a los comunicadores sociales, así como la destrucción material de los medios de comunicación, viola los derechos fundamentales de las personas y coarta severamente la libertad de expresión. Es deber de los Estados prevenir e investigar estos hechos, sancionar a sus autores y asegurar a las víctimas una reparación adecuada”.
La muerte del presentador de noticias Héctor Medina se suma a las homicidios de los periodistas Gabriel Fino Noriega, el 3 de julio de 2009 en San Juan Pueblo; Joseph Hernández Ochoa, el 1 de marzo de 2010 en Tegucigalpa; David Meza Montesinos, el 11 de marzo de 2010 en La Ceiba; Nahúm Palacios, el 14 de marzo de 2010 en Tocoa; José Bayardo Mairena y Manuel Juárez, el 26 de marzo de 2010 en Juticalpa; Jorge Alberto "Georgino" Orellana, el 20 de abril de 2010 en San Pedro Sula; Luis Arturo Mondragón Morazán, el 14 de junio de 2010 en El Paraíso; Israel Zelaya Díaz, el 24 de agosto de 2010 en San Pedro Sula y Henry Suazo, el 28 de diciembre de 2010 en La Masica.

17. COMUNICADO DE PRENSA R47/11
LA RELATORÍA ESPECIAL PARA LA LIBERTAD DE EXPRESIÓN CONDENA MUERTE DE PERIODISTA EN VENEZUELA
Washington D.C., 23 de mayo de 2011 — La Relatoría Especial para la Libertad de Expresión de la Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH) condena el asesinato del periodista Wilfred Ojeda Peralta, ocurrido el martes 17 de mayo, y reconoce los pasos dados por el Cuerpo de Investigaciones Científicas, Penales y Criminalísticas (CICPC) para investigar de manera inmediata las circunstancias del crimen. La Relatoría Especial encuentra fundamental que las autoridades emprendan investigaciones exhaustivas y diligentes para esclarecer los móviles de este crimen, sancionar a los responsables, garantizar que los familiares sean reparados y evitar la repetición de este tipo de hechos de violencia.
De acuerdo con la información recibida, Wilfred Ojeda fue encontrado asesinado en la madrugada del 17 de mayo en una zona apartada y solitaria del municipio de Revenga, estado Aragua, encapuchado, con las manos atadas y un disparo en la cabeza. Su vehículo apareció abandonado a varios kilómetros de ese lugar, en la localidad de Loma Lisa. El periodista había salido con normalidad de su casa el 16 de mayo y llamó a su familia durante la tarde, sin mostrar ninguna señal de alarma. No había denunciado amenazas en su contra ni advertido acerca de algún peligro. Agentes del CICPC iniciaron de inmediato una investigación del crimen.
Wilfred Ojeda, de 56 años, escribía una columna de opinión titulada “Dimensión Crítica” en el diario Clarín de La Victoria, estado Aragua, en la cual con frecuencia cuestionaba a autoridades estatales. Según la información disponible, Ojeda también era activista del opositor Partido Acción Democrática (AD) y años atrás había ocupado posiciones municipales y regionales en esa agrupación política.
Según lo informado a esta Relatoría Especial, los investigadores criminales analizan diversas hipótesis acerca de los motivos del crimen. En ese contexto, la Relatoría Especial solicita a las autoridades venezolanas no descartar la posibilidad de que el asesinato haya sido motivado por el trabajo periodístico del comunicador. El esclarecimiento de estos crímenes y la sanción a los responsables es un paso esencial para desincentivar la violencia y su impacto en derechos como la vida y la libertad de expresión.
El principio 9 de la Declaración de Principios sobre Libertad de Expresión señala que el “asesinato, secuestro, intimidación, amenaza a los comunicadores sociales, así como la destrucción material de los medios de comunicación viola los derechos fundamentales de las personas y coarta severamente la libertad de expresión. Es deber de los Estados prevenir e investigar estos hechos, sancionar a sus autores y asegurar a las víctimas una reparación adecuada”.

