Comisión interamericana de derechos humanos



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C. Bloqueos a la distribución de periódicos


  1. La Relatoría Especial fue informada de una serie de bloqueos de particulares a las entradas y salidas de los edificios donde se imprimen los periódicos Clarín y La Nación, que habrían obstaculizado la circulación de los diarios. De acuerdo con lo reportado, los bloqueos efectuados por organizaciones sindicales habrían ocurrido el 13 y 14 de diciembre de 2010, y el 15 de enero, el 28 de enero y el 27 de marzo de 201144. Mientras que las empresas reclamaron que las protestas eran parte de una campaña de hostigamiento contra los periódicos por su posición crítica frente al Gobierno, las autoridades manifestaron que los incidentes respondían a un conflicto laboral interno. Como resultado de una acción de amparo promovida por La Nación, el 24 de mayo, el juez titular del Juzgado Nacional en lo Civil N° 64, dictó una medida precautoria en la que ordenó a las organizaciones sindicales responsables de los bloqueos “abstenerse de realizar cualquier ‘bloqueo’ y/o toda otra conducta que implique impedir u obstruir el normal y regular ingreso y egreso de personas y de bienes, a la planta impresora de S. A. La Nación”45. Decisiones similares para impedir bloqueos contra Clarín habrían sido tomadas en diciembre de 201046. Por su parte, el Gobierno de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires emitió el Decreto de Necesidad y Urgencia 2/11 que castiga con hasta 10 días de prisión y multas de hasta 50.000 pesos (unos US $12.000 dólares) a quienes bloqueen u obstruyan el desenvolvimiento de los medios de comunicación o ataquen o amenacen a sus directivos, periodistas, trabajadores o distribuidores de diarios47. En respuesta a una solicitud de información de esta Relatoría Especial, el Estado argentino reiteró su respeto a las libertades de expresión y prensa reflejado en reformas como la alcanzada el 28 de noviembre de 2009, que despenalizó las calumnias e injurias cuando se refieren a asuntos de interés público. El Estado afirmó que los incidentes en las instalaciones de impresión de Clarín y La Nación se originaron en una protesta gremial, que los bloqueos no impidieron la salida de los ejemplares y que el Estado, es respetuoso del derecho de asociación, y por ello evita el uso de métodos represivos en contra de protestas sociales48.




  1. El 3 de abril un bloqueo de repartidores de periódicos habría obstaculizado la distribución de los periódicos La Voz del Interior y Día a Día de Córdoba. Según lo informado, un grupo de repartidores se habría apostado en las salidas y entradas del edificio donde se imprimen esos medios. La intervención de las autoridades logró que hacia el mediodía se levantara el bloqueo; sin embargo, según la información recibida, cerca del 70% de los ejemplares no fueron distribuidos. La protesta habría sido motivada por la molestia de los repartidores ante retrasos en la salida de los periódicos, que dificultaban su trabajo49.


D. Condicionamientos previos


  1. Al momento del cierre del presente informe, aún se encuentra en trámite en el Congreso el proyecto de ley del Poder Ejecutivo presentado en 2010, que propone declarar de interés público la producción, comercialización y distribución de papel para diarios50. Como ya lo había indicado esta oficina en su informe correspondiente a 2010, los asuntos referidos al papel para diarios son de tanta importancia para el sistema interamericano que el propio artículo 13 de la Convención Americana establece que “[n]o se puede restringir el derecho de expresión por vías o medios indirectos, tales como el abuso de controles oficiales o particulares de papel para periódicos, de frecuencias radioeléctricas, o de enseres y aparatos usados en la difusión de información o por cualesquiera otros medios encaminados a impedir la comunicación y la circulación de ideas y opiniones”. En este sentido, resulta importante aplicar a la producción de papel para periódicos las normas antimonopolio existentes de forma tal que se fomente así su libre producción. Este régimen corresponde definirlo al poder legislativo, atendiendo especialmente a la obligación de impedir la existencia de controles oficiales o particulares abusivos. En particular, es importante tener en cuenta que so pretexto de regular los monopolios no puede crearse una forma de intervención que permita que el Estado afecte este sector de ninguna otra manera distinta a evitar la concentración en la propiedad y el control en la producción y distribución de este insumo y facilitar la producción libre y competitiva de papel. La Relatoría Especial espera que la situación referida, dada su notable importancia para el ejercicio de la libertad de expresión, se resuelva de conformidad con los estándares internacionales en la materia.




