Comisión interamericana de derechos humanos



Descargar 5.32 Mb.
Página48/71
Fecha de conversión15.12.2017
Tamaño5.32 Mb.
1   ...   44   45   46   47   48   49   50   51   ...   71

37. COMUNICADO DE PRENSA R101/11
RELATORÍA ESPECIAL PARA LA LIBERTAD DE EXPRESIÓN CONDENA ASESINATO DE PERIODISTA EN PERÚ
Washington D.C., 13 de septiembre de 2011. La Relatoría Especial para la Libertad de Expresión de la Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH) condena el asesinato del periodista peruano Pedro Flores Silva, ocurrido en Casma, departamento de Áncash, el 8 de septiembre. La Relatoría considera fundamental efectuar una investigación diligente y exhaustiva que tome en cuenta las amenazas recibidas recientemente por el comunicador y que permita capturar a los responsables intelectuales y materiales del crimen, procesarlos, sancionarlos y reparar de manera adecuada a la familia de la víctima.
De acuerdo con la información recibida, en la noche del 6 de septiembre una persona encapuchada interceptó al periodista cerca de su casa en Casma y le disparó en dos ocasiones. Una de las balas perforó órganos vitales y la víctima murió el 8 de septiembre, en el Hospital Regional de Chimbote. Pedro Flores, de 36 años, dirigía el programa periodístico “Visión Agraria”, en el Canal 6 local.
La esposa del comunicador comentó que su marido había recibido varias amenazas de muerte desde hace dos meses. El periodista venía divulgando una serie de informaciones relacionadas con presuntas irregularidades cometidas en la municipalidad distrital de Comandante Noel. El comunicador enfrentaba una demanda penal interpuesta por el alcalde de esa localidad.
Para la Relatoría Especial es esencial que el Estado investigue de forma exhaustiva el posible nexo del crimen con la actividad profesional del periodista. Los crímenes cometidos contra los periodistas no solo afectan a la víctima y a sus allegados sino que comprometen el derecho a la libertad de expresión de toda la sociedad.
El principio 9 de la Declaración de Principios sobre Libertad de Expresión de la CIDH señala: “El asesinato, secuestro, intimidación, amenaza a los comunicadores sociales, así como la destrucción material de los medios de comunicación, viola los derechos fundamentales de las personas y coarta severamente la libertad de expresión. Es deber de los Estados prevenir e investigar estos hechos, sancionar a sus autores y asegurar a las víctimas una reparación adecuada”.

38. COMUNICADO DE PRENSA R102/11
RELATORÍA ESPECIAL PARA LA LIBERTAD DE EXPRESIÓN CONDENA ASESINATO DE PERIODISTA RADIOFÓNICO EN BRASIL
Washington D.C., 15 de septiembre de 2011 — La Relatoría Especial para la Libertad de Expresión de la Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH) condena el asesinato del periodista radiofónico brasileño Vanderlei Canuto Leandro, ocurrido el 1 de septiembre en la ciudad de Tabatinga, estado de Amazonas. La Relatoría solicita a las autoridades la realización de investigaciones prontas y diligentes para esclarecer el motivo del crimen, identificar y sancionar adecuadamente a los responsables y reparar de manera justa a los familiares del periodista asesinado.
De acuerdo con la información recibida, personas desconocidas a bordo de una motocicleta habrían disparado contra el periodista cuando regresaba a su casa en la noche. Vanderlei Canuto Leandro era el conductor del programa Séñal Verde, de la emisora bilingüe Radio Frontera, en Tabatinga, en la frontera de Brasil con Colombia y Perú, y era reconocido por sus denuncias por presuntos actos de corrupción en el municipio local. En mayo pasado el periodista habría presentado una denuncia ante el Ministerio Público por graves amenazas de muerte en su contra presuntamente proferidas por una autoridad municipal. La Policía investiga el crimen pero hasta el momento no habría identificado posibles sospechosos.
