Comisión interamericana de derechos humanos



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44. COMUNICADO DE PRENSA R119/11
RELATORÍA ESPECIAL LAMENTA MUERTE DE CAMARÓGRAFO EN BRASIL
Washington D.C. 10 de noviembre de 2011 — La Relatoría Especial para la Libertad de Expresión de la Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH) lamenta profundamente la muerte del camarógrafo brasileño Gelson Domingos da Silva, ocurrida el domingo 6 de noviembre en Río de Janeiro.
De acuerdo con la información recibida, Gelson Domingos da Silva, de la cadena TV Bandeirantes, recibió un disparo de bala mientras acompañaba a un destacamento de la fuerza policiaca en una operación contra presuntos narcotraficantes en la favela Antares, en Santa Cruz, en la ciudad de Río de Janeiro. Según las últimas imágenes captadas, el camarógrafo, ubicado tras uno de los policías que participaban en el operativo y protegido con un chaleco antibalas, filmaba un intenso tiroteo cuando fue alcanzado en el pecho por un disparo presuntamente proveniente de una de las personas perseguidas por la Policía. El proyectil habría perforado el chaleco que portaba y, pese a que el periodista fue prontamente auxiliado, murió antes de llegar a un centro médico. Según lo informado, los periodistas y la Policía fueron atacados en una zona que minutos antes habría sido declarada segura. Asimismo, la Relatoría fue informada sobre los esfuerzos de la Policía para atender al camarógrafo herido y proteger al resto de periodistas en la cobertura de una situación de riesgo extremo. Las autoridades habrían capturado a varias personas sospechosas y se encontrarían investigando sobre la autoría del crimen.
Esta Relatoría considera fundamental que los y las periodistas encargadas de cubrir información de orden público se encuentren debidamente protegidos y adecuadamente capacitados para adoptar las medidas necesarias para prevenir este tipo de hechos. La labor de la prensa en estas situaciones es de enorme importancia para la sociedad y para las propias autoridades. Por esta razón resulta fundamental que, ante circunstancias profesionales que puedan amenazar su seguridad, su integridad o su vida, se les garantice un adecuado entrenamiento y la debida protección tanto por parte del Estado como de las empresas de comunicación para las que trabajan. La Relatoría Especial espera que se adelante una investigación exhaustiva que conduzca a la identificación de los responsables del crimen cometido contra Domingos da Silva y a su captura, procesamiento y condena.
El noveno principio de la Declaración de Principios sobre Libertad de Expresión de la CIDH establece que “el asesinato, secuestro, intimidación, amenaza a los comunicadores sociales, así como la destrucción material de los medios de comunicación, viola los derechos fundamentales de las personas y coarta severamente la libertad de expresión. Es deber de los Estados prevenir e investigar estos hechos, sancionar a sus autores y asegurar a las víctimas una reparación adecuada”.

