Comisión interamericana de derechos humanos



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DECLARACIÓN CONJUNTA SOBRE LIBERTAD DE EXPRESIÓN E INTERNET



El Relator Especial de las Naciones Unidas (ONU) para la Libertad de Opinión y de Expresión, la Representante para la Libertad de los Medios de Comunicación de la Organización para la Seguridad y la Cooperación en Europa (OSCE), la Relatora Especial de la Organización de Estados Americanos (OEA) para la Libertad de Expresión y la Relatora Especial sobre Libertad de Expresión y Acceso a la Información de la Comisión Africana de Derechos Humanos y de los Pueblos (CADHP).
Habiendo analizado estas cuestiones conjuntamente con la colaboración de ARTÍCULO 19, Campaña Mundial para la Libertad de Expresión (ARTICLE 19, Global Campaign for Free Expression) y el Centro para la Libertad y la Democracia (Centre for Law and Democracy);
Recordando y reafirmando nuestras Declaraciones Conjuntas del 26 de noviembre de 1999, el 30 de noviembre de 2000, el 20 de noviembre de 2001, el 10 de diciembre de 2002, el 18 de diciembre de 2003, el 6 de diciembre de 2004, el 21 de diciembre de 2005, el 19 de diciembre de 2006, el 12 de diciembre de 2007, el 10 de diciembre de 2008, el 15 de mayo de 2009 y el 3 de febrero de 2010;
Enfatizando, una vez más, la importancia fundamental de la libertad de expresión —incluidos los principios de independencia y diversidad— tanto en sí misma como en cuanto herramienta esencial para la defensa de todos los demás derechos, como elemento fundamental de la democracia y para el avance de los objetivos de desarrollo;
Destacando el carácter transformador de Internet, como medio que permite que miles de millones de personas en todo el mundo expresen sus opiniones, a la vez que incrementa significativamente su capacidad de acceder a información y fomenta el pluralismo y la divulgación de información;
Atentos al potencial de Internet para promover la realización de otros derechos y la participación pública, asó como para facilitar el acceso a bienes y servicios;
Celebrando el notable crecimiento del acceso a Internet en casi todos los países y regiones del mundo, y observando a la vez que miles de millones de personas aún no tienen acceso a Internet o cuentan con formas de acceso de menor calidad;
Advirtiendo que algunos gobiernos han actuado o adoptado medidas con el objeto específico de restringir indebidamente la libertad de expresión en Internet, en contravención al derecho internacional;
Reconociendo que el ejercicio de la libertad de expresión puede estar sujeto a aquellas restricciones limitadas que estén establecidas en la ley y que resulten necesarias, por ejemplo, para la prevención del delito y la protección de los derechos fundamentales de terceros, incluyendo menores, pero recordando que tales restricciones deben ser equilibradas y cumplir con las normas internacionales sobre el derecho a la libertad de expresión;
Preocupados porque, aun cuando se realicen de buena fe, muchas de las iniciativas de los gobiernos en respuesta a la necesidad antes mencionada no toman en cuenta las características especiales de Internet y, como resultado, restringen de manera indebida la libertad de expresión;
Considerando los mecanismos del enfoque multisectorial del Foro para la Gobernanza de Internet de la ONU;
Conscientes del amplio espectro de actores que participan como intermediarios de Internet —y brindan servicios como acceso e interconexión a Internet, transmisión, procesamiento y encaminamiento del tráfico en Internet, alojamiento de material publicado por terceros y acceso a este, referencia a contenidos o búsqueda de materiales en Internet, transacciones financieras y facilitación de redes sociales— y de los intentos de algunos Estados de responsabilizar a estos actores por contenidos nocivos o ilícitos;
Adoptamos, el 1 de junio de 2011, la siguiente Declaración Conjunta sobre Libertad de Expresión e Internet:
1. Principios generales