Con el homicidio de Vanderlei Canuto Leandro son cinco las muertes de periodistas en Brasil este año por razones que podrían estar vinculadas a la actividad profesional de las víctimas. Además de este homicidio, durante 2011 han sido asesinados los reporteros Luciano Leitão Pedrosa, muerto el 9 de abril en Vitória de Santo Antão, estado de Pernambuco; Valério Nascimento, asesinado el 3 de mayo en Río Claro, estado de Río de Janeiro; Edinaldo Filgueira, asesinado el 15 de junio en Serra do Mel, estado de Rio Grande do Norte y Auro Ida, a quien le dispararon el 22 de julio en Cuiabá, Mato Grosso. El periodista y bloguero Ricardo Gama sobrevivió a un atentado el 23 de marzo en Río de Janeiro, en el que recibió tres disparos.
La Relatoría Especial manifiesta su preocupación por los crímenes reportados y hace un llamado a las autoridades para que adelanten todos los esfuerzos necesarios con el fin de prevenir la repetición de este tipo de hechos, identificar a los responsables materiales e intelectuales de los mismos, procesarlos y sancionarlos, y reparar a los familiares de las víctimas.
El principio 9 de la Declaración de Principios sobre Libertad de Expresión de la CIDH señala: “El asesinato, secuestro, intimidación, amenaza a los comunicadores sociales, así como la destrucción material de los medios de comunicación, viola los derechos fundamentales de las personas y coarta severamente la libertad de expresión. Es deber de los Estados prevenir e investigar estos hechos, sancionar a sus autores y asegurar a las víctimas una reparación adecuada”.

39. COMUNICADO DE PRENSA R103/11
RELATORÍA ESPECIAL PARA LA LIBERTAD DE EXPRESIÓN CONDENA TERCER ASESINATO DE PERIODISTA EN PERÚ EN 2011
Washington D.C., 20 de septiembre de 2011. La Relatoría Especial para la Libertad de Expresión de la Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH) condena el asesinato del periodista José Oquendo Reyes, ocurrido el 14 de septiembre en Pueblo Nuevo, provincia de Chincha y manifiesta su profunda preocupación ante este crimen que constituye el tercer homicidio cometido contra un comunicador en Perú durante 2011. La Relatoría Especial insta a las autoridades a investigar de manera exhaustiva la hipótesis según la cual el asesinato podría haber sido motivado por el ejercicio del periodismo, así como identificar, procesar y condenar a los autores materiales e intelectuales del crimen.
De acuerdo con la información recibida, en la tarde del 14 de septiembre Oquendo Reyes caminaba cerca de su casa cuando fue interceptado por desconocidos que le dispararon a corta distancia. Un hijo de la víctima lo llevó al hospital en el cual falleció. El periodista era director y conductor del programa "Sin Fronteras" de BTV Canal 45 de Chincha y, según lo informado, habría denunciado recientemente en su programa presuntos malos manejos administrativos en la alcaldía provincial de Chincha. Junto con sus actividades periodísticas, Oquendo Reyes también se dedicaba a la supervisión de obras de construcción.
El homicidio de Oquendo Reyes se suma a los asesinatos de los periodistas Julio Castillo Narváez, ocurrido en Virú, La Libertad, el 3 de mayo, y Pedro Flores Silva, ocurrido en Casma, Áncash, el 8 de septiembre de 2011.
Los atentados contra comunicadores no sólo afectan a la víctima y sus familiares sino que dañan a la sociedad en su conjunto. Estos crímenes constituyen la más radical forma de censura al impedir de forma absoluta el derecho de los periodistas a circular ideas o informaciones y el derecho de todas las personas a recibir dicha información.
El noveno principio de la Declaración de Principios sobre Libertad de Expresión de la CIDH establece que: “El asesinato, secuestro, intimidación, amenaza a los comunicadores sociales, así como la destrucción material de los medios de comunicación, viola los derechos fundamentales de las personas y coarta severamente la libertad de expresión. Es deber de los Estados prevenir e investigar estos hechos, sancionar a sus autores y asegurar a las víctimas una reparación adecuada”.