45. COMUNICADO DE PRENSA R120/11
RELATORÍA ESPECIAL MANIFIESTA PREOCUPACIÓN POR DETENCIONES Y AGRESIONES CONTRA PERIODISTAS QUE CUBREN PROTESTAS EN ESTADOS UNIDOS
Washington D.C., 17 de noviembre de 2011— La Relatoría Especial para la Libertad de Expresión de la Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH) manifiesta su preocupación por las detenciones y agresiones que han sufrido periodistas y trabajadores de medios de comunicación durante la cobertura de las manifestaciones de las agrupaciones Occupy Wall Street, Nashville y Oakland en las ultimas semanas, y llama a las autoridades a garantizar y proteger el ejercicio del periodismo en las manifestaciones públicas.
De acuerdo con la información recibida, al menos tres periodistas habrían sido agredidos desde el pasado octubre por agentes policiales y dos más por personas participantes en las manifestaciones referidas. Asimismo, al menos una docena de periodistas habrían sido temporalmente arrestados mientras cumplían sus tareas profesionales.
Según lo informado, el periodista Dick Brennan de la estación Fox 5 habría sufrido agresiones el 5 de octubre en la ciudad de Nueva York mientras cubría las manifestaciones de Occupy Wall Street, junto con su camarógrafo Roy Isen. La Relatoría también tuvo conocimiento de presuntas agresiones contra Scott Campbell, periodista independiente, el 7 de noviembre en Oakland. Según lo reportado, agentes de la Policía habrían disparado una bala de goma a Campbell, sin aparente provocación o aviso. Campbell divulgó el video que registró el ataque. A su turno, el 28 de octubre, el reportero John Huddy de la estación Fox 5 habría sido agredido por un manifestante mientras cubría la manifestación de Occupy Wall Street en Nueva York y el 10 de noviembre el camarógrafo Randy Davis, de la estación KGO, habría sido severamente golpeado por manifestantes en Oakland que le impedían captar imágenes de un crimen ocurrido minutos antes. Los agresores habrían golpeado al periodista hasta que otros manifestantes intervinieron para protegerlo.
En cuanto a las detenciones, de acuerdo con la información disponible, el periodista John Farley, de la estación WNET/Thirteen blog MetroFocus, fue detenido durante 8 horas, el 24 de septiembre en Nueva York mientras entrevistaba a dos jóvenes que habrían sido agredidas. Según lo reportado, la Policía lo detuvo por no poseer las credenciales de medios de comunicación que otorga la propia institución policial. Asimismo, Kristen Gwynne, periodista de Alternet, fue arrestada el 1 de octubre en el puente de Brooklyn en Nueva York, luego de que la Policía cerrara la vía y arrestara a quienes se encontraban en el lugar. El mismo día, Natasha Lennard, periodista independiente (freelance) que reportaba para el New York Times, fue arrestada y acusada de “alteración del orden público” (“disorderly conduct”). El cargo posteriormente habría sido sobreseído en la Corte debido a su actividad profesional como periodista.
Asimismo, la Relatoría tuvo conocimiento del arresto de Jonathan Meador, del semanario Nashville Scene, el 29 de octubre en Nashville, Tennessee, mientras grababa videos del desalojo forzoso de los manifestantes de la agrupación “Occupy Nashville”. Según lo informado, en repetidas ocasiones Meador dijo a las autoridades que era periodista.
La Relatoría Especial fue informada de que durante la noche del 15 de noviembre de 2011, al menos siete periodistas fueron detenidos mientras cubrían el desalojo de Zuccotti Park en Nueva York, aunque contaban con credenciales oficiales. Las personas perjudicadas habrían sido: Julie Walker, de la cadena NPR; Patrick Hedlund y Paul Lomax, de DNAinfo.com; Doug Higginbotham, camarógrafo independiente (freelance) de TV New Zealand; Jared Malsin, de The Local; Karen Matthews y Seth Wenig de Associated Press y Matthew Lysiak, de New York Daily News.
Algunos periodistas reportaron que han sido agredidos o empujados por policías para obstruir la cobertura del desalojo del parque. Según lo informado, el alcalde de Nueva York indicó, en rueda de prensa, que los medios tendrían prohibida la entrada a la escena de la manifestación, para “prevenir que la situación se empeore” y “proteger a la prensa”.
La Declaración Americana de los Derechos y Deberes del Hombre, la Declaración de Principios de Libertad de Expresión, así como la Primera Enmienda de la Constitución de los Estados Unidos protegen ampliamente el ejercicio de la libertad de expresión. La protección y garantía de este derecho exige que las autoridades aseguren las condiciones necesarias para que los y las periodistas puedan cubrir hechos de notorio interés público como los referidos a las protestas sociales mencionadas en los párrafos anteriores. Las restricciones desproporcionadas en el acceso al lugar de los hechos, las detenciones y la imputación de cargos por el cumplimiento de las labores profesionales de los y las reporteras vulnera el derecho a la libertad de expresión. Corresponde a las autoridades restablecer las garantías y asegurar el pleno respeto del derecho a la libertad de expresión.
Asimismo, es obligación de los Estados prevenir e investigar los hechos de violencia reportados, sancionar a sus autores y asegurar a las víctimas una reparación adecuada, tal como lo establece la Declaración de Principios sobre Libertad de Expresión de la CIDH.