a. La libertad de expresión se aplica a Internet del mismo modo que a todos los medios de comunicación. Las restricciones a la libertad de expresión en Internet solo resultan aceptables cuando cumplen con los estándares internacionales que disponen, entre otras cosas, que deberán estar previstas por la ley y perseguir una finalidad legítima reconocida por el derecho internacional y ser necesarias para alcanzar dicha finalidad (la prueba "tripartita").
b. Al evaluar la proporcionalidad de una restricción a la libertad de expresión en Internet, se debe ponderar el impacto que dicha restricción podría tener en la capacidad de Internet para garantizar y promover la libertad de expresión respecto de los beneficios que la restricción reportaría para la protección de otros intereses.
c. Los enfoques de reglamentación desarrollados para otros medios de comunicación —como telefonía o radio y televisión— no pueden transferirse sin más a Internet, sino que deben ser diseñados específicamente para este medio, atendiendo a sus particularidades.
d. Para responder a contenidos ilícitos, debe asignarse una mayor relevancia al desarrollo de enfoques alternativos y específicos que se adapten a las características singulares de Internet, y que a la vez reconozcan que no deben establecerse restricciones especiales al contenido de los materiales que se difunden a través de Internet.
e. La autorregulación puede ser una herramienta efectiva para abordar las expresiones injuriosas y, por lo tanto, debe ser promovida.
f. Deben fomentarse medidas educativas y de concienciación destinadas a promover la capacidad de todas las personas de efectuar un uso autónomo, independiente y responsable de Internet ("alfabetización digital").
2. Responsabilidad de intermediarios
a. Ninguna persona que ofrezca únicamente servicios técnicos de Internet como acceso, búsquedas o conservación de información en la memoria caché deberá ser responsable por contenidos generados por terceros y que se difundan a través de estos servicios, siempre que no intervenga específicamente en dichos contenidos ni se niegue a cumplir una orden judicial que exija su eliminación cuando esté en condiciones de hacerlo ("principio de mera transmisión").
b. Debe considerarse la posibilidad de proteger completamente a otros intermediarios, incluidos los mencionados en el preámbulo, respecto de cualquier responsabilidad por los contenidos generados por terceros en las mismas condiciones establecidas en el párrafo 2(a). Como mínimo, no se debería exigir a los intermediarios que controlen el contenido generado por usuarios y no deberían estar sujetos a normas extrajudiciales sobre cancelación de contenidos que no ofrezcan suficiente protección para la libertad de expresión (como sucede con muchas de las normas sobre "notificación y retirada" que se aplican actualmente).
3. Filtrado y bloqueo
a. El bloqueo obligatorio de sitios Web enteros, direcciones IP, puertos, protocolos de red o ciertos tipos de usos (como las redes sociales) constituye una medida extrema—análoga a la prohibición de un periódico o una emisora de radio o televisión— que solo podría estar justificada conforme a estándares internacionales, por ejemplo, cuando sea necesaria para proteger a menores del abuso sexual.
b. Los sistemas de filtrado de contenidos impuestos por gobiernos o proveedores de servicios comerciales que no sean controlados por el usuario final constituyen una forma de censura previa y no representan una restricción justificada a la libertad de expresión.
c. Se debe exigir que los productos destinados a facilitar el filtrado por los usuarios finales estén acompañados por información clara dirigida a dichos usuarios acerca del modo en que funcionan y las posibles desventajas si el filtrado resulta excesivo.
4. Responsabilidad penal y civil
a. La competencia respecto de causas vinculadas con contenidos de Internet debería corresponder exclusivamente a los Estados con los que tales causas presenten los contactos más estrechos, normalmente debido a que el autor reside en ese Estado, el contenido se publicó desde allí y/o este se dirige específicamente al Estado en cuestión. Los particulares solo deberían poder iniciar acciones judiciales en una jurisdicción en la que puedan demostrar haber sufrido un perjuicio sustancial (esta norma busca prevenir lo que se conoce como "turismo de la difamación").
