Comisión interamericana de derechos humanos



Descargar 5.32 Mb.
Página47/71
Fecha de conversión15.12.2017
Tamaño5.32 Mb.
1   ...   43   44   45   46   47   48   49   50   ...   71

31. COMUNICADO DE PRENSA R84/11
RELATORÍA ESPECIAL MANIFIESTA PREOCUPACIÓN POR DISPAROS CONTRA TELEVISORA PÚBLICA VENEZOLANA
Washington D.C. 3 de agosto de 2011 — La Relatoría Especial para la Libertad de Expresión de la Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH) manifiesta su preocupación por el ataque a disparos contra la emisora estatal venezolana, Vive TV Zulia, ocurrido el 31 de julio, que causó heridas a dos trabajadores del canal.
De acuerdo con la información recibida, en la mañana del domingo sujetos desconocidos a bordo de una camioneta pasaron frente a la sede del canal, en Maracaibo, estado Zulia, y dispararon en varias ocasiones cuando personal de prensa de la emisora salía del edificio. Como resultado del ataque, el policía Gustavo Ceballos recibió un impacto de bala en la pierna derecha y el empleado José Brito sufrió una fractura en una pierna, al caer de una escalera mientras intentaba protegerse de los proyectiles.
Vive TV Zulia es un medio de comunicación del Estado venezolano, inaugurado por el presidente Hugo Chávez en noviembre de 2003, y es parte de una red de televisoras regionales públicas orientadas a divulgar actividades comunitarias, gubernamentales y de promoción de la diversidad cultural venezolana.
La Relatoría Especial expresa su repudio ante estos actos de violencia e intolerancia y encuentra fundamental que las autoridades del Estado venezolano investiguen el ataque con diligencia y prontitud, con el fin de prevenir la repetición de este tipo de hechos, identificar a los responsables, juzgarlos y, en su caso, sancionarlos, así como reparar a las víctimas de manera justa.
El principio 9 de la Declaración de Principios sobre Libertad de Expresión de la CIDH señala: “El asesinato, secuestro, intimidación, amenaza a los comunicadores sociales, así como la destrucción material de los medios de comunicación, viola los derechos fundamentales de las personas y coarta severamente la libertad de expresión. Es deber de los Estados prevenir e investigar estos hechos, sancionar a sus autores y asegurar a las víctimas una reparación adecuada”.

32. COMUNICADO DE PRENSA R85/11
RELATORÍA ESPECIAL CONDENA SECUESTRO Y ASESINATO DE PERIODISTA EN REPÚBLICA DOMINICANA
Washington D.C., 4 de agosto de 2011. La Relatoría Especial para la Libertad de Expresión de la Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH) condena el asesinato del periodista José Agustín Silvestre de los Santos, ocurrido el 2 de agosto, reconoce la rápida reacción de las autoridades dominicanas e insta al Estado a iniciar una investigación exhaustiva, que privilegie la hipótesis según la cual el crimen pudo haber sido causado por el trabajo investigativo de la víctima.
De acuerdo con la información recibida, en la mañana del 2 de agosto varios sujetos obligaron a Silvestre de los Santos, de 59 años, a subir a un vehículo en la localidad de La Romana. Horas después, el cadáver fue encontrado con varias heridas de bala, en la carretera que une a La Romana con San Pedro de Macorís. El Procurador General de la República, Radhamés Jiménez, anunció la creación de una comisión especial de investigación para resolver el presente caso.
Según lo informado, Silvestre dirigía la revista La Voz de la Verdad y era presentador de un programa con el mismo nombre en la emisora Caña TV. El comunicador ejerció un periodismo crítico y de investigación, que lo llevó a enfrentar acusaciones judiciales y amenazas contra su vida. Recientemente había denunciado presuntos nexos de autoridades policiales y judiciales con el crimen organizado. En la semana previa al homicidio el periodista reportó al Colegio Dominicano de Periodistas que el 23 de julio pasado dos vehículos trataron de interceptarlo.
El reportero estaba siendo juzgado por los delitos de difamación e injuria, debido a denuncias que hizo acerca de una presunta infiltración del narcotráfico en la Procuraduría Fiscal de La Romana.