  1. La Relatoría Especial fue informada de la preocupación de medios de comunicación privados acerca de la ausencia de criterios establecidos para asignar publicidad oficial y del aumento en el presupuesto destinado a ese rubro, que habría alcanzado en 2010 la suma de 1.224,7 millones de pesos, una suma 47,7% superior a la del año previo51. A este respecto, sin embargo, ya se ha resaltado la sentencia de la Corte Suprema de Justicia, del 2 de marzo de 2011, que reitera la obligación del Estado de adoptar una política de publicidad oficial con criterios objetivos y no discriminatorios52.




  1. La Relatoría Especial fue informada de que las emisoras FM Norte y FM Futuro, en Pampa del Infierno, provincia del Chaco, habrían sido allanadas y sus equipos secuestrados, el 30 y 31 de diciembre de 2010, en cumplimiento de una orden emitida por la jueza de paz de Pampa del Infierno. Además, el 31 de diciembre habrían sido detenidos el dueño de FM Norte, Claudio Herrera, y un trabajador de FM Futuro; Raúl Gerardo Abregu, después de que intentaran volver a transmitir. Ambos fueron puestos en libertad el 3 y el 4 de enero de 2011. La orden judicial se habría basado en la aplicación del Código de Faltas de la provincia del Chaco, que sanciona con arresto de hasta 120 días a quien difunda informaciones falsas o que desmerezcan “a una persona o institución”. La acción contra las emisoras habría ocurrido luego de haber insistido en conocer el destino de un fondo especial que percibía la Municipalidad de Pampa del Infierno53. El 17 de febrero, un juzgado de Campo Largo revocó la medida dictada por la jueza de Pampa del Infierno y ordenó la devolución de los equipos54.




  1. El 15 de septiembre, el Juzgado Nacional en lo Penal Económico No. 4 solicitó a los diarios Clarín, El Cronista, La Nación y Ámbito Financiero suministrar la nómina, dirección y teléfonos de contacto de los periodistas que hubiesen publicado en esos diarios noticias vinculadas a índices inflacionarios en Argentina, de 2006 a la fecha, distintas a las suministradas por las entidades oficiales. Además, el juzgado solicitó a los periódicos informar si en ese mismo lapso habían facturado espacios para dos personas y una firma que estaban siendo investigadas por el Estado por publicar cifras de inflación distintas a las divulgadas por el gobierno55. La Relatoría Especial toma nota de la importante polémica desatada en torno a esta decisión, referida al ejercicio del derecho a la libertad de expresión. De una parte, algunas organizaciones, luego de resaltar la importancia de proteger la reserva de la fuente, sostuvieron que el juez de la causa investiga el delito de especulación por medio de noticias falsas y que con ese propósito requirió a ciertos diarios que informaran si empresas que han suministrado cifras económicas distintas a las del gobierno hubieren pagado para la publicación de cierta información. En este sentido, indicaron que ninguna disposición legal exceptúa a los periodistas de declarar como testigos56. A su turno, otras organizaciones cuestionaron la citación judicial. A su juicio, se trata de citaciones e investigaciones innecesarias que deben ser sustituidas por una mayor trasparencia y confiabilidad a las mediciones oficiales de inflación57. A este respecto, la Relatoría considera importante recordar que cualquier investigación debe respetar la reserva o confiabilidad de la fuente como una garantía esencial para el ejercicio del periodismo libre. Asimismo, el Estado tiene la obligación de respetar la difusión de información incluso cuando ella resulte ofensiva o contraria a los intereses de algunos servidores públicos, y los medios de comunicación deben someterse a estrictos parámetros éticos que, en ningún caso, pueden ser impuestos por el Estado.


E. Acceso a la información


  1. La Relatoría Especial observa con preocupación que durante 2011 no haya sido discutida ni votada en la Cámara de Diputados la Ley de Acceso a la Información, la cual había recibido media sanción en el Senado en septiembre de 201058.




  1. Según información recibida, el Gobierno de la Ciudad de Buenos Aires no respondió una solicitud planteada por una organización no gubernamental para informar acerca de sus gastos de publicidad oficial entre enero y mayo de 2011. De acuerdo con lo informado, al vencer el plazo legal para responder, el Gobierno de la ciudad no se acogió a la prórroga establecida en la ley que regula el acceso a la información pública y mantuvo el silencio. La organización peticionaria presentó una acción de amparo ante el Fuero Contencioso, Administrativo y Tributario de la Ciudad de Buenos Aires59.