46. COMUNICADO DE PRENSA R122/11
RELATORÍA ESPECIAL MANIFIESTA SU PROFUNDA PREOCUPACIÓN POR ATAQUES A

TRABAJADORES DE PERIÓDICOS EN MÉXICO
Washington D.C. 18 de noviembre de 2011. La Relatoría Especial para la Libertad de Expresión de la Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH) manifiesta su profunda preocupación por la desaparición de dos empleados del periódico El Financiero, de Zacatecas y los ataques al diario El Siglo de Torreón, en Coahuila y El Buen Tono, en Veracruz.
De acuerdo con la información recibida, el inspector de circulación regional de El Financiero, Osvaldo García Íñiguez, y el chofer de ese medio de comunicación, José de Jesús Ortiz Parra, habrían desaparecido en la tarde del lunes 14 de noviembre cuando viajaban de Zacatecas a Jalisco en un vehículo identificado con logotipos de la empresa. La Relatoría Especial conoció que la dirección del periódico habría informado que, en su última comunicación con la empresa, García y Ortiz habrían reportado que eran seguidos por dos vehículos policiales. Cuando los empleados no llegaron a su destino el periódico reportó a las autoridades la desaparición. Desde el mediodía del 15 de noviembre diversos cuerpos policiales de Zacatecas habrían iniciado un intenso operativo conjunto para hallar a los trabajadores y habrían detenido a algunas personas que tendrían información al respecto.
En cuanto a la agresión contra El Siglo de Torreón, la Relatoría Especial fue informada de que durante la madrugada del 15 de noviembre al menos tres personas habrían incendiado un automóvil al frente del edificio del diario y disparado más de 20 proyectiles. Nadie habría resultado herido en el ataque. Por otra parte, en la madrugada del 6 de noviembre al menos 10 encapuchados habrían entrado en la redacción del periódico El Buen Tono, de Veracruz, destruido computadoras, rociado las oficinas con gasolina e incendiado el edificio. Unos 20 empleados que se encontraban en el lugar al momento del ataque lograron escapar.
La Relatoría Especial reconoce los esfuerzos hechos hasta ahora por el Estado para buscar a Osvaldo García Íñiguez y José de Jesús Ortiz Parra y exhorta al Estado a continuar las acciones orientadas a la aparición con vida de ambas personas, investigar de manera exhaustiva las últimas declaraciones dadas por ellos y no descartar ninguna hipótesis. Asimismo, la Relatoría Especial considera urgente identificar y procesar a los responsables de los ataques contra El Siglo de Torreón y El Buen Tono, para impedir la impunidad y la repetición de los hechos.
Tal como lo manifestó en su Informe Especial sobre la Libertad de Expresión en México 2010”, la Relatoría Especial reitera al Estado mexicano la necesidad de impulsar medidas que protejan eficazmente a los periodistas, así como mecanismos eficientes para afrontar los problemas detectados en materia de procuración y administración de justicia respecto de estos crímenes. En particular, la Relatoría Especial ha urgido al Estado sobre la necesidad de fortalecer la Fiscalía Especial para la Atención de Delitos Cometidos Contra la Libertad de Expresión, el traslado a la justicia federal de las investigaciones de los crímenes contra comunicadores en aquellos casos que lo ameriten, y la implementación adecuada de los mecanismos de seguridad necesarios para proteger efectivamente la vida e integridad de los periodistas amenazados. La Relatoría Especial insiste en que para impedir la impunidad y la repetición de los hechos criminales reportados, es imprescindible identificar a los responsables, juzgarlos, sancionarlos y reparar de manera justa a los familiares de las víctimas.
El noveno principio de la Declaración de Principios de Libertad de Expresión de la CIDH, establece que “el asesinato, secuestro, intimidación, amenaza a los comunicadores sociales, así como la destrucción material de los medios de comunicación, viola los derechos fundamentales de las personas y coarta severamente la libertad de expresión. Es deber de los Estados prevenir e investigar estos hechos, sancionar a sus autores y asegurar a las víctimas una reparación adecuada”.

