Comisión interamericana de derechos humanos



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25. COMUNICADO DE PRENSA R69/11
RELATORÍA ESPECIAL CONDENA ASESINATO DE BLOGUERO EN BRASIL Y RECONOCE LA RÁPIDA ACTUACIÓN DE LAS AUTORIDADES PARA INVESTIGAR EL CRIMEN
Washington D.C., 14 de julio de 2011 — La Relatoría Especial para la Libertad de Expresión de la Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH) condena el asesinato del comunicador y dirigente político brasileño, Edinaldo Filgueira, y resalta la rápida actuación de las autoridades para investigar el crimen y capturar a los presuntos autores. Filgueira fue asesinado el 15 de junio en la localidad de Serra do Mel, estado de Río Grande do Norte.
De acuerdo con la información disponible, tres hombres se acercaron a Filgueira cuando salía de su trabajo y le dispararon en al menos seis ocasiones. Filgueira había sido presidente del Partido de los Trabajadores en Serra do Mel y escribía en un blog sobre asuntos políticos y regionales. Recientemente había publicado un artículo en el que criticaba a autoridades comunales, por el cual habría recibido amenazas de muerte.
En una rápida reacción, el 2 y 3 de julio las autoridades capturaron a cinco personas que podrían estar involucradas en el asesinato y decomisaron armas y municiones que podrían haber sido usadas en el atentado. Los fiscales responsables de la investigación han manifestado a medios brasileños que el ataque contra Filgueira habría sido motivado por sus publicaciones.
La Relatoría Especial resalta la diligente acción institucional y espera que el Estado brasileño continúe las investigaciones para identificar y detener a los autores intelectuales del asesinato, llevar a juicio a los sospechosos y sancionar a los responsables. Para la Relatoría Especial es imprescindible que los Estados actúen de manera pronta y decidida con el fin de combatir la impunidad de estos crímenes y prevenir así que los mismos se sigan produciendo.
El principio 9 de la Declaración de Principios sobre Libertad de Expresión de la CIDH señala: “El asesinato, secuestro, intimidación, amenaza a los comunicadores sociales, así como la destrucción material de los medios de comunicación, viola los derechos fundamentales de las personas y coarta severamente la libertad de expresión. Es deber de los Estados prevenir e investigar estos hechos, sancionar a sus autores y asegurar a las víctimas una reparación adecuada”.

26. COMUNICADO DE PRENSA R70/11
RELATORÍA ESPECIAL PARA LA LIBERTAD DE EXPRESIÓN CONDENA NUEVO ASESINATO DE PERIODISTA EN HONDURAS Y PIDE INVESTIGACIÓN EXHAUSTIVA
Washington D.C., 18 de julio de 2011. — La Relatoría Especial para la Libertad de Expresión de la Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH) condena el asesinato del periodista Nery Jeremías Orellana, ocurrido el 14 de julio en el municipio de Candelaria, departamento de Lempira. La Relatoría Especial exhorta a las autoridades a realizar una investigación diligente y exhaustiva que de prioridad a la hipótesis según la cual la labor profesional del periodista, y sus constantes denuncias por violaciones a los derechos humanos, pudieron ser la causa del homicidio.
De acuerdo con la información recibida, Orellana viajaba en motocicleta hacia la radio cuando fue interceptado por desconocidos que le dispararon varias veces en la cabeza. El periodista fue trasladado con vida al hospital de Sensuntepeque pero falleció horas después.
Orellana, de 26 años, dirigía la emisora Radio Joconguera, en Candelaria, y era corresponsal de la radio comunitaria Radio Progreso. Como director, había abierto espacios en la radio a programas de la Iglesia católica y del Frente Nacional de Resistencia Nacional (FNRP) y había mantenido una posición crítica hacia el golpe de Estado contra el presidente Manuel Zelaya, en 2009. Momentos antes de ser asesinado había confirmado su participación en una reunión de radios comunitarias que se efectuaría el 15 de julio.