  1. El principio 4 de la Declaración de Principios de la CIDH establece que “[e]l acceso a la información en poder del Estado es un derecho fundamental de los individuos. Los Estados están obligados a garantizar el ejercicio de este derecho. Este principio sólo admite limitaciones excepcionales que deben estar establecidas previamente por la ley para el caso que exista un peligro real e inminente que amenace la seguridad nacional en sociedades democráticas”.


2. Bolivia
A. Avances


  1. De acuerdo con información recibida, el 10 de junio el Ministerio Público habría emitido la resolución 0902317 en la que se dispuso el sobreseimiento del periodista del periódico Correo del Sur, Daniel Villavicencio, y el reportero televisivo independiente Mario Delfín Ustarez por los delitos de instigación pública a delinquir y apología del delito, al no existir pruebas suficientes para sustentar una imputación. Los periodistas habían sido acusados por, supuestamente, haber instigado hechos de violencia ocurridos en Sucre el 24 de mayo de 2008 en contra de indígenas y campesinos. No obstante, el Ministerio Público habría encontrado indicios para acusar al director del Canal 13 Televisión Universitaria, Roger González60.




  1. La Relatoría Especial toma nota de que la Fiscalía de Distrito de Potosí declinó la competencia para procesar al periodista Mario Caro Martínez, de la radio Kollasuyo, por el presunto delito de desacato el 5 de abril de 2011. La querella penal habría sido interpuesta en marzo por el ex secretario departamental de Medio Ambiente de la Gobernación de Potosí, Felipe Castro, luego de que el comunicador publicara información acerca de presuntas irregularidades cometidas en esa secretaría. De acuerdo con la información disponible, la Fiscalía habría declinado competencia, al considerar que está en plena vigencia la Ley de Imprenta según la cual, los funcionarios públicos que fuesen atacados por la prensa deben plantear sus acusaciones ante un Jurado de Imprenta y no ante un tribunal ordinario61.


B. Agresiones y amenazas


  1. La Relatoría Especial tuvo conocimiento de la muerte violenta del periodista David Niño de Guzmán. De acuerdo con la información recibida, el comunicador había desaparecido desde la noche del martes 19 de abril, cuando salió de su apartamento tras recibir una llamada telefónica, y apareció muerto el jueves 21 de abril, en el lecho de un río en La Paz, destrozado por una carga explosiva. David Niño, de 42 años, era el Jefe de Informaciones de la Agencia de Noticias Fides, un medio de comunicación afiliada con la Compañía de Jesús, de la Iglesia Católica en Bolivia. Durante más de 15 años había trabajado con diversos medios de comunicación bolivianos, como Presencia, Última Hora, La Razón y El Diario62. El Estado informó a la Relatoría Especial que el Gobierno del Presidente Evo Morales había ordenado una investigación exhaustiva e inmediata del trágico hecho63. El 8 de agosto, el Ministerio Público solicitó archivar el caso al considerar que la muerte del periodista se debió a un suicidio, tras analizar las pruebas recabadas y los informes forenses64. Sin embargo, la señora con quien el fallecido periodista David Niño tuvo un hijo solicitó la reapertura de la investigación65. La Fiscalía habría rechazado la solicitud; sin embargo, si existen nuevos elementos del caso dentro de un año se podría reabrir el caso66.




  1. La Relatoría Especial recibió información acerca de una serie de agresiones cometidas contra comunicadores mientras cubrían diversas protestas sociales. El 15 de abril en Apacheta, en el altiplano a 20 kilómetros de La Paz, un grupo de periodistas habría sido golpeado por agentes policiales y manifestantes durante la cobertura de enfrentamientos entre educadores y la Policía. Según lo informado, policías habrían atacado a los reporteros gráficos Israel Gutiérrez, camarógrafo de Red Uno; Carlos Saavedra, camarógrafo de Bolivisión; y Henry Ponce, fotógrafo del periódico Página Siete. A los dos primeros les habrían destruido sus equipos y a Ponce, quien habría recibido un golpe de culata de fusil, lo habrían obligado a entregar dos memorias fotográficas con cientos de imágenes. Los manifestantes, por su parte, habrían agredido al camarógrafo Vladimir Rojas, camarógrafo de Universal de Televisión y al fotógrafo Juan Mamani Karita, de la agencia de noticias AP (Associated Press), a quien le habrían robado y destruido equipos fotográficos. El 19 de abril, el Vicepresidente del Estado, Álvaro García Linera, pidió disculpas por las agresiones físicas y verbales de la Policía a los trabajadores de la prensa67.