  1. COMUNICADO DE PRENSA R123/11


RELATORÍA ESPECIAL MANIFIESTA PREOCUPACIÓN POR CONDENA PENAL CONTRA PERIODISTA
Washington D.C., 21 de noviembre de 2011− La Relatoría Especial para la Libertad de Expresión de la Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH) manifiesta su preocupación por la condena penal por difamación agravada proferida el 7 de noviembre por un juez peruano, en contra del periodista de radio y televisión Teobaldo Meléndez Fachín, a raíz de artículos publicados acerca de presuntos hechos de corrupción cometidos por un funcionario público.
De acuerdo con la información recibida, el Segundo Juzgado Mixto y Juzgado Penal Unipersonal de Alto Amazonas - Yurimaguas sentenció a Meléndez Fachín a tres años de prisión, en ejecución suspendida, al pago de 30.000 nuevos soles, (US$11.100 aprox.) como reparación civil y a 60 días de multa. El caso se originó en una información emitida en febrero pasado en el programa de radio y televisión “La Ribereña Noticias”, en el cual el periodista habría cuestionado al alcalde de Alto Amazonas-Yurimaguas, por presuntas irregularidades en el uso de fondos públicos. El periodista, actualmente director de noticias de Radio Activa de Yurimaguas, apelará la sentencia.
La Relatoría Especial toma nota de que la condena contra Meléndez Fachín se profiere sin embargo en un contexto favorable para la libertad de expresión en el cual el presidente peruano Ollanta Humala ha declarado públicamente, y de manera reiterada, que respetará este derecho y no acudirá a procesos penales para inhibir el debate sobre asuntos de interés público; a la vez, el Congreso de la República del Perú ha estudiado varias reformas tendientes a derogar los delitos de difamación, al menos para funcionarios públicos, o sustituyendo las penas de prisión por multas o prestación de servicios comunales. Asimismo, la Corte Suprema de Justicia en decisión reciente revocó una condena penal por el delito de injurias contra el periodista Paul Garay.
Esta Oficina ha manifestado reiteradamente su preocupación por la aplicación del delito de difamación a personas que han hecho denuncias o manifestado opiniones críticas respecto de quienes ocupan o han ocupado cargos públicos. El principio décimo de la Declaración de Principios sobre Libertad de Expresión de la Comisión Interamericana de Derechos Humanos, establece: “Las leyes de privacidad no deben inhibir ni restringir la investigación y difusión de información de interés público. La protección a la reputación debe estar garantizada sólo a través de sanciones civiles, en los casos en que la persona ofendida sea un funcionario público o persona pública o particular que se haya involucrado voluntariamente en asuntos de interés público. Además, en estos casos, debe probarse que en la difusión de las noticias el comunicador tuvo intención de infligir daño o pleno conocimiento de que se estaba difundiendo noticias falsas o se condujo con manifiesta negligencia en la búsqueda de la verdad o falsedad de las mismas”. Asimismo, el undécimo principio de la misma Declaración estipula que: “Los funcionarios públicos están sujetos a un mayor escrutinio por parte de la sociedad. Las leyes que penalizan la expresión ofensiva dirigida a funcionarios públicos generalmente conocidas como 'leyes de desacato' atentan contra la libertad de expresión y el derecho a la información”.
La Relatoría Especial considera importante poner de presente la doctrina y jurisprudencia interamericana en materia de libertad de expresión y convocar a las autoridades competentes a tener en cuenta los estándares interamericanos en esta materia.