b. Las normas de responsabilidad, incluidas las exclusiones de responsabilidad, en los procedimientos civiles, deberían tener en cuenta el interés general del público en proteger tanto la expresión como el foro en el cual se pronuncia (es decir, la necesidad de preservar la función de "lugar público de reunión" que cumple Internet).
c. En el caso de contenidos que hayan sido publicados básicamente con el mismo formato y en el mismo lugar, los plazos para la interposición de acciones judiciales deberían computarse desde la primera vez que fueron publicados y solo debería permitirse que se presente una única acción por daños respecto de tales contenidos y, cuando corresponda, se debería permitir una única reparación por los daños sufridos en todas las jurisdicciones (regla de la "publicación única").
5. Neutralidad de la red
a. El tratamiento de los datos y el tráfico de Internet no debe ser objeto de ningún tipo de discriminación en función de factores como dispositivos, contenido, autor, origen y/o destino del material, servicio o aplicación.
b. Se debe exigir a los intermediarios de Internet que sean transparentes respecto de las prácticas que emplean para la gestión del tráfico o la información, y cualquier información relevante sobre tales prácticas debe ser puesta a disposición del público en un formato que resulte accesible para todos los interesados.
6. Acceso a Internet
a. Los Estados tienen la obligación de promover el acceso universal a Internet para garantizar el disfrute efectivo del derecho a la libertad de expresión. El acceso a Internet también es necesario para asegurar el respeto de otros derechos, como el derecho a la educación, la atención de la salud y el trabajo, el derecho de reunión y asociación, y el derecho a elecciones libres.
b. La interrupción del acceso a Internet, o a parte de este, aplicada a poblaciones enteras o a determinados segmentos del público (cancelación de Internet) no puede estar justificada en ningún caso, ni siquiera por razones de orden público o seguridad nacional. Lo mismo se aplica a las medidas de reducción de la velocidad de navegación de Internet o de partes de este.
c. La negación del derecho de acceso a Internet, a modo de sanción, constituye una medida extrema que solo podría estar justificada cuando no existan otras medidas menos restrictivas y siempre que haya sido ordenada por la justicia, teniendo en cuenta su impacto para el ejercicio de los derechos humanos.
d. Otras medidas que limitan el acceso a Internet, como la imposición de obligaciones de registro u otros requisitos a proveedores de servicios, no son legítimas a menos que superen la prueba establecida por el derecho internacional para las restricciones a la libertad de expresión.
e. Los Estados tienen la obligación positiva de facilitar el acceso universal a Internet. Como mínimo, los Estados deberían:
i. Establecer mecanismos regulatorios —que contemplen regímenes de precios, requisitos de servicio universal y acuerdos de licencia— para fomentar un acceso más amplio a Internet, incluso de los sectores pobres y las zonas rurales más alejadas.
ii. Brindar apoyo directo para facilitar el acceso, incluida la creación de centros comunitarios de tecnologías de la información y la comunicación (TIC) y otros puntos de acceso público.
iii. Generar conciencia sobre el uso adecuado de Internet y los beneficios que puede reportar, especialmente entre sectores pobres, niños y ancianos, y en las poblaciones rurales aisladas.
iv. Adoptar medidas especiales que aseguren el acceso equitativo a Internet para personas con discapacidad y los sectores menos favorecidos.
f. A fin de implementar las medidas anteriores, los Estados deberían adoptar planes de acción detallados de varios años de duración para ampliar el acceso a Internet, que incluyan objetivos claros y específicos, así como estándares de transparencia, presentación de informes públicos y sistemas de monitoreo.
Frank LaRue