18. COMUNICADO DE PRENSA R48/11
RELATORÍA ESPECIAL CONDENA ASESINATO DE PERIODISTA EN GUATEMALA
Washington D.C., 24 de mayo de 2011 — La Relatoría Especial para la Libertad de Expresión de la Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH) condena el crimen cometido contra el periodista Yensi Ordóñez, quien apareció asesinado el 19 de mayo en el municipio de Nueva Concepción, departamento de Escuintla, Guatemala. La Relatoría Especial exhorta al Estado a investigar el asesinato de manera oportuna, diligente y exhaustiva, y solicita a las autoridades no descartar la posibilidad de que el crimen haya sido motivado por el ejercicio periodístico de la víctima.
De acuerdo con la información disponible, el cuerpo de Yensi Ordóñez fue encontrado dentro de su vehículo con heridas de arma blanca en su pecho y cuello. Según lo informado, el comunicador habría recibido recientemente amenazas por algunas de las coberturas que había realizado y también habría sido víctima de extorsiones.
El periodista, de 24 años, colaboraba con el noticiero local del Canal 14, donde también trabajó como conductor de programas musicales y de variedades. Además, Ordóñez era maestro en una escuela primaria en la localidad de El Reparo, en Nueva Concepción.
La Relatoría Especial exhorta a las autoridades guatemaltecas a impulsar las investigaciones que permitan aclarar el motivo del homicidio, juzgar y sancionar adecuadamente a los responsables, así como garantizar una justa reparación a los familiares de la víctima. Es fundamental que se adopten las medidas necesarias para impedir la repetición de estos hechos de violencia y contrarrestar su fuerte impacto en el derecho a la libertad de expresión de toda la sociedad.
El principio 9 de la Declaración de Principios sobre Libertad de Expresión de la CIDH establece que: “El asesinato, secuestro, intimidación, amenaza a los comunicadores sociales, así como la destrucción material de los medios de comunicación, viola los derechos fundamentales de las personas y coarta severamente la libertad de expresión. Es deber de los Estados prevenir e investigar estos hechos, sancionar a sus autores y asegurar a las víctimas una reparación adecuada”.

19. COMUNICADO DE PRENSA R49/11
RELATORÍA ESPECIAL DEPLORA ASESINATO Y ATENTADO CONTRA PROPIETARIO Y GERENTE DE MEDIOS DE COMUNICACIÓN EN HONDURAS
Washington D.C., 27 de mayo de 2011 — La Relatoría Especial para la Libertad de Expresión de la Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH) deplora el asesinato del propietario del canal 24, Luis Mendoza Cerrato, ocurrido en la localidad de Danlí el 19 de mayo, y el atentado contra la vida del gerente del periódico La Tribuna, Manuel Acosta Medina, acaecido el 23 de mayo en Tegucigalpa. La Relatoría Especial insta a las autoridades competentes hondureñas a realizar una investigación diligente, oportuna y exhaustiva y a no descartar la posibilidad de que los crímenes estén relacionados con el trabajo de las víctimas en medios de comunicación.
De acuerdo con la información recibida, al menos tres hombres encapuchados y fuertemente armados emboscaron a Luis Mendoza y le dispararon en varias ocasiones en la entrada del canal de televisión, al llegar a trabajar por la mañana. El empresario murió en el tiroteo mientras que dos mujeres y un niño que pasaban por el lugar fueron heridos. Los perpetradores huyeron en un vehículo que más tarde abandonaron e incendiaron. En el caso de Manuel Acosta, al salir del periódico su camioneta fue bloqueada por dos vehículos de los atacantes. Cuando el ejecutivo aceleró para escapar, los delincuentes dispararon y lo hirieron. Manuel Acosta pudo conducir hasta su casa donde su familia lo auxilió y llevó a un hospital.
Las autoridades competentes hondureñas investigan ambos hechos; sin embargo, aún se ignora el motivo de ambas agresiones. Momentos después del atentado contra Acosta, la Policía capturó a cinco sospechosos armados que viajaban en un vehículo similar al usado en el ataque.
Para la Relatoría Especial es imprescindible que el Estado hondureño demuestre con acciones concretas e investigaciones efectivas su compromiso en la lucha contra la impunidad y con la protección de los medios de comunicación y de los periodistas. Asimismo, la Relatoría Especial reitera su preocupación por la ausencia de avances significativos para esclarecer otros 11 asesinatos cometidos contra comunicadores desde 2009. En todos estos casos es urgente identificar a los responsables, juzgarlos y, en su caso, sancionarlos, así como garantizar la reparación adecuada de los familiares de las víctimas.