La Relatoría Especial encuentra fundamental que las autoridades emprendan investigaciones prontas y diligentes con el fin de impedir la impunidad de este crimen, esclarecer sus móviles, identificar a los responsables materiales e intelectuales, reparar de manera justa a los familiares de la víctima y evitar la repetición de crímenes contra comunicadores. En efecto, hechos de esta naturaleza no solo lesionan los derechos humanos de las víctimas sino que generan un gravísimo efecto intimidatorio, que afecta severamente el derecho a la libertad de expresión.
El principio 9 de la Declaración de Principios sobre Libertad de Expresión señala que el “asesinato, secuestro, intimidación, amenaza a los comunicadores sociales, así como la destrucción material de los medios de comunicación viola los derechos fundamentales de las personas y coarta severamente la libertad de expresión. Es deber de los Estados prevenir e investigar estos hechos, sancionar a sus autores y asegurar a las víctimas una reparación adecuada”.

33. COMUNICADO DE PRENSA R95/11
RELATORÍA ESPECIAL PARA LA LIBERTAD DE EXPRESIÓN CONDENA ASESINATO DE PERIODISTA EN SINALOA, MEXICO
Washington D.C., 26 de agosto de 2011. La Relatoría Especial para la Libertad de Expresión de la Comisión Interamericana de Derechos Humanos condena el secuestro y asesinato del periodista Humberto Millán, ocurrido en Sinaloa, México, y solicita a las autoridades una investigación exhaustiva que tome en cuenta la posibilidad de que el crimen haya sido motivado por el ejercicio del periodismo.
De acuerdo con la información recibida, Humberto Millán fue secuestrado por varios hombres armados en la mañana del 24 de agosto, en Culiacán, Sinaloa, cuando se dirigía a la emisora Radio Fórmula, donde conducía un programa periodístico. En la mañana del 25 de agosto, el periodista fue encontrado muerto, con una herida de bala en la cabeza.
Según lo informado, además de su trabajo en la radio, Humberto Millán dirigía el periódico digital A Discusión, donde se especializaba en información política local y nacional. El periodista, con más de 30 años de experiencia en medios de comunicación, era conocido por sus comentarios críticos y denuncias acerca de presuntos actos de corrupción política.
La Relatoría Especial tuvo conocimiento del establecimiento de una comisión de investigación para este caso, encabezada por la Procuraduría de Justicia del Estado de Sinaloa, en colaboración con la Procuraduría General de la República, e insta a las autoridades a hacer un análisis exhaustivo de las circunstancias del crimen y del trabajo periodístico de la víctima, como posible móvil del homicidio.
Este es el sexto homicidio cometido contra comunicadores en México en 2011, que podrían estar relacionados con el ejercicio del periodismo. En 2011 han sido reportados la desaparición y el posterior asesinato de Noel López Olguín, el 8 de marzo en Veracruz; los homicidios de Luis Ruiz Carrillo y José Luis Cerda Meléndez, el 25 de marzo en Monterrey; la muerte de Miguel Ángel López Velasco, el 20 de junio en Veracruz y el asesinato de Yolanda Ordaz, el 26 de julio en Boca del Río, Veracruz. Además, el 7 de junio desapareció en Guerrero el periodista Marco Antonio López Ortiz, cuyo paradero todavía es desconocido. En otros ataques contra medios de comunicación murieron la repartidora de periódicos, Maribel Hernández, el 31 de enero en Ciudad Juárez; y el ingeniero Rodolfo Ochoa Moreno, el 9 de febrero en Coahuila.
La Relatoría Especial reitera su preocupación por los crímenes reportados y hace un llamado urgente a las autoridades para que fortalezcan a la Fiscalía Especial para la Atención de Delitos Cometidos Contra la Libertad de Expresión, trasladen a la justicia federal las investigaciones de los crímenes contra comunicadores en aquellos casos que se requiera, e implementen adecuadamente los mecanismos de seguridad necesarios para proteger efectivamente la vida e integridad de las y los periodistas amenazados. Además, la Relatoría Especial insiste en que para impedir la impunidad de los crímenes cometidos así como la repetición de este tipo de hechos es imprescindible identificar a todos los responsables de los crímenes, juzgarlos, sancionarlos y adoptar medidas de reparación justas para los familiares de las víctimas.
El principio 9 de la Declaración de Principios sobre Libertad de Expresión de la CIDH señala: “El asesinato, secuestro, intimidación, amenaza a los comunicadores sociales, así como la destrucción material de los medios de comunicación, viola los derechos fundamentales de las personas y coarta severamente la libertad de expresión. Es deber de los Estados prevenir e investigar estos hechos, sancionar a sus autores y asegurar a las víctimas una reparación adecuada”.