Relator Especial de las Naciones Unidas para la Libertad de Opinión y de Expresión


Dunja Mijatović

Representante de la OSCE para la Libertad de los Medios de Comunicación


Catalina Botero Marino

Relatora Especial de la OEA para la Libertad de Expresión


Faith Pansy Tlakula

Relatora Especial de la CADHP sobre Libertad de Expresión y Acceso a la Información



21. COMUNICADO DE PRENSA R54/11
RELATORÍA ESPECIAL CONDENA ASESINATO DE PERIODISTA DESAPARECIDO EN MÉXICO DESDE MARZO
Washington D.C., 7 de junio de 2011. La Relatoría Especial para la Libertad de Expresión condena el crimen contra el periodista Noel López Olguín, desaparecido desde el 8 de marzo de 2011, cuyo cadáver fue encontrado el 31 de mayo en Veracruz, México. La Relatoría Especial insta al Estado a efectuar una investigación diligente y exhaustiva del crimen, identificar las causas del mismo, sancionar adecuadamente a los responsables e implementar una política integral de protección y procuración de justicia, ante el contexto de violencia que sufren periodistas y medios de comunicación en México.
De acuerdo con lo informado, el 8 de marzo Noel López Olguín habría partido a la localidad de Soteapán, en el sur de Veracruz, pero nunca llegó a su destino. El domingo 29 de mayo la Policía capturó a un presunto narcotraficante que habría confesado haber asesinado al periodista. Con la información obtenida, las autoridades exhumaron el cuerpo que había sido sepultado en una fosa clandestina en la ciudad de Chinameca, en el Estado de Veracruz. El 1 de junio los familiares del periodista identificaron el cuerpo.
Noel López Olguín era colaborador de distintos medios locales en Veracruz, como el periódico La Verdad y el semanario Noticias de Acayucan. Según lo informado, el periodista acostumbraba denunciar y cuestionar activamente tanto los abusos del crimen organizado como hechos de corrupción local.
Durante 2011 han sido asesinados en México cuatro trabajadores de medios de comunicación, en hechos violentos dirigidos contra ellos o contra los medios en los que laboran. El 31 de enero fue asesinada en Ciudad Juárez la distribuidora de periódicos Maribel Hernández, mientras se encontraba dentro de un vehículo con identificaciones de los periódicos El Diario y PM, de esa ciudad. El 9 de febrero fue asesinado el ingeniero Rodolfo Ochoa durante un ataque a los equipos de transmisión de la televisora del Grupo Multimedios Laguna en Coahuila. El 25 de marzo aparecieron muertos en Monterrey el periodista Luis Emanuel Ruiz Carrillo, del diario La Prensa de Coahuila, y el presentador de un programa humorístico de Televisa-Monterrey, José Luis Cerda Meléndez, quienes habían sido secuestrados la noche anterior al salir de la emisora.
La Relatoría Especial reitera al Estado mexicano la necesidad de impulsar medidas que protejan eficazmente a los periodistas, así como mecanismos eficientes para afrontar la grave deficiencia en la procuración y administración de justicia respecto de estos crímenes. En particular, la Relatoría Especial ha urgido al Estado sobre la necesidad de fortalecer la Fiscalía Especial para la Atención de Delitos Cometidos Contra la Libertad de Expresión, el traslado a la justicia federal de las investigaciones de los crímenes contra comunicadores y la implementación adecuada de los mecanismos de seguridad necesarios para proteger efectivamente la vida e integridad de los periodistas amenazados. Además, la Relatoría Especial insiste en que para impedir la impunidad y la repetición de estos hechos es imprescindible identificar a todos los responsables de estos crímenes, juzgarlos, sancionarlos y reparar de manera justa a los familiares de las víctimas.
El noveno principio de la Declaración de Principios de Libertad de Expresión de la CIDH, establece que “el asesinato, secuestro, intimidación, amenaza a los comunicadores sociales, así como la destrucción material de los medios de comunicación, viola los derechos fundamentales de las personas y coarta severamente la libertad de expresión. Es deber de los Estados prevenir e investigar estos hechos, sancionar a sus autores y asegurar a las víctimas una reparación adecuada”.