40. COMUNICADO DE PRENSA R104/11
RELATORÍA ESPECIAL MANIFIESTA PREOCUPACIÓN POR RATIFICACIÓN DE CONDENA CONTRA PERIODISTA, DIRECTIVOS Y MEDIO DE COMUNICACIÓN EN ECUADOR
Washington D.C., 21 de septiembre de 2011. — La Relatoría Especial para la Libertad de Expresión de la Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH) manifiesta su profunda preocupación por la sentencia que ratifica la condena penal y civil al periodista Emilio Palacio, a tres directivos del diario El Universo de Ecuador y al diario mismo, por la publicación en ese diario de una columna que ofendió al Presidente Rafael Correa.
La sentencia ratificada en segunda instancia condena a los directivos del diario y al periodista a tres años de prisión por el delito de injurias calumniosas contra una autoridad y ordena un total de 40 millones de dólares de indemnización en beneficio del Presidente Rafael Correa.
La demanda interpuesta por el Presidente, se originó en la publicación, el 6 de febrero de 2011, de una columna en la sección de opinión de El Universo, suscrita por Palacio, titulada No a las Mentiras”. En dicha columna, Palacio cuestionaba presuntas decisiones tomadas por el Presidente Correa durante los hechos del 30 de septiembre de 2010. El Presidente rechazó todas las aseveraciones de Palacio y consideró que las mismas vulneraban su reputación, por lo cual presentó la demanda el 21 de marzo de 2011, solicitando la máxima pena de prisión y una indemnización por 80 millones de dólares contra el autor de la columna y los directivos del diario. El 20 de julio de 2011 fue emitida la condena en primera instancia. Esta sentencia, según la información recibida, fue ratificada integralmente por la Segunda Sala de lo Penal de la Corte Provincial del Guayas el pasado 20 de septiembre.
Las decisiones judiciales citadas generan un evidente efecto intimidatorio respecto de quienes pretendan circular ideas o informaciones que puedan ofender a las autoridades, lo cual resulta incompatible con los estándares regionales en materia de libertad de expresión. La autocensura que surge como efecto de este tipo de decisiones no sólo afecta a los periodistas y a las propias autoridades, sino a toda la sociedad ecuatoriana.
La existencia y aplicación de normas que penalizan la expresión ofensiva contra funcionarios públicos o las leyes de desacato, en cualquiera de sus formas o denominaciones, resultan contrarias a los estándares interamericanos en materia de libertad de expresión. La Comisión Interamericana de Derechos Humanos, con fundamento en la Convención Americana sobre Derechos Humanos, ha establecido hace más de una década que la utilización del derecho penal para sancionar expresiones sobre funcionarios públicos vulnera el artículo 13 de la Convención Americana, que protege la libertad de expresión.
Con ocasión de la sentencia condenatoria de primera instancia proferida el 20 de julio de este año, la Relatoría emitió un comunicado expresando su preocupación, exponiendo en detalle los estándares internacionales aplicables en estos casos, y exhortando a las autoridades competentes a atender dichos estándares. La Relatoría Especial manifiesta su profunda preocupación ante el hecho de que pese a conocer la doctrina y jurisprudencia sobre las obligaciones internacionales del Estado en materia de libertad de expresión, el Presidente Correa hubiese insistido en su demanda y la Corte de apelación hubiere ratificado la sentencia condenatoria de primera instancia.