34. COMUNICADO DE PRENSA R96/11
RELATORÍA ESPECIAL MANIFIESTA PREOCUPACIÓN POR DETENCIÓN DE PERIODISTAS Y GRAVES MEDIDAS CONTRA UNA REVISTA EN VENEZUELA POR PUBLICAR ARTÍCULO QUE OFENDIÓ A LAS AUTORIDADES
Washington D.C., 31 de agosto de 2011 — La Relatoría Especial para la Libertad de Expresión de la Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH) manifiesta su profunda preocupación por la decisión de prohibir temporalmente la circulación del semanario Sexto Poder en Venezuela así como por la captura, detención y procesamiento penal de la directora editorial de dicho medio y la orden de captura contra el presidente de la misma publicación. Para la Relatoría Especial estos hechos son contrarios a los estándares regionales en materia de libertad de expresión y generan un notable efecto intimidatorio y de autocensura que comprometen no sólo a las personas directamente afectadas sino a todos los medios de comunicación en Venezuela.
De acuerdo con la información recibida, el domingo 21 de agosto de 2011 el semanario Sexto Poder publicó un artículo titulado "Las poderosas de la revolución", que fue ilustrado con un montaje fotográfico de seis altas funcionarias del Estado venezolano. En la nota y la ilustración, de carácter satírico, se presentó a la presidenta del Tribunal Supremo de Justicia, Luisa Estella Morales; la Fiscal General, Luisa Ortega; la Defensora del Pueblo, Gabriela Ramírez; la Contralora General a.i, Adelina González; la presidenta del Consejo Nacional Electoral, Tibisay Lucena y la vicepresidenta de la Asamblea Nacional, Blanca Eekhout, vestidas como bailarinas de cabaret. El objetivo de la publicación era cuestionar una alegada dependencia de los órganos de control en Venezuela, respecto del poder ejecutivo nacional. Entre otras aseveraciones, la publicación indicó que cada una de las representantes de los órganos mencionados "cumplía un rol específico dentro del cabaret dirigido por míster Chávez".
Algunas de las funcionarias aludidas así como otros altos funcionarios públicos, indicaron que el fotomontaje y el texto ofendían la “dignidad de la mujer venezolana” y que constituía “violencia de género”. Adujeron que la publicación contenía un “discurso de odio”, que “vilipendiaba” a las funcionarias y a las instituciones que representaban e, incluso, que amenazaba la estabilidad del Gobierno venezolano.
Una vez conocida la publicación, la Contralora habría denunciado a los periodistas ante la Fiscalía tras lo cual, en menos de 24 horas, el Juzgado Noveno de Primera Instancia en Función de Control del Circuito Judicial Penal, de Caracas, decretó una medida cautelar para prohibir la “edición y distribución por cualquier medio” del semanario. El mismo juzgado ordenó la detención de la directora de Sexto Poder, Dinorah Girón, y de su presidente y editor general, Leocenis García, por presuntas violaciones al Código Penal de Venezuela originadas en la publicación del citado artículo. El 21 de agosto, agentes del Servicio Bolivariano de Inteligencia (SEBIN) habrían arrestado a la periodista Girón, quien fue liberada dos días después cuando el Juzgado Noveno dictó libertad condicional. Sin embargo, el juzgado le impuso la prohibición de salir del país, la obligación de presentarse a firmar a los tribunales cada 15 días, así como impedimentos para referirse públicamente a su caso y participar en concentraciones públicas.
Según lo informado, Leocenis García habría afirmado que se entregaría a la justicia siempre que cesara la persecución política contra el medio que preside.
El 23 de agosto, la Relatoría Especial solicitó información al Estado acerca de este caso. En su respuesta, el Estado indicó que a raíz de la publicación a Dinorah Girón se le imputan los delitos de “vilipendio a funcionario público, instigación pública al odio y ofensa pública por razones de género”, mientras que a Leocenis García se le imputan cargos por “instigación al odio, vilipendio y violencia de género”. De acuerdo con la información aportada por el Estado, tales delitos están previstos y sancionados en el Código Penal y en la Ley Orgánica sobre el Derecho de la Mujer a una Vida Libre de Violencia.