Para la Relatoría Especial es imprescindible que el Estado hondureño demuestre con acciones concretas e investigaciones efectivas su compromiso en la prevención de estos crímenes, la protección de los periodistas en riesgo y la lucha contra la impunidad de los asesinatos reportados. En este sentido, la Relatoría Especial reitera su preocupación por la ausencia de avances significativos para esclarecer los 13 asesinatos cometidos contra comunicadores desde julio de 2009. En todos estos casos es obligación del Estado adoptar todas las medidas necesarias para identificar la causa de los homicidios sin descartar de manera arbitraria la hipótesis según la cual la actividad profesional de los comunicadores asesinados pudo ser la causa de los mismos. Como resultado de las investigaciones, del Estado debe identificar a los responsables, juzgarlos y sancionarlos, así como garantizar la reparación adecuada de los familiares de las víctimas.
Desde 2009 han sido asesinados en Honduras los comunicadores Gabriel Fino Noriega, muerto en San Juan Pueblo el 3 de julio de 2009; Joseph Hernández, asesinado el 1 de marzo de 2010 en Tegucigalpa; David Meza Montesinos, asesinado en La Ceiba el 11 de marzo de 2010; Nahúm Palacios, muerto en Tocoa el 14 de marzo de 2010; Bayardo Mairena y Manuel Juárez, asesinados en Juticalpa el 26 de marzo de 2010; Jorge Alberto (Georgino) Orellana, muerto el 20 de abril de 2010 en San Pedro Sula; Luis Arturo Mondragón asesinado el 14 de junio de 2010 en El Paraíso; Israel Zelaya, muerto en San Pedro Sula el 24 de agosto de 2010; Henry Suazo, muerto en La Masica el 28 de diciembre de 2010, Héctor Francisco Medina Polanco, asesinado en Morazán el 10 de mayo de 2011 y Luis Mendoza Cerrato, asesinado en Danlí el 19 de mayo de 2011. En ninguna de las investigaciones las autoridades hondureñas han reportado algún progreso significativo.
Asimismo, el crimen de Nery Jeremías Orellana se inserta en un contexto de hostigamiento contra las radios que han mantenido una línea independiente y han denunciado temas de corrupción y posibles violaciones de derechos humanos. En particular la Relatoría Especial ha manifestado su preocupación por los constantes hostigamientos y amenazas a las que han sido sometidas las y los comunicadores de las radios comunitarias Guarajambala, La Voz Lenca, la radio comunitaria Faluma Bimetu (Coco Dulce) de la comunidad garífuna de la localidad de Triunfo de la Cruz, la radio La Voz de Zacate Grande, así como por la situación de la radio El Progreso cuyos miembros son objeto de medidas cautelares de la CIDH.
El noveno principio de la Declaración de Principios sobre Libertad de Expresión de la CIDH establece que: “El asesinato, secuestro, intimidación, amenaza a los comunicadores sociales, así como la destrucción material de los medios de comunicación, viola los derechos fundamentales de las personas y coarta severamente la libertad de expresión. Es deber de los Estados prevenir e investigar estos hechos, sancionar a sus autores asegurar a las víctimas una reparación adecuada”.

27. COMUNICADO DE PRENSA R71/11
RELATORÍA ESPECIAL MANIFIESTA PREOCUPACIÓN POR CONDENA PENAL CONTRA PERIODISTA EN PERÚ
Washington D.C., 20 de julio de 2010. - La Relatoría Especial para la Libertad de Expresión de la Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH) manifiesta su preocupación por la condena penal impuesta el 6 de julio al periodista de la cadena América TV, Hans Francisco Andrade Chávez, por el delito de difamación agravada.
De acuerdo con la información recibida, el Juzgado Penal Unipersonal Supraprovincial de Chepén sentenció al periodista a dos años de prisión, a pagar 4.000 nuevos soles como reparación civil (equivalente a unos US$ 1.460) y a cumplir 120 días multa por haber supuestamente difamado al subgerente de Servicios Públicos del Chepén. La sentencia ordenó al periodista difundir con sus propios recursos una rectificación y un desagravio público por el mismo medio de comunicación, durante dos días. El periodista y su abogado anunciaron que apelarán la decisión. El caso se originó en una entrevista que Andrade hizo a principios de marzo a una dirigente política local quien en varios medios de comunicación acusó al subgerente de haberla amenazado de muerte. Sin embargo, el acusador demandó solo al comunicador de América TV.