La Relatoría recuerda una vez más que el principio 11 de la Declaración de Principios sobre Libertad de Expresión de la CIDH sostiene que: “Los funcionarios públicos están sujetos a un mayor escrutinio por parte de la sociedad. Las leyes que penalizan la expresión ofensiva dirigida a funcionarios públicos generalmente conocidas como ‘leyes de desacato’ atentan contra la libertad de expresión y el derecho a la información”. Por su parte, el principio 10 de la misma Declaración establece que: “Las leyes de privacidad no deben inhibir ni restringir la investigación y difusión de información de interés público. La protección a la reputación debe estar garantizada sólo a través de sanciones civiles, en los casos en que la persona ofendida sea un funcionario público o persona pública o particular que se haya involucrado voluntariamente en asuntos de interés público. Además, en estos casos, debe probarse que en la difusión de las noticias el comunicador tuvo intención de infligir daño o pleno conocimiento de que se estaba difundiendo noticias falsas o se condujo con manifiesta negligencia en la búsqueda de la verdad o falsedad de las mismas”.
La Corte Interamericana también ha establecido, en cuanto a la eventual responsabilidad civil, que las condenas civiles en materia de libertad de expresión deben ser estrictamente proporcionadas de manera que no causen un efecto inhibitorio sobre esta libertad, ya que “el temor a la sanción civil, ante la pretensión […] de una reparación civil sumamente elevada, puede ser a todas luces tan o más intimidante e inhibidor para el ejercicio de la libertad de expresión que una sanción penal, en tanto tiene la potencialidad de comprometer la vida personal y familiar de quien denuncia a un funcionario público, con el resultado evidente y disvalioso de autocensura, tanto para el afectado como para otros potenciales críticos de la actuación de un servidor público”.
Dada la gravedad de la decisión judicial proferida, la Relatoría Especial exhorta nuevamente al Estado ecuatoriano a adecuar su marco jurídico y sus prácticas institucionales a los estándares interamericanos en materia de libertad de expresión.

41. COMUNICADO DE PRENSA R105/11
RELATORÍA ESPECIAL PARA LA LIBERTAD DE EXPRESIÓN CONDENA TRES ASESINATOS EN NUEVO LAREDO, MÉXICO
Washington D.C., 27 de septiembre de 2011. La Relatoría Especial para la Libertad de Expresión de la Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH) condena el asesinato de la editora del diario Primera Hora, María Elizabeth Macías, ocurrido el 24 de septiembre en Nuevo Laredo, estado de Tamaulipas, así como de dos jóvenes cuyos nombres no han sido publicados, hallados en esta misma ciudad el pasado 13 de septiembre. Los cuerpos fueron encontrados con señales de violencia y acompañados de mensajes que advertían sobre el uso de las redes sociales para reportar crímenes vinculados al narcotráfico. La Relatoría Especial manifiesta su profunda preocupación por la situación de violencia contra comunicadores en México e insta a las autoridades a investigar de manera exhaustiva estos asesinatos, así como identificar, procesar y condenar a los autores materiales e intelectuales de estos crímenes.
De acuerdo con la información recibida, el 24 de septiembre habría sido encontrada decapitada en la ciudad de Nuevo Laredo la editora María Elizabeth Macías, junto a sus restos se encontró un mensaje que la acusaba de denunciar en un blog, la actuación de grupos delincuenciales. La información recibida por esta Relatoría Especial indica que, dos semanas antes, el 13 de septiembre de 2011, habrían sido encontrados, también en la ciudad e Nuevo Laredo, los cuerpos de dos jóvenes con señales de tortura. Según la información recibida, los cuerpos estaban acompañados de un mensaje que advertía a las personas no reportar crímenes en redes sociales.
La situación de violencia contra comunicadores en México presenta una extrema gravedad. En particular, en la franja norte del país el crimen organizado ha logrado silenciar a gran parte de la prensa local y ha obligado a las personas a hacer uso del anonimato y de las redes sociales para poder referirse a temas controversiales como la violencia asociada al narcotráfico.
La Relatoría Especial hace un llamado a las autoridades estatales para que adelanten todos los esfuerzos necesarios con el fin de prevenir la repetición de este tipo de hechos, identificar a los responsables materiales e intelectuales de los mismos, procesarlos y sancionarlos, y reparar a los familiares de las víctimas. Para ello, insta al Estado a conducir investigaciones efectivas, oportunas y adelantadas por autoridades civiles, en estos y los otros casos que conciernen a amenazas, ataques o asesinatos contra comunicadores, y recomienda que en aquellas situaciones en las que la violencia resulte particularmente aguda, el Estado proceda a implementar unidades y protocolos especiales de investigación que tomen en cuenta las actividades de los comunicadores agredidos.