Asimismo, el 29 de agosto, el Estado informó a la Relatoría Especial que había sido revocada la prohibición de publicar el semanario. Sin embargo, se informó que el juez le impuso a Sexto Poder la prohibición de publicar información que contenga material “gráfico o textual” que “constituya[n] una ofensa u/o ultraje a la reputación, o al decoro de algún representante de los poderes públicos, y cuyo objetivo sea exponerlos al desprecio o al odio público”. También prohibió la publicación de “contenidos vejatorios y ofensivos contra el género femenino” y ordenó retirar los ejemplares de la edición del pasado 20 agosto que se encontraran a disposición del público. El 28 de agosto, el semanario no pudo circular dado que se encontraba vigente la medida judicial originalmente adoptada.
Para la Relatoría Especial, las decisiones del tribunal venezolano imponen una medida de censura previa así como restricciones desproporcionadas en contra de los requerimientos del derecho internacional de los derechos humanos en esta materia.
La Convención Americana de Derechos Humanos prohíbe la censura previa y señala que el ejercicio del derecho a la libertad de expresión solo puede estar sujeto a responsabilidades ulteriores, las que deben estar expresamente fijadas por la ley de manera clara y detallada; definirse luego de un proceso judicial por un órgano que brinde garantías de independencia e imparcialidad y asegure la aplicación de las garantías del debido proceso; y ser estrictamente necesarias en una sociedad democrática.
Asimismo, la captura, encarcelamiento y procesamiento penal de una persona por haber manifestado opiniones que molestan a las autoridades, está expresamente prohibida por los estándares interamericanos de libertad de expresión. Dichos estándares han sido elaborados durante las últimas tres décadas por la CIDH y la Corte Interamericana de Derechos Humanos, como reacción a los abusos de los regímenes autoritarios del pasado y deben ser garantizados y asegurados por todas las democracias contemporáneas. En este sentido, la Corte Interamericana ya ha sostenido que la libertad de expresión debe garantizarse no sólo en cuanto a la difusión de ideas e informaciones recibidas favorablemente o consideradas inofensivas o indiferentes, sino también en cuanto a las que ofenden, chocan, inquietan, resultan ingratas o perturban al Estado o a cualquier sector de la población. Asimismo, ha sostenido que las opiniones sobre los funcionarios públicos no son judicializables o sujetas a responsabilidad. De otra manera se estaría instaurando el delito de opinión absolutamente proscrito por la Convención Americana.
A su turno, la CIDH ha sostenido en el décimo principio de la Declaración de Principios sobre Libertad de Expresión, que “[l]a protección a la reputación debe estar garantizada sólo a través de sanciones civiles, en los casos en que la persona ofendida sea un funcionario público o persona pública o particular que se haya involucrado voluntariamente en asuntos de interés público”. Asimismo, el onceavo principio señala que “[l]os funcionarios públicos están sujetos a un mayor escrutinio por parte de la sociedad. Las leyes que penalizan la expresión ofensiva dirigida a funcionarios públicos generalmente conocidas como 'leyes de desacato' atentan contra la libertad de expresión y el derecho a la información”.
El caso de Sexto Poder es el segundo en menos de dos meses en el que las autoridades venezolanas aplican el Código Penal para sancionar las expresiones de opiniones críticas o disidentes. El pasado 13 de julio, el ex gobernador del estado Zulia y precandidato presidencial, Oswaldo Álvarez Paz, fue condenado a dos años de prisión, con el beneficio de libertad condicional, por el delito de “difusión de información falsa” debido a comentarios realizados en una entrevista televisiva, acerca de investigaciones sobre la supuesta presencia del narcotráfico y grupos armados en Venezuela.
La Relatoría Especial recuerda a las autoridades venezolanas que la existencia de medios de comunicación libres, independientes, pluralistas y diversos es condición indispensable para el adecuado funcionamiento de una sociedad democrática. Asimismo, destaca que es deber del Estado crear las condiciones para un debate democrático plural y desinhibido, para lo cual son necesarias garantías de funcionamiento libre de los medios de comunicación y de la expresión crítica o disidente. En consecuencia la Relatoría Especial exhorta a las autoridades venezolanas a adoptar las medidas necesarias para asegurar el respeto y garantía de este derecho de conformidad con los tratados internacionales de derechos humanos de los cuales Venezuela es Estado parte.