La Relatoría Especial ha manifestado su preocupación por la aplicación del delito de difamación en Perú a personas que han hecho denuncias o manifestado opiniones críticas respecto de quienes ocupan o han ocupado cargos públicos. Esta situación es aún más preocupante cuando la persona acusada es el comunicador que entrevista a una denunciante, en el marco de la cobertura de una información de interés público.
La formulación de denuncias o la expresión de opiniones contra funcionarios públicos o contra quienes han ejercido cargos públicos se encuentra protegida por el artículo 13 de la Convención Americana sobre Derechos Humanos. Quienes ejercen o han ejercido cargos públicos tienen el deber de soportar un mayor nivel de crítica y de cuestionamiento, justamente porque voluntariamente asumieron la administración de importantes responsabilidades públicas.
El principio décimo de la Declaración de Principios sobre Libertad de Expresión de la Comisión Interamericana de Derechos Humanos, establece: “La protección a la reputación debe estar garantizada sólo a través de sanciones civiles, en los casos en que la persona ofendida sea un funcionario público o persona pública o particular que se haya involucrado voluntariamente en asuntos de interés público. Además, en estos casos, debe probarse que en la difusión de las noticias el comunicador tuvo intención de infligir daño o pleno conocimiento de que se estaba difundiendo noticias falsas o se condujo con manifiesta negligencia en la búsqueda de la verdad o falsedad de las mismas”.
La Relatoría Especial hace un llamado a las autoridades judiciales competentes de Perú a tomar en cuenta los estándares internacionales vigentes en materia de libertad de expresión, en la resolución del caso de Hans Francisco Andrade Chávez.

28. COMUNICADO DE PRENSA R72/11
RELATORÍA ESPECIAL MANIFIESTA SU PROFUNDA PREOCUPACIÓN POR CONDENA CONTRA PERIODISTA, DIRECTIVOS Y MEDIO DE COMUNICACIÓN EN ECUADOR
Washington D.C., 21 de julio de 2011. — La Relatoría Especial para la Libertad de Expresión de la Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH) manifiesta su preocupación por la Sentencia emitida el 20 de julio por un juez provisorio en Ecuador contra el periódico El Universo, tres miembros de su junta directiva y el periodista Emilio Palacio. La sentencia condena a los directivos del diario y al periodista a tres años de prisión por el delito de injurias calumniosas contra una autoridad y a pagar un total de 40 millones de dólares de indemnización en beneficio del Presidente Rafael Correa, desglosados en 30 millones de dólares de forma solidaria a cargo de los individuos condenados y 10 millones de dólares a cargo de la empresa propietaria del medio de comunicación. Además, los condenados deberán pagar dos millones de dólares en honorarios profesionales a los abogados del Presidente. Para la Relatoría Especial esta decisión es contraria a los estándares regionales en materia de libertad de expresión, y genera un notable efecto intimidatorio y de autocensura que afecta no sólo a las personas condenadas, sino a toda la sociedad ecuatoriana.
El caso se originó en una columna de opinión publicada por Palacio el 6 de febrero de 2011, titulada No a las Mentiras”, en la que cuestionaba con duros calificativos presuntas decisiones tomadas por el Presidente Correa durante los hechos del 30 de septiembre de 2010. El Presidente rechazó en todos los extremos las aseveraciones de Palacio y consideró que las mismas vulneraban su reputación, por lo cual presentó la demanda el 21 de marzo de 2011. El mandatario pidió al juez de la causa condenar al autor de la columna y a los directivos del diario a la pena máxima de tres años de prisión y a pagar una indemnización de 50 millones de dólares; solicitó además una sanción de 30 millones de dólares para la empresa propietaria del periódico.
Los artículos 489, 491 y 493 del TÍTULO VII, del Código Penal ecuatoriano, titulado “DE LOS DELITOS CONTRA LA HONRA”, establecen, entre otras cosas, penas agravadas para quien formule “falsa imputación de un delito” o “toda otra expresión proferida en descrédito, deshonra o menosprecio”, de una “autoridad”. En particular, el artículo 493 establece penas de multa y de uno a tres años de prisión a quienes “hubieren dirigido a la autoridad imputaciones que constituyan injuria calumniosa”.