48. COMUNICADO DE PRENSA R126/11
RELATORÍA ESPECIAL LAMENTA MUERTE DE PERIODISTA Y ATAQUE A UN PERIÓDICO EN HONDURAS
Washington D.C., 8 de diciembre de 2011 − La Relatoría Especial para la Libertad de Expresión de la Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH) lamenta profundamente el asesinato de la periodista Luz Marina Paz, ocurrida el 6 de diciembre, y el atentado a disparos contra el periódico La Tribuna, en la madrugada del 5 de diciembre, e insta al Estado hondureño a investigar de manera exhaustiva, oportuna y diligente ambos hechos de violencia.
De acuerdo con la información recibida, dos hombres a bordo de una motocicleta dispararon a la periodista Luz Marina Paz y a un chofer, en un barrio en las afueras de Tegucigalpa, cuando se dirigían a la emisora donde ella trabajaba. La periodista era conductora del programa “Tres en la Noticia”, en la radio Cadena Hondureña de Noticias (CHN) y antes había trabajado durante ocho años en Radio Globo. La comunicadora era conocida por ejercer un periodismo de denuncia y por ser crítica del golpe de Estado ocurrido el 28 de junio de 2009. La Relatoría Especial tuvo conocimiento de que las autoridades hondureñas valoran diferentes hipótesis acerca de las causas que originaron el asesinato de Luz Marina Paz. Sin embargo, esta oficina insta a las autoridades competentes a no descartar la posibilidad de que el homicidio haya sido motivado por las actividades profesionales de la comunicadora.
En cuanto al atentado contra La Tribuna, según la información disponible, en la madrugada del 5 de diciembre varios hombres en un vehículo dispararon contra la entrada principal del edificio, hirieron de gravedad a un vigilante y causaron daños en la fachada del periódico. De acuerdo con lo informado, en días recientes el diario habría recibido varias amenazas luego de haber publicado información acerca de la operación de bandas criminales y hechos de corrupción.
Para la Relatoría Especial es fundamental que el Estado hondureño esclarezca la causa de estos crímenes, identifique, procese y sancione a los responsables, y adopte medidas de reparación justas para los familiares de la víctima. La Relatoría Especial insiste al Estado en la necesidad de crear cuerpos y protocolos especiales de investigación, así como mecanismos de protección destinados a garantizar la integridad de quienes se encuentran amenazados por su actividad periodística. Ante la serie de asesinatos cometidos contra comunicadores en Honduras, resulta imprescindible que el Estado investigue de forma completa, efectiva e imparcial estos crímenes que afectan a toda la sociedad hondureña.
La Relatoría Especial recuerda al Estado el noveno principio de la Declaración de Principios sobre Libertad de Expresión de la CIDH el cual establece que: “El asesinato, secuestro, intimidación, amenaza a los comunicadores sociales, así como la destrucción material de los medios de comunicación, viola los derechos fundamentales de las personas y coarta severamente la libertad de expresión. Es deber de los Estados prevenir e investigar estos hechos, sancionar a sus autores y asegurar a las víctimas una reparación adecuada”.