35. COMUNICADO DE PRENSA R97/11
RELATORÍA ESPECIAL CONDENA ASESINATO DE DOS MUJERES PERIODISTAS EN EL DISTRITO FEDERAL DE MÉXICO
Washington D.C., 7 de septiembre de 2011— La Relatoría Especial para la Libertad de Expresión de la Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH) condena el asesinato de las periodistas Marcela Yarce Viveros y Rocío González Trápaga, cuyos cuerpos fueron encontrados el 1 de septiembre en un parque de la capital mexicana.
Las autoridades  desconocen la razón de los asesinatos e investigan varias hipótesis. La Relatoría Especial considera indispensable investigar de manera exhaustiva la hipótesis según la cual estos asesinatos podrían haber sido motivados por el ejercicio del periodismo y urge a las autoridades esclarecer las circunstancias de las muertes, identificar y sancionar a los responsables y reparar de manera justa a los familiares de las víctimas.
De acuerdo con la información recibida, las periodistas tenían una cita la noche del 31 de agosto. El último contacto que se tuvo con ellas habría sido alrededor de las 10 de la noche. Algunas personas que pasaban por el parque El Mirador, en la delegación Iztapalapa del D.F. hallaron los cuerpos de las mujeres en la mañana del 1 de septiembre, con marcas de violencia. Horas después las autoridades confirmaron la identidad de las víctimas.
Marcela Yarce era una de las fundadoras de la revista Contralínea, reportera y encargada de relaciones públicas de esa publicación. Anteriormente había trabajado en diversos medios de comunicación escritos y televisivos. Por su parte, Rocío González era periodista independiente y con anterioridad se había desempeñado como reportera de los noticieros de la cadena Televisa.
Contralínea, fundada en 2002, se ha distinguido por un periodismo crítico acerca de temas políticos y especialmente por formular importantes denuncias en materia de corrupción. La revista y sus periodistas han sido objeto de diversos actos de intimidación y hostigamiento, como ataques armados, amenazas, robos de equipos e información y restricciones judiciales.
Con estos dos crímenes ascienden a ocho los comunicadores asesinados en México durante 2011, en cuyos casos no se ha descartado un vínculo con la actividad profesional. Anteriormente habían sido registrados los homicidios de Noel López Olguín, el 8 de marzo en Veracruz; Luis Ruiz Carrillo y José Luis Cerda Meléndez, el 25 de marzo en Monterrey; Miguel Ángel López Velasco, el 20 de junio en Veracruz; Yolanda Ordaz, el 26 de julio en Boca del Río, Veracruz; y Humberto Millán, el 25 de agosto en Culiacán. Además, el 7 de junio desapareció en Guerrero el periodista Marco Antonio López Ortiz, cuyo paradero todavía es desconocido. En otros ataques contra medios de comunicación murieron la repartidora de periódicos, Maribel Hernández, el 31 de enero en Ciudad Juárez; y el ingeniero Rodolfo Ochoa Moreno, el 9 de febrero en Coahuila.
La Relatoría Especial exhorta nuevamente al Estado a adoptar de manera urgente todas las medidas necesarias para prevenir estos crímenes, proteger a los periodistas en riesgo y avanzar de manera pronta y decidida en las investigaciones correspondientes, sin descartar la hipótesis de que los asesinatos estén relacionados con el ejercicio periodístico de las víctimas. El esclarecimiento de estos crímenes y la sanción a los responsables son un paso necesario para desincentivar la violencia contra la prensa en México.
La situación de violencia contra los medios de comunicación y periodistas en México ha sido puesta de presente en el informe especial de esta oficina sobre la situación de la libertad de expresión en ese país. En el reporte oficial se recomienda enfáticamente a las autoridades mexicanas la adopción urgente de medidas como el reforzamiento de las capacidades y recursos de la Fiscalía Especial para la Atención de Delitos Cometidos Contra la Libertad de Expresión, el traslado a la justicia federal de las investigaciones y juicios de los crímenes contra comunicadores en aquellos casos que se requiera y la implementación de manera pronta y efectiva de mecanismos de seguridad necesarios para proteger la vida e integridad de las y los periodistas amenazados.
El principio 9 de la Declaración de Principios sobre Libertad de Expresión de la CIDH señala: “El asesinato, secuestro, intimidación, amenaza a los comunicadores sociales, así como la destrucción material de los medios de comunicación, viola los derechos fundamentales de las personas y coarta severamente la libertad de expresión. Es deber de los Estados prevenir e investigar estos hechos, sancionar a sus autores y asegurar a las víctimas una reparación adecuada”.