El proceso penal por injurias calumniosas tuvo una duración de cuatro meses. La audiencia de juzgamiento a la que asistió personalmente el Presidente se efectuó el 19 de julio en la ciudad de Guayaquil, en una jornada en la cual grupos de manifestantes afines al gobierno insultaron a los acusados y a una testigo a la salida del juzgado. Antes de la audiencia, el periodista Palacio había renunciado al periódico como una manera de evitar la condena millonaria que podría acarrear el cierre del medio. Asimismo, el día de la audiencia, los defensores de El Universo ofrecieron al Presidente Correa publicar una rectificación de la columna cuestionada, en los términos que el mandatario considerara adecuados. Sin embargo, el Presidente rechazó la conciliación y pidió continuar el proceso. Según lo informado, antes de la audiencia el Gobierno emitió varios pronunciamientos en los cuales descalificó al diario El Universo, sus directivos y al periodista Emilio Palacio. El juez provisorio hizo pública la decisión poco tiempo antes de terminar su periodo en el cargo, como juez temporal del Juzgado 15 de Garantías Penales. El abogado del Presidente indicó que apelaría la decisión dado que considera que la condena monetaria a favor del presidente debió ascender a 80 millones de dólares.
La existencia y aplicación de normas que penalizan la expresión ofensiva contra funcionarios públicos o leyes de desacato, en cualquiera de sus formas, resultan contrarias a los estándares interamericanos en materia de libertad de expresión. La Comisión Interamericana de Derechos Humanos, con fundamento en la Convención Americana sobre Derechos Humanos, ha establecido hace más de una década que la utilización del derecho penal para sancionar expresiones sobre funcionarios públicos vulnera el artículo 13 de la Convención Americana, que protege la libertad de expresión. No hay un interés social imperativo que justifique esta utilización, la cual resulta innecesaria y desproporcionada, y además puede constituir un medio de censura indirecta dado su efecto amedrentador e inhibidor del debate sobre asuntos de interés público.
El principio 11 de la Declaración de Principios sobre Libertad de Expresión de la CIDH sostiene que: “Los funcionarios públicos están sujetos a un mayor escrutinio por parte de la sociedad. Las leyes que penalizan la expresión ofensiva dirigida a funcionarios públicos generalmente conocidas como ‘leyes de desacato’ atentan contra la libertad de expresión y el derecho a la información”. Por su parte, el principio 10 de la misma Declaración establece que “Las leyes de privacidad no deben inhibir ni restringir la investigación y difusión de información de interés público. La protección a la reputación debe estar garantizada sólo a través de sanciones civiles, en los casos en que la persona ofendida sea un funcionario público o persona pública o particular que se haya involucrado voluntariamente en asuntos de interés público. Además, en estos casos, debe probarse que en la difusión de las noticias el comunicador tuvo intención de infligir daño o pleno conocimiento de que se estaba difundiendo noticias falsas o se condujo con manifiesta negligencia en la búsqueda de la verdad o falsedad de las mismas”.
A su turno, la Corte Interamericana ha establecido que las normas de injuria y calumnia vagas y ambiguas no pueden ser utilizadas para imponer responsabilidad a quien se ha referido a funcionarios públicos. Asimismo, al evaluar la aplicación del derecho penal a quien ha formulado opiniones críticas o ha circulado información que compromete a los más altos servidores públicos, la Corte Interamericana ha señalado que “[e]n una sociedad democrática los funcionarios públicos están más expuestos al escrutinio y la crítica del público. Este diferente umbral de protección se explica porque se han expuesto voluntariamente a un escrutinio más exigente. Sus actividades salen del dominio de la esfera privada para insertarse en la esfera del debate público. Este umbral no se asienta en la calidad del sujeto, sino en el interés público de las actividades que realiza”.
En una decisión de enorme importancia, la Corte Interamericana ha sostenido que “[e]n la arena del debate sobre temas de alto interés público, no sólo se protege la emisión de expresiones inofensivas o bien recibidas por la opinión pública, sino también la de aquellas que chocan, irritan o inquietan a los funcionarios públicos o a un sector cualquiera de la población”.
La Corte Interamericana también ha establecido, en cuanto a la eventual responsabilidad civil, que las condenas civiles en materia de libertad de expresión deben ser estrictamente proporcionadas de manera que no causen un efecto inhibitorio sobre esta libertad, ya que “el temor a la sanción civil, ante la pretensión […] de una reparación civil sumamente elevada, puede ser a todas luces tan o más intimidante e inhibidor para el ejercicio de la libertad de expresión que una sanción penal, en tanto tiene la potencialidad de comprometer la vida personal y familiar de quien denuncia a un funcionario público, con el resultado evidente y disvalioso de autocensura, tanto para el afectado como para otros potenciales críticos de la actuación de un servidor público”.