La investigación de las amenazas o crímenes cometidos contra las personas que utilizan las redes sociales como mecanismo de comunicación masiva de sus ideas, opiniones e informaciones, especialmente de asuntos de interés público, debe ser asumida con la misma diligencia y especialidad que las investigaciones respecto de los crímenes cometidos contra periodistas profesionales.
Salvaguardar la libertad de expresión no sólo es compatible con la lucha contra el crimen, sino que es un elemento esencial de esta lucha, en la medida que expone la criminalidad y fomenta la responsabilidad política y la integridad institucional. La Relatoría Especial ha recomendado al Estado que incorpore de forma explícita una política de libertad de expresión a su estrategia de seguridad pública.
El principio noveno de la Declaración de Principios sobre Libertad de Expresión de la CIDH establece que: “El asesinato, secuestro, intimidación, amenaza a los comunicadores sociales, así como la destrucción material de los medios de comunicación, viola los derechos fundamentales de las personas y coarta severamente la libertad de expresión. Es deber de los Estados prevenir e investigar estos hechos, sancionar a sus autores y asegurar a las víctimas una reparación adecuada”.
42. COMUNICADO DE PRENSA R111/11
RELATORÍA ESPECIAL EXPRESA PREOCUPACIÒN POR MULTA CONTRA GLOBOVISION EN VENEZUELA
Washington D.C., 21 de octubre de 2011 — La Relatoría Especial para la Libertad de Expresión de la Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH) manifiesta su preocupación ante la decisión de la Comisión Nacional de Telecomunicaciones de Venezuela (CONATEL) de sancionar con una multa de 9.394.314 bolívares fuertes (aproximadamente US$ 2,1 millones) a la emisora de televisión Globovisión debido a violaciones a la Ley de Responsabilidad Social en Radio, Televisión y Medios Electrónicos.
De acuerdo con la información recibida, el 18 de octubre de 2011 el Directorio de Responsabilidad Social de CONATEL sancionó a Globovisión con una multa equivalente al 7,5% de sus ingresos brutos correspondientes al año 2010, al comprobar transgresiones a los artículos 27 y 29 de la mencionada Ley, derivadas de los hechos transmitidos por Globovisión entre el 16 y el 19 de junio de 2011 respecto a la situación carcelaria en el Centro Penitenciario El Rodeo. Según la resolución emitida el 18 de octubre, el Directorio de Responsabilidad Social concluyó que el canal de televisión transmitió "mensajes que promovieron alteraciones del orden público, hicieron apología al delito, e incitaron al ordenamiento jurídico vigente, promovieron el odio por razones políticas y fomentaron la zozobra en la ciudadanía, durante los días 16, 17, 18 y 19 de junio de 2011".
Según tuvo conocimiento la Relatoría Especial, Globovisión reportó durante varios días información acerca de los hechos ocurridos en las inmediaciones del Centro Penitenciario El Rodeo y la intervención de las fuerzas del orden público. La cobertura incluyó entrevistas a familiares de personas privadas de libertad, a políticos opositores y a funcionarios del Estado.