36. COMUNICADO DE PRENSA R100/11
RELATORÍA ESPECIAL PARA LA LIBERTAD DE EXPRESIÓN CONDENA ASESINATO DE COMUNICADOR EN HONDURAS
Washington D.C., 12 de septiembre de 2011 – La Relatoría Especial para la Libertad de Expresión de la Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH) condena el homicidio del comunicador hondureño Medardo Flores, colaborador del Frente Amplio de Resistencia Popular (FARP), ocurrido el 8 de septiembre en la comunidad de Blanquito, Puerto Cortés. La Relatoría Especial exhorta al Estado a realizar una investigación diligente y exhaustiva que dé especial atención a la hipótesis criminal según la cual el crimen cometido pudo tener origen las actividades periodísticas y políticas del comunicador.
De acuerdo con la información disponible, varias personas desconocidas asesinaron a Medardo Flores utilizando armas de fuego, en la noche del jueves 8 de septiembre, en la localidad donde vivía. Flores, quien se dedicaba a la agricultura, formaba parte de un grupo de comunicadores populares voluntarios de Radio Uno de San Pedro Sula, y con regularidad participaba en programas de opinión y entrevistas. Según lo informado, Flores era el encargado de finanzas en el norte del país del Frente Amplio de Resistencia Popular (FARP), organización que lidera el ex presidente de Honduras, Manuel Zelaya.
Medardo Flores es el cuarto comunicador asesinado en Honduras en 2011 y es, al menos, el decimocuarto desde el golpe de Estado de julio de 2009 cuyas muertes no se han esclarecido y podrían tener relación con el ejercicio de la profesión. Para la Relatoría Especial es imprescindible que el Estado hondureño demuestre con acciones concretas e investigaciones efectivas su compromiso en la prevención de estos crímenes, la protección de los periodistas en riesgo y la lucha contra la impunidad de los asesinatos reportados. En este sentido, la Relatoría Especial reitera su preocupación por la ausencia de avances significativos para esclarecer los asesinatos cometidos contra comunicadores desde 2009. En todos estos casos es obligación del Estado adoptar todas las medidas necesarias para identificar la causa de los homicidios sin descartar de manera arbitraria la hipótesis según la cual la actividad profesional de los comunicadores asesinados pudo ser la causa de los mismos. Como resultado de las investigaciones, el Estado debe identificar a los responsables, juzgarlos y sancionarlos, así como garantizar la reparación adecuada a los familiares de las víctimas.
Además de este homicidio, desde 2009 han sido asesinados en Honduras los comunicadores Gabriel Fino Noriega, muerto en San Juan Pueblo el 3 de julio de 2009; Joseph Hernández, asesinado el 1 de marzo de 2010 en Tegucigalpa; David Meza Montesinos, asesinado en La Ceiba el 11 de marzo de 2010; Nahúm Palacios, muerto en Tocoa el 14 de marzo de 2010; Bayardo Mairena y Manuel Juárez, asesinados en Juticalpa el 26 de marzo de 2010; Jorge Alberto (Georgino) Orellana, muerto el 20 de abril de 2010 en San Pedro Sula; Luis Arturo Mondragón asesinado el 14 de junio de 2010 en El Paraíso; Israel Zelaya, muerto en San Pedro Sula el 24 de agosto de 2010; Henry Suazo, muerto en La Masica el 28 de diciembre de 2010, Héctor Francisco Medina Polanco, asesinado en Morazán el 10 de mayo de 2011, Luis Mendoza Cerrato, asesinado en Danlí el 19 de mayo de 2011 y Nery Jeremías Orellana, asesinado el 14 de julio en el municipio de Candelaria. En ninguna de las investigaciones las autoridades hondureñas han reportado algún progreso significativo.
El noveno principio de la Declaración de Principios sobre Libertad de Expresión de la CIDH establece que: “El asesinato, secuestro, intimidación, amenaza a los comunicadores sociales, así como la destrucción material de los medios de comunicación, viola los derechos fundamentales de las personas y coarta severamente la libertad de expresión. Es deber de los Estados prevenir e investigar estos hechos, sancionar a sus autores  asegurar a las víctimas una reparación adecuada”.
1   ...   43   44   45   46   47   48   49   50   ...   71


La base de datos está protegida por derechos de autor ©bazica.org 2016
enviar mensaje

    Página principal