Dadas las consideraciones anteriores, la Relatoría Especial recuerda que los más altos funcionarios públicos no sólo tienen la obligación de tener mayor tolerancia frente a las críticas, sino que tienen medios alternativos de enorme eficacia para dar a conocer sus opiniones sobre las ideas o informaciones que consideren injustas u ofensivas. Asimismo, nota que la sentencia de 20 de julio, se convierte en una grave advertencia que conduce a inhibir a cualquier otra persona o medio de comunicación que tenga opiniones o informaciones que los altos funcionarios puedan considerar ofensivas, lo cual contradice prácticas naturales y necesarias en cualquier democracia. Finalmente, la sentencia, en caso de quedar firme, implicaría un perjuicio económico que podría incluso llegar a afectar la existencia misma del periódico El Universo.
Por las razones mencionadas, la Relatoría Especial exhorta al Estado de Ecuador a adecuar su ordenamiento y prácticas internas a la doctrina y jurisprudencia vigentes en materia de libertad de expresión, y hace un llamado a las autoridades judiciales competentes para resolver el caso del periódico El Universo, sus directivos y el periodista Emilio Palacio, de acuerdo con estos estándares internacionales en materia de derechos humanos.

29. COMUNICADO DE PRENSA R78/11
RELATORÍA ESPECIAL CONDENA NUEVO ASESINATO DE PERIODISTA EN BRASIL
Washington D.C. 28 de julio de 2011– La Relatoría Especial para la Libertad de Expresión de la Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH) condena el asesinato del periodista brasileño Auro Ida, ocurrido el 22 de julio en Cuiabá, estado de Mato Grosso. La Relatoría Especial solicita a las autoridades la realización de investigaciones prontas y diligentes para esclarecer el motivo del crimen, identificar y sancionar adecuadamente a los responsables.
De acuerdo con la información recibida, Auro Ida se encontraba dentro de su automóvil cuando al menos un desconocido se acercó, pidió a la mujer que acompañaba al periodista que saliera del vehículo y disparó al comunicador en varias ocasiones. El diputado y presidente de la Asamblea Legislativa de Mato Grosso, José Riva, habría manifestado a medios locales que el periodista le comentó que sufría amenazas hace varias semanas debido a reportajes en los que estaba trabajando. Las autoridades policiales han mencionado otras posibles hipótesis del crimen.
Auro Ida era periodista de información política, fundador del sitio digital Mídia News y columnista en el medio electrónico Olhar Direto. Tuvo una larga carrera en la que trabajó en el periódico A Gazeta, en diversas radios y revistas, y como secretario de comunicación del gobierno de Cuiabá.
Durante el 2011 han sido asesinados en Brasil los reporteros Luciano Leitão Pedrosa, quien trabajaba en TV Vitória y la Radio Metropolitana FM, muerto el 9 de abril en Vitória de Santo Antão, estado de Pernambuco; Valério Nascimento, propietario y reportero del periódico Panorama Geral, ocurrido el 3 de mayo en Río Claro, estado de Río de Janeiro; y Edinaldo Filgueira, bloguero y editor de Jornal O Serrano, asesinado el 15 de junio en Serra do Mel, estado de Rio Grande do Norte. Además el periodista y bloguero Ricardo Gama sobrevivió a un atentado el 23 de marzo en Río de Janeiro, en el que recibió tres disparos.
La Relatoría Especial manifiesta su preocupación por los crímenes reportados y hace un llamado a las autoridades para que adelanten todos los esfuerzos necesarios con el fin de prevenir la repetición de este tipo de hechos, identificar a los responsables materiales e intelectuales de los mismos, procesarlos y sancionarlos, y reparar a los familiares de las víctimas.
El principio 9 de la Declaración de Principios sobre Libertad de Expresión de la CIDH señala: “El asesinato, secuestro, intimidación, amenaza a los comunicadores sociales, así como la destrucción material de los medios de comunicación, viola los derechos fundamentales de las personas y coarta severamente la libertad de expresión. Es deber de los Estados prevenir e investigar estos hechos, sancionar a sus autores y asegurar a las víctimas una reparación adecuada”.