La Relatoría Especial para la Libertad de Expresión ha manifestado su preocupación en cuanto al contenido de la Ley de Responsabilidad Social en Radio, Televisión y Medios Electrónicos y a su más reciente reforma, la cual incorpora un amplio catálogo de restricciones redactadas en un lenguaje vago y ambiguo, y hace más gravosas las sanciones por violación de tales prohibiciones. A ese respecto, esta Relatoría estima necesario poner de presente que las normas legales vagas e imprecisas pueden otorgar facultades discrecionales demasiado amplias a las autoridades, las cuales son incompatibles con la plena vigencia del derecho a la libertad de expresión, porque pueden sustentar potenciales actos de arbitrariedad que impongan responsabilidades desproporcionadas por la expresión de noticias, informaciones u opiniones de interés publico. Este tipo de normas, por su simple existencia, disuaden la emisión de informaciones y opiniones por miedo a sanciones, y pueden llevar a interpretaciones amplias que restringen indebidamente la libertad de expresión; de allí que el Estado deba precisar las conductas que pueden ser objeto de responsabilidad ulterior, para evitar que se afecte la libre expresión de ideas incómodas o de informaciones inconvenientes sobre la actuación de las autoridades.
Asimismo, la Relatoría Especial ha expresado su preocupación por la ausencia de garantías de independencia de los órganos encargados de aplicar la Ley de Responsabilidad Social en Radio, Televisión y Medios Electrónicos. La Relatoría observa que los miembros de CONATEL pueden ser libremente designados y destituidos por el Presidente de la República sin que existan salvaguardas destinadas a asegurar su independencia e imparcialidad. Además, siete de los once miembros del Directorio de Responsabilidad Social son elegidos por el Poder Ejecutivo, y la referida Ley no establece criterio alguno para la designación de los miembros de este Directorio, ni define un plazo fijo para el ejercicio de sus cargos ni establece causales taxativas para su remoción.
Finalmente, esta Relatoría recuerda que la libertad de expresión debe garantizarse no sólo en cuanto a la difusión de ideas e informaciones recibidas favorablemente o consideradas inofensivas o indiferentes, sino también en cuanto a las que ofenden, chocan, inquietan, resultan ingratas o perturban al Estado o a cualquier sector de la población. Así lo exigen el pluralismo, la tolerancia y el espíritu de apertura, sin los cuales no existe una sociedad democrática. En el caso que un Estado decida aplicar sanciones civiles en materia de libertad de expresión, éstas deben perseguir un fin legítimo autorizado por la Convención Americana sobre Derechos Humanos y ser estrictamente proporcionales al fin legítimo que las justifica. En particular, las sanciones económicas no deben ser tan altas que tengan un efecto inhibidor sobre la libre circulación de información e ideas de toda índole.
La Relatoría Especial insta a las autoridades competentes de Venezuela a tomar en cuenta los estándares internacionales vigentes en materia de libertad de expresión, en la revisión del caso de la emisora Globovisión.

43. COMUNICADO DE PRENSA R113/11
RELATORES DE LIBERTAD DE EXPRESIÓN DE LA ONU Y LA CIDH PRESENTAN PÚBLICAMENTE INFORMES SOBRE VISITA A MÉXICO
México D.F., 24 de octubre de 2011. Las relatorías para la libertad de expresión de la Organización de Naciones Unidas (ONU) y de la Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH) de la Organización de Estados Americanos agradecieron hoy la apertura del Estado mexicano al haberles invitado a visitar el país, durante la presentación de los informes de misión publicados por ambas Relatorías en seguimiento a la visita oficial conjunta que efectuaron a México entre el 9 y el 24 de agosto de 2010. Sin embargo, los Relatores llamaron al Estado a implementar las recomendaciones incluidas en dichos informes y enfatizaron la necesidad de que el Estado brinde una respuesta decisiva para proteger de la violencia a periodistas y medios de comunicación.
La Relatora Especial para la Libertad de Expresión de la CIDH, Catalina Botero, y el Relator Especial sobre la promoción y protección del derecho a la libertad de opinión y de expresión de la ONU, Frank La Rue, reconocieron la existencia de avances en la protección de la libertad de expresión en México, como el papel del Instituto Federal de Acceso a la Información y Protección de Datos (IFAI) en la protección del derecho de acceso a la información, la creación por parte del Gobierno Federal de una fiscalía especializada para investigar los crímenes contra la libertad de expresión y la despenalización de los delitos contra el honor a nivel federal y en la mayoría de las entidades federativas.