22. COMUNICADO DE PRENSA R58/11
RELATORÍA ESPECIAL EXPRESA PREOCUPACIÓN POR DESAPARICIÓN DE PERIODISTA EN MÉXICO
Washington D.C., 16 de junio de 2011. La Relatoría Especial para la Libertad de Expresión de la Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH) manifiesta su preocupación por la desaparición del periodista Marco Antonio López Ortiz, jefe de información del periódico Novedades Acapulco, en el Estado de Guerrero, México. La Relatoría Especial exhorta al Estado a hacer todos los esfuerzos para lograr la aparición con vida del periodista e investigar el hecho, sin descartar la posibilidad de que las causas de la desaparición tengan su origen en el ejercicio profesional del periodismo.
Según la información recibida, la noche del 7 de junio de 2011 López Ortiz habría sido capturado por un grupo de personas desconocidas en la ciudad de Acapulco. Su auto fue encontrado abandonado en el lugar de su secuestro, y desde entonces no se ha tenido noticias sobre su paradero. De acuerdo con lo informado, la Procuraduría General de Justicia del Estado de Guerrero ha iniciado una investigación sobre estos hechos, y la Comisión Nacional de Derechos Humanos también visitó las instalaciones de Novedades Acapulco para averiguar sobre la desaparición del periodista.
En su “Informe Especial sobre la Libertad de Expresión en México 2010”, la Relatoría constató la situación crítica de violencia que enfrentan los periodistas en el Estado de Guerrero. De acuerdo a lo documentado en dicho informe, cuatro de los 13 asesinatos de periodistas ocurridos en México durante el año 2010 tuvieron lugar en Guerrero, además de otros hechos graves como el ataque armado contra el periódico El Sur en Acapulco, ocurrido en noviembre del año pasado.
La Relatoría Especial reitera al Estado mexicano la necesidad de impulsar medidas que protejan eficazmente a los periodistas, así como mecanismos eficientes para afrontar la grave deficiencia en la procuración y administración de justicia respecto de estos crímenes. En particular, la Relatoría Especial ha urgido al Estado sobre la necesidad de fortalecer la Fiscalía Especial para la Atención de Delitos Cometidos Contra la Libertad de Expresión, el traslado a la justicia federal de las investigaciones de los crímenes contra comunicadores en aquellos casos que lo ameriten, y la implementación adecuada de los mecanismos de seguridad necesarios para proteger efectivamente la vida e integridad de los periodistas amenazados. Además, la Relatoría Especial insiste en que para impedir la impunidad y la repetición de estos hechos es imprescindible identificar a todos los responsables de los crímenes cometidos, juzgarlos, sancionarlos y reparar de manera justa a los familiares de las víctimas.
El noveno principio de la Declaración de Principios de Libertad de Expresión de la CIDH, establece que “el asesinato, secuestro, intimidación, amenaza a los comunicadores sociales, así como la destrucción material de los medios de comunicación, viola los derechos fundamentales de las personas y coarta severamente la libertad de expresión. Es deber de los Estados prevenir e investigar estos hechos, sancionar a sus autores y asegurar a las víctimas una reparación adecuada”.