  1. El 18 de enero, dos empleados municipales del municipio de El Alto, habrían golpeado a la periodista Rosío Flores, de El Diario de La Paz, cuando buscaba información acerca de un presunto hecho irregular ocurrido en el ayuntamiento. Ante la agresión, el periódico presentó una querella penal por la agresión cometida contra la reportera68. El 14 de febrero, productores de leche habrían agredido al fotógrafo del periódico Los Tiempos, José Rocha, a la periodista de Tele C, Verónica Sarmiento y al camarógrafo de Red Uno, Marcelo Dalence, cuando cubrían una protesta frente a una Planta Industrializadora de Leche en Cochabamba69. En Lomas de Andalucía, Cochabamba, el 6 de marzo presuntos ocupantes de tierras habrían golpeado con patadas, palos y piedras al menos a cinco periodistas y trabajadores del periódico Los Tiempos y de los canales de televisión Red Uno y Univalle70.




  1. La Relatoría Especial fue informada de una serie de agresiones contra periodistas de medios estatales y privados ocurridas el 25 y 28 de septiembre, durante la cobertura de la marcha indígena contra la construcción de una carretera que atravesaría un parque protegido. De acuerdo con los reportes recibidos, al menos una decena de comunicadores habrían sufrido agresiones, amenazas o intimidaciones en unos casos por manifestantes y en otros por agentes policiales, entre ellos: Laura Ibáñez, Franco Colchari, David Alanoca y Raúl Crespo, del estatal Canal 7, habrían sido golpeados por opositores al Gobierno, mientras que Bernabé López, de la cadena de televisión PAT, Ramiro Amaru, de Radio Fides y reporteros de la Confederación de Indígenas del Oriente Boliviano habrían sido intimidados y retirados a empujones por policías. Asimismo, César Tamayo, de Radio Fides, Jorge Figueroa, de la red Erbol, y el reportero gráfico Samy Schwartz habrían sido agredidos por manifestantes que intentaban bloquear el paso de la marcha71.




  1. La Relatoría Especial tuvo conocimiento acerca de amenazas de muerte que habría recibido el 3 y el 9 de enero el periodista Carlos Torres, corresponsal de Radio Panamericana en la ciudad de Sucre, y Secretario General de la Federación Sindical de Trabajadores de la Prensa de Chuquisaca. Los mensajes intimidatorios estarían relacionados con la participación de Torres en la organización de protestas contra dos artículos de la Ley Contra el Racismo y toda Forma de Discriminación. El periodista denunció las amenazas ante la Policía y las autoridades prometieron una investigación minuciosa de las llamadas y mensajes72.




  1. De acuerdo con información recibida, desde abril la periodista Mónica Oblitas habría recibido numerosas amenazas anónimas, mediante llamadas telefónicas, mensajes de texto y correos electrónicos, después de publicar una investigación en el diario La Prensa, el 3 de abril, en la que reveló la presunta venta de certificados forenses falsos a personas que habrían sido víctimas de hechos violentos73.




  1. El noveno principio de la Declaración de Principios sobre Libertad de Expresión de la CIDH establece que “[e]l asesinato, secuestro, intimidación, amenaza a los comunicadores sociales, así como la destrucción material de los medios de comunicación, viola los derechos fundamentales de las personas y coarta severamente la libertad de expresión. Es deber de los Estados prevenir e investigar estos hechos, sancionar a sus autores y asegurar a las víctimas una reparación adecuada”.


C. Detenciones y procesos judiciales


  1. El 17 de enero, autoridades judiciales habrían ordenado la detención del periodista Luis Zabala Farell, al considerarlo sospechoso de incitar a un grupo de vecinos, desde la radioemisora La Voz del Pueblo, a atacar el puesto policial de Minero, en Santa Cruz de la Sierra, el 6 de enero. De acuerdo con lo informado, el periodista se presentó voluntariamente ante la Policía para aclarar lo sucedido y enfrentar cargos por tentativa de homicidio, instigación pública a delinquir, asociación delictuosa y robo agravado; sin embargo, un juez de instrucción ordenó su detención preventiva ante un presunto riesgo de fuga. El 14 de abril, el periodista fue puesto en libertad condicional pero se le prohibió referirse al caso74. Un tribunal de primera instancia absolvió a Zabala de todos los cargos y el 26 de septiembre un tribunal de segunda instancia ratificó la absolutoria75.