Sin embargo, La Rue y Botero insistieron en la persistencia de enormes desafíos relacionados particularmente con la violencia que enfrentan las y los comunicadores, la cual tiene un intolerable efecto de silenciamiento en algunas zonas del país. Los relatores reafirmaron que México ha sido en la última década el país más peligroso para el ejercicio del periodismo en las Américas, como lo demuestran los 70 homicidios cometidos contra comunicadores entre los años 2000 y 2010, así como los 13 asesinatos registrados entre enero y octubre de 2011 en los cuales no se ha descartado un vínculo con la actividad profesional.
Para los relatores, una respuesta eficaz del Estado mexicano para proteger a periodistas y medios de comunicación requiere reconocer que la violencia contra comunicadores y medios de comunicación es un problema crítico que requiere adoptar una política integral de prevención, protección y procuración de la justicia. Entre otras medidas, es necesario implementar de manera pronta y efectiva un mecanismo de seguridad especializado para proteger la vida e integridad de periodistas en riesgo, y asegurar investigaciones prontas y diligentes cada vez que un comunicador es asesinado, desaparecido, atacado o amenazado de muerte, mediante el fortalecimiento de la Fiscalía Especial para la Atención de Delitos Cometidos Contra la Libertad de Expresión (FEADLE), así como el traslado a la justicia federal de las investigaciones de los crímenes contra comunicadores de aquellos casos que lo ameriten. Asimismo, México debe incorporar de forma explícita una política a favor de la libertad de expresión a su estrategia de seguridad pública que incluya la protección de comunicadores en riesgo.
Los relatores reconocieron la apertura y respuesta positiva de parte del Estado mexicano a las preocupaciones expresadas durante su visita oficial. Sin embargo, manifestaron especial preocupación por la falta de avances en la implementación efectiva del “Convenio de coordinación para la implementación de acciones de prevención y protección a periodistas”, y la ausencia de sanciones a los responsables de cometer actos de violencia contra periodistas, a pesar de los seis años de existencia de la FEADLE.
Para Catalina Botero, “salvaguardar la libertad de expresión no sólo es compatible con la lucha contra el crimen, sino que es un elemento esencial de esta lucha, en la medida que mediante su ejercicio se denuncian las actividades de la criminalidad y se fomenta la responsabilidad política y la integridad institucional”.
Por su parte, Frank La Rue afirmó que “toda acción efectiva de parte del Estado para proteger a los periodistas y a los medios de comunicación comienza con la investigación diligente de los crímenes en su contra y la identificación, procesamiento y sanción de los responsables, así como con la reparación de las víctimas”.
Finalmente, los relatores señalaron que la diversidad y el pluralismo en el debate democrático se encuentran limitados por la alta concentración en la propiedad y control de los medios de comunicación a los cuales se ha asignado frecuencias de radio y televisión, y por la ausencia de un marco jurídico en materia de radiodifusión que establezca procedimientos claros y equitativos para todos los actores, incluyendo a las radios comunitarias.
Durante su visita oficial conjunta a México, los relatores para la libertad de expresión de la CIDH y la ONU se reunieron con autoridades gubernamentales, legislativas y judiciales tanto a nivel federal como estatal, así como con organizaciones de la sociedad civil, periodistas y otros actores relevantes, tanto en el Distrito Federal como en los estados de Chihuahua, Guerrero y Sinaloa. Los relatores agradecieron la apertura del Estado mexicano al haberles invitado a visitar el país y destacaron su cooperación y diligencia antes, durante y después de la visita.
En la presentación de hoy participaron, además de los dos relatores vía videoconferencia, representantes del Gobierno Federal, de la Comisión Nacional de Derechos Humanos (CNDH), de la prensa y de la sociedad civil.
1   ...   44   45   46   47   48   49   50   51   ...   71


La base de datos está protegida por derechos de autor ©bazica.org 2016
enviar mensaje

    Página principal