30. COMUNICADO DE PRENSA R81/11
RELATORÍA ESPECIAL CONDENA CRIMEN CONTRA PERIODISTA EN MÉXICO
Washington D.C. 29 de julio de 2011 – La Relatoría Especial para la Libertad de Expresión de la Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH) condena el asesinato de la periodista mexicana Yolanda Ordaz, que apareció muerta el 26 de julio en el municipio de Boca del Río, Veracruz. La Relatoría Especial solicita a las autoridades la realización de investigaciones prontas y diligentes para esclarecer el motivo del crimen, identificar y sancionar adecuadamente a los responsables, y nuevamente exhorta al Estado a implementar una política integral de prevención, protección y procuración de justicia ante el contexto de violencia que sufren periodistas y medios de comunicación en México.
De acuerdo con la información recibida, Yolanda Ordaz trabajaba como reportera de asuntos policíacos en el periódico Notiver de Veracruz. La misma había desaparecido desde el domingo 24 de julio, después de avisar a familiares que iba a cubrir una información. Su cuerpo fue encontrado decapitado detrás de las oficinas del periódico Imagen del Golfo y cerca de la radioemisora MVS.
Este es el segundo homicidio cometido contra periodistas de Notiver en un mes y el quinto contra comunicadores en México en 2011, que podrían estar relacionados con el ejercicio de la profesión. El pasado 20 de junio, el periodista Miguel Ángel López Velasco (conocido como Milo Vela), subdirector de Notiver, fue asesinado en su casa, en Veracruz, junto con su esposa y su hijo. En 2011 han sido reportados además: la desaparición y el posterior asesinato de Noel López Olguín, el 8 de marzo en Veracruz; los homicidios de Luis Ruiz Carrillo y José Luis Cerda Meléndez, el 25 de marzo en Monterrey; y la desaparición de Marco Antonio López Ortiz, el 7 de junio en Guerrero, cuyo paradero todavía es desconocido. En otros ataques contra medios de comunicación murieron la repartidora Maribel Hernández, el 31 de enero en Ciudad Juárez; y el ingeniero Rodolfo Ochoa Moreno, el 9 de febrero en Coahuila.
Asimismo, en su Informe Anual de 2007 la Relatoría Especial documentó que el 3 de mayo de ese año una cabeza humana fue arrojada en frente de la sede de Notiver con una nota que decía “este es un regalo para los periodistas, van a rodar más cabezas y Milo Vela lo sabe muy bien”.
La Relatoría Especial manifiesta nuevamente su preocupación por los crímenes reportados y hace un llamado urgente a las autoridades para que fortalezcan a la Fiscalía Especial para la Atención de Delitos Cometidos Contra la Libertad de Expresión, trasladen a la justicia federal las investigaciones de los crímenes contra comunicadores en aquellos casos que se requiera, e implementen adecuadamente los mecanismos de seguridad necesarios para proteger efectivamente la vida e integridad de las y los periodistas amenazados. Además, la Relatoría Especial insiste en que para impedir la impunidad de los crímenes cometidos así como la repetición de este tipo de hechos es imprescindible identificar a todos los responsables de los crímenes, juzgarlos, sancionarlos y adoptar medidas de reparación justas para los familiares de las víctimas.
Según la información disponible, los investigadores analizan diversas hipótesis acerca de los motivos del crimen. En ese contexto, la Relatoría Especial solicita a las autoridades mexicanas agotar con rigor y diligencia la hipótesis en virtud de la cual el asesinato pudo haber sido motivado por el trabajo periodístico de la comunicadora. El esclarecimiento de estos crímenes y la sanción a los responsables son un paso necesario para desincentivar la violencia, y su impacto en derechos como la vida y la libertad de expresión.
El principio 9 de la Declaración de Principios sobre Libertad de Expresión de la CIDH señala: “El asesinato, secuestro, intimidación, amenaza a los comunicadores sociales, así como la destrucción material de los medios de comunicación, viola los derechos fundamentales de las personas y coarta severamente la libertad de expresión. Es deber de los Estados prevenir e investigar estos hechos, sancionar a sus autores y asegurar a las víctimas una reparación adecuada”.
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