23. COMUNICADO DE PRENSA R61/11
RELATORÍA ESPECIAL DEPLORA ASESINATOS DE PERIODISTA Y SU FAMILIA EN MÉXICO
Washington D.C., 23 de junio de 2011 — La Relatoría Especial para la Libertad de Expresión de la Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH) condena los asesinatos del periodista Miguel Ángel López Velasco, su esposa y su hijo, cometidos el 20 de junio alrededor de las 6 de la mañana en su casa en Veracruz, México. La Relatoría Especial exhorta al Estado a investigar estos crímenes de manera oportuna, diligente y exhaustiva. También llama nuevamente al Estado a implementar una política integral de prevención, protección y procuración de justicia ante el contexto de violencia que sufren periodistas y medios de comunicación en México.
Miguel Ángel López Velasco – también conocido como “Milo Vela” en su columna – era un reconocido periodista, subdirector de Notiver, un periódico de amplia circulación en el Estado de Veracruz. El periodista asesinado se especializaba en temas de seguridad, política y narcotráfico. Según la información recibida, fue asesinado a disparos en su casa junto a su esposa, Agustina Solana, y su hijo mientras dormían. Su hijo Misael López Solana, también víctima del triple asesinato, era periodista en el mismo diario.
En su Informe Anual de 2007 la Relatoría Especial documentó que el 3 de mayo de ese año una cabeza humana fue arrojada en frente de la sede de Notiver con una nota que decía “este es un regalo para los periodistas, van a rodar más cabezas y Milo Vela lo sabe muy bien”.
El asesinato de Miguel Ángel López Velasco, su esposa y su hijo se produce en el contexto de una grave situación de violencia del crimen organizado contra las y los periodistas y trabajadores de medios de comunicación en México, como constató la Relatoría en su Informe Especial sobre la Libertad de Expresión en México 2010. En lo transcurrido del 2011 se ha reportado el asesinato de Maribel Hernández en Ciudad Juárez el 31 de enero; el asesinato de Rodolfo Ochoa Moreno en el Estado de Coahuila el 9 de febrero; la desaparición y posterior asesinato de Noel López Olguin en el Estado de Veracruz el 8 de marzo; los secuestros y asesinatos de Luis Ruiz Carillo, un familiar suyo y José Luis Cerda Meléndez en Monterrey el 25 de marzo; y la desaparición de Marco Antonio López Ortiz en el Estado de Guerrero el 7 de junio.
La Relatoría Especial toma nota de las investigaciones iniciadas tanto por la Procuraduría estatal como por la Comisión Nacional de los Derechos Humanos respecto al presente caso, así como los esfuerzos recientes del Estado por crear un mecanismo especial de protección para las y los periodistas en riesgo. Sin embargo, la Relatoría Especial insiste en la urgencia de fortalecer la Fiscalía Especial para la Atención de Delitos Cometidos Contra la Libertad de Expresión, trasladar a la justicia federal las investigaciones de los crímenes contra comunicadores en aquellos casos que lo ameriten, e implementar adecuadamente los mecanismos de seguridad necesarios para proteger efectivamente la vida e integridad de las y los periodistas amenazados. Además, la Relatoría Especial insiste en que para impedir la impunidad de los crímenes cometidos así como la repetición de este tipo de hechos es imprescindible identificar a todos los responsables de los crímenes, juzgarlos, sancionarlos y adoptar medidas de reparación justas para los familiares de las víctimas.
La Relatoría Especial recuerda al Estado mexicano que, según el noveno principio de la Declaración de Principios de Libertad de Expresión de la CIDH, “el asesinato, secuestro, intimidación, amenaza a los comunicadores sociales, así como la destrucción material de los medios de comunicación, viola los derechos fundamentales de las personas y coarta severamente la libertad de expresión. Es deber de los Estados prevenir e investigar estos hechos, sancionar a sus autores y asegurar a las víctimas una reparación adecuada”.

24. COMUNICADO DE PRENSA R66/11
RELATORÍA ESPECIAL PARA LA LIBERTAD DE EXPRESIÓN CONDENA ASESINATO DE PERIODISTA EN COLOMBIA
Washington D.C., 7 de julio de 2011. – La Relatoría Especial para la Libertad de Expresión de la Comisión Interamericana de Derechos Humanos condena el asesinato del periodista independiente Luis Eduardo Gómez, ocurrido el jueves 30 de junio en el Municipio de Arboletes, región de Urabá en Antioquia, Colombia. La Relatoría Especial solicita a las autoridades la realización de investigaciones prontas y diligentes para esclarecer el motivo del crimen, identificar y sancionar adecuadamente a los responsables.
De acuerdo con la información recibida, el periodista regresaba a su casa con su esposa en horas de la noche cuando dos desconocidos lo interceptaron, le dispararon varias veces y huyeron en una moto.
El periodista de 70 años, realizaba trabajos independientes para diarios como El Heraldo de Urabá y Urabá al Día, donde cubría temas relacionados con el turismo y el medio ambiente. El mismo era conocido por sus investigaciones sobre el manejo de los recursos públicos del gobierno local, su involucramiento en la investigación sobre la muerte de su hijo y sus exigencias al Estado por los avances en dicha investigación, así como por su papel de testigo ante la Fiscalía en casos de "Parapolítica" en la región.
La Relatoría Especial exhorta a las autoridades colombianas a impulsar de forma decidida las investigaciones, el juzgamiento y sanción adecuada de quienes sean responsables de este crimen, así como la justa reparación a los familiares de las víctimas.
La Relatoría Especial recuerda al Estado que el principio 9 de la Declaración de Principios sobre Libertad de Expresión de la CIDH señala: “El asesinato, secuestro, intimidación, amenaza a los comunicadores sociales, así como la destrucción material de los medios de comunicación, viola los derechos fundamentales de las personas y coarta severamente la libertad de expresión. Es deber de los Estados prevenir e investigar estos hechos, sancionar a sus autores y asegurar a las víctimas una reparación adecuada”.
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