  1. La Relatoría Especial recibió información acerca de una serie de acusaciones por desacato. El 18 de julio habría sido detenido en La Paz el periodista Richard Romero Cossío, acusado de desacato al producir y vender un video titulado “La dictadura sindical” acerca del presidente de Bolivia como dirigente social. Según la información recibida, un juzgado de instrucción penal habría impuesto al periodista una fianza de 5.000 bolivianos (US $750 dólares) y medidas cautelares sustitutivas de prisión, como la obligación de presentarse a firmar al juzgado una vez por semana y la prohibición de emitir “palabras injuriosas que puedan denigrar la personalidad del señor presidente y de otras autoridades”76. El Código Penal de Bolivia sanciona con prisión de un mes a dos años a quien “por cualquier medio calumniare, injuriare o difamare a un funcionario público en el ejercicio de sus funciones o a causa de ellas”77. En noviembre, fue presentado un proyecto de ley para despenalizar el delito de desacato78.




  1. Según el undécimo principio de la Declaración de Principios sobre Libertad de Expresión de la CIDH “[l]os funcionarios públicos están sujetos a un mayor escrutinio por parte de la sociedad. Las leyes que penalizan la expresión ofensiva dirigida a funcionarios públicos generalmente conocidas como ‘leyes de desacato’ atentan contra la libertad de expresión y el derecho a la información”.




  1. De acuerdo con información recibida, el 11 de julio dos funcionarios de la gobernación del departamento de Pando habrían confiscado en la ciudad de Cobija, capital departamental, 2,000 ejemplares de la edición número 22 del periódico Sol de Pando, que contenía información crítica acerca del gobernador, y habrían intimidado a la persona encargada de la distribución79. La asesoría jurídica de la gobernación habría explicado que los dos funcionarios habrían tomado los ejemplares para intentar distribuirlos ellos mismos, pues ambos tenían nexos con el periódico. La publicación negó la versión oficial, exigió a la gobernación la devolución de los ejemplares y denunció la confiscación ante la Defensoría del Pueblo, la justicia y organizaciones periodísticas80.


D. Reformas legislativas


  1. El 5 de enero el Gobierno aprobó, mediante decreto ejecutivo, el reglamento de la Ley contra el Racismo y Toda Forma de Discriminación que prevé una suspensión de entre 10 y 360 días a los medios de comunicación que divulguen ideas racistas, dependiendo del grado e incidencia de incumplimiento de la referida Ley81. El periodo máximo de suspensión se aplicaría solo en caso de reincidencia reiterada, en tres ocasiones o más. El reglamento no incluyó la posibilidad de cerrar definitivamente un medio de comunicación. El reglamento especifica que los mensajes racistas y discriminatorios no generarán responsabilidad al medio de comunicación cuando se publiquen o difundan como parte de una cobertura informativa, sin que haya defensa o elogio de acciones de racismo, o cuando sean producto de expresiones de terceras personas difundidas en programas en directo o con participación del público, en cuyo caso el medio de comunicación deberá advertir al público de abstenerse de usar tales expresiones82. Un medio de comunicación no será responsable cuando una expresión racista sea proferida en un programa independiente que alquile un espacio, pero el medio tendrá la obligación de advertir la infracción e impedir que se repita83. Asimismo, el reglamento obliga a los medios de comunicación a adecuar sus reglamentos internos al “reconocimiento, el respecto de las diferencias y la promoción de principios, valores y normas para erradicar conductas racistas y toda forma de discriminación” y a difundir determinadas cantidades de comunicaciones propias, según el tipo de medio, con este fin84.




  1. La Relatoría considera fundamentales los avances alcanzados por el decreto reglamentario mencionado. Al mismo tiempo, considera relevante elevar a rango de ley dichas disposiciones de manera tal que se asegure su estabilidad y jerarquía. En este sentido, en su pasado informe anual la Relatoría había tomado nota que algunas disposiciones de la referida Ley “resultan de preocupación” y que era necesario crear las salvaguardas legales indispensables para satisfacer al mismo tiempo el derecho a la igualdad y a la no discriminación y el derecho a la libertad de expresión85. Asimismo, la Relatoría Especial encuentra importante aclarar el régimen de sanciones de manera tal que se asegure la proporcionalidad en su eventual imposición86.