49. COMUNICADO DE PRENSA R134/11
RELATORIA ESPECIAL MANIFIESTA PREOCUPACIÓN POR CONDENA PENAL CONTRA PERIODISTA EN ECUADOR
Washington D.C., 27 de diciembre de 2011− La Relatoría Especial para la Libertad de Expresión de la Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH) manifiesta su preocupación por la condena penal a tres meses de prisión en contra del director del Diario Hoy,  Jaime Mantilla Anderson, proferida en Ecuador el 21 de diciembre por el Juez Décimo de Garantías Penales de Pichincha.
De acuerdo con la información recibida, el caso se originó en una serie de artículos publicados por Diario Hoy en septiembre y octubre de 2009 sobre el actual presidente del directorio del Banco Central, Pedro Delgado. En las informaciones se cuestionaba, entre otras cosas, el presunto poder de Delgado en la toma de importantes decisiones económicas. La sentencia se produjo luego de que el director del Diario Hoy se negara a dar los nombres de los periodistas que habrían escrito dichos artículos. En el fallo se ordena a la Policía Judicial de Pichincha la “inmediata localización y captura” de Mantilla, y su traslado a una prisión de Quito. La decisión no estableció el pago por daños y perjuicios por no haber sido reclamados por el querellante. Según lo informado, tras haber sido emitida la sentencia, Delgado habría perdonado al periodista y habría desistido de continuar con el juicio. Mantilla expresó su intención de impugnar la sentencia dado que, en su criterio, se ha vulnerado su derecho a la libertad de expresión.
Para la Relatoría Especial, la existencia y aplicación de normas que penalizan la expresión ofensiva contra funcionarios públicos o leyes de desacato, en cualquiera de sus formas, resultan contrarias a los estándares interamericanos en materia de libertad de expresión. La Comisión Interamericana de Derechos Humanos, con fundamento en la Convención Americana sobre Derechos Humanos, ha establecido hace más de una década que la utilización del derecho penal para sancionar expresiones sobre funcionarios públicos vulnera el artículo 13 de la Convención Americana, que protege la libertad de expresión. No hay un interés social imperativo que justifique esta utilización, la cual resulta innecesaria y desproporcionada, y además puede constituir un medio de censura indirecta dado su efecto amedrentador e inhibidor del debate sobre asuntos de interés público.
El principio 11 de la Declaración de Principios sobre Libertad de Expresión de la CIDH sostiene que: “Los funcionarios públicos están sujetos a un mayor escrutinio por parte de la sociedad. Las leyes que penalizan la expresión ofensiva dirigida a funcionarios públicos generalmente conocidas como 'leyes de desacato' atentan contra la libertad de expresión y el derecho a la información”. Por su parte, el principio 10 de la misma Declaración establece que “Las leyes de privacidad no deben inhibir ni restringir la investigación y difusión de información de interés público. La protección a la reputación debe estar garantizada sólo a través de sanciones civiles, en los casos en que la persona ofendida sea un funcionario público o persona pública o particular que se haya involucrado voluntariamente en asuntos de interés público. Además, en estos casos, debe probarse que en la difusión de las noticias el comunicador tuvo intención de infligir daño o pleno conocimiento de que se estaba difundiendo noticias falsas o se condujo con manifiesta negligencia en la búsqueda de la verdad o falsedad de las mismas”.
La Relatoría Especial para la Libertad de Expresión es una oficina creada por la Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH), a fin de estimular la defensa hemisférica del derecho a la libertad de pensamiento y expresión, considerando su papel fundamental en la consolidación y el desarrollo del sistema democrático.

1 Declaración de Santiago. Segunda Cumbre de las Américas. 18-19 de abril de 1998. Santiago, Chile. En: Documentos Oficiales del Proceso de Cumbres de Miami a Santiago. Volumen I. Oficina de Seguimiento de Cumbres. OEA.

2 Plan de Acción. Segunda Cumbre de las Américas. 18-19 de abril de 1998. Santiago, Chile. En: Documentos Oficiales del Proceso de Cumbres de Miami a Santiago. Volumen I. Oficina de Seguimiento de Cumbres. OEA.

3 Plan de Acción. Tercera Cumbre de las Américas, 20-22 de abril de 2001. Quebec, Canadá. Disponible en: http://www.summit-americas.org/iii_summit/iii_summit_poa_sp.pdf

4 CIDH. Informe Anual 2004. Volumen III. Capítulos II, V y VII. Disponible en: http://www.cidh.oas.org/relatoria/showarticle.asp?artID=459&lID=2
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