El noveno principio de la Declaración de Principios sobre Libertad de Expresión de la CIDH establece que: “El asesinato, secuestro, intimidación, amenaza a los comunicadores sociales, así como la destrucción material de los medios de comunicación, viola los derechos fundamentales de las personas y coarta severamente la libertad de expresión. Es deber de los Estados prevenir e investigar estos hechos, sancionar a sus autores y asegurar a las víctimas una reparación adecuada”.

20. COMUNICADO DE PRENSA R50/11
RELATORÍAS DE LIBERTAD DE EXPRESIÓN EMITEN DECLARACIÓN CONJUNTA ACERCA DE INTERNET
Washington D.C., 1 de junio de 2011 — La necesidad de proteger y promover Internet y los límites del Estado a la hora de regular este medio fueron puestos de presente en una declaración conjunta firmada este 1º de junio por los relatores especiales de libertad de expresión de las Américas, Europa, África, y las Naciones Unidas.
En efecto, el Relator Especial de Naciones Unidas (ONU) para la Libertad de Opinión y de Expresión, Frank LaRue; la Relatora Especial para la Libertad de Expresión de la Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH) de la Organización de Estados Americanos (OEA), Catalina Botero Marino; la Representante de la Organización para la Seguridad y la Cooperación en Europa (OSCE) para la Libertad de los Medios de Comunicación, Dunja Mijatović; y la Relatora Especial sobre Libertad de Expresión y Acceso a la Información de la Comisión Africana de Derechos Humanos y de los Pueblos (CADHP), Faith Pansy Tlakula; emitieron una declaración conjunta en la que establecen lineamientos para proteger la libertad de expresión en Internet.
En la Declaración Conjunta los cuatro relatores sostienen que los Estados tienen la obligación de promover el acceso universal a Internet y no pueden justificar bajo ninguna razón la interrupción de ese servicio a la población, ni siquiera por razones de orden público o seguridad nacional. En principio, cualquier medida que limite el acceso a la red es ilegítima, a menos que cumpla con los estrictos requisitos que establecen los estándares internacionales para ese tipo de acciones.
Los relatores establecen que la libertad de expresión debe ser aplicada a Internet del mismo modo que al resto de medios de comunicación. En ese sentido, cualquier restricción que se imponga debe cumplir con los estándares internacionales vigentes, como estar expresamente fijada por la ley, perseguir una finalidad legítima reconocida por el derecho internacional y ser necesarias para alcanzar dicha finalidad.
Acciones como el bloqueo obligatorio de sitios Web constituye una acción extrema que solo podría ser justificada conforme a estándares internacionales, como proteger del abuso sexual a menores de edad. También son acciones incompatibles con la libertad de expresión los sistemas de filtrado de contenido que no pueden ser controlados por los usuarios, impuestos por gobiernos o proveedores comerciales.
Los intermediarios de servicios de Internet, de acuerdo con la declaración, no deberán ser responsables por los contenidos generados por terceros y tampoco se les deberá exigir controlar el contenido generado por los usuarios. Solo serán responsables cuando omiten la exclusión de un contenido, en cumplimiento de una orden judicial legítima, proferida de conformidad con el debido proceso, y siempre que tengan la capacidad técnica para llevarlo a cabo. A los intermediarios se les debe exigir ser transparentes acerca de las prácticas en la gestión del tráfico o la información y no aplicar ningún tipo de discriminación en el tratamiento de los datos o el tráfico.
En cuanto a las responsabilidades penales y civiles, la declaración señala que la competencia para resolver conflictos originados por contenidos en la red debería corresponder a los Estados que tengan más cercanía con la causa. Además, los particulares que se sientan afectados por un contenido difundido en la red solo deberían poder iniciar acciones judiciales en la jurisdicción donde demuestren haber sufrido un perjuicio sustancial.
Finalmente, los relatores recomiendan a los Estados adoptar planes de acción detallados para cumplir con el deber de garantizar el acceso universal a Internet, especialmente para los sectores excluidos como las personas pobres, con discapacidad, o que habitan en zonas rurales alejadas.
A continuación, el texto de la Declaración Conjunta:
Mecanismos internacionales para la promoción de la libertad de expresión
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