  1. La Relatoría Especial tuvo conocimiento de la aprobación por mayoría en la Cámara de Diputados, el 26 de mayo, de las modificaciones al artículo 82 de la Ley del Régimen Electoral, que derogan la prohibición establecida por la Ley, según la cual los postulantes no podían acceder a entrevistas de medios de comunicación ni manifestar su opinión en “foros públicos, encuentros u otros de similar índole” mientras que los medios tenían impedimentos para difundir documentos distintos a los producidos por el Órgano Electoral, y referirse a candidatos y candidatas en forma positiva o negativa87. De acuerdo con la información recibida, la reforma permite a las personas que se presentarían como candidatas a integrar el Consejo de la Magistratura, el Tribunal Constitucional Plurinacional, El Tribunal Supremo de Justicia y el Tribunal Agroambiental, la participación en entrevistas o eventos realizados por los medios de comunicación o en “espacios públicos”, siempre y cuando abstengan de hacer “campaña o propaganda”, directa o indirectamente; “emitir opinión” a su favor, o a favor o en contra de otros postulantes; o “dirigir o conducir programas radiales o televisivos o mantener espacios informativos o de opinión en los medios escritos”. El presidente Evo Morales propuso el cambio a la Ley y se promulgó la reforma el 27 de mayo. La Relatoría toma nota de estas importantes modificaciones que responden a la necesidad de que los y las candidatos puedan ser escuchados antes de la correspondiente elección. No obstante, persisten prohibiciones ambiguas como aquellas que impiden que los medios puedan “generar espacios de opinión de ninguna índole sobre los postulantes”88. Tras las elecciones, organizaciones periodísticas lamentaron las restricciones existentes y la falta de información, que habrían impedido entrevistar con libertad a los 118 aspirantes a los puestos en elección89.




  1. La Relatoría Especial toma nota de la promulgación de la nueva Ley General de Telecomunicaciones, Tecnologías de Información y Comunicación, el 8 de agosto, aprobada por la Cámara de Senadores, el 28 de julio, y por la Cámara de Diputados el 22 de julio90. De acuerdo con la información recibida, la Ley dispone la distribución de frecuencias entre emisoras estatales, comerciales, comunitarias y de los “pueblos indígenas originarios, campesinos, las comunidades interculturales y afro-bolivianas”91. De esta manera reconoce la importancia de la pluralidad y diversidad que debe existir en la radiodifusión. Asimismo y de conformidad con el espíritu de la ley y con los estándares internacionales, el Estado debe establecer mecanismos técnicos para asegurar la independencia y autonomía de las radios y canales sociales y comunitarios. En ese sentido, la Relatoría en su informe general sobre radiodifusión ya había dispuesto, entre otras cosas, que “[e]l derecho a la libertad de expresión exige que los Estados no sólo se abstengan de realizar acciones que impiden el ejercicio del derecho, sino además que adopten medidas para garantizar su ejercicio en condiciones de igualdad y no discriminación”, que “[e]n especial, los medios de comunicación comunitarios son fundamentales para garantizarle a los pueblos indígenas de nuestra región efectivo respeto por la libertad de expresión y acceso a la información” y que “[l]a legislación debería definir apropiadamente el concepto de medio de comunicación comunitario, incluyendo su finalidad social y no comercial, y su independencia operativa y financiera del estado y de intereses económicos”92. De otra parte, en el artículo 111, la ley en mención dispone que “en casos de peligro para la seguridad del Estado, amenaza externa, conmoción interna o desastres”, los operadores y proveedores de telecomunicaciones y tecnologías informáticas están obligados a proveer sus redes, servicios, emisiones, transmisiones y recepción al Estado “de manera gratuita y oportuna”93. Algunos críticos de la ley habrían sostenido que dicha disposición permite la interceptación de comunicaciones sin orden judicial94. La Relatoría Especial toma nota de que la norma citada, interpretada de conformidad con el artículo 2595 de la Constitución Política del Estado Plurinacional de Bolivia, consagra la garantía judicial mencionada.

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